Una corte federal de Massachusetts admitió la demanda del gobierno de nuestro país en contra empresas armamentísticas estadounidenses que presentó a inicios de mes, informó este viernes el canciller Marcelo Ebrard.
La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí. Es un primer gran paso, ahora vienen la notificación y el proceso legal. Avanzamos. pic.twitter.com/aKasaCrZmo
“La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí”, anunció el canciller en redes sociales.
En el mismo mensaje, Ebrard calificó la aceptación de la demanda como “un primer gran paso” y detalló que “ahora vienen la notificación y el proceso legal”.
Recordemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el pasado 4 de agosto una histórica demanda contra una decena de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.
Esta demanda, cuyo proceso se podía extender por años, se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, sede de dichas compañías.
El gobierno de la Cuarta Transformación aclaró que la demanda se presentó en contra de las empresas y no de la administración de Joe Biden.
Con ello, las autoridades de nuestro país buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen una compensación económica, cuya cantidad todavía no han calculado. Se estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Pidió este lunes al gobierno federal garantizar los tratamientos médicos en el sistema de salud en medio de la escasez de medicinas que ha despertado protestas.
“La asistencia médica y el tratamiento a pacientes del sistema nacional de salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante”, indicó la Suprema Corte.
La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo de un paciente contra la omisión de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no entregar “oportunamente” el medicamento que requería.
Así, la Suprema Corte determinó que las autoridades del “Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento”.
Y es que el problema de abasto de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el problema se ha agudizado desde 2019 derivado de los recortes presupuestarios y los cambios que la 4T ha implementado en la forma de comprar los fármacos.
Pese a las manifestaciones, tanto físicas como la ocurrida este fin de semana en la Ciudad de México convocada por los familiares de niños con cáncer, así como las expuestas en redes sociales, el gobierno afirmó el pasado martes que había resuelto el problema tras invertir casi 77,000 millones de pesos en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
Incluso el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizó las protestas, mientras que el subsecretario Hugo López-Gatell sugirió que detrás de ellas hay “tendencias golpistas”.
La Suprema Corte estableció que el Estado “tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud”.
Indicó que las autoridades deben garantizar el derecho a la salud con cuatro ejes: procurar el tratamiento del paciente, garantizar que sea el adecuado, asegurarse de brindar el tratamiento de forma “oportuna, permanente y constante”, y proveerlo con los “más altos estándares”.
“En aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad”, consideró.
La resolución de la Corte se publica después de que la semana pasada un tribunal ordenara denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de Salud, Alcocer, y al ahora exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por desacato de un amparo para garantizar medicamentos contra el cáncer.
Un tribunal holandés resolvió este miércoles que la petrolera Shell “puede” y “debe” adherirse al Acuerdo Climático de París y bajar de forma más acelerada sus emisiones con una reducción neta del 45% en 2030, en un respaldo sin precedentes a la denuncia de la organización Amigos de la Tierra (Milieudefensie).
Un tribunal del distrito de La Haya sentenció que la compañía Royal Dutch Shell tiene una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, incluido a través de sus políticas empresariales, lo que la obliga también a buscar relaciones con los consumidores que reduzcan las emisiones de CO2.
Shell debe cumplir con el límite establecido por el Panel Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC) de la ONU, que recomienda reducir las emisiones para mantener el objetivo del Acuerdo de París de no superar un aumento de la temperatura del planeta de 1.5 grados a final de siglo.
Esto da la razón a Milieudefensie, que solicitó en diciembre a la Justicia holandesa que exija a la petrolera Royal Dutch Shell reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030 en comparación con 2019, porque “emite sustancialmente más que todas las empresas y ciudadanos neerlandeses juntos”, lo que la compañía consideró un tema para los gobiernos y no los tribunales.
“Esto se aplica a todo el mundo, incluido a Shell”, consideró la jueza, en referencia al porcentaje de reducción de emisiones, un objetivo para el que la empresa dispone de medios y conocimientos, según la Justicia neerlandesa.
La Corte recordó el impacto que tiene Shell en el cambio climático por su nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que va contra la responsabilidad indirecta de la compañía al respeto de los derechos humanos, independientemente de las acciones del Estado, según las directrices de la OCDE y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGPs), señaló el tribunal.
Esta sentencia puede tener consecuencias directas en otras compañías porque sirve de precedente judicial para futuras denuncias de ONG que decidan llevar a los tribunales a empresas con altas emisiones de CO2, tanto en Países Bajos como en el extranjero.
Seis organizaciones, entre ellas Greenpeace, además de más de 17,000 ciudadanos se habían sumado a la denuncia. Consideran este caso como “único” porque es el “primer juicio legal que ordena a una corporación transnacional contaminante reducir sus emisiones de acuerdo con los objetivos climáticos globales”.
La petrolera, que admite los peligros del cambio climático, ha defendido que está ya invirtiendo en proyectos verdes y que ha formulado objetivos para reducir emisiones de CO2 causadas por sus actividades, pero considera que no son los tribunales, sino los gobiernos, a través de acuerdos internacionales, los que deben contrarrestar el calentamiento global.
El año pasado, en una sentencia revolucionaria, el Tribunal Supremo de Países Bajos dio la razón a la ONG Urgenda, condenando al Estado holandés a reducir a finales de 2020 las emisiones en un 25% con respecto a 1990.
A la par de que la corte holandesa resuelve que Shell debe recortar sus emisiones de CO2, se da a conocer la venta de sus acciones de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas en Estados Unidos a Pemex.
En tanto, un inversor y activista con una pequeña participación en Exxon Mobil, obtuvo dos lugares en la junta directiva de la compañía, con lo que se prevé que la compañía comience a virar hacia temas que estén alineaos con la lucha contra el cambio climático.
Engine No. 1, firma con tan solo una participación de 0.02% en la compañía, exigió a Exxon en diciembre pasado elaborar un plan más ambicioso para combatir el calentamiento global y fue así que propuso incluir a cuatro nuevos miembros en la junta directiva.
Después de una atropellada reunión, la que incluso se suspendió por cerca de una hora, Engine No. 1 logró dos de esos asientos, mientras que los otros espacios están pendientes de definir. Así, Gregory Goff y Kaisa Hietala would se unirán a la junta de gobierno.
El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha recuperado sus derechos políticos, luego de que la Corte Suprema de su país anuló cuatro juicios que pesaban contra él en tribunales de Curitiba por un conflicto de competencias y decidió que las causas deberán reiniciarse en otros juzgados, con lo que dejó sin efecto las penas de casi 26 años de cárcel que pesaban en su contra.
Así, Lula da Silva se convierte en potencial candidato presidencial para 2022, con algunos sondeos que lo sitúan como favorito frente al actual gobernante, Jair Bolsonaro.
“Se trata de otra decisión de la Corte Suprema que restablece la seguridad jurídica y la credibilidad del sistema de justicia del país”, declaró este viernes el abogado Cristiano Zanin, jefe de la defensa del exmandatario; el fallo también le devuelve a Lula su derecho a aspirar a cargos electivos.
En ese mismo sentido se pronunciaron todos los partidos del arco progresista, que en algunos casos llegaron a insinuar que Lula será candidato presidencial en 2022.
El más claro fue el gobernador del estado de Maranhao, Flavio Dino, quien era mencionado hasta ahora como posible candidato presidencial para 2022 por el Partido Comunista do Brasil (PCdoB); después de la sentencia dijo que, si le fuera propuesto, “sería un honor aspirar a la vicepresidencia” en una fórmula encabezada por Lula.
El exmandatario no termina de aclarar nada en ese sentido, pero sí empieza a dar algunas pistas sobre sus intenciones.
“Yo estoy vivo, entero, tengo una energía de 30 años y estoy listo para la pelea. Si es necesario para derrotar a un fascista como Jair Bolsonaro, seré candidato a presidente”, reiteró Lula a la emisora argentina C5N tras conocerse el fallo del Supremo.
Lula no tenía previsto pronunciarse este viernes sobre el fallo, pero hizo un guiño a sus seguidores en las redes sociales y cambió su foto de perfil por una en la que aparece perfectamente peinado, con un sobrio traje y una corbata con los colores de la bandera de Brasil que solía usar mientras estuvo en el poder.
Aunque Lula tampoco ha hecho referencia a eso, algunos sondeos ya consideran su posible candidatura de cara a las elecciones previstas para el 2 de octubre de 2022 y hasta lo sitúan como claro favorito frente a Bolsonaro, cuya popularidad está en caída en parte por su errática gestión de la pandemia de COVID-19.
La encuesta de la firma PoderData publicada esta semana dice que, en una primera vuelta, Lula se impondría con un 34% frente al 31% que obtendría Bolsonaro. Pero en la segunda vuelta, el antiguo dirigente sindical llegaría al 52% y el líder de la ultraderecha se quedaría en un 34%.
“Este escenario es un fotografía del momento, cuando el país enfrenta el peor impacto de la pandemia de coronavirus y hay una gran incertidumbre sobre la recuperación de la economía”, analizó PoderData.
Bolsonaro, acorralado por críticas a su gestión de una pandemia que ya deja más de 365.000 muertos en el país y que será objeto de una investigación parlamentaria promovida por la oposición, acusó el golpe y alertó a los brasileños sobre Lula y la corrupción que, en su opinión, encarna el líder progresista.
“Si Lula vuelve, por el voto directo, el voto auditable, todo bien”, dijo Bolsonaro, pero pidió a los brasileños que “piensen cómo será el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer para dentro de la Presidencia”.
El exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, se declaró no culpable este jueves ante un juez de Nueva York, de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero que se le imputan.
Después de que la lectura de los cargos en su contra, lo cual se realizó a través de una videoconferencia, Cienfuegos respondió a las preguntas rutinarias del magistrado Steven Gold, que fijó la próxima audiencia para el 18 de noviembre.
Fiscales en Estados Unidos acusan al general de asociación ilícita para distribuir e importar drogas y lavado de dinero.
Los fiscales señalan que Cienfuegos, de 72 años, ayudó al cartel del H-2 mientras era el responsable de las fuerzas armadas de 2012 a 2018 durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.
La acusación formal contra Cienfuegos procede de la corte federal del distrito este de Nueva York, ubicada en Brooklyn. Por ese motivo el general fue trasladado desde Los Ángeles a Nueva York.
Durante la corta audiencia de este jueves, Cienfuegos accedió a que sus abogados se reúnan con la fiscalía para hablar de las pruebas del caso. La lectura de cargos estuvo plagada de problemas técnicos. El juez Gold repitió una y otra vez que la gente que se conectaba por teléfono tenía que ponerse en mudo, aunque las interrupciones continuaron; por ello pospuso la audiencia por más de una hora ordenando que fuera privada.
“Ahora que el general Cienfuegos Zepeda está en nuestro distrito consideraremos todas las aplicaciones legales apropiadas, incluidas las relacionadas con fianza y pruebas”, dijo Edward Sapone, abogado del exfuncionario federal. Sin embargo, una posible fianza no fue discutida durante la audiencia del jueves.
Ayer se informó sobre el nuevo abogado de Cienfuegos Zepeda, de la firma Sapone & Petrill, quien recientemente trabajó en la defensa de una implicada de alto perfil en el caso de la secta sexual NXIVM. Desde que fue detenido en Los Ángeles, la defensa del exsecretario estuvo a cargo del abogado Duane R. Lyons, de la firma Quinn Emanuel.
Según el portal de internet de la oficina federal de prisiones estadounidense, Cienfuegos se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, una cárcel de alta seguridad.
El Senado de Estados Unidos, dominado por los republicanos, confirmó este lunes a la jueza conservadora que el presidente Donald Trump propuso para la Suprema Corte.
La confirmación aseguran diversos analistas, es una victoria para el mandatario a ocho días de las elecciones del 3 de noviembre.
El Senado votó por 52 votos a favor y 48 en contra la nominación de la jueza Amy Coney Barrett que llega a consolidar la mayoría que tienen los conservadores en el máximo tribunal, con una composición de seis contra tres.
La propuesta de Trump surgió luego del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. La llegada de Coney Barrett dará pie a una nueva etapa de fallos sobre temas como el aborto, la Ley de Cuidado de Salud Asequible e incluso su propia elección.
Barrett, de 48 años, llega a ocupar el nombramiento vitalicio como la 115ª jueza de la Corte.
Los demócratas no pudieron detener el proceso, que lleva al tercer juez nominado por Trump a la Suprema Corte.
Con la confirmación de Barrett asegurada, se esperaba que Trump lo celebrara con un acto de juramentación en La Casa Blanca. El juez Clarence Thomas tomará el juramento, dijo un alto funcionario de La Casa Blanca.
La magistrada podría participar en su primera audiencia a partir del 2 de noviembre, la víspera de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, teóricamente actuará en caso de que se examinen posibles apelaciones contra los resultados de la votación.
Los republicanos en el Senado de Estados Unidos se prepararan para confirmar este lunes a la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Suprema Corte, al tener los votos necesarios para su nombramiento.
La confirmación de Amy Coney Barrett podría producirse pese a las denuncias de que una decisión tan importante debería dejarse en manos del ganador de las elecciones del próximo 3 de noviembre.
Los demócratas en el Senado le han pedido al vicepresidente Mike Pence abstenerse de presidir la sesión ya que varios de sus allegados han dado positivo al coronavirus.
Si bien el voto de Pence no es necesario para resolver un desempate, es un momento dramático en que él podrá presidir la conformación de un tercer juez al máximo tribunal bajo la presidencia de Trump.
El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, denunció que la presencia de Pence no sólo violaría las medidas sanitarias, sino que “sería una violación de la decencia y la cortesía común”.
La confirmación de la jueza, de 48 años, impondría una mayoría conservadora en la Corte, y podría afectar temas sensibles como el derecho al aborto, el derecho de los homosexuales a casarse y la legalidad de la reforma del sistema de salud propuesta bajo la presidencia de Barack Obama.
Su confirmación daría paso a una composición en la Corte, de 6 a 3 en la balanza a favor de los magistrados conservadores.
De hecho, el caso de la reforma de salud está programado para el 10 de noviembre, días después de la elección presidencial.
El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ironizó sobre la actitud “apocalíptica” de quienes opinan que la Suprema Corte se ha politizado, y defendió su conducta hacia la composición del tribunal.
“Esto es algo de lo que debemos estar orgullosos y debemos sentirnos magníficos”, aseveró McConnell.
Añadió que a diferencia de acciones legislativas que pueden ser revocadas por un nuevo presidente o una nueva mayoría en el Congreso “sobre esto no podrán hacer nada por mucho tiempo”.
Schumer denunció que el hecho de que el gobierno estaba dispuesto a avanzar con la votación a pesar de la crisis del coronavirus “demuestra que el Partido Republicano está dispuesto a ignorar la pandemia con tal de imponer a prisa a esta nominada”.
La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes examinar la legalidad de dos temas emblemáticos de la política migratoria del presidente Donald Trump: la financiación de un muro fronterizo en el sur del país, y el programa “Quédate en México” para solicitantes de asilo.
El máximo tribunal estadounidense acordó que revisará ambos asuntos después de las elecciones del 3 de noviembre.
Los altos jueces estudiarán si es legal el uso de fondos asignados al Pentágono por parte del gobierno republicano para financiar el levantamiento de la barrera en la frontera con México, una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.
Trump declaró una “emergencia nacional” en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los montos necesarios para construir el muro.
A principios de ese año, el choque provocó el cierre parcial de la administración federal por 35 días, una duración récord.
Ahora, la Corte Suprema revisará la apelación del gobierno de Trump de un fallo de junio del Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2,500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.
La construcción continuó, sin embargo, porque en julio de 2019 la Corte Suprema había permitido que avanzara mientras se resolvía el litigio.
La Corte Suprema también accedió el lunes a examinar el programa conocido como “Quédate en México”, por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país debían esperar en nuestro país la resolución de sus casos.
Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron devueltos a México.
Los jueces de la Corte Suprema acordaron ahora revisar una decisión del mismo Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de California, que en febrero ratificó el fallo de un juez federal de suspender los MPP por considerarlos inconsistentes con la legislación estadounidense y con tratados internacionales.
La implementación del programa “Quédate en México” continuó sin embargo porque la Corte Suprema suspendió esa orden en espera de un examen de fondo de los argumentos.
La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambos casos en 2021, con vistas a una decisión antes de finales de junio.
Sin embargo, el resultado de la elección presidencial podría cambiar las reglas del juego: si el demócrata Joe Biden es elegido, podría revisar las políticas de su predecesor y anular los procedimientos judiciales.
Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las marcas distintivas de su presidencia, pero casi todas sus medidas han sido impugnadas en los tribunales.
La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.
El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.
El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.
“El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo”, indica el texto.
En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.
El cuarto cargo, de “conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos” (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.
Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de “lamentable” el arresto y consideró que es una “muestra inequívoca de la descomposición del régimen” que imperaba antes de su gobierno.
El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino “se hablaba de una investigación” sobre el general, aunque “no era nada oficial”.
El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.
También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.
La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, compareció ante el Senado, donde fue cuestionada principalmente por los legisladores demócratas.
Y aunque se contuvo y no mostró muestras de exaltación, analistas refieren que no ofreció ningún indicio de cómo fallaría en caso de llegar a la Corte en casos importantes como el aborto o el futuro del Obamacare.
“Los jueces no pueden levantarse un día y decir: tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas; me gusta el aborto, odio el aborto. Y simplemente andar por ahí como una reina e imponer su voluntad al mundo”, dijo con cierta ironía Barrett durante el segundo día de audiencias en el comité judicial del Senado.
Barrett, católica, de 48 años y madre de siete hijos, usó frases similares para evadir las preguntas de los demócratas; aseguró una y otra vez que ella no tiene ninguna agenda política y que su objetivo es apegarse a la Constitución para decidir cada caso por separado.
Además, enfatizó que “no se ha comprometido” con la Casa Blanca a fallar de ninguna forma en polémicos casos, como el de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017) que evaluará la Corte en las próximas semanas.
Ante sus respuestas, los senadores demócratas, que están en minoría en el Senado y saben que no pueden frenar la confirmación de la jueza, están usando las audiencias para recordar a los estadounidenses lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
Los demócratas se están esforzando en retratar a Barrett como una jueza extremadamente conservadora y muchos pusieron hoy el foco en el derecho al aborto.
La senadora Dianne Feinstein, de 87 años y que durante su vida ha roto varias barreras de género, preguntó repetidamente a Barrett sobre sus ideas acerca del caso “Roe v. Wade”, que legalizó el aborto en 1973 y le recordó lo que ocurría cuando ese procedimiento era ilegal en Estados Unidos.
“Como una estudiante universitaria en la década de 1950, vi lo que le pasaba a aquellas mujeres jóvenes que quedaban embarazadas en un momento en el que el aborto no era legal en este país. Yo fui a (la universidad de) Stanford y vi los viajes a México, vi cómo mujeres muy jóvenes intentaban hacerse daño. Eso es realmente preocupante”, manifestó Feinstein.
Barret rechazó expresar su visión acerca del caso y dijo que no dará “un pulgar hacia arriba o hacia abajo” para respaldar o rechazar ningún asunto, incluido el aborto.
En varias ocasiones, la magistrada insistió en que será perfectamente capaz de separar sus decisiones judiciales de su religión.
“Tengo una vida repleta de personas que han tomado decisiones diferentes, y nunca he intentado, en mi vida personal, imponerles mis decisiones. Lo mismo ocurre en mi ámbito profesional”, aseveró Barrett.
Durante las audiencias para confirmarla como jueza de la Suprema Corte, Barrett tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas sobre sus creencias y su pertenencia al grupo religioso People of Praise.
Ese grupo tiene menos de 2,000 miembros y sus miembros creen en “profecías y curaciones divinas”, según el diario The New York Times.
Hoy, Barrett dijo a los senadores que, cuando aceptó la nominación de Trump para el Supremo, sabía que su fe sería “caricaturizada” y su familia sufriría ataques; pero decidió seguir adelante porque quiere “servir a su país”.
Al respecto, los republicanos han acusado repetidamente a los demócratas de atacar la fe de Barrett, aunque en realidad ninguno ha aludido a sus creencias religiosas.
El objetivo de los republicanos es desacreditar a los demócratas y retratarles como un grupo de radicales, al mismo tiempo que buscan presentar a Barrett como una jueza extremadamente calificada.
En un momento de la audiencia, el senador John Cornyn, republicano por Texas, le pidió a la magistrada que sostuviera su libreta a la vista de todos con el objetivo de mostrar que estaba en blanco y que estaba hablando de memoria, haciendo referencia a casos legales sin ningún tipo de ayuda.
Los republicanos quieren confirmar a Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que en caso de avanzar estaría en funciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Genaro García Luna se declaró “no culpable” de los nuevos cargos de los que le acusan las autoridades de Estados Unidos, donde se encuentra detenido por supuestos delitos de narcotráfico.
En una audiencia virtual, el juez federal Brian Cogan detalló a García Luna la nueva acusación, que se amplió el pasado 30 de julio y ahora incluye un total de cinco cargos, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.
García Luna ya se había declarado inicialmente “no culpable” de los primeros cargos que se le imputaron y este miércoles volvió a hacer lo mismo con la acusación ampliada, que se dio a conocer en julio pasado cuando también se acusó a dos exfuncionarios, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.
Además de la acusación de participar en un proyecto criminal continuado, a Genaro García Luna se le señala de conspiración para distribuir cocaína y de mentir a los servicios de inmigración de Estados Unidos; por las cinco nuevas acusaciones el mexicano podría enfrentar una posible cadena perpetua.
El juez fijó la próxima audiencia para el próximo 7 de diciembre y reconoció que se trata de un proceso complejo que requiere tiempo y que se está viendo ralentizado debido a la pandemia del coronavirus.
La Fiscalía, en un documento presentado a la Corte, ha dicho que hasta ahora ha reunido más de 189,000 páginas de documentos y un gran número de comunicaciones interceptadas y que aún espera añadir un importante volumen de pruebas durante las próximas semanas.
Recordemos que el excolaborador del presidente Felipe Calderón fue arrestado en diciembre pasado en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, cuando tenía a su cargo el tema de la seguridad en la administración del expresidente Felipe Calderón.
El proceso se lleva a cabo en el mismo tribunal que el pasado año condenó a cadena perpetua a “El Chapo” Guzmán.
Durante el juicio a Guzmán, Jesús “El Rey” Zambada, uno de los exlíderes del Cartel de Sinaloa aseguró haber pagado sobornos de millones de dólares a García Luna para facilitar las operaciones del tráfico de droga de ese grupo a mediados de la década del 2000.
Según el Gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.
La audiencia de este miércoles tuvo que ser suspendida en un inicio debido a que periodistas que estaban conectados a la sesión por vía telefónica ignoraron la petición del juez de silenciar sus dispositivos.
Cogan pidió repetidamente a todas las personas presentes en la llamada que se guardaran silencio o pusiesen sus teléfonos en silencio; al no tener éxito, tomó la decisión de suspender la audiencia, que retomó aproximadamente media hora más tarde.
En la reanudación, el juez advirtió a la prensa de que si incumplían las normas del tribunal (que prohíben entre otras cosas la grabación o retransmisión de los procedimientos) se exponían a sanciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la realización de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y en su caso enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios de México.
La propuesta fue aprobada por seis ministros de la Corte. Los ministros que respaldaron la consulta fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis González Alcántara; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.
Los otros cinco ministros, votaron en contra al coincidir en que la propuesta resultaba inconstitucional.
Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto de los ministros defendieron que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.
Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que la pregunta era “ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”, por lo que se propuso que la pregunta fuera modificada.
La propuesta de pregunta que obtuvo el respaldo de los ministros fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
López Obrador quiere consultar a los mexicanos si apoyan que se investigue, “y en su caso sancionen”, la presunta comisión de delitos por parte de todos los expresidentes mexicanos desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una “corrupción sistemática” en el país.
El mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias.
Analistas y expertos han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para llevarlos ante un Tribunal.
Aunque ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, AMLO ha defendido hacer “borrón y cuenta nueva” con los expresidentes para no abonar la venganza. Pese a su insistencia en la consulta, adelantó que él votaría que no.
Los expresidentes sobre los que se consultará serán Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
El presidente Donald Trump fue abucheado este jueves por un grupo de personas cuando visitó el funeral de la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg al exterior de la Corte Suprema.
Trump, que llevaba una mascarilla negra y estaba acompañado por la primera dama, Melania Trump, se situó cerca del féretro en el edificio de mármol en medio de los abucheos y consignas como “voten para echarlo”.
"Vote him out! Vote him out!"
Pres. Trump is loudly booed by members of the public while visiting the casket of Justice Ruth Bader Ginsburg, who has been lying in repose outside the Supreme Court. https://t.co/kOOj5b1KoFpic.twitter.com/Qf7zqBJugE
El momento puso en evidencia la importancia simbólica que ha tenido el fallecimiento de Ginsburg para mucha gente antes de la elección presidencial del 3 de noviembre.
El mandatario republicano, que ya nombró dos integrantes para la corte desde que asumió el cargo en 2017, dijo antes que dará a conocer el nombre de su sustituta el sábado, una semana después del fallecimiento de la magistrada de 87 años.
Su decisión de avanzar rápidamente en su sustitución a menos de dos meses de los comicios aumentó el enfrentamiento entre republicanos y demócratas, al tiempo que reformuló la carrera electoral, en la que Trump busca la reelección.
Ginsburg, nombrada por el presidente demócrata Bill Clinton en 1993, era un icono para los liberales, sobre todo en un momento en que la corte se había vuelto más conservadora. Su muerte dio un renovado impulso de los demócratas para intentar que la gente acuda a las urnas en noviembre, además de un aumento de las donaciones de campaña.
Antes de la elección de 2016, en la que Trump llegó a la presidencia, Ginsburg le criticó públicamente, calificándole de “impostor” en una entrevista. Trump respondió escribiendo en Twitter que Ginsburg “no está en su sano juicio”.
Ella se disculpó más tarde, lamentando sus “desacertados” comentarios.
El mandatario fue criticado en los últimos días por no cumplir el deseo de Ginsburg al final de su vida, que según se reportó dijo a su nieta que quería que su sustituto fuera nombrado por el próximo presidente.
El presidente Donald Trump dijo el miércoles que cree que las elecciones de 2020 terminarán en la Corte Suprema, y que por eso es importante tener nueve jueces en ese tribunal.
Trump, hablando en La Casa Blanca, dijo que el senador Lindsey Graham, que preside el Comité Judicial del Senado, ni siquiera tendrá que celebrar una audiencia para el candidato a la Corte Suprema y que el proceso marchará rápidamente.
“Creo que esto terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces”, dijo Trump cuando se le preguntó si se necesitaba una dotación completa de magistrados para manejar cualquier impugnación a las elecciones del 3 de noviembre entre él y el demócrata Joe Biden.
Trump ha puesto en duda la integridad de la elección, diciendo sin pruebas que el uso del voto por correo durante el coronavirus provocaría un fraude.
“Esta estafa que los demócratas están llevando a cabo, es una estafa, la estafa se verá en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y creo que tener una situación de 4 a 4 no es una buena situación”, dijo.
Sólo una elección presidencial anterior en Estados Unidos, la contienda del 2000 entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, tuvo un resultado determinado por la Corte Suprema.
Trump quiere proponer a un sucesor de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, que murió el viernes, y sus compañeros republicanos en el Senado dicen que podrían celebrar una votación antes de la elección. Eso dejaría a la corte con una mayoría conservadora de 6-3.
Trump ya ha nombrado a dos conservadores para puestos vitalicios en la corte, Neil Gorsuch en 2017 y Brett Kavanaugh en 2018.
Los nombramientos para la Corte Suprema requieren la confirmación del Senado, y los compañeros republicanos de Trump tienen 53 de los 100 escaños de la Cámara alta. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que tiene la intención de tramitar cualquier propuesta que haga Trump.
Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles encontró pruebas suficientes para permitir que el caso por 36 cargos de abuso sexual y violación, entre otros, contra el líder de La Luz del Mundo, Naason Joaquín García, y dos miembros de dicha iglesia llegue a juicio.
El magistrado Ronald S. Coen dio la orden para que García sea juzgado por diversos cargos penales, incluida la violación forzada de un menor, delitos presuntamente cometidos en el sur de California.
La decisión fue tomada tras casi dos semanas de audiencia, en donde se presentaron varios testigos así como la información recolectada del teléfono celular que le fue confiscado a Joaquín García el día que fue detenido en Los Ángeles, el 3 de junio de 2019.
Joaquín García, de 51 años, está acusado de 23 delitos graves, incluida la violación forzada de un menor, copulación oral forzada de un menor, relaciones sexuales ilegales, acto lascivo con un niño, extorsión, conspiración y posesión de pornografía infantil.
El pasado 6 de agosto una corte de Los Ángeles impuso una fianza de 90 millones de dólares contra el líder religioso, para que pudiera seguir su proceso en libertad, un monto que fue calificado por la Iglesia como de “sentencia anticipada”.
La defensa de Joaquín García había tratado de que se anulara el caso por errores en el procedimiento llevándolo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, que en abril pasado desestimó el proceso penal por una falla técnica y por lo cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como factor la pandemia de coronavirus.
Sin embargo, la oficina del fiscal estatal Xavier Becerra presentó nuevamente la acusación elevando a 36 el número de cargos contra Joaquín Garcíay sus dos cómplices Alondra Ocampo, de 37 años, y Susana Medina Oaxaca, de 25 años.
La nueva acusación cita a cinco víctimas, una de ellas identificada como Jane Doe 5, que habría sido abusada sexualmente en febrero de 2016.
La denuncia también acusa a Ocampo de supuestamente pedir a menores de edad que se desnudaran y tomaran fotografías de sus genitales para enviarlas a Joaquín García.
Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, Ocampo llevó a tres niñas a un edificio de oficinas y “les proporcionó trajes de colegiala, les ordenó que se tocaran los senos y las nalgas, y se tomaron fotos de ellas al hacerlo”, asegura la denuncia.
Ocampo está acusada de 27 delitos graves, que incluyen violación forzada de un menor, penetración sexual forzada, tráfico de personas mediante la adquisición de un niño para que participe en un acto lascivo, producción y distribución de pornografía infantil, entre otros.
Por su parte, Oaxaca enfrenta dos delitos graves de copulación oral forzada. Una cuarta acusada en el caso, Azalea Rangel Meléndez, enfrenta una orden de búsqueda y captura.
El próximo 1 de septiembre Joaquín García, Ocampo y Oaxaca regresarán a corte para su audiencia de declaración de culpabilidad.
Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.
La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.
Con 4 votos en contra y 1 a favor, la @SCJN rechazó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que buscaba cambiar el marco legal en Veracruz para despenalizar el aborto. No se discutió el fondo.
La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.
“No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto”, explicó la ministra.
Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.
El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.
El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.
“Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud”.
Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.
En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.
Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.
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