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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) subrayó este jueves que la denuncia que el gobierno de México presentó en contra empresas de armas de Estados Unidos es “respetuosa” con el gobierno de su homólogo Joe Biden, y defendió que un mayor control en el comercio armamentístico “ayudaría mucho” a nuestro país.

“Nos apegamos a la legalidad. No es un gesto injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas”, respondió AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

Y es que la cancillería dio a conocer ayer una histórica demanda contra un grupo de empresas armamentísticas de Estados Unidos a las que acusa de llevar a cabo prácticas negligentes que facilitan el tráfico de armas y la violencia en México.

“No es en contra de la enmienda que da derecho a los estadounidenses de portar armas, sino a la forma en que se fabrican y se venden estas armas que llegan a nuestro país y causan muertes porque no hay ninguna limitación ni control”, añadió el presidente este jueves.

López Obrador criticó que en Estados Unidos las armas “se compren hasta por internet” y luego se introducen a México, donde acaban en manos de la delincuencia.

“Hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada y ellos lo saben que es para nuestro país el destino de esas armas”, aseguró el mandatario.

López Obrador admitió que la demanda no es algo que se vaya a resolver pronto, pero defendió que “ayudaría mucho el control de las armas” en Estados Unidos. “Vamos a ver. Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso a las leyes de Estados Unidos”, defendió.

Esta demanda se interpuso ante una corte federal en Boston, en Massachusetts, en contra del grupo de empresas y no en contra del gobierno estadounidense.

La meta de la medida legal es la reparación del daño y la no repetición de los hechos, aunque el gobierno no aclaró cuál será el monto exigido.

Según datos expuestos por la SRE, más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17,000 homicidios al año. Además, representan un costo de 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB), según sus estimaciones oficiales.

Un tribunal dio la orden este jueves al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa para denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) a los secretarios de Salud y Hacienda por desacato para garantizar el abasto de medicamentos contra el cáncer.

La denuncia será en contra de Jorge Alcocer, secretario de Salud, así como contra Arturo Herrera, ahora extitular de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de la oficial mayor de la SHCP, Thalía Lagunas.

Dicha denuncia será por incumplimiento de una suspensión que ordenó garantizar el abasto de medicamentos oncológicos en el país.

Esto deriva del juicio de amparo que interpuso la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica (AMOHP), por la falta de medicamentos oncológicos.

Dicho desabasto ha impedido, según detalló la AMOHP, prestar la atención médica debida y urgente requerida a 260 niños y adolescentes pacientes en el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La querella fue presentada el pasado 16 de julio, y fue otorgada en julio de 2020, por lo que ahora la FGR deberá integrar una carpeta de investigación en contra de los funcionarios por el delito de desacato previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo.

De proceder la sanción, esta sería de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación hasta por nueve años para desempeñar cargos públicos y una multa hasta por 44,810 pesos.

Las secretarías de Salud y de Hacienda han negado responsabilidad en el abastecimiento de estos medicamentos en los hospitales públicos, sin embargo, las compras consolidadas de estos insumos en todo el 2020 estuvieron bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor de la SHCP.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos oncológicos se agudizó en 2019 tras la llegada al poder de López Obrador, cuyo Gobierno modificó los métodos de adquisición de medicamentos para combatir la corrupción y los monopolios farmacéuticos, y además hizo recortes presupuestarios.

Como una manera de solucionar la situación, el gobierno federal encargó en junio de 2020 a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) el nuevo sistema de compras, sin embargo, hasta ahora no se ha resuelto el problema.

El pasado martes, el gobierno aseguró que ha resuelto el desabastecimiento de medicamentos tras invertir 76,969 millones de pesos en licitaciones propias y con la UNOPS.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este lunes que impugnó la exoneración de José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien es acusado de corrupción.

La UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya exonerado a Vargas Valdez,, denunciado por la UIF en 2020 por enriquecimiento ilícito superior a los 36 millones de pesos.

“Respecto al caso de José Luis ‘N’, esta unidad ya presentó un recurso de inconformidad, misma que fue admitida, y también presentó una nueva denuncia el 22 de junio del presente año contra de 6 personas, 2 físicas y 4 morales”, informó el organismo en un comunicado.

El pronunciamiento de la UIF, que encabeza Santiago Nieto, se produce tras reportarse en el periódico Reforma que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cerró la carpeta de investigación contra Vargas el pasado 15 de junio.

Recordemos que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó la denuncia en 2020 tras encontrarle gastos por 36.7 millones de pesos al magistrado presidente del TEPJF, de 2013 a la fecha, pese a haber declarado en ese periodo un ingreso de 16.7 millones de pesos.

José Luis Vargas declaró en diciembre ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción porque la UIF detectó compras de propiedades en zonas de lujo de Ciudad de México, Estado de México y Miami.

“José Luis ‘N’, un familiar y personas físicas y morales operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad”, reiteró este lunes la UIF.

El caso ha cobrado relevancia porque el jurista llegó en 2016 a la Sala Superior del TEPJF nominado por el entonces mandatario, Enrique Peña Nieto, y en noviembre pasado se convirtió en presidente del Tribunal Electoral.

La oposición ha acusado al magistrado de estar sesgado a favor del partido en el poder en turno, que ahora es Morena con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ante la polémica que generó la decisión de la FGR, la UIF aseguró que impugnó el “ejercicio de la no acción penal” ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Hacienda incluso notificó de nueva información del caso.

“Se conocieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no se justifica, al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de empresas con características de posibles fachada”, sostuvo la dependencia.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya, quien ya enfrenta un juicio por uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho.

La UIF presentó la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía y acusa a Lozoya de presuntos delitos de corrupción y desvío de recursos a través de contratos otorgados a 34 empresas vinculadas con la constructora brasileña Odebrecht.

Junto a Lozoya, la UIF ha denunciado a otras 11 personas físicas y 33 personas jurídicas. La Secretaría de Hacienda considera que las operaciones en cuestión beneficiaron a servidores públicos y sirvieron también para financiar campañas políticas. De 2014 a 2016 la UIF ubicó transferencias por unos 150 millones de dólares.

La UIF ha detallado que, después de una investigación, ha identificado la puesta en marcha de un esquema de lavado de dinero en Pemex que consistió en contratos millonarios otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht y que supuestamente funcionaba a tres niveles.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “identificó un esquema de lavado de dinero en Pemex durante 2012 a 2016 por medio de contratos otorgados a 34 empresas relacionadas con Odebrecht, por millonarias cantidades de dinero”, señaló la SHCP en un comunicado.

Recordemos que Lozoya es investigado por dos casos de corrupción, uno vinculado a la constructora brasileña Odebrecht y otro a la empresa de fertilizantes mexicana Agronitrogenados. Fue detenido el 12 de febrero de 2020 en Málaga, y extraditado el 17 de julio a México.

Lozoya no ha pisado la cárcel pues al llegar a México fue trasladado a un hospital y posteriormente consiguió llevar su proceso en arresto domiciliario tras acogerse a la figura de testigo colaborador. Es el único funcionario mexicano de alto rango que enfrenta cargos en el marco de la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y que se extendió a distintos países de América Latina.

El Partido Encuentro Solidario (PES) de México informó este jueves que denunciará a su coordinador de redes sociales (community manager), luego de que sus cuentas en Twitter y Facebook difundieran mensajes en favor del colectivo LGBT y el matrimonio igualitario, temas que no apoya el partido.

Los mensajes en apoyo a la comunidad LGBT comenzaron a aparecer desde la tarde de ayer en la cuenta de Twitter del PES, la mayoría acompañados de una bandera arcoíris.

Dichas publicaciones en pro del colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) choca con la conservadora frase del 2 de junio publicada en la misma red social del PES: “Compromiso por la vida. Es un derecho fundamental, inalienable, e indescriptible y debe ser protegido desde el momento de la concepción hasta la muerte natural no inducida”.

Durante horas, se publicaron en esta página y se retuitearon miles de veces mensajes en favor del colectivo LGBT o directamente chistosos, como “Estamos perdidas” o “Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo”. “Tendremos más ‘likes’ que votos, por un México para todas y todos”.

Además, algunos mensajes apuntaron a que el partido debe “meses” de sueldo a los gestores de sus redes y aseguraron: “No es hackeo, es justicia”.

En un comunicado, el PES rechazó que las cuentas oficiales de Twitter y Facebook fueran “secuestradas” presuntamente por falta de pago al community manager.

“Es rotundamente falso ya que todos los compromisos adquiridos fueron finiquitados en tiempo y forma”, indicó el PES, que según los resultados electorales estaría próximo a perder su registro como partido nacional.

“Ante esta situación, el PES acudirá ante las instancias judiciales correspondientes para presentar las denuncias penales en contra de quien resulte responsable, así como de quien controla la administración de las redes sociales del PES”, subrayó la dirigencia del partido.

La denuncia se presentará por “el daño moral que ha causado a nuestra institución, toda vez que se trata de un delito cibernético en el que presuntamente han participado”.

Puntualizaron que en el Partido Encuentro Solidario (PES) siempre han tenido una “ideología propia, basada en un marco de respeto sin agredir a quienes piensen distinto a nosotros”, asegurando que respetan los “postulados ideológicos” de todo el mundo.

Recordemos que para las elecciones de 2018, el PES (antes Partido Encuentro Social) se alió al Partido del Trabajo y con Morena, coalición que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Dicha coalición fue muy criticada por los valores conservadores del PES que chocaban, en un principio, con la ideología de izquierda de los otros dos partidos.

En las elecciones del pasado 6 de junio, el PES obtuvo menos del 3% de los votos, por lo que perderá su registro y no podrá contender en las presidenciales de 2024.

El titular de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), José Agustín Ortiz Pinchetti, ofreció su segundo mensaje en lo que va de la jornada electoral, en el que actualizó la información dando a conocer que se han reportado sólo 12 denuncias por delitos federales, es decir, las que tienen que ver con la renovación de la Cámara de Diputados.

Reiteró que a través de los sistemas de atención de FEDENET y FEDETEL se han atendido alrededor de dos mil 400 llamadas, la mayoría de ellas corresponden a orientación ciudadana.

De acuerdo con la información recibida en los estados y en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR), indicó que Michoacán y Oaxaca son los estados con más denuncias por posibles delitos electorales del orden federal, con tres y dos, respectivamente.

“Esperamos el reporte de más denuncias que sean serias y eficaces”, manifestó Ortiz Pinchetti.

Asimismo, comentó que de acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), casi 90% de las casillas se instalaron y consideró como positivo que un gran número de votantes hayan salido a las urnas, pese a los incidentes focalizados que se han registrado en diferentes estados del país.

“Este fenómeno de la afluencia es el más interesante que puedo reportarles a ustedes, y yo lo veo vinculado a algo que se llama confianza. La gente está saliendo a votar porque siente que no van a ser engañados, que no es previsible el resultado, que hay incertidumbre democrática”, comentó el titular de la FISEL

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que presentará una sexta denuncia por corrupción contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra implicado en la trama de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Fuentes de la institución informaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Lozoya Austin por el desvío de 1,400 millones de pesos a una empresa cuyo nombre no desvelaron.

Con esta sumarán seis las denuncias presentadas por la UIF en contra de Lozoya, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que Emilio Lozoya fue extraditado el año pasado desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad condicional. Uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos de obras públicas en los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Veracruz.

El otro juicio es por comprar presuntamente la planta de fertilizantes Agronitrogenados al director de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, a cambio de un soborno con el que se compró una lujosa casa en la capital del país.

La llegada de Lozoya a México supuso un terremoto político ya que cerró un acuerdo con la Fiscalía para afrontar sus procesos judiciales en libertad a cambio de develar y denunciar la trama de corrupción que implica al menos a 70 personas de la clase política mexicana.

En la denuncia que presentó, el exdirector de Pemex aseguró que el expresidente Peña Nieto y uno de sus colaboradores más cercanos, Luis Videgaray, quien fungió como secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, le obligaron a recibir estos sobornos y a usarlos para repartir dinero en el Congreso a cambio de apoyo a las reformas que el entonces gobierno federal presentaba.

También señaló a los expresidentes Felipe Calderón, por corrupción en la compra de la planta Etileno XXI por parte de Pemex, y a Carlos Salinas de Gortari, quien habría presionado para lograr contratos para su hijo.

Además, señala a varios legisladores principalmente de la oposición, entre ellos los actuales gobernadores de Querétaro y de Tamaulipas, Francisco Domínguez y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quienes supuestamente recibieron sobornos a cambio de votar a favor de la reforma energética de Peña Nieto.

El PAN presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) una ampliación de denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que presentó en días pasados por hacer propaganda gubernamental y expresiones político-electorales durante sus conferencias mañaneras.

Acción Nacional dijo que dichas acciones del presidente son muestra clara de la intervención que el mandatario ha tenido en el actual proceso electoral, así como una transgresión a los principios de neutralidad, imparcialidad, certeza y legalidad.

El pasado 19 de mayo, el PAN solicitó la suspensión definitiva de las conferencias mañaneras por la reincidencia en los ataques a la oposición y la propaganda gubernamental en pleno proceso electoral por parte del mandatario; en esta ocasión, se amplío la información específicamente por lo expresado el 20 de mayo, donde AMLO dijo que la oposición está buscando en las elecciones obtener la mayoría en la Cámara de Diputados para poder “repartirse y robarse” el presupuesto público.

En la ampliación de denuncia, Acción Nacional pide a la autoridad electoral instaurar el procedimiento sancionador correspondiente por la violación reiterada a la normatividad constitucional y electoral, que se dicten las medidas cautelares necesarias y las sanciones que en derecho correspondan.

Solicitaron que se suspendan de forma inmediata los ataques a los partidos de oposición y la difusión de propaganda gubernamental dentro del periodo de las campañas federales y locales.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, advirtió que no dejarán pasar una mentira más del presidente ni que se siga entrometiendo en las elecciones y, para ello, a cada mentira habrá una denuncia pública y a cada transgresión a la ley habrá una acción legal.

“Señor Presidente, deje de mentir a los mexicanos, con la nueva mayoría en la Cámara de Diputados no vamos a quitar ningún programa social, sino todo lo contrario, nosotros queremos mejorarlos para que lleguen puntuales, completos y parejos para quienes realmente lo necesitan, además queremos recuperar los programas y fondos que usted eliminó por capricho como el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, Prospera y Procampo”, señaló el dirigente nacional.

Aseguró que el PAN no malgastan el presupuesto tal como AMLO lo está haciendo destinando los recursos públicos en proyectos personales que técnicamente son inviables y sin futuro. “Usted sí está tirando el dinero de los mexicanos a la basura”, subrayó.

Cortes Mendoza finalizó indicando que lo que se busca es recuperar los equilibrios y contrapesos que México necesita.

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una denuncia sobre hechos y violaciones constitucionales en las que ha incurrido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante el actual proceso electoral.

El partido de oposición dijo que los actos en que ha incurrido López Obrador conforman una conducta violatoria a la Carta Democrática Interamericana, razón por la cual recurrieron a la OEA.

Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, explicó que las acciones y expresiones de AMLO han violentado el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana. “La intervención del Presidente de la República no permite el adecuado ejercicio del proceso electoral y a una contienda de acceso al poder en condiciones de igualdad entre todas las fuerzas políticas, en este punto, se ven especialmente afectados los partidos de oposición al Gobierno Federal”, dijo.

El también senador con licencia afirmó que México atraviesa por una polarización exacerbada, producto de la posición que ha marcado López Obrador, así como un clima de inseguridad y violencia que el Estado mexicano no ha podido frenar.

Recordó que hasta hoy se registran 32 candidatas y candidatos asesinados; el más reciente de éstos ocurrió el 13 de mayo pasado, cuando un grupo de civiles armados asesinaron al candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta.

Castañeda subrayó que el fue el propio presidente quien, en la mañanera del 11 de mayo pasado, respondió a pregunta expresa de una periodista que sí estaba metiendo las manos al proceso electoral. Acusó que se está haciendo un uso faccioso de las instituciones por parte del gobierno federal, como son la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para incidir en las elecciones y perseguir a líderes opositores, así como a autoridades electorales.

El líder de Movimiento Ciudadano enfatizó que el presidente y funcionarios de su gobierno han realizado sistemáticamente ataques contra la autonomía de las entidades electorales; señaló que tan solo el presidente ha desacatado la invitación del INE para que no haga promoción de los programas federales durante el periodo electoral.

Remató indicando que la insistencia de AMLO hablar de fraude electoral, va en el sentido de que se asume como el “gran guardián de las elecciones”.

Por su parte Acción Nacional también externó a la OEA su preocupación ante la intromisión del presidente López Obrador en las elecciones, pues dijo, funge como vocero principal de la campaña morenista y realiza desde Palacio Nacional una contra campaña hacia el PAN y la coalición Va por México.

“Todas las mañanas desde Palacio Nacional, haciendo uso y abuso de los recursos públicos, pareciera más el jefe de campaña del partido de Morena que Jefe del Estado mexicano y aquí en nuestro país eso no se puede, está claramente prohibido”, puntualizó.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, señaló que desde la FGR se está persiguiendo a los candidatos de la oposición, abriéndoles carpetas de investigación en la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Fiscalía.

Señaló ante representantes de la OEA, el hecho de que el PAN y la coalición Va por México sean cada vez más competitivos en las encuestas, puede generar también mayor presión, uso, abuso de los programas y de los recursos públicos contra los líderes de oposición y las voces disidentes partidistas, así como empresariales, sociales y de medios de comunicación.

El Presidente del PAN advirtió que hay un gobierno que atosiga, amenaza y persigue a actores políticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió que la denuncia que hiciera, en repetidas ocasiones en sus conferencias matutinas, sobre la entrega de tarjetas por parte del candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León tuviera “efecto”.

“Qué bien que tuvo efecto nuestra denuncia porque es un mal que se entreguen tarjetas o despensas o se compren votos en las elecciones”, dijo AMLO.

Y es que el mandatario fue cuestionado sobre que la práctica de entregar tarjetas de apoyo económico como promesa de campaña por parte de otros candidatos en diversas partes del país, entre los que se encuentran abanderados de Morena y del Partido Verde, aliado de su gobierno.

Al respecto, AMLO pidió que se denuncien todos los intentos de compra de votos “sean del partido que sean”.

“Hay que denunciar todos los casos, sean del partido que sean, porque es ilegal la compra del voto de manera directa o simulada”, expresó el mandatario.

Recordemos que a menos de un mes de las elecciones del próximo 6 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que investiga por delitos electorales a los candidatos a gobernador de Nuevo León del Movimiento Ciudadano (MC) y del PRI, Samuel García y Adrián de la Garza, respectivamente, ambos punteros en las encuestas.

López Obrador reveló ayer que su gobierno está detrás de esta investigación, lo que provocó que en redes sociales se señalara que candidatos de Morena, como Clara Luz Flores en Nuevo León, o Carlos Lomelí, candidato de Morena a la alcaldía de Guadalajara, o Ricardo Gallardo, candidato del Partido Verde al gobierno de San Luis Potosí. Todos, se ha documentado, han prometido tarjetas con apoyos económicos si ganan los comicios.

López Obrador opinó que ofrecer dinero de esta manera “está muy mal” y “es antidemocrático”, puesto que “el voto tiene que ser libre y secreto”. “Si hicimos una denuncia y salen otros casos, qué bueno”, añadió.

Al respecto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que López Obrador rompió el principio de “imparcialidad” al admitir que había “metido las manos en la elección” con su denuncia contra los candidatos opositores.

Sin embargo, AMLO restó importancia a las declaraciones del consejero del INE, e incluso acusó que Córdova “no es un demócrata” y que “lo ha demostrado suficiente”. “Un demócrata no puede permitir que se compren votos, no se puede hacer la vista gorda ante un fraude”, arremetió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo este martes que apoya la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por la supuesta compra de votos y uso ilícito de recursos contra los dos candidatos punteros para la gubernatura de Nuevo León.

“Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la Fiscalía abrió una investigación contra dos candidatos al gobierno de Nuevo León. Yo apoyo esa decisión de la Fiscalía. Que lo denuncie porque es un delito electoral”, dijo el presidente en su conferencia matutina.

Y es que ayer, la Fiscalía anunció que investiga a los candidatos de Movimiento Ciudadano y del PRI, Samuel García y Adrián de la Garza, quienes lideran las encuestas, incluso por encima del panista Fernando Larrazabal, y de Clara Luz Flores de Morena, quien ha sido desplazada hasta el cuarto sitio cuando al inicio de la campaña se encontraba en primer lugar. .

Samuel García está señalado por usar recursos de origen ilícito con fines electorales mientras que a De la Garza se le investiga por supuesta compra de votos.

Cuestionado el presidente sobre si está detrás de la investigación, AMLO respondió que sí. “¿Cómo no voy a tener que ver? Claro que sí”; recordó que en días pasados señaló, durante una de sus conferencias, al priista De la Garza por repartir supuestas tarjetas a cambio del voto.

“Un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra del voto encubierta y descarada. Que investigue la Fiscalía y se aplique la ley. Es delito grave el fraude electoral”, dijo López Obrador.

“Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude”, añadió el presidente, asegurando que él no se callará como lo hacen Reforma y EL Norte.

Sobre la denuncia contra Samuel García, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que depende del gobierno, López Obrador dijo que estaba enterado y que este organismo tiene la consigna de que “todo lo que pueda significar un delito lo tienen que enviar a la Fiscalía”.

Preguntado sobre si no le preocupa que el INE lo vaya a sancionar por seguir interviniendo en temas electorales pese a la veda que existe debido al desarrollo de las campañas, AMLO aseguró que no pues “es mi obligación denunciar el fraude, es un mal que aqueja a la nación el fraude electoral”.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Adrián de la Garza aseguró que la investigación que inició en su contra la FGR confirma la persecución política de la que ha sido víctima, indicando que el motivo es por su intención de “proteger a las mujeres”, en referencia a la tarjeta que está entregando y que es el motivo de las denuncias que ha recibido.

El priísta aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cinco días atacándolo pues va arriba en las encuestas. Cuestionó cuándo se ha visto que ataquen a alguien que no es puntero.

Además, insistió en su señalamiento de que Samuel García es el candidato al que ahora apoyan desde Palacio Nacional, situación que él ha expuesto. “La denuncia contra Samuel García es una simulación”, aseguró De la Garza; afirmó que al final del día, al abanderado de MC no le harán nada.

Este lunes se filtró la solicitud que la Secretaría de la Función Pública (SFP) hiciera al Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a fin de investigar una denuncia recibida el pasado 6 de diciembre, en el que se alerta sobre una “vacunación clandestina” contra el Covid-19, entre el personal de la cancillería.

De acuerdo con un oficio con fecha del 18 de diciembre de 2020, la Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP informa que recibió una denuncia en la que se señala a la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, y a Javier Jileta, ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, de dar acceso a la vacuna contra el Covid-19 de la empresa china CanSino Biologics, a funcionarios de la dependencia.

La denuncia refiere que la vacunación clandestina se ha realizado desde mediados de noviembre pasado a personal de la SRE, bajo la figura de “voluntario del ensayo clínico”, mismo que se realiza en nuestro país.

Se detalla que la vacunación se ha llevado a cabo en las oficinas de la empresa Epic Research, ubicada en la colonia Ciudad Jardín, y quien es la responsable del proyecto de la firma china en México.

“Además, señalan que Martha Delgado, subsecretaria en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Javier Jileta han incurrido en cohecho, utilización indebida de información, abuso de funciones, etc. Al dar acceso a vacunas (no placebo) no autorizadas por Cofepris a diversos funcionarios dentro de la administración pública y convertir ese predio en centro de vacunación no autorizado”, se lee en el oficio girado por el subsecretario Roberto Salcedo.

Se indica que al ser un asunto en el que se presumen faltas administrativas de servidores, se notificó de la denuncia al titular del OIC, Octavio Díaz García de León, para que proceda a investigar los hechos expuestos en la denuncia.

Al respecto, la subsecretaria Martha Delgado, al igual que la propia cancillería, emitieron un posicionamiento, en el que rechazaron las acusaciones, y recordaron que el papel de la SRE ha estado enfocado en la obtención de vacunas, así como en facilitar la realización de estudios clínicos fase III de diversas farmacéuticas en nuestro país.

“Es importante reiterar que una vez que las vacunas tocan suelo mexicano, la Cancillería no tiene injerencia alguna sobre el manejo de las mismas”, aclara la dependencia.

Relatan que como parte de los estudios clínicos fase III que realiza CanSino Biologics en México, desde principios de noviembre pasado se lanzó una campaña para reclutar a 15,000 voluntarios, a fin de probar la vacuna. Precisaron que la convocatoria fue pública, por lo que empleados de distintas dependencias de la administración pública federal, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribieron en los ensayos.

La dependencia recordó que el propio canciller utilizó sus redes sociales para compartir los datos de los centros de inscripción para el ensayo clínico.

La subsecretaria Delgado solicitó se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer las acusaciones en su contra, además de que pidió transparentar el manejo de las vacunas de CanSino Bio que se utilizan para la realización de la Fase III en México,

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, ha asegurado ante una jueza estadounidense que su vida corre peligro si es extraditado a México, donde aseguró podría morir a manos del crimen organizado.

Los abogados de Duarte han indicado que existen testigos que pueden sufrir represalias por parte de la “maquinaria del estado de Chihuahua” en caso de que sus identidades fueran relevadas públicamente.

En este sentido, su equipo legal ha pedido a la jueza Lauren F. Louis que mantenga en secreto tres documentos judiciales que incluyen las declaraciones de estos testigos. Asimismo, han presentado un extenso documento en el que detallan por qué Duarte no debe ser extraditado a México.

“El señor Duarte posee evidencia no refutada de que su vida corre grave peligro si regresa a México”, han señalado los abogados, que han destacado que existe una declaración de un asesor político que asegura que Duarte sería asesinado si es encarcelado en México.

Además, otro de los informes demuestra que otros acusados han muerto en prisión, entre ellos varios individuos anteriormente asociados al ahora exgobernador. “Además, la violencia del crimen organizado en México representa un peligro claro y presente para el señor Duarte como exgobernador de un estado del norte”, han recalcado.

Sobre este asunto han recordado la muerte del exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, que fue asesinado en un restaurante de lujo en Puerto Vallarte, presuntamente a manos del crimen organizado. “El señor Duarte corre el mismo destino que el señor Sandoval si regresa a México”, insiste el documento del cual el diario Milenio reporta esta jueves.

Un grupo de papás de niños con cáncer presentaron este miércoles una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su omisión e inactividad ante el desabastecimiento de medicamentos oncológicos.

Andrea Rocha, abogada de los familiares, explicó que la denuncia contra la presidenta de la CNDH se debe a que no ha dado ningún pronunciamiento sobre la falta de medicamentos para los niños. Acusó que “la señora no ha hecho su trabajo o emitido ningún lineamiento que pueda apoyar a los niños con cáncer”, apuntó.

Explicó que en este año se han presentado 552 quejas ante el organismo por la falta de medicamentos.

Israel Rivas, vocero de los padres de familia, manifestó que Piedra Ibarra más allá de brindar apoyo para que los pequeños tengan sus medicamentos garantizados, destituyó al primer visitador quien, en su momento, prometió iniciar una queja de oficio ante la secretaria de salud para resolver esta problemática.

Aseguró que en el tema es evidente que no hay voluntad política, “hay abandono”. Añadió que en los últimos dos años, donde se ha vivido una fuerte escasez de medicamentos oncológicos, cerca de 1,600 niños con cáncer en el país han perdido la vida. “A dos años del desabasto, a esto yo lo llamo intencional”, indicó.

Esta es la quinta denuncia que presentan los padres de familia de pequeños con cáncer, una por homicidio, otra por el robo de medicamentos oncológicos, una más por el supuesto desvío de los 500 millones de pesos obtenidos por la rifa simbólica del avión presidencial y una cuarta por la pérdida de la vista de un pequeño debido al desabastecimiento.

Israel Rivas señaló que en próximos días pedirán al gobierno mexicano que los niños con cáncer sean grupo de prioridad para ser vacunados contra el Covid-19, pues considera están en riesgo de infección y muerte.  Señaló que en el plan de vacunación no están contemplados los pequeños con tratamientos oncológicos por lo que aseveró que, de no dar prioridad a sus hijos, tomarán acciones al respecto.

Recordemos que la crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la forma de comprar las medicinas impuestos por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La Senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, expresidenta de la Mesa Directiva, presentó este miércoles una denuncia contra su compañero del PAN, Gustavo Madero, por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

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Fernández Balboa recordó que durante la toma de protesta de la titular de la CNDH, el pasado 12 de noviembre de 2019, el senador Madero la agredió físicamente; por ello dijo, su conducta debe ser investigada y sancionada conforme a derecho para enviar un mensaje de cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra las mujeres.

Detalló que en la denuncia fechada el pasado 10 de noviembre, se describieron las agresiones del senador Madero con las cuales trató de impedir el desarrollo de su labor en la dirección de la sesión del Senado, enfatizando que dichas acciones no solo le causaron daños físicos, sino también afectaciones psicológicas y emocionales que persisten hasta la fecha, debido a la actitud misógina, machista y burlona luego de los hechos.

“Esta conducta cobarde no la hubiera tenido con un hombre al frente de la Mesa Directiva. Esta conducta lamentable, contraviene lo dispuesto en las leyes de nuestro país, además de ser contraria a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, particularmente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, indicó la morenista.

La legisladora hizo un llamado a que como sociedad no se tolere la violencia política contra las mujeres, y mucho menos desde las instituciones del Estado.

Indicó que en los próximos días ratificaré la denuncia, confiada y segura de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo una investigación objetiva e imparcial.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este viernes que no interpondrá ninguna denuncia contra su antecesor Enrique Peña Nieto, por presuntamente utilizar parte de los recursos que obtuvo mediante sobornos para pagar campañas en su contra.

“No vamos a meter ninguna denuncia contra expresidentes. Vamos a esperar que la Fiscalía termine de reunir los expedientes y sean ellos quienes determinen si hay culpables o no”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador aseguró que su postura sigue siendo que no haya persecución, venganzas políticas, y que se aplique la ley con rigor, que no se fabriquen delitos y al mismo tiempo que no haya impunidad”.

Insistió en que será el pueblo quien decida si debe investigarse a los expresidentes en la consulta que se realizará en 2021, misma que fue solicitada por él y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el mes pasado.

Y es que de acuerdo con versiones periodísticas, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, afirma que el expresidente Peña Nieto utilizó parte de los sobornos que recibió de Odebrecht en la campaña presidencial de 2012 para desprestigiar a López Obrador y a la entonces candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

Lozoya abundó en su declaración que el entonces coordinador de campaña, Luis Videgaray ordenó pagar a asesores y analistas políticos, quienes debían entregarle directamente el resultado de su trabajo.

Además, esta semana se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) denunció al expresidente Peña Nieto por el delito de traición a la patria, al haber ordenado pagos por más de 121 millones de pesos que habrían sido repartidos entre miembros del Congreso para que aprobaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada tras décadas de monopolio estatal.

Al respecto, López Obrador dijo que él no podría detener ningún proceso de la FGR ya que es un organismo “autónomo”. Reiteró que su Gobierno siempre respetará la máxima de “al margen de la ley nada, por encima se la ley, nadie”.

“Se va a impartir justicia sin tendencias, ni consignas. Es un caso muy relevante porque está implicando a altos funcionarios, y es además. Es un tema electoral también porque se sostiene que este dinero, que fueron sobornos, se utilizó para campañas”, lamentó.

AMLO afirmó que se están viviendo tiempos “interesantes”, y aseguró que por primera vez no existe una consigna del presidente “ni a favor ni en contra de nadie”.

Del mismo modo, afirmó que sea cual sea la decisión de las autoridades, tanto el pueblo como las personas acusadas deben estar tranquilas porque se aplicará la ley con rigor.

Reiteró su confianza en la FGR, e indicó que como órgano autónomo tiene por primera vez un fiscal recto e íntegro, incapaz de actuar de manera indebida, lo cual debe de dar seguridad incluso a los implicados porque se impartirá justicia sin sesgos.