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El Senado de Estados Unidos, dominado por los republicanos, confirmó este lunes a la jueza conservadora que el presidente Donald Trump propuso para la Suprema Corte.

La confirmación aseguran diversos analistas, es una victoria para el mandatario a ocho días de las elecciones del 3 de noviembre.

El Senado votó por 52 votos a favor y 48 en contra la nominación de la jueza Amy Coney Barrett que llega a consolidar la mayoría que tienen los conservadores en el máximo tribunal, con una composición de seis contra tres.

La propuesta de Trump surgió luego del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. La llegada de Coney Barrett dará pie a una nueva etapa de fallos sobre temas como el aborto, la Ley de Cuidado de Salud Asequible e incluso su propia elección.

Barrett, de 48 años, llega a ocupar el nombramiento vitalicio como la 115ª jueza de la Corte.

Los demócratas no pudieron detener el proceso, que lleva al tercer juez nominado por Trump a la Suprema Corte.

Con la confirmación de Barrett asegurada, se esperaba que Trump lo celebrara con un acto de juramentación en La Casa Blanca. El juez Clarence Thomas tomará el juramento, dijo un alto funcionario de La Casa Blanca.

La magistrada podría participar en su primera audiencia a partir del 2 de noviembre, la víspera de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, teóricamente actuará en caso de que se examinen posibles apelaciones contra los resultados de la votación.

Los republicanos en el Senado de Estados Unidos se prepararan para confirmar este lunes a la jueza nominada por el presidente Donald Trump a la Suprema Corte, al tener los votos necesarios para su nombramiento.

La confirmación de Amy Coney Barrett podría producirse pese a las denuncias de que una decisión tan importante debería dejarse en manos del ganador de las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Los demócratas en el Senado le han pedido al vicepresidente Mike Pence abstenerse de presidir la sesión ya que varios de sus allegados han dado positivo al coronavirus.

Si bien el voto de Pence no es necesario para resolver un desempate, es un momento dramático en que él podrá presidir la conformación de un tercer juez al máximo tribunal bajo la presidencia de Trump.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, denunció que la presencia de Pence no sólo violaría las medidas sanitarias, sino que «sería una violación de la decencia y la cortesía común».

La confirmación de la jueza, de 48 años, impondría una mayoría conservadora en la Corte, y podría afectar temas sensibles como el derecho al aborto, el derecho de los homosexuales a casarse y la legalidad de la reforma del sistema de salud propuesta bajo la presidencia de Barack Obama.

Su confirmación daría paso a una composición en la Corte, de 6 a 3 en la balanza a favor de los magistrados conservadores.

De hecho, el caso de la reforma de salud está programado para el 10 de noviembre, días después de la elección presidencial.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ironizó sobre la actitud «apocalíptica» de quienes opinan que la Suprema Corte  se ha politizado, y defendió su conducta hacia la composición del tribunal.

«Esto es algo de lo que debemos estar orgullosos y debemos sentirnos magníficos», aseveró McConnell.

Añadió que a diferencia de acciones legislativas que pueden ser revocadas por un nuevo presidente o una nueva mayoría en el Congreso «sobre esto no podrán hacer nada por mucho tiempo».

Schumer denunció que el hecho de que el gobierno estaba dispuesto a avanzar con la votación a pesar de la crisis del coronavirus «demuestra que el Partido Republicano está dispuesto a ignorar la pandemia con tal de imponer a prisa a esta nominada».

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió este lunes examinar la legalidad de dos temas emblemáticos de la política migratoria del presidente Donald Trump: la financiación de un muro fronterizo en el sur del país, y el programa «Quédate en México» para solicitantes de asilo.

El máximo tribunal estadounidense acordó que revisará ambos asuntos después de las elecciones del 3 de noviembre.

Los altos jueces estudiarán si es legal el uso de fondos asignados al Pentágono por parte del gobierno republicano para financiar el levantamiento de la barrera en la frontera con México, una de las principales promesas de campaña de Trump en 2016.

Trump declaró una «emergencia nacional» en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los montos necesarios para construir el muro.

A principios de ese año, el choque provocó el cierre parcial de la administración federal por 35 días, una duración récord.

Ahora, la Corte Suprema revisará la apelación del gobierno de Trump de un fallo de junio del Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2,500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.

La construcción continuó, sin embargo, porque en julio de 2019 la Corte Suprema había permitido que avanzara mientras se resolvía el litigio.

La Corte Suprema también accedió el lunes a examinar el programa conocido como «Quédate en México», por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país debían esperar en nuestro país la resolución de sus casos.

Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección al Migrante (MPP), fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos unos 60,000 migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países latinoamericanos, fueron devueltos a México.

Los jueces de la Corte Suprema acordaron ahora revisar una decisión del mismo Tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de California, que en febrero ratificó el fallo de un juez federal de suspender los MPP por considerarlos inconsistentes con la legislación estadounidense y con tratados internacionales.

La implementación del programa «Quédate en México» continuó sin embargo porque la Corte Suprema suspendió esa orden en espera de un examen de fondo de los argumentos.

La Corte Suprema escuchará los argumentos de ambos casos en 2021, con vistas a una decisión antes de finales de junio.

Sin embargo, el resultado de la elección presidencial podría cambiar las reglas del juego: si el demócrata Joe Biden es elegido, podría revisar las políticas de su predecesor y anular los procedimientos judiciales.

Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración ilegal una de las marcas distintivas de su presidencia, pero casi todas sus medidas han sido impugnadas en los tribunales.

La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó este viernes de narcotráfico y lava de dinero al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien estuvo al frente de la dependencia durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Tres de los cargos están relacionados con la producción, tráfico y distribución de estupefacientes y un cuarto con el de lavado de dinero según un documento de la Fiscalía.

El gran jurado que debía determinar si había pruebas suficientes para juzgar a Cienfuegos ha decidido imputarlo por cuatro cargos.

El primero de los cargos de narcotráfico es por conspirar para la producción y distribución internacional de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana; el segundo por conspirar para importar estupefacientes y el tercero por conspirar para distribuirlos.

«El acusado Salvador Cienfuegos Zepeda, también conocido como ‘El Padrino’ o ‘Zepeda’, junto con otros, conspiró a sabiendas e intencionalmente para fabricar y distribuir una o más sustancias controladas, con la intención, a sabiendas y teniendo una causa razonable para creer que tales sustancias serían importadas ilegalmente a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo», indica el texto.

En concreto, el escrito de la Fiscalía, firmado por el titular del Distrito este de Nueva York, Richard Donoghue, acusa a Cienfuegos de estar implicado en la producción, tráfico y distribución de 1,000 kilogramos de marihuana, 500 gramos o más de metanfetamina, 5 kilogramos o más de cocaína y 1 kilogramos de heroína entre diciembre de 2015 y febrero de 2017.

El cuarto cargo, de «conspiración para lavar las ganancias de los narcóticos» (lavado de dinero), sostiene que realizó transacciones económicas con este fin entre las mismas fechas, aunque no aporta ninguna cantidad específica.

Cienfuegos fue arrestado la tarde ayer jueves a petición de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en el aeropuerto de Los Ángeles, donde viajó con su familia.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó este viernes de «lamentable» el arresto y consideró que es una «muestra inequívoca de la descomposición del régimen» que imperaba antes de su gobierno.

El presidente explicó que no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico, aunque confesó que hace 15 días fue informado por la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de que en el país vecino «se hablaba de una investigación» sobre el general, aunque «no era nada oficial».

El mandatario avanzó que la investigación es un asunto del mismo juzgado de Nueva York que lleva el juicio de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, arrestado por nexos con el narcotráfico.

También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín «El Chapo» Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

 

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La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, compareció ante el Senado, donde fue cuestionada principalmente por los legisladores demócratas.

Y aunque se contuvo y no mostró muestras de exaltación, analistas refieren que no ofreció ningún indicio de cómo fallaría en caso de llegar a la Corte en casos importantes como el aborto o el futuro del Obamacare.

«Los jueces no pueden levantarse un día y decir: tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas; me gusta el aborto, odio el aborto. Y simplemente andar por ahí como una reina e imponer su voluntad al mundo», dijo con cierta ironía Barrett durante el segundo día de audiencias en el comité judicial del Senado.

Barrett, católica, de 48 años y madre de siete hijos, usó frases similares para evadir las preguntas de los demócratas; aseguró una y otra vez que ella no tiene ninguna agenda política y que su objetivo es apegarse a la Constitución para decidir cada caso por separado.

Además, enfatizó que «no se ha comprometido» con la Casa Blanca a fallar de ninguna forma en polémicos casos, como el de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017) que evaluará la Corte en las próximas semanas.

Ante sus respuestas, los senadores demócratas, que están en minoría en el Senado y saben que no pueden frenar la confirmación de la jueza, están usando las audiencias para recordar a los estadounidenses lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Los demócratas se están esforzando en retratar a Barrett como una jueza extremadamente conservadora y muchos pusieron hoy el foco en el derecho al aborto.

La senadora Dianne Feinstein, de 87 años y que durante su vida ha roto varias barreras de género, preguntó repetidamente a Barrett sobre sus ideas acerca del caso «Roe v. Wade», que legalizó el aborto en 1973 y le recordó lo que ocurría cuando ese procedimiento era ilegal en Estados Unidos.

«Como una estudiante universitaria en la década de 1950, vi lo que le pasaba a aquellas mujeres jóvenes que quedaban embarazadas en un momento en el que el aborto no era legal en este país. Yo fui a (la universidad de) Stanford y vi los viajes a México, vi cómo mujeres muy jóvenes intentaban hacerse daño. Eso es realmente preocupante», manifestó Feinstein.

Barret rechazó expresar su visión acerca del caso y dijo que no dará «un pulgar hacia arriba o hacia abajo» para respaldar o rechazar ningún asunto, incluido el aborto.

En varias ocasiones, la magistrada insistió en que será perfectamente capaz de separar sus decisiones judiciales de su religión.

«Tengo una vida repleta de personas que han tomado decisiones diferentes, y nunca he intentado, en mi vida personal, imponerles mis decisiones. Lo mismo ocurre en mi ámbito profesional», aseveró Barrett.

Durante las audiencias para confirmarla como jueza de la Suprema Corte, Barrett tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas sobre sus creencias y su pertenencia al grupo religioso People of Praise.

Ese grupo tiene menos de 2,000 miembros y sus miembros creen en «profecías y curaciones divinas», según el diario The New York Times.

Hoy, Barrett dijo a los senadores que, cuando aceptó la nominación de Trump para el Supremo, sabía que su fe sería «caricaturizada» y su familia sufriría ataques; pero decidió seguir adelante porque quiere «servir a su país”.

Al respecto, los republicanos han acusado repetidamente a los demócratas de atacar la fe de Barrett, aunque en realidad ninguno ha aludido a sus creencias religiosas.

El objetivo de los republicanos es desacreditar a los demócratas y retratarles como un grupo de radicales, al mismo tiempo que buscan presentar a Barrett como una jueza extremadamente calificada.

En un momento de la audiencia, el senador John Cornyn, republicano por Texas, le pidió a la magistrada que sostuviera su libreta a la vista de todos con el objetivo de mostrar que estaba en blanco y que estaba hablando de memoria, haciendo referencia a casos legales sin ningún tipo de ayuda.

Los republicanos quieren confirmar a Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que en caso de avanzar estaría en funciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Genaro García Luna se declaró “no culpable” de los nuevos cargos de los que le acusan las autoridades de Estados Unidos, donde se encuentra detenido por supuestos delitos de narcotráfico.

En una audiencia virtual, el juez federal Brian Cogan detalló a García Luna la nueva acusación, que se amplió el pasado 30 de julio y ahora incluye un total de cinco cargos, entre ellos el de participar en un proyecto criminal continuado y el de conspiración para la importación de cocaína.

García Luna ya se había declarado inicialmente “no culpable” de los primeros cargos que se le imputaron y este miércoles volvió a hacer lo mismo con la acusación ampliada, que se dio a conocer en julio pasado cuando también se acusó a dos exfuncionarios, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García.

Además de la acusación de participar en un proyecto criminal continuado, a Genaro García Luna se le señala de conspiración para distribuir cocaína y de mentir a los servicios de inmigración de Estados Unidos; por las cinco nuevas acusaciones el mexicano podría enfrentar una posible cadena perpetua.

El juez fijó la próxima audiencia para el próximo 7 de diciembre y reconoció que se trata de un proceso complejo que requiere tiempo y que se está viendo ralentizado debido a la pandemia del coronavirus.

La Fiscalía, en un documento presentado a la Corte, ha dicho que hasta ahora ha reunido más de 189,000 páginas de documentos y un gran número de comunicaciones interceptadas y que aún espera añadir un importante volumen de pruebas durante las próximas semanas.

Recordemos que el excolaborador del presidente Felipe Calderón fue arrestado en diciembre pasado en Dallas, Texas, acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, cuando tenía a su cargo el tema de la seguridad en la administración del expresidente Felipe Calderón.

El proceso se lleva a cabo en el mismo tribunal que el pasado año condenó a cadena perpetua a “El Chapo” Guzmán.

Durante el juicio a Guzmán, Jesús «El Rey» Zambada, uno de los exlíderes del Cartel de Sinaloa aseguró haber pagado sobornos de millones de dólares a García Luna para facilitar las operaciones del tráfico de droga de ese grupo a mediados de la década del 2000.

Según el Gobierno estadounidense, ello habría permitido el envío de toneladas de cocaína y otras drogas a Estados Unidos.

La audiencia de este miércoles tuvo que ser suspendida en un inicio debido a que periodistas que estaban conectados a la sesión por vía telefónica ignoraron la petición del juez de silenciar sus dispositivos.

Cogan pidió repetidamente a todas las personas presentes en la llamada que se guardaran silencio o pusiesen sus teléfonos en silencio; al no tener éxito, tomó la decisión de suspender la audiencia, que retomó aproximadamente media hora más tarde.

En la reanudación, el juez advirtió a la prensa de que si incumplían las normas del tribunal (que prohíben entre otras cosas la grabación o retransmisión de los procedimientos) se exponían a sanciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la realización de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y en su caso enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios de México.

La propuesta fue aprobada por seis ministros de la Corte. Los ministros que respaldaron la consulta fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis González Alcántara; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.

Los otros cinco ministros, votaron en contra al coincidir en que la propuesta resultaba inconstitucional.

Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto de los ministros defendieron que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.

Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que la pregunta era «ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional», por lo que se propuso que la pregunta fuera modificada.

La propuesta de pregunta que obtuvo el respaldo de los ministros fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

López Obrador quiere consultar a los mexicanos si apoyan que se investigue, «y en su caso sancionen», la presunta comisión de delitos por parte de todos los expresidentes mexicanos desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una «corrupción sistemática» en el país.

El mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias.

Analistas y expertos han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para llevarlos ante un Tribunal.

Aunque ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, AMLO ha defendido hacer «borrón y cuenta nueva» con los expresidentes para no abonar la venganza. Pese a su insistencia en la consulta, adelantó que él votaría que no.

Los expresidentes sobre los que se consultará serán Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El presidente Donald Trump fue abucheado este jueves por un grupo de personas cuando visitó el funeral de la fallecida juez Ruth Bader Ginsburg al exterior de la Corte Suprema.

Trump, que llevaba una mascarilla negra y estaba acompañado por la primera dama, Melania Trump, se situó cerca del féretro en el edificio de mármol en medio de los abucheos y consignas como «voten para echarlo».

El momento puso en evidencia la importancia simbólica que ha tenido el fallecimiento de Ginsburg para mucha gente antes de la elección presidencial del 3 de noviembre.

El mandatario republicano, que ya nombró dos integrantes para la corte desde que asumió el cargo en 2017, dijo antes que dará a conocer el nombre de su sustituta el sábado, una semana después del fallecimiento de la magistrada de 87 años.

Su decisión de avanzar rápidamente en su sustitución a menos de dos meses de los comicios aumentó el enfrentamiento entre republicanos y demócratas, al tiempo que reformuló la carrera electoral, en la que Trump busca la reelección.

Ginsburg, nombrada por el presidente demócrata Bill Clinton en 1993, era un icono para los liberales, sobre todo en un momento en que la corte se había vuelto más conservadora. Su muerte dio un renovado impulso de los demócratas para intentar que la gente acuda a las urnas en noviembre, además de un aumento de las donaciones de campaña.

Antes de la elección de 2016, en la que Trump llegó a la presidencia, Ginsburg le criticó públicamente, calificándole de «impostor» en una entrevista. Trump respondió escribiendo en Twitter que Ginsburg «no está en su sano juicio».

Ella se disculpó más tarde, lamentando sus «desacertados» comentarios.

El mandatario fue criticado en los últimos días por no cumplir el deseo de Ginsburg al final de su vida, que según se reportó dijo a su nieta que quería que su sustituto fuera nombrado por el próximo presidente.

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que cree que las elecciones de 2020 terminarán en la Corte Suprema, y que por eso es importante tener nueve jueces en ese tribunal.

Trump, hablando en La Casa Blanca, dijo que el senador Lindsey Graham, que preside el Comité Judicial del Senado, ni siquiera tendrá que celebrar una audiencia para el candidato a la Corte Suprema y que el proceso marchará rápidamente.

«Creo que esto terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces», dijo Trump cuando se le preguntó si se necesitaba una dotación completa de magistrados para manejar cualquier impugnación a las elecciones del 3 de noviembre entre él y el demócrata Joe Biden.

Trump ha puesto en duda la integridad de la elección, diciendo sin pruebas que el uso del voto por correo durante el coronavirus provocaría un fraude.

«Esta estafa que los demócratas están llevando a cabo, es una estafa, la estafa se verá en la Corte Suprema de los Estados Unidos, y creo que tener una situación de 4 a 4 no es una buena situación», dijo.

Sólo una elección presidencial anterior en Estados Unidos, la contienda del 2000 entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, tuvo un resultado determinado por la Corte Suprema.

Trump quiere proponer a un sucesor de la jueza progresista Ruth Bader Ginsburg, que murió el viernes, y sus compañeros republicanos en el Senado dicen que podrían celebrar una votación antes de la elección. Eso dejaría a la corte con una mayoría conservadora de 6-3.

Trump ya ha nombrado a dos conservadores para puestos vitalicios en la corte, Neil Gorsuch en 2017 y Brett Kavanaugh en 2018.

Los nombramientos para la Corte Suprema requieren la confirmación del Senado, y los compañeros republicanos de Trump tienen 53 de los 100 escaños de la Cámara alta. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que tiene la intención de tramitar cualquier propuesta que haga Trump.

Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles encontró pruebas suficientes para permitir que el caso por 36 cargos de abuso sexual y violación, entre otros, contra el líder de La Luz del Mundo, Naason Joaquín García, y dos miembros de dicha iglesia llegue a juicio.

El magistrado Ronald S. Coen dio la orden para que García sea juzgado por diversos cargos penales, incluida la violación forzada de un menor, delitos presuntamente cometidos en el sur de California.

La decisión fue tomada tras casi dos semanas de audiencia, en donde se presentaron varios testigos así como la información recolectada del teléfono celular que le fue confiscado a Joaquín García el día que fue detenido en Los Ángeles, el 3 de junio de 2019.

Joaquín García, de 51 años, está acusado de 23 delitos graves, incluida la violación forzada de un menor, copulación oral forzada de un menor, relaciones sexuales ilegales, acto lascivo con un niño, extorsión, conspiración y posesión de pornografía infantil.

El pasado 6 de agosto una corte de Los Ángeles impuso una fianza de 90 millones de dólares contra el líder religioso, para que pudiera seguir su proceso en libertad, un monto que fue calificado por la Iglesia como de “sentencia anticipada”.

La defensa de Joaquín García había tratado de que se anulara el caso por errores en el procedimiento llevándolo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, que en abril pasado desestimó el proceso penal por una falla técnica y por lo cual sus abogados esperaban su liberación, teniendo como factor la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, la oficina del fiscal estatal Xavier Becerra presentó nuevamente la acusación elevando a 36 el número de cargos contra Joaquín Garcíay sus dos cómplices Alondra Ocampo, de 37 años, y Susana Medina Oaxaca, de 25 años.

La nueva acusación cita a cinco víctimas, una de ellas identificada como Jane Doe 5, que habría sido abusada sexualmente en febrero de 2016.

La denuncia también acusa a Ocampo de supuestamente pedir a menores de edad que se desnudaran y tomaran fotografías de sus genitales para enviarlas a Joaquín García.

Entre septiembre de 2017 y enero de 2018, Ocampo llevó a tres niñas a un edificio de oficinas y «les proporcionó trajes de colegiala, les ordenó que se tocaran los senos y las nalgas, y se tomaron fotos de ellas al hacerlo», asegura la denuncia.

Ocampo está acusada de 27 delitos graves, que incluyen violación forzada de un menor, penetración sexual forzada, tráfico de personas mediante la adquisición de un niño para que participe en un acto lascivo, producción y distribución de pornografía infantil, entre otros.

Por su parte, Oaxaca enfrenta dos delitos graves de copulación oral forzada.  Una cuarta acusada en el caso, Azalea Rangel Meléndez, enfrenta una orden de búsqueda y captura.

El próximo 1 de septiembre Joaquín García, Ocampo y Oaxaca regresarán a corte para su audiencia de declaración de culpabilidad.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

«No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto», explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

«Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud».

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.

El exgobernador de Chihuahua César Duarte, detenido el pasado miércoles en Miami y pedido en extradición por nuestro país, acudió este viernes a su primera audiencia en la que se le leyeron los delitos que enfrenta: malversación de fondos agravada y conspiración agravada.

En la audiencia, que fue vía retoma debido a la pandemia, se acordó una «conferencia de estatus» para el próximo martes, en la que se definirán los plazos y fechas para la audiencia en la que se evaluará la petición de extradición.

Los abogados de Duarte pidieron tiempo a la jueza para preparar las mociones, la primera de ellas, una que busca la libertad bajo fianza de su cliente.

Al postergarse dicha audiencia, César Duarte permanecerá en prisión. Se le explicó que dado los cargos que enfrenta, no es común que se otorgue la libertad bajo fianza.

La jueza Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida, también le explicó a Duarte sus derechos y los procedimientos de un juicio de extradición. El exgobernador le respondió a través de una intérprete que entendía lo expuesto.

La defensa subrayó que necesitaba reunir la información, por lo que acordaron tentativamente con la jueza para el 23 o 24 de julio la próxima audiencia.

Por su parte, Tom Heinemann, consejero legal y de inteligencia del Departamento de Estado, señaló en un documento judicial archivado hoy en el expediente, que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos está «en plena vigencia».

Agregó que él representará los intereses del Gobierno de México, autorizado por el secretario Mike Pompeo, en el juicio de extradición de Duarte.

El exgobernador de Coahuila, Jorge Torres, se declaró culpable por lavado dinero tras haber ocultado sobornos cobrados a cambio de contratos de construcción de carreteras en la entidad.

Torres se desempeñó como gobernador interino de la entidad en 2011, y fue arrestado en México a principios del año pasado y extraditado a Estados Unidos en octubre para enfrentar un juicio en un tribunal federal del Distrito Sur de Texas.

Los fiscales estadounidenses en Texas acusaron a Torres y a Héctor Villarreal, exsecretario de hacienda de Coahuila, de fraude, robo y transferencia ilegal de fondos en 2013.

El priísta se declaró culpable por su participación en un plan de lavado de dinero que incluía delitos contra una nación extranjera que involucraban el soborno de un funcionario público, dijo el fiscal federal Ryan Patrick en un comunicado del Departamento de Justicia.

Ahota, Torres enfrenta hasta 20 años de prisión y una posible multa de 500,000 dólares. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó renunciar a una propiedad en Estados Unidos vinculada a los sobornos, según la autoridad local.

La jueza de distrito estadounidense Nelva González fijó la sentencia de Torres para el 10 de septiembre.

La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció este jueves contra la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba poner final al programa para proteger a los dreamers.

El alto tribunal consideró que sería «caprichoso» y «arbitrario» poner fin al programa adoptado por el expresidente Barack Obama que da protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a los jóvenes, principalmente originarios de México y otros países América Latina, y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.

El programa de  Acción Diferida para los Llegados durante la Infancia (DACA, por sus  siglas en inglés), protege a cerca de 700,000 jóvenes llegados a Estados Unidos sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.

El Supremo, de mayoría conservadora, determinó que los planes del presidente Trump eran ilegales.

Gracias a este fallo, adoptado por cinco votos contra cuatro, los beneficiarios del programa DACA podrán seguir renovando su afiliación y, con ella, poder seguir optando a permisos de trabajo sin miedo a ser deportados de Estados Unidos.

Trump sufre así su segunda derrota judicial en menos de una semana, después de que el Supremo validase la protección laboral a personas de la comunidad LGBT.

La Corte Suprema de Estados Unidos incluyó este lunes a millones de trabajadores homosexuales y transgénero en el amparo de una ley contra la discriminación laboral, a pesar de la oposición del gobierno de Donald Trump.

«Hoy tenemos que decidir si un empleador puede despedir a alguien solo porque es homosexual o transgénero, la respuesta es clara», la ley «lo prohíbe», dijo el máximo tribunal en un fallo decidido por una mayoría de seis jueces de los nueve que lo conforman.

Una ley federal de 1964 prohibió la discriminación «por razones de sexo», pero ciertos tribunales, así como la administración del presidente Trump, consideraban que aplicaba solo a la distinción hombres/mujeres y no a las minorías sexuales.

Los defensores de los empleados homosexuales, lesbianas y transgénero, apoyados por legisladores y ejecutivos demócratas, así como por varias grandes empresas como Apple, General Motors o Walt Disney, pidieron a la Corte que aclarara quiénes estaban protegidos por esta norma.

En 2015, el máximo tribunal había ampliado el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo, pero los defensores de las minorías sexuales temían que los dos jueces nombrados por Trump posteriormente hubieran tornado la corte más conservadora.

Sin embargo fue uno de ellos, Neil Gorsuch, quien redactó la decisión mayoritaria, agregando su voz a la de los cuatro jueces progresistas y al jefe de la corte, John Roberts.

Los autores de la ley de 1964 «sin duda no anticiparon que su trabajo llevaría a esta conclusión», escribió. «Pero los límites de su imaginación no son una razón para ignorar las exigencias de la ley», continuó el magistrado.

Brett Kavanaugh, el otro juez elegido por Trump por sus puntos de vista conservadores, se opuso a esta decisión, considerando que era competencia del Congreso y no del sistema de justicia actualizar la ley.

«A pesar de mi preocupación por la transgresión de la separación de poderes por parte de la Corte», la decisión representa una «importante victoria lograda hoy por los homosexuales y lesbianas estadounidenses», subrayó Kavanaugh.

Por su parte James Esseks, uno de los líderes de la poderosa organización de derechos ACLU,  celebró la «gran victoria para la igualdad» que se consiguió este lunes.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, dijo que se trataba de un «significativo paso adelante». Hasta ahora, las personas homosexuales «podían casarse un día y ser despedidas al día siguiente», dijo, y prometió continuar «la lucha por la igualdad» si era elegido el 3 de noviembre.

Foto: Twitter @katieleebarlow

De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

«Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte», dijo la dirigencia nacional de partido.