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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene en marcha una licitación para adquirir hasta 3 millones 500 mil watthorímetros, la mayor compra de estos aparatos que se realiza en los últimos años. IUSA, empresa de Carlos Peralta, y Conymed, cuyo accionista formal es el cuñado de Peralta, Andrés Tort, se presentaron a la licitación pese a estar involucrados en una investigación por prácticas monopólicas en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

 

Como ha sucedido en los últimos cinco años, las empresas Controles y Medidores Especializados (Conymed) y IUSA, ambas ligadas a Carlos Peralta Quintero, se perfilan para ganar los contratos que se desprendan de la licitación que la CFE tiene en marcha para adquirir hasta 3 millones 532 mil medidores de luz de baja tensión, y cuyo fallo se tiene previsto para este 26 de abril, a las 09:00 horas.

 

La compra de medidores es una de las principales adquisiciones que realiza la CFE. En este 2018, los contratos que se entreguen a los ganadores de esta licitación podrían sumar hasta más de 4 mil millones de pesos. Desde 2013 y hasta 2017, IUSA y Conymed han sido las grandes beneficiadas de las licitaciones de la CFE para la adquisición de medidores; en conjunto, obtuvieron contratos que suman poco más de 11 mil 833 millones de pesos.

 

Una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada el 19 de junio de 2017, mostró cuál es la fórmula de Carlos Peralta para coronarse como el gran ganador de las licitaciones de la CFE. Su método consiste en participar en las licitaciones con dos compañías que, en apariencia, no tienen nada qué ver pero que sí están ligadas: IUSA y Conymed.

 

En octubre de 2017, la Cofece anunció la apertura de una investigación por posibles prácticas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de los medidores de luz adquiridos por la CFE.
Esta investigación, que sigue en curso, no impidió a IUSA y a Conymed a presentarse como participantes en la licitación del 2018 para la adquisición de medidores.

 

Con información de MCCI / Foto: Twitter @ElInformanteMX

El gobierno de México prohibió a todas las dependencias y entidades de la administración pública celebrar contratos con una unidad local de la brasileña Odebrecht.

 

 

La circular fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, en donde se indica que todas las dependencias”deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno, con dicha persona moral, por encontrarse inhabilitada temporalmente por el plazo de 2 (Dos) Años 6 (Seis) Meses”, esto en referencia a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A.

 

Sin embargo se sabe que los contratos adjudicados y que están formalizados con la empresa, están exentos de esta restricción.

 

 

Luego de los planteamientos que ha hecho el candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre frenar las licitaciones petroleras y revisar los contratos existentes, fue la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) quien se posicionó al respecto.

 

Juan Carlos Zepeda, comisionado presidente de la CNH, detalló que “no hay forma de rescindir y cancelar estos contratos más allá de lo que señala la Ley”.

 

Explicó que entre las causas que se señalan es que las empresas petroleras abandonen trabajos de inversión, incumplan con trabajos mínimos, ocurra un desastre ambiental atribuible en responsabilidad al contratista o incumplir un laudo de un tribunal.

 

Sin embargo descartó que puedan cancelarse los contratos solo por decisión presidencial. Además reiteró que el único organismo facultado para cancelar los contratos es la Comisión que preside.

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

El Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia, Eduardo Sánchez, aseguró que la selección del lugar donde hoy se construye el nuevo aeropuerto fue producto de muchos años de análisis practicados por los expertos más reconocidos a nivel mundial, por lo que pidió no subestimar la viabilidad del proyecto.

 

 

“Es la mejor opción posible y está en el mejor lugar posible”, dijo el vocero del Gobierno de la República, y añadió que el nuevo aeropuerto se edifica conforme a los más altos estándares mundiales en materia constructiva, medioambiental, de transparencia y financiera, y su puesta en operación, contemplada para finales de 2020, dijo no sólo resolverá la situación que padecen los usuarios del actual aeropuerto Benito Juárez, una situación de saturación, sino que aportará una solución para las necesidades aeroportuarias del país por lo que resta del siglo.

 

Recordó que en la presentación del proyecto del nuevo aeropuerto, el Presidente Peña Nieto estableció un compromiso de transparencia en las operaciones. Expresó que cualquier persona puede consultar los 321 contratos involucrados en la construcción del nuevo aeropuerto, vía internet. “La innovación en materia de compromiso ético, anticorrupción, de integridad, es algo sin precedentes”.

 

En conferencia de prensa el Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño Márquez agregó que el esquema de financiamiento y los procesos de contratación de obra se llevan a cabo conforme a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE.

 

Indicó que desde enero de 2015, el organismo internacional supervisa que el proyecto se apegue a las mejores prácticas internacionales en materia de transparencia e integridad en la contratación pública. Resaltó que con una inversión que a la fecha asciende a 140 mil millones de pesos comprometidos en 321 contratos, el proyecto del aeropuerto es hoy un importante generador de empleos en México.

 

“La construcción del nuevo aeropuerto es la fuente de empleo de 45 mil personas que hoy trabajan en este proyecto. Al alcanzar su máxima operatividad, en él trabajarán 450 mil personas”, indicó Patiño Márquez.

 

 

El candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), urgió al sector empresarial a cumplir con el compromiso que realizaron, sobre instalar una mesa tripartita para revisar los contratos del nuevo aeropuerto.

 

 

“Yo espero que se cumpla el compromiso que hizo Juan Pablo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),  para que se forme una comisión tripartita del gobierno actual, de nosotros (Morena) y del Consejo (CCE) para revisar la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, que se conozcan los contratos y sean transparentes y se analice la viabilidad de esta obra”.

 

Indicó que el alto costo del proyecto es lo que no quiere que se convierta en un elefante blanco o sea un especie de Fobaproa, pues indicó que a su eventual gobierno será a quien le tocará construirlo y pagarlo, pues como se tiene programado hasta hoy, el aeropuerto se terminaría hasta 2024.

 

AMLO adelantó que su insistencia en revisar el proyecto no es para generar incertidumbre, sino para evitar que haya corrupción. Dijo que los contratistas que han sido beneficiados con los contratos, no se tendrían que oponer a revisar los contratos, pues así se transparentarán las asignaciones y el proyecto podría quedar exento de cualquier duda.

 

“A todos, al Gobierno actual, al sector empresarial a nosotros y sobre todo a los ciudadanos nos conviene que haya transparencia, honestidad, en la construcción de la obra, y que podamos entre todos decidir si es lo más conveniente”, añadió el aspirante presidencial.

 

AMLO indicó que para eso será el dialogo y la revisión de los contratos. Dijo que es posible lograr un acuerdo o entendimiento, pues recalcó que no hay nadie que desee hacerle daño al patrimonio de la nación.

 

El candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, criticó la idea de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reúna con integrantes del sector empresarial para abordar el proyecto del aeropuerto.

 

El abandero priísta advirtió que el futuro el aeropuerto no debe ser resulto en mesas de diálogo, por lo que dijo que a pesar de haber sido informado sobre la mesa, “lo que nosotros pensamos es que el Estado de Derecho no se discute, el Estado de Derecho implica el cumplimiento de los contratos”.

 

Indicó que tanto él como su equipo de campaña, no creen que la ley sea objeto ni de mesas de debate, de reflexión, ni de mesas de reflexión en México. Sostuvo que los contratos se observan y los proyectos de infraestructura se van a desahogar en sus términos.

 

Al ser cuestionado sobre si él estaría dispuesto a revistar los contratos del aeropuerto, indicó que sí. “Si bien estamos absolutamente convencidos de la transparencia de la rendición de cuentas (…)  absolutamente todo lo que se ha gestionado se revise para estar ciertos de que siempre se observó la ley”, apuntó.

Con información de Reforma / Foto. Twitter

Al participar en el 29 Congreso de Mexicano de la Industria de la Construcción, el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, aseguró que el proyecto del nuevo aeropuerto sí es necesario para el país pues traerá progreso para los mexicanos, pero advirtió que es necesario revisar los contratos para garantizar que estén ajustados a los más altos estándares de transparencia a nivel internacional.

 

“Me parece un absoluto disparate esta idea de dar marcha atrás a la construcción del aeropuerto, pues es una obra que ya está en proceso. Cancelar esa obra implicaría tirar muchísimo dinero de las y los mexicanos que se ha invertido en esa obra”, dijo Anaya en referencia a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

 

Anaya dijo que solo basta con contrastar propuesta pues dijo que por un lado está el candidato del PRI que simplemente quiere que la obra continúe en la opacidad, con corrupción; mientras que en el otro extremo está López Obrador, que lo que quiere es cancelar la obra.

 

Al hacer un recorrido por la situación actual de México, el panista recordó que 2017 fue el año más violento del que se tiene registro, que hoy se ocupa el primer lugar en sobornos, que de los países que integran la OCDE ya se es el país más desigual, que hay un déficit en la generación de empleos, se han precarizado los salarios, y que ha caído la inversión pública, por lo que dijo hay que enfocarse en la inversión pero superando el principal obstáculo que se tiene, que es la corrupción.

 

Por ello, reiteró que es necesario implementar con fuerza y vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, para pasar de una PGR que funciona con criterios políticos a una fiscalía verdaderamente autónoma.

 

El candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró a través de un video publicado en sus redes sociales, que sus detractores se están queriendo aprovechar de su intención de revisar los contratos energéticos y el proyecto del nuevo aeropuerto, para asustar a los mexicanos sobre que habrá incertidumbre económica y financiera para el país.

 

 

AMLO indicó que los que tienen los negocios millonarios quieren que en caso de llegar a la Presidencia, firme un cheque en blanco y que acepte contratos manchados de corrupción como lo fueron en su momento los que se firmaron con Odebrecht.

 

Sobre la construcción del nuevo aeropuerto, dijo que el Gobierno Federal está comprometiendo dinero a futuro, pues dijo que además de que tendrá un costo de 250 mil millones de pesos (mdp), la obra faraónica se terminaría hasta el 2024.

 

Dijo que su eventual gobierno resolverá el problema del aeropuerto con mucho menos dinero. Ejemplificó que el actual aeropuerto tiene 600 hectáreas y cuenta con 2 pistas, mientras que la base militar de Santa Lucía en el Estado de México cuenta con 3 mil hectáreas y una pista, razón por la cual se construirán dos pistas más en esa ubicación y no gastando los 250 mil mdp. Adelantó que con él cuando mucho se gastarán 50 mil mdp, incluyendo la terminal y la vía confinada para comunicar el actual aeropuerto y Santa Lucía.

 

“Es como espántame panteón, como decía mi paisano Chico Che, ¡Uy que miedo, miren como estoy temblando! No les va a funcionar. La gente no quiere la corrupción, está harta de que unos cuantos se dediquen a saquear al país, endeuden al pueblo de México, y por esa misma razón haya tanta pobreza y en consecuencia, por lo mismo, haya tanta inseguridad, tanta violencia. Vamos a cortar de tajo con la corrupción y no tengan miedo porque todo lo vamos a hacer de conformidad con la ley y va a ser un cambio ordenado”, dijo el morenista, quien finalizó pidiendo a los mexicanos que le tengan confianza, pues no les fallará.

 

Con el fin de impedir que en los  poco más de tres meses que faltan para la elección presidencial el Gobierno Federal entregue nuevos contratos relacionados al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que se encuentra valorando la posibilidad de presentar amparos para impedirlo.

 

 

“Se va a proceder para presentar amparos, que no se sigan entregando estos contratos a mediano y largo plazo comprometiendo el presupuesto del Gobierno federal, ni en el caso del aeropuerto ni en el caso también de las entregas de las costas de Yucatán y de Quintana Roo para la explotación petrolera, y otros asuntos”, dijo el aspirante presidencial tras reunirse con empresarios del Consejo de la Comunicación,

 

AMLO señaló que el análisis que se realiza es sobre si procede interponer el amparo en un juzgado del Poder Judicial, o si es ante una instancia administrativa como la Secretaría de la Función Pública.

 

El tabasqueño señaló que a tres meses de la elección el Gobierno sigue entregando contratos, lo cual dijo es una vergüenza,  pues están comprometiendo recursos de la Administración que encabezará en caso de ganar la elección presidencial de julio próximo.

 

“Lo que queremos evitar ya es que se siga comprometiendo el presupuesto del sexenio próximo, que se lleven todo, si no, ¿cómo vamos nosotros a impulsar el desarrollo si ya no nos van a dejar nada?”, remató el aspirante presidencial.

 

Con información e Reforma / Foto. Twitter @ConsejoCC

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), presentó esta mañana el Índice de Riesgos de Corrupción: El sistema mexicano de contrataciones públicas,en el cual evalúa el riesgo de corrupción, a través de las distintas prácticas de competencia, transparencia e integridad, de las Unidades Compradoras (UC) de las dependencias y/o entidades del Gobierno federal.

 

El reporte analizó 700 mil procedimientos de contrataciones públicas federales realizados, de 2012 a 2017, por mil 537 Unidades Compradoras, lo cual representa más de 2.3 billones de pesos que equivale aproximadamente al 10% del gasto público de esos años.

 

Aunque en el informe se señala que durante la actual administración 7 de cada 10 contratos firmados con los mil principales proveedores del Gobierno se asignaron mediante adjudicación directa, el IMCO aclaró que el índice mide riesgos, más no emite sentencias. “Identifica en donde se encuentra prácticas adversas a la probidad y eficiencia del gasto federal, no casos específicos  de corrupción”.

 

 

Las tres entidades con más UC entre las 500 más riesgosas suman casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas, y las tres más riesgosas son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

En cuanto a la CFE, sus contratos entre 2012-2017 sumaron 424.5 mil millones de pesos, lo que representa el 19% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 91 de las 500 UC más riesgosas. Respecto al ISSSTE, sus contratos entre 2012-2017 alcanzaron los 147 mil millones de pesos, lo que representa el 7% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 46 de las 500 UC más riesgosas. Por su parte el IMSS concentró contratos entre 2012-2017 por 401 mil millones de pesos, lo que representa el 18% del monto total de todas las dependencias y entidades. Además, concentra a 42 de las 500 UC más riesgosas.

 

El IMCO señaló que además de la elaboración del Índice, pudieron identificar algunas prácticas en contrataciones públicas que preocupan, tales como que tres instituciones concentran el 56% del gasto público de la Administración Pública federal en procedimientos de contratación. 30 (0.02%del total) proveedores se quedan con una quinta parte del gasto en contrataciones públicas y que de los 129 mil 411 proveedores distintos que han ganado un procedimiento de contratación en los últimos 5 años, los primeros 2 mil 512 proveedores (1.9% del total) representan el 80% del monto asignado en procedimientos de contratación pública.

 

Enfatizan que a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos, es decir, por el método menos competitivo. Solamente el 22% de los contratos asignados a estas compañías fue licitado públicamente. Estas empresas ganaron 2 de cada 3 propuestas que presentaron, mientras que los demás proveedores únicamente ganaron en la mitad de las veces. El 43% del monto que recibieron las empresas fue adjudicado a tan solo 10 unidades compradoras.

 

Max Kaiser, director de Anticorrupción en el IMCO, indicó que los contratos asignados por adjudicación directa representaron el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de 2012 a 2016. “El que 71 por ciento de los contratos sea por adjudicación directa me dice que todas las dependencias abusan del término excepción y lo usan ya como una regla”, dijo Kaiser.

 

Con información de IMCO / Foto. Archivo APO

Un nuevo episodio en el caso de los presuntos desvíos de recursos en Sedesol bajo la administración de Rosario Robles sale a la luz, y es que el diario reforma difundió fragmentos de los relato de las auditorías forenses D17012 y D17002, practicadas a los ejercicios presupuestales 2014 y 2015, de la dependencia deferal, en donde empleados de Radio y Televisión de Hidalgo (RTH) confesaron haber sido obligados a participar en el presunto desvío de recursos.

 

Los funcionarios relataron a la ASF que el esquema de simulación en el que se les ordenó firmar contratos y dispersar el dinero con empresas y personas físicas con las que nunca tuvieron trato, involucró en un caso a 34 proveedores y en el otro a 27 y el cual se habría hecho en las oficinas de la Secretaría en la Ciudad de México.

 

En el primer caso, describen que los funcionarios  que participaron fueron el subdirector jurídico y apoderado legal, el ex director jurídico y el subdirector de Contenidos.

 

Elrelato en poder de la ASF indica que en dicha reunión el entonces subdirector Jurídico firmó en calidad de apoderado legal de RTH 20 contratos y el entonces director Jurídico como representante del organismo estatal suscribió 28, mismos que a su vez fueron proporcionados por la entonces directora de Área de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales adscrita a la Sedesol, quien además ordenó que se recibieran las cajas que contenían los entregables ya elaborados.

 

A través de este esquema de simulación, la Sedesol desvió 955 millones bajo la titularidad de Rosario Robles, y el cual se replicó en Sedatu en 2016 involucrando 2 mil 130 millones de pesos más.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela cómo un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Jesús Murillo Karam estuvo involucrado con el consorcio que cobró a esa dependencia 32 millones de dólares por el malware espía.

 

Un funcionario de la Procuraduría fue socio fundador de una compañía ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares el malware espía Pegasus a la propia PGR.

 

Luis Fernando Ayala Puente, quien trabajaba en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes, fue socio fundador de la empresa CITELAE del Centro SA de CV, la cual registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), revela la investigación de MCCI.

 

Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año.

 

En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, el cual ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas.

 

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, Coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull.

 

El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales.

 

Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam. Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR.

 

Investigación completa aquí

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó sobre la sanción de inhabilitación que impuso por cuatro años a “Construtora Norberto Odebrecht, S.A.”, con lo impedirá que celebre contratos con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, así como las Entidades Federativas cuando usen recursos federales.

 

La SFP, a través de su Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (PEMEX), impuso dicha sanción a la empresa por el cobro indebido de 119 millones de pesos de costos indirectos, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la Refinería “Miguel Hidalgo”, convenio también conocido como “Tula 1”.

 

Como resultado de la investigación que se inició el 22 de diciembre del año pasado, la SFP ha iniciado hasta este momento ocho procedimientos administrativos: cuatro contra la empresa constructora y sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra servidores públicos de PEMEX. Esta resolución se deriva de uno de los cuatro procedimientos contra la empresa.

 

De acuerdo a una investigación realizada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el constructor de Hidalgo, dueño de dos residencias en que habitó el Secretario de Gobernación, obtuvo en forma triangulada la ejecución de una obra de Pemex en Tula, que ha sido señalada en Brasil de haber sido asignada a Odebrecht con el pago de un soborno de 6 millones de dólares.

 

Se detalla que un contrato que Pemex había asignado a la constructora brasileña Odebrecht mediante el supuesto pago de sobornos terminó parcialmente en manos del casero del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

 

Apatir de documentos obtenidos por MCCI, Odebrecht cedió a subcontratistas toda la obra que PEMEX le había asignado en diciembre de 2013 para la modernización de la refinería de Tula, y entre las empresas que resultaron beneficiadas estaban dos constructoras propiedad del casero de Osorio.

 

La obra que fue cedida a subcontratistas ha sido señalada ante distintas autoridades de México y Brasil de haberse ejecutado mediante actos de corrupción, como asignaciones directas a cambio de 6 millones de dólares en sobornos y sobrecostos de hasta 300% en materiales. El contrato original asignado a Odebrecht fue de 1,666 millones de pesos (IVA incluido), pero se elevó a 2,686 millones de pesos, debido a que se subcontrató prácticamente toda la obra.

 

Grupo Constructor Tulancingo y Construcciones Sky Universal, propiedad del empresario hidalguense Carlos Aniano Sosa Velasco, aparecen como subcontratistas de Odebrecht en el contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-414, cuyo expediente fue turnado por Pemex a la Procuraduría General de la República (PGR) para integrarlo a la investigación del caso.

 

Aniano Sosa -el subcontratista de Odebrecht- es el dueño de dos residencias que Osorio Chong ocupó en Bosques de Las Lomas y en Lomas de Chapultepec a partir de 2011, cuando concluyó su periodo como Gobernador de Hidalgo y se mudó a la Ciudad de México para sumarse a la campaña presidencial del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.

 

La primera casa que habitó Osorio Chong en la Ciudad de México entre 2011 y 2014 es propiedad de Construcciones Sky Universal SA de CV, una de las empresas que subcontrató Odebrecht en Tula, Hidalgo. Posteriormente, el titular de Bucareli ocupó otra residencia de otra empresa constructora de Aniano.

 

Para conocer la investigación completa AQUÍ

Esta tarde se presentó la plataforma “Contrataciones Abiertas, Gobierno de la República”, con la cual se busca que todos los mexicanos puedan acceder a cualquier contrato que el Gobierno federal celebre con particulares.

 

 

 

“El único que podía hacerlo (acceder a un contrato) era el que sabía cómo funcionaba la ley, el que tenía conocimiento de cuál era la mecánica para solicitarlo, el que podía sufragar el interés de llevar de principio a fin lo que era un interés legítimo para que eventualmente se le hiciera llegar la información del contrato”, indicó el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade.

 

La plataforma corrió a cargo a de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP), y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional que encabeza Alejandra Lagunes. Además contó con la participación de organismos como el Banco Mundial, Transparencia Mexicana y demás organismos que promueven los datos abiertos en el mundo.

 

“El esfuerzo que estamos haciendo, del que esto es una primera etapa y esto es muy importante señalarlo, aquí está la información del sector central del gobierno federal en sus ramos administrativos, estamos haciendo la invitación y estamos ciertos de que se van a sumar otros vehículos, que se van a sumar otros niveles de gobierno, que se van a sumar otras dependencias. Aquí está todo el sector central transparentado”, aseguró Meade Kuribreña.

 

El funcionario puntualizó que ahora ya no se tendrá que recurrir al INAI para poder acceder a información del Gobierno Federal, pues quien se meta a internet va a tener “información que es clara, que fue un empeño que tuvo la secretaria de la Función Pública; que lo va a tener de manera sencilla y transparente; que va a servir para evitar la corrupción y para hacer investigación”.

 

Luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) diera a conocer las observaciones a la Cuenta Publica 2016 del mes de octubre, y en la que señalara diversas irregularidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) respecto a contratos celebrados con la empresa Odebrecht, la paraestatal informó que atenderá dentro del plazo concedido las observaciones realizadas.

 

Pemex indicó que se “aportará toda la información necesaria a fin de que se determine y sancione cualquier acto ilícito cometido en contra de la empresa productiva del Estado”, incluso reiteró que desde que se tuvo conocimiento de los resultados de las investigaciones a Odebrecht en Brasil, han colaborado estrechamente con las instancias de procuración de justicia.

 

Señaló que han implementado acciones para esclarecer diversos señalamiento ante autoridades de la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República, tales como que a la fecha se han iniciado ocho procesos sancionatorios, así como que a inicios del año se interpuso una denuncia de hechos ante la PGR, “a fin de que dicha autoridad investigue y en su caso se sancione a las personas que pudieron haber cometido algún ilícito relacionado con este caso”.

 

Adicionalmente puntualizó que contrató los servicios de la prestigiosa firma de abogados Hogan Lovells para que diera paso a una investigación independiente ordenada por el Consejo de Administración de Pemex, además de que rescindió el contrato que se tenía vigente con la brasileña, por lo que hoy en día no tiene contratos vigentes con la empresa.

 

“Petróleos Mexicanos es el principal interesado en aclarar cualquier acto ilícito que se haya cometido. No habrá impunidad ni en éste ni en ningún otro caso donde se comprueben anomalías.”, remató la petrolera.