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Los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en la Península, sufrieron este miércoles un apagón de varias horas debido a la salida de operaciones de seis líneas de alta tensión, por lo que más de un millón de personas se quedaron sin servicio eléctrico.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo en un comunicado que pasadas las 8:30 de la mañana «salieron de operación seis líneas de alta tensión», incidente que afectó el servicio eléctrico en tres de los 32 estados del país.

La falla, explicó, fue originada por el accidente que sufrió un trabajador de la CFE cuando realizaba labores de mantenimiento a una de las líneas de alta tensión. Detalló que el empleado implicado en el hecho ya se encuentra bajo cuidados médicos y su condición es estable.

El apagón afectó a 1.3 millones de usuarios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que representan 62% de los usuarios totales de esa región.

Alrededor de medio día, la CFE precisó que ya se había logrado restablecer el servicio eléctrico. «La CFE ejecutó maniobras de restablecimiento en plena coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y ya restableció el suministro eléctrico a los usuarios afectados», precisó la Comisión.

Reportes señalaron que las mayores afectaciones se presentaron en Yucatán y Quintana Roo donde más de un millón de usuarios quedaron temporalmente sin electricidad.

John Kerry, el encargado de La Casa Blanca para asuntos del clima, visitó al presidente López Obrador ayer y dijo que está convencido de que México abrirá las puertas a la inversión privada en el sector energético.

“El presidente ha sido muy claro, la decisión es tratar de facilitar que esas compañías [las estadounidenses del sector energético] sean capaces de avanzar para hacer negocios y además enviar un mensaje de que el sector privado podrá formar parte de muchas maneras para invertir.”

Esto ocurre cuando hay un serio problema en el funcionamiento de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que es un árbitro disfuncional y es completamente parcial. Es como si en un partido de soccer, pongamos el Atlas contra Pachuca, el árbitro hubiese sido impuesto por el Atlas y anunciara que su silbato tiene fallas y casualmente solo funciona cuando tiene que marcarle faltas al Pachuca. Además, es un árbitro que no está de acuerdo con las reglas de la Federación Mexicana de Fútbol y por ello decide que le da igual y va a aplicar sus propias reglas.

La CRE está actuando como si trabajara para CFE y Pemex, obligando a los consumidores a comprarles a estas dos empresas en lugar de impulsar la competencia para lograr el principal objetivo: la generación de energía limpia y a los mejores precios.

¿Qué es lo que preocupa en el sector energético actualmente?

Primero, que la CRE no respeta el orden en el que se solicitan permisos para nuevas inversiones o nuevos negocios. El principio jurídico de primero en hecho, primero en derecho, la CRE se lo pasa por el arco del triunfo. Si la CFE o Pemex solicitan algún permiso, por ejemplo para poner una gasolinera, la CRE le resolverá y dará esa autorización antes que los permisos solicitados a privados aunque estén primero en ‘la fila’.

Segundo, cuando hay un fallo del poder judicial, permite que CFE y/o Pemex no acaten la orden, no la respeten. Para ello usa hasta el COVID de excusa. Las oficinas de la CRE siguen prácticamente cerradas con la excusa de la pandemia para que no cuenten los días que transcurren de un fallo jurídico.

Además, la CRE se ha dedicado a negar permisos de generación de energía en el centro del país con la excusa de que no hay capacidad de transmisión. Increíble que sea así cuando la regulación de la transmisión es del CENACE y no de la CRE, pero negando permisos garantiza que la CFE sea la única que genere electricidad en la zona centro, en su refinería en Tula que puede utilizar el combustóleo sucio y caro que genera Pemex y que no tiene a donde más enviarlo.

Para sumarle a lo anterior está el director de la CFE, Manuel Bartlett, que busca acabar con la figura del autoabasto. Ante ello, las empresas que presentan sus documentos para mudarse al mercado eléctrico se topan con que sus permisos de modificación son negados y así se quedan en el limbo, sin poder operar.

Todas estas acciones de la CRE suceden porque el presidente López Obrador está empeñado en que la CFE y Pemex pueden solas. Es un tema ideológico que nos está costando billones de dólares en pérdida de inversiones y generará precios más altos de energéticos y limitará el crecimiento y la competitividad del país. El presidente no cambió de opinión ayer que vio a Kerry y le dijo que se respetarán las inversiones estadounidenses en el sector. Simplemente le dio atole con el dedo.

Apostilla: En la mañanera del lunes, el presidente criticó a Gabriel Contreras por haber pasado de estar al frente del Instituto Federal de Telecomunicaciones a un cargo directivo en AT&T. “No es ilegal, pero es inmoral”, dijo. ¿Cuál es la diferencia entre esta inmoralidad y que, por ejemplo, José Alberto Celestinos Isaacs, quien salió de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de ahí se fue a la Sener? Celestinos pasó de regulador a un regulado, sin que eso le pareciera “inmoral” al presidente.

Columna completa en El Universal

El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, aseguró que no se han podido refutar los argumentos de la iniciativa presidencial que reforma la Constitución en materia eléctrica, pese a que durante los cinco foros que se han desarrollado hasta el día de hoy, como parte del Parlamento Abierto, se le han manifestado los contra de la reforma y se han cuestionado algunos de los conceptos que la CFE ha presentado.

Las declaraciones de Bartlett se dieron en el marco del encuentro con las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena en su reunión plenaria, celebrada ayer en el recinto legislativo de San Lázaro.

“Son malísimos, son muy mentirosos. La iniciativa del Presidente es muy clara en la exposición de motivos, y no han hecho la menor crítica a ella, se van a decir que ‘la energía sucia’, son mentiras, no han podido de ninguna manera refutar los argumentos del Presidente de la República”, dijo el funcionario.

Por otro lado, el funcionario señaló que la Cámara de Diputados tiene amplia apertura para que los sectores interesados participen en los foros del Parlamento Abierto sobre la citada reforma.

“De verdad hay toda clase de posibilidades de participación y está abierta a todos los sectores, a todos los interesados; es un Parlamento Abierto de verdad”, remató.

Y mientras Bartlett asistía a la plenaria de Morena, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el Foro 5º del Parlamento Abierto en torno al análisis de la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal, denominado “Creación de la CFE y electrificación nacional, nacionalización de la Industria Eléctrica, liberalización de la generación y comercialización eléctrica; participación del sector privado en la Industria Eléctrica”.

La jornada inició con el tema “El Papel del Estado en la Construcción del Sistema Eléctrico Nacional”, con la participación de especialistas.

El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez de Morena, resaltó que se trata de un tema sumamente interesante, con visiones amplias y distintas. Calificó este ejercicio como positivo y constructivo; “va a ser de mucha utilidad para las tres comisiones que vamos a intervenir en el dictamen y, por supuesto, posteriormente, en caso de llegar al Pleno, para los 500 diputadas y diputados que integramos la Cámara de Diputados”.

Francisco José Barnés de Castro, ex rector de la UNAM y socio director de Cifra2 Consultores, firma especializada en energía y medio ambiente, afirmó que la reforma propuesta por el Ejecutivo debe ser rechazada en todos sus términos por el grave daño que causaría al sector eléctrico, a la CFE, a las finanzas públicas, a la confianza de los inversionistas y a la economía nacional.

Señaló que es mucho más restrictiva para el sector privado, cancela el derecho de los usuarios calificados de contratar y recibir electricidad de otras fuentes de suministro diferentes a la CFE, a las inversiones existentes en más de 800 centrales eléctricas se les impone un cambio radical en su modelo de negocio, lo cual es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país, y cancela todos los permisos de generación y los contratos de la CFE con el sector privado.

Por su parte Óscar Moreno Silva, abogado o especializado en infraestructura y proyectos de energía, calificó como preocupante que en los transitorios se cancelen los permisos de generación el día que entre en vigor la reforma, ya que tiene una afectación grave a inversionistas, pues es una expropiación de facto, debido a que estos permisos habían sido otorgados mediante proceso de ley.

Mónica Rodríguez Díaz, consultora senior y encargada de las cuentas para el sector energético en la firma Integralia Consultores, enfatizó que “no requerimos una hipercentralización de la industria eléctrica, sino herramientas regulatorias y políticas en manos de todos los participantes de la industria que ayuden a mitigar la crisis climática”.

La reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe atender las «áreas de oportunidad existentes» sin por ello afectar al sector productivo con sus «desventajas», pidió este lunes la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

“La industria automotriz está interesada en contar con un sistema eléctrico nacional transparente, eficiente, competitivo y progresivamente más sustentable. Estamos seguros de que todos los actores involucrados tienen el mismo interés. (…) Por lo que creemos que se encontrará la manera de atender las áreas de oportunidad del sector eléctrico sin afectar otros sectores industriales”, compartió José Zozaya, presidente de la AMIA.

Zozaya reconoció que el sistema eléctrico nacional y su marco normativo tienen áreas de mejora que podrían solucionarse modificando la legislación secundaria.

Pero a su vez, compartió «las desventajas que tendría la iniciativa de reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal».

Ello debido a los efectos negativos que esta puede traer para la planta productiva de la industria automotriz mexicana y los compromisos internacionales suscritos por México en acuerdos como el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, o el Acuerdo de París.

Las empresas afiliadas a la AMIA enumeraron algunas de sus principales preocupaciones sobre la reforma eléctrica, que propone que la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere por los menos un 54% de la energía, y para las empresas privadas el porcentaje restante como máximo.

«Vemos con preocupación que pudiera no haber financiamiento disponible, ni infraestructura ni generación de energía eléctrica limpia que permitan atender el incremento en la demanda en el futuro cercano, tanto por la inercia económica existente como por los compromisos planteados con anterioridad», indicó la AMIA.

La asociación consideró que, por la «capacidad limitada de fuentes renovables» con las que cuenta la CFE, para alcanzar dicha proporción en la generación de electricidad se tendrían que usar combustibles fósiles, lo cual señalaron, podría incrementar el costo de la electricidad hasta en un 31%.

Asimismo, en caso de limitar la modalidad de autoabastecimiento, habrá una parte significativa de la demanda de electricidad que tendría que cubrir inmediatamente la CFE y «su capacidad para lograrlo se verá retada», advirtió la AMIA.

Finalmente, advirtió de los problemas internos y también externos de no producir utilizando energía renovables. «Al no promover energías renovables, nuestras exportaciones podrían estar sujetas a represalias comerciales, como impuestos al carbono a manufacturas, haciendo menos atractivo a México como destino de inversiones y afectando la generación de empleos», agregó.

Durante su participación en el Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, Manuel Bartlett , director general de la CFE, acusó que los privados pretenden apropiarse del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la CFE, sin generar un mercado de competencia y estableciendo monopolios.

Durante el Foro 2, «Redes eléctricas, Generación: Sociedades de Autoabastecimiento, PIES (Productores Independientes de Energía), Subastas de Largo Plazo y Proyectos de Generación posteriores a la Reforma de 2013», organizado por la Cámara de Diputados, el titular de la CFE habló sobre los mecanismos donde empresas privadas, particularmente extranjeras, participan en detrimento de las finanzas de la empresa. 

Dijo que  las sociedades de autoabastecimiento, figura que acusó de constituir un esquema ilegal al simular múltiples socios que en realidad son clientes de un dólar, cuestan 10 mil mdp al año a la CFE. Señaló que cuentan con un despacho privilegiado, que no se sujeta a criterios de costos, y pagan menos porteo, a costa del resto de generadores, lo mismo que sucede con los generadores independientes, que también representan pérdidas al pagarles supuestos excedentes de energía.   

Bartlett Díaz enfatizó que la CFE no es enemiga de las energías limpias. Indicó que tan solo en 2021 generó el 38.2% de su energía con fuentes limpias y 61.8% con fósiles, mientras que los privados el 20.5% con fuentes limpias y el 79% con fósiles.

Pese a que se había anunciado la presencia en este foro de diversos líderes del sector privado, con figuras como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cambio de día y hora inicialmente planteados influyeron en que fuera el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, el único que acudiera al diálogo con el fin de servir como contrapeso a Bartlett.

Pese a los planteamientos del director de CFE, Abugaber afirmó que la participación de los particulares evitó apagones, además de que defendió que el autoabastecimiento de energía eléctrica es totalmente legal. «El 70% del crecimiento de generación fue hecha por el sector privado, si lo hubiera hecho CFE no sé si tuviéramos luz en este momento”.

A este reclamó Bartlett contestó que no había ningún peligro de que no se tenga electricidad en este momento, y para ello le dijo «déjennos a nosotros hacer la reforma constitucional (…) y daremos la electricidad que necesita México para el desarrollo”. En ese sentido dijo que fortalecer a la CFE, mediante la iniciativa de reforma que presentó el presidente López Obrador, es un asunto de seguridad nacional.

Abugaber negó que el sector privado no pague la electricidad. “Sí pagamos. Tan sí pagamos que CFE Transmisión y Distribución tiene utilidades, imagínese las pérdidas que tendría si no pagáramos”. Acusó que con las descalificaciones que se hace a los privados, se manda una mala señal a la inversión, necesaria para la CFE y para el gobierno federal.

El presidente de la Concamin indicó que si bien están en contra de la reforma, están conscientes de que pueden realizarse ajustes al esquema actual con el que opera la industria eléctrica. “El empresariado quiere construir con el sector público (…) queremos construir con CFE, no queremos destruir».

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que gracias a la estrategia implementada para prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción durante la presente administración, se logró un ahorro de 24 mil 983 millones de pesos.

Rubén Cuevas Plancarte, Director de Administración de la CFE, señaló que lo ahorrado por CFE es un monto superior al presupuesto asignado a las secretarías de la Función Pública, Economía, Gobernación y Relaciones Exteriores para el próximo año.

El funcionario destacó que gracias a la implementación de medidas concretas, se redujeron las contrataciones realizadas a través de adjudicaciones directas, las cuales alcanzaron un 78% durante administraciones anteriores, mientras que este año, al 3er trimestre, ese número se redujo a menos del 5%, ya que el 95.4% de las contrataciones se realizaron a través de la figura de concurso abierto y simplificado.

Roberto Chaparro Sánchez, Coordinador de Control Interno de CFE, señaló que, en el periodo neoliberal y con la aprobación de la reforma energética de 2013, fueron desmanteladas las áreas encargadas de prevenir y combatir la corrupción al interior de la CFE.

Por ello dijo, cuando la nueva administración llegó, fueron detectadas irregularidades como los contratos leoninos, proyectos abandonados, riesgos de corrupción no reconocidos y servidores sin facultades que firmaban contratos. “Buscaban lograr un objetivo criminal: privatizar a la CFE”, advirtió.

La CFE recordó que su Programa Anticorrupción fue aprobado por el Consejo de Administración en febrero de 2019, en el que se establecen principios, estrategias y acciones que tienen como finalidad prevenir, detectar, combatir y erradicar la corrupción.

Detallaron que el programa está integrado por tres principios generales: Política de Tolerancia Cero a la Corrupción; Desempeño honesto y transparente en el desempeño de funciones, y Promoción del respeto a los derechos de todas las personas y la equidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró el miércoles que su gobierno seguirá respaldando a Pemex, esto al ser consultado sobre si su administración continuará asumiendo las amortizaciones de deuda de la petrolera, como lo ha hecho este año.

Recordemos que el presidente anunció este año que la Secretaría de Hacienda asumiría las amortizaciones del 2021, equivalente a unos 6,300 millones de dólares, para permitir que la firma tuviera más recursos libres.

«Estamos nosotros apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex, como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarlos, arruinar a estas empresas públicas; entonces, nosotros estamos ayudando», respondió el mandatario.

Este tema sirvió para que asegurara que si no hubiera ganado la elección presidencial de 2018, y no se hubiera optado por un cambio, Pemex estaría ahora en bancarrota al igual que la CFE; sin embargo, fue más allá al asegurar que si no estuviera él en el poder, habría un caos en el país.

«No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado», sostuvo el morenista.

Justificó asegurando que con su gobierno hay estabilidad económica y financiera pese a la situación que se vive en el mundo. Además, dijo que no se ha endeudado al país ni se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica. También dijo que con su gobierno, el prestigio de México está «por lo alto».

«También para ubicarnos, porque ustedes imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes, esto que hicieron», remató el mandatario.

La reforma eléctrica que propone el gobierno federal desatará arbitrajes internacionales por las afectaciones a la inversión privada que ya está hecha, advirtió este lunes la agencia Fitch.

«Inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en cortes de arbitraje internacional en un esfuerzo para proteger sus inversiones y recibir compensación monetaria», indicó la firma en un reporte.

La calificadora recordó que la iniciativa constitucional busca limitar a 46% la participación privada en la generación de electricidad, que ahora es de cerca del 60%, lo que «añadiría incertidumbre a la futura demanda y precio».

También desaparecería a los reguladores autónomos de energía como la CRE o la CENACE, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento y priorizaría el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

«La propuesta podría debilitar aun más el Estado de derecho de México y podría desincentivar futuras inversiones privadas en el sector», consideró Fitch.

La agencia señaló que la propuesta también pondría bajo control de la CFE «toda la cadena de suministro eléctrico», incluyendo la generación, transmisión, distribución y suministro, lo que «acabaría con la autonomía del operador independiente del sistema».

Para satisfacer la demanda eléctrica del país, la CFE tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo, apuntó la calificadora.

«Si la iniciativa pasa, Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten», argumentó en su reporte.

Recordemos que para aprobar la reforma, la alianza oficialista requiere dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría calificada que perdió tras las elecciones intermedias del pasado del 6 de junio. En este contexto, Fitch consideró que la aprobación de la reforma «es improbable», aunque dijo que «si pasa, las implicaciones al crédito serían significativas».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que está abierto a cambios en su  iniciativa de reforma eléctrica, con la condición de mantener su «esencia», como la rectoría del Estado del sector y la nacionalización del litio.

“Sí (se aceptan ajustes), siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos», respondió a pregunta expresa en su conferencia matutina.

Y aunque la mayoría de los partidos de oposición ya anunciaron su voto en contra, el PRI ha pedido un diálogo y análisis profundo.

A diferencia de iniciativas anteriores, el presidente se ha mostrado abierto a cambios, lo que podría deberse a que Morena y aliados no cuentan con los votos suficientes para aprobarla. Aun así reafirmó su propuesta de «que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósitos de lucro».

«Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante (con los cambios)», añadió a su respuesta.

Aprovechó para negar que sea cierto que México perderá 44,000 millones de dólares por indemnizaciones, como calculó esta semana la Cámara Internacional de Comercio de México (ICC). “Nosotros lo que queremos es que ya no sigan robando, tan sencillo como eso, y dicen que se va a ir la inversión, (pero) no se van», defendió.

López Obrador reiteró que lo que se pretende con la reforma que propuso no es una nacionalización ni una expropiación, aunque insistió en que se necesita «fortalecer» a la CFE para garantizar precios justos en la energía eléctrica.

El mandatario dijo a los empresarios que «deberían estar agradecidos» porque la iniciativa contempla que conserven un máximo del 46% del mercado de generación eléctrica. Incluso ejemplificó que el 46% del mercado que podrían conservar es el equivalente a toda la electricidad que se consume en Argentina, un país de cerca de 60 millones de habitantes.

«Entonces deberían estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la mala costumbre de robar a manos llenas», declaró.

Además de la rectoría del Estado en el sector, el presidente indicó que la nacionalización del litio es otro de sus puntos firmes en la reforma. El mandatario acusó a los opositores de «no atreverse a hablar del litio» porque «no les conviene, no les gusta» la idea que este mineral sea propiedad de la nación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este lunes los señalamientos hechos por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien el pasado viernes afirmara que el actual sistema «es un atraco contra el pueblo de México», esto, en medio del debate de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador.

En sus declaraciones, Bartlett amenazó con cancelar los contratos de los privados y rechazó indemnizarlos si se aprueba la reforma, que limita a 46% la participación privada en la generación eléctrica.

«Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales», manifestó el CCE en un comunicado.

Y es que los choques entre el empresariado y el gobierno federal se han incrementado desde que el presidente envió el pasado 1 de octubre al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en 2013.

El CCE ha alertado de que inversionistas acudirán a paneles internacionales para proteger los cerca de 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta. Así, los empresarios pidieron al gobierno no caer en «la provocación» ni «la polarización».

«Los ciudadanos queremos impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga», sostuvo el CCE.

Recordemos que desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas, a las que acusa de «saqueo» y de ver a México como «tierra de conquista».

En respuesta, en Conejo dijo que utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho es realmente un ataque contra todos. Sostuvo que es un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y contra los preceptos legales que protegen a todos los mexicanos de la arbitrariedad del autoritarismo.

«El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad», indicó el CCE.

La cúpula empresarial pidió «un voto sustentado y responsable» al Congreso, donde tanto el bloque afín al gobierno como la oposición han prometido un parlamento abierto ante la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada que permitirá la eventual aprobación de la iniciativa.

«No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva», remató el CCE.

En voz del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el gobierno federal defendió la iniciativa de reforma constitucional que el mandatario envió al Congreso sobre el sector eléctrico público, con el que asegura, busca evitar que las empresas privadas «se apoderen del mercado».

«Hablan de que les vamos a expropiar. Se les deja el 46% del mercado y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, allí está», dijo el presidente al advertir a las empresas privadas nacionales y extranjeras que sus negocios en el sector eléctrico deberán tener «ganancias razonables».

«A robar, a otro lado», sostuvo el mandatario, quien afirmó que quienes se oponen a la reforma eléctrica que propuso «son un puñado de empresas que se sentían dueñas de México».

Indicó que si no se adopta la reforma que envió, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y México enfrentaría lo que ahora está pasando en España, «que las tarifas de la luz están por las nubes».

Según la presentación hecha por Rocío Nahle, actualmente la CFE genera el 38% de la energía y el sector privado el 62%, algo que aseguró debe revertirse para que al menos el 54  sea del sector público.

«Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación», dijo la funcionaria al intervenir en la conferencia del presidente.

La funcionaria aseguró que los privados seguirán en el mercado y que «no se les va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca», en referencia a que no se va a expropiar nada. Y es que al ser la CFE el único distribuidor de electricidad en México, las compañías privadas venden la energía que generan a la empresa pública.

Nahle criticó que ahora la CFE está obligada a comprar primero la electricidad de las empresas privadas, porque «se ponen de acuerdo» para ofertarla más barata, dejando las plantas públicas «subutilizadas». «La CFE sostiene prácticamente a los privados y les ha dejado el mercado», señaló.

También reivindicó la eliminación de los organismos autónomos que regulan el mercado eléctrico, la Comisión Reguladora De Energía (CRE) y la Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), funciones que sería absorbida por el gobierno.

Nahle también dijo que se contempla el fin de los permisos de autoabastecimiento para que las fábricas generen su propia electricidad, ya que según dijo la secretaria, las empresas lo usaron para vender esta electricidad y generar un mercado ilegal.

Sin embargo, y pese a lo expuesto, tanto empresas como ambientalistas han advertido que la reforma de López Obrador pondrá en riesgo las energías limpias porque no considera las renovables como prioritarias. El sistema actual coloca primero en la red la electricidad de plantas eólicas y solares, por ser menos costosas, las cuales pertenecen a empresas privadas.

Pero la secretaria de Energía dijo que las plantas hidroeléctricas de la CFE generan la energía más «limpia, constante y barata», lo cual ha sido cuestionado por especialistas. Por ello, el nuevo modelo priorizará la hidroeléctrica, seguido de la nuclear, la geotermia, el gas de la CFE, la térmica, la eólica, la solar, el gas de los privados y el carbón.

Algunos expertos han advertido que lejos de controlar el precio de la luz, este nuevo modelo dispararía las tarifas ya que las plantas de la empresa pública son más viejas e ineficientes.

La reforma también propone cancelar los Certificados de Energías Limpias, que se entregan a las empresas privadas por generación de energía eólica o solar y que obligan a la CFE a comprarlos, aunque Nahle aseguró que México cumplirá sus «compromisos internacionales» en materia de medioambiente y que la CFE garantizará que en 2024 el 35% de la energía sea limpia.

La reforma también incluye la nacionalización del litio. La secretaria de Energía explicó que no se otorgarán concesiones de explotación de este mineral, usado para baterías portátiles, aunque aseguró que las entregadas por gobiernos anteriores no se cancelarán si están «debidamente avaladas».

El presidente López Obrador dijo que todos los mexicanos deben saber los motivos por los que conviene la reforma constitucional; afirmó que le conviene al pueblo. «Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente», expresó.

Insistió en su mensaje a las y los legisladores; les dijo que, a diferencia del pasado, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes al PRI como posible socio para que con sus votos, se apruebe la reforma constitucional que presentó en materia eléctrica, para favorecer al sector público y posicionar a la CFE sobre los particulares.

«Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el PRI tiene una oportunidad para definirse», expresó el mandatario al pedirle al tricolor que se defina cuanto antes.

López Obrador cuestionó al PRI, al preguntar si «va a seguir» el camino del expresidente priista Carlos Salinas, al que considera artífice de las privatizaciones, o el de los también priistas Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.

Recordemos que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma que pretende establecer que la  Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 % del mercado de generación en el país, mientras que los particulares tendrían el 46%.

López Obrador dijo que la reforma pretende que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica y que no haya subsidios para las grandes empresas.

Se lanzó de nuevo contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la iniciativa privada, porque «aumentaron como nunca los precios de la luz» y permitió que las grandes corporaciones paguen menos que una familia de clase popular.

Sin embargo, Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso que se necesitan para aprobar reformas, por lo que necesitará pactar con la oposición.

«Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse», reiteró López Obrador.

El PRI se presentó en las pasadas elecciones de junio en una coalición opositora junto al PAN y al PRD, quienes presionan para que los priistas no apoyen la reforma.

Hasta ahora, el tricolor ha dicho que al ser una reforma que tiene que ver con el futuro de la electricidad en nuestro país, un insumo que todos los mexicanos usan a diario, requiere de un profundo análisis y debate público.

«Los legisladores del PRI van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad (CFE), orgullo de este país. Pero también se debe de buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de nuestro México», dijo la dirigencia nacional del partido.

Puntualizó que aunque el Ejecutivo envió la iniciativa, aún no se turna a la comisión dictaminadora; y toda vez que no se ha turnado la misma a la Comisión o Comisiones dictaminadoras y que además no se ha formalizado la integración de éstas, dijo que no hay condiciones para votarla esta semana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para fortalecer al sector eléctrico, en especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puntualizó que con dicha iniciativa se busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, y que no haya aumentos por encima de la inflación.

«Se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia», dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina que se celebró en Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que la reforma, que modifica tres artículos de la Constitución, busca que haya un control en los precios de los energéticos «para que no se afecte a la economía popular».

«Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas», añadió.

El presidente agregó que la reforma no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.

La reforma contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Adicional, López Obrador detalló que en la iniciativa se incluye el tema de la explotación del litio en territorio nacional, y se apunta a que solo lo podrán hacer los mexicanos. «Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación».

Sin embargo dijo, se respetarán las concesiones que existen actualmente para la explotación del litio, siempre y cuando acrediten que ya está en fase de exploración y por ende, de explotación. Se indicó que ya no se entregarán nuevas concesiones.

Recordemos que a inicios de marzo, el Congreso había aprobado una ley eléctrica impulsada por López Obrador que buscaba fortalecer a la CFE. La ley daba prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo ni la tecnología.

Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.

Sin embargo, la ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.

Y es que López Obrador ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, en particular las reformas que se aprobaron en ese sentido durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para hacer cambios a la Constitución por sí mismo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las reformas a la Constitución que se han hecho en lo que va de su administración, comparándolas con lo que se hizo en el pasado, asegurando que lo que se hizo en otros gobiernos fue reformar la Constitución para legalizar el saqueo y el robo.

«Fueron ajustando al marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación, desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal», dijo AMLO.

Mencionó casos como el aumentos de impuestos; la reforma fiscal; la entrega de los bancos y de las empresas públicas; la reforma laboral, donde se permitió la subcontratación; la reforma para privatizar la industria eléctrica y sector petrolero; la reforma educativa; las reformas que afectaron las pensiones y las jubilaciones, entre otras.

Indicó que bajo su gobierno, se han hecho cambios que han sido en beneficio de la ciudadanía, como la creación de la Guardia Nacional; la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas; establecer como delito grave el huachicol; elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores así como a niñas y a niños con discapacidad o las becas para estudiantes de familias pobres.

Señaló que en dado caso de que llegara otro movimiento al poder, y quisieran dar marcha atrás a las distintas reformas, necesitarían contar con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso, es decir, mayoría calificada, lo que aseguró «ya no lo van a poder tener».

Fue en ese punto donde mencionó que a pesar de los cambios y reformas que se han logrado, faltan tres reformas que él considera muy «importantes».

La primera, mencionó, es una reforma para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que insistió, en el pasado se querían destruir a la Comisión para darle preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica.

La segunda reforma es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, y que ya había anunciado semanas atrás. Se trata de una reforma que buscará que la corporación quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que no pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se «echó a perder porque se corrompió».

Insistió en que si se deja a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa se tendrá la garantía de que no se va a «pudrir».

La tercera reforma que hace falta, dijo el presidente, es la electoral, para que se termine con toda posibilidad de fraude electoral, además de que buscará reducir el costo de las elecciones en México, pues reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el aparato electoral más costoso del mundo.

En esta reforma, aclaró, no todo será el INE, sino que también se pretende reducir las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos.

Sobre lo declarado por el mandatario, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que la coalición legislativa ‘Va por México’ no permitirá que ninguna reforma dañe a las y los mexicanos.

“Es una irresponsabilidad y una actitud acorde con sus pretensiones dictatoriales que, sabiendo que la población está padeciendo una violencia desmedida en el país, la falta de medicamentos, empleo, salarios dignos y violencia en contra de las mujeres, Andrés Manuel López Obrador centre su atención en impulsar estas reformas constitucionales”, expresó.

Respecto a la reforma energética con la que se pretende garantizar el control absoluto a la CFE, señaló que es un anacronismo que solo traerá más corrupción, así como el abandono de la inversión en energías limpias, no contaminantes y un atentado contra la capacidad de producción y la competitividad de las empresas, lo cual también provocaría un incremento excesivo en el costo de la luz, afectando a los más vulnerables, a la vez que menos generación de empleos. “Por eso lo decimos claro: no van a pasar, las vamos a frenar”, aseguró.

En relación con el anuncio que hace meses hizo el presidente de la República y que hoy reiteró sobre adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, Zambrano Grijalva insistió en que lo que urge es el cambio de estrategia, no de andar moviendo a los elementos de una dependencia a otra y mucho menos adscribirla a la Sedena, con lo que se militarizarían de lleno las funciones policiales.

“Que ya abandone la estrategia y el discurso de los abrazos y no balazos; a las bandas delincuenciales hay que combatirlas, no consecuentarlas como ocurrió en las elecciones en Michoacán y varios estados de la República, donde ahora los criminales humillan a las fuerzas armadas. Con esa estrategia, la Guardia Nacional es un ente inservible».

Finalmente, en relación con un reforma en materia electoral, el perredista recordó que los más tramposos y “mapaches” de esta elección fueron los de Morena. «¿O ya se les olvidó que Morena usó la vacuna y programas sociales con fines electorales al través de su ejército electoral de los mal llamados Servidores de la Nación , y que rebasaron topes de gasto de campaña?».

Cuestionó que querer eliminar al INE bajo el argumento de que es muy costoso en realidad encubre la intención de someterlo al gobierno, quitarle su autonomía, y regresar a los tiempos del control de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles su intención de modificar la Constitución mediante una reforma, para que el Estado mexicano asuma el 54% del mercado nacional de la energía eléctrica, mientras que la iniciativa privada se quede con el 46%.

“Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», sostuvo AMLO.

El mandatario señaló que la CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, ya que una de sus funciones es que al ser una empresa pública, sirva para que no aumente el precio de la luz, esto en beneficio de los consumidores domésticos.

López Orador indicó que actualmente la CFE puede aportar solo el 35% de la energía eléctrica, aunque tiene capacidad para más; sin embargo, denunció que las plantas generadoras están subutilizadas debido a las medidas adoptadas durante el periodo neoliberal en beneficio del sector privado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

«Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional», reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que «fortalezca» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la «protección civil» y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso «hace como 20 días», lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de «violar la ley» al ampararse contra sus políticas.

«Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos», argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del «periodo neoliberal» que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

«Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos», dijo.