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La Secretaría de la Función Pública (SFP) otorgó una suspensión definitiva a la inhabilitación que había impuesto con anterioridad a la empresa farmacéutica Laboratorios PiSA, por un periodo de 30 meses.

«Se decreta la suspensión definitiva de la ejecución de la inhabilitación de treinta meses para participar en algún procedimiento de contratación, toda vez que se actualiza la apariencia del buen derecho y se atiende al interés social y al orden público», publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la SFP.

En la circular emitida, la dependencia señaló que únicamente se «paralizaba temporalmente» la ejecución de dicho acto, sin que ello implique que con la suspensión de mérito se impida a la autoridad demandada hacer efectiva su sanción, en caso de que la sentencia definitiva no sea favorable a la accionante.

Recordemos que el 21 de octubre del año pasado se dio a conocer la sanción a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Laboratorios Pisa con una inhabilitación de 30 meses y una multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una, por proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Y aunque fue la propia SFP quien emitió la circular en la que emitió la suspensión, en una nota informativa aclaró que dicho acto deriva de una resolución de la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

Advirtió que a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos, continuarán defendiendo la legalidad de la sanción impuesta a la empresa farmacéutica.

«De ningún modo la medida cautelar otorgada por el Tribunal significa que se haya resuelto el fondo del asunto y, por ende, que se haya declarado nula la resolución por la que se inhabilitó y sancionó a la empresa», dijo la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval.

Autoridades federales insistieron esta mañana que México recibirá la próxima semana un cargamento con las 200,000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V, esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acordara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la compra de 24 millones de dosis.

«El primer embarque llegaría la próxima semana. Alrededor de 200,000 vacunas en el primer embarque», informó el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer Aguilar, durante la conferencia de prensa matutina, a la que por segundo día no asistió el presidente López Obrador, quien se encuentra en aislamiento debido a su contagio de Covid-19.

Ferrer detalló que el gobierno está «estudiando todos los aspectos técnicos» como el volumen de la carga y la dimensión de las aeronaves necesarias para el traslado de las dosis, algo de lo que se encargan las Fuerzas Armadas.

Aunque el funcionario aseguró que el fármaco ruso da «una nueva esperanza para atender a un mayor número de población» frente a una pandemia que este lunes superó los 150,000 muertos en nuestro país.

El titular del INSABI detalló que hoy podría firmarse el contrato para la adquisición de la vacuna rusa, el cual está a cargo del subsecretario Hugo López-Gatell y el secretario Jorge Alcocer; una vez que se defina la fecha de firma, se establecerá cuándo sería el pago que finiquite el mismo, y a partir de ahí, sea un periodo de aproximadamente una semana para que lleguen las primeras dos a México.

Llama la atención que se confirme la llegada del fármaco para la próxima semana, cuando todavía no ha sido autorizado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso de emergencia en México.

Sobre ese tema fue cuestionado Ferrer Aguilar en la conferencia matutina, sin embargo, dirigió su respuesta a otra cuestión. Se limitó a decir que todos los laboratorios con quienes la Secretaría de Salud establece contacto, envían tres requisitos para explorar el registro sanitario, el cual se va nutriendo conforme avanza la plática.

«Te voy a decir algo: aunque existan vacunas en diferentes países del mundo (…) todos los país estamos volcados a buscar esas vacunas; entramos en negociación con ellos, en este caso la negociación va avanzada y está a punto de firmar ese contrato y con la intervención que hizo el señor presidente con el presidente de Rusia Vladimir Putin pues esto se aceleró; entonces es  posible que ya estemos firmando el convenio el contrato hoy», añadió.

Incluso dijo que según informes de la Secretaría de Hacienda, México tiene 4,000 millones de dólares para que cualquier vacuna que esté a disposición, pueda ser pagada y con ello asegurar su llegada.

El acuerdo con Rusia por las nuevas dosis de su vacuna se suma a las ya comprometidas con otros laboratorios: 34.4 millones de la estadounidense Pfizer; 77.4 millones de la británica AstraZeneca y 35 millones de la china CanSino.

El plan de vacunación de México, que comenzó el 24 de diciembre, avanza de forma lenta. Al día de hoy se han suministrado 624,105 dosis de la vacuna de Pfizer, y solo 28,715 personas han recibido las dos dosis necesarias de esta vacuna.

Según ha informado el gobierno federal, el objetivo es haber vacunado este enero a todo el personal de salud, comenzar en febrero a vacunar a los adultos mayores y en 2022 haber inmunizado de forma gratuita a los 126 millones de mexicanos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió apoyar el deporte en México, específicamente el Béisbol; entre esos apoyos, ayer, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) asignó un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas de Palenque.

Sin embargo, lo que llama la atención en dicho contrato, es que el fundador y directivo del equipo de béisbol beneficiado es nada más y nada menos que Pío López Obrador, hermano del presidente.

Según una investigación de la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el contrato fue otorgado a la empresa Alz Construcciones SA de CV, originaria de Tuxtla Gutiérrez. Dicha adjudicación llamó la atención, pues aunque hubo propuestas más económicas, se terminó asignando en segundo vuelta a una propuesta más elevada.

En una primera ronda de la licitación, la SEDATU descalificó a los 26 postores que concursaban por supuestos incumplimientos en los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. En la primera ronda hubo un consorcio de cuatro constructoras que presentó una propuesta 33 millones de pesos más barata que la que finalmente fue declarada ganadora. Mientras que en la segunda vuelta hubo una constructora que propuso ejecutar la obra 12.5 millones de pesos más barata.

Ambas propuestas fueron desechadas por el comité de evaluación de la SEDATU por aspectos técnicos, como no haber entregado los currículums del personal propuesto para la obra y por no haber acreditado experiencia en obras similares.

El contrato refiere una rehabilitación del estadio, que incluye la construcción de nuevas tribunas, palcos, 12 locales distribuidos a los lados del vestíbulo de acceso, seis baños para los espectadores, dugouts para los equipos y vestidores con regaderas, lockers y sanitarios para los jugadores. El contrato también contempla obras de mejoramiento en la unidad deportiva en la que se localiza el estadio. Se colocarán luminarias en pisos y postes, líneas de led suspendidas en plafones, reflectores para la cancha y actualización para alumbrado exterior del estadio de béisbol.

El estadio es propiedad del municipio de Palenque, según consta en su inventario de inmuebles de 2020.

Recordemos que el 13 de noviembre de 2018, dos semanas antes de tomar posesión como presidente, López Obrador entrenó en el estadio de Palenque y vistió el uniforme de las Guacamayas, según se puede apreciar en fotografías compartidas en las redes sociales del equipo.

Fue en esa visita en la que se comprometió a apoyar el béisbol en Palenque, municipio chiapaneco donde tiene su rancho de descanso.

 

Investigación completa de MCCI

El gobierno de Ciudad de México justificó este lunes otorgar el contrato de la modernización de la línea 1 del metro al consorcio de la empresa CRRC Zhuzhou Locomotive, subsidiaria de China Railway, que tiene una historia polémica en el país.

En rueda de prensa, el gobierno capitalino confirmó que pagará 37,374 millones de pesos a CRRC en un plazo de 19 años, un 3.5% por debajo de lo autorizado por el Congreso local de 38,734 millones de pesos.

En cambio, la española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) presentó un presupuesto de 54,122 millones de pesos, por lo que desistió, señaló Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

«La empresa española, desgraciadamente, no pudo competir porque sus montos fueron muy altos», expresó Serranía.

La explicación del gobierno llega después de que el viernes se diera a conocer que asignó el contrato al consorcio liderado por CRRC, con la participación de la española Coalvi y la francesa Thales, para modernizar la línea 1 del metro de Ciudad de México.

Recordemos que CRRC, que también ha mostrado interés en el Tren Maya, ha protagonizado polémicas con el gobierno federal en el pasado, por la cancelación del tren México-Querétaro durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

En 2014, México revocó la licitación otorgada a China Railway un día antes de revelarse que la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una mansión a Grupo Higa, contratista del gobierno con participación en la firma Teya, socia local de CRCC.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que también ha acompañado las licitaciones del Tren Maya, defendió este lunes la adjudicación del contrato.

«Hemos obtenido dos oferentes, y eso lo puedo decir con absoluto conocimiento, ambos de altísima calidad, cualquier persona que revise las dos ofertas propuestas observará que la calidad de las ofertas realmente son ajustadas a lo que el Metro necesitaba», aseveró Marcelo Pérez, asesor en financiamiento de infraestructura de la UNOPS.

En el plan de modernización, por el que se adjudicó el contrato, se contempla añadir 30 trenes «más grandes y modernos» de 2020 a 2024, rehabilitar las vías y los sistemas eléctricos, y aumentar la frecuencia de 30 a 36 trenes por hora.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que se privatice al aclarar que el contrato es una obra pública financiada.

«La operación del Metro es pública y siempre va a ser pública y lo que estamos haciendo, por ser una obra de muchos recursos económicos, es financiarla como se hace en otros países del mundo, este financiamiento no es con deuda pública, sino es un financiamiento que otorgan los privados», precisó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que uno de los exfuncionarios del Senado que aparecen en el video filtrado a inicios de semana, recibiendo fajos de billetes atribuidos a supuestos sobornos por parte de personal de Pemex, es contratista del actual gobierno federal.

El IMSS informó que del 2018 al 2019, las delegaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han signado 56 contratos con la empresa Comercializadora Integral Rayfour S.A. de C.V., en la cual Rafael Jesús Caraveo Opengo es el socio mayoritario.

Los 56 contratos que se tienen con la empresa de Caraveo Opengo son para la compra de material de curación y de aseo.

53 de los contraros fueron para la delegación de Campeche; dos en Yucatán y uno en Quintana Roo; en total, los contratos equivalen a un monto de 1.8 millones de pesos. El monto en promedio de cada compra es por 33 mil pesos.

Sin embargo, el Instituto aclaró que de manera centralizada, no ha hecho compras con dicha empresa.

Tras conocerse el video en que aparece el excolaborador de los senadores del PAN, el IMSS señaló que iniciará una investigación a los contratos que se firmaron en 2019, para que en caso de encontrarse alguna observación se de aviso a los órganos de fiscalización.

Detalló que 49 de los contratos se concentraron en el primer semestre del 2019, es decir, el 89; seis se concentraron en el segundo semestre, el 11%.

El IMSS enfatizó que todos los contratos que ha suscrito están publicados en el portal Compranet, y reiteró que las licitaciones y contrataciones se realizan conforme a la legislación aplicable, «con base en la transparencia, publicidad y legalidad y por ningún motivo se dará pie a actos de corrupción».

Rafael Caraveo Opengo fue secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República encabezada por el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, a quien según las declaraciones de Lozoya Austin, se le entregaron sobornos por ordenes de Luis Videgaray con el fin de apoyar la aprobación de la reforma energética.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó este lunes que inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por 24 y 27 meses respectivamente, para no realizar operaciones con ninguna entidad gubernamental.

Adicional, la dependencia indicó que se le impusieron a la empresa dos multas, que suman más de dos millones de pesos, por haber lucrado indebidamente con la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

Y es que el pasado 17 de abril, la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa un contrato para la compra de 20 ventiladores respiratorios, pese a que a la empresa no produce insumos médicos. Sin embargo, tras ser denunciada dicha adjudicación, se reveló que la contratación se sustentó en falsedades.

Entre las anomalías detectadas, se encontró que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Además, se concluyó que la supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación.

La SFP señaló que las investigaciones realizadas demostraron que la empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados, pues los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación.

Adicional, precisó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Confirmó que se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, 11 estaban rotos y totalmente inservibles.

«Durante el viejo régimen no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos, inmorales y evidentes, como el icónico FOBAPROA, que mermó la riqueza de la nación por generaciones y que incluso hoy seguimos pagando. Hoy, en estricto apego a la legalidad y garantizando el debido proceso para todos los involucrados, el gobierno actúa y sanciona todas las infracciones cometidas, incluso sin que se hubiera consumado ningún daño al erario», precisó la SFP a través de un comunicado.

Además de las sanciones a Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., la dependencia informó que se investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición, por lo que se ordenó como medida cautelar la suspensión de cuatro servidores públicos investigados, adscritos al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que no se tolerará la corrupción ni se permitirá la impunidad o el influyentismo; recordó que en la actual administración «no hay intocables ni perseguidos”.

Finalmente, la Secretaría de la Función Pública indicó que desde el 27 de febrero, que se confirmó el primer caso positivo de Covid-19, a recibido 722 denuncias ciudadanas por posibles irregularidades administrativas en instituciones sanitarias, y precisó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector Salud, para asegurar que la emergencia no sea utilizada como «pretexto para encubrir desfalcos al pueblo de México.

El diario El Universal reveló este miércoles que una empresa fundada por la familia del expresidente Enrique Peña Nieto, Plasti-Estéril, S.A. de C.V., de la que él aparece como socio fundador, fue beneficiada con millonarios contratos otorgados a Baxter International Inc.

Actas notariales dan cuenta de que Plasti-Estéril, S.A. de C.V., es “empresa hermana” perteneciente al Grupo Corporativo Baxter, así como Baxter, S.A. de C.V., y Plasti-Estéril Servicios, S.A. de C.V.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V. se fusionó con la compañía beneficiada, e incluso cedió derechos a la estadounidense Baxter.

Dichos contratos alcanzan los 12 mil 170 millones 104 mil 242 pesos , tan solo durante su sexenio.

El negocio familiar de plástico estéril, usado como material médico, fue fundado en Atlacomulco, Estado de México, de donde Peña Nieto es originario. En el registro de comercio, con el folio mercantil 104, aparece que los fundadores son el expresidente Enrique Peña Nieto, su padre Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime.

Plasti-Estéril, S.A. de C.V., cuenta con 52 movimientos registrales ante el Registro Público de Comercio del Estado de México, aunque en ninguno manifiesta modificación, integración o transferencia de acciones a otras personas.

El objeto social primordial de la compañía es la fabricación, distribución, comercialización e importación de productos plásticos estériles para hospitales e industria farmacéutica.

El Universal accedió a diversos documentos como registros públicos comerciales, de marca y notariales, en los que se encontró que Baxter, S.A. de C.V., obtuvo cada año decenas de contratos que sumados arrojaron más de mil millones de pesos anuales con dependencias federales entre los años 2013 y 2018.

En 2015, año de elecciones federales y estatales, la cantidad se multiplicó: la empresa ganó 5 mil 669 millones de pesos.

El diario relata que, según la plataforma Compranet, existen contratos a favor de Baxter, S.A. de C.V., desde 2002; fue 10 años después que la empresa tomó notoriedad con el otorgamiento de contratos que ascienden a miles de millones de pesos a partir de 2012 como proveedor de dependencias federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hospitales dependientes de la Secretaría de Salud, Sedena y Petróleos Mexicanos, entre otros.

Ya con EPN en el poder, en 2013, el emporio farmacéutico obtuvo 84 contratos por mil 025 millones 274 mil 919 pesos; en 2014, mediante 210 contratos, sumó mil 695 millones 964 mil 070 pesos. En 2015, cuando el país vivió elecciones intermedias, Baxter, S.A. de C.V., obtuvo 190 contratos por la suma de 5 mil 669 millones 019 mil 444 pesos.

Con 125 contratos en 2016 obtuvo mil 149 millones 671 mil 265 pesos, en tanto en 2017 con 288 contratos alcanzó un monto de mil 159 millones 982 mil 506 pesos y en la recta final del sexenio, es decir, 2018, con 150 contratos consiguió mil 470 millones 192 mil 038 pesos.

Sin embargo, los beneficios para la empresa no acabaron con el fin de la administración de Peña Nieto; en 2019, ya con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al frente del gobierno, se le asignaron 132 contratos por un monto de mil 136 millones 374 mil 018 pesos.

Sobre el tema, fue cuestionado esta mañana el presidente López Obrador; señaló que se debe de investigar si está involucrado el exmandatario, además de que pidió revisar desde cuándo está operando la empresa y qué contratos ha recibido en la presente administración.

«Hay que investigar si está involucrado el expresidente Peña Nieto, y hay que ver desde cuándo está operando la empresa, qué contratos ha recibido (…) ver en la administración actual qué contratos ha recibido y por qué, si fueron asignaciones directas, si fueron licitación, ver todo esto», respondió AMLO.

Al preferir no profundizar en el tema, López Obrador recordó que «venimos de un régimen caracterizado por la corrupción y lleva algún tiempo limpiar. Estamos barriendo las escaleras, se está limpiando, se está barriendo de arriba para abajo, estamos poniendo bastante cloro y jabón, y desinfectante y todo, limpiando, limpiando, saneando».

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció este viernes el fallo de la licitación pública internacional para la construcción del Tramo 3 del Tren Maya.

El consorcio ganador fue: Construcciones Urales, S.A. de C.V en convenio de asociación con GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V y la española AZVI, S.A.U, El Tramo 3 recorrerá 172 kilómetros aproximadamente, desde Calkiní, Campeche a Izamal, Yucatán.

Fonatur destacó que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) le brinda asesoría técnica para fomentar las mejores prácticas en procesos de contratación.

Señaló que de  manera  paralela  e  independiente, la  UNOPS  llevó  a  cabo  un análisis de las 16 ofertas recibidas el pasado 28 de abril, y ambas partes concluyeron que el consorcio ganador representa  la  mejor  relación  precio-calidad  para  Fonatur  y  el  proyecto  Tren Maya.

«La propuesta presentada por este consorcio cumple con los criterios formales y de elegibilidad establecidos en el pliego de bases. En criterios de cualificación, cumple con los requerimientos legales y administrativos, cuenta con capacidad, experiencia técnica y financiera requeridas. En cuanto a los criterios técnicos este consorcio se situó como la mejor oferta técnica en los rubros: calidad de obra, capacidad del licitante, experiencia y especialidad del licitante, cumplimiento de contratos y contenido nacional y mano de obra. El ganador obtuvo 95.09 puntos como suma en ambos criterios», detalló el orgaismo.

Indicó que el consorcio presentó su oferta económica el 28 de abril en el evento de Apertura y Recepción de Propuestas para la Licitación Pública Internacional del Tramo 3 del Tren Maya, por un monto de $10,192,938,694.58 pesos.

De acuerdo al calendario establecido, los trabajos de obra para el Tramo 3 iniciarán el 25 de mayo, al contar con la autorización de la Secretaría de Salud  y  aplicando  las  medidas  de  prevención  sanitaria a raíz de las restricciones que hay en el país por la pandemia de Covid-19.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) levantó un acta de rechazo para devolver los 20 ventiladores que compró a León Manuel Bartlett, hijo del actual director de la CFE, en 1. 5 millones de pesos cada uno, los más caros de cuantos había comprado el gobierno federal hasta el 1 de mayo, ya que presentaban características distintas a las contratadas.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia explicó que el 8 de mayo, el órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Hidalgo, y luego de una revisión física, detectó que además los ventiladores no contaban con pantalla táctil, es decir no cumplían con los requerimientos funcionales acordados.

En la carta invitación que el IMSS envió el 16 de abril a Víctor Hugo Pérez Solares, representante legal de Cyber Robotics, para la adquisición directa de los ventiladores, se precisó que el equipo solicitado debería contar con «pantalla táctil a color que muestra gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento».

Ahora, el 8 de mayo pasado, el responsable del Hospital General de Zona 1, el subdirector médico, el jefe de Conservación y el de Control de Bienes de esa institución levantaron un Acta de administrativa de Rechazo de Bienes por las fallas, los daños y porque el equipo no correspondía con las características técnicas acordadas.

Fuentes en el IMSS confirmaron a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que se entregó el producto pero cuando se inició el proceso de revisión detectaron que los ventiladores no cumplieron al 100 por ciento con las especificaciones técnicas, por lo que los 31 millones de pesos aún no se pagaban.

Recordemos que fue MCCI quien dio a conocer que el pasado 30 de abril el IMSS firmó un contrato para la adquisición de 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que realiza una investigación por la compra de ventiladores pulmonares que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

La investigación se desprende de la investigación que presentó la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) la semana pasada, sobre que la delegación del IMSS en Hidalgo adjudicó de manera directa a Cyber Robotics Solutions un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para atender la pandemia por Covid 19.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos,  el precio más alto pagado por el gobierno federal desde que se declaró la emergencia sanitaria, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por MCCI.

Tras la publicación del reportaje, Bartlett Álvarez dijo en la red social Twitter que el proceso de compra fue legal, transparente y cumpliendo con la normativa establecida, y  señaló que el Gobierno de la Ciudad de México compró ventiladores 72 por ciento más caros que los de él.

Sin embargo, la Secretaría de la Función Pública informó que desde el día de la publicación del reportaje el órgano interno de control del IMSS abrió un expediente de investigación por la adquisición de ventiladores pulmonares por parte de la delegación del IMSS en el Estado de Hidalgo.

«Durante el fin de semana se realizaron ya los primeros requerimientos de información al IMSS, e incluso, la propia secretaria (Irma Eréndira) Sandoval Ballesteros giró un oficio al Director General del instituto para contar con mayores elementos para resolver este caso con celeridad», dijo la ependencia.

Afirmó que no sólo se va a castigar a los funcionarios, sino a los actores que especulan contra el Estado y el interés público, por lo que, de ser necesario, se dará vista penal, para lo que se espera la colaboración de las fiscalías General de la República y Especializada en Combate a la Corrupción.

La SFP manifestó que para hacer más eficaz el gasto público, han puesto énfasis en las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el Covid-19, su transparencia y que se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.

«Durante la actual contingencia, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales y no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación. Asimismo, que el desempeño se ajuste a los criterios de razonabilidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y austeridad republicana», señaló la dependencia en un comunicado.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno, a través de la Secretaría de la Función Pública, investigaría la asignación del contrato a la empresa de Bartlett Álvarez.

«Quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado, y no debe de permitirse la impunidad».

La delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo asignó a Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, un contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.

Cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por Covid-19, de acuerdo con una revisión de contratos públicos realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El contrato a Cyber Robotics fue asignado el 17 de abril por el IMSS, pese a que el mismo día,  el Instituto pagó 880 mil pesos a otro proveedor llamado Conduit Life, por un ventilador de similares características, pero importado de Eslovaquia.

En la revisión de contratos se compararon los precios pagados por el Gobierno federal por ventiladores de similares características, descritos por el Consejo de Salubridad General como “equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes que tienen comprometida la función respiratoria”.

MCCI detectó una diferencia de hasta 85% entre el precio más barato y el más caro.

Desde el 27 de marzo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó un decreto para que el gobierno federal pudiera adquirir de manera directa y sin licitaciones equipo médico, se han efectuado 30 procedimientos de asignación para la compra de ventiladores respiratorios.

La primera compra fue la que hizo el IMSS el 30 de marzo a Levanting Global Servicios LLC, empresa que se comprometió a entregar dos mil 500 respiradores provenientes de China, a un precio promedio de 888 mil pesos.

El mismo día la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignó a la empresa Gestión en Riesgos de Desastres SA de CV el contrato para comprar 1,330 ventiladores originarios de China y España, cada uno a un precio de 898 mil pesos, equivalente a 37 mil 500 dólares al tipo de cambio de la fecha de la adjudicación.

Recientemente: el 20 de abril el IMSS acordó pagar 983 mil pesos por ventiladores provenientes de Estados Unidos a la empresa Bidcom Energy, y el ISSSTE asignó al día siguiente un contrato a Médica D SA de CV para comprar cada equipo en 980 mil pesos.

Comercial de Especialidades Médicas SA de CV obtuvo el pasado 29 de abril un contrato para vender a la delegación del IMSS en Guanajuato 40 ventiladores fabricados en Alemania, cada uno a un precio promedio de 826 mil 455 pesos.

En los documentos que el sistema de compras del Gobierno ha hecho públicos, el mayor precio de los ventiladores corresponde a la empresa de Bartlett Álvarez, quien vendió cada equipo en 1.5 millones de pesos.

 

Para consultar la investigación completa en MCCI 

La empresa Abisalud, que el exdelegado Carlos Lomelí Bolaños no reconoce como suya, recibió en marzo pasado un nuevo contrato, de adjudicación directa, por más de 7 millones de pesos.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) asegura que, pese a estar investigada, la empresa puede seguir vendiendo a la administración federal.

Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) recibió un contrato por adjudicación directa con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que depende de la Secretaría de Salud federal, y es para el servicio integral de dispensación de medicamentos y distribución de material de curación.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien publicó el año pasado que el entonces funcionario de la Secretaría de Bienestar era el centro de una red farmacéutica conformada por al menos nueve empresas, una de ellas Abisalud, que de 2013 a 2019, recibió al menos 150 contratos públicos por 2 mil 188 millones de pesos.

Aunque Lomelí negó cualquier relación con Abisalud, MCCI mostró que el exsuperdelegado contó con autorización en Banorte para retirar fondos de la cuenta bancaria de esa farmacéutica, según documentos contenidos en un expediente judicial donde la empresa es acusada de fraude al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.

En julio del año pasado la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que existían siete investigaciones en contra de Lomelí, quien renunció a su cargo casi dos meses después de darse a conocer las investigaciones en su contra.

Con respecto al nuevo contrato, Raymundo Alva, director general de comunicación social de la SFP, dijo que en tanto hay procesos en curso, no pueden dar más información sobre si existe una investigación contra Abisalud;  más tarde Rodolfo Hernández, director de información de la dependencia, informó vía telefónica que mientras no exista una sanción en firme (como no ha ocurrido) la compañía puede seguir recibiendo contratos y participando en licitaciones públicas.

Consultar completa la investigación en MCCI

Un consorcio en el que participan Hokchi Energy, Wintershall Dea y Talos Energy renunció a un contrato petrolero en aguas someras en México por falta de descubrimiento comercial tras la perforación de dos pozos exploratorios, dijo el miércoles la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Uno de los pozos perforados en el área halló gas pero no en cantidades con viabilidad comercial y el otro resultó invadido con agua salada, dijo un funcionario de la CNH, en la sesión transmitida por internet en la que se anunció la renuncia de las empresas al contrato, por el que regresarán el bloque al Estado.

El contrato, correspondiente al área dos subastado en la primera licitación en aguas someras del Golfo de México, fue adjudicado en julio del 2015 a Talos Energy, Premier Oil y Sierra Oil & Gas, consorcio que ganó en esa oportunidad otro bloque en el que se encuentra Zama, un yacimiento con cerca de 1,000 millones de barriles de crudo.

Actualmente, y tras un reacomodo en el consorcio del que salió Premier Oil, Hokchi Energy, el operador del bloque, tiene el 47.5% en el proyecto, Wintershall Dea el 27.5% y Talos Energy el 25%.

A Hokchi Energy le fue aprobado en mayo del año pasado un plan de desarrollo de 2,500 millones de dólares para el campo Hokchi, también en aguas someras del Golfo, que incluye la instalación de dos plataformas de producción e instalaciones en tierra para producción de hasta 147,800 barriles por día de crudo

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue consultado sobre el contrato que ganó la empresa BioPappel Scribe en la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual es dirigida por su compadre, Miguel Rincón.

Y es que se dio a conocer que BioPappel obtuvo un contrato por 142.8 millones de pesos con fecha del 6 de septiembre, y el cual es por concepto de recolección del cartón y papel de desecho y su permuta por papel nuevo.

«¿Cómo va a resolver ese dilema, le va a quitar todos los contratos por ser su compadre o lo va a beneficiar siendo contratista del gobierno?», se le cuestionó a AMLO. El mandatario respondió que será un tema que tendrá que ver la Secretaría de la Función Pública (SFP).

López Obrador pidió que sea la SFP quien emita un dictamen para que no haya sospecha alguna en la adjudicación de dicho contrato.

«Que se aclare todo, todo, todo, trátese de quien se trate y que la Función Pública emita un dictamen», dijo el presidente.

Al ser consultado sobre si había hablado con su compadre sobre el tema, AMLO dijo que no, y que no sabía de dicho contrato; afirmó que se iba enterando de los hechos en la mañanera.

Finalizó el tema asegurando que en su gobierno no se permitirá corrupción, impunidad, e hizo un llamado a todos los mexicanos a «portarse bien».

Una de las grandes promesas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue que vendería el avión presidencial que “ni Obama tenía”. Así lo repitió en varias ocasiones durante su campaña y, apenas llegó a la Presidencia, se ha rehusado a volar en él. Muy rápido, la Secretaría de la Defensa contactó a Boeing, la empresa que le arrendó el TP-01 a Banobras, para mandarle el avión de regreso para estacionarlo en uno de sus hangares, en lo que se vende.

Recordemos que este avión no es propiedad del gobierno federal aún porque el contrato entre Boeing y Banobras se firmó en noviembre de 2012 a un costo de 2 mil 952 millones de pesos que se deberían pagar en 15 años. Así, la factura del avión presidencial aún no es del gobierno mexicano, es de Boeing.

Pero aún sin ser dueño del avión, el presidente ha dicho que lo venderá y que el dinero del TP-01 lo destinará al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. En la Conferencia Mañanera del 12 de junio, el presidente dijo textual: “Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto, lo dije ayer y lo repito, donde comen uno comen 10, 100 y un millón. Además, miren, ayer recibí el avalúo de la ONU sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba, me quedé con la duda de 130 o 150; pero este dinero saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el que buscaba que se acabara la opulencia, que se viviera en la justa medianía”.

Quizás valdría la pena que el presidente revise sus números… o, más bien, los números de los mexicanos, que somos quienes estamos financiando mediante nuestros impuestos el arrendamiento del hangar en el que está el avión presidencial y las mensualidades que se siguen pagando mientras el avión está estacionado en Victorville, California.

El contrato entre Boeing y la Sedena al que tuve acceso y que está firmado el 27 de diciembre del 2018 por el General de División Manuel de Jesús Hernández González, muestra que el primer año de tener el avión estacionado está costando $719 mil 321 dólares, solamente por el espacio y por la vigilancia del avión. Esto no incluye los daños que pueda sufrir el TP-01 que está estacionado a la intemperie y de cuyo deterioro no es responsable Boeing sino el gobierno mexicano.

¿Por qué se quiso enviar el avión a California a dejarlo estacionado a la intemperie en lugar de tenerlo igual, estacionado, en el hangar presidencial que se construyó específicamente para este TP-01? Quién sabe.

Pero este costo tampoco incluye arreglos extras ni partes que se le tengan que comprar al avión. Si se llega a requerir trabajos de alguna empresa o trabajador externo a Boeing, por ejemplo, el costo por día es de 2 mil 750 dólares más horas extras. Todo este costo le ha estado llegando al gobierno mexicano cada tres meses para que lo vaya liquidando puntualmente.

A este costo de tener estacionado el avión en California, que en el hangar presidencial de México sería cercano a cero, hay que sumarle los pagos mensuales que debe hacer Banobras que todavía debe liquidar poco más de 2 mil millones de pesos.

Así, entre los vuelos comerciales; las mensualidades de Banobras, y el costo de tener el avión estacionado, está saliendo bastante caro esto de vender el avión que ni Obama tuvo.

 

Columna completa en El Universal

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a la nota periodística que publicó el diario Reforma acerca de que en la revisión del contrato colectivo con el sindicato de trabajadores petroleros, su dirigente, Carlos Romero Deschamps, haya «vencido» a la 4T.

«Aprovecho para pedirle al Reforma que revise cómo se llevaron a cabo las cosas (…) porque contrario a lo que dice El Reforma, obtuvimos un ahorro en prestaciones que se otorgaban a dirigentes sindicales, obtuvimos un ahorro de mil 600 millones de pesos», indicó el mandatario.

Al respecto dijo que le pedirá al director de Pemex, Octavio Romero, que dé a conocer los términos en que se firmó el contrato, con el fin de que no haya espacio para especulaciones. Indicó que siempre aclaran la información errónea que se publique.

AMLO dijo que celebra que se haya firmado el acuerdo sobre el contrato.

Adelantó que se mantuvieron las prestaciones a los trabajadores, pues es lo que se buscó, que no hubiera nada que les afecte a ellos; enfatizó que el ajuste se hizo «arriba», es decir, en lo que establece el contrato colectivo de apoyos para los dirigentes. Entre las cosas que se revisaron fueron: gastos de comisión o de viáticos.

Precisó que el acuerdo implicó una disminución del orden del 80%.

«No dejo de reconocer también que hubo voluntad de parte de los dirigentes, porque se trata de algo que ya habían logrado, que tenían establecido en el contrato y en este caso fueron sensibles y entendieron que ya no es posible mantener esas prestaciones, muy especiales para la dirección del sindicato», remató el presidente.

En ese sentido, AMLO fue cuestionado sobre si entonces el gobierno es complaciente con el sindicato, a lo que respondió que más bien era respetuoso, pues lo que se buscó fue convencer de que ya no puede haber privilegios para nadie.