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SERGIO SARMIENTO

REFORMA

 

El presidente López Obrador dice que ha puesto fin a la guerra contra las drogas y por ello ofrece al crimen organizado abrazos y no balazos. En cambio, está tratando como criminales a científicos, empresarios y opositores.

Se ha vuelto común que la Fiscalía presente acusaciones penales con prisión preventiva (sin fallo de culpabilidad) a personas que el gobierno considera incómodas. Preocupa, sobre todo, cuando estas acusaciones se hacen por delincuencia organizada a personas que no son parte del crimen organizado. Es el caso de científicos y directivos del Conacyt, que los jueces han rechazado procesar pero que siguen en la mira de la FGR; también de empresarios como los hermanos Zaga Tawil, acusados de delincuencia organizada por un tema que, si acaso, debe ser administrativo.

La figura de delincuencia organizada se creó para dar un trato de excepción a criminales extraordinariamente peligrosos. Surgió de la llamada convención de Palermo de diciembre de 2000, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que estableció reglas de excepción para combatir a la Mafia y otras organizaciones que amenazaban o asesinaban a jueces y fiscales. La convención propuso que los países negaran a los miembros del crimen organizado derechos fundamentales como la libertad provisional o el acceso a los expedientes. No se trataba, sin embargo, de eliminar las garantías individuales de todos, solo de los criminales más peligrosos.

México, que siempre tuvo un sistema de justicia que no respetaba las garantías individuales, empezó a construir en este siglo XXI un sistema penal acusatorio más garantista, pero el gobierno de López Obrador dio marcha atrás con la legislación del 8 de noviembre de 2019, que estableció que, a partir del 1 de enero de 2020, los acusados de defraudación fiscal serían considerados por decreto miembros de la delincuencia organizada. La prisión preventiva oficiosa en esas acusaciones fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte el pasado 25 de octubre, pero esta no emitido todavía un fallo definitivo.

Es paradójico que el gobierno ofrezca brazos y más magnanimidad a los verdaderos miembros del crimen organizado, mientras utilizan las medidas abusivas del régimen de excepción contra científicos, empresarios y crítico. A los exdirectores del Conacyt se les acusa de delincuencia organizada por haber ejercido recursos de conformidad con la legislación vigente en este momento y que fueron plenamente auditados. A Teófilo Zaga y a su hermano Rafael se les imputa delincuencia organizada por haber recibido una indemnización tras la cancelación de un contrato del Infonavit, indemnización que cumplía con los términos del contrato cancelado y que fue aprobado por el Consejo de Administración de Infonavit. Desde abril de este año, sin embargo, Teófilo Zaga está recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, en Almoloya, con un tratamiento abusivo que supuestamente se reserva para los miembros del crimen organizado.

Nadie pide impunidad. Si los científicos del Conacyt o los hermanos Zaga cometió algún ilícito, que se les juzgue con equidad, acceso a los expedientes y libertad provisional. No deben ser tratados como criminales cuando no lo son, menos si no han sido declarados culpables. El gobierno de México hizo una ley violatoria de los derechos humanos para castigar a los criminales más peligrosos. Es injusto aplicarla a científicos, empresarios y críticos.

CASTIGO AL INE

Los diputados oficialistas borraron 5000 millones de pesos del presupuesto del INEM dejando intacto los recursos de los partidos políticos. al parecer el régimen quiere castigar alimento al INE, para quitarle lo igualado al consejero presidente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este viernes que existen más de tres cárteles en el país, aunque insistió en lo que dijo ayer durante su informe en Palacio Nacional, sobre que en lo que va de su administración no han surgido nuevos grupos delictivos.

«Sí, cómo no (hay más de tres), y tampoco es que no haya Estado», sostuvo el mandatario esta mañana, pese a que ayer se limitara a decir que solo hay tres grupos criminales operando en el país.

López Obrador insistió que estos grupos fueron «herencia» de otros gobiernos al reiterar que «el Cártel de Sinaloa no surgió hace dos años y medio, el Jalisco Nueva Generación, tampoco (…) el Santa Rosa de Lima, el del Golfo, y así otros”.

El mandatario aceptó que existen enfrentamientos entre estos grupos, aunque aseguró que estos se dan solamente en algunos estados del país. «Tiene que ver con estados con más violencia, aunque hay estados donde funcionan cárteles y no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando entre ellos», insistió.

Detalló que actualmente existen enfrentamientos entre cárteles en Zacatecas y que, por ejemplo, en Sinaloa, cuna de Joaquín «el Chapo» Guzmán y otros grandes capos, no los hay.

Ayer, el mandatario dijo en su informe: «Ya estaban integradas las bandas, los grupos delictivos cuando llegamos, no creo que se hayan creado nuevos grupos en estos dos años y medio, es el cártel Jalisco o del Pacífico o el de Guanajuato, los que ya habían, los que estamos enfrentando no declarándoles la guerra».

Estas declaraciones despertaron muchas críticas, al acusarle de ser impreciso y de minimizar el problema.

Y es que de acuerdo con reportes periodísticos, en México operan entre 15 y 20 de bandas criminales, entre las más importantes están el Cártel de Sinaloa, sobre todo en la zona del Pacífico, el Jalisco Nueva Generación, que domina en buena parte del país, el del Golfo y el Santa Rosa de Lima.

Sin embargo existen otros grupos como el del Cártel de Juárez, de los Beltrán Leyva, los Zetas, la Familia Michoacana, La Unión Tepito y Anti-Unión Tepito, estos dos últimos que dominan en Ciudad de México, y otros grupos con menor presencia en territorio nacional, aunque no limita su violencia y trasiego de drogas hacia distintos puntos del país.

El mandatario reiteró que «hay gobernabilidad en el país» y recalcó que están haciendo un esfuerzo para enfrentar a los grupos delictivos, aunque aclaró que «se está cambiando la estrategia».

Afirmó que la permanencia de estos grupos se debe a varios factores, entre ellos, al abandono al pueblo, a que los políticos se dedicaban a robar, a la asociación delictiva entre delincuentes y autoridades; y a que se permitían fraudes electorales para que los criminales pudieran dominar ciertas regiones.

Por eso, dijo, su gobierno está luchando para «que haya una línea divisoria, que no haya impunidad, que no haya servidores públicos al servicio de la delincuencia».

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que un juez vinculó a proceso a 12 hombres, por su probable participación en el atentado en contra del Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

Los imputados son acusados de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

La dependencia señaló que un juez calificó de legal la detención de los criminales, además de que los datos de prueba aportados por el agente del Ministerio Público permitieron dictar prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

El juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo que comenzará a transcurrir una vez que se restablezcan los plazos procesales derivados de la contingencia sanitaria.

Recordemos que tras el atentado contra el funcionario capitalino, se detuvo a 12 personas en las inmediaciones del lugar de los hechos. El mismo viernes, en el transcurso del día, se logró la detención de siete personas más, dos en el Estado de México hasta donde fueron rastreados, y cinco personas más detenidas en la alcaldía Tláhuac.

En total, han sido 19 personas las detenidas por el ataque, entre los que figura José Armando «N», alias «El Vaca», presunto autor intelectual del ataque, y quien actuó bajo las ordenes de Julio César Montero Pinzón, «El Tarjetas», operador de confianza del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, «El Mencho».

Al respecto, se informó que el CJNG perpetró el ataque contra García Harfuch con la ayuda de tres grupos criminales más que operan en la capital del país.

La Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y el grupo ACME, ayudaron al CJNG con vehículos e inmuebles donde los criminales se resguardaron previo al ataque; para el atentado los delincuentes comenzaron a comprar vehículos y armamento en efectivo, desde el pasado 9 de junio.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México (SSC-CDMX), quien fue atacado esta mañana por presuntos integrantes  del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sido pieza clave en la captura de varios narcotraficantes y golpes a sus estructuras a lo largo de su carrera.

El funcionario, de 38 años y abogado de profesión, es un especialista en seguridad que ha realizado pasantías en la Universidad de Havard, la policía federal (FBI) y la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos.

Es hijo de la actriz y cantante María Sorté y de Javier García Paniagua, quien fue director de la desaparecida dirección federal de seguridad, señalada como responsable de la denominada «guerra sucia» contra simpatizantes de la izquierda en México en las décadas de 1970 y 1980.

De 2016 a 2019, fue jefe de la desaparecida Agencia de Investigación Criminal (ACI) de la entonces Procuraduría General, y cumplió un rol fundamental en operaciones para detener a cabecillas del crimen organizado.

Desde el hospital donde fue trasladado por los tres impactos de bala y heridas de esquirlas que sufrió en el ataque, y en donde fue sometido a cirugía, culpó al CJNG del atentado, en que murieron tres personas.

«Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando», escribió en Twitter.

García Harfush participó en la captura de Dámaso López «El Licenciado», socio de Joaquín «El Chapo» Guzmán, exjefe del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

López fue arrestado en mayo de 2017 en la capital y extraditado a Estados Unidos, donde también fue condenado a cadena perpetua. Más adelante declaró en el juicio contra Guzmán Loera.

En mayo de 2019, aún al frente de la AIC, contribuyó a la detención de Jorge Flores Concha, «el Tortas», presunto líder de la Fuerza Anti-Unión, y de Pedro Ramírez Pérez, «el Jamón», señalado líder de La Unión de Tepito.

En 2017 participó igualmente en la detención de los exgobernadores Javier Duarte, en Guatemala, y Roberto Borge, en Panamá, acusados de corrupción.

García Harfuch ha sido además jefe de inteligencia de la desaparecida policía federal, coordinador de la policía de Guerrero, y hasta octubre pasado encabezaba la unidad de investigación de la fiscalía de la capital. Entonces fue nombrado secretario de Seguridad por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó esta mañana que el gobierno federal no tiene nada que ver con organizaciones relacionadas con el narcotraficante Ismael “El Mayo Zambada», ni con la presunta entrega de apoyos repartidos a ciudadanos por parte de una organización criminal.

López Obrador fue cuestionado acerca de las empresas relacionadas con Zambada, las cuales, según un libro publicado por la periodista Anabel Hernández, reciben condonación de impuestos.

“No tenemos nada que ver con esas organizaciones, una de las políticas que se aplican está vinculada a no establecer relación con organizaciones de la delincuencia, ni de la delincuencia común, ni de la de cuello blanco. No tenemos nada que ver», respondió AMLO.

En ese sentido, el mandatario mencionó que con la reforma al Artículo 28 de la Constitución Política mexicana quedó prohibida la condonación de impuestos a las empresas.

“Ya no es el tiempo de protección a bandas, ya no se permite y tampoco negociaciones con las organizaciones delictivas ni la práctica de proteger a unos y destruir a otros, todo eso se termina por completo», añadió.

En el tema de la supuesta entrega de despensas por grupos delictivos, indicó que en general la población ya no acepta esos mecanismos de control y de manipulación. «Ya no funciona eso, el reparto de migajas, de dádivas, el repartir frijol con gorgojo, ya no aplica», afirmó.

López Obrador agregó que ya no es el tiempo en que se repartían despensas y se obtenían apoyos en lo electoral o para tener una protección, que era lo que hacían y posiblemente sigan haciendo las organizaciones de la delincuencia.

Refirió que la gente ya no acepta este tipo de apoyos, pues ahora hay oportunidades de trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en el campo hay más de 200 mil sembradores que tienen empleo permanente.

Luego del ataque registrado este domingo en un bar de Acapulco que dejo como saldo cinco personas muertas y seis lesionadas, este lunes el fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila informó que el motivo de este incidente fue la disputa entre dos bandas criminales por el cobro de piso a negocios ubicados en la zona turística.

El funcionario aseguró que todas las víctimas de ese ataque son originarias de Acapulco y supuestamente pertenecen a un grupo delictivo liderado por un sujeto identificado como ‘El Veinte’, el cual fue detenido hace algunos meses por las autoridades y que actualmente se encuentra vinculado a proceso.

Las autoridades detallaron que las 11 personas que fueron atacadas el domingo por integrantes de una banda rival que es dirigida por dos hombres conocidos como ‘El Toto’ y ‘El Sai’, acostumbraban a reunirse en Mr. Bar para coordinar el cobro de cuotas y recolección de recursos económicos procedentes de extorsiones a centros nocturnos y restaurantes ubicados en la costera Miguel Alemán, así como en la parte alta de la Unidad Habitacional Infonavit Alta Progreso…

El fiscal general de Guerrero confirmó que se encuentra detenido un hombre identificado como Uriel ‘N’, por su supuesta participación en esos hechos delictivos y que dio positivo en la prueba de rodizonato de sodio, así como la de balística forense que determinó que los casquillos localizados en el lugar de los hechos fueron percutidos por el arma de fuego que le fue asegurada y puntualizó que se mantiene una estrecha coordinación con las instituciones de Seguridad Pública federal, estatal y municipal para darle seguimiento a la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones contra quien o quienes resulten responsables, y lograr la detención de otros implicados en estos hechos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que «el negocio de las drogas ha crecido un 50%» en Colombia desde que Iván Duque llegó al poder en 2018.

Acusó a ese país, junto a Honduras, Guatemala y El Salvador, de enviar a propósito a sus criminales a Estados Unidos.

«No tengo dudas de que Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia (…) los están mandando a Estados Unidos porque no los quieren, porque creen que la gente de Estados Unidos es estúpida y los reciben», dijo Trump en un acto de recaudación de fondos para su campaña electoral en San Antonio, Texas.

Y es que Trump ha centrado sus discursos y acusaciones en los últimos días a la supuesta emergencia nacional que se vive en la frontera sur de su país. Este mismo miércoles Trump aseguró que tendrá que movilizar a más militares en la frontera con México.

Sostuvo que en su país hay una sola persona a cargo de la política de inmigración: él. Y es que cuando salía de La Casa Blanca, fue cuestionado sobre si había considerado nombrar a Stephen Miller para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional tras la renuncia de Kirstjen Nielsen.

Miller «es un tipo excelente» y un «hombre brillante», pero agregó que «francamente, solamente hay una persona a cargo: ¿saben quién?, yo». Trump escogió al comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza Kevin McAleenan como secretario interino.

El gobierno de Guanajuato dio a conocer que usará una flota de autos de lujo decomisados a organizaciones criminales como patrullas de las fuerzas de seguridad del estado.

En el marco de la presentación de las divisiones de la Policía Rural y la Policía Turística del estado, el gobierno del panista Diego Sinhué Rodríguez confirmó la incorporación a su flotilla de seis vehículos Camaro, un Mustang, un Corvette y dos Cadillac, mismos que fueron recuperados como parte de la operación «Golpe de Timón».

Los vehículos recuperados son considerados de «última generación» y ya están rotulados con los logos de la Policía Estatal de Guanajuato, misma que según el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, apunta a ser la mejor corporación de todo el país.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez presentó la Policía Rural y la Policía Turística, como una nueva División y Unidad de la institución, respectivamente.

La Policía Rural se orientará en los municipios de la región norte del estado y algunos del sur, en los que se presenta una mayor incidencia por robos en la zona rural.

En tanto, la Unidad de la Policía Turística Estatal tendrá como objetivo fortalecer la presencia policial en las zonas turísticas del Estado, para garantizar un servicio efectivo en materia de seguridad.

Los elementos prestarán sus servicios primordialmente en Guanajuato y San Miguel de Allende, pero también en los seis pueblos mágicos: Comonfort, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Salvatierra, Mineral de Pozos y Yuriria.

Durante un operativo de búsqueda y localización de personas desaparecidas en Reynosa, Tamaulipas, personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Personas no Localizadas o Privadas de su libertad encontró restos óseos en un predio.

Con ayuda de la Policía Federal y estatal, así como de familiares de personas desaparecidas, se encontraron 38 fragmentos de hueso que serán analizados con el apoyo de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, para determinar si pertenecen a cuerpos humanos y a que partes corporales corresponden, según el protocolo para el tratamiento e identificación forense.

El lugar donde fueron encontrados los restos es un área despoblada y con muchas veredas lo que facilita el desplazamiento de las camionetas de grupos criminales, en pugna por el control de Reynosa.

Hasta el momento se desconoce a cuántas personas podrían pertenecer, por lo que se realizarán pruebas de ADN y criminalísticas, además de que se compararán con las muestras de familiares.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que refuercen las medidas de seguridad que garanticen la paz e integridad de quienes compiten en las elecciones del 1 de julio.

Otálora Malassis señaló que lamentablemente, “el signo que está marcando el actual proceso electoral es el de la violencia, ya que manos criminales están actuando de manera premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

Pidió que se refuercen las acciones que garanticen la paz y la integridad de los candidatos a cargos de elección popular, así como de todas las familias mexicanas, para que el próximo domingo 1 de julio pueda llevarse a cabo una jornada electoral en paz.

La violencia, apuntó Otálora Malassis, es una amenaza a la vida y a la dignidad de las personas, así como a todos sus derechos humanos. “No hay nada más alejado del ideal democrático y a los principios de civilización que la violencia”, señaló.

 

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por la coalición ‘Todos por México’, afirmó este miércoles que con los criminales y corruptos no se pacta y que su lugar debe ser la cárcel.

A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza indicó que además, se debe recuperar el dinero y las propiedades mal habidas por estas personas para devolverlos a la sociedad.

“Eso es lo que #YoMero haré como Presidente”, escribió en el mensaje.

Este miércoles, el candidato priísta se encuentra de visita en el estado de Tamaulipas, como parte de sus actividades proselitistas firmará a las 15:00 horas los Compromisos por Tamaulipas, en el Auditorio Municipal de Tampico.

Como parte de los trabajos de la CV Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), esta tarde la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, fue recibida por los Obispos.

 

 

Durante el encuentro, la ex primera dama reitero que su proyecto se rige por los valores, y que son el eje rector de la campaña; en donde los jóvenes, las mujeres y la familia son prioridad.

 

En un breve encuentro con los medios de comunicación al termino de su reunión con los jerarcas de la Iglesia, la cual fue privada, Zavala aseguró que transmitió a los Obispos su preocupación pues si bien entiende que la Iglesia llegue a pactar con el crimen organizado, tal como sucedió con el Obispo de Chilpancingo-Chilapa, aseguró que eso es resultado de que el Estado no esté enfrentando a la delincuencia y garantizando la protección a la ciudadanía.

 

Aseguró que con ella en el gobierno, no se pactará con la delincuencia, ni como lo propone Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofrecerá amnistía a los criminales.

 

“Lo que no es justificable, es que desde el Estado o de una candidatura a la Presidencia, se hablé de pactar con los criminales, eso les dije claramente (…) llevaré a los delincuentes ante la justicia”, remató la aspirante presidencial.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

El candidato presidencial de la coalición «Por México al Frente», Ricardo Anaya, aseguró que el problema de la corrupción, el más grave que tiene nuestro país, no es cultural, por lo que los mexicanos no se tienen que resignar ante él.

 

Dijo que la aplicación de la ley no debe depender del gobernante en turno, porque “cuando el mensaje es de impunidad, la prima hermana, que es la corrupción, no cede”. Indicó que pactar con los criminales y narcotraficantes es una idea vieja, que además no ha dado resultados, esto tras la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

 

Aseguró que México podría estar peor si se pacta con los grupos criminales.

 

Al reunirse con socios de la American Chamber of Comerce, Anaya explicó que la inversión pública en México está en sus mínimos históricos, pese a que sí hay recursos, solo que están mal empleados, y para muestra el incremento en el gasto corriente, mismo que es urgente reducir. Reiteró que para que en México haya inversión, es necesario que haya Estado de Derecho y certeza jurídica.

 

Sobre la relación con Estados Unidos, manifestó que cree en el comercio abierto, libre y justo, y que el mejor escenario es que no haya restricciones.

 

La aspirante a candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, acusó que los precandidatos de Morena y del PRI, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), defienden a los corruptos y a los delincuentes respectivamente.

 

 

 

 

A través de un videomensaje compartido en sus redes sociales, la ex primera dama aseguró que a diferencia de Meade y AMLO, «yo voy a defender a las mujeres y a las familias para que no tengamos miedo de salir a la calle, para que regresemos seguros a casa».

 

«En las próximas elecciones ya sabemos quién defiende a quien. Lopez Obrador defiende a los criminales, les va a dar amnistía. Meade defiende a los corruptos, no quiere ni que preguntemos por ellos», recriminó Zavala. «Si tú quieres que alguien te defienda, firma ya», remata su mensaje.

 

El Secretario General del PRD, Ángel Ávila Romero, aseguró que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de «pactar» con grupos criminales es la negación y la burla de la justicia Mexicana para las millones de víctimas que ha dejado el crimen organizado.

 

«López Obrador se equivoca al creer que se puede negociar con la delincuencia (…) es increíble que este señor haga una propuesta de esta magnitud. Ese tipo de propuestas no han sido soluciones en ningún lugar del planeta en donde se hayan intentado. Esta es una propuesta que se burla de las víctimas», insistió.

 

«Cómo  cree AMLO  que una madre a la que asesinaron a su hija o una persona que tiene algún familiar desaparecido va a estar satisfecha con un diálogo con los delincuentes, incongruencia total», aseguró el perredista, y agregó que «les ofrece amnistía porque se está llenando de ladrones y corruptos».

 

Ávila Romero insistió en que «nadie debe estar por encima de la ley, todos somos ciudadanos y el Estado debe garantizar la seguridad y nuestros derechos. López Obrador con esta propuesta propone la instalación  de un Narco-Estado.  La delincuencia debe enfrentar a la Justicia y no debe obtener un perdón como propone AMLO».

Luego de que el líder nacional de morena indicara que en caso de llegar a la Presidencia de la República, estaría considerando dar amnistía a los criminales con el fin de que prevalezca la paz en el país, la independiente Margarita Zavala criticó su propuesta.

 

 

«AMLO quiere amnistía para corruptos y criminales. Su propuesta es un país de impunidad» recriminó la ex panista. Y añadió que «Yo quiero un México en donde se respete la ley y los delincuentes estén en la cárcel».

 

Foto: Archivo APO