El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que, tras un análisis realizado, se advirtió que el acuerdo publicado por el gobierno federal en el que cataloga las obras de infraestructura del Gobierno como asuntos de interés público y de seguridad nacional, “transgrede los principios de supremacía constitucional y legalidad”.

El Instituto indicó que el acuerdo realiza una reserva anticipada y generalizada de la información relativa a esos proyectos u obras, vulnerando el derecho a la información de la sociedad.

Por lo tanto, se concluyó que existe “una posible violación” al artículo 6 de la Constitución, pues “la seguridad nacional y el interés público son causales de reserva de la información” y la clasificación de la misma debe realizarse por los sujetos obligados caso por caso, fundando y motivando la determinación y cumpliendo los requisitos de la prueba de daño.

Además, dijo que al precisar que la información será de seguridad nacional, abre la posibilidad de impugnación, mediante el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, de las resoluciones en que se ordene la entrega de la misma información.

Por ello, anunció que recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional contra el acuerdo, pues “se detectó un riesgo inminente y evidencias en la interpretación directa e indirecta de este acto de autoridad” del Poder Ejecutivo Federal en menoscabo del derecho de acceso a la información.

La presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, aseguró que el acuerdo representa un obstáculo a la aplicación del principio de máxima publicidad, en la medida en que dificulta la difusión y entrega de información relacionada con proyectos de infraestructura.

Recordemos que el pasado el 22 de noviembre, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Con ese decreto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que busca agilizar el desarrollo y evitar que los megaproyectos que se construyen en su administración como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles, sean frenados mediante recursos judiciales como los amparos.

El acuerdo, sin embargo, fue tachado por la oposición de incentivar la opacidad. En respuesta, López Obrador aseguró dicho acuerdo solo sirve para “agilizar trámites” y que no se detengan las obras y no para evitar rendición de cuentas.

Ana Paula Ordorica es una periodista establecida en la Ciudad de México. Se tituló como licenciada en relaciones internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y tiene estudios de maestría en historia, realizados en la Universidad Iberoamericana.



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