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El diputado del PAN, Gabriel Quadri, presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra quienes resulten responsables, por el internamiento en México de “médicos esclavos cubanos y por violación a las leyes de trata personas, migración, educación y derechos humanos”.

El diputado de oposición exigió medidas cautelares para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “traiga nuevos médicos esclavos cubanos en los términos en los que firmó acuerdos con la dictadura cubana en su reciente viaje a dicha isla”.

Afirmó que la presencia de Médicos Cubanos en México bajo dicho esquema viola el convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso. Además, indicó que se viola la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, ya que estas acciones conllevan a esclavitud y explotación laboral.

Quadri de la Torre expuso que además de la explotación ilegal y de esclavitud contemporánea, se viola la Ley General de Educación y el requisito de revalidación de estudios realizados en el extranjero; explicó que los médicos cubanos no acreditan y no tienen cédula profesional para poder ejercer la medicina en nuestro país, lo que constituye usurpación y, por lo tanto, un delito.

El legislador agregó que también se viola la Ley de Migración en sus artículos 10 y 11, que establece el derecho a los migrantes a la preservación de la unidad familiar, y el artículo 17, que señala que son las autoridades mexicanas, las que podrán retener la documentación migratoria de estas personas, siendo que son las autoridades cubanas quienes les retienen sus pasaportes y otros documentos migratorios.

“Es fundamental investigar y sancionar penalmente el internamiento en México de médicos esclavos cubanos, estamos interponiendo esta denuncia, a quien resulte responsable, empezando por el presidente López Obrador”.

Para finalizar, denunció que estos médicos “carecen de un contrato, son vigilados día y noche por comisarios políticos de la dictadura, quienes se aseguran que cumplan con sus labores de propaganda, que no deserten, que no huyan, que no se queden, que no se vayan y que sigan bajo este esquema de esclavitud”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó que la denuncia presentada por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, en contra de los diputados que no apoyaron la reforma electoral es uno de los mayores atentados a la democracia mexicana.

El priísta señaló que tratar de eliminar a la oposición es muestra de “una intención totalitaria y pone en riesgo la marcha del país”.

Aseveró que las y los diputados del PRI, conscientes de su responsabilidad histórica y después de agotar los espacios de diálogo, reiteraron su rechazo a una iniciativa que ponía en peligro el desarrollo económico de la Nación.

Además, el legislador refutó cualquier acusación que desde el partido oficial se haga por su decisión y actuar. “Tomamos en serio la acción jurídica realizada por el señor Mario Delgado y levantaremos la voz para denunciar este atentado contra la democracia”, advirtió.

Dijo que en los próximos días, la bancada del PRI en Diputados comunicará a todos los parlamentos del mundo la acción realizada por el partido oficial, que traducen como un intento de acabar con la democracia mexicana y dejar al parlamento sin la oposición.

El clima nacional, recalcó, no merece acciones como las que encabeza Mario Delgado, ya que trastoca la marcha de las instituciones y prende la alerta de intentonas golpistas.

“Morena no tiene capacidad de diálogo, no sabe construir acuerdos, está mostrando la cara de la intolerancia y el verdadero rostro fascista que esconde bajo una máscara de supuesta apertura”, manifestó.

Moreira Valdez externó su confianza en las autoridades de procuración de justicia de este país, “pero no pasamos por alto el ánimo fascista del partido que más legisladores tiene en la Cámara de Diputados”.

Agregó que no es de un demócrata denunciar por el hecho de no coincidir en un tema, sobre todo cuando hubo un periodo de análisis, en el que se escuchó a diferentes sectores y se dieron buenas razones para no apoyar una iniciativa que no beneficiaba a México.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio presentó ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político, misma que ratificó, contra los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo ocurrido en el pasado proceso electoral donde se le retiró la candidatura por Morena a gobernador de Guerrero.

En declaraciones a la prensa, señaló que la denuncia versa sobre el abuso y excesos en el ejercicio de sus facultades como servidores públicos, que violaron el marco jurídico y el derecho de un ciudadano a ser votado.

“Hago pleno uso de mis derechos como ciudadano mexicano, acreditado con mi credencial de elector, he venido a poner esta denuncia; ya se ratificó y turnó a la comisión correspondiente para que analicen la procedencia o no de la denuncia”, comentó.

Dijo que la solicitud se presenta porque los consejeros “tuvieron excesos en su determinación”, no como una venganza, por lo que se busca obtener una respuesta jurídica, no política.

Asimismo, Salgado Macedonio informó que, junto a un contingente de guerrerenses, también presentó un documento, firmado por 505 ciudadanos, que apoya la iniciativa de reforma electoral que envío el presidente López Obrador al Congreso.

“El INE ya perdió toda credibilidad, ya actúa sin congruencia; es incongruente y abusivo”, dijo el político, quien estuvo acompañado por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado.

Delgado subrayó que el caso de Félix Salgado es uno de los más “vergonzosos en la historia de la democracia” en México, porque se violaron los derechos políticos fundamentales establecidos en la Constitución.

“Por eso Félix viene a poner esta denuncia de juicio político, pero también un documento donde el pueblo de Guerrero está apoyando la reforma electoral de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y estamos exhortando a los diputados a que se apruebe”, concluyó.

En la denuncia de juicio político de Salgado Macedonio se señala a las consejeras y los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, Carla Astrid Humphrey Jordán, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Diputados y diputadas del PAN, PRI y PRD acudieron esta tarde a las oficinas de la ONU-DH México para presentar una denuncia en contra de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por el discurso de odio que han impulsado a raíz de la votación de la reforma eléctrica.

Los legisladores de la coalición Va por México solicitaron la intervención del organismo internacional para que cesen los ataques de odio, que surgieron cuando la dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado y Citlalli Hernández, presentaron la campaña para “mostrar” a quienes votaron en contra de la reforma del presidente.

“Nosotros como legisladores tenemos todo el derecho de votar a favor, en contra o en abstención de cualquier iniciativa, pero es increíble, que por el simple hecho de que venga de parte del Presidente y decidamos votar en contra, nos tachen de traidores”, indicó la diputada del PAN, Mariana Gómez del Campo.

En la carta de denuncia, que fue entregada al representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado Castro, se indica que debido dicha campaña, que los ha acusado de “traidores a la patria”, algunos legisladores y legisladores han sido víctimas de violencia.

Lamentaron que políticos con ideas afines al gobierno federal atenten contra la integridad de quienes no piensan igual; por ello solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a fin de que se haga un llamado urgente a cesar la promoción de la violencia.

“Nosotros, como legisladores de oposición, hemos sido atacados sistemáticamente. Las diputadas y los diputados de Acción Nacional hemos recibido cientos de amenazas, agresiones y vandalizaciones contra nosotros, nuestras oficinas y los Comités Directivos de nuestros estados y municipios. E incluso, está el caso de la Diputada Maryjose Gamboa, quien hace unos días sufrió agresiones personales directas”, denunciaron los diputados de Acción Nacional.

Afirmaron que los diputados de oposición son atacados porque fueron voces enérgicas y valientes que defendieron a México frente a la “tóxica” reforma eléctrica del presidente.

“El origen de todo esto es claro: la semilla de odio y confrontación que este gobierno ha sembrado los últimos 4 años, y que ya alcanzó un nivel absurdo al etiquetarnos como traidores a quienes simplemente pensamos distinto a ellos”, añadieron.

 

Foto: Twitter @marianagc

En un inesperado discurso, el embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, denunció este miércoles a su propio gobierno, al que calificó de “dictadura”.

El diplomático dijo que hablaba para defender a “más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde 2018”.  Dijo que también hablaba en nombre de funcionarios obligados a “fingir, llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”.

Fields dijo que al pronunciar esas palabras tenía miedo, aunque sostuvo que “tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos”.

“Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible”, sostuvo McFields, quien hasta ahora había defendido al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega cuando era criticado en reuniones de la OEA.

McFields dijo que días antes de que Nicaragua anunciara su retiro de la OEA en noviembre de 2021 hubo una reunión virtual en la cancillería y un equipo de asesores presidenciales. El embajador relató que él sugirió en esa reunión que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y otros reos cuya salud merecía especial consideración.

“Nadie me hizo caso. En ese momento se me dijo ‘no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque sabes lo que puede pasar'”, dijo McFields. “En el gobierno nadie, nadie, escucha y nadie habla”.

“Lo que pasa en Nicaragua supera mis pocas capacidades diplomáticas”, indicó el embajador al inicio de una sesión regular del Consejo Permanente de la OEA para hablar de otros temas.

McFields dijo además que “hay esperanza” porque la gente “de adentro en el gobierno y la gente de afuera está cansada de la dictadura. Cada vez van a ser más los que digan `basta”‘, agregó.

Hace tan sólo un mes, 26 países de la OEA presentaron una declaración que denunciaba la intensificación del “sufrimiento humano” en Nicaragua y exigía la liberación inmediata de presos políticos en el país centroamericano.

La declaración destacaba que la organización “no puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua”, en referencia a la continua detención de presos políticos. Según la oposición, hay al menos 170 en el país desde las protestas multitudinarias ocurridas en 2018.

Varios miembros de la comunidad internacional piden desde hace meses a Nicaragua que libere a todos los opositores al gobierno de Ortega, quien se declaró ganador de las elecciones del 7 de noviembre. En los comicios, Ortega logró un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

En la reunión de febrero de la OEA en la que se presentó la declaración, McFields defendió a su gobierno: “nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre”, dijo. “Aquí lo que tenemos hoy es un ministerio de colonias totalmente arrodillado y postrado ante los Estados Unidos, ante sus amos”, agregó.

Recordemos que el gobierno de Nicaragua anunció en noviembre que se retiraba de la OEA. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, dijo en rueda de prensa que su país se desvinculaba de la entidad por “sus reiteradas acciones injerencistas”. Sin embargo, la salida de la nación centroamericana del organismo puede tomar meses debido a procedimientos protocolares y acuerdos que deben cumplirse.

McFields, que reside en Washington DC, no lleva mucho en su puesto: presentó sus credenciales como embajador ante la OEA el 5 de noviembre de 2021. En ese momento la organización dijo que era el primer afrodescendiente en representar a Nicaragua ante el organismo hemisférico y que había trabajado anteriormente en la misión de Nicaragua ante la organización.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, reaccionó después a lo dicho por el embajador. “Valoramos el coraje del embajador de Nicaragua Arturo McFields Yescas y su compromiso con los valores de la OEA. Esta es la posición éticamente correcta,” dijo.

Durante la reunión, varios embajadores latinoamericanos reconocieron a McFields.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) salió en defensa de la secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien en los últimos días ha recibido diversas criticas e incluso se ha pedido su renuncia, luego de que el Tribunal Electoral confirmara un esquema de financiamiento irregular cuando ella estuvo al frente del gobierno de Texcoco, y cuyo dinero acabó en las arcas de Morena.

“Aprovecho para expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra muy injusta”, dijo el mandatario.

El presidente dijo que la denuncia que derivó en una multa a Morena, y en la que se involucró a Gómez Álvarez, se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México, lo que señaló claramente tenía una intención política. AMLO dijo que cuando se presentó la denuncia, no tuvo efecto; por lo que ahora, que se aproxima el proceso electoral en el Estado, “vuelven con lo mismo”.

“Yo quiero expresar mi absoluta confianza a la maestra Delfina. La conozco desde hace bastante tiempo (…) Entonces, esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del gobierno federal. Entonces, no está de más que yo dé mi opinión, respetando la opinión de todos”, sostuvo López Obrador.

El mandatario recordó que Delfina Gómez no era militante de ningún partido y dada su profesión, se dedicaba al magisterio y era directora de una escuela en Texcoco; fue ahí cuando se le invitó a participar como candidata a presidenta municipal de Texcoco, donde ganó e hizo una labor muy buena.

AMLO sostuvo que a diferencia de lo que sucedía con los funcionarios de antes, la ahora titular de la SEP sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, es decir, no hay señales de enriquecimiento.

El presidente acusó que hay toda una campaña en los medios, hasta en los que se dicen independientes y progresistas, con una intencionalidad política detrás, lo mismo que ocurre en el Tribunal Electoral. 

Diputados de Movimiento Ciudadano acusaron que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realiza una promoción de su persona con miras a las elecciones de 2024 a través de los programas sociales para estudiantes y adultos mayores, por lo cual anunciaron que presentarán una denuncia en su contra ante instancias electorales.

Líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados y del Congreso de la Ciudad de México, sostuvieron que la promoción de su persona a través de la llamada “Tarjeta Claudia” es ilegal toda vez que se trata de actos anticipados de campaña y uso de programas sociales con fines electorales.

“Vemos muy nerviosa a Sheinbaum desde que llegó Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación; como que no se esperaba que hubiera un rival en la contienda interna más cercano que ella al presidente López Obrador, y se empezó a poner bastante nerviosa la jefa de Gobierno”, dijo Jorge Álvarez Máynez.

Y es que en las últimas semanas, la Jefa de Gobierno ha visitado escuelas públicas de educación básica de las 16 alcaldías, para entregar tarjetas de becas estudiantiles, “Bienestar para Niños y Niñas, Mi Beca para Empezar.; tarjetas con los colores similares a los de Morena.

Claudia Sheinbaum ha salido al paso y ha asegurado que dichos actos “no son de promoción personalizada”, sino que más bien son muestra de que su gobierno “no es de oficina, sino que está en territorio”.

“No tiene nada que ver con promoción personalizada ni mucho menos; lo que no somos es un gobierno de oficina, somos un gobierno de tierra: si durante la pandemia no pudimos estar en territorio, pues fue por razones sanitarias; pero, ahora, pues estamos yendo a las escuelas, estamos yendo a tocar casa por casa para el Programa de Salud, para el Programa de Seguridad. Entonces, nosotros somos un gobierno que está en territorio, y eso lo vamos a seguir haciendo y no tiene nada que ver con una promoción personalizada”.

Al respecto, el diputado Salomón Chertorivski de MC, consideró que Sheinbaum Pardo no es una jefa de Gobierno, sino una “regenta” que se dedica a hacer lo que le ordena el Presidente López Obrador.

“Como perdió en las elecciones del 2021, pero es la candidata del Presidente, pues hay que echarle todas las ganas, echarle todo el aparato, y no lo vamos a permitir porque esos tiempos pasaron hace mucho ya en este país”, sentenció el legislador.

Apuntó que 170 funcionarios de 18 secretarías del gobierno de la Ciudad de México promueven y entregan la Tarjeta Claudia; “es una vergüenza que Luis Humberto Fernández, titular de la Autoridad Educativa Federal, se preste para que esto se pueda llevar a cabo”.

En tanto, el diputado local Torres González aseguró que Sheinbaum Pardo se está promocionando porque es “una reacción a los resultados electorales que no les favorecieron en las últimas elecciones (a Morena), y ahora quieren generar una base electoral a costa de estos programas”.

Movimiento Ciudadano es el primero en anunciar una queja en contra de la mandataria local por estas entregas. Integrantes de Acción Nacional recurrieron al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) a presentar una queja por actos de promoción personalizada con programas sociales y por el uso indebido de recursos públicos.

Sheinbaum Pardo respondió asegurando que no había necesidad de irse a quejar. “Lo que buscamos aquí es estar en comunicación con los habitantes de la ciudad; esto es lo que, a lo mejor, ellos no entienden. Nosotros somos distintos, somos diferentes, no somos corruptos y, además, queremos estar cercanos a la ciudadanía; esa es la gran diferencia de lo que representa la Cuarta Transformación: el bienestar, la fraternidad por encima del aislamiento y la corrupción”.

El expresidente Donald Trump fue interrogado este lunes en relación a una demanda presentada por manifestantes que acusaron al equipo de seguridad del magnate de golpearlos durante una protesta realizada en los primeros días de su campaña presidencial en 2015.

Trump testificó bajo juramento durante una interrogatorio privado que se extendió por varias horas en la Torre Trump de la ciudad de Nueva York, dijo un abogado de los cinco demandantes, neoyorquinos de origen mexicano. Si el caso va a juicio, se le mostrará el video al jurado.

El abogado de los demandantes, Benjamin Dictor, indicó que Trump fue interrogado sobre distintos temas, incluyendo declaraciones que hizo en actos de campaña en los que parecía alentar al personal de seguridad a maltratar a los manifestantes.

En la demanda se afirma que los guardaespaldas de Trump atacaron de forma violenta a los demandantes frente a la Torre Trump de Manhattan el 3 de septiembre de 2015, mientras protestaban contra los comentarios negativos del entonces candidato sobre México y los inmigrantes mexicanos.

Mediante un comunicado difundido después del interrogatorio, Trump dijo que los manifestantes fueron los responsables del altercado y dijo que sus acusaciones son infundadas, ya que se refieren a “lesiones que nunca sufrieron y la pérdida temporal de un insignificante letrero de cartón que se les devolvió poco después”.

“Tras años de litigio, me complace haber tenido la oportunidad de dar mi versión de esta ridícula historia. Es sólo un ejemplo más de un acoso infundado a su presidente favorito”, declaró el exmandatario.

La conducta de Trump al responder las preguntas fue similar a la que mostró en público siendo presidente, y la sesión prosiguió como la mayoría de las deposiciones, agregó Dictor. El abogado se negó a entrar en detalles sobre la manera en que Trump lidió con el interrogatorio y se rehusó a describir su testimonio antes de presentar el caso ante un jurado.

Trump es uno de los acusados en la demanda, junto con su compañía, la Organización Trump, su campaña presidencial y su personal de seguridad.

Entre otras cosas, los demandantes quieren que el magnate pague indemnizaciones por daños, argumentando que él debió saber que el personal de seguridad actuaría de “forma negligente o imprudente”.

Los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD presentaron esta mañana en Washington, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), una denuncia sobre la injerencia del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio, para favorecer a Morena.

Marko Cortés, líder de Acción Nacional; Alejandro Moreno, dirigente del tricolor, y Jesús Zambrano, presidente del PRD se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Cortés insistió en que presentaron cuatro preocupaciones principales, la principal, la intromisión del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio.

“La primera, la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. La segunda, el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores. La tercera, el hostigamiento permanente del gobierno federal en contra del INE y el Tribunal Electoral. Y la cuarta, y no menos importante, también la persecución a los medios de comunicación y a líderes de opinión que se han atrevido a disentir de lo que está ocurriendo con el gobierno”, declaró el líder del PAN.

“Hoy, los dirigentes del PRI, PAN y PRD nos reunimos Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral. No permitiremos que la democracia mexicana se ponga en riesgo”, dijo el líder del PRI, Alejandro Moreno, en un mensaje publicado en Twitter.

Zambrano por su parte advirtió que dicha injerencia “se ha constituido en el principal peligro para la democracia de México” y ha pedido a la CIDH medidas cautelares contra el gobierno mexicano “sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral para favorecer a los candidatos de MORENA, así como los ataques a las instituciones”.

La denuncia, detallaron los partidos de la alianza ‘Va por México’, contiene pruebas de homicidios, secuestros, intimidación a candidatos y ciudadanos y coerción para ejercer el voto. El bloque opositor ha contabilizado 1,066 delitos y agresiones de tipo político en casi todo el país.

Y aunque en plenas campañas murieron en total 36 aspirantes a un cargo de elección popular, el documento, de 57 páginas, que presentaron en EUA recoge siete casos emblemáticos ocurridos en Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que México tiene “las puertas abiertas” para una investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el presunto nexo entre el crimen organizado y las elecciones, esto luego de que la oposición anunciara que presentaría una denuncia al respecto.

“Pues si la OEA lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar”, expresó López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

El presidente respondió a ‘Va por México’, que integran el PRI, el PRD y el PAN, que anunciaron que este lunes acudirían a Washington para entrevistarse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Los opositores denunciarán la “intervención del crimen organizado” en las elecciones del 6 de junio, cuando los partidos aliados de López Obrador perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso, pero ganaron en la mayoría de los 15 estados donde se elegía gobernador.

“Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, sino la ONU, cualquier organismo que quiera venir”, declaró AMLO.

El presidente argumentó que la OEA ya emitió una certificación sobre las elecciones de México y no hubo ninguna violación grave.

Por ello, acusó a los opositores de “politiquería” por su viaje a Washington, donde también visitarán a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los opositores también criticarán “el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores”, de acuerdo con el líder del PAN, Marko Cortés.

Aun así, López Obrador reconoció que “todos tienen derecho a acudir a un organismo internacional” al insistir en que “no le preocupa” que vayan.

“Los entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la Embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección”, dijo el presidente.

La denuncia que la oposición presentará se da en medio de diferencias del gobierno de AMLO con la OEA y, en particular con su secretario Almagro. Apenas el mes pasado, López Obrador propuso desaparecer a la OEA y crear un nuevo organismo en un discurso ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió este lunes que habrá justicia para José Eduardo Ravelo, joven de 23 años presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida, Yucatán.

“Que se castigue a los responsables, incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso, si se demuestra, si se comprueba, que hubo estas violaciones graves que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven”, dijo López Obrador en su conferencia matutina al ser cuestionado sobre el tema.

Policías de Yucatán detuvieron a Ravelo el pasado 21 de julio, y tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según ha denunciado la madre de la víctima.

Pese a las denuncias, el viernes pasado los cuatro agentes acusados quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes.

El alcalde de Mérida, Renán Barrera, ha justificado la detención del joven, originario del estado de Veracruz, porque “estaba intoxicado” y por “alteración del orden pública”; incluso aseguró que no había evidencia de abuso policial.

Sin embargo, el caso ha tomado fuerza, luego de que el  fin de semana se difundiera un video de la detención en el que seis policías someten a Ravelo e, incluso, uno coloca su rodilla sobre su pecho mientras está en el suelo.

Ante los crecientes reclamos, agrupados en el movimiento #JusticiaParaJoséEduardo, que se ha hecho viral en las redes sociales, López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atender el asunto.

“Que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República, el Ejecutivo federal, presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que no se quede en el ámbito local este asunto y que se vaya al fondo”, sostuvo.

María Ravelo ha denunciado que el alcalde de Mérida le ofreció 2.5 millones de pesos para desistirse de sus denuncias. Ante esa situación, la madre ha pedido una audiencia con López Obrador, quien este lunes afirmó que no hace falta. “Es lo que puedo mandarle decir a la señora, que voy a intervenir”, declaró.

El mandatario también ha criticado al Poder Judicial por la liberación de los policías acusados. “Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es solo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, sentenció.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó este jueves que la denuncia que el gobierno de México presentó en contra empresas de armas de Estados Unidos es “respetuosa” con el gobierno de su homólogo Joe Biden, y defendió que un mayor control en el comercio armamentístico “ayudaría mucho” a nuestro país.

“Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas”, respondió AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que la cancillería dio a conocer ayer una histórica demanda contra un grupo de empresas armamentísticas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

“No es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino a la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control”, añadió el presidente este jueves.

López Obrador criticó que en Estados Unidos las armas “se compren hasta por internet” y luego se introducen a México, donde acaban en manos de la delincuencia.

“Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada y ellos lo saben que es para nuestro país el destino de esas armas”, aseguró el mandatario.

López Obrador admitió que la demanda no es algo que se vaya a resolver pronto, pero defendió que “ayudaría mucho el control de las armas” en Estados Unidos. “Vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso a las leyes de Estados Unidos”, defendió.

Esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, en contra del grupo de empresas y no en contra del gobierno estadounidense.

La meta de la medida legal es la reparación del daño y la no repetición de los hechos, aunque el gobierno no aclaró cuál será el monto exigido.

Según datos expuestos por la SRE, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios al año. Además, representan un costo de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

Un tribunal dio la orden este jueves al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa para denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los secretarios de Salud y Hacienda por desacato para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer.

La denuncia será en contra de Jorge Alcocer, secretario de Salud, así como contra Arturo Herrera, ahora extitular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas.

Dicha denuncia será por incumplimiento de una suspensión que ordenó garantizar el abasto de medicamentos oncológicos en el país.

Esto deriva del juicio de amparo que interpuso la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP), por la falta de medicamentos oncológicos.

Dicho desabasto ha impedido, según detalló la AMOHP, prestar la atención médica debida y urgente requerida a 260 niños y adolescentes pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La querella fue presentada el pasado 16 de julio, y fue otorgada en julio de 2020, por lo que ahora la FGR deberá integrar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios por el delito de desacato previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo.

De proceder la sanción, esta sería de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación hasta por nueve años para desempeñar cargos públicos y una multa hasta por 44,810 pesos.

Las secretarías de Salud y de Hacienda han negado responsabilidad en el abastecimiento de estos medicamentos en los hospitales públicos, sin embargo, las compras consolidadas de estos insumos en todo el 2020 estuvieron bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor de la SHCP.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos se agudizó en 2019 tras la llegada al poder de López Obrador, cuyo Gobierno modificó los métodos de adquisición de medicamentos para combatir la corrupción y los monopolios farmacéuticos, y además hizo recortes presupuestarios.

Como una manera de solucionar la situación, el gobierno federal encargó en junio de 2020 a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el nuevo sistema de compras, sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto el problema.

El pasado martes, el gobierno aseguró que ha resuelto el desabastecimiento de medicamentos tras invertir 76,969 millones de pesos en licitaciones propias y con la UNOPS.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien es acusado de corrupción.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya exonerado a Vargas Valdez,, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.

“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, informó el organismo en un comunicado.

El pronunciamiento de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, se produce tras reportarse en el periódico Reforma que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra Vargas el pasado 15 de junio.

Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos por 36.7 millones de pesos al magistrado presidente del TEPJF, de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

José Luis Vargas declaró en diciembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

“José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”, reiteró este lunes la UIF.

El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder en turno, que ahora es Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la polémica que generó la decisión de la FGR, la UIF aseguró que impugnó el “ejercicio de la no acción penal” ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Hacienda incluso notificó de nueva información del caso.

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ya enfrenta un juicio por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

La UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía y acusa a Lozoya de presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Lozoya, la UIF ha denunciado a otras 11 personas físicas y 33 personas jurídicas. La Secretaría de Hacienda considera que las operaciones en cuestión beneficiaron a servidores públicos y sirvieron también para financiar campañas políticas. De 2014 a 2016 la UIF ubicó transferencias por unos 150 millones de dólares.

La UIF ha detallado que, después de una investigación, ha identificado la puesta en marcha de un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht y que supuestamente funcionaba a tres niveles.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero”, señaló la SHCP en un comunicado.

Recordemos que Lozoya es investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Lozoya no ha pisado la cárcel pues al llegar a México fue trasladado a un hospital y posteriormente consiguió llevar su proceso en arresto domiciliario tras acogerse a la figura de testigo colaborador. Es el único funcionario mexicano de alto rango que enfrenta cargos en el marco de la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y que se extendió a distintos países de América Latina.

El Partido Encuentro Solidario (PES) de México informó este jueves que denunciará a su coordinador de redes sociales (community manager), luego de que sus cuentas en Twitter y Facebook difundieran mensajes en favor del colectivo LGBT y el matrimonio igualitario, temas que no apoya el partido.

Los mensajes en apoyo a la comunidad LGBT comenzaron a aparecer desde la tarde de ayer en la cuenta de Twitter del PES, la mayoría acompañados de una bandera arcoíris.

Dichas publicaciones en pro del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) choca con la conservadora frase del 2 de junio publicada en la misma red social del PES: “Compromiso por la vida. Es un derecho fundamental, inalienable, e indescriptible y debe ser protegido desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida”.

Durante horas, se publicaron en esta página y se retuitearon miles de veces mensajes en favor del colectivo LGBT o directamente chistosos, como “Estamos perdidas” o “Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo”. “Tendremos más ‘likes’ que votos, por un México para todas y todos”.

Además, algunos mensajes apuntaron a que el partido debe “meses” de sueldo a los gestores de sus redes y aseguraron: “No es hackeo, es justicia”.

En un comunicado, el PES rechazó que las cuentas oficiales de Twitter y Facebook fueran “secuestradas” presuntamente por falta de pago al community manager.

“Es rotundamente falso ya que todos los compromisos adquiridos fueron finiquitados en tiempo y forma”, indicó el PES, que según los resultados electorales estaría próximo a perder su registro como partido nacional.

“Ante esta situación, el PES acudirá ante las instancias judiciales correspondientes para presentar las denuncias penales en contra de quien resulte responsable, así como de quien controla la administración de las redes sociales del PES”, subrayó la dirigencia del partido.

La denuncia se presentará por “el daño moral que ha causado a nuestra institución, toda vez que se trata de un delito cibernético en el que presuntamente han participado”.

Puntualizaron que en el Partido Encuentro Solidario (PES) siempre han tenido una “ideología propia, basada en un marco de respeto sin agredir a quienes piensen distinto a nosotros”, asegurando que respetan los “postulados ideológicos” de todo el mundo.

Recordemos que para las elecciones de 2018, el PES (antes Partido Encuentro Social) se alió al Partido del Trabajo y con Morena, coalición que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Dicha coalición fue muy criticada por los valores conservadores del PES que chocaban, en un principio, con la ideología de izquierda de los otros dos partidos.

En las elecciones del pasado 6 de junio, el PES obtuvo menos del 3% de los votos, por lo que perderá su registro y no podrá contender en las presidenciales de 2024.