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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que «no confía» en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes apenas el pasado 2 de enero eligieron como su primera mujer presidenta a Norma Piña.

“No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial», dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El mandatario hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre si confía o no en la Corte después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara que impugnará el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó su gobierno, al señalar que «dinamita» la democracia y afectará la organización de las elecciones.

El presidente López Obrador insistió, como lo ha venido haciendo, que la Corte «tiene que limpiar de corrupción el Poder Judicial».

«Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo”, dijo en torno de burla y reclamo.

López Obrador recordó la «campaña» en contra de Yasmín Esquivel, ministra que él propuso en 2019 y que está acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, tema que se destapó en momentos en que buscaba ser presidenta de la Suprema Corte.

AMLO ha reconocido «diferencias» con la ministra Piña, a quien ha señalado de votar «en contra de las iniciativas» que ha impulsado su gobierno.

En este sentido, admitió que no se ha reunido con ella porque no hay «ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar».

Esto llamó la atención pues eran conocidos sus encuentros con el expresidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, cuyo mandato al frente de la Corte finalizó el 31 de diciembre, mismo que el presidente intento prolongar.

López Obrador ha criticado los votos de la Corte en contra de sus iniciativas, como la reforma eléctrica, y que los jueces liberen a delincuentes con el argumento del debido proceso.

«Hay comunicación (del gobierno con Piña) porque independientemente de las diferencias que podamos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que vamos a seguir señalando, hay trabajo conjunto porque es del interés general, del interés del pueblo», remató AMLO.

El magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenó a las autoridades de todo Brasil impedir el bloqueo de cualquier vía, carretera o acceso a entidades públicas, y arrestar a quien intente alguna de estas acciones, ante la convocatoria de bolsonaristas a nuevos actos en contra del gobierno del presidente Lula da Silva.

La decisión del magistrado se da luego de que el gobierno determinara reforzar la seguridad en todo el país ante las informaciones compartidas en las redes sociales por radicales de ultraderecha convocando a una «mega manifestación» por la «retomada del poder» para este miércoles a las 18:00 hora local en las principales ciudades del país.

En la decisión, el juez también determinó que la red social Telegram bloquee los canales y perfiles que promueven este tipo de actos y multas entre 20,000 y 100,000 reales a quienes las efectuen.

«Esta organización criminal, ostensiblemente, arremete contra la Democracia y el Estado de Derecho, específicamente contra el Poder Judicial y en particular contra el Supremo Tribunal Federal, abogando por la destitución de sus integrantes y la clausura del Supremo Tribunal Federal, con la restitución de la Dictadura y la supresión de la fiel observancia de la Constitución Federal de la República», señaló el magistrado en la decisión.

El interventor del área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia, Ricardo Capelli, confirmó las convocatorias para nuevas manifestaciones este miércoles en la ciudad, pero aseguró que «no hay hipótesis» alguna de que «se repitan los hechos inaceptables» del pasado domingo.

Aclaró que «el derecho a la libre manifestación será respetado dentro de lo que establece la Constitución», pero subrayó que eso «no se confunde con ataques al patrimonio y la democracia», que en caso de volver a ocurrir serán «tratados con el rigor de la ley».

La nueva convocatoria se da tres días después de que bolsonaristas radicales tomaran las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio presidencial de Planalto, el domingo pasado, en un intento de derrocar el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quien no reconocen como jefe de Estado.

Al respecto, Lula da Silva dijo el miércoles que a los involucrados en la toma y los destrozos en los edificios de gobierno se les respetará el derecho a la defensa, pero serán sancionados.

Lula volvió a criticar al expresidente Jair Bolsonaro por no aceptar el resultado electoral y llamó «locos» a quienes invadieron y destrozaron edificios públicos en Brasilia.

Por los hechos fueron arrestadas más de 1,500 personas sospechosas de participar en los hechos, de las cuales unas 600 fueron liberadas ayer por «asuntos humanitarios», aunque permanecen vinculadas al proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue con cambios en su estructura. El pasado lunes la ministra Norma Piña fue elegida para presidir la Corte; también se eligió al presidente de la Primera Sala, y hoy se eligió al presidente de la Segunda Sala.

La ministra Norma Piña presidió hoy su segunda sesión como presidenta de la Corte, donde  se eligió al Ministro Alberto Pérez Dayán como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pérez Dayán fue elegido para el periodo 2023-2024, en sustitución de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien concluyó el cargo en diciembre pasado y quien no concretó su aspiración a encabezar la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro contó con el voto unánime de los integrantes de la Sala, con lo que repite presidencia en la Segunda Sala, luego de que ejerciera dicho cargo en 2016.

Además, la Corte recordó que en la sesión del pasado lunes, los integrantes de la Primera Sala eligieron como presidente de dicha instancia al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para el periodo 2023-2024, en sustitución de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Pardo Rebolledo tuvo el apoyo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cabe destacar que Arturo Zaldívar no participó en dicha votación pues se encontraba inmerso en el proceso de entrega-recepción de la presidencia.

Al igual que Pérez Dayán, el ministro Pardo Rebolledo ya ha ostentado la presidencia de la Primera Sala. En 2012 fue elegido para un periodo de dos años.

La Primera Sala de la Corte se encarga de resolver las controversias constitucionales en materias Penal y Civil, mientras que la Segunda Sala resuelve los asuntos de materia Laboral y Administrativa.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está garantizada, esto tras la elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Hay autonomía. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar (los opositores), que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido» expresó el mandatario.

López Obrador destacó el hecho de que por primera vez una mujer encabece la SCJN, esto después de casi dos siglos de su constitución.

El presidente aprovechar para señalar que “nadie puede decir que hay subordinación, como era antes»; recordó que, por décadas, el Congreso y la Corte eran apéndices del Ejecutivo, porque “desde la Presidencia, se daban órdenes” de toda índole.

Sus declaraciones se producen después de que el pleno de la Corte eligió el lunes pasado a Piña como la nueva y primera presidenta de la SCJN, luego de haber finalizado el periodo del ministro Arturo Zaldívar.

Piña, que reunió, luego de tres rondas de votación, el apoyo de seis de sus pares, fue nombrada en 2015 como ministra de la SCJN por el expresidente Enrique Peña Nieto, y electa entonces por mayoría en el Congreso.

Norma Piña se graduó como jurista de la UNAM en 1984. Cuatro años después, concluyó el doctorado y ese año inició su carrera en el Poder Judicial, sumando así 35 años de trayectoria en el área. A la ministra se le identifica por ser progresista; ha votado a favor del uso recreativo de la marihuana, de la despenalización del aborto, de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa y del matrimonio igualitario.

Pero, ¿qué hay detrás de la elección de la ministra Norma Piña para encabezar la Corte? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre las implicaciones que tiene la llegada de Piña a la presidencia de la Corte y cómo se vislumbra la relación que habrá con el gobierno federal.

Arranca bien el año al prevalecer la independencia del Poder Judicial sobre la preferencia del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente López Obrador. Ya decíamos la entrega anterior que hay poca comprensión sobre la división de poderes. Al haber sido electa la Ministra Norma Lucía Piña como la nueva presidenta de la Corte, López Obrador volvió a demostrar que la división de poderes le desagrada profundamente.

Declaró: “Si de los 11 ministros, se cuenta con cuatro se asegura que no declaren inconstitucional una ley […] ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda.”

Así el presidente demostró que cuando manda ternas al Senado para integrar la Corte, lo hace asumiendo que quien resulte electo debe de avalar cualquier iniciativa de su gobierno. No entiende que sus nombramientos los debe hacer pensando en enriquecer la procuración de justicia en el país para todos, no la sumisión a sus designios.

Un gobierno empeñado en acaparar todo se vio acotado. No todo está perdido. Y por ello arrancamos bien el penúltimo año de esta presidencia.

Más allá de que la llegada de la Ministra Norma Lucía Piña significa el triunfo de la primera mujer para presidir la corte, la importancia viene de que ella ha sido una Ministra profesional e independiente. Es un triunfo de género, pero es mucho más un triunfo para el Poder Judicial.

Pocos días antes de la elección por la presidencia de la Corte un grupo de amistades especulábamos sobre las probabilidades que tenía la Ministra Yasmín Esquivel de ganar la presidencia de la Suprema Corte.

En prácticamente cualquier régimen desarrollado la acusación, pruebas y respuesta de la Ministra Esquivel habría merecido una aclaración expedita, incluso previo a la elección por la presidencia de la Corte. Y a partir de la resolución, acciones.

Si la investigación resolvía que la Ministra plagió, el castigo no sería simplemente no ganar la presidencia de la Corte. Significaría la revocación de su título y por ende su expulsión de la Corte. Ni más, ni menos.

Si, por el contrario, la investigación resultara en que todo fue una campaña para tumbar su candidatura a la presidencia, el castigo debiera ser igual de contundente para quienes orquestaron esta campaña en contra de una Ministra que, en ese sentido, sería exonerada como intachable.

Pero con un gobierno que ha buscado arrasar con los contrapesos democráticos, existía la duda sobre si la Ministra Esquivel iba a ganar la presidencia de la Corte a pesar de los señalamientos y sus pruebas.

Hasta ahora, la UNAM ha dicho que hay una coincidencia del 90 por ciento entre ambas tesis. La primera en publicarse un año antes fue la de Édgar Ulises Báez. Aun cuando ya no ganó la presidencia de la Corte la Ministra Yasmín Esquivel, el asunto debe esclarecerse. Si plagió, no puede seguir siendo Ministra.

Un gobernante que ha repetido una y otra vez que en su gobierno no se miente; no se roba y no se traiciona ha decidido por anticipado defender a la acusada de plagio y atacar a quien la señaló, de ser un alcahuete. Así se ha referido el presidente sobre el académico Guillermo Sheridan quien ayer dio una elegante respuesta en estas páginas a este señalamiento presidencial.

Felicidades a la Suprema Corte de Justicia por la elección de Norma Lucía Piña, una Ministra que ha probado su profesionalismo e independencia. Ahora toca cerrar el círculo llegando hasta las últimas consecuencias respecto al posible plagio de la Ministra Esquivel. Si plagió, no puede seguir en la Corte.

Columna completa en El Universal

El fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, Sam Bankman-Fried, se declaró este martes en un tribunal federal de Nueva York no culpable de los múltiples delitos que le atribuyen las autoridades de Estados Unidos tras la quiebra de su empresa, que llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares.

El joven empresario se presentó en persona ante el juez, para responder por los ocho cargos que le imputa la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, entre ellos los de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.

SBF, como es conocido Bankman-Fried, fue extraditado a Nueva York el mes pasado desde las Bahamas, sede de la empresa y donde residía, pero ha permanecido desde el 22 de diciembre en libertad condicional en casa de sus padres en Palo Alto, California, tras pactar una de las fianzas más altas de la historia del país, de 250 millones de dólares.

El presunto estafador, que se enfrenta a un máximo de 115 años de cárcel si es condenado por todos los delitos, tiene programado el comienzo del juicio el próximo 2 de octubre, según ordenó el juez.

La defensa del acusado solicitó a la Justicia que no divulgara los nombres de dos avalistas que cubrieron la fianza, debido al interés mediático que el caso ha despertado, alegando evitar «intrusiones en su privacidad, así como amenazas y acoso».

Antes de la comparecencia, el fiscal Damian Williams anunció que su oficina ha creado un equipo de trabajo especial que se dedicará a lidiar con «asuntos relacionados con la caída de FTX», incluyendo la recuperación de los activos estafados a las víctimas, según reportó el diario New York Post.

Recordemos que FTX se declaró en bancarrota el pasado 11 de noviembre tras un rápido colapso después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía, y su debacle ha causado estragos en el sector.

Carolyn Ellison, que era la directora ejecutiva de Alameda Research -el brazo inversor de FTX, fundado también por el acusado- y Gary Wang, el cofundador de FTX, previamente se declararon culpables de cargos criminales relacionados con su papel en el fraude que contribuyó a la caída de la compañía.

SBF también afronta acusaciones de fraude por parte de los reguladores de la bolsa y el mercado de derivados en Estados Unidos.

Las acciones de Twitter serán suspendidas de la negociación de mañana viernes, según el sitio web de la Bolsa de Nueva York, dado que el multimillonario Elon Musk enfrenta la fecha límite del 28 de octubre, establecida por una corte, para cerrar la compra de la empresa.

Musk, la persona más rica del mundo, visitó ayer la sede de Twitter en San Francisco e insinuó que era el máximo responsable de la compañía tras actualizar su biografía de perfil a «Chief Twit».

A inicios de semana, la agencia Reuters informó que los inversores de capital, entre los que se encuentran Sequoia Capital, Binance, Qatar Investment Authority y otros, habían recibido de los abogados de Musk los documentos necesarios para comprometer la financiación.

La finalización del acuerdo marcaría el fin de una demanda de Twitter, que, junto con los inversores, ahora espera que el negocio se complete en sus términos originales de 54,20 dólares por acción, es decir, un total de 44,000 millones de dólares.

Musk dijo este a través de su cuenta de Twitter que estaba comprando la red social porque era importante para el futuro de la civilización tener una «plaza pública en línea donde una gran variedad de opiniones puedan debatirse de manera saludable, sin recurrir a la violencia».

«Twitter obviamente no puede ser un lugar infernal abierto a todos, donde pueda decirse todo sin consecuencias», señaló el magnate en un mensaje enviado a los anunciantes un día antes de la fecha límite para concretar la operación de compra, o se abrirá un proceso en la corte.

Además, en su mensaje adelanta que la publicidad tendrá un lugar relevante en la red en el futuro. Dijo que los anuncios, «si son bien entendidos, pueden entretener, complacer e informar» al usuario, explicándole por ejemplo que existe un tratamiento médico nuevo.

Musk concluye su menaje a los anunciantes señalando que Twitter aspira a convertirse en la plataforma de publicidad más respetada del mundo que fortalecerá sus marcas y hacer crecer sus empresas. «Construyamos juntos algo extraordinario».

La jueza del Noveno Distrito, con sede en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, otorgó una suspensión indefinida contra la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, tal como se aprobó en el Congreso respondiendo a una propuesta del gobierno federal.

Así, la jueza ordenó devolver el control de la coorporación policial a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La decisión se basa en un recurso de Ángel Castro Gómez, representante de la organización de defensa de Derechos Humanos Uniendo Caminos México.

Castro alegó que cambio incrementa el peligro para el libre ejercicio de actividades dirigidas a proteger los Derechos
Humanos, ya que la militarización de la Guardia Nacional genera un efecto inhibidor y amedrentador de libertades sociales como la libre manifestación de ideas, expresión y reunión.

El recurso hace énfasis en que la seguridad pública no es de carácter militar, sino que es una función del Estado de naturaleza civil a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, de conformidad con el Artículo 21 de la Constitución.

En ese sentido, la jueza recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo y no a la protección y control de civiles.

En tanto, el gobierno, incluida la Sedena, argumentaron que la suspensión debía negarse porque la inaplicación de una ley de seguridad pública contraviene el orden social, ya que impide la consolidación de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado, bajo el control operativo y administrativo de Defensa.

Sin embargo, la jueza considera que la suspensión definitiva debe otorgarse con base a jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y precedentes de la Corte Interamericana, por lo que ordenó suspender así también la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales y devolver los bienes y
recursos transferidos hasta ahora.

«Esta suspensión no causa perjuicio al interés social ni al orden público, porque no se obstaculizan las funciones de la Guardia Nacional para llevar a cabo la función de seguridad pública, pues sólo continuará bajo el mando civil, tal como establece la Constitución», explicó la jueza.

Recordemos que el pasado 13 de octubre, la jueza ya había otorgado una suspensión provisional en los 53 juicios de amparo colectivos que se interpusieron con el fin de que se declarara inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena.

El 19 de octubre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito de Guanajuato revocó la suspensión provisional.

Ahora, con una suspensión definitiva, la medida supone un serio revés para la gobierno de la Cuarta Transformación y para el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsor de la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este martes que ha presionado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conservar la prisión preventiva forzosa en el país, que se debate actualmente.

“Puede ser que sí sea presión ¿eh? Porque tocamos el tema, porque ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo? Imagínense ustedes, independientemente que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder», dijo el mandatario en su rueda de prensa matutina.

López Obrador se refirió así a la discusión que sigue en la SCJN sobre la prisión preventiva oficiosa, que inició ayer y en la que cuatro ministros del Supremo ya manifestaron su rechazo al proyecto que busca eliminar esta figura jurídica que impone prisión de manera automática a quienes son acusados de delitos graves.

El proyecto propone dejar de aplicar, por violar derechos humanos, el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que contempla 16 delitos a los que aplica la prisión preventiva oficiosa.

La sesión de la Corte continuará este martes, donde se conocerá la decisión final de los ministros, luego de conocer la posición de los seis ministros restantes.

Sin embargo, con las cuatro intervenciones de ayer, se prevé que no haya suficientes votos para declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pues el proyecto necesitaba el respaldo de al menos 8 de los 11 ministros.

López Obrador insistió en que, en principio, no es facultad de la Suprema Corte votar por el asunto, ya que involucra a la Constitución, por lo que corresponde a los legisladores.

Además, afirmó que la decisión de la Corte interfiere en la esfera de otro poder, pues borraría la figura del ministerio público y el derecho de las víctimas; acusó que se elimina esta figura, se liberaría a “los que tienen dinero, a los que tienen influencia”.

Incluso, dijo que es un “es un riesgo hasta para los jueces, es plata o plomo”, ante la peligrosidad de los acusados, pues dijo, los podrían amenazar o incluso corromper.

“Es mucho riesgo, han asesinado policías, a militares, presidentes municipales, porque los encarcelan (a los delincuentes), los jueces los liberan y ajustician, hay venganza”, añadió el presidente.

Un juez federal de Texas anuló este lunes su orden de restablecer el programa “Quédate en México” lo que permite al gobierno del presidente Joe Biden poner fin a la medida, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar fuera de su territorio el trámite de sus casos.

El juez federal Matthew Kacsmaryk en Texas anuló su fallo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La petición se basó en el fallo emitido en junio pasado por la Corte Suprema, que dictaminó que la Administración Biden puede poner fin a la política establecida en 2019 por su antecesor Donald Trump.

La Administración demócrata eliminó en febrero de 2021 el programa Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), también conocido como «Quédate en México», establecido por Trump, pero en respuesta a una demanda encabezada por Texas las cortes obligaron a restablecer la medida en diciembre pasado.

El fallo del máximo tribunal devolvió la demanda a los tribunales inferiores para que tomaran en consideración el último memorando expedido en octubre pasado por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Mayorkas argumentó que había fallas en el proceso y falta de «protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley», coincidiendo con las razones que los defensores de los inmigrantes han expuesto contra el programa. “Tiene fallas de origen e impone costos humanos injustificables”, sostuvo.

En un comunicado emitido ayer por la noche, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) celebró la decisión del magistrado y dijo que «se compromete a poner fin a la implementación de MPP de una manera rápida y ordenada».

Más de 60,000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera del lado de México, formaron parte de la primera etapa del programa.

Cerca de 5,800 inmigrantes han sido procesados a través de la segunda fase de MPP impuesta desde diciembre pasado, según recientes cifras. La mayoría son de Nicaragua, Cuba, Colombia y Venezuela.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves que el gobierno del presidente Joe Biden canceló correctamente una política de la era del exmandatario Donald Trump, que obligaba a algunos solicitantes de asilo a esperar en México para recibir audiencia.

La decisión de los jueces, por votación de 5 a 4, se produjo en un caso sobre la política de «Quédate en México» (Remain in Mexico) implementada durante el gobierno de Trump.

El presidente del máximo tribunal del Estados Unidos, John Roberts, redactó la decisión, a la que se sumaron su colega conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces progresistas del tribunal: Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.

Recordemos que el presidente Joe Biden suspendió el programa en enero de 2021, en su primer día en el cargo, pero varios tribunales inferiores ordenaron que se restableciera en respuesta a una demanda de republicanos en Texas y Missouri.

El fondo de la lucha era si las autoridades de inmigración, con mucha menos capacidad de detención de la necesaria, tenían que enviar a las personas de vuelta a suelo mexicano o si tenían la discreción bajo la ley federal para liberar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos mientras esperaban sus audiencias.

Unas 70,000 personas se inscribieron en el programa, conocido oficialmente en español como «Protocolos de Protección al Migrante», después de que el presidente Trump lo lanzara en 2019 y lo convirtiera en una pieza central de los esfuerzos para disuadir a los solicitantes de asilo.

Después de la suspensión del programa por parte de Biden, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, le puso fin en junio de 2021. En octubre, el Departamento presentó justificaciones adicionales para la desaparición de la política, pero no tuvieron éxito en los tribunales.

El programa se reanudó en diciembre, pero apenas 3,000 migrantes se habían inscrito a finales de marzo, durante un período en el que las autoridades de Estados Unidos realizaron unas 700,000 detenciones de migrantes en la frontera con México.

Los estados liderados por demócratas y los grupos progresistas estaban del lado del gobierno. Los estados dirigidos por republicanos y los grupos conservadores se pusieron del lado de Texas y Missouri.

La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha que predomina en la Corte.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia «Roe v. Wade» de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

En un país muy dividido como Estados Unidos es probable que la mitad de los estados, especialmente en el sur y el centro más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.

«La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», escribió el juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría. Roe v. Wade «debe ser anulado». «Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo», a los parlamentos locales, escribió.

Sus dichos muestran una formulación muy parecida al anteproyecto de sentencia que se había filtrado a principios de mayo, y que había provocando importantes manifestaciones en todo el país y una ola de indignación en la izquierda.

Desde entonces la situación era tensa en las inmediaciones del alto tribunal, acordonado por las fuerzas de seguridad para mantener a distancia a los manifestantes, que este viernes llegaron y han emprendido manifestaciones.

La decisión va en contra de la tendencia internacional de liberalizar el aborto, con avances en países donde la influencia de la iglesia católica sigue siendo fuerte, como Irlanda, Argentina, Colombia e incluso como México, donde en las últimas semanas más estados han legislado por los derechos de las mujeres.

Llega después de 50 años de lucha de la derecha, para la que representa una enorme victoria. También encaja con la política del expresidente Donald Trump quien, durante su mandato, remodeló profundamente la Corte Suprema incorporando a tres magistrados conservadores: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett, que apoyan la sentencia.

Los tres magistrados progresistas discreparon con la mayoría que, según ellos, «pone en peligran otros derechos a la privacidad, como la anticoncepción y los matrimonios entre homosexuales» y «socava la legitimidad de la Corte».

Al respecto, el presidente Joe Biden condenó el fallo por tomar un «camino extremo y peligroso».

«Es un día triste para la corte y para el país», dijo Biden en la Casa Blanca (…) El tribunal ha hecho lo que nunca antes había hecho: quitar expresamente un derecho constitucional que es tan fundamental para tantos estadounidenses», agregó.

Facultar a los estados para prohibir el aborto convierte a Estados Unidos en un país atípico entre las naciones desarrolladas en cuanto a la protección de los derechos reproductivos, añadió el demócrata.

Biden instó al Congreso a aprobar una ley que proteja el derecho al aborto, una propuesta poco probable dadas las divisiones partidistas.

Dijo que su gobierno protegerá el acceso de las mujeres a los medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, incluidas las píldoras para la anticoncepción y el aborto con medicamentos, al tiempo que combatirá los esfuerzos para impedir que las mujeres viajen a otros estados para abortar.

Foto: Twitter @Nanisimo

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esta tarde la porción normativa del artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución de Nuevo León, que establecía la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción.

Es decir, reiteró su criterio en el sentido de que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, pues ello corresponde en exclusiva a la Constitución General.

Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes, resultaba inconstitucional.

De acuerdo con precedentes, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos.

Por ello, sostuvo que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, deberán encaminarse a proteger efectivamente los derechos de las mujeres y de las personas gestantes, por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados; garantizar atención prenatal; proveer partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos.

Recordemos que desde septiembre de 2021 la Corte declaró inconstitucional que los estados protejan en sus leyes el derecho a la vida desde la concepción.

El portal Politico publicó un borrador con el dictamen mayoritario de la Corte Suprema de Estados Unidos, firmado por el magistrado Samuel Alito, que revocaría la protección del derecho al aborto en el país, vigente desde 1973.

Junto a Alito habrían acordado echar abajo dicha protección los magistrados Clarence Thomas y los tres propuestos para el máximo tribunal por el expresidente Donald Trump: Neil M. Gorsuch, Brett M. Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

La máxima instancia judicial del país cuenta con seis jueces conservadores y tres liberales. Al tratarse de un borrador, sin embargo, la decisión aún podría cambiar y no se espera un veredicto oficial hasta junio.

La filtración de una decisión de la Corte Suprema sobre un tema tan controvertido y aún en discusión es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos.

Recordemos que la Corte dictaminó en 1973 que el Estado no tiene derecho intervenir en la decisión de la mujer sobre su embarazo, una jurisprudencia conocida como «Roe versus Wade», pero en la última década numerosos estados gobernados por republicanos han aprobado normativas que violan esos parámetros, con el objetivo declarado de que el Supremo anule este precedente.

En respuesta, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la autenticidad del documento, pero subrayó que no representa la decisión «final» del máximo tribunal.

En un comunicado, el presidente de la Corte, el juez John Roberts, añadió que había «ordenado una investigación» para descubrir el origen de la filtración, considerada una violación extraordinaria y sin precedentes del protocolo institucional.

Para el magistrado, «esta traición» pretende «socavar la integridad de las operaciones» de la Corte, y prometió que «no tendrá éxito: el trabajo de la Corte no se verá afectado de ninguna manera».

Al respecto, el presidente Joe Biden, advirtió este martes de que está preparando una «respuesta» para defender el aborto en el país ante la posibilidad de que la Corte Suprema acabe con la normativa que protege este derecho.

«Si esta decisión avanza, será algo muy radical», criticó el mandatario en declaraciones a la prensa antes de abordar un avión con destino al estado de Alabama. Consideró que supondría «un giro fundamental en la jurisprudencia estadounidense».

En ese sentido, dio que el Estado no debe meterse en ámbitos de la vida privada de las personas, como el aborto o el matrimonio igualitario. «No estoy dispuesto a dejar eso en manos de los caprichos del público», sentenció.

Previamente, en un comunicado, el mandatario reivindicó que el aborto es un derecho «fundamental» y prometió que el gobierno estará «listo cuando se emita cualquier fallo» al respecto.

El mandatario detalló que, ante los intentos de varios estados republicanos de restringir el aborto, ha ordenado a los abogados de La Casa Blanca que preparen «opciones para una respuesta de la Administración al ataque continuo contra el aborto y los derechos reproductivos».

Biden hizo un llamado a los estadounidenses para que voten a legisladores que estén a favor del aborto en las elecciones intermedias del próximo noviembre. «Si el Supremo anula ‘Roe’, recaerá sobre los legisladores electos en todos los niveles la responsabilidad de proteger el derecho de las mujeres a decidir», afirmó Biden.

Y es que si la Corte Suprema de Estados Unidos concreta la anulación del histórico fallo, la nación se dividiría inmediatamente en estados con acceso al aborto y otros que lo prohibirían.

Casi inmediatamente después de que Politico revelara el contenido del borrador, los republicanos, que durante décadas han alentado una campaña para acabar con el derecho al aborto, aplaudieron la posibilidad, mientras que los demócratas prometieron luchar contra la posible revocación de un derecho constitucional que ha existido durante casi medio siglo.

En California, los demócratas , que ejercen el control de la Legislatura estatal, y la oficina del gobernador emitieron una declaración conjunta ayer por la noche, anunciando que buscarían enmendar la Constitución del estado para consagrar el derecho al aborto.

«California no se quedará de brazos cruzados mientras se despoja de sus derechos a las mujeres de todo Estados Unidos y se borra el avance por el que tantas han luchado», afirmaron los demócratas de California. «Sabemos que no podemos confiar en la Corte Suprema para proteger los derechos reproductivos, por lo que California construirá un cortafuegos alrededor de este derecho en nuestra constitución estatal. Las mujeres permanecerán protegidas aquí».

Se espera que aproximadamente la mitad de los estados de Estados Unidos prohíban el aborto si anulan el fallo Roe vs. Wade, según el grupo de expertos sobre derechos al aborto Guttmacher Institute. Veintidós estados, principalmente en el sur y el centro-norte, ya tienen vigentes prohibiciones totales o casi totales. Aparte de Texas, todas están bloqueadas actualmente en los tribunales debido al fallo federal Roe vs. Wade.

Trece estados tienen las llamadas leyes de activación, que prohibirían el aborto inmediatamente si se anula el fallo federal y presumiblemente entrarían en vigor si la mayoría de la Corte Suprema vota a favor del borrador divulgado.

Las encuestas muestran que relativamente pocos estadounidenses quieren que la Roe vs. Wade sea anulada. En 2020, AP VoteCast encontró que el 69% de los votantes en las elecciones presidenciales dijeron que la Corte Suprema debería dejar la decisión de Roe v. Wade como está; solamente el 29% dijo que el tribunal debería revocar la decisión.

En general, la encuesta AP-NORC encuentra que la mayoría de la ciudadanía está a favor de que el aborto sea legal en la mayoría o en todos los casos.

Un tribunal de apelaciones de Texas suspendió este lunes la ejecución prevista para el próximo miércoles de Melissa Lucio, una estadounidense de origen mexicano condenada a muerte por el asesinato de su hija tras un polémico juicio, anunciaron sus abogados.

Otro tribunal de Texas examinará nuevas pruebas de su inocencia, aseguró en el comunicado su equipo legal. «La suspensión otorgada por la Corte nos permite seguir luchando con Melissa para que se anule su injusta condena», afirmó su abogada Vanessa Potkin.

«Le estoy agradecida a la Corte por darme la oportunidad de vivir y demostrar mi inocencia» y «por tener más días para ser una madre para mis hijos y abuela para mis nietos», declaró Melissa Lucio.

En las últimas semanas se multiplicaron los llamados de clemencia, como el de Kim Kardashian, a favor de esta mujer con 14 hijos.

En 2007, su hija Mariah, de 2 años, fue encontrada muerta en su casa, cubierta de moretones, días después de haberse caído por las escaleras.

Melissa Lucio, quien ha sufrido en su vida agresiones físicas y sexuales, además de drogadicción y pobreza, fue declarada sospechosa de haberle pegado. Fue condenada a muerte.

Según su defensa, los peritos no tuvieron en cuenta las minusvalías de la niña, que podrían explicar la caída, ni el hecho de que las contusiones podrían deberse a un trastorno circulatorio. Ninguno de los hijos de Melissa la acusó de ser violenta.

Es inusual que se ejecute a mujeres en Estados Unidos: solo 17 desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Texas es el estado que más presos ha ejecutado, con un total de 6.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la decisión «histórica y patriota» de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SJCN) de avalar algunos de los cambios de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

«Quiero informar al pueblo de México que la resolución de la Suprema Corte de declarar constitucional la Ley (de la Industria) Eléctrica fue una decisión histórica, patriota, en beneficio del pueblo de México, en beneficio de la nación», dijo el mandatario en su conferencia matutina.

Dijo que no se quería «hablar mucho antes» de la importancia de que la Suprema Corte resolviera sobre el asunto porque «sabíamos de la trascendencia» de la resolución.

En este sentido, reiteró que se estaba «abusando» del marco legal y se buscaba destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y tener como «rehenes» a todos los consumidores para hacer jugosos negocios y para lucrar.

«Se reparó el daño, ayer, se protegió a la gente, para que en el futuro no haya abusos de aumentos en las tarifas de la luz», dijo el mandatario, tras expresar que estaba «muy contento».

Puso como ejemplo a las hidroeléctricas, pues en la «ley tramposa» anterior, aprobada en 2014 con corrupción tras sobornar a los legisladores, no se contemplaba esta energía como limpia, agregó. En este sentido, señaló de nuevo a algunas empresas extranjeras para beneficiarse de la situación y además remarcó que la energía solar y eólica que producen las firmas privadas son un pretexto.

«Solo utilizan de pretexto o de excusa o de pantalla el que les importa mucho la energía limpia. Mentira, ¿cuánto se produce con eólica o solar? Ni el 10% de la energía que se requiere. Todo lo demás es energía que usan las particulares con gas», agregó.

López Obrador dijo que el debate en la Suprema Corte se demuestra que hay un «auténtico Estado de derecho».

Ayer, la Suprema Corte dio su respaldo al nuevo modelo energético que propone López Obrador al declarar constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, previo al debate en el Legislativo de una reforma constitucional sobre el sector energético.

Aunque hubo muchas objeciones a la LIE, no se alcanzaron los ocho votos necesarios para ser considerada inconstitucional. Sin embargo, la mayoría de los ministros se manifestaron en contra de ella; les faltó un solo voto para desecharla.

Cuestionado sobre la reforma constitucional en el sector eléctrico, que se debatirá la próxima semana en el Legislativo, el presidente dijo: «Ahora viene la reforma constitucional, pero la verdad, con lo que se consiguió ayer se nos alivianó la carga. Ya con lo de ayer podemos sacar adelante a la CFE y rescatar esta empresa pública y mantener el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Fue por eso un triunfo».

Sobre el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en el que se señaló que la decisión de la Suprema Corte de declarar constitucional la LIE, abrirá la puerta a litigios sin fin, generando incertidumbre y obstruyendo la inversión, el presidente afirmó que no se viola ningún tratado por lo que si recurren a tribunales internacionales, México haría lo propio.

“Él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico, pero nosotros también haríamos lo propio, porque somos un país independiente, libre», recalcó AMLO al decir que Salazar tiene presiones por parte de legisladores y políticos que reciben dinero de corporaciones empresariales, pues dijo, así es el modelo en Estados Unidos.