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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró el miércoles que su gobierno seguirá respaldando a Pemex, esto al ser consultado sobre si su administración continuará asumiendo las amortizaciones de deuda de la petrolera, como lo ha hecho este año.

Recordemos que el presidente anunció este año que la Secretaría de Hacienda asumiría las amortizaciones del 2021, equivalente a unos 6,300 millones de dólares, para permitir que la firma tuviera más recursos libres.

«Estamos nosotros apoyando a Pemex, apuntalando a Pemex, como estamos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. El plan de los tecnócratas corruptos y de sus jefes era destruir a Pemex y destruir a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarlos, arruinar a estas empresas públicas; entonces, nosotros estamos ayudando», respondió el mandatario.

Este tema sirvió para que asegurara que si no hubiera ganado la elección presidencial de 2018, y no se hubiera optado por un cambio, Pemex estaría ahora en bancarrota al igual que la CFE; sin embargo, fue más allá al asegurar que si no estuviera él en el poder, habría un caos en el país.

«No soy adivino, pero tengo sensibilidad. Si no hubiese cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido, no hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado», sostuvo el morenista.

Justificó asegurando que con su gobierno hay estabilidad económica y financiera pese a la situación que se vive en el mundo. Además, dijo que no se ha endeudado al país ni se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica. También dijo que con su gobierno, el prestigio de México está «por lo alto».

«También para ubicarnos, porque ustedes imaginen si se hubiesen continuado con los mismos planes, esto que hicieron», remató el mandatario.

La reforma eléctrica que propone el gobierno federal desatará arbitrajes internacionales por las afectaciones a la inversión privada que ya está hecha, advirtió este lunes la agencia Fitch.

«Inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en cortes de arbitraje internacional en un esfuerzo para proteger sus inversiones y recibir compensación monetaria», indicó la firma en un reporte.

La calificadora recordó que la iniciativa constitucional busca limitar a 46% la participación privada en la generación de electricidad, que ahora es de cerca del 60%, lo que «añadiría incertidumbre a la futura demanda y precio».

También desaparecería a los reguladores autónomos de energía como la CRE o la CENACE, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento y priorizaría el despacho de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.

«La propuesta podría debilitar aun más el Estado de derecho de México y podría desincentivar futuras inversiones privadas en el sector», consideró Fitch.

La agencia señaló que la propuesta también pondría bajo control de la CFE «toda la cadena de suministro eléctrico», incluyendo la generación, transmisión, distribución y suministro, lo que «acabaría con la autonomía del operador independiente del sistema».

Para satisfacer la demanda eléctrica del país, la CFE tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo, apuntó la calificadora.

«Si la iniciativa pasa, Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten», argumentó en su reporte.

Recordemos que para aprobar la reforma, la alianza oficialista requiere dos tercios de los votos del Congreso, una mayoría calificada que perdió tras las elecciones intermedias del pasado del 6 de junio. En este contexto, Fitch consideró que la aprobación de la reforma «es improbable», aunque dijo que «si pasa, las implicaciones al crédito serían significativas».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta mañana que está abierto a cambios en su  iniciativa de reforma eléctrica, con la condición de mantener su «esencia», como la rectoría del Estado del sector y la nacionalización del litio.

“Sí (se aceptan ajustes), siempre y cuando se mantenga la esencia de la iniciativa. ¿Cuál es la esencia de la iniciativa? De que la industria eléctrica sea una industria estratégica propiedad de la nación, de todos los mexicanos», respondió a pregunta expresa en su conferencia matutina.

Y aunque la mayoría de los partidos de oposición ya anunciaron su voto en contra, el PRI ha pedido un diálogo y análisis profundo.

A diferencia de iniciativas anteriores, el presidente se ha mostrado abierto a cambios, lo que podría deberse a que Morena y aliados no cuentan con los votos suficientes para aprobarla. Aun así reafirmó su propuesta de «que la generación, la distribución de la energía eléctrica, no tenga propósitos de lucro».

«Si eso se sostiene, la rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante (con los cambios)», añadió a su respuesta.

Aprovechó para negar que sea cierto que México perderá 44,000 millones de dólares por indemnizaciones, como calculó esta semana la Cámara Internacional de Comercio de México (ICC). “Nosotros lo que queremos es que ya no sigan robando, tan sencillo como eso, y dicen que se va a ir la inversión, (pero) no se van», defendió.

López Obrador reiteró que lo que se pretende con la reforma que propuso no es una nacionalización ni una expropiación, aunque insistió en que se necesita «fortalecer» a la CFE para garantizar precios justos en la energía eléctrica.

El mandatario dijo a los empresarios que «deberían estar agradecidos» porque la iniciativa contempla que conserven un máximo del 46% del mercado de generación eléctrica. Incluso ejemplificó que el 46% del mercado que podrían conservar es el equivalente a toda la electricidad que se consume en Argentina, un país de cerca de 60 millones de habitantes.

«Entonces deberían estar agradecidos, nada más que no tienen llenadera, se quedaron con la mala costumbre de robar a manos llenas», declaró.

Además de la rectoría del Estado en el sector, el presidente indicó que la nacionalización del litio es otro de sus puntos firmes en la reforma. El mandatario acusó a los opositores de «no atreverse a hablar del litio» porque «no les conviene, no les gusta» la idea que este mineral sea propiedad de la nación.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este lunes los señalamientos hechos por el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, quien el pasado viernes afirmara que el actual sistema «es un atraco contra el pueblo de México», esto, en medio del debate de la polémica reforma eléctrica del presidente López Obrador.

En sus declaraciones, Bartlett amenazó con cancelar los contratos de los privados y rechazó indemnizarlos si se aprueba la reforma, que limita a 46% la participación privada en la generación eléctrica.

«Con las recientes declaraciones es evidente que el respeto y cumplimiento de las leyes y la Constitución en nuestro país están en grave riesgo y la solución no es que un grupo de personas dicten normas inconstitucionales», manifestó el CCE en un comunicado.

Y es que los choques entre el empresariado y el gobierno federal se han incrementado desde que el presidente envió el pasado 1 de octubre al Congreso una iniciativa de reforma eléctrica, que revierte la apertura del sector a la inversión privada que inició en 2013.

El CCE ha alertado de que inversionistas acudirán a paneles internacionales para proteger los cerca de 44,000 millones de dólares de inversión que consideran en riesgo de confiscación o expropiación indirecta. Así, los empresarios pidieron al gobierno no caer en «la provocación» ni «la polarización».

«Los ciudadanos queremos impedir que desde el gobierno arbitrariamente se vulneren y se pasen por alto los diques de contención legales, porque entonces sería admisible que cualquiera lo haga», sostuvo el CCE.

Recordemos que desde que asumió el poder en 2018, López Obrador se ha opuesto a la reforma energética de Peña Nieto, que abrió el sector a las empresas privadas, a las que acusa de «saqueo» y de ver a México como «tierra de conquista».

En respuesta, en Conejo dijo que utilizar el nacionalismo como pretexto para atentar contra el Estado de derecho es realmente un ataque contra todos. Sostuvo que es un atentado contra el sistema que tantos años ha costado construir y contra los preceptos legales que protegen a todos los mexicanos de la arbitrariedad del autoritarismo.

«El propio Estado de Derecho no es inamovible, y proporciona los medios para defender cualquier idea y proponer las novedades que se quieran introducir en nuestro sistema constitucional. El problema es que respetando las normas de hoy, estas declaraciones y propuestas no tienen cabida. Reformar la ley con base en la ideología y la manipulación de los distintos sectores de la ciudadanía es totalmente inaceptable. Es una estrategia política que sólo genera, como resultado, el engaño y la división de la sociedad», indicó el CCE.

La cúpula empresarial pidió «un voto sustentado y responsable» al Congreso, donde tanto el bloque afín al gobierno como la oposición han prometido un parlamento abierto ante la falta de consensos para alcanzar la mayoría calificada que permitirá la eventual aprobación de la iniciativa.

«No a la provocación y a la polarización, sí al diálogo respetuoso para mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva», remató el CCE.

En voz del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el gobierno federal defendió la iniciativa de reforma constitucional que el mandatario envió al Congreso sobre el sector eléctrico público, con el que asegura, busca evitar que las empresas privadas «se apoderen del mercado».

«Hablan de que les vamos a expropiar. Se les deja el 46% del mercado y el 54% para la Comisión Federal de Electricidad. Si quieren hacer negocios, allí está», dijo el presidente al advertir a las empresas privadas nacionales y extranjeras que sus negocios en el sector eléctrico deberán tener «ganancias razonables».

«A robar, a otro lado», sostuvo el mandatario, quien afirmó que quienes se oponen a la reforma eléctrica que propuso «son un puñado de empresas que se sentían dueñas de México».

Indicó que si no se adopta la reforma que envió, las empresas terminarán por apoderarse de todo el mercado eléctrico y México enfrentaría lo que ahora está pasando en España, «que las tarifas de la luz están por las nubes».

Según la presentación hecha por Rocío Nahle, actualmente la CFE genera el 38% de la energía y el sector privado el 62%, algo que aseguró debe revertirse para que al menos el 54  sea del sector público.

«Esto garantiza a todos los mexicanos seguridad energética, donde la CFE mantiene la misión de servicio social y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación», dijo la funcionaria al intervenir en la conferencia del presidente.

La funcionaria aseguró que los privados seguirán en el mercado y que «no se les va a nacionalizar ni un tornillo ni una tuerca», en referencia a que no se va a expropiar nada. Y es que al ser la CFE el único distribuidor de electricidad en México, las compañías privadas venden la energía que generan a la empresa pública.

Nahle criticó que ahora la CFE está obligada a comprar primero la electricidad de las empresas privadas, porque «se ponen de acuerdo» para ofertarla más barata, dejando las plantas públicas «subutilizadas». «La CFE sostiene prácticamente a los privados y les ha dejado el mercado», señaló.

También reivindicó la eliminación de los organismos autónomos que regulan el mercado eléctrico, la Comisión Reguladora De Energía (CRE) y la Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), funciones que sería absorbida por el gobierno.

Nahle también dijo que se contempla el fin de los permisos de autoabastecimiento para que las fábricas generen su propia electricidad, ya que según dijo la secretaria, las empresas lo usaron para vender esta electricidad y generar un mercado ilegal.

Sin embargo, y pese a lo expuesto, tanto empresas como ambientalistas han advertido que la reforma de López Obrador pondrá en riesgo las energías limpias porque no considera las renovables como prioritarias. El sistema actual coloca primero en la red la electricidad de plantas eólicas y solares, por ser menos costosas, las cuales pertenecen a empresas privadas.

Pero la secretaria de Energía dijo que las plantas hidroeléctricas de la CFE generan la energía más «limpia, constante y barata», lo cual ha sido cuestionado por especialistas. Por ello, el nuevo modelo priorizará la hidroeléctrica, seguido de la nuclear, la geotermia, el gas de la CFE, la térmica, la eólica, la solar, el gas de los privados y el carbón.

Algunos expertos han advertido que lejos de controlar el precio de la luz, este nuevo modelo dispararía las tarifas ya que las plantas de la empresa pública son más viejas e ineficientes.

La reforma también propone cancelar los Certificados de Energías Limpias, que se entregan a las empresas privadas por generación de energía eólica o solar y que obligan a la CFE a comprarlos, aunque Nahle aseguró que México cumplirá sus «compromisos internacionales» en materia de medioambiente y que la CFE garantizará que en 2024 el 35% de la energía sea limpia.

La reforma también incluye la nacionalización del litio. La secretaria de Energía explicó que no se otorgarán concesiones de explotación de este mineral, usado para baterías portátiles, aunque aseguró que las entregadas por gobiernos anteriores no se cancelarán si están «debidamente avaladas».

El presidente López Obrador dijo que todos los mexicanos deben saber los motivos por los que conviene la reforma constitucional; afirmó que le conviene al pueblo. «Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente», expresó.

Insistió en su mensaje a las y los legisladores; les dijo que, a diferencia del pasado, esta reforma no estará sujeta a negociaciones y tampoco habrá anonimato en las votaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló este martes al PRI como posible socio para que con sus votos, se apruebe la reforma constitucional que presentó en materia eléctrica, para favorecer al sector público y posicionar a la CFE sobre los particulares.

«Ahora que presentamos la iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el PRI tiene una oportunidad para definirse», expresó el mandatario al pedirle al tricolor que se defina cuanto antes.

López Obrador cuestionó al PRI, al preguntar si «va a seguir» el camino del expresidente priista Carlos Salinas, al que considera artífice de las privatizaciones, o el de los también priistas Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, quienes nacionalizaron el petróleo y la electricidad.

Recordemos que el mandatario envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma que pretende establecer que la  Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 % del mercado de generación en el país, mientras que los particulares tendrían el 46%.

López Obrador dijo que la reforma pretende que se mantenga el servicio de energía eléctrica en manos de la nación, que no haya aumentos en el precio de la energía eléctrica y que no haya subsidios para las grandes empresas.

Se lanzó de nuevo contra la reforma energética de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que abrió el sector a la iniciativa privada, porque «aumentaron como nunca los precios de la luz» y permitió que las grandes corporaciones paguen menos que una familia de clase popular.

Sin embargo, Morena y aliados no cuentan con la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso que se necesitan para aprobar reformas, por lo que necesitará pactar con la oposición.

«Es una oportunidad histórica para el PRI de definirse», reiteró López Obrador.

El PRI se presentó en las pasadas elecciones de junio en una coalición opositora junto al PAN y al PRD, quienes presionan para que los priistas no apoyen la reforma.

Hasta ahora, el tricolor ha dicho que al ser una reforma que tiene que ver con el futuro de la electricidad en nuestro país, un insumo que todos los mexicanos usan a diario, requiere de un profundo análisis y debate público.

«Los legisladores del PRI van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Queremos un sector eléctrico que fortalezca a nuestra Comisión Federal de Electricidad (CFE), orgullo de este país. Pero también se debe de buscar que no se deterioren más las finanzas públicas de nuestro México», dijo la dirigencia nacional del partido.

Puntualizó que aunque el Ejecutivo envió la iniciativa, aún no se turna a la comisión dictaminadora; y toda vez que no se ha turnado la misma a la Comisión o Comisiones dictaminadoras y que además no se ha formalizado la integración de éstas, dijo que no hay condiciones para votarla esta semana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió su iniciativa de reforma constitucional a la Cámara de Diputados para fortalecer al sector eléctrico, en especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Puntualizó que con dicha iniciativa se busca que se garantice la energía eléctrica a precios justos, y que no haya aumentos por encima de la inflación.

«Se decide en esta iniciativa que la CFE va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares, que haya una auténtica, una verdadera competencia», dijo el mandatario este viernes durante su conferencia matutina que se celebró en Cuernavaca, Morelos.

López Obrador dijo que la reforma, que modifica tres artículos de la Constitución, busca que haya un control en los precios de los energéticos «para que no se afecte a la economía popular».

«Esto significa fortalecer a las empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas», añadió.

El presidente agregó que la reforma no significa nacionalizar, ni estatizar, sino darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad.

La reforma contempla la desaparición de organismos reguladores de energía como la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía.

Adicional, López Obrador detalló que en la iniciativa se incluye el tema de la explotación del litio en territorio nacional, y se apunta a que solo lo podrán hacer los mexicanos. «Para la explotación del litio sólo podrá hacerlo la nación, es decir el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral que hay del litio en el subsuelo de la patria, del territorio es de los mexicanos, de la nación».

Sin embargo dijo, se respetarán las concesiones que existen actualmente para la explotación del litio, siempre y cuando acrediten que ya está en fase de exploración y por ende, de explotación. Se indicó que ya no se entregarán nuevas concesiones.

Recordemos que a inicios de marzo, el Congreso había aprobado una ley eléctrica impulsada por López Obrador que buscaba fortalecer a la CFE. La ley daba prioridad a la CFE en la generación de energía en sus plantas, sin importar el costo ni la tecnología.

Sus detractores señalaban que se fortalecía a la compañía estatal a costa de producir energía más cara y contaminante.

Sin embargo, la ley fue suspendida indefinidamente por un juez especializado en competencia económica luego de que varias empresas presentaran amparos en su contra, por lo que López Obrador pidió al poder judicial investigar al magistrado.

Y es que López Obrador ha criticado fuertemente la participación de la iniciativa privada en el sector energético, en particular las reformas que se aprobaron en ese sentido durante el gobierno de su antecesor Enrique Peña Nieto.

Con la nueva composición de la Cámara de Diputados, Morena no tiene mayoría calificada, esto es, el número suficiente de legisladores para hacer cambios a la Constitución por sí mismo. Por ello, deberá negociar la reforma con otras fuerzas políticas.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre las reformas a la Constitución que se han hecho en lo que va de su administración, comparándolas con lo que se hizo en el pasado, asegurando que lo que se hizo en otros gobiernos fue reformar la Constitución para legalizar el saqueo y el robo.

«Fueron ajustando al marco constitucional, el marco legal, para llevar a cabo el saqueo de los bienes de la nación, desde Salinas hasta el último gobierno neoliberal», dijo AMLO.

Mencionó casos como el aumentos de impuestos; la reforma fiscal; la entrega de los bancos y de las empresas públicas; la reforma laboral, donde se permitió la subcontratación; la reforma para privatizar la industria eléctrica y sector petrolero; la reforma educativa; las reformas que afectaron las pensiones y las jubilaciones, entre otras.

Indicó que bajo su gobierno, se han hecho cambios que han sido en beneficio de la ciudadanía, como la creación de la Guardia Nacional; la prohibición a que se condonen impuestos a las grandes empresas; establecer como delito grave el huachicol; elevar a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores así como a niñas y a niños con discapacidad o las becas para estudiantes de familias pobres.

Señaló que en dado caso de que llegara otro movimiento al poder, y quisieran dar marcha atrás a las distintas reformas, necesitarían contar con el apoyo de las dos terceras partes de los legisladores del Congreso, es decir, mayoría calificada, lo que aseguró «ya no lo van a poder tener».

Fue en ese punto donde mencionó que a pesar de los cambios y reformas que se han logrado, faltan tres reformas que él considera muy «importantes».

La primera, mencionó, es una reforma para que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que insistió, en el pasado se querían destruir a la Comisión para darle preferencia a las empresas privadas de generación de energía eléctrica.

La segunda reforma es la que tiene que ver con la Guardia Nacional, y que ya había anunciado semanas atrás. Se trata de una reforma que buscará que la corporación quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que no pase lo que sucedió con la Policía Federal, que se «echó a perder porque se corrompió».

Insistió en que si se deja a la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa se tendrá la garantía de que no se va a «pudrir».

La tercera reforma que hace falta, dijo el presidente, es la electoral, para que se termine con toda posibilidad de fraude electoral, además de que buscará reducir el costo de las elecciones en México, pues reiteró que el Instituto Nacional Electoral (INE) es el aparato electoral más costoso del mundo.

En esta reforma, aclaró, no todo será el INE, sino que también se pretende reducir las prerrogativas que se entregan a los partidos políticos.

Sobre lo declarado por el mandatario, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que la coalición legislativa ‘Va por México’ no permitirá que ninguna reforma dañe a las y los mexicanos.

“Es una irresponsabilidad y una actitud acorde con sus pretensiones dictatoriales que, sabiendo que la población está padeciendo una violencia desmedida en el país, la falta de medicamentos, empleo, salarios dignos y violencia en contra de las mujeres, Andrés Manuel López Obrador centre su atención en impulsar estas reformas constitucionales”, expresó.

Respecto a la reforma energética con la que se pretende garantizar el control absoluto a la CFE, señaló que es un anacronismo que solo traerá más corrupción, así como el abandono de la inversión en energías limpias, no contaminantes y un atentado contra la capacidad de producción y la competitividad de las empresas, lo cual también provocaría un incremento excesivo en el costo de la luz, afectando a los más vulnerables, a la vez que menos generación de empleos. “Por eso lo decimos claro: no van a pasar, las vamos a frenar”, aseguró.

En relación con el anuncio que hace meses hizo el presidente de la República y que hoy reiteró sobre adscribir la Guardia Nacional a la Sedena, Zambrano Grijalva insistió en que lo que urge es el cambio de estrategia, no de andar moviendo a los elementos de una dependencia a otra y mucho menos adscribirla a la Sedena, con lo que se militarizarían de lleno las funciones policiales.

“Que ya abandone la estrategia y el discurso de los abrazos y no balazos; a las bandas delincuenciales hay que combatirlas, no consecuentarlas como ocurrió en las elecciones en Michoacán y varios estados de la República, donde ahora los criminales humillan a las fuerzas armadas. Con esa estrategia, la Guardia Nacional es un ente inservible».

Finalmente, en relación con un reforma en materia electoral, el perredista recordó que los más tramposos y “mapaches” de esta elección fueron los de Morena. «¿O ya se les olvidó que Morena usó la vacuna y programas sociales con fines electorales al través de su ejército electoral de los mal llamados Servidores de la Nación , y que rebasaron topes de gasto de campaña?».

Cuestionó que querer eliminar al INE bajo el argumento de que es muy costoso en realidad encubre la intención de someterlo al gobierno, quitarle su autonomía, y regresar a los tiempos del control de las elecciones desde la Secretaría de Gobernación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este miércoles su intención de modificar la Constitución mediante una reforma, para que el Estado mexicano asuma el 54% del mercado nacional de la energía eléctrica, mientras que la iniciativa privada se quede con el 46%.

“Vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la Comisión Federal de Electricidad y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la Comisión Federal de Electricidad», sostuvo AMLO.

El mandatario señaló que la CFE es una empresa pública que no tiene fines de lucro, ya que una de sus funciones es que al ser una empresa pública, sirva para que no aumente el precio de la luz, esto en beneficio de los consumidores domésticos.

López Orador indicó que actualmente la CFE puede aportar solo el 35% de la energía eléctrica, aunque tiene capacidad para más; sin embargo, denunció que las plantas generadoras están subutilizadas debido a las medidas adoptadas durante el periodo neoliberal en beneficio del sector privado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes una nueva propuesta de reforma constitucional al sector eléctrico y el manejo de las presas para priorizar el interés público y la protección civil sobre el interés privado.

«Nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional», reveló el mandatario durante su gira por Tabasco, donde este lunes atendió a damnificados de inundaciones.

El mandatario no aclaró si se trata de la misma propuesta que anunció el pasado 15 de junio, donde habló de una reforma constitucional que «fortalezca» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

López Obrador explicó ahora que decidió proponer esta reforma porque una empresa extranjera se amparó contra un decreto de su gobierno que entró en vigor el 1 de enero que prioriza la «protección civil» y el abasto desde las presas y ríos a las hidroeléctricas de CFE sobre las privadas.

Aunque no mencionó el nombre, dijo que la compañía interpuso el recurso «hace como 20 días», lo que coincide con la queja diplomática que México envió a Italia para acusar a su empresa Enel de «violar la ley» al ampararse contra sus políticas.

«Yo tenía pensado inicialmente solo reformar la ley para corregir esta situación, pero llegué a la conclusión, después de ese amparo, de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos», argumentó.

La disputa ocurre también en medio de la polémica reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que se promulgó en mayo pasado, suspendida en el Poder Judicial, que prioriza las plantas de la CFE, incluyendo las contaminantes, sobre las privadas de renovables.

El presidente ha insistido en que pedirá reformar la Constitución, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declara inconstitucional su reforma legal.

El mandatario ha pedido revertir la política energética del «periodo neoliberal» que culminó en una reforma constitucional en 2013, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), para abrir el sector a la inversión privada.

Las inundaciones en Tabasco desde el pasado han despertado el malestar de la población y del gobernador Adán Augusto López, aliado de López Obrador, contra la CFE, a la que acusan de provocar el desastre por su manejo de las presas y las hidroeléctricas.

Pero el presidente justificó su reforma constitucional al culpar a las empresas privadas de la situación.

«Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no solo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, del que no se inunden los pueblos», dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló este martes que, de aquí al 2023, presentará a la Cámara de Diputados tres reformas constitucionales, que tiene que ver con el sector eléctrico, con la renovación del Instituto Nacional Electoral  (INE) y el reforzamiento de la Guardia Nacional.

«Las reformas que vamos a promover básicamente son tres, y (se darán) en su momento, porque ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas», dijo el mandatario durante su conferencia de prensa de Palacio Nacional.

Tal y como había adelantado el pasado 10 de junio, el mandatario detalló que la primera iniciativa de reforma está relacionada con que se fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) e indicó que espera presentarla a finales de este año o a más tardar a principios del 2022.

Aunque a inicios de 2021 el presidente envió una reforma legal, pero no constitucional, en materia de energía eléctrica, una serie de amparos judiciales han impedido que pueda avanzar, lo que ha generado una confrontación entre el gobierno federal y la iniciativa privada.

Dicha reforma constitucional, indicó, buscará entre otras cosas que el 56% del mercado del despacho eléctrico sea para la CFE y el 46% quedará en manos de particulares.

«Se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley para resolver este problema y empezaron (a darse) los amparos. ¿Entonces qué nos queda? Una reforma constitucional», advirtió López Obrador.

La segunda reforma, afirmó, será la que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral (INE), para darle una «verdadera» independencia al organismo, «y que no domine el conservadurismo», esto luego de las elecciones del pasado 6 de junio.

«Tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Se lo dije a los empresarios. ¿Qué es un demócrata? Es una gente que independientemente de su origen de clase o de su manera de pensar, actúa con rectitud».

AMLO no descartó que la reforma vaya dirigida a la renovación del INE, o incluso a la creación de una nueva autoridad electoral. Esta iniciativa, dijo, será presentada en 2022. Adicional, dijo que la reforma electoral también buscará reducir los costos de las elecciones en México, especialmente lo que se refiere a las prerrogativas que se les entregan a los partidos políticos.

En ese sentido, AMLO señaló que el país «no está para eso» y de hecho acusó que las elecciones en México son las más caras del mundo. Arremetió que los actuales órganos electorales intervinieron en su momento para evitar que llegara un «populista a la Presidencia», al grado de promover el fraude electoral.

La reforma también buscaría acortar el número de legisladores, tanto Diputados como Senadores; sugirió que deben desaparecer los legisladores plurinominales. «Vamos a reformar la Ley, la Constitución para que haya democracia plena», remató el mandatario.

Finalmente, la tercera reforma que enviará esta relacionada con la Guardia Nacional, con el fin de que no se «eche a perder» tal como ocurrió con la Policía Federal. Precisó que lo que buscará es que la corporación pase de estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Precisó que lo que él «considera» correcto y benéfico para el país es que la Guardia Nacional no acabe en manos de alguna dependencia como la Secretaría de Gobernación, pues eso provocaría que en seis años esté «echada a perder».

Al decir que la Guardia Nacional necesita seguirse consolidando, pues recordó que nació apenas en marzo de 2019, adelantó que es posible la iniciativa sea presentada en 2023, es decir, en el último tramo de su administración.

Recordemos que López Obrador ha ampliado enormemente el papel de los militares en temas relevantes del país, tanto en temas de infraestructura, economía y de seguridad; ha puesto al Ejército a cargo de los puertos marítimos y las aduanas, y le ha dado a la Marina la propiedad parcial del enlace ferroviario y portuario multimodal en todo el istmo sur del país.

En diciembre, el presidente le dio al Ejército el control operativo y las ganancias de otro de sus proyectos favoritos, el Tren Maya. El Ejército utilizaría las ganancias para financiar las pensiones militares, aunque no está claro que el proyecto vaya a generar utilidades.

AMLO aclaró que entre las iniciativas de reforma que enviará no está considerada ninguna que tenga que ver con el aumento de impuestos, que dijo, fue un tema que habló con los empresarios en la reciente reunión que sostuvo con alguno de ellos.

Finalmente, López Obrador sostuvo que si las reformas que presente no son aprobadas por los diputados y senadores, ahora que Morena no tiene la mayoría calificada en la Cámara baja, aun con la ayuda de sus partidos aliados, será «responsabilidad de los legisladores» y tendrán que asumir su responsabilidad.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió 35,606 millones de pesos en el primer trimestre de 2021, de acuerdo con información oficial enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Este es un dato 70% menor a las pérdidas de 121,800 millones de pesos del mismo periodo del pasado año.

La CFE celebró los resultados de este periodo «a pesar de los efectos ocasionados en la infraestructura que afectó el suministro de gas natural por las bajas temperaturas originadas por la onda ártica en el estado de Texas en febrero de 2021».

La compañía aseguró que se mostró la capacidad operativa y financiera que tiene para cumplir con su compromiso de suministrar energía eléctrica a la población mexicana.

Los ingresos acumulados de la CFE al cierre del primer trimestre de 2021 ascienden a 152,578 millones de pesos, que en comparación con el primer trimestre de 2020, representan un incremento de 22%. Dicho incremento obedece a un aumento en los ingresos por venta de combustibles a terceros, como resultado de la contingencia en Texas.

Al primer trimestre de 2021, los costos de operación de la CFE sumaron 158,413 millones de pesos, lo que significó un incremento del 68% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según el reporte financiero, la utilidad antes de impuestos marcó una pérdida 32,802. millones de pesos, una cifra negativa pero 269% menor al resultado de 121,81 millones de pesos de los primeros tres meses del pasado año.

Finalmente, el patrimonio de la empresa registró una reducción del 6.6% respecto al cierre del año anterior, generado principalmente por la pérdida del ejercicio. Recordemos que CFE perdió 78.919 millones de pesos en 2020.

De igual forma, este viernes se informó que tras sufrir en 2020 la peor crisis de su historia, Pemex redujo sus pérdidas durante el primer trimestre del año, en un 93.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

«Para Petróleos Mexicanos, el primer trimestre fue un excelente trimestre», resumió el director financiero de la compañía, Alberto Velázquez, durante una llamada con inversores para presentar los resultados.

Entre enero y marzo, la petrolera perdió 37,358 millones de pesos, un recorte del 93.4% respecto a los 562,251 millones de pesos que perdió en el primer trimestre del año anterior.

Además, Velázquez justificó que las pérdidas del primer trimestre no se deben a la gestión de la compañía, sino a las variaciones en el tipo de cambio de la deuda de Pemex, que en más del 90% está contratada en divisas extranjeras.

El directivo destacó como un logro que el beneficio bruto de la compañía se ubicó en 145,731 millones de pesos, un 116.3% más frente al mismo periodo del año anterior.

Descontados los gastos de administración y distribución, la compañía «triplicó» su rendimiento de operación, con 11408 millones de pesos, un 268,9 % más. En parte, los rendimientos se explican por «la eficiencia operativa» que permitió una «reducción sustantiva» del costo de extracción de petróleo, al pasar de 14.06 dólares por barril en 2019 a los 11.15 dólares actuales.

Pemex perdió 21.417 millones de dólares en 2020 por la pandemia de la COVID-19, en lo que fue «la mayor crisis» de su historia, según admitió la propia compañía.

«Tenemos muy buenas noticias. En este primer informe, Petróleos Mexicanos da a conocer el quinto mes consecutivo de crecimiento en la producción de petróleo», dijo el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Además destacó que a pesar de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que en 2013 abrió el sector a la inversión privada, Pemex sigue produciendo «prácticamente la totalidad de la producción» en México, con casi el 99%.

En el mes de marzo, Pemex extrajo 1.76 millones de barriles diarios, encadenando así incrementos desde el pasado mes de octubre. No obstante, en el comparativo trimestral, la empresa extrajo entre enero y marzo 1.71 millones de barriles y todavía no ha alcanzado los 1.74 millones del mismo periodo del año pasado.

De momento, Pemex sigue exportando y en el primer trimestre de 2021 ganó 148.970 millones de pesos (7.230 millones de dólares) gracias a las ventas al exterior, un 19 % más.

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) presentó este jueves una controversia constitucional contra la polémica reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Cofece considera inconstitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promulgada el pasado 9 de marzo, al indicar que viola la libre competencia al favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en detrimento de las privadas, extranjeras y generadoras renovables.

«(Las medidas) eliminan las condiciones necesarias para que exista una dinámica de competencia en el mercado eléctrico, lo que se traduciría en una perturbación en las condiciones de oferta de la electricidad, así como en daños al consumidor y a la economía en general», argumentó la Cofece.

Y es que la reforma eléctrica elimina el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

La controversia de la Cofece se suma a la acción de inconstitucionalidad que presentaron los senadores de oposición en la Suprema Corte el 8 de abril.

Recordemos que adicional, los dos juzgados federales especializados en competencia económica suspendieron de forma indefinida la reforma el mes pasado en lo que el Poder Judicial se pronuncia sobre su constitucionalidad.

La Cofece consideró que la reforma es contraria a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad. «Quebranta la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión, lo que reduce la capacidad de competir de ciertos generadores y comercializadores», sostuvo la comisión.

La reforma eléctrica es parte de las medidas de López Obrador para «rescatar» a la CFE y Pemex del «saqueo» de las empresas privadas y extranjeras.

El Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) calculó que están en riesgo más de 451,000 millones de pesos invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables en nuestro país. Además, 28 empresas con un conjunto de 8,904 millones de dólares en inversiones están en posición de exigir indemnizaciones.

Ahora, la Suprema Corte tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la reforma mientras el presidente López Obrador ha acusado a algunos jueces de estar «al servicio» de intereses «particulares y extranjeros».

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno está cumpliendo el compromiso de no aumentar, en términos reales, los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, tal como lo prometió cuando asumió el poder.

Incluso dijo, además de no incrementar los precios, indicó que ha habido incluso una disminución.

Lo dicho por AMLO, se contrapuso con lo expuesto por el director de CFE Suministro Básico, Martín Mendoza, quien al intervenir en la conferencia matutina, reconoció un incremento en el costo de la luz debido al consumo «excedente» y al ajuste acumulado de la inflación.

«Sí hubo una condición de incremento obviamente, porque los clientes que estaban en el rango moderado o excedente, pues con un 20 por ciento más de su consumo pudieron experimentar 60 por ciento más en el costo, porque se van a un escalón excedente y ese no tiene mayor subsidio», dijo el funcionario.

Dijo que hay casos de quienes tuvieron un consumo excedente entre el 30% y 50%, y que pudieron experimentar hasta un 100% de aumentos, aunque aclaró que dicho incremento no está asociado a que hayan pasado a la tarifa doméstica de alto consumo.

Sin embargo, López Obrador insistió en el fortalecimiento de la CFE, lo que garantizará el abasto de energía ya que aseguró que la empresa nacional tiene capacidad de producción.

Sostuvo que la CFE es una empresa de los mexicanos y sin fines de lucro, por lo que su función fundamental es mantener las tarifas de la energía eléctrica por debajo de la inflación.

Martín Mendoza adelantó que para este 2021, la tarifa doméstica tendrá un crecimiento anualizado del 3.3%, de acuerdo con lo ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre no aumentar el costo mas que la inflación.

«La tarifa doméstica en el acuerdo con la Secretaría de Hacienda es que iba a tener un crecimiento anualizado de 3.3 por ciento, que fue el mandato del Presidente de no crecer más que la inflación. Actualmente la tarifa doméstica, esos 40 millones de clientes han experimentado un incremento acumulado súbito mensual del punto 2 por ciento», refirió.

Indicó que en el Acuerdo 39/2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril del 2020, se estipuló que ningún usuario será reclasificado a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC). Esta tarifa supone el costo más alto que puede pagar un usuario doméstico y se alcanza por la eliminación total del subsidio a los bloques iniciales del consumo.

Señaló que en el decreto se indica que a partir del 18 de abril de 2020 ningún usuario doméstico ingresará a la tarifa DAC independientemente de sus niveles de consumo, mientras que los que ya estaban en esta modalidad y reduzcan su nivel de consumo, podrán reclasificarse a la de subsidio.

Enfatizó que los consumos registrados durante la pandemia, aun cuando ésta concluya, no se contabilizarán para su reclasificación a tarifa DAC.

Sobre el tema energético, López Obrador aseguró que no se está impidiendo a particulares que participen en el mercado eléctrico, y muestra de ello dijo, algunas empresas se están acercando a la CFE para llegar a acuerdos.

«No se está impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico, es poner orden y establecer reglas claras. Muchos ya están acercándose a la CFE para llegar a acuerdos. Hay otros que más por razones políticas que económicas se van a juicio. Esa es otra cosa», recriminó el presidente.

La agencia Moody’s advirtió este jueves que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que aprobó esta semana la Cámara de Diputados luego de que la enviara el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), traerá un impacto negativo al sector porque socava la competencia y los objetivos de energía limpia del país, advirtió este jueves

«Los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica tendrán impacto crediticio negativo para el sector porque limitarán la inversión privada en renovables, al dar prioridad al despacho a CFE, sobre la generación privada», indicó Adrián Garza, analista vicepresidente sénior de la agencia calificadora.

Recordemos que el principal cambio de la iniciativa que envió AMLO y que se aprobó en Diputados,  es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

«Con esto, se pone en riesgo llegar a la meta de generación de energía limpia de 35% del total en 2024», indicó Garza.

Alertó que la reforma también elimina la obligatoriedad de las subastas eléctricas en las que participan privados, ordena revisar los contratos del Gobierno con particulares y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

Los cambios, dijo el analista de Moody’s, ocurren en un tiempo difícil para las crecientes necesidades energéticas del país, que dentro de los próximos 14 años tendrá un incremento de 2.8% en la demanda, con base en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen).

Pese a lo advertido por la calificadora, y que coincide con lo que han dicho diversos especialistas, el gobierno ha justificado la urgencia de la reforma para «fortalecer» a la CFE.

El plan de negocios de la CFE de 2021 a 2025 contempla proyectos de gas y ciclo combinado en lugar de renovables, por lo que la reforma aumentaría la dependencia sobre este combustible, que ya representa 60% de la generación de electricidad, observó Moody’s.

El proyecto de reforma ya se encuentra en el Senado, donde debe discutirse y votarse dentro de un plazo de 30 días por ser de carácter preferente.

Blanco o negro. El presidente parece ver solo esos dos colores. Lo demuestra en varias ocasiones, la más reciente tiene que ver con la industria eléctrica al comparar lo que ocurrió en Texas, cuando casi todo el estado se quedó sin suministro de energía eléctrica, con el apagón en gran parte de México.

“La crisis en el estado de Texas dejó dos grandes lecciones a los mexicanos: es indispensable la rectoría del Estado en materia energética y no apostar al uso de un solo combustible en la producción de electricidad. No podemos poner todos los huevos en una sola canasta para generarla”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La rectoría del Estado es blanco; la industria en manos de muchos – particulares y empresa estatal competitiva – es negro. Y así, con ese sencillo diagnóstico, AMLO piensa que México enfrentó mejor el problema de desabasto y que vamos por buen camino con la Ley de la Industria Eléctrica que fortalecerá más a la CFE. Como la CFE pudo reactivar el suministro mediante el uso de combustóleo y carbón, México tiene un mejor sistema eléctrico que Texas.

Blanco o negro: en manos de particulares o en manos del Estado. Así ve el presidente las alternativas en materia de energía.

El problema en Texas no es que tenga un sistema eléctrico en manos de muchos particulares. El problema en realidad es doble. Por una parte prácticamente no hay regulación. Las compañías no tienen que mantener reservas ni invertir en insular sus instalaciones para soportar los climas extremos si no lo quieren hacer. Y por la otra, el Estado pensó que al tener la demanda y oferta suficiente para autoabastecerse, no necesitaba estar conectado con otra red eléctrica. Al aumentar la demanda exponencialmente por el clima tan frío – algo que no ocurría hace 35 años – y al no tener instalaciones preparadas ni para el exceso de demanda ni para el clima extremo, el sistema entero colapsó. Tanto instalaciones de energía solar; eólica; nucleares; de carbón y de gas. Todas. Y no tuvo posibilidad de conectarse y abastecerse de las redes eléctricas de otros estados.

Paul Krugman recuerda en su columna de esta semana en el New York Times como el arquitecto de la red eléctrica de Texas, el profesor de Harvard, William Hogan, pronosticó que el mercado sería el encargado de que las empresas se regularan solas.

Pues el profesor Hogan estuvo equivocado. Lo que tiene que hacer Texas ahora es pensar en conectar su red eléctrica a otras fuentes además de a la actual, ERCOT, como lo hacen el resto de los estados de la Unión Americana. Además tiene que implementar regulaciones que aseguren las reservas y la inversión en las instalaciones para momentos de crisis.

Ese mismo reto lo tiene también México. Creer que fortalecer a la CFE va a ser la solución es un error monumental. Lo que hará es volvernos más vulnerables porque los monopolios estatales no tienen incentivos para auto regularse. Es además poner todos los huevos en una canasta, la de la compañía estatal, justo lo que dice el presidente que debemos evitar como lección de lo ocurrido en Texas.

Apostilla: Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación respecto a irregularidades por más de 67 mil millones de pesos en el 2019 es lamentable, no por lo que muestran, sino por lo muy poco que se puede hacer con estos señalamientos. La ASF no tiene dientes. No los tenía antes y ahora que claudica ante la mínima presión presidencial, menos.

Columna completa en El Universal