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Las y los senadores de Acción Nacional presentaron esta tarde una denuncia de hecho en contra del subsecretario Hugo López-Gatell, por las omisiones y negligencias en que ha incurrido en el manejo de la pandemia.

«Sus intereses personales han causado pérdidas irreparables y una crisis sanitaria de la que aún no logramos recuperarnos como país», dijo la senadora Lilly Téllez, quien en recientes semanas se sumó a la bancada blanquiazul tras su renuncia a Morena.

Los legisladores señalaron que la denuncia de por actos, omisiones y negligencias en la atención y manejo de la pandemia, también es en contra de las autoridades federales administrativas que resulten responsables o que se relacionen con la comisión de algún delito que, inclusive, pueden ser de aquellos que se persiguen de oficio.

Acusaron que el manejo y atención de las autoridades federales que se encuentran obligadas a atender la emergencia sanitaria, especialmente el de Hugo López-Gatell, han sido deficiente, incurriendo en actos, omisiones y/o negligencias que atentan contra la vida y la salud de las personas.

Aseguraron que resultó increíble que a pesar de lo que sucedía en otros países y que ocurriría algo parecido en México, el Gobierno Federal decidiera vender millones de cubrebocas a China y luego, recomprarlos a un precio mucho mayor que el se vendieron originalmente.
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De igual forma, acusaron que no se tomaron las precauciones para capacitar al personal médico y hospitalario en todo el sistema de salud público para brindar la atención adecuada a las personas enfermas de COVID-19, ni mucho menos se les entregó el equipo adecuado de protección.

«Esto es negligencia y ha costado la vida de miles de personas al igual que ha afectado la salud de muchas otras».

Lamentaron que ante la situación, en marzo pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidiera a los mexicanos que cargaran consigo amuletos y estampitas de santos y vírgenes para hacer frente al coronavirus.

En la denuncia se señala que López-Gatell Ramírez informó a la población mexicana que las mascarillas o cubrebocas no evitan contagios de la enfermedad y que otorgan “una falsa sensación de seguridad”.

Afirmaron que existe una grave omisión al no recomendarse, o deseablemente, obligarse mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos, tanto para servidores públicos como a particulares.

Se dijeron en contra de que se esté ordenando una apertura apresurada de actividades no esenciales, pues ponen en situación de riesgo a la población.

«El número de personas fallecidas han hecho que México ocupe el tercer lugar a nivel mundial, tan sólo debajo de Estados Unidos y Reino Unido. Esto se debe las reiteradas acciones, omisiones y negligencias de las autoridades encabezadas por el C. Hugo López-Gatell Ramírez que han costado la vida de más de 47 mil personas», precisaron los  senadores.

Los panistas indicaron que aún se puede dar un giro en la estrategia de control del COVID-19 en México, empezando con que se sancione penalmente a los responsables de las miles de muertes y de las afectaciones a la salud de las personas y se ponga al frente a personas con capacidad técnica que eviten que lleguemos al pronóstico que elaboró la Universidad de Washington, en donde indican que en nuestro país habrá más de 118,000 fallecimientos, al próximo 1 de diciembre.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció este martes y congeló las cuentas de políticos opositores tras las protestas contra el tratado de aguas con Estados Unidos, y que desató la toma de la presa ‘La Boquilla’ en Chihuahua.

La UIF informó del bloqueo de cerca de 50 cuentas bancarias, incluyendo la del exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de Eliseo Compeán, alcalde de la ciudad de Delicias del Partido Acción Nacional (PAN), opositores acusados de estar detrás de las protestas.

Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la UIF, aclaró este martes que denunció a Reyes Baeza por el presunto desvío de 129 millones de pesos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Esta acusación, precisó, correspondería al caso de la «Estafa Maestra», un caso de corrupción revelado en el sexenio anterior en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto y gobiernos estatales armaron un esquema irregular de contratos públicos.

«Presentaremos la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción», informó Nieto en sus redes sociales.

La UIF también congeló cuentas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Río Conchos y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH).

Las acciones dela UIF llegan luego del enfrentamiento entre agricultores y la Guardia Nacional que provocó la muerte de una mujer, y dejó varios heridos.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha acusado a políticos opositores de estar detrás del conflicto por motivos electorales. Además, informó que habrá denuncias contra manifestantes que causaron daños a plantas de generación de electricidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, del PAN, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, se han acusado mutuamente de mentir sobre el cumplimiento de los compromisos del tratado. Corral reafirmó que el gobierno federal ha politizado el conflicto y ha tratado de intimidar a los manifestantes con la Guardia Nacional.

Foto: Twitter @DonVocero

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este lunes, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia penal contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Secretario de Salud, Jorge Alcocer; y el Subsecretario Hugo López-Gatell, por la labor deficiente y omisa en el manejo de la pandemia.

La denuncia que Acción Nacional interpuso es por los delitos de sabotaje y ejercicio indebido del servicio público.

El recurso legal fue presentado por el coordinador general jurídico del PAN, Raymundo Bolaños Azócar, quien afirmó que el “buen juez por su casa empieza”, esto en relación a la intención del gobierno federal de enjuiciar a los ex presidentes.

“Todas las acciones omisivas, toda la falta de hacer del gobierno federal, se concluye que ha saboteado las instituciones de salud del Estado mexicano, la falta de realización de pruebas del Covid, la terquedad de aferrarse a un modelo centinela que no trae certeza ni seguridad en la cantidad de contagios y muertos, la falta de lineamientos administrativos que obliguen a los ciudadanos, que orienten a los ciudadanos a la necesidad del uso de cubrebocas” sostuvo el panista.

Indicó que se denunció también la falta de reorientación de los recursos hacia la atención de la pandemia y en su lugar dirigirlos a las obras faraónicas de la 4T, como lo son el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.

“Lo que estamos pidiendo son peritajes que nos ayuden por vía de especialistas epidemiológicos, por vía de especialistas socioeconómicos a saber cuáles eran las causas reales y por eso es que ofrecemos estas periciales para que se investigue, se diga a partir de expertos cuáles son las omisiones y los alcances de esas omisiones también”, indicó.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, señaló que la denuncia se presentó ante la negativa del gobierno federal de realizar una auditoría externa por especialistas al manejo del Covid en México.

Indicó que a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Salubridad General, las autoridades federales, especialmente el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, han sido por demás deficientes y negligentes en su actuación.

Cortés Mendoza destacó que las contradicciones que se suscitaron entre las autoridades administrativas federales, porque mientras las autoridades sanitarias recomendaban mantener la «sana distancia» y no abrazar, ni saludar con la mano, además de permanecer en casa, AMLO hacía lo contrario en sus giras de trabajo al mantener la cercanía con las personas e inclusive, invitando a la población a salir.

«Cada decisión y cada contradicción», sostuvo, «nos han llevado a la crisis sanitaria actual y debe investigarse y sancionarse a los responsables, empezando por Hugo López-Gatell, persona a cargo del manejo de la pandemia, lo cual constituye un hecho notorio».

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó este lunes al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), retirar uno de sus spots, en el que cita al papa Francisco porque el organismo considera que vulnera el laicismo del Estado mexicano.

«Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio», refiere AMLO en uno de sus spots correspondientes al informe de su segundo año de gobierno.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró que en le mensaje del mandatario se hacen alusiones al papa Francisco y al evangelio, expresiones que contrarían el principio de laicidad.

Además, el INE dijo que atentan contra la independencia y neutralidad del Estado mexicano y los servidores públicos respecto a las iglesias y creencias religiosas.

El organismo considera también que el uso de los términos «conservadores» y «comunismo» no tienen nada que ver con «la información de la gestión pública» hecha por el presidente en su segundo año de gobierno.

Dichas expresiones «menoscaban a las fuerzas políticas opositoras» en periodo electoral, pues se celebrarán elecciones locales en los estados de Hidalgo y Coahuila el próximo octubre.

Por todo ello, el INE dio la razón a la denuncia presentada por los Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), ordenando retirar el video de medios de comunicación y redes sociales.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó este miércoles ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) una denuncia de hechos contra Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, y de David León Romero, por la presunta comisión de delitos electorales.

La denuncia se presentó luego de que el pasado 20 de agosto se dieron a conocer videos y audios en los que presuntamente aparece Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo para financiar a Morena y a su entonces dirigente nacional.

David León, quien fuera designado por AMLO para asumir la dirección de la empresa estatal de distribución de vacunas, medicamentos y equipos médicos del gobierno, reconoció en twitter la veracidad de los videos y admitió la entrega de recursos para esos fines.

El PAN señaló que el propio presidente aceptó, el 21 de agosto pasado, la autenticidad de los mismos, así como la entrega de recursos de León Romero a su hermano y los cuales tenían como destino final el apoyo de Morena y para gastos que se generaban en los eventos.

Además, denunciaron, reconoció que tenía una cuenta bancaria donde recibían recursos de particulares para fines electorales.

Acción Nacional exigió que se investiguen de forma exhaustiva, el origen, uso, reporte y destino de los sobres de dinero, las cantidades, así como ingresos y gastos del día a día de las actividades políticas del ahora presidente de la República.

La dirigencia del PAN mencionó que en la denuncia se hace referencia a los posibles apoyos ilegales que funcionarios de Chiapas realizaron para favorecer a Morena y López Obrador, como se registró en el video que salió a la luz pública donde se estiman aportaciones en efectivo por casi 10 millones de pesos.

«Por estas razones, Acción Nacional solicita que se investigue la integración de los informes anuales de Morena, las aportaciones privadas, nombres de aportantes, cuentas de origen y destino final de los recursos contrarios a la legislación», señaló el partido.

Piden sean investigados y sancionados en caso de proceder, por el posible uso de recursos públicos en las precampañas, campañas o gasto ordinario en favor de Morena, en cualquier proceso electoral, así como actos financieros de Pío López Obrador, David León Romero y las Asociaciones “Movimiento de Regeneración Nacional”, “Honestidad Valiente”, “Proyecto Alternativo de Nación”, “No nos vamos a dejar” y “Austeridad Republicana”, todos destinados a la formación y financiamiento de Morena y sus candidatos.

La denuncia que presentó Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR) sigue generando reacciones, y esta vez fue la del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien es mencionado de haber regalado un automovil al expresidente Enrique Peña Nieto.

Lozoya refiere la existencia de una Egoteca o «Museo del Presidente» que Grupo HIGA construyó para Peña Nieto al inicio de su administración, en una ubicación hasta ahora desconocida con exactitud, pero que se sabe está en el Estado de México

En dicho Museo eran colocarían los regalos, reconocimientos e historial del presidente.

Lozoya Austin relata que en el marco de de una sus visitas a Veracruz, con motivo de las celebraciones del «Día de Marina», Javier Duarte se le acercó a EPN en las escalinatas del avión presidencial y le entregó una carpeta.

Al subir al avión presidencial, Peña Nieto dijo: «miren lo que me regaló el gober», mostrando el contenido de la carpeta.

«Ahí aparecían las fotos de un Ferrari con el texto: Este Ferrari pertenció al Presidente López Mateos, y a un lado estaban las llaves del auto», cuenta Lozoya en su denuncia, mismo que refiere, fue llevado al «Museo del Presidente».

Al respecto, este viernes, Duarte utilizó sus redes sociales para asegurar que dicha afirmación era mentira.

«Con todo respeto a @EmilioLozoyaAus, quiero subrayar que a los únicos Ferraris que conozco son a Ramón Ferrari Pardiño, a Alfredo Ferrari Saavedra y a Antonio Ferrari Cazarin, quienes colaboraron en mi gobierno», dijo el expriísta.

Afirmó que en su vida se he subido a un automóvil de la marca italiana (Ferrari), además de que nunca ha comprado uno y mucho menos regalado alguno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificó de «pesadilla» las revelaciones sobre sobornos y corrupción que revelara el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en su denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General (FGR).

«Me estaba yo desvelando y no quería tener pesadillas por lo que estaba yo leyendo, porque sí está escandalosa. (…) Es mucho más fuerte (que una serie de televisión). Es una denuncia muy grave», dijo López Obrador al ser cuestionado sobre si ya había leído el documento.

En la denuncia, Lozoya revela nombres y montos de sobornos que ordenaron el expresidente Enrique Peña Nieto y su entonces colaborador, Luis Videgaray. Precisa los monto que legisladores de opositores, principalmente del PAN, recibieron a cambio de apoyar las reformas estructurales.

En la denuncia señala a al menos 16 personas entre estas a Peña Nieto, al exmandatario Felipe Calderón, e incluso al
expresidente Carlos Salinas de Gortari. También a Ricardo Anaya quien ya ha anunciado que tomará medidas legales, a secretarios de estado y altos funcionarios de las pasadas administraciones.

López Obrador aseguró que ya tenía «conocimiento» de la denuncia y, a su modo de ver, «todo indica» que el documento no es «apócrifo». Admitió que no terminó de leerla pues además de ser extensa, no quería tener «pesadillas». Aseguró que lo que revela, de ser cierto, es «muy grave».

«No significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en esta caso la Fiscalía, recabe todas las pruebas que ahí se ofrecen», puntualizó el presidente.

Tal como lo ha manifestado en los últimos días, López Obrador confió en que se llame a los involucrados que se mencionan en la denuncia a declarar.

«Que no haya ocultamiento de la información, que no se manipule y no haya silencio. Que se sepa todo», subrayó el presidente, quien dijo desconocer quién filtró la denuncia.

Uno de los personajes más señalados por Emilio Lozoya en su denuncia de hechos es Luis Videgaray, cercano colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), y a quienes el exdirector de Pemex señala como los responsables de orquestar redes de corrupción durante la pasada administración.

Y aunque Videgaray había decidido no hablar sobre lo señalamientos que se han hecho en su contra, este jueves emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que rechaza los dichos de Lozoya.

«Las múltiples imputaciones que me hace Emilio Lozoya son falsas. Además, son absurdas, inconsistentes y temerarias», expuso el exsecretario de Hacienda.

Dijo que lo dicho por Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. Aseguró que el único responsable de la grave situación legal que enfrenta toda su familia es el propio Emilio Lozoya.

Videgaray señala que no le sorprende los actos de Lozoya, pues el culpar a otros para salvarse, es una actitud que corresponde con su personalidad.

Tampoco se dijo sorprendido de que Lozoya lo intente culpar de sus actos indebidos, pues «es ampliamente sabido» que no llevaban una buena relación desde que colaboraron, debido al mal manejo financiero que Lozoya hizo de Pemex.

El también exsecretario de Relaciones Exteriores indicó que está atento del requerimiento que la autoridad le pudiera hacer, para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

«No voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes», remató Videgaray.

Se dio a conocer la denuncia de hechos que Emilio Lozoya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), en relación a las redes de corrupción que se tejieron durante las administraciones anteriores dentro de Pemex, y de algunos otros casos de relevancia nacional.

Con la denuncia, el exdirector de Pemex busca que las autoridades le otorguen un criterio de oportunidad y/o le proporcionen un salida alterna en estricto apego a la ley, respecto a los procedimiento que hay en su contra y en contra de su familia.

En el documento, de 63 hojas más un anexo, el exfuncionario detalla los sobornos entregados por Odebrecht en México, y cómo se sobornó al gobierno mexicano, a su presidente, a secretarios de estado y al Poder Legislativo, mediante diversos actos, entre los que destacan la entrega de dinero y promesas de beneficios.

Lozoya señala que los actos de corrupción y sobornos ocurrieron desde el gobierno de Felipe Calderón, y concluyeron con el sexenio de Enrique Peña Nieto, siento durante la negociación de al reforma energética cuando se agudizaron los hechos.

«Durante ese lapso, el grupo o persona jurídica Odebrecht no sólo tuvo contratos y beneficios por parte del Estado Mexicano, sino que, además, participó activamente junto con otras grandes empresas, influenciando la política energética del país mediante la reforma energética».

Tal como ya se había informado, en la denuncia se señala directamente a Enrique Peña Nieto (EPN) y a Luis Videgaray, de ser quienes daban las indicaciones de cuánto dinero y a quién se le debía de entregar.

Se menciona que Odebrecht sabía que los recursos que «aportó» a partir del 2013 eran en su mayoría para influenciar y apoyar las gestiones que el presidente (Peña Nieto) negociaba en el Congreso.

Lozoya relata que en 2011, Peña Nieto y Luis Videgaray le pidieron asumir la Coordinación de Asuntos Internacionales de la campaña electoral, con la encomienda de «gestionar recursos de empresas extranjeras para financiar la campaña electoral», pues había que cubrir muchos gastos.

Detalla que el primer «apoyo» que Lozoya pidió a Odebrecht para la campaña de EPN fue por seis millones de dólares, a cambio, se le prometió a Luis Weyll «beneficios» cuando ganaran la presidencia.

Se detalla una relación entre Peña Nieto y Marcelo Odebrecht; desde que el priísta era gobernador del Estado de México, el dueño de Odebrecht le habría ofrecido apoyar sus aspiraciones políticas. Todo se remontó a una gira que EPN y equipo (Juan Armando Hinojosa, David López y Arnulfo Valdivia) realizaron a Brasil en 2010.

Lozoya relata que en un encuentro posterior, ya como presidente electo, EPN se reunió con Marcelo Odebrecht en compañía de Ildefonso Guajardo, Luis Videgaray y el General Roberto Miranda. Por parte de Odebrecht estuvieron presentes CarlosFadigas (Braskem), Luis Weyll y Roberto Bischoff (Braskem México).

«Reitero que todos los pagos que se realizaron fueron por instrucción de Luis Videgaray Caso, quien desde la campaña fue mi superior y a quien siempre le reporté».

En su denuncia, Lozoya Austin menciona que cuando EPN ganó la presidencia, lo invitó a trabajar en su administración como director de Pemex, posición que aceptó aunque aclara «yo no conocía bien a Enrique Peña Nieto ni a Luis Videgaray Caso».

Lozoya Austin detalla que en febrero de 2013, EPN y Videgaray le indicaron que se requería entregar montos importantes de dinero a la oposición, para que ésta votara a favor de ciertas Reformas Estructurales del interés del Presidente Enrique Peña Nieto.

«Yo intervine principalmente en la aprobación de la Reforma Energética, entregando a través de terceros ciertos recursos en bolsas bancarias transparentes (que permitían ver la denominación de los billetes) y maletas a senadores integrantes de la Comisión de Energía en el Senado de la República y un Diputado Federal».

Aclaró que la negociación con los legisladores del PAN fueron más bien una «extorsión; mencionó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury. Afirma que la actitud del grupo de panistas era «brutal», pues además de extorsionarlo a él, presionaban y extorsionaban a los grupos gasolineros y contratistas de Pemex.

Lozoya Austin relata que a cambio de ganar el contrato de Tula 1, Luis Weyll ofreció apoyar al gobierno federal con seis millones de dólares adicionales. «Los sobornos entregados siempre tendrían como consecuencia un beneficio para Odebrecht, merced al sometimiento generada por los sobornos».

El exdirector de Pemex señala que EPN y Videgaray establecieron como enlace para entregar los sobornos a legisladores a David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado, a quien en septiembre de 2014, se le entregó un «apoyo económico» por seis millones de pesos.

Adicional, relata que Luis Videgaray le ordenó recibir a Ricardo Anaya, y a Ernesto Cordero. Refiere que al excandidato presidencial se le entregaron 6 millones 800 mil pesos, como apoyo a sus aspiraciones a llegar a la gubernatura de Querétaro, misma que disputaba con el entonces senador Francisco Dominguez, a quien Anaya Cortés dijo «odiar» por «corrupto».

En la denuncia se señala que Francisco Olascoaga era quien poseía el video que se filtró este lunes, donde se entregan los sobornos al enlace de los legisladores de Acción Nacional.

Lozoya enfatiza que «Odebrecht sí tuvo una participación relevante en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también tuvo una gran participación en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa».

Afirma en su denuncia, que en el sexenio de Felipe Calderón se «gestaron sólidos esquemas de corrupción, precisamente, con Odebrecht, a través de Braskem».

Relata que la planta de Etileno XXI fue la inversión más importante que hizo Braskem en México. Menciona que aunque otros grupos como Grupo Alfa o Grupo Desc hubieran querido dicho contrato, por razones estrictamente políticas se le dio a Braskem.

Sobre el tema de Etileno XXI, menciona a José Antonio Meade y José Antonio González Anaya, quienes «impulsaron evadir la discusión de los detalles de dicho contrato». Los señala de que cuando asumieron la dirección de Pemex, Meade y González Anaya redujeron drásticamente el presupuesto de inversión en exploración y producción, lo cual materializó los incumplimientos que se habían alertado.

«Pareciera que no sólo se beneficiaron de los sobornos en el otorgamiento del contrato, sino además, años después, lograron materializar las clausulas de incumplimiento».

Acusa a Felipe Calderón de haber dado instrucciones a José Antonio Meade, entonces secretario de energía, y a Ernesto Cordero y José Antonio González Anaya, a través de la Secretaría de Hacienda, de hacer que el contrato de la planta pasara las revisiones necesarias. «Entre el 2012 y 2014 dichos funcionarios siguieron en contubernio con Luis Videgaray Caso para satisfacer pretensiones en el contubernio de dicho contrato en perjuicio de todos los mexicanos».

En 2013, Meade llamó telefónicamente a Lozoya, para solicitarle dos cosas: no criticar un crédito otorgado al Sindicato Petrolero de 2012, ya que él había participado en dicho proceso, y no revisara el contrato de Etileno XXI ya que alegó ser de suma importancia para Peña Nieto, además de que él también había participado en dicho proceso.

En la denuncia también se señala que por instrucciones de Luis Videgaray, en 2014 se entregaron más de 8 millones de pesos a González Anaya (4 millones 390 mil pesos) y a José Antonio Meade (4 millones), además de 4 millones de pesos adicionales a Carlos Treviño.

Emilio Lozoya asegura que Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray presionaron para la asignación de contratos o negocios con grupos de interés, nacionales y extranjeros, con quienes tenían compromisos, ya fuera de índole personal, económico o político.

Lozoya Austin finaliza reiterando que a pesar de los actos de intimidación perpetrados en su contra por Luis Videgaray y Peña Nieto, fueron ellos quienes instrumentaron para configurar una asociación de corte delictivo, dirigida a enriquecerse no sólo del erario público, sino a través de la extorsión a personas físicas y jurídicas, el fraude y el engaño, contraer deuda a cargo del erario público y aprovecharse económicamente de está en perjuicio de la Nación.

«Denuncio formalmente hechos posiblemente constitutivos de delito en contra de quien o quienes resulten responsables y/o en contra de las siguientes personas: Enrique Peña Nieto, quien fuera presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Felipe Calderón Hinojosa, quien fuera Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Luis Videgaray Caso, quien al momento de los hechos fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público; Francicso Javier García Cabeza de Vaca, entonces Senador de la República; Francisco Domínguez Servién, quien fuera Senador de la República; Salvador Vega Casillas, quien fuera Senador de la República; Jorge Luis Lavalle Maury, quien fuera Senador de la República; David Penchyna Grub, quien fuera Senador de la República: José Antonio Meade Kuribreña, quien fuera Secretario de Energía y Secretario de Relaciones Exteriores al momento de los hechos; José Antonio González Anaya, quien fuera Consejero de Pemex y posteriormente Director General del IMSS y de Pemex respectivamente; Carlos Treviño Medina, entonces funcionario de Hacienda y Pemex, y posteriormente Director General de Pemex respectivamente; Rafael Caraveo Opengo, entonces funcionario del Senado de la República; Lourdes Mendoza, entonces periodista, y Catrlos Salinas de Gortari, entonces comisionista y cabildero del PAN.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió este lunes en transparentar todo lo relacionado al caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de corrupción, aunque dijo, se que debe respetar «el debido proceso».

En su conferencia matutina, López Obrador explicó en primer lugar se debe cancelar el contrato «leonino» de la planta petroquímica Etileno XXI, relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El acuerdo a 20 años, firmado con Pemex durante la presidencia de Felipe Calderón, ha sido considerado abusivo por el mandatario, al obligar a la petrolera a importar gas para cumplir con sus disposiciones, lo que le ha generado millonarias pérdidas.

«Ese contrato se tiene que cancelar, o sea, es mi opinión, por ser un contrato leonino, se tiene que revisar», dijo el gobernante sobre la planta ubicada en el estado Veracruz, y que ha tomado relevancia en los señalamientos de Lozoya Austin.

El consorcio entre Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa aseguró que ha efectuado «exhaustivos procesos de investigación interna, con abogados independientes, que concluyeron que no había actividad inapropiada o vínculo de éstas con actos de la constructora Odebrecht en México».

A través de un comunicado recordó que el contrato, que significó 5,200 millones de dólares de inversión, se gestó en 2008 y 2009, entre tres y cuatro años antes de los actos de corrupción que se le imputan a Odebrecht en México, y si una de las partes lo incumple «debería pagar sumas o penalidades a la otra».

Sin embargo, accedió a solucionar la insuficiente producción local de etano, incluso a «desarrollar una terminal de importación» del producto, la «única solución» al problema, según dijo. «Confiamos en que cualquier diálogo con la autoridad se dará en el marco del Estado de Derecho y la legalidad», agregó.

AMLO indicó que el pueblo de México debe saber «toda la verdad», además de que al ser un asunto de interés público «nacional» se debe «conocer toda la denuncia».

Llamó a la Fiscalía General de la República, institución que denunció a Lozoya, a informar sobre la denuncia al completo, los implicados y el manejo indebido de dinero. Pidió incluso que se vea en redes sociales y la televisión «el
vídeo que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía» y que exhibiría la red de sobornos en las altas esferas del poder durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

«Esto es sano y ayuda a purificar la vida pública», remarcó el presidente.

En segundo lugar, pidió recuperar todos los bienes y recursos «mal habidos, y por último, reiteró que si el pueblo lo decide por «consulta ciudadana» se enjuiciará a expresidentes manchados por la corrupción. Aunque él, en la eventual consulta, votaría que «no» porque su «fuerte» no es la «venganza».

Luego de que se informara sobre la denuncia de hechos que presentó el exdiretor de Pemex, Emilio Lozoya, en torno a los casos de corrupción en el sexenio pasado, y en la que apuntó a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray de ser los responsables de pagar cerca de 500 millones de pesos en sobornos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió un posicionamiento.

El tricolor aseguró que el partido de hoy, en un claro intento de deslindarse de lo que ocurrió al interior del partido en el pasado, no es ni será «tapadera de nadie».

«Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley», precisó el partido.

Desde la llegada de Emilio Lozoya a nuestro país, y cuando se comenzaron a filtrar algunos de los señalamientos en contra de excolaboradores del gobierno federal, Alejandro Moreno, actual dirigente nacional del PRI, ha dicho que los actos de corrupción son individuales y, quien los cometa, debe enfrentar todo el peso de la ley.

Pidió que no «igualar la conducta de un individuo a la de una institución», en referencia al partido.

Incluso en ese momento señaló que no hay registro, ni en el padrón actual ni en el histórico, de que Emilio Lozoya hubiera militado en el PRI. Sin embargo, ahora las acusaciones de Lozoya Austin han alcanzado directamente a Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, dos figuras del priísmo de los últimos años.

A finales del mes pasado, Alejandro Moreno tuiteó una foto con Peña Nieto, a propósito de su cumpleaños, en el que le llamó «amigo».

Ayer, el Fiscal Alejandro Gertz Manero dio a conocer que Emilio Lozoya había presentado una denuncia de hechos, en la que señaló directamente al expresidente Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber sido quienes le ordenado recibir los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, y dirigir más de 100 millones de pesos a la campaña presidencial de 2012.

Adicional, indicó que se destinaron alrededor de 400 millones de pesos en sobornos en el Congreso de la Unión para «convencer» a legisladores, principalmente de oposición, aprobar las reformas estructurales de 2013 y 2014.

John Ackerman, miembro del Comité Técnico de Evaluación para los aspirantes al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), quien la semana pasada acusó de que las quintetas presentadas a la Juopo, estaban amañadas, parece haber reculado e indicó que la elección de los nuevos consejeros del INE fue «imperfecta pero positiva».

A través de sus redes sociales, el también académico reiteró que su denuncia sobre la integración de las quintetas, fue para evidenciar las «graves irregularidades en el proceso de selección de los consejeros del INE».

Al referirse a la elección de los consejeros y consejeras la tarde de ayer por el Pleno de la Cámara de Diputados, dijo que sin su denuncia no se hubiera logrado el desenlace de ayer, «ciertamente imperfecto pero positivo», y por el contrario, hubieran entrado al INE cuatro «cuates de la burocracia electoral imperante».

Y es que recordemos que Ackerman acusó que se incluyeron en las quintetas a personas con trayectorias cuestionables y que incluso tenían conflictos de interés con los propios integrantes del Comité Técnico.

Entre los señalamientos que hizo fue a Javier Aparicio, de quien dijo, fue cómplice en el «fraude electoral» del Estado de México en 2017; Acusó a Jessica Rojas de ser una «operadora» electoral en el EdoMex, mientras que Carla Humphrey le cuestionó haber fue asesora de Alonso Lujambio y Arturo Sánchez en el entonces IFE. También señaló a Eunice Rendón de ser prima hermana de Ciro Murayama.

El esposo de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sanoval, dijo que en caso de que no se hubieran cuidado los perfiles que fueron electos, «hubiera sido un desastre y preparado el camino para más fraudes electorales en el futuro».

Sobre los nuevos consejeros y consejeras del INE, dijo que nadie tiene un cheque en blanco, y añadió que ess responsabilidad de toda la ciudadana seguir exigiéndole a todos y cada uno de los consejeros electorales que no sólo hagan valer la ley sino que se conviertan en verdaderos guardianes de la democracia.

Aclaró que no «entró un solo representante de Morena», sino tres ciudadanos independientes y una representante del PRIAN (en alusión a Carla Humphrey) . «Un claro signo de los nuevos tiempos democráticos y también de que lo viejo no termina de desaparecer de todo».

Su llamado no quedó ahí, pidió poner en la mira «de una vez» el próximo proceso de selección de consejeros de 2023, año en que terminan sus mandatos Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela a quien señaló de ser una de las consejeras más cercanas al PRI, y José Roberto Ruiz, el único consejero independiente hasta la fecha según Ackerman.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo no conocer a profundidad la demanda que presentó en su contra la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, quien lo acusa de posibles omisiones, negligencias y mal desempeño de funciones en el manejo de la pandemia de Covid-19.

«No tengo una opinión específica sobre la denuncia, puesto que no la conozco. Sí supe que la presentaron y estaré pendiente de lo que instruya la Secretaría de la Función Pública. Todas y todos los funcionarios siempre tenemos que estar listos para responder a cualquier cuestionamiento», dijo el funcionario encargado de la estrategia para atender la pandemia en el país.

López-Gatell indicó que aunque respeta a Movimiento Ciudadano, al igual que el resto de los partidos políticos, la demanda responde a los periodos políticos; en ese sentido recordó que los partidos políticos tienen a hacer política, y «en este momento seguramente los tiempos políticos ya están en cierta manera invitándoles a tomar acciones políticas demostrativas, quizá para posicionarse, quizá para mostrar alguna clase de intensidad o fuerza».

El subsecretario de Salud aseguró que él no se mete en temas de política, y debe ser respetable que los partidos tengan deseos de ser visibles, para lo que cada quien buscará el medio de hacerlo.

Recordemos que el Coordinador Nacional y el Secretario General de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, presentaron una denuncia ciudadana ante la SFP, acusando las decisiones «negligentes» de López-Gatell al frente de la estrategia nacional contra el Covid-19.

Expusieron que las decisiones de López-Gatell han tenido severas consecuencias en la salud y la vida de las y los mexicanos.

“La negligencia de López-Gatell ha costado vidas al pueblo de México; ha sido negligente al no observar los principios de profesionalismo, disciplina, honradez, eficacia, eficiencia, imparcialidad y de integridad, de acuerdo al Artículo 109 Constitucionales y séptimo de la Ley General de Responsabilidad Administrativas: López-Gatell ha sido el doctor más negligente en la historia de México, sus decisiones han rebasado ya un costo humano de 40 mil vidas”, dijo Álvarez Máynez después de presentar la denuncia.

En la demanda se señala que Hugo López-Gatell ha sido negligente cuando a pesar de las recomendaciones de la OMS de aplicar de manera masiva pruebas diagnósticas como una acción indispensable para prevenir, identificar y controlar brotes, negó su utilidad. Negligente cuando a pesar de la evidencia científica aportada por países de todo el mundo que implementaron el uso obligatorio de cubrebocas como una medida para contener la propagación del virus, él recomendó a las y los mexicanos no hacer caso de esta medida, incluso la calificó como un mito.

En la denuncia, Movimiento Ciudadano, se solicita a la SFP una investigación por probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos y que pudieran derivar en una o varias faltas administrativas.

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El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retraso en la publicación de la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que la denuncia se presentó en contra de AMLO, del secretario de Salud y del titular del Insabi, y exigieron a la Secretaría de la Función Pública a investigar a los funcionarios por dichas fallas.

“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval su urgente intervención para que se aplique la ley”, señaló la bancada panista.

Explicó que la denuncia se sustenta en que dichas omisiones vulneran los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

“Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes”, dijo Ramírez Barba.

El diputado dijo que el Gobierno Federal actuó sin una planeación adecuada y hoy está rebasado, además de que lamentó que haya un desprecio hacia la población que se atendía en el Seguro Popular, “nula voluntad» de coordinación con los estados y una «franca ignorancia e incompetencia» en Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este jueves que interpuso una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicios en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que encabeza la jueza María del Rosario Castillo Sánchez.

Mediante un comunicado, el CJF señaló que recibieron información que amerita una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, alías «El Mochomo», al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), «El Mochomo» es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Consejo de la Judicatura señaló que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de las juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero enfatizó que toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

«No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal», dijo el CJF.

Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que aunque se apoyará a las y los servidores públicos del Poder Judicial que son honestos y trabajan por el país., cualquier sospecha de corrupción será investigada.

«Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción», remató.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención de «El Mochomo», éste quedara en liberad.

«O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables», expuso AMLO.

La actual dirigencia de Morena, a cargo de Alfoso Ramírez Cuellar, presentó a inicios de semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra Yeidckol Polevnsky, por haber autorizado el pago de 395 millones de pesos por concepto de obras a inmuebles que no se han llevado a cabo.

Y aunque se trata de una denuncia de hechos, por lo que será el Ministerio Público quien determine los delitos que se persigan, Morena espera que a Polevnsky se le imputen los delitos de daño patrimonial y lavado de dinero.

Se espera que en breve, la Fiscalía informe sobre qué instancia se encargará de dar trámite a la denuncia, aunque se ha señalado que podría ser la fiscalía anticorrupción quien atraiga la denuncia.

Y es que de acuerdo a una auditoria que ordenó Ramírez Cuellar a su llegada a la dirigencia nacional, la Secretaría de Finanzas de Morena, aún con Polevnsk al frente, autorizó un pago de 395 millones de pesos a dos empresas pertenecientes a Grupo Ebor.

Polevnsky firmó el 29 de diciembre dos contratos por concepto de obras de remodelación, adaptación y mantenimiento, así como suministro de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad para las oficinas que adquiriera el partido. El pago correspondiente se realizó días después de la firma.

La actual dirigencia del partido ha señalado que los pagos efectuados constituyen un daño patrimonial al partido debido a que las obras contratadas no se llevaron a cabo.

Por su parte, la Secretaria General de Morena, ha declarado que las obras no se realizaron porque desde que dejó la dirigencia, no se ha permitido iniciar los trabajos de las empresas contratadas. La exdirigente del partido sostiene que no cometió ninguna irregularidad, y que todas las compras y contratos se realizaron conforme a la ley.

Desde 2017, cuando Polevnsky llegó a la dirigencia nacional, el partido compró inmuebles y realizó pagos por un valor de 809 millones de pesos.