Unos 200 activistas ambientales y de la tierra fueron asesinados en el mundo en 2021, incluidos unos 54 en México, que se convirtió en el país más peligroso para los defensores de la tierra, según el informe anual de la organización no gubernamental Global Witness.
Más de tres cuartas partes de los homicidios ocurrieron en América Latina, donde Colombia, Brasil y Nicaragua también registraron cifras de dos dígitos en homicidios.
Fue el tercer año consecutivo de incrementos en México, y un aumento en comparación con los 30 activistas asesinados en 2020.
En los últimos 10 años, México se ha colocado como “uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el ambiente”, con 154 asesinatos documentados durante dicho periodo. La mayoría de estas muertes (131) tuvieron lugar entre 2017 y 2021.
“La mayoría de estos crímenes ocurren en lugares distantes del poder y son cometidos contra aquellos que en muchos sentidos tienen el menor poder”, señala el informe.
Global Witness considera su informe un punto de referencia, y subrayó que “nuestros datos sobre los asesinatos posiblemente sean menores a los reales, dado que muchos no son denunciados, en particular en zonas rurales y en ciertos países”.
“Más del 40% de los asesinados eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui”, asentada en el norte del país, detalló el reporte.
“Cerca de dos tercios de los asesinatos estuvieron concentrados en los estados de Oaxaca (sur) y Sonora (norte), ambos con importantes inversiones mineras”, precisó la organización.
Las víctimas murieron luchando contra la explotación de recursos y en disputas relacionadas con tierras. Los conflictos en torno a actividades de minería dejaron 27 homicidios en el mundo, la cifra más alta de cualquier sector 15 de esos asesinatos relacionados con la minería ocurrieron en México.
En el norte de México, el pueblo yaqui aún sigue de luto por el asesinato de Tomás Rojo, un líder defensor del agua encontrado muerto en junio de 2021. Según las autoridades, fue asesinado por una banda local de narcotraficantes que quería el dinero que los yaquis a veces ganan al cobrar peajes en retenes informales en las carreteras.
Los yaquis son los propietarios legales de al menos la mitad del agua de la cuenca del río que lleva su nombre, y que han defendido durante casi cinco siglos de masacres y exterminio. Pero gran parte de su agua ha sido desviada para alimentar industrias y proyectos para plantar viñedos y aguacates en el desierto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se disculpó el mes pasado con los yaquis por los abusos del pasado y prometió una serie de programas de infraestructura para mejorar sus vidas. Pero López Obrador se ha negado a detener el desvío de su agua, aunque el director general del distrito de riego local, Humberto Borbón, dice que es “100% ilegal”, y los fallos judiciales han respaldado la posición de los yaquis.
El informe refiere que en términos generales, los asesinatos de ambientalistas en Colombia disminuyeron a 33 en 2021 de 65 el año anterior. Filipinas también tuvo menos homicidios de activistas, 19, en comparación con 30 en 2020.
