Tag

baja california

Browsing

El gobernado de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respetará el fallo con el que limitan su gobierno a los dos años por lo que originalmente fue electo.

«Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado», dijo Bonilla en un breve encuentro con medios, luego de conocerse la decisión de la Corte.

Bonilla indicó que estaba peleando más tiempo en la gubernatura para que pudiera cumplir con el programa de gobierno que se ha trazado, «no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar».

El morenista afirmó que con la decisión de la SCJN, se celebrarán elecciones en Baja California en el 2021, por lo que hizo un llamado a quienes aspiren a ser candidatos en Morena, pues dijo, deben «levantar la mano” para que los comiencen a ubicar.

Acusó que hasta ahora ninguno de los ministros de la Suprema Corte ha podido decir qué artículo de la Constitución se violó con la llamada reforma que le permitía extender su mandato por cinco años, por lo que dijo, se «armaron de otros argumentos» para echarla para atrás.

El mandatario local dijo que para que una reforma sea inconstitucional debe haber violado un artículo de la Constitución.

Sobre la petición que la oposición ha hecho de iniciar juicio político en contra de los legisladores que en su momento aprobaron la modificación al artículo octavo de la Constitución del estado que lo beneficiaba, indicó que su gobierno no iniciará ningún procedimiento contra ellos, pues sostuvo que el Congreso local es libre y soberano. «Es una cosa que deben entender en el centro y nunca lo han entendido».

Aprovechó para culpar a la derecha de haber influido en la decisión de los ministros, específicamente a la Coparmex.

«La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex (…) son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico. Hubo intereses políticos obviamente», expresó el gobernador.

Incluso dijo que los ministros se protegieron entre ellos al tomar la decisión unánime. Pidió imaginar a un Ministro votando en contra, «iban a decir automáticamente ‘oye, este ya lo maicearon’, entonces se protegieron ellos».

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes en análisis a la llamada ‘Ley Bonilla’, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto, e hizo un llamado a los ministros a anular la ley, pues dijo, es claramente inconstitucional.

A través de un comunicado, la Confederación dijo que aunque es un tema que surge en Baja California, tiene un impacto a nivel nacional debido a que tendrá repercusiones en los cimientos de la Constitución, específicamente en el principio básico de respeto al voto popular.

«Es de tal grado la relevancia de dicho fallo (…) que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México».

La Coparmex consideró que con la Ley Bonilla al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

Recordó que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático; además de que hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional, que indica que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. 

«Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la ‘Ley Bonilla'».

De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

«Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte», dijo la dirigencia nacional de partido.

Los principales actores de la industria automotriz en el país, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), alertaron esta tarde de la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de legalizar vehículos de contrabando apoyado por legisladores locales.

Las asociaciones automotrices recordaron que conforme a la Constitución Política, es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten, por lo que en agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones: verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos y negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Además, señalaron que cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.

Al respecto, indicaron que Jaime Bonilla  remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”.

«Mañana el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1,000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques», señalaron en el comunciado conjunto que emitieron.

Dicha iniciativa pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, lo que dijeron, contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.

«En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad», añadieron.

Solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para hacer respetar el Estado de Derecho.

Rematon asegurando que la iniciativa de Bonilla viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos «moches» que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, hace campaña política porque quiere ser candidato en Baja California, afirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de De Hoyos Walter, quien consideró que con la firma del adendum del T-MEC se cedió bastante frente a Estados Unidos y Canadá, el mandatario federal señaló que por su comportamiento, no representa realmente a los empresarios, sino que es más bien “como una especie de dirigente de un partido».

“Él está haciendo campaña política porque quiere ser candidato de un partido conservador en Baja California, es un indicio por su comportamiento», sostuvo López Obrador durante su conferencia de prensa.

Y es que desde ayer, López Obrador lamentó la postura del presidente de la Coparmex al no respaldar las negociaciones del T-MEC, a lo que el empresario dijo que la organización que dirige defiende los intereses legítimos de los empresarios.

Y es que de Hoyos Walter, dijo que estaban contentos de que concluya la negociación del T-MEC, aunque criticó la premura y, en su opinión, lo mucho que se cedió.

“Hasta el momento nadie (los empresarios) conoce los detalles solamente los funcionarios, y lo que preocupa es la ‘letra chiquita del Tratado'», señaló.

Además, el dirigente lamentó que en las dos últimas semanas de negociaciones, el sector empresarial fuera relegado del proceso.

De Hoyos Walter dijo que desde el inicio de las negociaciones del T-MEC en Washington, y durante todo el proceso, un equipo de más de 350 expertos empresariales estuvo presente, sin embargo, en la recta final quedaron fuera y la información estuvo «a cuenta gotas».

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD y el excandidato del PRD a la gubernatura por el estado de Baja California, Jaime Martínez Veloz reconocieron la opinión técnica que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto a la violación constitucional que se cometió en Baja California al ampliar el mandato del Gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Lo anterior luego de que Magistrados del TEPJF emitieron una opinión técnica y concluyeron que el Decreto 351 con el que se amplió el periodo gubernamental en el estado, trasgredió los principios de certeza, periodicidad de las elecciones, libertad y autenticidad del sufragio, lo mismo que los derechos de votar y ser votados.

Martínez Veloz sostuvo que la conclusión del Tribunal es importante, porque establecen los criterios y la jurisprudencia que existe en la entidad y con ello se convalidan los argumentos de quienes han demandado persistentemente el «atropello» a la legalidad.

El excandidato perredista dijo que la SCJN debe emitir una resolución tomando en cuenta la opinión de las instancias correspondientes en materia electoral, debido a que aporta elementos necesarios para que los ministros de la Corte puedan fundamentar la resolución legal.

Cabe señalar que la sala superior y el pleno de la SCJN han sostenido que “el principio de no reelección implica una prohibición fundamental: la prórroga o extensión del mandato más allá para el cual ha sido electo democráticamente, sea mediante la organización de nuevas elecciones, sea mediante una ampliación con esos efectos”.

Por su parte el presidente del PAN, Marko Cortés, también reconoció la resolución de la sala superior del TEPJF,  peus dijo, dejaron en claro lo que el partido dijo desde un principio.

“Lo que falta es que la Suprema Corte de Justicia la declare inconstitucional para que entonces todo mundo en Baja California tenga certidumbre y se deje de estar especulando en un gobierno que claramente es de 2 años”, declaró.

El Cortés Mendonza indicó que el PAN ya se entrevistó con el Ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, para presentar los argumentos legales del caso y también se harán visitas a los demás ministros para el mismo fin.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucional la llamada #LeyBonilla, con la que se amplió de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California.

El TEPJF indicó que con la #LeyBonilla se violan los principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. Adicional señaló que se aparta de la regularidad constitucional.

Los magistrados incluyeron su determinación en un escrito de opinión que dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lleva a cabo el análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la #LeyBonilla.

Entre los puntos que destacaron los magistrados para determinar como inconstitucional la ley, es que se vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que enuncia la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

“El Decreto impugnado se publicó el 17 octubre de 2019, mientras que el proceso electoral en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre del año siguiente, es decir, la reforma entró en vigor una vez concluido el proceso electoral, de ahí que no se cumple con la temporalidad mínima de 90 previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones”, detallaron los magistrados.

Fue el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, quien solicitó al Tribunal Electoral una opinión técnica sobre la constitucionalidad o no de la Ley, con el fin de contribuir al análisis que realizan.

Finalmente, el Tribunal aclaró que las opiniones emitidas respecto a temas con contenido electoral no son vinculantes, aunque aportan “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

La presidenta de la organización Causa en Común, María Elena Morera, interpuso un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la llamada #LeyBonilla, que busca extender el mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, de dos a cinco años.

En conferencia de prensa a las afueras de la SCJN, la activista señaló que el documento, firmado por 137 ciudadanos, se basa en la figura jurídica “Amicus Curiae (amigos de la Corte), con la que respaldan la acción de inconstitucionalidad promovida el 30 de octubre por la CNDH.

La activista señaló que el recurso debe ser considerado por los ministros al emitir su fallo, pues la extensión del mandato del actual ejecutivo estatal, afecta no sólo a la entidad, sino a todo el federalismo mexicano.

Por lo anterior subrayó que la #LeyBonilla es ilegal, y lamentó que siga vigente, por lo que urgió a la Suprema Corte a que la anule.

Morera indicó que con su escrito apoyan el recurso de la CNDH, porque la mencionada ley vulnera los valores democráticos, como el respeto del voto, ya que el Congreso estatal suplanta la voluntad de los electores, al elegir de facto a un gobernador por tres años más, sin mediar elecciones.

Además, con ella se vulnera la idea de la soberanía popular y contraviene normas constitucionales, pues no fue promulgada, y se publicó 90 días antes del proceso electoral, pese a que incidía en la periodicidad del cargo electo.

La activista instó a la Corte a resolver la acción, pues a 26 días del inicio del cargo de Jaime Bonilla, los ciudadanos aún reclaman la forma inconstitucional en la que éste amplió su mandato.

Finalizó al decir que la intención es mandar el mensaje de que cualquier intento por debilitar a las autoridades o las instituciones, será cuestionado por una sociedad civil atenta e informada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

Jaime Bonilla asumió como nuevo gobernador de Baja California en el primer minuto de este viernes, envuelto en la polémica por la llamada #LeyBonilla, que le permitirá, hasta ahora, gobernar por cinco años y no por dos, que fue el periodo por el cual la gente lo eligió el pasado 2 de julio.

Desde la noche de este jueves, los más de 100 invitados comenzaron a llegar al Congreso estatal, donde Bonilla arribó para rendir protesta como mandatario estatal. Indicó que no le iba a dar a su antecesor ni un minuto más en el poder, por lo que decidió hacer el acto protocolario lo antes posible.

Entre los invitados estuvieron familiares del morenista, integrantes de su gabinete y funcionarios, entre los que destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llamó la atención que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid no acudió al acto protocolario, ni envió a representante alguno. Medios locales reportaron que según colaboradores del gobierno estatal, el panista no recibió la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

Luego de rendir protesta, Bonilla se dirigió al edificio estatal, aunque se detuvo para pronunciar unas palabras. Ahí dijo que se acababa el tiempo de corrupción del panismo en Baja California, quien gobernó por 30 años el estado.

Bonilla indicó que su gobierno no será de ocurrencias, por lo que en un mes se sabrá si está funcionando o no; en relación a la polémica por la #LeyBonilla, el morenista dijo que si la autoridad resuelve que su mandato durará cinco años, se someterá a la revocación del mandato.

Dijo a sus adversarios que se «despreocupen» pues no busca perpetuarse en el poder. Refirió que el «pueblo pone y el pueblo quita».

Bonilla inicia su gobierno con seis impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo esta última quien tendrá que resolver si su mandato será por cinco años, o se respetarán los dos años que marcó la convocatoria emitida por la autoridad electoral.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó esta mañana asistir a la toma de protesta de Jaime Bonilla, próximo gobernador de Baja California, y dijo que en su lugar acudirá la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En conferencia de prensa, recordó que él no asiste a los actos de toma de posesión de gobernadores, y que es Sánchez Cordero quien acude en su representación.

Señaló que a estas ceremonias cívicas solo manda su felicitación y su saludo, así como su respeto para quienes se van, aunque hayan generado polémica.

Sin embargo, cabe recordar que el presidente asistió como invitado de honor a la toma de posesión del gobernador Rutilio Escándon en Chiapas, en diciembre pasado.

Jaime Bonilla, rendirá protesta este próximo 1 de noviembre en medio de la polémica por la intención de ampliar su mandato de dos a cinco años.

López Obrador aprovechó para pedir a los militantes de Morena no dejarse manipular en el proceso para elegir a la nueva dirigencia del partido, luego de reportes sobre dicha práctica en las asambleas distritales que se realizaron en diferentes puntos del país.

De cara al Congreso Nacional de Morena que se llevará a cabo el 23 y 24 de noviembre, pidió que los ciudadanos «no se dejen manipular, que actúen como buenos ciudadanos», y dijo que el que manipula voluntades «no está actuando en el marco de definición de principios de la Cuarta Transformación».

AMLO celebró «la politización que hay en nuestro pueblo», porque «si no fuera así, yo estaría en el piso, los conservadores no se resignan, no aceptan los cambios, siguen atacando un día sí y otro también, pero la gente nos apoya y por eso nos mantenemos».

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este jueves ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

La acción declarativa, presentada por el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, se integró en el expediente de Juicio Electoral en defensa de la certeza de los comicios donde resultó ganador Bonilla, para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

EL INE destacó en un comunicado que el objetivo es que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California, por la que se pretende ampliar el mandato hasta 2024.

Dicha reforma «fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años, destacó el órgano electoral.

Asimismo, señala que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía “produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.

El INE justificó la acción declarativa al referir que se trata de una situación que produce incertidumbre o falta de seguridad de un posible derecho y la posibilidad de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Aseguró que el dictado de una sentencia de declaración de certeza clarificará, con precisión, los términos y alcances en los cuales se produjo el llamamiento a las urnas para renovar la gubernatura de Baja California y los efectos de la voluntad ciudadana declarada en el cómputo de la entidad y materializada en la constancia de mayoría y validez que, en su oportunidad, fue emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“Incorporar elementos de incertidumbre -como lo es modificar el periodo de un gobierno electo después de los comicios y de la declaración de validez del proceso electoral- podría producir un daño al electorado en su conjunto, al sistema democrático y a la función electoral que tienen a su cargo el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales, indicó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Fernando Franco González Salas, admitió a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad en contra de la llamada #LeyBonilla, la cual busca extender el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo en Baja California, de dos a cinco años.

El ministro resolvió que «se tiene por presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que se puedan advertir de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”.

Los recursos legales fueron presentados por los partidos de oposición: el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

En la resolución, González Salas negó conceder una suspensión para impedir que Bonilla Valdez toma protesta el próximo 1 de noviembre, esto al considerar que fue el triunfador en las elecciones pasadas.

“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, estableció el Ministro en el acuerdo publicado por la SCJN.

González Salas subrayó que el hecho de que el Gobernador entre en funciones el próximo 1 de noviembre no significa que se hayan consumado los efectos de la #LeyBonilla, dado que su aplicabilidad es de» tracto sucesivo, por lo que la vigencia de la misma no impide que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice el estudio oportuno de la validez de las normas combatidas”.

El gobierno del Baja California interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de la próxima administración estatal de dos a cinco años.

Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, informó que el mandatario estatal, Francisco Vega de Lamadrid, presentó el pasado lunes el recurso legal, junto con un equipo de asesores, contra la ley que extiende la administración de Jaime Bonilla hasta el 2024.

Explicó que “en el caso del gobierno de Baja California, el instrumento jurídico por el que podemos impugnar este tipo de actos es la controversia constitucional, la cual fue ingresada. Esperamos que en un escenario óptimo resuelvan, antes de que inicie el nuevo gobierno, para dar certeza jurídica».

El juicio fue turnado al ministro Fernando Franco y se prevé que la Corte resuelva antes del próximo 1 de noviembre, cuando Bonilla Valdez rinda protesta como gobernador.

Hay que recordar que la #LeyBonilla fue publicada el jueves 17 de octubre en el Periódico Oficial del Estado y entró en vigor el día 18; también después de la consulta ciudadana realizada el 13 de octubre por el Congreso, en la que el 84.25% de los participantes avaló que la próxima gubernatura se amplíe en cinco años.

El mismo viernes 18 de octubre, los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano, por separado, interpusieron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad contra la citada ley.

La #LeyBonilla ha provocado duras críticas de organismos como la Coparmex o el Instituto Nacional Electoral (INE). Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “chicanadas» los obstáculos del Congreso de Baja California para la publicación de dicha ley, e indicó que le daba pena meterse en ese asunto.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el próximo 1 de noviembre.

La reforma entrará en vigor este viernes, por lo que las instancias que así lo consideren podrán interponer recursos jurídicos que correspondan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del próximo lunes 21.

Esta mañana, Vega de Lamadrid dio a conocer que hoy quedaría publicada dicha reforma.

«La publicación de la ley me informan que se hará el día de hoy, hoy se publica la ley en el transcurso del día», señaló en un breve encuentro con los medios.

Recordemos que el mandatario estatal confirmó a #Xacto con Ana Paula Ordorica, que esta misma semana publicaría la ley para poder impugnarla.