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Carlos Alpízar, exsecretario general del Consejo de la Judicatura Federal y figura cercana a Arturo Zaldívar, rechazó la veracidad de los audios difundidos por N+, los cuales revelan el modus operandi que se aplicó en la Corte para presionar a jueces y magistrados para resolver temas de interés político.

“Afirmó categóricamente que los audios presentados son falsos, truqueados y manipulados dolosamente para fingir una conversación que nunca sucedió”, dijo Alpízar Salazar en declaraciones retomadas por El Universal.

Sostuvo que “nunca recibió ninguna instrucción del ministro presidente Arturo Zaldívar para tratar asuntos jurisdiccionales con jueces y magistrados”.

El excolaborador de Arturo Zaldívar acusó que se está utilizando información “falsa” con fines políticos-electorales, y en el mismo sentido que lo expuesto por el ahora colaborador de la campaña de Claudia Sheinbaum, dijo que la ministra Norma Piña y su equipo son los responsables de las filtraciones.

Dijo que la difusión de la información se hace de manera ilegal, pues son elementos de una investigación en curso; por ello adelantó que actuará penalmente contra quien resulte responsable.

Arturo Zaldívar también se posicionó respecto al tema, y en entrevista con Radio Fórmula en el espacio de Ciro Gómez Leyva, afirmó que nunca dio “ninguna instrucción, comentario, presión a ningún juez o magistrado; tampoco di jamás instrucción a colaborador mío para que lo hiciera”.

Una investigación especial de N+ Focus dio a conocer una serie de audios en los que se revela cómo Carlos Alpízar, y el magistrado Constancio Carrasco, ambos cercanos a Zaldívar, buscaron a diversos magistrados, entre ellos Alberto Roldán para ‘sensibilizarlo’ en torno a un tema de prioridad institucional.

El magistrado Alberto Roldán, entonces Juez Quinto de Distrito en materia de amparo, recibió en septiembre del 2020 el caso de Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, quien era acusada junto con 18 funcionarios más, de un fraude millonario al interior de la institución.

Por ello, Roldán fue contactado por Alpízar y Carrasco. Fueron cinco las reuniones que sostuvo con ellos, en las que, ante las medidas de seguridad con los teléfonos celulares, decidió llevar una grabadora oculta.

En esos encuentros recibió mensajes como: queremos ayudarte y cuidarte; ver cómo le podemos hacer; ya más o menos te dio línea de cómo poder hacerle, entre otros… hasta llegar al grado de insinuaciones sobre sus familiares, a quienes tenían plenamente ubicados pues trabajaban también en el Poder Judicial.

La investigación de N+Focus añade que al no resolver el caso como le pedían, el magistrado Alberto Roldán fue cambiado de adscripción, lo que entendió como un castigo por no ceder ante las presiones.

En un revés al movimiento #MeToo, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló este jueves la condena impuesta en 2020 al ex productor de cine Harvey Weinstein por delitos sexuales y ordenó un nuevo juicio; la decisión rápidamente conmocionó a diversas organizaciones feministas.

En una ajustada decisión de 4 votos a 3, los magistrados citan errores en el juicio, como la inclusión de testigos que se habían declarado víctimas del productor pero que no eran parte de la acusación contra él, por lo que el tribunal concluyó que no tuvo un “juicio justo”.

“El acusado tiene derecho a rendir cuentas solo por el delito que se le imputa y, por tanto, no pueden admitirse en su contra alegaciones de malos actos anteriores con el único propósito de establecer su propensión a la criminalidad”, justificó la jueza Jenny Rivera, del grupo que aprobó la decisión judicial.

Por lo que el tribunal “revoca” la condena y ordena un “nuevo juicio” que subsane los “enormes errores” producidos en el primero, concluye.

Ahora, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, el mismo que ha sentado en el banquillo a Donald Trump, tendrá que decidir si vuelve a juzgar a Weinstein.

Recordemos que Weinstein, de 72 años, fue declarado culpable de varios delitos sexuales por un jurado en Nueva York y condenado en 2020 a 23 años en prisión que cumple en un centro ubicado en Rome, en el estado de Nueva York.

“Sabíamos que no fue un juicio justo”, dijo el abogado de Weinstein, Arthur Aidala, quien considera la anulación de la condena como un gran día para el sistema judicial estadounidense.

Una de las magistradas que se manifestó contraria al fallo, Madeline Singas, indicó que “con la decisión de hoy, este tribunal sigue frustrando los avances constantes por los que las supervivientes de la violencia sexual han luchado en nuestro sistema de justicia penal”.

La decepción de grupos feministas y de víctimas de abuso y acoso sexual no se hizo esperar. “La noticia de hoy no solo es descorazonadora, sino profundamente injusta. Pero este fallo no disminuye la validez de nuestras experiencias o nuestra verdad”, dijeron en un comunicado un grupo de mujeres que se habían unido para denunciar la conducta sexual de Weinstein.

En 2017 empezaron a surgir las acusaciones contra famoso productor, y fue cuando se lanzó el movimiento #MeToo, allanando el camino para que las mujeres lucharan contra la violencia sexual en el lugar de trabajo, en los transportes públicos o en la calle.

Weinstein fue acusado por cerca de un centenar de mujeres de conducta sexual depredadora y violaciones.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebrará el próximo 30 de abril y 1 de mayo audiencias públicas para escuchar los argumentos de México y Ecuador sobre las medidas cautelares solicitadas contra Quito tras asaltar la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glas el 5 de abril.

El máximo tribunal de Naciones Unidas, situado en La Haya, dedicará dos días de audiencias a escuchar los argumentos sobre las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países.

El 30 de abril escuchará los argumentos orales de México, y al día siguiente será el turno de Ecuador. Después, el tribunal se retirará a deliberar sobre la necesidad de esas medidas cautelares, que anunciará en cuestión de semanas, pero sin entrar aún en el contenido mismo del procedimiento, algo para lo que todavía no hay fecha de inicio.

México inició el caso argumentando la existencia de una disputa centrada en “cuestiones legales sobre la resolución de disputas internacionales por medios pacíficos y relaciones diplomáticas, y la inviolabilidad de una misión diplomática”.

Antes de entrar a deliberar en el caso, México consideró necesario emitir medidas cautelares contra Ecuador y solicitó a la CIJ exigir a Quito “tomar medidas apropiadas e inmediatas para proporcionar plena protección y seguridad de las instalaciones diplomáticas, su propiedad y archivos, previniendo cualquier forma de intrusión contra ellas”.

Además, pide que la Corte debería instar al Gobierno ecuatoriano a permitir que México “despeje las instalaciones diplomáticas y la residencia privada de los agentes diplomáticos”, y que “no se tome ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México con respecto a cualquier decisión” que la CIJ pueda emitir sobre el fondo de la disputa.

En medio de este conflicto, recordemos que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró el pasado lunes que no se arrepiente de haber ordenado ese asalto de la embajada mexicana.

Ante la condena casi unánime de la comunidad internacional por romper la inviolabilidad de una sede diplomática, Noboa admitió que “fue una decisión muy difícil de tomar”, pero que lo hizo porque su Gobierno considera que fue México el primero en violar las convenciones internacionales.

Justificó que la Convención sobre Asilo de Caracas señala que no se le puede dar asilo a una persona procesada en tribunales ordinarios por delitos comunes.

Y es que sobre el exvicepresidente Glas pesaba una orden de detención por malversación de fondos públicos e ingreso en prisión preventiva por caso de obras de reconstrucción tras el fuerte terremoto ocurrido en 2016.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que será esa institución la que resuelva la situación del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señalado en una denuncia anónima junto otros funcionarios por posible corrupción y enriquecimiento ilícito.

Mediante un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) apuntó que el pasado 9 de abril, la ministra presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, admitió a trámite un escrito anónimo mediante el cual se denunció a Zaldívar y a diversos funcionarios “por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir en faltas administrativas”.

En ese acuerdo, se consideró que el CJF “no tiene competencia para investigar ni sancionar los hechos imputados a un exministro”, por lo que la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio a la Suprema Corte.

Como parte del proceso, el pasado 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos y se apuntó que será el Pleno de la Suprema Corte el que resolverá lo conducente.

Además, informó que, por acuerdo de la presidenta del CJF, “se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo” que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Esta ha sido una de las principales críticas que ha hecho el exministro, quien ha acusado una revancha política en su contra.

El martes pasado, líderes de Morena anunciaron que buscará un juicio político contra Piña, por abrir una investigación contra el extitular de la Corte, quien recordemos ahora está de lleno en la campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Morena también indicó que presentará denuncias contra Piña ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos electorales, administrativos y la filtración de información confidencial, entre otros.

En conferencia de prensa el propio Zaldívar denunció en la Cámara de Diputados la enemistad de Piña y su interferencia desde que él se sumó a la campaña presidencial de Sheinbaum.

La semana pasada se viralizó una investigación por presunta corrupción de Zaldívar durante su gestión como presidente de la SCJN entre 2019 y 2022, sobre lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se ha manifestado; tachó el asunto de una “venganza”.

Tras estos hechos, el exministro advirtió que prepara ocho denuncias y quejas ante diversos organismos como el Poder Judicial, la FGR, el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Asimismo, pedirá un juicio político contra Piña en el Congreso, donde la mayoría es del oficialista de Morena con los Partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM).

Agregó que también promoverá ante el Supremo y el Consejo de la Judicatura Federal una denuncia contra Piña por coaccionar y amenazar procesos institucionales como la elección del magistrado presidente del Tribunal Electoral, por reunirse con partidos políticos, filtrar información y no excusarse de un asunto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) investiga a su expresidente, el exministro Arturo Zaldívar, y a otros funcionarios cercanos a él, por posible corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Según la información que se ha viralizado en redes sociales, con una filtración del expediente, la Suprema Corte, ahora encabezada ahora por Norma Piña, ordenó abrir una investigación hacia Zaldívar, quien habría “vulnerado” la autonomía e independencia de operadores del sistema judicial para “satisfacer intereses personales o de terceros”.

El ahora colaborador de Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, está acusado de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar, exsecretario general de la presidencia de la Corte y considerado su mano derecha.

Esto “con el objeto de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”, se lee en el documento que se ha dado a conocer.

En la denuncia, que se refirió es anónima, también se implica a decenas de funcionarios, entre ellos la exprocuradora general de la república Arely Gómez, quien trabajó como contralora del Poder Judicial en la gestión de Zaldívar, y quien esta semana tomó el cargo de auditora general de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

La investigación contempla sospechas de complicidades con personajes externos al Poder Judicial, como el exconsejero Jurídico de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, y despachos de abogados cercanos a él.

Tras difundirse la investigación, ha habido diversas reacciones. Miguel Meza, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, indicó a través de sus redes sociales que la investigación que se abrió, no responde a la denuncia que presentó en febrero pasado.

Sin embargo, advirtió que “parece ser que mi denuncia daría lugar a OTRA investigación”.

“La denuncia que presenté en su contra tiene pruebas contundentes. No exija que se detengan las investigaciones. Enfrente el proceso. Si tiene pruebas para defenderse, preséntelas. Pero no se atreva a pedir que las acusaciones queden impunes y sin investigar”, indicó el abogado.

En tanto, el propio Zaldívar solicitó un espacio en el programa de Radio Fórmula de Ciro Gómez Leyva, para posicionarse al respecto. En la entrevista acusó a Piña de iniciar esta investigación con tintes electorales.

También denunció que no es más que un intento de “revancha” ante las decisiones de ministros que están a favor de las reformas e ideas de López Obrador.

“Me parece que esto tiene una intencionalidad política muy clara de una especie de revancha contra la 4T, (tiene) una función de tratar de desprestigiar”, sostuvo el exministro.

Asimismo, indicó que le parecía “muy grave” que Piña, quien tendría que cuidar el Estado de derecho, viole el principio de presunción de inocencia, la secrecía de las investigaciones y el derecho de defensa.

Acusó que “es claramente que la intención es participar en la contienda electoral ante un escenario que están viendo problemático para ellos”.

Recordemos que Arturo Zaldívar, quien es cercano a López Obrador, renunció a la Suprema Corte en noviembre de 2023, aunque su periodo concluía en diciembre de 2024, para integrarse a la campaña de Sheinbaum.

La denuncia trasciende después de que en febrero pasado López Obrador causó polémica por declarar que, cuando Zaldívar era el presidente de la Suprema Corte, el Ejecutivo “respetuosamente intervenía” en casos de alto perfil.

México formalizó este jueves la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia contra Ecuador por el ingreso violento de sus fuerzas policiales a su embajada en Quito y anunció que solicitará la suspensión del país andino de la Organización de Naciones Unidas hasta que no emita una disculpa por sus actos.

La exigencia se hace en el marco de una demanda que está interponiendo ante la Corte Internacional de Justicia.

La entrada por la fuerza el viernes de policías y soldados en la sede diplomática de México en Ecuador para arrestar al exvicepresidente Jorge Glas, al que nuestro país había concedido asilo político tras refugiarlo durante meses, causó la ruptura de relaciones bilaterales y la condena internacional.

“Los reclamos son muy contundentes: primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México”, dijo la canciller, Alicia Bárcena, al participar en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la organización de las Naciones Unidas en cuanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones y los principios y normas fundamentales del derecho internacional”, agregó.

El Gobierno de Ecuador sostiene que la oferta de asilo de México a Glas, condenado dos veces por corrupción en la nación sudamericana, era ilegal, y acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de abusar de las inmunidades y privilegios de la legación diplomática.

Recordemos que las autoridades de Ecuador habían pedido permiso a México para ingresar al inmueble a arrestar al exvicepresidente, quien fue sentenciado a seis años de prisión en 2017, luego de ser declarado culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales.

Bárcena explicó que con dicho recurso México quiere poner a prueba el sistema de justicia internacional para que no se repitan situaciones como la sucedida en la capital ecuatoriana.

“Es tan importante evitar la repetición de estos casos que el tribunal internacional de justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros”, agregó.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo entrega de la toga magisterial, así como de la credencial y del distintivo correspondiente a la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama, con lo que, por primera vez, el Tribunal Pleno contará con la participación de cinco ministras.

Batres Guadarrama llegó a la Corte propuesta por el presidente López Obrador de manera directa, pues ninguno de los perfiles que propuso logró el respaldo del Poder Legislativo.

Lenia Batres Guadarrama pidió que fuera la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien diera el discurso de bienvenida. La también cerca al Gobierno federal, destacó que la nueva ministra es “una mujer de ideales y de acción eficaz, que aportará y enriquecerá los debates y proyectos que a La Corte le corresponda analizar”.

“El día de hoy le damos la bienvenida a la señora ministra Lenia Batres Guadarrama, aquí coincidimos distintas personalidades con diferentes visiones, pluralidad de ideas, con una trayectoria profesional propia, diversa, que enriquece nuestro quehacer jurisdiccional, pero que al final todas y todos perseguimos el mismo objetivo: fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución”, enfatizó.

Luego de la bienvenida que le dio su compañera de Pleno, Lenia Batres Guadarrama manifestó su compromiso de perseguir y defender la equidad de género, de tomar en serio la igualdad y la universalidad de los derechos humanos.

Pese a las críticas que ha recibido desde que el presidente la confirmó como la nueva integrante de la Corte, la ministra aseveró que su nombramiento contribuye a la paridad y marca la presencia en la Corte “de personas tangibles, terrenales y con problemas comunes, al tiempo que representa la llegada de visiones distintas a las predominantes”.

“Soy producto también de esta época, de nuestra época, que exige… construir una democracia real en la que puedan desarrollarse las personas indígenas y afromexicanas, con discapacidad, de la comunidad LGBTTTIQ+, quienes viven en la pobreza, que obliga a las personas servidoras públicas a responder con respeto y lealtad a la nación y a nuestro pueblo y a no abusar del poder”, sostuvo.

Lenia Batres dedicó minutos de su discurso para referirse a los “excesos” que se viven al interior del Máximo Tribunal, asegurando que no hay una Corte subordinada a la Constitución como debería de ser, sino una Constitución subordinada a la SCJN.

“Estos que he denominado excesos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: ’¿qué dice la Constitución al respecto?, lo que indique la Suprema Corte’”, dijo Batres Guadarrama al referirse a la Ley de Remuneraciones, algo que el presidente ha criticado reiteradamente.

El Pleno del Alto Tribunal Constitucional aprobó en votación económica que la Ministra Lenia Batres Guadarrama quedó adscrita a la Segunda Sala.

A la sesión solemne acudieron los Plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

También se dieron cita invitados especiales de la nueva ministra, entre los que figuraron su familia y en especial su hermano, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres.

También asistieron el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez; Raquel Buenrostro, secretaría de Economía; Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía; María Estela Ríos González, consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

Otros que la acompañaron fueron Cesar Yáñez, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de Gobernación; Edna Vega, subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario; entre otros.

Sorprendió la presencia de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien salió del gabinete federal, y de las dos compañeras con las que compartió las ternas que se enviaron al Senado.

Previo a la ceremonia, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió imparcialidad a Batres Guadarrama.

“Es la ocasión propicia para dar la bienvenida a la ministra Lenia Batres Guadarrama y desearle un ejercicio exitoso como integrante del Máximo Tribunal de nuestro país, al tiempo de hacer votos para que en su desempeño como jueza constitucional honre la objetividad e imparcialidad, alejada de las preferencias políticas que durante su vida profesional ha respaldado”, expuso la BMA en un comunicado.

El colegio de abogados recordó que Batres es la primera integrante de la Suprema Corte que asume por nombramiento directo del presidente desde la reforma judicial de 1994, que creó el actual diseño de la SCJN, “ante la falta de un acuerdo entre las fuerzas políticas”.

“Con la llegada de la ministra Lenia Batres, la BMA espera que, por encima de cualquier visión ideológica o personal, prevalezca siempre el espíritu republicano, el respeto a la división de Poderes, así como el ejercicio autónomo de tan elevada responsabilidad”, apuntó la barra.

Recordemos que la BMA ha chocado en distintas ocasiones con el Gobierno de López Obrador al denunciar que ha socavado la autonomía del Poder Judicial con sus ataques a los jueces.

Con Batres, López Obrador ha nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte, aunque dos de ellos, Juan Luis González Alcántara y Margarita Ríos Farjat, han mostrado cierta independencia, mientras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz votan de forma consistente a favor de los proyectos del mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este miércoles que aceptó la renuncia de Arturo Zaldívar, ministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer de manera sorpresiva presentó su dimisión.

“Presentó su renuncia y ya hoy envío el oficio. Sí la acepto y envío el oficio al Senado, que es al que le corresponde decidir si se acepta”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria.

Zaldívar, quien fue presidente de la Suprema Corte de 2019 a 2022, debía concluir su periodo en diciembre de 2024. Sin embargo, anunció su renuncia al señalar que sus aportaciones en el Máximo Tribunal se han vuelto marginales.

Sin embargo, dos horas después de su anuncio, Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia, publicó una foto con Zaldívar en la que confirmó que acordaron “trabajar juntos” en beneficio de la transformación del país.

La renuncia el ministro causó un sin fin de reacciones  debido a que esto le permitirá a López Obrador proponer a un nuevo ministro, con lo que habrá nominado en su mandato un récord de cinco de los 11 integrantes de la Corte.

Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz son hasta ahora a quienes ha propuesto para la Corte.

Sobre los perfiles que espera presentar en la terna para sustituir a Zaldívar, AMLO adelantó que contempla esté conformada por puras mujeres, pues dijo, con ellas ha tenido más suerte.

De concretarse la propuesta, decisión que estará en manos del Senado, }}por primera vez en la Suprema Corte la mayoría de integrantes serán mujeres.

“Me estoy inclinando por presentar tres mujeres porque tengo más ventajas con las mujeres porque la mujer es más honesta, más definida, es muy trabajadora, tienen muchas virtudes”, sostuvo.

Zaldívar, señalado de ser demasiado cercano a López Obrador, es el segundo ministro en la historia en presentar su renuncia a la Suprema Corte después de la dimisión de Eduardo Medina Mora en octubre de 2019 en medio de presuntas presiones por parte del Gobierno.

Aunque diversas voces dela oposición y expertos en la materia han señalado que la renuncia es inconstitucional porque la Constitución solo contempla dimitir por “causas graves”, AMLO defendió que eso es cuestión de interpretación.

“Eso es cuestión de interpretación, si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar, ya lo hice con el ministro Medina Mora, envié igual el oficio y el Senado decidió. ¿Quién va a tener la última palabra? El Senado”, respondió.

Finalmente, el presidente le deseó éxito a Arturo Zaldívar, y recordó que con él tuvo una buena relación. “Arturo Zaldívar, aguanta, el pueblo se levanta. Ya me imagino el bombardeo de todo el bloque conservador”, remató entre risas.

El Ministro Arturo Zaldívar pasó de buscar extender su encargo como Presidente de la Corte a un retiro anticipado aduciendo que su ciclo ahí ha terminado. Esta renuncia fue sorpresiva y generó muchas preguntas de arranque. Dos horas después, las dudas quedaron aclaradas cuando Claudia Sheinbaum subió a redes una fotografía en la que aparece sentada junto con el aun ministro diciendo que van a trabajar juntos.

La foto fue publicada sin guardar las formas. Primero porque la renuncia no es Constitucional. El artículo 98, párrafo 3 al que aduce el aún Ministro en la carta que envió al presidente López Obrador y que subió a redes es claro: “Las renuncias de los ministros de la SCJN solamente procederá por CAUSAS GRAVES; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste la acepta, las enviara para su aprobación al Senado.

Sin dejar correr el cauce legal, Zaldívar y Sheinbaum anunciaron que trabajarán juntos.

Decir que se cierra un ciclo puede ser una causa para renunciar de un trabajo o hasta para terminar una relación amorosa pero no es una causa grave para dejar el encargo como Ministro de la Corte.

El 8 de octubre 2019, el Senado aprobó la renuncia de Eduardo Medina Mora sin que éste explicara la causa grave que lo llevó a solicitar su salida anticipada de la Corte. Al parecer esto sentó un precedente para que ahora el Ministro Zaldívar pueda hacer lo mismo, renunciar sin explicar cuál es la causa grave.

En el mensaje de renuncia y en la columna que publicó ayer en Milenio el Ministro Zaldívar dice que quiere impulsar un México más justo e igualitario y con dignidad. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que desde la Suprema Corte de Justicia? Desde ahí pudo cuestionar Zaldívar la responsabilidad de las autoridades cuando ocurrió el incendio de la Guardería ABC en el sexenio de Felipe Calderón. También pudo, años más tarde, impulsar justicia para mujeres presas injustificadamente en Santa Martha Acatitla, entre ellas fue notable el caso de Alejandra Cuevas quien estuvo presa más de quinientos días simplemente por el rencor personal del Fiscal Gertz Manero. Zaldívar ayudó a que Cuevas saliera libre.

La fotografía junto con Claudia Sheinbaum indica que lo que sigue para Zaldívar es integrarse al equipo de campaña o futuro gabinete de la Morenista. La duda es por qué no esperar a diciembre del año próximo que concluyera su encargo en la Corte.

Sabemos que los artículos 101 y 95 fracción VI de la Constitución establecen que un ex ministro está impedido de ser Fiscal General, Secretario de Estado, Gobernador, Senador o Diputado antes de dos años de concluir su función en la Corte.

A estas alturas la explicación de la renuncia de Zaldívar sería que comience desde ya a correr el reloj para que se cumplan estos dos años y en el 2025 pueda llegar a la Fiscalía General de la República.

Para el Presidente López Obrador esta renuncia le abre la puerta a nombrar a un nuevo Ministro en la Corte que sea incondicional al estilo Yazmín Esquivel o Loreta Ortiz por un periodo de quince años. Sabemos que en el Senado se requiere el voto de dos terceras partes para su aprobación, pero si la oposición no da los votos suficientes, después del rechazo de dos ternas el presidente puede nombrar a quien quiera de la segunda terna sin la aduana del Senado.

Por ahora en el Senado la oposición debería rechazar la renuncia anticipada del Ministro Zaldívar y con ello impedir esta doble chuza del presidente López Obrador. El nombramiento de quien sustituya a Zaldívar debe recaer en quien suceda a AMLO en octubre del 2024. Pero desde ahora podemos anticipar que López Obrador podrá hacer el nombramiento de un quinto Ministro de la SCJN.

Columna completa en El Universal

Luego de que Morena y aliados aprobaran en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, equivalente a poco más de 15 mil millones de pesos, las reacciones no se hicieron esperar.

El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial está sujeto a los fideicomisos que se considera extinguir en el dictamen que se aprobó, tal como lo ha señalado el propio Poder Judicial y diversos miembros de la oposición.

El diputado explicó que de los nueve mil millones de pesos que se catalogan para compensación a pensiones sólo se utilizan 75 millones; el resto es un instrumento opaco, y se desconoce cuánto genera en rendimientos.

Mier Velazco acusó que en los últimos ocho años los subejercicios del Poder Judicial sumaron 60 mil millones de pesos, mismos que no se reintegraron a la Tesorería. “Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por mil 500 millones de pesos”.

Al respecto, la Suprema Corte emitió un posicionamiento en el que dijo que la extinción de los fideicomisos “SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores” del Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”.

Afirmó que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.

Aclaró que el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos; por ello, reiteró que la extinción de fideicomisos sí limita la operatividad del Poder Judicial y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.

Además, dijo que la extinción de otros fideicomisos afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.

La Corte defendió que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.

En ese sentido, del lado de la oposición, Alejandro Moreno, diputado del PRI y dirigente nacional del partido, dijo que su bancada buscará una propuesta responsable para que el dictamen, aprobado en comisiones, que cancela fideicomisos del Poder Judicial, no afecte los derechos adquiridos de las y los trabajadores, así como el funcionamiento de este poder autónomo.

“Lo que no podemos permitir y lo que sí vamos a señalar es que no se puede, a capricho de nadie, querer ahorcar administrativamente, en este caso al Poder Judicial, porque no se somete al Poder Ejecutivo”, indicó.

Alito Moreno destacó que hay derechos adquiridos de los más de 50 mil trabajadores que están en el Poder Judicial; “necesitamos garantizar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, el día a día, lo que hacen los trabajadores.

El priista consideró que querer controlar a otros Poderes es un paso regresivo, síntoma de autoritarismo. “Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios.

Finalmente, quien también se subió al tema fue el dirigente nacional de Morena, quien celebró que, con la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), se dé un paso más para “erradicar estas figuras que sólo se han utilizado para financiar privilegios de unos cuantos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México”.

“Esta iniciativa es un acto de congruencia política y ética; no puede haber jueces y magistrados derrochando el dinero público cuando hay millones en la pobreza”, dijo Mario Delgado.

Mario Delgado confió en que, con el apoyo de las y los diputados de la Cuarta Transformación, el dictamen será aprobado la próxima semana en el Pleno.

Al respecto, Ignacio Mier aseguró que las modificaciones aprobadas en Comisión se prevén discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.

El presidente presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado (Jucopo), Eduardo Ramírez, reaccionó al fallo de la Suprema Corte, acerca de la omisión en que dijo incurrió en Senado en torno al nombramiento de los comisionados faltantes del INAI.

El también coordinador de la bancada de Morena negó que el fallo implique una instrucción del Poder Judicial al Senado, sobre cómo resolver el nombramiento de los comisionados.

“Lo único que está haciendo, a través de su resolutivo la Suprema Corte, es que se discuta y en su caso. de alcanzarse la mayoría calificada, nombrar a los comisionados”, dijo a través de un video compartido en sus redes sociales.

El morenista dijo que el Senado cumplirá con el mandato jurisdiccional, es decir, someter a votación los nombramientos faltantes, aunque enfatizó que la mayoría calificada que se necesita para aprobarlos, “depende de la voluntad y los consensos” que se generen entre los grupos parlamentarios y al interior de ellos.

“De ninguna manera debe entenderse que hay una invasión del Poder Judicial al Poder Legislativo. Somos autónomos, somos de los que creemos en la división de poderes, y aquí haremos uso de nuestras facultades republicanas, en nuestros tiempos, en nuestros métodos, y en nuestros reglamentos”, añadió.

Finalmente, Eduardo Ramírez dijo que de no alcanzarse la mayoría calificada que se necesita, “ese es un asunto político-legislativo”.

Y es que ayer, la Corte reiteró que el INAI debe estar integrado por siete comisionadas o comisionados, lo que implica un mandato de ejercicio obligatorio para que el Senado haga los nombramientos correspondientes;

Señaló que el plazo que tenía el Senado para hacer el nombramiento de las comisionadas o los comisionados del INAI, era de 60 días previos a la generación de una vacante, el cual enfatizó, se ha vencido en “exceso”.

En ese sentido, dijo que la falta de esos nombramientos ha afectado la debida integración y el funcionamiento del INAI, en menoscabo de su autonomía. Señaló al Senado de incurrir en una clara omisión.

El expresidente Donald Trump reiteró este lunes en sus propias palabras, y a través de sus abogados, que está siendo víctima de una persecución política, esto durante el primer día del juicio civil en su contra por fraude en la Organización Trump.

Trump acudió voluntariamente a la Corte de Nueva York y, si bien mantuvo una actitud estoica en la sala, aprovechó la presencia de periodistas en sus entradas y salidas para calificar el proceso de “cacería de brujas” y arremeter contra la fiscal, Letitia James, y el juez, Arthur Engoron.

El favorito republicano rumbo al 2024, cuyo camino electoral puede complicarse por las causas judiciales que afronta en los próximos meses, estuvo acompañado en el banquillo por su hijo Eric y un equipo de abogados a los que escuchó atentamente en silencio, según medios locales.

El juicio durará casi tres meses, por lo que lo que se dirimirá hasta el 22 de diciembre son seis cargos relacionados con ilegalidades en las prácticas de la empresa: falsedad documental, emisión de datos financieros falsos y fraude de seguros, ya que el cargo principal de fraude ya se resolvió de manera sumaria en contra de los acusados la semana pasada.

Los argumentos de apertura fueron cortos y pusieron de relieve los extremos en que se sitúan ambas partes: la fiscal James declaró que “nadie está por encima de la ley” aunque tenga dinero y poder, mientras que los abogados de Trump pintaron a su cliente como un visionario sin intención defraudadora.

La Fiscalía expuso que Trump, sus dos hijos mayores y dos socios tenían conocimiento o participaban en la práctica de inflar los activos de la Organización Trump en sus declaraciones financieras para obtener ventajas en préstamos bancarios y seguros; un año, la cifra se exageró en 2,200 millones de dólares.

Mucho está en juego para el expresidente, especialmente su fuente de ingresos en Nueva York: el juez ha cancelado sus licencias de operación, los fiscales reclamaron hoy que se le prohíba hacer negocios y está por determinar la compensación por daños, que podría ascender a 250 millones de dólares.

La defensa de Trump, por su parte, se ha centrado en matizar las acusaciones y cuestionar tanto la evaluación de las pruebas, pues asegura que las valoraciones de los activos son subjetivas y así se describían; como el resultado de las transacciones: los bancos recuperaron su dinero prestado y sacaron beneficios.

“El valor es lo que alguien está dispuesto a pagar. Las propiedades de Trump son Mona Lisas. Eso no es fraude, es el negocio inmobiliario”, llegó a decir la abogada Alina Habba sobre, por ejemplo, la mansión de Mar-a-Lago, que el juez estimó en 18 millones y que los Trump sitúan en 1,000 millones.

“Lo que tenemos aquí es un intento de perjudicarme en las elecciones”, dijo a los medios Trump, que describió sus declaraciones financieras como “fenomenales” y aseguró que no hubo “víctimas” de los préstamos a la Organización, ya que “nunca hubo impago” a los bancos.

No está claro si Trump se presentará también mañana en el tribunal, pero figura en las listas de testigos de ambas partes, que suman más de cien personas, buena parte de ellas trabajadores o extrabajadores de la empresa, y que ya han comenzado a sentarse en el banquillo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió a seis candidatas y candidatos a los cargos de Magistrada y Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes integrarán las dos ternas que se harán llegar al Senado.

Las ternas fueron definidas en función del principio de paridad de género; es decir, una está conformada por mujeres y otra por hombres.

La terna de candidatas mujeres quedó integrada de esta forma:

  • FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ MARCELA ELENA, actual magistrada de la Sala Regional Toluca.
  • VALLE AGUILASOCHO CLAUDIA, exmagistrada presidenta de Sala Regional Monterrey.
  • VILLAFUERTE COELLO GABRIELA, exmagistrada de Sala Regional Especializada.

En tanto, la terna de candidatos hombres se conformó de la siguiente manera:

  • LARA PATRÓN RUBÉN JESÚS, exmagistrado de la Sala Regional Especializada.
  • MAITRET HERNÁNDEZ ARMANDO ISMAEL, magistrado presidente de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral.
  • SANDOVAL LÓPEZ FRANCISCO JAVIER,  magistrado de Circuito del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

En términos de lo que establece la ley, será el Senado quien designará a quienes se integrarán al Tribunal Electoral a partir del próximo 1 de noviembre y su designación cobra relevancia pues es la Sala Superior del TEPJF la encargada de calificar las elecciones, en este caso las presidenciales del próximo año.

Las y los integrantes de las ternas fueron elegidos luego de las comparecencias en las que se evaluaron los conocimientos de las y los 12 finalistas, seleccionados de una lista previa de 60 aspirantes que cubrieron los requisitos constitucionales y legales.
Llamó la tención que entre los aspirantes se encontraban los ex consejeros del INE Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña, así como el ex comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, quienes quedaron fuera del proceso.
El Pleno se inclinó por perfiles provenientes su mayoría del Poder Judicial. Quienes resulten electos relevarán en el cargo a los actuales magistrados del Tribunal Electoral, José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes dejarán el cargo el próximo 31 de octubre.

Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que es acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago, en Estados Unidos, entre ellos el de narcotráfico y lavado de dinero.

“El Ratón”, como también se le conoce, está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

El hijo de “El Chapo” fue extraditado a Estados Unidos el pasado viernes y hoy tuvo su primera comparecencia ante la corte estadounidense.

El diario The Chicago Tribune publicó que fue presentado con el traje naranja de presidiario y grilletes en los tobillos. Escuchó la sesión a través de un intérprete, pero se dirigió de forma puntual a la jueza, Sharon Johnson Coleman, en inglés.

En caso de ser declarado culpable, dos de los cargos conllevan la cadena perpetua. Según el periódico local, en el marco de la negociación de la extradición con las autoridades mexicanas se excluyó la pena de muerte.

La sala prohibió en la audiencia de hoy los teléfonos y otros aparatos electrónicos y contó con una fuerte presencia policial, con “al menos” ocho agentes rodeando al acusado y cerca de la puerta, detalló The Chicago Tribune. Su próxima comparecencia judicial está prevista para noviembre próximo.

Guzmán era uno de los narcotraficantes más buscados por Washington por su participación en el tráfico de fentanilo. Fue arrestado por las autoridades de nuestro país en enero.

La detención tuvo lugar días antes de la visita a México del presidente Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte. López Obrador negó en ese momento cualquier relación entre los dos hechos.

En abril, la Justicia estadounidense presentó cargos en tres distritos federales distintos contra él y tres de sus hermanos por haber presuntamente asumido el liderazgo del Cártel de Sinaloa tras el arresto y la posterior extradición de su padre a Estados Unidos.

El cartel de Sinaloa, según EUA, es la organización narcotraficante “más poderosa del mundo” y responsable en gran parte de la producción y manufactura de fentanilo para su distribución en Estados Unidos, donde esa droga, considerada 50 veces más potente que la heroína, es “la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 49 años”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este miércoles despenalizar el aborto a nivel federal.

La Corte resolvió que es “inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.

En un paso previo, hace dos años exactamente, la SCJN determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime de este miércoles.

El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados del país. El gobierno de la Ciudad de México fue la primera entidad en legislarlo, y también la primera jurisdicción latinoamericana en autorizarlo en 2007.

El fallo se derivó de una petición del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

La organización señaló que con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, encabezaron junto a otros actores una estrategia jurídica nacional que consistió en presentar amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido en todos los códigos penales del país donde no se ha despenalizado por parte de los congresos, incluido el federal.

Explicó que con base en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del delito de aborto en el Código Penal de Coahuila resuelta por unanimidad por la Suprema Corte en septiembre de 2021, presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal por haber emitido una regulación que criminaliza el aborto.

“Hoy, la Corte analizó este amparo y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer o persona gestante, ni al personal de salud, se le podrá castigar por abortar”, celebró GIRE al conocer la decisión de la Corte.

Recordaron que al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia se vuelve obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales, quienes tendrán que implementar lo dicho por la Corte.

Y es que con esta resolución, el IMSS, ISSSTE, PEMEX y cualquier institución de salud federal deberán brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten. Además, el personal médico de las instituciones federales de salud no podrá ser criminalizado por brindar este servicio de salud.

Foto: GIRE

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó este lunes que la barrera de boyas alambradas instalada en el Río Grande (Río Bravo) fue desplazada al territorio estadounidense, en respuesta a las acusaciones de que estaban del lado mexicano.

La afirmación la hizo un día antes de que su Gobierno acuda a una corte federal para defender sus medidas antiinmigrantes, tras una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En una conferencia de prensa junto a los gobernadores de Oklahoma, Kevin Stitt; Iowa, Kim Reynolds; Dakota del Sur, Kristi Noem, y Nebraska, Jim Pillen, en el sector de Eagle Pass, donde están instaladas las boyas, el republicano Abbott culpó a la Administración del presidente Joe Biden por no proteger la frontera y el país.

Abbott dijo que el Gobierno demócrata de Biden no se ha preocupado tampoco por la vida de los migrantes y puso de ejemplo la muerte de una infante que murió ahogada en el Río Bravo antes de que se instalaran las boyas a mediados de julio.

Y es que las críticas contra las boyas aumentaron a principios de este mes cuando se confirmó la muerte de dos migrante en el área de la barrera.

El Gobierno de Abbott se defendió en ese momento diciendo que uno de los migrante murió “río arriba” y que la corriente había arrastrado el cuerpo hasta las boyas.

El gobierno de Texas se enfrentará mañana con los fiscales de Estados Unidos en una corte federal de Austin por la instalación de las boyas, por las que México también ha presentado una queja formal.

Un documento judicial presentado por el DOJ asegura que las boyas estaban ubicadas en territorio mexicano. Al respecto, Abbott dijo este lunes que conoció de los alegatos y que movió las boyas a territorio estadounidense.

La barrera flotante hace parte de la iniciativa Estrella Solitaria de Abbott, emprendida en marzo de 2021 para frenar la llegada de migrantes y que ha incluido el desplazamiento de soldados de la Guardia Nacional de al menos 15 estados republicanos.