Luego de que Morena y aliados aprobaran en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, equivalente a poco más de 15 mil millones de pesos, las reacciones no se hicieron esperar.
El coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que ninguno de los 55 mil trabajadores del Poder Judicial está sujeto a los fideicomisos que se considera extinguir en el dictamen que se aprobó, tal como lo ha señalado el propio Poder Judicial y diversos miembros de la oposición.
El diputado explicó que de los nueve mil millones de pesos que se catalogan para compensación a pensiones sólo se utilizan 75 millones; el resto es un instrumento opaco, y se desconoce cuánto genera en rendimientos.
Mier Velazco acusó que en los últimos ocho años los subejercicios del Poder Judicial sumaron 60 mil millones de pesos, mismos que no se reintegraron a la Tesorería. “Solamente el año pasado, del presupuesto que les autorizó la Cámara de Diputados, tuvieron economías presupuestales o subejercicio por mil 500 millones de pesos”.
Al respecto, la Suprema Corte emitió un posicionamiento en el que dijo que la extinción de los fideicomisos “SÍ afecta los derechos laborales de las y los trabajadores” del Poder Judicial de la Federación (PJF).
“Al menos 6 fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos, además de en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado”.
Afirmó que los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros.
Aclaró que el personal operativo del PJF, que representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos; por ello, reiteró que la extinción de fideicomisos sí limita la operatividad del Poder Judicial y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto.
Además, dijo que la extinción de otros fideicomisos afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano.
La Corte defendió que la administración de los fideicomisos es transparente y cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa aprobada no significa una mejora en este rubro.
En ese sentido, del lado de la oposición, Alejandro Moreno, diputado del PRI y dirigente nacional del partido, dijo que su bancada buscará una propuesta responsable para que el dictamen, aprobado en comisiones, que cancela fideicomisos del Poder Judicial, no afecte los derechos adquiridos de las y los trabajadores, así como el funcionamiento de este poder autónomo.
“Lo que no podemos permitir y lo que sí vamos a señalar es que no se puede, a capricho de nadie, querer ahorcar administrativamente, en este caso al Poder Judicial, porque no se somete al Poder Ejecutivo”, indicó.
Alito Moreno destacó que hay derechos adquiridos de los más de 50 mil trabajadores que están en el Poder Judicial; “necesitamos garantizar el funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto, el día a día, lo que hacen los trabajadores.
El priista consideró que querer controlar a otros Poderes es un paso regresivo, síntoma de autoritarismo. “Hay que decirle al Poder Ejecutivo que el Legislativo y el Judicial somos un poder, no somos empleados y tenemos que levantar la voz porque así empiezan a dar pasos a los gobiernos autoritarios.
Finalmente, quien también se subió al tema fue el dirigente nacional de Morena, quien celebró que, con la aprobación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la iniciativa que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), se dé un paso más para “erradicar estas figuras que sólo se han utilizado para financiar privilegios de unos cuantos y no para garantizar justicia pronta, gratuita y expedita al pueblo de México”.
“Esta iniciativa es un acto de congruencia política y ética; no puede haber jueces y magistrados derrochando el dinero público cuando hay millones en la pobreza”, dijo Mario Delgado.
Mario Delgado confió en que, con el apoyo de las y los diputados de la Cuarta Transformación, el dictamen será aprobado la próxima semana en el Pleno.
Al respecto, Ignacio Mier aseguró que las modificaciones aprobadas en Comisión se prevén discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados el próximo martes 17 de octubre.
