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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, ofreció que, cuando llegue la iniciativa presidencial para regular el outsourcing al Senado, ésta se analizará en conjunto con empresarios.

El legislador participó en un encuentro virtual con la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Ahí, explicó que dicha propuesta busca modificar seis ordenamientos jurídicos para regular tres figuras: subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas y las agencias de colocación.

Dijo que esta propuesta se presenta en un “momento clave” para el país y tendrá “que ver mucho con los empresarios”.

El senador destacó que son las pequeñas y medianas empresas las que día a día ayudan a construir al país. Además, señaló, “nos une el mismo objetivo: que a México le vaya bien. Por eso celebro la oportunidad de dialogar hoy con ustedes”.

Monreal indicó que el objetivo es evitar la evasión de impuestos, de cuotas del IMSS y del Infonavit, así como la defraudación fiscal. Agregó que para que los trabajadores puedan tener seguridad social, salarios reales, recibir utilidades y liquidaciones conforme a la ley.

Ricardo Monreal recordó que en el Senado hay un dictamen aprobado sobre outsourcing; no obstante, “no nos pusimos de acuerdo y por eso no se aprobó el año pasado”, reconoció.

Comentó que se estima que por outsourcing, los trabajadores reciben un porcentaje mucho menor de las utilidades que corresponden. “El porcentaje lo plantean de esa manera, pero te puedo decir que en el Senado avanzamos mucho en este tema”, agregó.

Para el coordinador de los senadores de Morena “todo esto” fue provocado, no por todas las empresas, pues la mayor parte de ellas ha cumplido, pero sí por el abuso de algunos.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la iniciativa de subcontratación que firmó este jueves el presidente López Obrador, tal como está planteada, desalienta la creación de empleos y pone en riesgo miles de puestos de trabajo,

En un comunicado, el CCE dijo que tal como está planteada, la propuesta agravaría la frágil situación económica del país debido al escaso crecimiento y los efectos de la pandemia de Covid-19.

Recordó que, durante 2019, el propio CCE y los organismos que lo conforman participaron en un parlamento abierto llevado a cabo por el Senado mexicano para la discusión de una eventual reforma en materia de subcontratación y se estableció un diálogo directo con las autoridades correspondientes, que asumieron el compromiso de trabajar en conjunto en la futura iniciativa.

“Pero este acuerdo se rompió: la iniciativa presentada no fue consultada y no respeta el consenso alcanzado en el Senado”, acusó el CCE.

La cúpula empresarial dijo que la subcontratación irregular, que no cumple con la ley vigente, y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse.

Sin embargo, una regulación altamente restrictiva conllevaría inevitablemente efectos nocivos en la economía: no sólo se perderían empleos, también se pondrían en riesgo los ingresos por exportaciones”, ya que sectores como la industria automotriz, la aeroespacial, la electrónica y el sector minero, hacen un uso extensivo de esta forma de contratación legal.

Destacaron también que la figura de la subcontratación “permite a las empresas acceder a personal calificado, de forma inmediata”.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), junto a sus 12 organismos, presentaron este miércoles las propuestas que se desprendieron de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica.

El evento se conformó por 11 mesas de trabajo, en las que se contó con 263 panelistas de todos los sectores de la sociedad y del gobierno.

“Estamos convencidos de que es el momento de la unidad y las propuestas. Nuestro objetivo es promover el diálogo plural, escuchar propuestas y acciones que nos unan, solidaricen y enfoquen ante la crisis que enfrentamos”, indicó Carlos Salazar Lomelí, presidente del CCE.

El documento con las 68 propuestas se divide en tres momentos: acciones inmediatas para solventar la crisis; acciones para reabrir la economía, y acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social

En el primer rubro destaca el contar con servicios de salud de calidad y con los insumos necesarios para responder a la pandemia, mediante la disponibilidad y aplicación de pruebas para detectar casos de Covid-19, así como promover una mayor eficiencia en la Comisión de Autorización Sanitaria de la COFEPRIS y del InDRE para agilizar la autorización de insumos de salud necesarios durante la crisis.

Se contemplan también acciones para garantizar el bienestar social, proteger a las poblaciones más vulnerables adicionando más recursos a los programas existentes. Mencionan cubrir las necesidades básicas de alimentación de la población más vulnerable; fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres.

También se menciona el minimizar el impacto de la crisis económica tomando medidas que apoyen la sostenibilidad de las empresas y se garantice la continuidad de las cadenas de valor, lo que se logrará promoviendo que las empresas apoyen a sus proveedores; establecer un fondo especial para emitir factoraje a las MiPyMEs; acelerar la devolución de IVA; postergar las obligaciones y modificaciones legales y normativas que incrementen los costos para las empresas, y diferir las obligaciones fiscales de corto plazo por un periodo concreto.

Señalan, en las propuestas, la necesidad de inyectar liquidez a la economía y mantener la sostenibilidad fiscal, mediante el incremento de la deuda en un rango de 0.5% hasta el 5% del PIB, así como reorientando el gasto público hacia necesidades inmediatas.

Salazar Lomelí indicó que propusieron una visión de mediano y largo plazo para recuperar el crecimiento, el empleo y el consumo, además que el Estado pueda tener los recursos para mantener un gasto de gobierno que oriente las actividades productivas.

“Creemos que estas 68 ideas tienen que traducirse en políticas públicas y privadas para reducir los efectos negativos en las familias mexicanas, empezando por las más pobres y desprotegidas”, añadió el dirigente del CCE.

En cuanto a las acciones para reabrir la economía, llamaron a contar con una coordinación entre los sectores de la sociedad y los órdenes de gobierno para que la reapertura de la economía minimice la disrupción ya existente.

En ese sentido, pidieron definir mecanismos y tiempos de reapertura a la brevedad; homologar la definición de sectores esenciales con EUA y Canadá; diseñar protocolos entre el sector público y privado, así como garantizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Destacó que el objetivo del trabajo que se realizó es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; confió en que se retomarán las actividades y se logrará una recuperación económica en todo el país.

En una clara alusión a lo que ha venido expresando el presidente López Obrador, Salazar Lomelí dijo que siempre estarán de acuerdo en proteger a los más desfavorecidos y que los que menos tienen reciban el apoyo prioritario; sin embargo dijo, también se necesita un sistema que promueva el desarrollo del país y ayude a las empresas a salir de la crisis.

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La primera ministra británica, Theresa May, notificó hoy a la Unión Europea (UE) la salida del Reino Unido mediante una carta entregada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que la recibió con “tristeza” y con la determinación de que será una marcha “ordenada”.

 

“Se trata de un momento histórico que no tiene marcha atrás”, afirmó May ante la Cámara de los Comunes poco después de que el embajador británico en Bruselas, Tim Barrow, entregase a Tusk el documento de seis páginas que inicia el divorcio entre unos socios unidos desde que el Reino Unido se sumó en 1973 a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).

 

La premier, indicó que al invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa responde a la “voluntad democrática” expresada por el pueblo británico en el referéndum del pasado 23 de junio.

 

Con ello se abre un periodo de dos años de negociaciones donde la líder conservadora prometió defender “lo antes posible” los derechos de los comunitarios que viven en Reino Unido y resaltó el interés británico por ver una UE que “prospere” y “tenga éxito”.

 

Por su parte, Donald Tusk dijo que Bruselas recibe con “tristeza” la carta que pone en marcha el “Brexit” y subrayó que el Reino Unido sigue sujeto a las leyes comunitarias hasta que esa desconexión sea total en 2019.

 

El resultado de las negociaciones modelará el futuro de la economía británica de 2.6 billones de dólares, la quinta más grande del mundo, y determinará si Londres puede mantener su lugar como uno de los dos principales centros financieros globales.

 

 

Con información de Agencias /Foto: Especial