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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, reconoció que México vive una situación de emergencia en materia de inseguridad, la cual dijo, es en gran parte resultado de la corrupción de los cuerpos de seguridad que se permitió durante años.

El funcionario dijo que durante muchos años, funcionarios han amparado y protegido a grupos delictivos, hecho que ha generado la crisis que actualmente  se vive.

“Esta situación que vivimos tiene que ver con asumir el compromiso que nos lleve a combatir a fondo también a la corrupción y las desviaciones en los cuerpos de seguridad en todos los niveles”, dijo el funcionario.

Agregó que por muchos años, la violencia y criminalidad se han sustentado en la desviación de funcionarios, que amparan y protegen a grupos y conductas delictivas; subrayó que el resultado ha sido la más grave crisis de violencia que ha vivido nuestro país, “acaso desde la Revolución Mexicana”.

Reconoció que llevará tiempo corregir lo que dejaron los gobiernos anteriores, aunque dijo, trabajarán para solucionar.

Durazo dijo que no hay pretexto político o ideológico que pueda anteponerse a la responsabilidad de la institución, para garantizar la seguridad y poner fin a la impunidad. “La lucha contra la delincuencia es un asunto de Estado y como tal, requiere de la suma y voluntad política de todos”, expuso.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), Santiago Nieto, informó que en la reunión que sostuvo con diputados, propuso modificar la Ley de Instituciones de Crédito, para que se establezca un procedimiento que permita el bloqueo de cuentas bancarias con recursos de procedencia ilícita.

Sobre las denuncias que ha presentado la UIF a la Fiscalía General de la República (FGR) y de qué tipo son, Nieto Castillo expuso que al momento se han presentado 56 denuncias ante la FGR y han dado 31 vistas ante las autoridades administrativas por alguna responsabilidad de carácter fiscal o administrativo.

“Esto incluye temas relacionados con corrupción política, robo de hidrocarburos, asuntos vinculados con trata de personas, tráfico de migrantes y con empresas fachada y factureras que están generando ataques a los grupos establecidos y una competencia desleal al empresariado mexicano”, detalló.

Al ser cuestionado sobre las investigaciones en torno a la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) y las cuentas del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el funcionario indicó que la UAH ha presentado su garantía de audiencia en términos de la ley, sin embargo, confirmó que las cuentas permanecen bloqueadas en razón de que la UIF consiguió que los jueces de distrito negaran las suspensiones provisionales y definitivas a la universidad.

“Estamos analizando la información que ha dado en este momento la universidad, ellos presentaron más de 15 cajas de documentación que a su dicho amparan las operaciones por las cuales han sido detectados por el Sistema Financiero, pero el trabajo de la UIF es analizar la información y si se logra acreditar la procedencia lícita de los recursos se desbloquearán”, puntualizó.

Respecto al caso de César Duarte, el funcionario comentó que se ha generado el congelamiento de cuentas y que están en espera de que “en su caso se promuevan las acciones legales y nosotros sostendremos nuestro acuerdo para efecto de evitar que finalmente recursos provenientes de corrupción política sean utilizados en el sistema financiero y en las actividades vulnerables”, remató.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga el presunto conflicto de interés del superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí.

De acuerdo con una investigación, familiares de Lomelí forman parte de una red de empresas farmacéuticas que ha obtenido contratos por más de 164 millones de pesos en el gobierno de AMLO.

“No hay inuyentismo, nepotismo, amigismo, ninguna de esas lacras de la política”, aseguró el mandatario.

“La SFP está haciendo esa investigación para proceder si hay una responsabilidad”, dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

El titular del Ejecutivo expresó que a diferencia de los “conservadores”, su gobierno actuará con responsabilidad y no habrá impunidad.

“No hay impunidad, no es como en el tiempo de los gobiernos anteriores, antes había corrupción e impunidad” y aseguró que el no va a proteger a nadie, incluida su familia.

“Si no me importa mi familia, que me van a importar los amigos”, dijo el mandatario.

Este jueves, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que el rey de Jordania regaló vehículos de lujo a la Presidencia, los cuales se subastarán.

“Dos camionetas que regaló el rey de Jordania a la Presidencia serán subastadas, dos camionetas de lo más extravagantes, que no se sabía que existían y aparecieron”, dijo.

López Obrador informó que el próximo domingo 26 de mayo se hará una segunda subasta de residencias y vehículos incautados a la delincuencia o que estaban en posesión de políticos en el museo de Los Pinos.

“Se están recuperando residencias que estaban custodiadas por políticos de partidos… casas en Las Lomas, en otros sitios que también se van a vender y es para esto, es para las comunidades más pobres de México”, añadió.

El mandatario detalló que ese dinero será entregado a las comunidades más pobres o a los beneficiarios de programas sociales, a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

“Casas en las Lomas que también se van a vender, y eso es para los municipios más pobres de México, si se vende una casa en 20, 30 millones de pesos, se les va a entregar (el dinero) a los pueblos olvidados de México”, dijo AMLO.

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, firmó este martes un Memorándum de Entendimiento con el Director de la División de Tratados de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), John Brandolino, para combatir la corrupción en nuestro país.

En el marco de la segunda reunión del Grupo de Trabajo Anticorrupción (ACGW) del G20, que comenzó hoy en la Ciudad de México, la funcionaria señaló que “con la firma de este Memorándum, el primero de esta naturaleza suscrito por México, se establece un marco de cooperación en el diseño y desarrollo de proyectos en nuestras áreas estratégicas; en la prevención de conflictos de interés y la creación de un distintivo de integridad empresarial”.

El convenio firmado contempla el relanzamiento del servicio profesional de carrera e integridad en el servicio público con enfoque de género; la eliminación del conflictos de interés en la administración pública; la ciudadanización del combate a la corrupción y la impunidad; crear sistemas de protección de alertadores internos sobre actos de corrupción; vigilancia, inspección y supervisión de los procedimientos de contrataciones públicas, y un Mecanismo nacional de aplicación a los sistemas locales anticorrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Sandoval Ballesteros destacó el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para iniciar en nuestro país una profunda transformación de “dimensiones inéditas no vistas en México desde hace un siglo”.

La titular de la SFP subrayó que el Gobierno de México tiene como estandarte la integridad en la vida pública como ruta para construir un país con un pleno Estado de derecho, mayor desarrollo económico y justicia social.

Indicó que para el gobierno de México la corrupción no es un problema exclusivamente económico, político o cultural, sino un fenómeno estructural en el que confluyen un diferencial de poder que permite el abuso por parte de servidores públicos o élites del sector privado; la impunidad que prevalece entre quienes participan en actos de corrupción, y la falta de participación ciudadana en el monitoreo y la vigilancia de la vida pública.

La colaboradora de AMLO alertó que más de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) Global y casi 10% del de México se pierden por la corrupción al amparo de la impunidad, por que son necesarias acciones contundentes para atacar el problema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó de una nota que publicó este viernes el New York Times (NYT) en la que aseguró que el país que está construyendo AMLO se parece mucho al que prometió dejar atrás durante su campaña presidencial.

En la nota, titulada “¿Una nueva revolución? México sigue esperando mientras AMLO cumple casi medio año gobernando”, se refiere que a pesar de que AMLO prometió acabar con la corrupción, su gobierno no ha hecho pública ninguna persecución contra exfuncionarios mexicanos que han sido señalados en los medios por cometer actos de corrupción.

“Más allá de eso, durante los primeros tres meses del gobierno de López Obrador, el 70% de los contratos otorgados se hicieron vía directa, sin una licitación competitiva, de acuerdo con la organización de la sociedad civil Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la impunidad”, detalló el diario.

El periódico internacional también hizo una crítica respecto a la seguridad, pues mientras en campaña prometió quitar a los militares de las calles, una vez que asumió el poder, según el NTY, “terminó por garantizar el papel del ejército en la seguridad nacional, mientras que las tasas de homicidios en México alcanzan sus mayores niveles en más de dos décadas”.

Y este viernes, al ser cuestionado sobre la publicación del New York Times, López Obrador señaló:

“Tienen todo el derecho de expresarse, yo no comparto ese punto de vista aunque se trate del New York Times, aunque se trate de un periódico famoso porque se ha avanzado mucho, el día primero de julio vamos a informar, les puedo decir de manera categórica de que no hay corrupción tolerada desde el gobierno, cero corrupción, que ya empezamos a limpiar, que no existe impunidad en el país, que el que comete un delito es denunciado y que se va avanzando. Pero hay cuestionamientos porque en realidad se trata de una transformación que nunca se había dado en el país, no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, imagínense lo que significa decir que se acaba la corrupción, la impunidad y los lujos en el gobierno”, afirmó AMLO.

Ante las denuncias que se han hecho por parte de la CONAGO en contra del Poder Judicial respecto a supuestos actos de corrupción de jueces federales, fue el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien fijó postura.

“Los hechos que se denunciaron en la CONAGO, particularmente en el Estado de Jalisco, resultó que era un juez local, no un juez federal, entonces, ese hecho que se denunció no está dentro de la competencia del Poder Judicial”, señaló el ministro en un breve encuentro con los medios de comunicación.

Reiteró que desde su llegada a la presidencia de la Corte hace cuatro meses, anunció que iniciaría una política de cero tolerancia contra actos de corrupción, la cual se ha cumplido al pie de la letra, y como ejemplo dijo, se ha destituido a varios jueces y magistrados.

Insistió en que se han iniciado diversas investigaciones de procesos de disciplina particularmente en el estado de Jalisco, pues reconoció que es uno de los Circuitos donde se tienen mayores reportes de “problemas de diversa índole”.

Subrayó que se inició una renovación del Circuito, “pues consideraron importante hacer cambios en las adscripciones para tener “sangre nueva en el Circuito”; afirmó que también se han iniciado investigaciones y procesos disciplinarios con algunos magistrados y juzgadores de dicho Circuito.

Señaló que la revisión se está llevando a cabo en todo el país, y cuando se tienen indicios, información de que pudiera haber actos de corrupción o actos indebidos, se procede de inmediato.

Finalizó enfatizando que, así como se actúa en casos de posibles actos de corrupción, también se ha procedido a defender a aquellos jueces y magistrados que están actuando conforme a derechos, que están actuando aplicando la Constitución, que están protegiendo los derechos humanos.

Incluso dijo, hay zonas del país en donde los jueces y magistrados están en situaciones de peligro grave, están arriesgando su vida y su integridad física. No obstante, afirmó, “están realizando su trabajo con valentía, defendiendo la Constitución y los derechos humanos de todos”.

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el tema de los contratos gubernamentales para empresas fantasmas no fue algo que acabara con la anterior administración, pues pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de desterrar la corrupción, su gobierno ha incurrido en dichas prácticas.

Reporta que tan solo en lo que va de 2019, el gobierno ha entregado cinco contratos por 16.7 millones de pesos a empresas fantasma.

En un trabajo especial, la organización relata los casos en que se benefició a estas empresas. El 7 de febrero de 2019, la oficina del IMSS en Tapachula, Chiapas, anunció una adjudicación directa para la “adquisición de materiales diversos”. Para poder recibir el contrato, la compañía “invitada” tenía que enviar su cotización a través de la plataforma Compranet. Cumplido el requisito, el 14 de febrero la compañía recibió un contrato por 294 mil pesos.

Otro caso: el 31 de diciembre de 2018, la delegación del ISSSTE en Michoacán publicó una convocatoria de licitación pública para la adquisición de material para osteosíntesis (tratamiento de fracturas), material de curación de alta especialidad y material de laboratorio. Tres empresas hicieron preguntas para saber si podían cumplir con los requisitos específicos de la institución, pero solo una de ellas: Desarrollos Biotecnológicos del Bajío (DBB), acabó haciendo una propuesta.

A la licitación también acudió otra compañía, Interacción Biomédica, la cual optó por no hacer preguntas y solo envió su cotización. Después de revisar la documentación y analizar las ofertas, el 21 de enero el ISSSTE determinó que DBB no había cumplido con todos los requisitos, por lo que firmó tres contratos con la única empresa que “resultó solvente, por cumplir con los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos”. El monto total asignado fue de 10.8 millones de pesos.

En los dos casos anteriores la empresa ganadora fue Interacción Biomédica S.A. de C.V.

Y aunque no deberían generar mayor controversia la asignación y firma de los contratos, se encontró un “pequeño detalle”: desde el 26 de julio de 2017 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) había publicado que Interacción Biomédica S.A. de C.V. era una empresa fantasma.

El 30 de enero de 2019, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó la convocatoria a una licitación para la verificación de la calidad en las “obras de construcción, modernización, reconstrucción y observación de la Red Carretera Federal” en Sonora. Cinco empresas hicieron preguntas al respecto, para finalmente 18 hacer propuestas económicas. De acuerdo con la convocatoria, los participantes debían entregar varios documentos, uno de ellos, una “constancia de situación fiscal emitida por el SAT, expedida no mayor a 20 días a la fecha de la apertura y presentación de la proposición”. Al recibir las propuestas, tres de los 18 participantes no habían cumplido con dicho requisito.

En la SCT evaluaron las diferentes cotizaciones y documentos, y el 5 de marzo de 2019 emitieron su fallo: ocho empresas fueron desechadas porque incumplían con requisitos de la convocatoria y se consideraron insolventes. De entre las diez restantes, la SCT eligió a la que aseguró “las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes” y firmó un contrato por 6.6 millones de pesos.

La empresa ganadora, Índico RT S.A. de C.V., era una de las licitantes que no había hecho preguntas y que tampoco entregó su constancia del SAT, pues desde el 21 de noviembre de 2018 aparecía en el Diario Oficial de la Federación (DOF) como una empresa fantasma.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que muchos de los reclamos que se le han hecho es que, pese a su promesa de combatir la corrupción, hasta ahora no hay “nadie” en la cárcel.

Al respecto, indicó que todos los expedientes de los funcionarios que han cometido algún delito o que se presume que lo cometieron, se están remitiendo a la Fiscalía General quien será la encargada de fincar responsabilidades.

Adelantó que en los próximos días se darán a conocer todas las denuncias que su gobierno ha presentado a la Fiscalía General, mismas que tienen que ver con el llamado huachicol, delincuencia y corrupción.

Afirmó que, si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene informes de presuntos actos de lavado de dinero, la instrucción que ha dado a su titular, Santiago Nieto, es que de inmediato se proceda, sin importar el nombre que aparezca.

“Todavía ayer me llegó un expediente de la Función Pública sobre algunos servidores públicos que se presume estuvieron involucrados en hechos de corrupción en la pasada administración y ayer mismo le envié de regreso un memorándum, diciendo: Aplique la ley, proceda, nada más informe al titular de la secretaría, investigue y actúe”, relató AMLO.

Remató indicando que tal como lo ha venido diciendo desde su campaña, habrá cero tolerancia contra la corrupción.

Al ser cuestionado sobre la inseguridad que impera en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso lo que consideró el “ABC de la política”.

Primero. Acabar con la corrupción.

Insistió en que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Tal como lo ha venido diciendo desde su campaña, acusó que por la corrupción hay pobreza, hay inseguridad, hay violencia.

Segundo. La justicia.

Lamentó que ni el tema de la corrupción ni el tema de la justicia les importaban a los anteriores gobiernos, pues únicamente se dedicaban a saquear y no atendían las necesidades del pueblo.

Tercero. La paz y la tranquilidad.

“El ABC: No a la corrupción, sí a la justicia, sí a la paz y a la tranquilidad. Pero la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, no es un asunto el de la inseguridad que se vaya a resolver como lo venían haciendo, sólo con el uso de la fuerza”.

Retomó su discurso de que los anteriores políticos pensaron que la violencia se podía enfrentar con la violencia, a lo que dijo, el mal no se puede enfrentar con el mal.

Dijo que su gobierno está trabajando día a día para acabar con la corrupción para que haya justicia y haya paz y tranquilidad.

El productor Epigmenio Ibarra acusó este sábado al “régimen corrupto” de estar detrás de la balacera registrada en Minatitlán, Veracruz, que dejó como saldo 13 muertos.

“He dicho que la violencia criminal antes que disminuir, aumentará exponencialmente y veo la mano del régimen corrupto detrás de las masacres como la ocurrida en Minatitlán”, publicó Ibarra en su cuenta de Twitter.

Ibarra señaló que el ataque contra los asistentes a una fiesta en la palapa ‘La Potra’ en esa ciudad no solo busca fomentar un clima de miedo en la región, sino también tener un “impacto político nacional”.

Entre las víctimas fatales de dicho ataque se encuentran siete hombres, cinco mujeres y un bebé de apenas un año de edad.

El también director acusó que “el viejo régimen” está actuando con armas en la mano en un intento, dijo, de construir una serie de “golpes sangrientos de alto impacto” en contra del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Horas más tarde, Ibarra señaló directamente a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto de ser los encargados de normalizar un ambiente de violencia en México ante el cual se perdió “la capacidad de asombro ante el horror”.

Un juez peruano ordenó tres años de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras es investigado por lavado de activos en relación con actos de corrupción de la constructora Odebrecht en ese país.

El magistrado Jorge Chávez indicó que Kuczynski obstruyó a la justicia porque dio una dirección equivocada de su contadora y que el exmandatario no tiene arraigo personal en el país, ya que su esposa y su familia viven fuera de Perú.

Kuczynski, de 80 años, se recupera en una clínica local de un procedimiento de cateterismo al corazón que se le practicó el miércoles. El exmandatario fue arrestado la semana pasada para cumplir una detención provisional por 10 días.

La orden de prisión preventiva se dio el mismo día en que se realizaron los funerales del expresidente Alan García, quien se suicidó para evitar ser arrestado por presuntos actos de corrupción también ligados a Odebrecht.

La fiscalía afirma que Kuczynski realizó supuestos “actos de blanqueo de capital” mientras era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006).

Los presuntos delitos están relacionados con la construcción de una carretera que conecta Brasil con Perú y una obra para irrigar zonas desérticas en el norte del país.

Kuczynski llegó a la presidencia en 2016 y renunció en 2018 por un escándalo ligado a la presunta compra de votos de legisladores de la oposición a cambio de favores políticos. Lo reemplazó su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, quien gobernará hasta 2021.

Todos los presidentes que han gobernado Perú desde 2001 tienen cuentas pendientes con la justicia por sus nexos con Odebrecht. Toledo reside en Estados Unidos, aunque se ha pedido su extradición. Alan García (2006-2011) se suicidó tras dispararse en la cabeza cuando la policía se aprestaba a detenerlo y Ollanta Humala (2011-2016) también estuvo preso entre 2017 y 2018.

La muerte del ex presidente de Perú, Alan García, reabre una vez más el debate sobre el mayor escándalo de corrupción en América Latina.

Y es que precisamente, es Perú uno de los países que más ex mandatarios tiene ligados al caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

La fiscalía peruana investiga a Alejandro Toledo, quien ejerció el cargo de presidente de 2001 al 2006. Lo investiga por haber recibido presuntamente 20 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de favores para adjudicar una obra en los límites con la ciudad de Acre, Brasil. Toledo se encuentra refugiado en Estados Unidos desde 2017, y se le sigue un proceso de extradición.

El sucesor de Toledo, fue justamente Alan García, quien ejerció el poder de 2006 a 2011, y tal como lo ha indicado la fiscalía peruana, estuvo acusado de recibir 100 mil dólares por parte de Odebrecht, mismos que el ahora occiso indicó en repetidas ocasiones que eran el pago de una conferencia que impartió en 2012.

Ollanta Humala, presidente de Perú de 2011 a 2016 también se encuentra ligado a las investigaciones por el caso de sobornos. Según la fiscalía, la empresa brasileña le habría pagado 3 millones de dólares para financiar su campaña en 2011. A diferencia de sus antecesores, Ollanta Humala junto a su esposa, Nadine Heredia, fueron arrestados en julio de 2017. Permanecieron 9 meses en prisión y en abril de 2018 fueron liberados para seguir su proceso en libertad.

Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski, quien llegó al poder en 2016 también se encuentra en investigación por el supuesto delito de lavado de dinero. Es acusado de haber ayudado a Odebrecht a ganar contratos para distintas obras, entre los que destaca una que la brasileña se adjudicó cuando Kuczynski fungía como ministro del ex presidente Alejandro Toledo.

Dichas acusaciones llevaron a Kuczynski a dimitir en marzo del 2018 al cargo, y aunque fue detenido el pasado 10 abril, finalmente fue trasladado esta semana a un hospital por diversos problemas de salud.

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó este viernes en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, el cual entrará en vigor este sábado.

En el decreto, expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 11 de abril, recuerda que “el Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución y previa la aprobación de la mayoría de las Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, declara reformado el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa.

El escrito indica: “Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

“El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones y robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades”.

Así como “delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.

Y “delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.

El documento destaca que los delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado esta mañana sobre las declaraciones que hiciera el secretario de Comunicaciones y Transportes, quien afirmó que no se encontraron indicios de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Como ha sucedido en los últimos días, el presidente desmintió a una vez más a uno de sus colaboradores.

El mandatario insistió en que sí hubo corrupción en el proyecto aeroportuario, empezando por el engañó que las anteriores autoridades perpetraron al presentar un dictamen haciendo creer que no se podía operar al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México y el aeropuerto de Santa Lucía.

Indicó que algo que no se sabía y no dijeron, era que se iban a cerrar dos aeropuertos para construir el aeropuerto de Texcoco, y el aeropuerto actual se iba a urbanizar, “se iba a convertir en una especie de Santa Fe. Era un negocio para unos cuantos”.

También denunció que, aunque el costo anunciado para la construcción de las dos pistas era de 300 mil millones de pesos, su gobierno proyectó que al final el costo terminaría siendo de 600 mil millones de pesos.

Finalmente dijo que se trató de un tema de corrupción, debido a que “por intereses” se decidió construir el aeropuerto de Texcoco en el peor sitio del Valle de México, pues recordó que dicha zona es donde se producen más hundimientos, lo que no garantizaba la calidad de la obra.

El líder de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, impulsa una iniciativa para ampliar de 11 a 16 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con el proyecto de decreto, publicado en la Gaceta del Senado, el objetivo es crear una sala especializada en temas de anticorrupción, porque la sociedad solicita una eficiente impartición de justicia que se vea reflejada en el combate efectivo a la corrupción.

En la exposición de motivos, de acuerdo con información de la segunda sala de la SCJN, en 2016 quedaron sin resolver 1,189 expedientes; en 2017, 1,006 y en 2018, 594. “Lo anterior refleja un cúmulo de asuntos que se someten cada año al conocimiento de la sala en materia administrativa y laboral, que no son resueltos en tiempo, debido a la gran carga de trabajo”, se señala.

La iniciativa propone que la creación de la nueva sala cuente con la competencia en materia de anticorrupción, incluyendo cuestiones derivadas de la responsabilidad administrativa y delitos que tengan por origen hechos o actos de corrupción en los que participen servidores públicos y particulares.

Asimismo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, al ser la sala encargada de determinar los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos, y en materia de recursos de revisión administrativa interpuestos contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces.

Esta nueva sala se conformaría por cinco nuevos ministros, por lo que se propone modificar la composición actual del pleno de la SCJN, pasando a 16 miembros.