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La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente una política de la era del exmandatario Donald Trump, que obligaba a algunos solicitantes de asilo a esperar en México para recibir audiencia.

La decisión de los jueces, por votación de 5 a 4, se produjo en un caso sobre la política de “Quédate en México” (Remain in Mexico) implementada durante el gobierno de Trump.

El presidente del máximo tribunal del Estados Unidos, John Roberts, redactó la decisión, a la que se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces progresistas del tribunal: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Recordemos que el presidente Joe Biden suspendió el programa en enero de 2021, en su primer día en el cargo, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos en Texas y Missouri.

El fondo de la lucha era si las autoridades de inmigración, con mucha menos capacidad de detención de la necesaria, tenían que enviar a las personas de vuelta a suelo mexicano o si tenían la discreción bajo la ley federal para liberar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras esperaban sus audiencias.

Unas 70,000 personas se inscribieron en el programa, conocido oficialmente en español como “Protocolos de Protección al Migrante”, después de que el presidente Trump lo lanzara en 2019 y lo convirtiera en una pieza central de los esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo.

Después de la suspensión del programa por parte de Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, el Departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero no tuvieron éxito en los tribunales.

El programa se reanudó en diciembre, pero apenas 3,000 migrantes se habían inscrito a finales de marzo, durante un período en el que las autoridades de Estados Unidos realizaron unas 700,000 detenciones de migrantes en la frontera con México.

Los estados liderados por demócratas y los grupos progresistas estaban del lado del gobierno. Los estados dirigidos por republicanos y los grupos conservadores se pusieron del lado de Texas y Missouri.

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha que predomina en la Corte.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia “Roe v. Wade” de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

En un país muy dividido como Estados Unidos es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.

“La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho”, escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade “debe ser anulado”. “Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”, a los parlamentos locales, escribió.

Sus dichos muestran una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que se había filtrado a principios de mayo, y que había provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.

Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes, que este viernes llegaron y han emprendido manifestaciones.

La decisión va en contra de la tendencia internacional de liberalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica sigue siendo fuerte, como Irlanda, Argentina, Colombia e incluso como México, donde en las últimas semanas más estados han legislado por los derechos de las mujeres.

Llega después de 50 años de lucha de la derecha, para la que representa una enorme victoria. También encaja con la política del expresidente Donald Trump quien, durante su mandato, remodeló profundamente la Corte Suprema incorporando a tres magistrados conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que apoyan la sentencia.

Los tres magistrados progresistas discreparon con la mayoría que, según ellos, “pone en peligran otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios entre homosexuales” y “socava la legitimidad de la Corte”.

Al respecto, el presidente Joe Biden condenó el fallo por tomar un “camino extremo y peligroso”.

“Es un día triste para la corte y para el país”, dijo Biden en la Casa Blanca (…) El tribunal ha hecho lo que nunca antes había hecho: quitar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantos estadounidenses”, agregó.

Facultar a los estados para prohibir el aborto convierte a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas en cuanto a la protección de los derechos reproductivos, añadió el demócrata.

Biden instó al Congreso a aprobar una ley que proteja el derecho al aborto, una propuesta poco probable dadas las divisiones partidistas.

Dijo que su gobierno protegerá el acceso de las mujeres a los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, incluidas las píldoras para la anticoncepción y el aborto con medicamentos, al tiempo que combatirá los esfuerzos para impedir que las mujeres viajen a otros estados para abortar.

Foto: Twitter @Nanisimo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta tarde la porción normativa del artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución de Nuevo León, que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Es decir, reiteró su criterio en el sentido de que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.

Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional.

De acuerdo con precedentes, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

Por ello, sostuvo que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados; garantizar atención prenatal; proveer partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos.

Recordemos que desde septiembre de 2021 la Corte declaró inconstitucional que los estados protejan en sus leyes el derecho a la vida desde la concepción.

El portal Politico publicó un borrador con el dictamen mayoritario de la Corte Suprema de Estados Unidos, firmado por el magistrado Samuel Alito, que revocaría la protección del derecho al aborto en el país, vigente desde 1973.

Junto a Alito habrían acordado echar abajo dicha protección los magistrados Clarence Thomas y los tres propuestos para el máximo tribunal por el expresidente Donald Trump: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

La máxima instancia judicial del país cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales. Al tratarse de un borrador, sin embargo, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio.

La filtración de una decisión de la Corte Suprema sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Recordemos que la Corte dictaminó en 1973 que el Estado no tiene derecho intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo, una jurisprudencia conocida como “Roe versus Wade”, pero en la última década numerosos estados gobernados por republicanos han aprobado normativas que violan esos parámetros, con el objetivo declarado de que el Supremo anule este precedente.

En respuesta, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autenticidad del documento, pero subrayó que no representa la decisión “final” del máximo tribunal.

En un comunicado, el presidente de la Corte, el juez John Roberts, añadió que había “ordenado una investigación” para descubrir el origen de la filtración, considerada una violación extraordinaria y sin precedentes del protocolo institucional.

Para el magistrado, “esta traición” pretende “socavar la integridad de las operaciones” de la Corte, y prometió que “no tendrá éxito: el trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera”.

Al respecto, el presidente Joe Biden, advirtió este martes de que está preparando una “respuesta” para defender el aborto en el país ante la posibilidad de que la Corte Suprema acabe con la normativa que protege este derecho.

“Si esta decisión avanza, será algo muy radical”, criticó el mandatario en declaraciones a la prensa antes de abordar un avión con destino al estado de Alabama. Consideró que supondría “un giro fundamental en la jurisprudencia estadounidense”.

En ese sentido, dio que el Estado no debe meterse en ámbitos de la vida privada de las personas, como el aborto o el matrimonio igualitario. “No estoy dispuesto a dejar eso en manos de los caprichos del público”, sentenció.

Previamente, en un comunicado, el mandatario reivindicó que el aborto es un derecho “fundamental” y prometió que el gobierno estará “listo cuando se emita cualquier fallo” al respecto.

El mandatario detalló que, ante los intentos de varios estados republicanos de restringir el aborto, ha ordenado a los abogados de La Casa Blanca que preparen “opciones para una respuesta de la Administración al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos”.

Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que voten a legisladores que estén a favor del aborto en las elecciones intermedias del próximo noviembre. “Si el Supremo anula ‘Roe’, recaerá sobre los legisladores electos en todos los niveles la responsabilidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir”, afirmó Biden.

Y es que si la Corte Suprema de Estados Unidos concreta la anulación del histórico fallo, la nación se dividiría inmediatamente en estados con acceso al aborto y otros que lo prohibirían.

Casi inmediatamente después de que Politico revelara el contenido del borrador, los republicanos, que durante décadas han alentado una campaña para acabar con el derecho al aborto, aplaudieron la posibilidad, mientras que los demócratas prometieron luchar contra la posible revocación de un derecho constitucional que ha existido durante casi medio siglo.

En California, los demócratas , que ejercen el control de la Legislatura estatal, y la oficina del gobernador emitieron una declaración conjunta ayer por la noche, anunciando que buscarían enmendar la Constitución del estado para consagrar el derecho al aborto.

“California no se quedará de brazos cruzados mientras se despoja de sus derechos a las mujeres de todo Estados Unidos y se borra el avance por el que tantas han luchado”, afirmaron los demócratas de California. “Sabemos que no podemos confiar en la Corte Suprema para proteger los derechos reproductivos, por lo que California construirá un cortafuegos alrededor de este derecho en nuestra constitución estatal. Las mujeres permanecerán protegidas aquí”.

Se espera que aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos prohíban el aborto si anulan el fallo Roe vs. Wade, según el grupo de expertos sobre derechos al aborto Guttmacher Institute. Veintidós estados, principalmente en el sur y el centro-norte, ya tienen vigentes prohibiciones totales o casi totales. Aparte de Texas, todas están bloqueadas actualmente en los tribunales debido al fallo federal Roe vs. Wade.

Trece estados tienen las llamadas leyes de activación, que prohibirían el aborto inmediatamente si se anula el fallo federal y presumiblemente entrarían en vigor si la mayoría de la Corte Suprema vota a favor del borrador divulgado.

Las encuestas muestran que relativamente pocos estadounidenses quieren que la Roe vs. Wade sea anulada. En 2020, AP VoteCast encontró que el 69% de los votantes en las elecciones presidenciales dijeron que la Corte Suprema debería dejar la decisión de Roe v. Wade como está; solamente el 29% dijo que el tribunal debería revocar la decisión.

En general, la encuesta AP-NORC encuentra que la mayoría de la ciudadanía está a favor de que el aborto sea legal en la mayoría o en todos los casos.

Un tribunal de apelaciones de Texas suspendió este lunes la ejecución prevista para el próximo miércoles de Melissa Lucio, una estadounidense de origen mexicano condenada a muerte por el asesinato de su hija tras un polémico juicio, anunciaron sus abogados.

Otro tribunal de Texas examinará nuevas pruebas de su inocencia, aseguró en el comunicado su equipo legal. “La suspensión otorgada por la Corte nos permite seguir luchando con Melissa para que se anule su injusta condena”, afirmó su abogada Vanessa Potkin.

“Le estoy agradecida a la Corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia” y “por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos”, declaró Melissa Lucio.

En las últimas semanas se multiplicaron los llamados de clemencia, como el de Kim Kardashian, a favor de esta mujer con 14 hijos.

En 2007, su hija Mariah, de 2 años, fue encontrada muerta en su casa, cubierta de moretones, días después de haberse caído por las escaleras.

Melissa Lucio, quien ha sufrido en su vida agresiones físicas y sexuales, además de drogadicción y pobreza, fue declarada sospechosa de haberle pegado. Fue condenada a muerte.

Según su defensa, los peritos no tuvieron en cuenta las minusvalías de la niña, que podrían explicar la caída, ni el hecho de que las contusiones podrían deberse a un trastorno circulatorio. Ninguno de los hijos de Melissa la acusó de ser violenta.

Es inusual que se ejecute a mujeres en Estados Unidos: solo 17 desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Texas es el estado que más presos ha ejecutado, con un total de 6.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión “histórica y patriota” de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SJCN) de avalar algunos de los cambios de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

“Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que no se quería “hablar mucho antes” de la importancia de que la Suprema Corte resolviera sobre el asunto porque “sabíamos de la trascendencia” de la resolución.

En este sentido, reiteró que se estaba “abusando” del marco legal y se buscaba destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tener como “rehenes” a todos los consumidores para hacer jugosos negocios y para lucrar.

“Se reparó el daño, ayer, se protegió a la gente, para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz”, dijo el mandatario, tras expresar que estaba “muy contento”.

Puso como ejemplo a las hidroeléctricas, pues en la “ley tramposa” anterior, aprobada en 2014 con corrupción tras sobornar a los legisladores, no se contemplaba esta energía como limpia, agregó. En este sentido, señaló de nuevo a algunas empresas extranjeras para beneficiarse de la situación y además remarcó que la energía solar y eólica que producen las firmas privadas son un pretexto.

“Solo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10% de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que usan las particulares con gas”, agregó.

López Obrador dijo que el debate en la Suprema Corte se demuestra que hay un “auténtico Estado de derecho”.

Ayer, la Suprema Corte dio su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra de ella; les faltó un solo voto para desecharla.

Cuestionado sobre la reforma constitucional en el sector eléctrico, que se debatirá la próxima semana en el Legislativo, el presidente dijo: “Ahora viene la reforma constitucional, pero la verdad, con lo que se consiguió ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la CFE y rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo”.

Sobre el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que se señaló que la decisión de la Suprema Corte de declarar constitucional la LIE, abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, el presidente afirmó que no se viola ningún tratado por lo que si recurren a tribunales internacionales, México haría lo propio.

“Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pero nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre”, recalcó AMLO al decir que Salazar tiene presiones por parte de legisladores y políticos que reciben dinero de corporaciones empresariales, pues dijo, así es el modelo en Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJ) avaló puntos clave de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y avalada por el Congreso el año pasado. Sin embargo, no reunió el apoyo suficiente para evitar impugnaciones a la norma.

En uno de los temas de mayor interés para el mandatario, el máximo tribunal falló que los cambios en el orden del despacho establecidos en la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) son constitucionales, una medida que favorece a la CFE, pero que ha sido duramente criticada por empresas y gobiernos de países socios de México, como Estados Unidos.

La nueva LIE, establece que la CFE tendrá prioridad para subir su energía a la red, modificando el orden del despacho previo, basado en un criterio económico que favorecía la generación de renovables por ser menos costosa.

La ley establece que se deberá privilegiar el despacho de hidroeléctricas, seguido por otras plantas de la CFE, luego la producida por centrales eólicas y solares de empresas privadas y al final la energía de ciclo combinado de particulares.

La Corte validó también la posibilidad de revisar, renegociar o terminar contratos con productores independientes de energía, convenios que el gobierno de AMLO ha acusado de “leoninos” para la CFE argumentando que dañan las finanzas de la estatal y favorecen a empresas privadas.

Pese al resultado, la votación en la Suprema Corte de una impugnación interpuesta por senadores, estuvo muy cerca de resultar negativa para el mandatario, pues el proyecto en su conjunto obtuvo siete de los ocho votos necesarios para ser desechado y solo cuatro que lo avalaron, suficientes para dejar vigentes los cambios a la LIE.

La nueva LIE no ha entrado en pleno vigor pues ha sido frenada en tribunales. Lo sucedido no evitaría que nuevos amparos lleguen a los juzgados, donde ganarían por mayoría simple. Y es que al no haberse alcanzado los votos para desechar la reforma en su totalidad, continuarán las impugnaciones a la aplicación de la LIE.

En Broojula, Ana Paula Ordorica y la abogada Ana Laura Magaloni nos ayudan a entender qué fue lo que se resolvió ayer en la Corte.

Mientras la Corte se posicionaba sobre la LIE, la iniciativa eléctrica enviada por López Obrador a la Cámara de Diputados se discute en la Cámara de Diputados, la cual se espera que sea votada la próxima semana. Dicha iniciativa contiene básicamente los mismos cambios ya aprobados en la LIE, pero el mandatario decidió enviarla para modificar la Constitución tras los problemas para poner en marcha la nueva LIE.

El tribunal supremo de Naciones Unidas , la Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió hoy a Rusia, por trece votos a dos, suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania.

“La Federación rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye (…) evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares” en Ucrania, dijo la presidenta de la CIJ, Joan Donoghue, en la lectura pública de la orden judicial.

Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamado a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.

Para llevar el conflicto armado al alto tribunal de la ONU, Kiev argumentó que Rusia ha malinterpretado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, un tratado de 1948 firmado por ambos países, debido a que Moscú ha justificado la invasión a Ucrania en base a un presunto genocidio de la población rusoparlante en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk.

El tribunal se alineó hoy con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes dictadas hoy por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que podría llevar años.

No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los Estados implicados.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Un Tribunal de Apelación de Estados Unidos confirmó este martes la cadena perpetua impuesta a Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la que fue condenado en julio de 2019 por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros cargos.

Ante el recurso presentado por la defensa de “El Chapo” para anular el juicio, el Tribunal de Apelación concluyó que “el juez Brian Cogan realizó un juicio de tres meses diligente y justo”.

Por estas razones, el fallo resultante es afirmativo”, se lee el fallo del juez Jon O. Newman del segundo circuito del Tribunal de Apelaciones de Brooklyn.

Un días después de conocerse la sentencia, la defensa apeló para pedir un nuevo juicio bajo el argumento de que el realizado en 2019 se vio empañado “por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial”.

Ninguno de las 10 apelaciones presentadas por la defensa del narcotraficante mexicano tienen “fundamentos” para revisar el fallo dictado por el juez Gogan, indicó Newman.

La defensa basó su pedido en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó al sitio de noticias Vice que él y otros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

Asimismo, se dijo que el aislamiento total de “El Chapo” desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

Recordemos que el 18 de julio de 2019, “El Chapo” fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. Se le condenó a cadena perpetua, y fue llevado a la cárcel máxima seguridad ADX Florence.

El gobierno estadounidense lo acusa de haber introducido en el país durante un cuarto de siglo 1,44 toneladas de pasta de cocaína, 222 kg de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y “cantidades” de metanfetaminas.

La agrupación “Que siga la democracia”, grupo de apoyo al residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO),  alcanzó este jueves las 3.5 millones de firmas entregadas al INE para que se pueda convocar en abril de 2022 la consulta de Revocación de Mandato.

La agrupación entregó este jueves decenas de cajas con papeletas de firmas para la consulta. Recordemos que se deben reunir 2.75 millones de firmas, equivalentes al 3% de la lista nominal nacional, distribuidas en al menos 17 de los 32 estados del país.

La fecha límite para que se junten las firmas es el próximo sábado 25 de diciembre.

Según “Que siga la democracia”, los más de 3.5 millones de firmas aportadas por ellos sumados con las que ya tiene el INE de otras organizaciones, tanto en físico como en digital las cuales fueron captadas a través de la aplicación que el propio Instituto puso a disposición, estarían sumando 5 millones necesarios para hacer la consulta.

Esta será la primera consulta en la historia del país en que se preguntará a la ciudadanía, ejercicio impulsado por el propio presidente, si se está de acuerdo en que A López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República.

El proceso de la consulta ha estado lleno de críticas y señalamientos. La oposición acusa al presidente de usar el ejercicio para “estar en campaña permanente”, pues pese a lo que ha señalado la autoridad electoral, el presidente ha estado promoviendo la realización de la consulta.

El INE ha pedido a los seguidores del presidente no usar la palabra “ratificación” para atraer apoyos, como lo ha venido haciendo la agrupación “Que siga la democracia”.

La validación de las firmas tendrá que hacerse en los próximos días por parte del INE. Recientemente, el coordinador de procesos tecnológicos del organismo electoral, Alejandro Andrade, dijo que había hallado que algunas de las firmas pertenecían a personas fallecidas y otras inconsistencias.

La captación de firmas se hace tanto en digital como en formato físico, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que ante la falta de cobertura de internet, debían aceptarse los apoyos en papel. Además, esta semana la Corte ordenó al INE realizar ajustes en su presupuesto para garantizar la consulta después de que el Instituto solicitase judicialmente un aumento en la cantidad asignada dentro del presupuesto.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, destacó este miércoles durante la presentación de su tercer informe anual de labores el combate a la corrupción y nepotismo al interior del Poder Judicial

“Puedo afirmar categóricamente que en el Poder Judicial de la Federación ya no hay corrupción tolerada ni institucionalizada. Ya no hay corrupción avalada o auspiciada desde arriba”, dijo Zaldívar en su mensaje.

El magistrado estuvo acompañado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su esposa, y los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Sergio Gutiérrez Luna y Olga Sánchez Cordero, así como miembros del Tribunal Electoral, el Consejo de la Judicatura y por los ministros de la Corte.

Zaldívar aseguró que desde que asumió el cargo se ha perseguido y sancionado la corrupción en todas sus formas y en todos los niveles bajo el criterio de “cero tolerancia”.

Explicó que se han roto las estructuras de poder de abogados y empresarios que traficaban influencias; destacó que se han desarticulado las redes clientelares de intercambio de favores, además de que se ha erradicado el nepotismo en los juzgados.

Sin embargo, reconoció que aun existen casos de corrupción, que dijo, son aislados y ya no obedecen a la existencia de mafias que operaban dentro del Poder Judicial.

El presidente de la Corte también refrendó su compromiso contra el acoso, el hostigamiento, la violencia y cualquier forma de discriminación contra las mujeres, y aseguró que los tribunales federales ya juzgan con perspectiva de género.

Detalló que se ha incrementado el número de lenguas indígenas disponibles en las traducciones del Poder Judicial y que la reforma judicial aprobada este año permite que el nombramiento de jueces y magistrados se base en “el mérito, la igualdad de oportunidades y la paridad”.

Zaldívar criticó que por mucho tiempo la justicia fue un privilegio para las élites y una promesa vacía para los pobres; en ese sentido defendió que ahora hay un nuevo Poder Judicial Federal que brinda una justicia más humana, efectiva y cercana que nunca.

“Seguiremos trabajando todos los días con intensidad y pasión hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre”, concluyó Zaldívar su mensaje.

Recordemos que el magistrado estuvo este año en el ojo del huracán después de que el Congreso aprobara alargar dos años más su mandato, mismo que fue rechazado por le mismo Zaldívar y que la Corte resolvió como inconstitucional.

Incluso el presidente López Obrador apoyó la medida aprobada por el Congreso, impulsada por Morena y aliados, al considerar a Zaldívar un hombre “íntegro y honesto”, así como el único capaz de reformar el Poder Judicial y erradicar la corrupción.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que, tras un análisis realizado, se advirtió que el acuerdo publicado por el gobierno federal en el que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional, “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.

El Instituto indicó que el acuerdo realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a la información de la sociedad.

Por lo tanto, se concluyó que existe “una posible violación” al artículo 6 de la Constitución, pues “la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información” y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.

Además, dijo que al precisar que la información será de seguridad nacional, abre la posibilidad de impugnación, mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, de las resoluciones en que se ordene la entrega de la misma información.

Por ello, anunció que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional contra el acuerdo, pues “se detectó un riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad” del Poder Ejecutivo Federal en menoscabo del derecho de acceso a la información.

La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el acuerdo representa un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura.

Recordemos que el pasado el 22 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles, sean frenados mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad. En respuesta, López Obrador aseguró dicho acuerdo solo sirve para “agilizar trámites” y que no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este miércoles que se debe ser “respetuoso de la legalidad” tras el histórico fallo de la Suprema Corte, que ayer declaró inconstitucional la penalización del aborto.

“Tenemos que ser respetuosos de la legalidad. Yo cuando tomé protesta como presidente juré cumplir con la Constitución y con las leyes que de ella emanan. Y entonces tengo que cumplir”, afirmó el mandatario.

Por unanimidad, los ministros del pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) invalidaron el artículo 196 del código penal de Coahuila que imponía de uno a tres años de cárcel “a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento”.

Y aunque la decisión de la Corte solo invalida el código penal de Coahuila, sienta un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.

Y mientras se muestra cauto en este tema, el presidente sí celebró la decisión del gobierno de la Ciudad de México de colocar una estatua de una mujer indígena donde se encontraba la escultura de Cristóbal Colón.

“Lo veo muy bien, lo celebro, porque es un reconocimiento a la grandeza cultural del México profundo, del México prehispánico a sus culturas. Todo lo que fue vilipendiado, menospreciado, todo lo que se discrimina”, respondió AMLO al ser cuestionado.

Y es que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció hace unos día que tras meses resguardada, la estatua de Cristóbal Colón que por años estuvo en Paseo de la Reforma, sería finalmente sustituida por una escultura en homenaje a las mujeres indígenas.

Ante ello, López Obrador avaló la decisión porque, dijo, “hay que sentirnos orgullosos de nuestro pasado” y afirmó que quien no sabe de dónde viene no sabe para dónde va” y mantener la estatua de Colón supone reivindicar “otros hechos históricos lamentables”.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador anunció este fin de semana su fallo para que el presidente Nayib Bukele pueda postularse a la reelección.

La sala constitucional de la Corte sentenció que “una persona que ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, dice el fallo dirigido al Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, el fallo ha generado múltiples críticas, pues los magistrados de la Sala Constitucional que reinterpretaron la Constitución son los que fueron nombrados el pasado 1 de mayo, luego de que la Asamblea Legislativa oficialista destituyera a los cinco magistrados que la conformaban.

Los anteriores magistrados de la Sala Constitucional sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien “haya desempeñado la presidencia de la república por más de seis meses consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial”.

Lo anterior obligaba a que un presidente esperara dos períodos para postularse nuevamente.

Bukele, de 40 años, goza de un elevado nivel de popularidad lo que le permitió alcanzar la presidencia en 2019 dando el tiro de gracia al bipartidismo arraigado de la derecha-izquierda en El Salvador durante tres décadas.

Calificado por algunos como cercano al pueblo, pero criticado por la oposición por sus matices tildados de autoritarios, la popularidad de Bukele aumentó por su gestión de la pandemia COVID-19 con la construcción de un moderno hospital y un acelerado plan de vacunación, según analistas.

Desde mayo pasado, su partido Nuevas Ideas domina el Congreso donde dispone de mayoría lo que le permite gobernar sin obstáculos

Al respecto, el gobierno de Estados Unidos pidió al presidente Nayib Bukele que demuestre su compromiso con la gobernanza democrática, reiterando su condena al fallo de la Sala de lo Constitucional.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló en un comunicado que la decisión “socava” la democracia e indicó que la Constitución salvadoreña “prohíbe claramente a los titulares de la Presidencia la reelección para un período consecutivo”.

Por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, advirtió que la democracia en El Salvador “está al borde del abismo”, refiriéndose al fallo que permite la reelección presidencial.

“La Sala de lo Constitucional de El Salvador, que Bukele coptó en  ayo de este año, acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección”, dijo Vivanco su perfil de Twitter, en la que ha añadido que este “mismo libreto” fue el que usaron Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, para mantenerse en el poder.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ofreció “ayuda” a Washington en materia de migración tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos que reimpuso el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como “Remain in Mexico” o “Quédate en México”.

“Nosotros nos hemos propuesto ayudar al Gobierno de Estados Unidos, lo vamos a seguir haciendo, en el tema migratorio, afortunadamente es buena la relación”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina.

Sus declaraciones se producen después de que el martes los jueces de la Corte Suprema estadounidense ordenaron al presidente Joe Biden revivir el MPP que estableció Donald Trump para que los migrantes esperen en nuestro país mientras se resuelve su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Al respecto, la cancillería respondió ayer por la noche apuntando que “el gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”, aunque también argumentó que “una decisión judicial de ese tipo no obliga a México y que su política migratoria se diseña y ejecuta de manera soberana”.

Cuestionado por la prensa, el presidente López Obrador señaló que “su opinión” coincidía con el posicionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que siempre va a procurar tener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos.

“Eso es lo que yo sostengo porque también quisieran, por las diferencias que hay en Estados Unidos y también nuestros adversarios, que nosotros nos peleáramos o entráramos a polémicas que no nos conducen a nada. Tenemos muy buena relación tanto con republicanos como con demócratas”, afirmó el mandatario.

Y es que recordemos que Biden suspendió en su primer día en La Casa Blanca las inscripciones al MPP, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 70,000 migrantes a México, donde han vivido en malas condiciones, según organizaciones civiles.

Pero en Estados Unidos ha aumentado la presión política de los republicanos por la ola migratoria récord, con más de 212,000 indocumentados detenidos en julio en la frontera de Estados Unidos, una cifra récord, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

AMLO reiteró su compromiso de “cuidar a los migrantes” en particular en el sureste del país, pero reconoció que “esto no puede ser eterno”.

Así, López Obrador reiteró su petición de que Washington invierta en programas de desarrollo para Centroamérica y el sureste de México, e insistió en que Estados Unidos y Canadá deben realizar un diagnóstico de cuánta fuerza de trabajo necesitan de México y Centroamérica para establecer un programa de visas laborales.

“Entonces sí hay alternativas y nosotros estamos hablando con el Gobierno de Estados Unidos y es muy buena relación independientemente de estas resoluciones judiciales porque esto no es un asunto nada más jurídico, legal, es un asunto social, humano, moral”, sostuvo López Obrador.

Una corte federal de Massachusetts admitió la demanda del gobierno de nuestro país en contra empresas armamentísticas estadounidenses que presentó a inicios de mes, informó este viernes el canciller Marcelo Ebrard.

“La Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia aquí”, anunció el canciller en redes sociales.

En el mismo mensaje, Ebrard calificó la aceptación de la demanda como “un primer gran paso” y detalló que “ahora vienen la notificación y el proceso legal”.

Recordemos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció el pasado 4 de agosto una histórica demanda contra una decena de empresas de armas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

Esta demanda, cuyo proceso se podía extender por años, se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, sede de dichas compañías.

El gobierno de la Cuarta Transformación aclaró que la demanda se presentó en contra de las empresas y no de la administración de Joe Biden.

Con ello, las autoridades de nuestro país buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen una compensación económica, cuya cantidad todavía no han calculado. Se estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1.5% y el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).