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Al menos 126 personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente fueron asesinadas en América Latina en 2023, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dados a conocer este martes.

La institución, perteneciente a la OEA, expresó su preocupación ante los “elevados índices de violencia” contra personas defensoras en la región, donde sólo en los tres últimos meses del año ese colectivo sufrió 54 asesinatos.

“Como en años anteriores, esta violencia estuvo particularmente dirigida a quienes defienden el medio ambiente y el territorio y personas con liderazgos indígenas y afrodescendientes”, dijo la CIDH en un comunicado.

El país más afectado fue Colombia, donde los asesinatos de personas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos aumentaron a 34 el año pasado, frente a los 26 fallecidos que la institución registró en el reporte del 2022.

El siguiente país más mortal para las personas defensoras fue Brasil con 10 casos en el año, seguido de México que registró cuatro, y Guatemala, Honduras y Perú con tres, dos y un asesinato respectivamente.

Aunque las cifras muestran que los esfuerzos no han sido suficientes, el reporte apunta que algunos países latinoamericanos han implementado medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú de Colombia, que incluye disposiciones sobre los derechos de los defensores del medio ambiente.

Particularmente, la CIDH felicitó a México por aumentar los recursos presupuestales destinados a fortalecer el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el país, otro colectivo afectado por la violencia.

En un informe separado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) había informado que seis periodistas fueron asesinados en 2023 en América Latina, con México situándose como el segundo país más peligroso del mundo para estos profesionales, con cuatro informadores asesinados, sólo por detrás de Palestina.

“Los profesionales de la información siguen sin trabajar con seguridad”, dijo RSF, refiriéndose a diferentes incidentes violentos en los últimos meses del año contra profesionales de la información en el estado de Guerrero.

Luego de más de año y medio de suspensión, las corridas de toros regresaron ayer a la Ciudad de México, marcadas por las protestas de cientos de activistas que rechazaron la reanudación de actividades al grito de “asesinos” y “esa plaza se va a caer”.

Al ritmo de tambores y con carteles con leyendas como “la tauromaquia es sadismo”, cientos de personas exigieron el cese del espectáculo taurino frente a la Plaza México, la más grande del mundo.

Entre los manifestantes se encontraba Alfredo Barraza, un profesor de 30 años que afirmó que la reanudación de la “fiesta brava” en la capital representa un “retroceso en la lucha por los derechos de los animales”. Barraza, quien tenía el rostro cubierto con una máscara de papel en forma de toro, indicó que no perdía la esperanza de que la Ciudad de México en algún momento “esté libre de espectáculos violentos”.

Aunque la protesta se desarrolló de manera pacífica, hubo momentos de tensión cuando algunos de los manifestantes lanzaron piedras, botellas y pintura roja al interior del inmueble, lo que obligó a la policía a reforzar la seguridad.

Mientras tanto, dentro de la plaza unos 40,000 aficionados abarrotaron los tendidos para la primera corrida de la temporada, animados por una banda que interpretaba pasodobles.

Entre aplausos y al grito de “viva la libertad”, el Plaza registró un lleno total para ver al mexicano Joselito Adame. No sólo las protestas en el exterior marcaron un mal presagio para Adame, sino que su montera cayó boca arriba ante la decepción de los presentes. Adame pinchó en cuatro oportunidades de entrar a matar, lo que generó una rechifla.

La reanudación de actividades en La México ha suscitado gran expectativa ante la batalla jurídica que mantienen los defensores de los animales por ponerle fin a la añeja tradición.

En nuevo intento por tratar de detener la llamada “fiesta brava” en la capital del país, la asociación civil “Todas y todos por amor a los toros” presentó el viernes un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, bajo el argumento que la actividad atenta contra el “bienestar animal” y representa un “agravio” al derecho humano a un ambiente sano.

Recordemos que en mayo del 2022, un juzgado local ordenó el cese de las actividades taurinas en la Plaza México tras un amparo que presentó la organización civil local “Justicia justa”, defensora de los derechos humanos. La medida cautelar estuvo vigente hasta diciembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia revocó la suspensión mientras se examina a fondo el caso y se decide si las corridas afectan el bienestar animal.

Los grupos defensores de los animales han ido ganando terreno en México en los últimos años, mientras que los seguidores de las corridas han sufrido varios reveses. Aunque en buena parte del país se permiten los espectáculos taurinos, estados como Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y en Jalisco, específicamente en Guadalajara, están limitados por medidas judiciales.

Ganaderos, empresarios y seguidores de la “fiesta brava” sostienen que la prohibición de las corridas afecta sus derechos y pone en riesgo los empleos de miles de trabajadores que viven de un sector económico que genera unos 400 millones de dólares al año en el país.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Criadores del Toro de Lidia en México, la actividad taurina genera 80,000 puestos de trabajo directos y otros 146,000 indirectos.

Foto: X @g_quadri

Unos 200 activistas ambientales y de la tierra fueron asesinados en el mundo en 2021, incluidos unos 54 en México, que se convirtió en el país más peligroso para los defensores de la tierra, según el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness.

Más de tres cuartas partes de los homicidios ocurrieron en América Latina, donde Colombia, Brasil y Nicaragua también registraron cifras de dos dígitos en homicidios.

Fue el tercer año consecutivo de incrementos en México, y un aumento en comparación con los 30 activistas asesinados en 2020.

En los últimos 10 años, México se ha colocado como “uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el ambiente”, con 154 asesinatos documentados durante dicho periodo.  La mayoría de estas muertes (131) tuvieron lugar entre 2017 y 2021.

“La mayoría de estos crímenes ocurren en lugares distantes del poder y son cometidos contra aquellos que en muchos sentidos tienen el menor poder”, señala el informe.

Global Witness considera su informe un punto de referencia, y subrayó que “nuestros datos sobre los asesinatos posiblemente sean menores a los reales, dado que muchos no son denunciados, en particular en zonas rurales y en ciertos países”.

“Más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui”, asentada en el norte del país, detalló el reporte.

“Cerca de dos tercios de los asesinatos estuvieron concentrados en los estados de Oaxaca (sur) y Sonora (norte), ambos con importantes inversiones mineras”, precisó la organización.

Las víctimas murieron luchando contra la explotación de recursos y en disputas relacionadas con tierras. Los conflictos en torno a actividades de minería dejaron 27 homicidios en el mundo, la cifra más alta de cualquier sector 15 de esos asesinatos relacionados con la minería ocurrieron en México.

En el norte de México, el pueblo yaqui aún sigue de luto por el asesinato de Tomás Rojo, un líder defensor del agua encontrado muerto en junio de 2021. Según las autoridades, fue asesinado por una banda local de narcotraficantes que quería el dinero que los yaquis a veces ganan al cobrar peajes en retenes informales en las carreteras.

Los yaquis son los propietarios legales de al menos la mitad del agua de la cuenca del río que lleva su nombre, y que han defendido durante casi cinco siglos de masacres y exterminio. Pero gran parte de su agua ha sido desviada para alimentar industrias y proyectos para plantar viñedos y aguacates en el desierto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se disculpó el mes pasado con los yaquis por los abusos del pasado y prometió una serie de programas de infraestructura para mejorar sus vidas. Pero López Obrador se ha negado a detener el desvío de su agua, aunque el director general del distrito de riego local, Humberto Borbón, dice que es “100% ilegal”, y los fallos judiciales han respaldado la posición de los yaquis.

El informe refiere que en términos generales, los asesinatos de ambientalistas en Colombia disminuyeron a 33 en 2021 de 65 el año anterior. Filipinas también tuvo menos homicidios de activistas, 19, en comparación con 30 en 2020.

Al menos 25 defensores del medio ambiente fueron asesinados en México durante 2021 y el total de agresiones de diversos tipos fue de 238, reportó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Con estas cifras, el 2021 se apuntó como el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México desde el año 2014, fecha en que el CEMDA elaboró su primer informe.

En el Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales que anualmente elabora la ONG, se informó que en 2021 “el número de personas defensoras asesinadas fue de 25, es decir, 7 casos más que en 2020”.

Los estados de Oaxaca, Guerrero, Sonora y Morelos fueron las entidades con el mayor número de agresiones letales en contra de personas defensoras.

En el reporte se precisó que en el periodo que abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 ocurrieron, al menos, 108 eventos de agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

“Cabe señalar que en un evento de agresión se pueden perpetrar varias agresiones de diversos tipos, por lo cual, el número total de éstas fue de 238. Esto significa que el número de eventos de agresión se incrementó en un 66.15% y las agresiones aumentaron 164.44% respecto al año 2020”, indicó la organización.

Según CEMDA, la agresión más común fue la intimidación con 65 registros (27.31% del total), seguida por el hostigamiento con 36 registros (15.13%), las amenazas con 31 registros (13.03%), las agresiones físicas con 24 registros (10.08%) y los homicidios con 22 registros (9.24%), entre otros.

“En cuanto a los homicidios, por tercer año consecutivo se registró un aumento en el número de personas defensoras ambientales asesinadas”, señaló el reporte.

De esta manera, el año 2021 se ubica como el segundo lugar en agresiones letales desde el inicio de la labor de investigación del CEMDA (2014), solo por detrás de las 29 personas defensoras víctimas de homicidio registradas en el 2017.

La ONG expuso que “al menos 58 personas defensoras ambientales han sido asesinadas en lo que va de la actual administración federal”, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien llegó al poder el 1 de diciembre de 2018.

Entre los estados con el mayor número de ataques letales, el primer lugar lo ocupa Oaxaca, donde se contabilizó un total de 8 personas defensoras asesinadas durante el 2021, de las cuales 2 se tratan de probables ejecuciones extrajudiciales.

Expuso que el caso que destaca por la violencia que lo rodea es el de Paso de la Reina, comunidad de personas chatinas, mixtecas y afromexicanas que, desde hace décadas resiste ante la construcción de una hidroeléctrica en la cuenca del Río Verde.

Durante 2021 en dicha comunidad fueron asesinados en el marco de dicho conflicto Fidel Heras Cruz, Raymundo Robles Riaño, Noé Robles Cruz, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jimenez Ruiz, Manuel Cartas Pérez, Jacinto Hernández Quiroz e Isidoro Hernández.

Le siguen los estados de Guerrero, Sonora y Morelos con el mayor número de agresiones letales después de Oaxaca. En Guerrero se documentaron cuatro asesinatos (Isaías Elacio Palma, Carlos Marqués Oyorzábal, Marco Antonio Arcos y Ramiro Ventura Apolonia).

Sonora registró también cuatro asesinatos (José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega, Luis Urbano Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia), los dos últimos pertenecientes a la comunidad indígena Yaqui, y en Morelos se registraron tres homicidios (José de Jesús Sánchez García, RodrIgo Moralez Vázquez y Alejandro García Zagal).

Los grupos parlamentarios de PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que tiene como fin crear un Sistema la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la expedición de una ley general, y la constitución de un instituto encargado de su aplicación, autónomo y descentralizado a fin de legitimar la libre expresión.

Lo anterior dijeron, ante la situación crítica que enfrentan en México las y los periodistas, y los activistas de derechos humanos.

Los coordinadores parlamentarios manifestaron su preocupación por la situación que periodistas mexicanos enfrentan, y alertaron que el problema se torna cada vez más serio al grado que ya ha traspasado las fronteras con los llamados hechos por la Organización de Periodistas Iberoamericanos y el gobierno estadounidense.“Prevemos con tristeza y pesar, que esta ola de violencia contra el periodismo continúe y queremos anticiparnos, intervenir para que siga habiendo una prensa libre en nuestro país”, afirmó el perredista Luis Cházaro, cuya bancada es autora de la iniciativa.Cházaro indicó que un factor indispensable para una democracia en el siglo XXI es que la prensa pueda hablar abiertamente de todos los temas y no de los que al gobierno le interesan, además de que puedan señalar a la delincuencia organizada, a los malos gobiernos y los actos de corrupción.La coalición Va por México retó a Morena y sus aliados a sumarse a esta propuesta y confirmar con sus votos a favor, los dichos en cuanto a la defensa y respeto a la libertad de prensa en el gobierno que ellos encabezan.El coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, indicó que lo que se plantea es una reforma constitucional que organice todo un sistema, que conste a nivel constitucional y legal, una efectiva protección a la labor del periodismo, “es increíble que seamos el país a nivel mundial de toda nuestra orbe, que sin estar en guerra, sean las compañeras y los compañeros periodistas los que más atentados contra su vida sufren, en un país que no está en guerra, somos el honrosísimo, y es obvio mi sarcasmo, primer lugar en todo el planeta”, refirió.Recordó que la bancada albiazul, propuso la semana pasada un proyecto de ley en donde se promueve que sea una responsabilidad penal el que algún funcionario público se meta contra la labor periodística.En tanto que el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que tratarán que la iniciativa para crear el Sistema Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se dictamine y se lleve al Pleno, “y si no se dictamina, haremos público que no se dictaminó a favor y que no se quiere votar e incluso si no se vota en comisiones rápido, vamos a pedir que se discuta en el Pleno para que ustedes vean quiénes quieren y quiénes no, la seguridad de las y los mexicanos”.