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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) instó este viernes a atender de fondo las causas de la migración y aseguró que no quiere que México se convierta en un «campamento de migrantes».

Desde Palacio Nacional, una periodista le preguntó sobre la posibilidad de que Estados Unidos otorgue recursos a México para que atienda debidamente a los migrantes que se encuentran en la frontera, principalmente de origen haitianos.

«Sí, pero hay que atender el fondo, primero, no queremos que México sea un campamento de migrantes», afirmó el mandatario. «Queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar. Porque si continuamos con lo mismo es retenerlos, ponerlos en albergues, y no enfrentamos el problema de fondo», destacó.

Lamentó que Estados Unidos lleva décadas sin invertir en América Latina y el Caribe para apoyar a los pueblos pobres, e insistió en su llamado a que se apoye el desarrollo, lo que implicaría que cambie la política migratoria que hasta ahora se ha seguido.

Apuntó que pese a que la administración del presidente Joe Biden entiende la necesidad de apoyar las causas de raíz, y han sido sensibles a las propuestas que se han hecho, tardan «mucho» porque deben presentar la propuesta al Senado, y se mezclan asuntos electorales.

También pidió apoyo para Haití y que intervengan las Naciones Unidas, pues la mayoría de los migrantes que se encuentran en la frontera México-Estados Unidos son de este país.

«No es solamente atender a los migrantes haitianos que por necesidad salen de su país, por necesidad y por la violencia, hay que hacer algo y aquí la ONU se está tardando. Es lo mismo. ¿Dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional?», subrayó.

Y es que la región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año con un flujo histórico, con 147,000 indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple de 2020, y un récord de 212,000 indocumentados detenidos solo en julio por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos.

El canciller Marcelo Ebrard abordó la crisis de las decenas de miles de migrantes haitianos varados en la frontera en una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

«La conversión versó sobre este tema en particular y la necesidad de una respuesta regional, no solo sobre este flujo que ha atravesado todos los países de América Latina», reveló esta mañana el canciller al participar en la conferencia matutina del Presidente.

La llamada, que sucedió la noche de ayer, ocurre después de que cerca de 13,000 migrantes irregulares, en su mayoría de Haití, llegaran al puente internacional que une Del Río, en Texas, con Ciudad Acuña, en Coahuila. Ahí, los migrantes instalaron un campamento improvisado en el que la mayoría han permanecido.

Los haitianos provienen de Brasil y Chile después de que, en agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) informó de la ampliación del programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), para los migrantes haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, y no para quienes llegan como se ha difundido entre los migrantes.

El secretario de Relaciones Exteriores ha pedido una solución regional al enunciar que los migrantes atraviesan Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México. «Se tiene que tener una respuesta, pensamos nosotros, de carácter regional y con apoyo también de las Naciones Unidas para apoyar que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible», manifestó.

Planteó un apoyo humanitario por la crisis política tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio pasado y el terremoto de magnitud 7.2 que dejó más de 2,000 muertes y 12,000 damnificados en agosto.

Ebrard aclaró que aún no hay un acuerdo definitivo con Estados Unidos, que ha deportado 560 haitianos en los últimos días. Señaló que la intención de los haitianos no es quedarse en México, aunque ha estimado que apenas 15% de ellos han pedido refugio en el país.

“Tienen condición de refugiados en esos países (Brasil y Chile), entonces no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre el paso prácticamente hacia los Estados Unidos”, apuntó.

Foto: Twitter @Jolisourire21

El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que destinará 64 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria para Afganistán, aunque advirtió de que el nuevo régimen talibán está poniendo trabas a las operaciones de asistencia y exigió que permita que éstas continúen de forma segura.

La partida de ayuda humanitaria, anunciada por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, en la conferencia internacional organizada hoy en solidaridad con Afganistán, se dirigirá principalmente a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

«Los talibanes están obstruyendo e interfiriendo los envíos de ayuda, prohibiendo la labor de personal femenino e incluso tomando represalias contra personas que entregan o reciben asistencia», advirtió Thomas-Greenfield.

Y es que tras la reciente «transición» en Afganistán, en palabras de la diplomática, los talibanes deben mantener sus promesas de protección no sólo a los trabajadores humanitarios, sino también a mujeres y niñas.

Con la ayuda anunciada hoy el total destinado por Estados Unidos para la asistencia humanitaria en Afganistán este año asciende a 330 millones de dólares, destacó la embajadora, quien urgió al resto de la comunidad internacional a mostrar igual solidaridad con la difícil situación del pueblo afgano.

La conferencia internacional, organizada por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, busca recaudar 606 millones de dólares con el fin de financiar operaciones de asistencia en el país y ayudar a 11 millones de personas, casi un tercio de la población nacional.

Al respecto, Guterres advirtió que Afganistán afronta sus «horas más peligrosas» y necesita más ayuda internacional para superarlas.

«Es el momento de que la comunidad internacional esté con ellos», subrayó Guterres, quien matizó que incluso antes de que el poder en Afganistán fuera recuperado por los talibanes el país ya experimentaba una de las peores crisis humanitarias globales.

Guterres alertó que uno de cada tres afganos no sabe cuándo será su próxima comida, además de que cientos de miles de personas han tenido que abandonar sus hogares.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) advirtió este lunes de una «situación insostenible» para miles de migrantes varados en nuestro país, y anunció que desarrolla una «intervención de emergencia» en la frontera sur.

«MSF lanza una intervención de emergencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, donde unas 40,000 personas están atrapadas por el fracaso del sistema de asilo», dijo la ONG.

Explicó que la situación de miles de personas migrantes es alarmante debido a las condiciones de hacinamiento y la falta de acceso a servicios médicos y sociales, y que se sufran por igual en la frontera sur como en la frontera con Estados Unidos.

Y es que en la última semana se formaron cuatro caravanas migrantes que partieron desde Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, y que tenía como destino llegar al norte del país. Sin embargo, estas fueron disueltas tras avanzar unos cuantos kilómetros por parte de agentes de migración y de la Guardia Nacional, en unos hechos que fueron criticados por distintas ONG’s debido a las imágenes que se compartieron en redes sociales sobre los operativos.

«Estas personas se encuentran con pocas alternativas de albergue, hacinadas o en situación de calle con condiciones sanitarias precarias y riesgo de contagio por la covid-19», afirmó Christoph Jankhöfer, coordinador del proyecto de migrantes de MSF en México.

Las personas migrantes en Tapachula son provenientes de países como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Haití o Cuba, y una «parte significativa» de la comunidad son mujeres y niños.

Al respecto, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó este lunes que entre enero y agosto de 2021 se han recuperado los cuerpos de 46 migrantes que perdieron la vida durante su travesía por nuestro país.

«Entre los meses de enero y agosto de 2021, elementos de Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación han recuperado 46 cuerpos de personas migrantes que fallecieron durante su ingreso y tránsito por territorio mexicano», apuntó la nota emitida por el INM.

Destacó que estos decesos se debieron a diversas causas como ahogamiento (22 casos), accidentes, armas de fuego, problemas de salud, deshidratación en el desierto y asaltos.

«La mitad de ellos no portaban algún tipo de identificación, por lo que se encuentran en calidad de desconocidos; del resto, seis son originarios de Honduras, cinco de Guatemala, tres de Haití, tres de Nicaragua, dos de Cuba, y uno de Venezuela, así como tres cuerpos de personas mexicanas», agregó.

De las muertes registradas, 37 corresponden a hombres, 8 mujeres, y un último fallecido se trataba de un varón menor de edad.

Sin embargo, organizaciones y colectivos han alertado que la cifra podría ser mucho mayor debido a que los migrantes enfrentan cada año enormes peligros en su ruta por México debido a la presencia del crimen organizado o a la corrupción de las autoridades.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) llevó a cabo esta mañana una sesión privada para elegir al nuevo presidente el Tribunal, en el que de forma unánime se eligió al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

La convocatoria para la elección del nuevo presidente del Tribunal fue realizada la noche de ayer, tal como se había acordado el pasado 10 de agosto.

Reyes  Rodríguez logró el respaldo unánime de sus pares, luego de que el magistrado José Luis Vargas indicara que respetaría y respaldaría la decisión de la mayoría, y de que el magistrado Indalfer Infante Gonzáles, quien tenía interés de presidir el Tribunal, cerrara filas con Reyes Rodríguez Mondragón.

El nuevo presidente del TEPJF rindió protesta al cargo, cuyo periodo concluirá a finales de octubre de 2024.

Y aunque se logró un acuerdo para la elección del nuevo presidente, la polémica y desencuentros no se hicieron esperar. Desde la noche de ayer, el magistrado José Luis Vargas insistió en que la votación se debía realizar en una sesión pública. Incluso dijo que desde la noche de ayer propuso que el carácter de la sesión se cambiara.

Ayer 1 de septiembre, concluyó la presidencia interina del magistrado Felipe Fuentes Barrera, quien fue nombrado el pasado 10 de agosto tras el llamado “golpe de Estado” al interior del Tribunal.

Y es que la Sala Superior se vio envuelta en una polémica el pasado 4 de agosto, ya que, ante las diferencias y los cuestionamientos a la presidencia de José Luis Vargas, aprovechando un receso decretado, sus compañeros Felipe de la Mata; Indalfer Infante; Janine Otálora y Felipe Fuentes Barrera decidieron removerlo del cargo y nombrar a Reyes Rodríguez como nuevo presidente.

Debido a las inconformidades, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se reunió con todos los involucrados, y llamó a Vargas Valdez a hacerse a un lado por el bien del Tribunal, pues reconoció que su presidencia ya no era viable.

Finalmente, José Luis Vargas y Reyes Rodríguez presentaron su renuncia a la presidencia, que derivó en la elección de Fuentes Barrera para dar continuidad a los trabajos relacionados con las impugnaciones del proceso electoral.

El presidente de Estados Unidos afirmó que, incluso con los talibanes en el poder en Afganistán, ve una mayor amenaza en los puestos de avanzada de Al Qaeda y sus grupos afiliados en otros países.

Joe Biden consideró que ya no era «racional» seguir concentrando el poder militar estadounidense en Afganistán.

«Deberíamos centrarnos en donde es mayor la amenaza», dijo Biden en una entrevista que se transmitió este jueves en el programa «Good Morning America» de la cadena ABC.

«Y la idea de que podemos seguir gastando un billón de dólares, y tener decenas de miles de soldados estadounidenses en Afganistán, cuando tenemos el norte de África y el oeste de África. La idea de que podemos hacer eso e ignorar esos problemas inminentes, problemas crecientes, no es racional».

El mandatario aseguró que el grupo Estado Islámico representa una «amenaza significativamente mayor» en Siria y África Oriental que en Afganistán, pues dijo que el grupo extremista «ha hecho metástasis» allí. La metástasis es un término médico que se refiere a la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto del que se inició.

El presidente Biden dijo que, si bien Estados Unidos no tiene una presencia militar considerable en lugares como Siria, sí tiene una «capacidad en el horizonte para eliminarlos».

Biden hizo sus comentarios mientras su gobierno enfrenta críticas fuertes por el momento y la dirección de la retirada de Afganistán, después de que los talibanes llegaron al poder más rápido de lo que pronosticaron las autoridades de su administración.

La rápida toma del poder por parte de los talibanes provocó escenas de caos y violencia cuando miles de afganos y estadounidenses intentaron huir del país.

En la entrevista, Biden aseguró que los talibanes se enfrentan a una elección «existencial» sobre cuál será la imagen que el mundo tendrá de ellos tras su contundente victoria militar en Afganistán.

«Creo que están atravesando una especie de crisis existencial sobre si quieren ser reconocidos por la comunidad internacional como un gobierno legítimo», sostuvo el mandatario.

Afirmó que los talibanes se preocupan por si serán capaces o no de mantener unida a la sociedad, sobre si tendrán comida, ingresos o si podrán gestionar una economía.

Biden reconoció que muchas mujeres estaban tratando de salir de Afganistán a través de la evacuación de Estados Unidos en el aeropuerto de Kabul, y aseguró que ordenó que «las sacaran, que sacaran a sus familias». «Deberíamos sacar a todas las que podamos», dijo.

Los talibanes, deseosos de dar una imagen de moderación y cambio, se han comprometido a «dejar trabajar a las mujeres» pero «respetando los principios del islam», sin dar más detalles sobre ello.

En caso de que grupos terroristas antiestadounidenses como Al Qaida vuelvan a establecerse en Afganistán, Estados Unidos conserva «la capacidad de combatirlos», dijo Biden, refiriéndose a misiles y otros ataques militares a larga distancia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este martes en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) debe tener una renovación completa, esto pese a las recientes renuncias de los magistrados Reyes Rodríguez y Vargas Valdez, y tras optar por una presidencia interina.

Cuestionado sobre si el nombramiento como presidente interino del magistrado Felipe Fuentes Barrera era suficiente para superar la crisis que desde hace tiempo se vivía en el Tribunal Electoral, el mandatario dijo que no.

«No, porque no está bien el Tribunal. No han demostrado actuar con rectitud y a mí me decepcionaron y tengo pruebas», dijo López Obrador.

Recordó que el Tribunal apoyó la cancelación de las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero; y acusó que los magistrados actuando «bajo consigna» y «no como jueces»; incluso dijo que ahí hubo «mano negra».

«Ya no les tengo confianza. Lo mejor es una renovación porque la democracia debe de estar en manos de gente incorruptible», reiteró el presidente.

López Obrador dijo que en su reciente reunión con el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, este le explicó que el Tribunal Electoral es hoy «completamente independiente» del Poder Judicial, pese a depender orgánicamente de él.

Por ello, acusó que el TEPJF es independiente del pueblo, más no de la mafia del poder. Consideró que en este organismo electoral hay mucha «hipocresía»; reiteró que se necesitan «ciudadanos honestos e íntegros» en todo el Poder Judicial.

El cuestionamiento al mandatario llegó luego de que esta mañana, Zaldívar considerara a través de su cuenta de Twitter que las dos renuncias en el Tribunal Electoral llevarán al «diálogo» en la institución, asegurando que la «crisis» en este órgano había sido superada.

«No coincido con él. Eso tiene que renovarse. No hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el Tribunal Electoral», concluyó el mandatario, que insistió en que presentará una iniciativa de reforma constitucional al respecto.

Recordemos que la crisis se desató el pasado miércoles cuando la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral se revelaron en plena sesión contra Vargas Valdez, quien en ese momento ostentaba la presidencia, y quien acusó un «golpe de Estado» tras ser depuesto y sustituido por el magistrado Reyes Rodríguez.

Vargas es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por gastos equivalentes a 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones. También ha sido señalado por estar sesgado a favor del partido en el poder y tener un comportamiento errático al frente de la institución.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró urgente que desde el Congreso de la Unión se impulse nuevamente la reforma político-electoral y que ésta pueda quedar lista en el primer año de esta nueva Legislatura que comienza en septiembre, la LXV.

“Si bien hay una independencia y autonomía de instituciones como el Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, es importante garantizar desde las leyes que estos órganos no se conviertan en una trinchera de protagonismos e intereses personales, ajenos al avance democrático del país”, dijo el morenista.

Aseguró que la crisis que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), demuestra la vulnerabilidad y la descomposición que se vive al interior de instituciones importantes, encargadas de garantizar la legalidad en nuestro país.

Mier Velazco indicó que es momento de acabar, desde las leyes, con la  vieja práctica de los gobiernos pasados: “la cuota y los cuates en las instituciones”.

“Por esta razón expresamos la necesidad urgente para el país de que se haga la reforma político-electoral, que abarque no sólo el respeto a lo que establece la Constitución a los principios de legalidad, certeza e imparcialidad en los procesos electorales, sino todo lo que tiene que ver con los conflictos postelectorales se haga de manera plena, y en este caso, el Tribunal es necesario”, explicó.

Ante lo sucedido en el TEPJF, Mier Velazco llamó a serenar los ánimos; pidió realizar una autocrítica hacia las debilidades de la institución, y no convertir esta situación en un escenario donde se aplique la ley de la selva y anteponerse con «mayoriteos y madruguetes”.

“Hemos visto durante todo este tiempo que ninguno de los integrantes del Tribunal podría arrojar la primera piedra. Más allá de las circunstancias personales, ninguno se salva”, acusó el morenista.

Por ello, insistió en que, una vez resueltos los temas referentes a lo contencioso electoral, los litigios que se están ventilando derivado de las elecciones e impugnaciones para renovar la Cámara de Diputados, los consejeros del TEPJF, y algunos consejeros del INE, principalmente su presidente, deben renunciar por un asunto de ética moral.

«Lo que nosotros queremos es fortalecer el acto democrático, instituciones realmente que garanticen el libre ejercicio de la democracia en México. Ésa es una de las principales debilidades que tiene México, no ha podido en 30 años de promesa de cambio, consolidar su régimen democrático», remató.

Durante el mensaje que ofreció esta mañana el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, fue cuestionado sobre la crisis que se vive al interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El miércoles, cinco de los siete magistrados votaron para remover al presidente José Luis Vargas, debido a deficiencias e irregularidades bajo su gestión, y optaron por reemplazarlo por su homólogo Reyes Rodríguez Mondragón, quien tendría que terminar el encargo de cuatro años para el que fue elegido Vargas Valdez en el 2020.

Sin embargo, José Luis Vargas desconoció la sesión extraordinaria en la que sus pares decidieron removerlo del cargo, indicando que no participaron ni él ni la magistrada Mónica Soto. Previo había denunciado un «golpe de Estado» por parte de su compañeros, asegurando que su destitución no procedía.

En su mensaje de hoy, Zaldívar informó que ayer sostuvo una reunión con cinco magistrados del Tribunal Electoral que apoyaron la destitución de Vargas, quienes pidieron su intervención para mediar en este conflicto. Estimó que los magistrados «están en ánimo muy constructivo de superar este entorno».

Indicó que la reunión se efectuó a petición de los integrantes de la Sala Superior, y reconoció que él no tiene atribuciones constitucionales para intervenir en dicho conflicto.

Fue en ese punto donde hizo un llamado al magistrado José Luis Vargas a “dar un paso al lado” y abandonar la presidencia del Tribunal Electoral de manera voluntaria. Consideró que ya no hay condiciones para que se mantenga como presidente del TEPJF, principalmente ante el rechazo expreso que tiene de cinco de sus compañeros.

«Es momento de anteponer cualquier ambición personal al bien del país, al bien de la justicia electoral”, dijo Zaldívar.

Recordemos que Vargas Valdez enfrenta acusaciones de corrupción y está siendo investigado por las autoridades. En ese sentido, el ministro presidente señaló que al igual que cualquier otro funcionario, se le debe exigir rendir cuentas.

La polémica de lo que se vive en el Tribunal Electoral se agudizó debido a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien este jueves habló de «descomposición» al interior del organismo, e incluso sugirió que todos los magistrados de la Sala Superior deberían de renunciar.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este jueves en su intención de reformar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ante su «descomposición», esto después de que cinco de los siete magistrados de la Sala Superior se revelaran contra el presidente del organismo, José Luis Vargas.

«Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral», expresó López Obrador esta mañana al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que ayer, cinco de los siete magistrados del Tribunal se revelaron contra su presidente, José Luis Vargas, quien es investigado por corrupción. Tras un receso ordenado por Vargas Valdez, los magistrados disidentes retomaron la sesión pública en el que acordaron destituirlo.

Más tarde, en un videomensaje publicado desde los canales oficiales del TEPJF, José Luis Vargas dijo no reconocer dicha sesión y las decisiones que en ella se tomaron. Indicó que es él quien sigue encabezando la presidencia del Tribunal.

Los magistrados Felipe de la Mata, Indalfer Infante, Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Felipe Fuentes Barrera acordaron nombrar a Reyes Rodríguez Mondragón como nuevo presidente del Tribunal Electoral.

Al respecto, López Obrador arremetió contra el nombramiento Rodríguez Mondragón, pues recordó que el año pasado lo insultó en Twitter mediante un mensaje en el que le deseaba la muerte.

«Resulta que el que eligieron en una ocasión me insultó. Lo comento para probar las características de estas personas», criticó AMLO.

Opinó que todos los miembros de este Tribunal «deberían renunciar por dignidad», ya que la crisis interna es «un asunto lamentable, que da vergüenza». «Es una situación grave, la cual amerita una reforma constitucional para reformar los dos organismos, el INE y el Tribunal Electoral», reiteró.

López Obrador ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de reformar los organismos electorales desde que en las elecciones intermedias del pasado 6 de junio lo amonestaron por hacer campaña y retiraron candidaturas a políticos de Morena por irregularidades.

Una de las críticas que más ha hecho el presidente a los integrantes del INE y del TEPJF es su sueldo, pues dice que «ganan dos o tres veces» más que él.

Hay que considerar que la destitución de Vargas se produce mientras la Unidad de Investigación Financiera (UIF) lo investiga tras encontrarle gastos de 36.7 millones de pesos de 2013 a la fecha pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

Vargas Valdez llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF, nominado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, y en noviembre de 2020 fue elegido como presidente del organismo. La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder de turno, en este caso Morena, mientras que sus colegas han expresado su descontento por su comportamiento errático.

El presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado esta madrugada al interior de su residencia por desconocidos en medio de una devastadora crisis política económica en el país.

La primera dama Martine Moïse resultó herida en el ataque, por lo que fue hospitalizada, indicó el primer ministro interino Claude Joseph.

Joseph condenó el «detestable, inhumano y bárbaro acto» y afirmó que la Policía Nacional y otras autoridades tenían bajo control la situación en el país caribeño. Agregó que «la democracia y la república ganarán».

Incluso antes del asesinato, Haití se había vuelto cada vez más inestable y descontento con Moïse. El presidente gobernó por decreto durante más de dos años después de que el país no pudo celebrar elecciones y la oposición exigió su renuncia en los últimos meses.

En la mañana del miércoles, las calles estaban prácticamente vacías en la capital Puerto Príncipe, pero algunas personas saquearon negocios en un área.

Joseph dijo que la policía fue enviada al Palacio Nacional y la comunidad de lujo de Pétionville y será enviada a otras áreas.

En el comunicado, el primer ministro indicó que algunos de los atacantes hablaban español, pero no ofrecieron más explicaciones. Más tarde dijo en un discurso de radio que hablaban español o inglés.

Los problemas económicos, políticos y sociales de Haití se han profundizado recientemente, con la violencia de las pandillas aumentando en Puerto Príncipe, la inflación en espiral y la comida y el combustible escaseando en un país donde el 60% de la población gana menos de 2 dólares al día. Esto sucede mientras el país todavía intenta recuperarse del devastador terremoto de 2010 y del huracán Matthew de 2016.

Los líderes de la oposición acusaron a Moïse, que tenía 53 años, de buscar aumentar su poder, incluso mediante la aprobación de un decreto que limitaba los poderes de un tribunal que audita los contratos del gobierno y otro que creó una agencia de inteligencia que responde solo al presidente.

En los últimos meses, los líderes de la oposición exigieron su renuncia, argumentando que su mandato terminó legalmente en febrero de 2021.

Moïse y simpatizantes sostuvieron que su mandato comenzó cuando asumió el cargo a principios de 2017, luego de una caótica elección que obligó al nombramiento de un presidente provisional que tendría que quedarse solo un año. Haití tenía previsto celebrar elecciones generales a finales de este año.

La Casa Blanca calificó este miércoles de «horrible» el asesinato del presidente de Haití y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación. La secretaria de prensa, Jen Psaki, calificó el magnicidio perpetrado por asaltantes aún no identificados como un «ataque horrible».

«Ayudaremos de cualquier manera al pueblo de Haití, al gobierno de Haití si hay una investigación», dijo, añadiendo que La Casa Blanca estaba «todavía reuniendo información».

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo estar «conmocionado» por este «acto odioso».

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó su conferencia matutina enviando su pésame al pueblo de Haití, por el asesinato del presidente y su esposa. Recordó que el presidente visitó México en 2018 cuando asumió el poder.

«Enviar un abrazo al pueblo de Haití por el lamentable asesinato del presidente de ese país y de su esposa. Es algo que lamentamos mucho», dijo el mandatario.

Indicó que México estaba por enviar 150,000 dosis de vacunas a Haití, que dijo, es un pueblo pobre y muy necesitado de ayuda internacional.

El presidente Joe Biden aseguró este jueves que el objetivo económico principal de su administración es «reconstruir la clase media» del país a través del impulso de la creación de empleo y las ayudas públicas, con el fin superar los efectos de la pandemia.

«Wall Street no construyó este país, lo hizo la gran clase media estadounidense. Esta vez reconstruiremos la clase media», dijo Biden en un discurso en una universidad de Cuyahoga, Ohio.

En su intervención, Biden recalcó que, desde su llegada a la Casa Blanca, su gobierno ha cambiado el rumbo de una pandemia y una situación económica únicas y que ahora EUA debe preguntarse qué tipo de economía va a construir para el futuro.

«Creo que este es nuestro momento para construir una economía de abajo hacia arriba y del medio hacia afuera. No una economía hacia abajo», insistió el mandatario.

Biden dio su discurso poco después de que varios medios estadounidenses adelantaran que mañana presentará un presupuesto de 6 billones de dólares para el año fiscal 2022, que llevará el gasto federal a su nivel más elevado desde la Segunda Guerra Mundial.

El proyecto, que incluye sus dos grandes propuestas desveladas hasta el momento, el plan de inversión en infraestructuras y el de educación y cuidados sanitarios, asume déficits federales de más de un billón de dólares al año en la próxima década.

En concreto, para 2022 el déficit presupuestario de EUA será de 1.8 billones de dólares, aunque La Casa Blanca espera que las iniciativas presentadas por Biden de subida de impuestos de sociedades para las grandes empresas y las rentas más altas ayude a contener el desequilibrio de las arcas públicas en los siguientes años.

La propuesta de Biden encarará con toda seguridad la negativa frontal de la oposición republicana en Congreso, donde deberá ser aprobado para ver la luz.

Según datos oficiales, Estados Unidos tuvo un déficit de 3.1 billones de dólares en el año fiscal 2020 y ya ha acumulado más de 1.9 billones en los primeros siete meses del año fiscal 2021. Asimismo, el déficit relativo al Producto Interno Bruto (PIB) del país se disparó a casi el 15% en 2020, el nivel más alto desde 1945.

Sobre la situación económica actual, con un crecimiento del PIB del 1.6% en el primer trimestre del año, según datos revelados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA), Biden señaló en su discurso que Estados Unidos «está regresando».

Arturo Sarukhán

EL UNIVERSAL

 

Las crisis, como las guerras o el colapso económico, revelan las fortalezas y debilidades de las sociedades y modifican el marco de referencia sobre cómo pueden y deben organizarse. Con el arranque de la pandemia en 2020, muchos analistas argumentaron que ésta expondría la irracionalidad y fragilidad del sistema económico global moderno; sin embargo, en realidad acabó poniendo de relieve la asombrosa resistencia del capitalismo esgrimido por el Estado solidario y, sobre todo, la diferencia seminal -más allá de orientación ideológica o resiliencia democrática- entre gobiernos eficaces e ineficaces.

Pero el Covid-19 también demostró que es el Estado benefactor en sí el que necesitaba modernizarse. Este nació en un momento y orden social diferentes y para protegerse de riesgos distintos a los de hoy. Mientras que la seguridad social en Europa nació a principios del siglo XX, la estadounidense surgió en respuesta a la Gran Depresión. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que condujo al nacimiento del moderno Estado de bienestar europeo, con beneficios universales para protegerse contra la pobreza y brindar atención médica universal y educación. Hoy el contexto es otro. La pandemia que estalló hace más de un año con el teletrabajo y el cierre de escuelas, estadios, cines, teatros y lugares de espectáculos y que ahora acaba de cumplir su doceavo mes desde que se impusieran en casi todo el mundo medidas de contención y mitigación, ha obligado a reevaluar el contrato social al interior de muchas naciones, en particular con la pregunta de cómo se debe asumir y repartir el riesgo entre ciudadanos, empresas y el Estado. El descontento social estaba aumentando antes de la pandemia: en 2019, menos de una de cada cinco personas en 26 países alrededor del mundo afirmaba que “el sistema” estaba beneficiándolos y la mitad dijo que estaba fallando, según el Barómetro de Confianza de Edelman. En un nuevo libro sobre el contrato social, Minouche Shafik, directora de la London School of Economics, anticipa que “la agitación política que observamos en muchos países es solo un anticipo de lo que nos espera si no repensamos lo que nos debemos mutuamente” al interior de las sociedades y entre ciudadanos y el Estado.

Estamos atestiguando en este momento un movimiento pendular crucial con respecto a la responsabilidad de los gobiernos. Los paquetes de estímulo fiscal para confrontar los efectos económicos y sociales del Covid-19 a lo largo de este periodo no solo han hecho que las intervenciones gubernamentales de rescate ante la crisis financiera mundial de 2008-09 parezcan peccata minuta; podrían representar un parteaguas para las políticas públicas y el perfil y papel del Estado durante las próximas décadas. Y es que la expansión en curso del Estado benefactor en la mayoría de las naciones industrializadas y en muchas economías de renta media ha sido la más grande en más de medio siglo. Los rescates gubernamentales de ciudadanos, en lugar de rescates a bancos o la industria automotriz (por mencionar a dos de los sectores clave a los que el Estado lanzó un salvavidas después del naufragio económico global en 2008) podrían marcar un nuevo capítulo en la historia contemporánea.

Después de 1929, votantes y gobiernos de los países industrializados reformularon la relación entre el Estado y sus ciudadanos, un proceso que duró más de tres décadas. Ahora, la pandemia ha destruido los paradigmas y las viejas reglas sobre el gasto social que se impusieron con el arranque de la década de los ochenta y los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que se convirtieron en punta de lanza de ese cambio de dirección. En Estados Unidos, los gobiernos de Franklin D Roosevelt y de Lyndon B Johnson empujaron el péndulo -con los programas de asistencia social del New Deal y la Great Society, respectivamente- hacia un gobierno más muscular e intervencionista. Con Reagan, el péndulo osciló al otro extremo a partir de 1980, adelgazando al gobierno y su papel en la sociedad y las políticas públicas, privilegiando a los mercados. Ese arco pendular hoy parece estar alejándose de esa posición extrema de anorexia gubernamental. Estamos ante la expansión más grande del gobierno federal estadounidense en una generación, un reajuste de recursos, prioridades y responsabilidades detonado por la pandemia y por la deplorable gestión de la administración anterior. Más de tres cuartas partes de los estadounidenses apoyan la ley de estímulo de $1.9 billones de dólares impulsada por el presidente Joe Biden -y que incluye cheques de $1,400 para la mayoría de los adultos- así como el paquete de inversión en infraestructura propuesto de $3 billones. Y en el presupuesto presentado el 3 de marzo, el gobierno británico extendió un plan para pagar los salarios de los trabajadores en licencia hasta septiembre, incluso cuando la deuda pública alcanzó su nivel más alto desde 1945.

Sin duda estos 12 meses han sido testigo de un experimento salvaje en el gasto social. El mundo lanzó al menos 1,600 nuevos programas de protección social en 2020. Los países ricos han gastado en promedio un 5.8% del PIB para ayudar a un número récord de trabajadores. Las deudas gubernamentales se están acumulando, pero hasta ahora las bajas tasas de interés significan que su servicio es barato. Tal audacia en las políticas públicas indudablemente conlleva peligros: los gobiernos podrían estirar las finanzas públicas al límite, sobrecalentar la economía, distorsionar incentivos y crear sociedades escleróticas. Pero también encierran la oportunidad de crear nuevas políticas de bienestar social que sean asequibles y que ayuden a trabajadores y ciudadanos en general a prosperar en una economía que enfrenta disrupciones tecnológicas profundas. Y aquí no puedo dejar de apuntar la gran ironía que representa todo esto para México, con un gobierno que se autoidentifica como “progresista” pero que se ha negado sistemáticamente a articular programas de estímulo y rescate económico y social. La magnitud de la inyección fiscal no tiene precedente en EU, sobre todo desde la llegada al poder de Biden. Y es a través de transferencias directas -y el concomitante aumento en las remesas- y el impacto que muchos de esos recursos canalizados a pequeñas y medianas empresas tendrá para las cadenas integradas de valor entre nuestras dos naciones, lo que ha provisto a nuestro país de una tablita de la cual agarrarse y flotar, mientras que el “estímulo” total del gobierno mexicano en 2020 no representó siquiera un punto del PIB.

Hoy el paradigma parece ser más y mejor gobierno. Fue a muchos gobiernos democráticos y a organismos multilaterales en todo el mundo a los que les salieron las cosas peor de lo que la mayoría podría haber imaginado hace un año. Para encarar los enormes desafíos que se ciernen en las próximas décadas, incluido el cambio climático y el resurgimiento del autoritarismo, debemos tomarnos muy en serio las razones por las cuales Estados diversos, muchos de ellos democracias consolidadas, hicieron tan mal su trabajo. Si hemos aprendido una lección de la pandemia es que la mayoría de los Estados-nación en su actual encarnación no gobiernan bien a nivel global o local. Resolver estas crisis gemelas de gobernanza -y de la ineficacia e ilegitimidad que en muchos casos las ha acompañado- no será cosa fácil. Requiere de una reconcepción y reestructuración fundamentales de nuestras instituciones de gobierno así como del papel que el Estado debe jugar; un Estado más fuerte y más eficaz, pero que a la vez sepa delegar tantas funciones de gobernanza como sea posible en instituciones más cercanas a las personas a las que sirven y a las correas de transmisión entre ciudadanos y las políticas públicas. En un mundo con comunidades diversas con necesidades, deseos, culturas e historias diferentes, la subsidiariedad promete mejores resultados y una mejor legitimidad institucional. Pero es completamente posible (algunos dirían probable) que la sospecha mutua, el liderazgo incompetente, la polarización y contratos sociales quebrados, la ignorancia o la pura mala suerte se combinen para producir un futuro más pobre y más peligroso de lo que se podría haber construido pospandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió «prudencia» a los mexicanos, pues aunque dijo que la economía va «muy bien», no se puede descartar una posible crisis económica propiciada por factores externos.

«No por cuestiones nuestras, sino por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica. Tenemos que estar preparados», dijo el presidente en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador indicó que México va muy bien en la parte económica, pues se están recuperando empleos y que va creciendo la economía. Se dijo convencido de que México va a llegar pronto a la «normalidad», pero pidió «seguir pendientes» y no actuar con «actitudes triunfalistas».

Sobre si lo que trataba de decir era una devaluación, AMLO respondió que «no quiero adelantar nada, pero no confiarnos. Siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que se siga empobreciendo», advirtió.

Defendió que ante el riesgo que existe, el gobierno tiene que mantener las finanzas sanas y no gastar más de lo que se tiene de ingresos.

Lo expuesto hoy por AMLO contrasta con el habitual discurso optimista del presidente sobre la economía. Apenas el viernes pasado, durante la clausura de la 84 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM), López Obrador estimó que el producto interior bruto (PIB) cerrará 2021 con un crecimiento del 5%.

Recordemos que a raíz de la pandemia, la economía de nuestro país registró un desplome histórico del 8.2%, la peor contracción desde la Gran Depresión.

Los dichos de López Obrador también coinciden con la  estimación oportuna del INEGI sobre la Actividad Económica, que  en febrero habría retrocedido 4% respecto a mismo periodo del año pasado.

La variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de febrero de 2021 fue de -4.2% y para las terciarias la reducción fue de 4.3%.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo esta tarde que su gobierno espera un crecimiento «de cuando menos 5%» del producto interno bruto (PIB) para este 2021, al destacar la recuperación del país tras el desplome del año pasado por la pandemia.

«Falta que lo dé a conocer Hacienda. En el caso de la Presidencia tenemos un estimado de crecimiento de cuando menos 5%», declaró López Obrador al clausurar la 84 Convención Bancaria de la Asociación de Bancos de México (ABM).

El crecimiento del 5% ocurriría después del desplome histórico de 8,2 % de la economía mexicana en 2020, su peor contracción desde la Gran Depresión de 1932.

«Hemos podido resistir sin tanto deterioro, y gracias, considero, a la estrategia que aplicamos, que nos está permitiendo la recuperación y el crecimiento», indicó al cierre de este evento anual. También presumió como un logro el récord de más de 40,000 millones de dólares de remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos, un crecimiento anual de 12 %.

El presidente clausuró la Convención Bancaria en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, donde la incertidumbre económica marcó las principales discusiones. El mandatario se mostró «a favor de que se hagan negocios en México», pero «en el marco de la ley y con ganancias razonables» sin «corrupción» ni «influyentismo».

«Les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional, que nadie se confunda: seremos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero», sostuvo.

El presidente entrante de la ABM, Daniel Becker Feldman, reconoció al mandatario por mantener la estabilidad macroeconómica y respetar la autonomía del Banco de México (Banxico). Aun así, pidió al gobierno colaborar en la reducción de «temores» para que la gente demande más crédito.

«Se necesita de mayor certeza, demostrar un compromiso por tener un Estado de derecho robusto e instrumentar acciones favorables para la actividad económica. En esto puede estar la diferencia entre una rápida y robusta recuperación o una que sea lenta y marginal», declaró.

Este viernes se informó que la producción industrial cayó un 4.9% interanual en enero pasado, por el descenso de todos los sectores en un mes marcado todavía por la pandemia del coronavirus, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra fue resultado del descenso de la construcción (10%), la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas (4.9%), la manufactura (3.4%) y la minería (3.3%), precisó el organismo.

En cifras desestacionalizadas, la actividad industrial aumentó un 0.2% en enero respecto al mes previo por el alza de la construcción (1.5%) y de la minería (0.2%), y pese al descenso de la generación de electricidad (1.7%) y de la manufactura (0.5%).

«En enero de 2021 se amplió la brecha de la actividad industrial y su nivel previo a la pandemia», explicó en Twitter el presidente del Inegi, Julio Santaella.

Esta caída se debe a la pandemia del coronavirus, que llevó a las autoridades federales a ordenar el cierre de todas las actividades no esenciales en abril y mayo del año pasado.

La actividad industrial se desplomó un 10% en 2020, una caída que se suma al descenso del 1.8% en 2019 y es un reflejo de la debilidad económica del país.

Recordemos que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo un 8.2% en 2020, su peor caída desde la Gran Depresión de 1932; analistas estiman un repunte incierto para este año, aunque la mayoría de las proyecciones se sitúan entorno al 4%. En 2019, la caída del PIB fue del 0.1%.

En más de los principales indicadores de la economía mexicana, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó esta tarde que se recuperaron 115,287 empleos formales en febrero, lo que equivale a un crecimiento mensual de 0.6 % pero una caída anual de 3.3%.

«En los últimos doce meses se registró una disminución de 676,598 puestos, equivalente a una tasa anual de -3.3%», indicó el IMSS en un boletín. De esta manera, febrero terminó con 19,936,938 puestos afiliados.