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Un juez de Estados Unidos ordenó al expresidente Donald Trump pagar una multa cercana al millón de dólares al considerar que la demanda que presentó contra rivales políticos, entre ellos Hillary Clinton, era frívola y solo buscaba una “venganza política”.

El republicano afirmaba en la querella que la ex secretaria de Estado, su rival política en las elecciones de 2016, y otras personas involucradas en la investigación sobre la intervención de Rusia en dichos comicios conspiraron para dañar su reputación.

En el fallo, el juez federal Donald Middlebrooks, de una corte de West Palm Beach, Florida, arremete contra el expresidente y lo multa al igual que a su abogada Alina Habba con el pago de 938,000 dólares a un total de 18 acusados en el caso.

“Este caso nunca debería haber sido presentado”, señaló Middlebrooks en el fallo. “Su inadecuación como pretensión jurídica fue evidente desde el comienzo. Ningún abogado razonable lo habría presentado. Destinado a un propósito político, ninguno de los cargos de la demanda enmendada establecieron un reclamo legal cognoscible”, agregó el juez, que ya había desestimado la demanda en septiembre pasado.

“Trump es un litigante prolífico y sofisticado que utiliza repetidamente los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos”, añade la decisión del juez.

Trump “es el autor intelectual del abuso estratégico del proceso judicial, y no puede ser visto como un litigante que sigue ciegamente los consejos de un abogado”, agrega el fallo.

El juez resolvió así a favor de una moción presentada en octubre pasado por los abogados de Clinton, que solicitaron a la corte imponer “sanciones contra el demandante (Trump) y su abogado por honorarios de abogados, costos y otras reparaciones que el tribunal considere justas”.

Trump demandó a Clinton supuestamente por conspirar junto con altos funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

El expresidente Donald Trump enfrenta una nueva demanda por fraude, después de tres años de investigación por parte de las autoridades de Nueva York, a las que ha acusado de persecución política y plantado batalla repetidamente.

La Fiscalía de Nueva York interpuso este miércoles una demanda por la vía civil en el Tribunal Supremo de Nueva York contra Trump; sus hijos Donald Jr., Ivanka y Eric; su empresa, la Organización Trump, y otros altos ejecutivos por “enriquecerse ilegalmente y mentir al sistema”.

También aparece entre los demandados Allen Weisselberg, ex director financiero de la Organización Trump, que se declaró culpable de haber conspirado con la compañía en una trama de fraude hace un mes, en un caso independiente de evasión fiscal contra la empresa, tras un acuerdo con la Fiscalía.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, dijo en su cuenta de Twitter que el presunto fraude tuvo lugar entre 2011 y 2021 y que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro.

Según se desprende de la denuncia de más de 200 páginas, Trump se sirvió de sus hijos mayores, que trabajaron en la empresa, y los ejecutivos para “inflar falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares” y obtener ventajas en préstamos y seguros, así como beneficios fiscales.

La demanda indica que Trump expresó a Weisselberg su deseo de que quería “que se incrementara su patrimonio” en las declaraciones financieras anuales, algo que tanto el ejecutivo como otros “cumplieron año tras año en su preparación fraudulenta” de esos documentos.

También se detallan unas evaluaciones infladas de inmuebles de la empresa y se habla de una “situación clásica de doble contabilidad” en la que los registros internos dan un valor de mercado pero las cifras presentadas en las declaraciones financieras son “considerablemente más altas”.

“Encontramos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales”, agregó la fiscal James.

El expresidente, que se ha resistido a colaborar en la pesquisa, finalmente se presentó a testificar a principios del mes pasado por orden de un juez pero se acogió a la Quinta Enmienda de la Constitución, que permite a un investigado guardar silencio para evitar incriminarse a sí mismo.

Trump había restado importancia en público a la investigación, pero hace tan solo una semana esta pareció alcanzar un punto de inflexión negativo para él, ya que se reportó que sus abogados ofrecieron a los fiscales un acuerdo que no fue aceptado, invitando a pensar en una conclusión cercana.

Tras el anuncio de la demanda, el magnate acudió hoy a su red social Truth Social para arremeter de nuevo contra lo que considera una “caza de brujas” y acusar a la fiscal James, demócrata y afroamericana, de “racista” y de querer ganar popularidad para impulsar su carrera política.

“Nunca pensé que este caso se materializaría, hasta que vi sus malas cifras en las encuestas. Ella es un fraude que ha hecho campaña con una plataforma para ir ‘por Trump’ pese al hecho de que la ciudad es uno de los desastres de crimen y asesinatos mundiales bajo su vigilancia”, escribió.

Aparte de interponer la demanda, la fiscal ha recomendado abrir diligencias penales al Departamento de Justicia y al servicio federal de recaudación de impuestos, lo que parece ensombrecer las perspectivas de un retorno político para Trump, que podría aspirar a una nueva candidatura presidencial en 2024.

Una jueza de Delaware accedió este miércoles a la petición del multimillonario Elon Musk para sumar las afirmaciones de un denunciante a su demanda contra Twitter, aunque negó la solicitud de retrasar el juicio con el que Musk pretende anular su acuerdo de compra por 44,000 millones de dólares por la compañía.

“Estoy convencida de que incluso un retraso de cuatro semanas supondría un riesgo de mayor daño para Twitter”, escribió la jueza Kathaleen McCormick de la Corte de Equidad de Delaware.

La jueza señaló que la firma sufre actualmente la renuncia de muchos empleados y “se ha visto obligada por meses a funcionar en medio de las dificultades que supone un acuerdo de fusión rechazado” por la parte compradora.

El equipo legal de Musk argumentó en el tribunal que la justicia exigía retrasar el juicio de cinco días, cuyo inicio actualmente está programado para el 17 de octubre, para poder investigar las acusaciones de que Twitter falseó la seguridad de sus datos.

Y es que el mes pasado se hicieron públicas unas denuncias que proporcionaron a Musk, la persona más rica del mundo, nueva arma para reforzar lo que, según los expertos legales, era un intento a largo plazo de abandonar el acuerdo sin pagar una cuota de rescisión de 1,000 millones de dólares.

El antiguo jefe de seguridad de Twitter, Peiter Zatko, un hacker informático conocido como “Mudge”, dijo a los reguladores que la empresa representó falsamente que tenía un sólido plan de seguridad de datos.

Zatko envió un largo documento a las autoridades estadounidense a inicios de julio pero solo se conoció públicamente a fines de agosto. Los abogados de Musk pidieron incluir las acusaciones del ex empleado de Twitter en su defensa.

La jueza entendió que Musk tiene derecho a modificar su querella, aunque no se pronunciará aún sobre los “méritos” o pertinencia de estas acusaciones, hasta que hayan sido completamente fundamentados y contraargumentados por las partes.

Twitter demandó a Musk para que cumpla su acuerdo de abril de comprar la empresa por 54.20 dólares por acción.

La empresa estadounidense de biotecnología Moderna anunció este viernes que presentará una demanda contra Pfizer y BioNTech por infracción de patente sobre su vacuna de ARN mensajero contra COVID-19.

“Moderna está convencida de que la vacuna Comirnaty Covid-19 de Pfizer y BioNTech infringe las patentes presentadas por Moderna entre 2010 y 2016, que cubren la tecnología fundamental de ARN mensajero de Moderna”, dijo la compañía en un comunicado.

La demanda por infracción de patente fue presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Massachusetts y en el Tribunal Regional de Düsseldorf en Alemania.

Moderna y Pfizer/BioNTech fueron las primeras empresas del sector en fabricar vacunas contra el coronavirus, muy poco después del inicio de la pandemia, gracias a la tecnología de ARN mensajero, que permite ordenar a las células humanas fabricar proteínas presentes en el virus para acostumbrar al sistema inmunitario a reconocerlo y neutralizarlo.

Hasta entonces, las vacunas se basaban en formas debilitadas o inactivadas del virus para entrenar el cuerpo a defenderse, y el desarrollo de remedios, así como los ensayos clínicos para verificar su seguridad.

El uso de la tecnología de ARN mensajero en las vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech, entre las más aplicadas en el mundo, fue la culminación de cuatro décadas de investigación que ha superado numerosos obstáculos.

“Esta tecnología innovadora fue crucial para el desarrollo de la propia vacuna de ARN mensajero de Moderna, Spikevax. Pfizer y BioNTech copiaron esta tecnología, sin el permiso de Moderna, para fabricar Comirnaty”, acusó Moderna.

Añaden que cuando surgió la enfermedad (COVID-19), ni Pfizer ni BioNTech tenían el nivel de experiencia de Moderna en el desarrollo de vacunas de ARNm para enfermedades infecciosas.

De acuerdo con su compromiso con el acceso global equitativo, en octubre de 2020, Moderna se comprometió a no hacer cumplir sus patentes relacionadas con COVID-19 mientras continuara la pandemia, por lo que en marzo de 2022, Moderna actualizó su compromiso, aclarando que, si bien nunca haría cumplir sus patentes para ninguna vacuna COVID-19 utilizada en los 92 países de ingresos bajos y medianos, esperaba que compañías como Pfizer y BioNTech respetaran sus derechos de propiedad intelectual.

El mecanismo COVAX ofreció al gobierno federal 10 millones de dosis de vacunas pediátricas contra el COVID-19, reveló este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“(En) Covax ya respondieron, ayer mismo, nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas”, afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El ofrecimiento llega luego de que ayer el presidente amenazara con tomar acciones legales por la falta de la entrega de dosis, ya pagadas, contra la ONU y COVAX, mecanismo de reparto de vacunas impulsado por Naciones Unidas, y se está en proceso del cierre del contrato de los biológicos.

Tras dar a conocer el dato, fue el subsecretario, Hugo López-Gatell, quien amplió la información y detalló que, tras la advertencia de ayer se estableció contacto con COVAX.

“Ayer en horas de la mañana o del medio día, después de la declaración que hizo públicamente el presidente López Obrador tuvimos contacto con Covax a través de (la Secretaría de) Relaciones Exteriores y nos dijeron que están en la oferta de poco más de 10 millones de dosis de vacunas Pfizer para niños y niñas, y estamos en el proceso”, apuntó el funcionario.

Y aunque indicó que ya se está en proceso del cierre del contrato, López-Gatell destacó que México ha puesto como “condición imprescindible” disponer de ellas a más tardar en septiembre. Además, dijo que el gobierno federal se reserva su derecho de “ejercer acción legal si no se cumple el compromiso” de entrega.

Ayer, López Obrador anticipó que el gobierno federal presentaría una denuncia por el supuesto incumplimiento por parte de COVAX de un acuerdo para la distribución de vacunas contra la enfermedad del coronavirus y lo acusó de deber a México unos 75 millones de dólares.

Esta mañana, el subsecretario de Salud indicó que México pactó cerca de 52 millones de dosis a través de COVAX mediante un pago de 160 millones de dólares, con lo que se precompraron más de 50 millones de unidades de vacunas, de las cuales México solo ha recibido poco más de 24 millones de vacunas de la plataforma.

El Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) admitió en septiembre pasado que solo entregará 1,400 millones de 2,000 millones de dosis que había prometido en 2021 a naciones en desarrollo.

López-Gatell calificó como “muy tormentoso” el acceso a vacunas a través de COVAX debido a las entregas tardías, la poca claridad y los procesos de asignación de vacunas. Y en línea con lo expuesto por el presidente, resaltó que mecanismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, tienen que mejorar.

“Esto es muy lamentable y queda como lección aprendida muy profunda, cómo los mecanismos internacionales tanto del sistema de Naciones Unidas como otros tienen que mejorar para tener una verdadera filantropía que llegue a una mayor capacidad de acceso equitativo, en este caso no solo a vacunas sino a otros bienes esenciales”, apuntó.

Después del anuncio de López-Gatell, un portavoz de la llamada Alianza para la Vacunación (Gavi), que colidera COVAX, dijo que México y el mecanismo llevaban meses negociando un acuerdo que fue logrado finalmente hace pocos días.

“Estamos muy contentos de poder decir que la semana pasada se aceptó una oferta de dosis y ahora se firma un acuerdo formal que cumple con las obligaciones de ambas partes”, señaló a la agencia Reuters, sin ofrecer más detalles.

Twitter engañó a los reguladores federales sobre sus defensas de seguridad y cuentas de spam, informaron este martes CNN y The Washington Post, citando denuncias del exjefe de seguridad de la compañía de redes sociales, Peiter Zatko.

Los ejecutivos de Twitter no tienen los recursos para comprender completamente la cantidad real de bots en la plataforma y no estaban motivados para hacerlo, dijo CNN, que cita a Zatko.

La compañía de redes sociales está envuelta en una batalla legal con el máximo ejecutivo de Tesla, Elon Musk, después de que dijera en julio que finalizaba un acuerdo para comprar la empresa en una operación por 44,000 millones de dólares, alegando que Twitter había violado los términos del contrato.

Musk acusó a Twitter de ocultar información sobre cómo calcula el porcentaje de bots en el servicio. El juicio está programado para iniciar el 17 de octubre.

La denuncia de Zatko se presentó el mes pasado ante la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Justicia, así como ante la Comisión Federal de Comercio, según el periódico estadounidense.

En enero, Twitter dijo que Zatko, un famoso pirata informático más conocido como “Mudge”, ya no era su jefe de seguridad, dos años después de haber sido designado para el cargo.

Un portavoz de Twitter dijo este martes que Zatko fue despedido de su cargo ejecutivo senior en la compañía en enero de 2022 por liderazgo ineficaz y desempeño deficiente.

Sin embargo, el exjefe de Seguridad de Twitter, no dudó en acusar a la red social de registrar “deficiencias extremas y
flagrantes” en torno a los sistemas de seguridad que utiliza para proteger la información de sus usuarios.

Mudge ha descrito a la compañía como una empresa caótica y marcada por las constantes luchas internas de su personal. Sostiene que Twitter es incapaz de proteger adecuadamente a sus 238 millones de usuarios diarios, entre
los que se encuentran agencias gubernamentales, jefes de Estado y otras figuras públicas.

Puntualiza que, a pesar de que había advertido a su entorno que la mitad de los servidores que utilizaban en Twitter estaban ejecutando ‘software’ vulnerable y desactualizado, Twitter los continuó utilizando.

Estas deficiencias en materia de protección explicarían el robo de cuentas de personas de especial relevancia, como el propietario y fundador de Tesla, Elon Musk, o los expresidentes estadounidenses Barack Obama y Donald Trump.

Y es que una investigación reciente llevada a cabo por HackerOne, apunta que Twitter ha sido víctima de un ciberataque que ha resultado en el robo y filtración de información confidencial de 5.4 millones de usuarios.

Otro de los detalles incluidos en la denuncia del exdirectivo se refiere a la prioridad de la compañía de aumentar su número de usuarios, frente a la reducción del contenido malicioso en la red social.

A pesar de que el ‘spam’ “emporó” la experiencia de usuario, Twitter optó por mantenerlo en favor de engrosar su base de clientes. Esto es debido a que los altos cargos de la empresa tenían la oportunidad de ganar bonos individuales de hasta 10 millones de dólares por generar tráfico orgánico.

Por ese motivo, Zatko acusa al presidente ejecutivo de la empresa, Parag Agrawal, de haber mentido cuando aseguró en mayo que Twitter estaba centrada en “detectar y eliminar la mayor cantidad de ‘spam’ posible”.

Al respecto, la portavoz de Twitter Rebecca Hahn ha asegurado que “la seguridad y la privacidad han sido durante mucho tiempo las principales prioridades de la empresa en Twitter”. Indicó que las declaraciones de Zatko están “plagadas de inexactitudes”, y le señaló por “estar buscando de manera oportunista causar daño a Twitter, sus clientes y sus accionistas”.

La senadora Kenia López Rabadán y el diputado Santiago Torreblanca, acudieron a la Cámara de Diputados a presentar una demanda de juicio político en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por su negligencia en la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Los legisladores solicitaron a la Cámara de Diputados que inicie un juicio político en contra de Sheinbaum Pardo, a efecto de que sea destituida del encargo y se puedan establecer con transparencia las causas y los responsables que originaron el colapso del tramo elevado de la Línea 12.

Al presentar la demanda de juicio político, los panistas señalaron que la sociedad requiere verdad y justicia sobre los hechos ocurridos el 3 de mayo de 2021, que dejaron 26 personas sin vida y cerca de 100 heridos, porque hasta el momento no hay ningún responsable en la cárcel.

“La obstrucción en las investigaciones de la tragedia por parte de las autoridades de la Ciudad de México, constituyen violaciones graves a la Constitución y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, indicaron.

Consideraron que la titular del gobierno capitalino ha buscado obstruir las investigaciones y deslindarse de cualquier responsabilidad, “para ella los únicos culpables son unos pernos; busca dirigir de forma dolosa el relato de las causas de la tragedia”, acusaron.

“Claudia Sheinbaum debe ser condenada y sancionada, vía juicio político, con la destitución como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México e imponérsele inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público”, aseguraron.

En ese sentido, reprobaron que se haya querido ocultar el tercer informe que emitió la empresa noruega DNV, ya que el mismo debe ser tomado en cuenta en el deslinde de responsabilidades.

Señalaron que la visión de la jefa de Gobierno sobre los hechos está alejada de una verdadera investigación científica, exhaustiva y diligentemente conducida.

“Mientras los dos primeros informes eran coincidentes con sus intereses, la Jefa de Gobierno los publicó y aceptó, pero cuando el tercer informe incluyó la falta de inspección y mantenimiento como causa del desplome, decidió esconder el peritaje y demandar la rescisión del contrato”, abundaron.

Dijeron que resulta inaceptable que Claudia Sheinbaum sea juez y parte en la investigación de la tragedia en la que las víctimas y las familias reclaman el esclarecimiento de las causas, la reparación integral de los daños y las garantías de no repetición de este tipo de hechos.

Consideraron que, al actuar de forma indebida para proteger sus intereses particulares sobre los colectivos, la Jefa de Gobierno renunció a su deber de presentar las evidencias que permitan identificar a los responsables de la tragedia.

En Broojula, te presentamos el mejor análisis sobre la crisis política que enfrenta la Jefa de Gobierno, y de la cual hasta el presidente López Obrador ha salido en su defensa.

Los principales fabricantes de armas de Estados Unidos tienen previsto solicitar este martes a un juez federal de Boston, que desestime una demanda del gobierno mexicano que les acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes en México.

Se espera que los abogados de esas compañías, entre ellas Smith & Wesson y Sturm, Ruger & Co, pidan en una audiencia virtual al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche la demanda que nuestro país presentó en agosto pasado por 10,000 millones de dólares.

Recordemos que México acusó a las empresas de socavar las leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.

La demanda argumenta que cada año se trafican a nuestro país más de 500,000 armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.

Las compañías argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.

Las firmas también argumentan que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de Estados Unidos les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.

México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.

Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.

El Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, señaló que la demanda contra las empresas fabricantes de armas de Estados Unidos sigue adelante.

“Seguimos adelante, la respuesta de los fabricantes de armas se da en los términos previstos, no hay sorpresas. Tenemos los elementos necesarios para ganar”, dijo Ebrard en un mensaje en Twitter.

Y es que la SRE señaló, mediante un comunicado, que las empresas presentaron su respuesta a la réplica que sometió la cancillería a nombre del gobierno de México, el pasado 31 de enero, como parte de las acciones de la causa civil que está en curso en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts.

En la demanda se acusa a las armerías estadunidenses “por sus prácticas negligentes de negocios que favorecen el tráfico de armas a nuestro país”.

Además, la SRE recordó que el calendario procesal original preveía que su respuesta fuera sometida el 28 de febrero pasado, pero la contundencia de los argumentos legales del gobierno mexicano y el amplio apoyo recibido a través de escritos de Amigos de la Corte les obligó a esta ampliación.

“Como se esperaba, las empresas cuestionaron individualmente la capacidad del gobierno de México de demandar en Massachusetts y el vínculo entre sus acciones negligentes y el daño ocasionado por sus armas en territorio mexicano”, señaló en el comunicado la cancillería.

Además, dijo que las empresas, “insisten en argumentar que la ley Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) les ofrece inmunidades, aun cuando los hechos delictivos ocasionados con sus armas hayan ocurrido fuera de Estados Unidos”.

Recordemos que el pasado 31 de enero de 2022, los representantes legales del gobierno de México argumentaron en el escrito de respuesta que el Congreso de Estados Unidos, “al legislar lo hacen pensando que las leyes solo tienen alcance en su territorio, y cuando su intención es que se apliquen más allá de su país, lo manifiestan de manera explícita en la ley”.

El gobierno de México “sostiene que PLCAA no ofrece inmunidad alguna a las empresas de armas por daños provocados por hechos delictivos cometidos con sus armas en México”.

Ante este escenario, la SRE dijo que realizará el análisis correspondiente de los escritos de respuesta de las empresas demandadas y seguirá informando sobre el desarrollo de este litigio.

A finales de enero, Ebrard estimó que este año se tiene que resolver la demanda que se interpuso contra 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito.

Además, reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos.

El empresario Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta, emitió un comunicado luego de varios días de silencio, a raíz de la polémica que se generó al saber que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, trabaja en una empresa de sus hijos, misma que le ayudó a tramitar su visa de trabajo en Estados Unidos.

El comunicado, conformado por ocho puntos, afirma que el Tren Maya será una extraordinaria herramienta que se convertirá en una “locomotora de desarrollo” para todo el país, en especial para el sureste de México. Sin embargo, asegura que su función como Supervisor Honorario de Avance del Tren Maya, no tiene relación de ningún tipo con temas del proyecto como tal, trazo, o administración.

“Mi labor consiste únicamente en tener una revisión y medición fidedigna de los avances de obra”, asegura el empresario, a la vez que señala que ni Grupo Vidanta, él o su familia tienen relación comercial o de trabajo de ningún tipo con cualquier nivel de gobierno o funcionarios públicos.

En su comunicado, también señala que Grupo Vidanta no ha solicitado ni recibido concesión alguna de parte del actual gobierno. Señala que todas las concesiones de playa y uso que tiene su empresa fueron obtenidas en administraciones anteriores. Precisa que solo se han ido actualizando y renovando, tal y como lo marca la norma, a excepción de un título de concesión, dada en abril de 2021.

Respecto a las 2,000 hectáreas donadas en Puerto Peñasco, Sonora, para que la CFE construya el octavo parque solar mas grande del mundo, Daniel Chávez señaló que Grupo Vidanta no participará de forma alguna en el proyecto. También desmintió que tengan la intención de invertir en Islas Marías y que Vidanta Cruises tenga planeado llegar a Islas Marías o a un supuesto e imaginario “Nuevo Cancún” en Riviera Nayarit.

Finaliza su comunicado advirtiendo que podrían recurrir a su derecho de denunciar por la vía legal, a toda persona cuyas falsas suposiciones o mentiras, causen daño moral o económico a él, su familia o a sus empresas.

El canciller Marcelo Ebrard afirmó este lunes que este año se tiene que resolver la demanda que interpuso el gobierno mexicano en contra de 11 fabricantes de armas en Estados Unidos por negligencia y fomentar el tráfico ilícito.

“Tenemos 3,000 kilómetros de frontera con uno de los principales productores de armas del mundo y a las empresas que estamos demandando les estamos atribuyendo negligencia. Este año se tiene que resolver y estamos promoviendo que otros países participen con nosotros”, declaró Ebrard.

El canciller participó en la reunión plenaria de los diputados de Morena, donde destacó la inédita demanda que el gobierno presentó en agosto pasad ante una corte en Boston, Massachusetts.

También presumió del apoyo que ha recibido México de 26 fiscales generales de Estados Unidos y se mostró optimista, a pesar de recientes reportes de que los acusados intentan mover el litigio a Texas o Arizona, donde los jueces son más favorables a la cultura armamentista.

El secretario de Relaciones Exteriores reiteró que la prioridad diplomática de México para 2022 es combatir el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos. “Esa es al causa de México en este 2022, que tiene que ver con la violencia que vivimos en la calle, a mayor disponibilidad de armas, más riesgos corremos como personas”, expresó el canciller.

El gobierno de la 4T atribuye a las armas gran parte de la violencia en México, que registró 33,308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

Aunque Ebrard reconoció que “no es factible” responsabilizar de forma directa a los fabricantes de un homicidio en México, Ebrard sostuvo que las empresas producen pistolas con propaganda y atributos dirigidos a los narcotraficantes.

“Plantea (la demanda) una cosa muy sencilla, hay una corresponsabilidad de los que producen armas con la violencia que estamos viviendo, y ese eslabón se llama negligencia”, indicó.

El canciller también recordó que el año pasado México propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU cambiar la regulación de las armas ligeras en el mundo y darles “un trato de peligrosidad” para que no se admita que son armas legales. “México está en contra de las armas, en general, y en especial las denominadas armas ligeras”, enfatizó.

Un juez de California en Estados Unidos rechazó la demanda presentada por Spencer Elden, que de niño apareció en la famosa portada del disco “Nevermind” de Nirvana, por un supuesto caso de pornografía infantil.

El magistrado Fernando M. Olguin determinó en un escrito que Elden no presentó dentro del tiempo establecido su respuesta a la petición de los exintegrantes y herederos de Nirvana para que el caso fuese desestimado y procedió por tanto a dar la razón a la defensa.

Sin embargo, el juez se mostró abierto a enmendar su decisión y potencialmente considerar el caso si Elden presenta una nueva demanda dentro del plazo establecido de diez días a partir de la decisión judicial. Si en los próximos diez días Elden no presenta esta nueva demanda, el caso será desestimado definitivamente y no podrá volver a demandar.

En su denuncia original, Elden acusó a Nirvana de promocionar pornografía infantil de manera intencional y comercial y hacer uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música.

La demanda también sostenía que los acusados se beneficiaron y continúan beneficiándose de “la comercialización de la explotación sexual” de Elden. Entre los señalados en la denuncia aparecían Dave Grohl y Krist Novoselic, que junto al legendario y desaparecido Kurt Cobain integraban Nirvana. La demanda también apuntaba a Kirk Weddle, que fue el fotógrafo de la portada de “Nevermind”; y a Courtney Love como heredera del patrimonio de Cobain.

Elden buscaba una indemnización por, según decía la demanda, “los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida”.

Recordemos que la portada de “Nevermind” está considerada como una de las más icónicas de la historia del rock y muestra a un bebé buceando en una piscina y a la caza de un billete de un dólar. Como adolescente y como adulto, Elden se ha metido de nuevo en la piscina para recrear varias veces esa portada.

El Instituto Nacional Electoral (INE) promovió una demanda de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 (PEF 2022),  en el que se aplica un recorte por 4,913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el Instituto.

Recordemos que el decreto del PEF 2022 fue publicado el 29 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El INE aseguró que el recorte determinado por el Legislativo, careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal. Además, señala que impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3,830 millones de pesos para llevarse a cabo.

“Con el recorte, la Cámara de Diputados dejó sin fondos al INE para cumplir a cabalidad con esa obligación expresamente señalada en la Carta Magna”, alertó el Instituto.

El INE explicó que en la elaboración de su presupuesto para 2022, incluyó un monto como presupuesto precautorio, tanto para la realización de una eventual Revocación de Mandato como de una nueva Consulta Popular.

El Instituto busca que la SCJN ordene a la Cámara de Diputados proveerle de los recursos necesarios para organizar, eventualmente, la Revocación de Mandato, pues al no contar con dicho presupuesto, el Instituto no está en condiciones de cumplir sus funciones.

“El INE debe contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza”, remató.

El consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, quien se encuentra detrás de la demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, denunció este miércoles que las compañías demandadas están intentando “politizar” el litigio mientras México se mantiene “respetuoso”.

“El gobierno de México ha sido muy respetuoso e insiste que no es una demanda contra la segunda enmienda, el gobierno de Estados Unidos o los americanos. No obstante, las empresas quieren politizar el litigio hablando de que México es corrupto y tenemos mal las fronteras”, explicó el funcionario en una entrevista con la agencia Efe.

Recordemos que el gobierno de nuestro país presentó en agosto pasado una demanda civil en una corte de Boston, Massachusetts, contra once empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.

El lunes las empresas pidieron a la corte desechar la demanda alegando que las leyes estadounidenses les confieren inmunidad y que México no tiene capacidad para demandar en Estados Unidos.

Pero el consultor de la cancillería, que deberá responder a estos argumentos el 31 de enero, sostuvo que las leyes estadounidenses no tienen “efectos extraterritoriales”, por lo que no tienen inmunidad por un daño que se produce en México.

Y es que el gobierno federal estima que medio millón de armas cruzan ilícitamente cada año la frontera, cerca del 2.2% de la producción total de Estados Unidos, y son responsables de miles de homicidios anuales.

Con la demanda, las autoridades mexicanas buscan que las empresas establezcan mayores controles en la venta de sus armas y también piden un resarcimiento económico por el costo que tiene la inseguridad en México, que oscilaría entre el 2% y el 6% del PIB.

“No es como si vendieran cucharas. Están vendiendo armas y deberían tener un nivel de cuidado mucho mayor. (…) Sabiendo que sus armas están causando tanta muerte en México, al menos deberían preguntarse ‘¿qué hacemos?”, expresó Celorio.

El consultor explicó que el sur de Estados Unidos alberga la mayoría de tiendas de armas, las cuales venden a testaferros, fuera de inventario o varios fusiles a una misma persona. “Venden armas con oro, con joyas, las llaman ‘Jefe de jefes’, con símbolos aztecas. No podemos caer a pensar que es (un negocio) inocente”, expresó Celorio.

Sobre que no es una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, Celorio destacó que la administración Biden no ha emitido “ningún pronunciamiento” sobre el litigio, pero que coopera con México en el combate al tráfico de armas.

Desde la matanza contra latinos perpetrada en 2019 en El Paso, Texas, el gobierno mexicano ha levantado la voz contra el tráfico de armas y es un asunto que abordaron la semana pasada los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden en Washington.

El jefe de iluminación de la película Rust, Serge Svetnoy, presentó este miércoles la primera demanda contra el actor y productor estadounidense Alec Baldwin y otros miembros de la producción de ese film después de la muerte por disparo de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la misma.

En una rueda de prensa en Los Ángeles, Svetnoy, que fue también herido por la bala que terminó con la vida de Hutchins, aseguró que vio “de primera mano que varias armas se dejaron desatendidas, en el suelo y sin supervisión” a lo largo de la filmación en Bonanza Creek Ranch, en Santa Fe, en Nuevo México, Estados Unidos.

Por estas condiciones en el set y el posterior accidente fatal, Svetnoy presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles por negligencia contra los productores de la película, incluyendo Baldwin, así como contra el director asistente y la encargada del control de las armas.

En el documento judicial, el experto en iluminación culpó a la encargada de las armas Hannah Gutierrez-Reed por aceptar un puesto de trabajo por encima de su experiencia en un rodaje en el que eran necesarios “varios armeros auxiliares para manejar de manera segura” esas armas.

Según la demanda, Gutierrez-Reed “permitió negligentemente” que un revólver Colt de calibre 45 con al menos una bala real fuera entregado al subdirector David Halls, que tampoco inspeccionó el arma adecuadamente y le dio posteriormente a Baldwin.

Además, Svetnoy afirmó que Baldwin también “tenía el deber” de verificar “dos veces” que el revólver no estaba cargado con munición real antes de apretar el gatillo. “Este deber además le exigía que manejara el revólver Colt como si estuviera cargado y que se abstuviera de apuntar a nadie”, alega la demanda.

En la rueda de prensa, Svetnoy contó que está convencido de que los productores tienen gran parte de la culpa por supuestamente intentar “ahorrar dinero” contratando un número insuficiente de trabajadores para manejar de manera segura los accesorios y armas de fuego correctamente en el set de Rust.

“Debido a que el uso de armas de fuego y munición real en películas representa una actividad intrínsecamente peligrosa, los productores de Rust tenían el deber de contratar personas capacitadas y experimentadas para supervisar cuidadosamente el uso de armas de fuego y municiones en la filmación de la película”, agregó Svetnoy en su queja.

Mientras avanzan las pesquisas oficiales se han ido conociendo otros detalles, como que Halls, que entregó la pistola a Baldwin, fue despedido de otro rodaje en 2019 por un incidente similar aunque, por fortuna, no hirió a nadie. Halls reconoció en octubre que no revisó el arma que le entregó a Baldwin antes de ensayar la escena porque estaba convencido de que contenía balas de mentira.

Un juez federal de Estados Unidos concedió que las once empresas armamentísticas estadounidenses acudan y se defiendan en bloque en la demanda de reparación presentada por el gobierno de nuestro país, al considerar que han contribuido al clima de violencia y al tráfico ilegal con sus “prácticas negligentes”.

“Los demandados creen que la referencia a un escrito compartido en apoyo de sus peticiones es la forma más eficiente de llevar estas cuestiones ante la Corte”, señala el documento sellado por el Tribunal del estado de Massachusetts al que tuvo acceso Milenio.

Las autoridades estadounidenses, en un intento por aligerar la carga de trabajo de ambas partes, han fijado para el 22 de noviembre la fecha en la que estas once empresas pueden presentar sus alegaciones, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tendrá derecho a replica el 31 de enero de 2022, que a su vez podrá ser respondida nuevamente por los acusados un mes después.

El tribunal permitirá, además de la defensa conjunta, réplicas individuales a lo largo del proceso judicial, en el que las empresas ya han comenzado a mostrar sus movimientos en bolsa e información sobre sus filiales.

Recordemos que a principios de agosto, el Gobierno de México anunció que había presentado una demanda civil de daños en Estados Unidos contra varias empresas de armamento por el comercio “negligente” que habrían estado cometiendo en territorio nacional, contribuyendo “al tráfico ilegal de armas” y ocasionando “daño directos” al país.

Además de una cantidad económica que será fijada en el juicio, las autoridades de nuestro país también reclaman a estas empresas que establezcan nuevos y refuercen sus protocolos de seguridad para evitar que se siga produciendo este mercado negro de armas de fuego que está “íntimamente vinculado con la violencia en México”.

“Casi todas las armas recuperadas en la escena del crimen en México, del 70 al 90 por ciento de ellas, fueron objeto de tráfico de Estados Unidos”, denunció recientemente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Entre lo demandados están los fabricantes Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger y Barrett, cuyo “rifle de francotirador calibre 50 es un arma de guerra apreciada por los cárteles de la droga”, señaló Ebrard.