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El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo no conocer a profundidad la demanda que presentó en su contra la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, quien lo acusa de posibles omisiones, negligencias y mal desempeño de funciones en el manejo de la pandemia de Covid-19.

“No tengo una opinión específica sobre la denuncia, puesto que no la conozco. Sí supe que la presentaron y estaré pendiente de lo que instruya la Secretaría de la Función Pública. Todas y todos los funcionarios siempre tenemos que estar listos para responder a cualquier cuestionamiento”, dijo el funcionario encargado de la estrategia para atender la pandemia en el país.

López-Gatell indicó que aunque respeta a Movimiento Ciudadano, al igual que el resto de los partidos políticos, la demanda responde a los periodos políticos; en ese sentido recordó que los partidos políticos tienen a hacer política, y “en este momento seguramente los tiempos políticos ya están en cierta manera invitándoles a tomar acciones políticas demostrativas, quizá para posicionarse, quizá para mostrar alguna clase de intensidad o fuerza”.

El subsecretario de Salud aseguró que él no se mete en temas de política, y debe ser respetable que los partidos tengan deseos de ser visibles, para lo que cada quien buscará el medio de hacerlo.

Recordemos que el Coordinador Nacional y el Secretario General de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, presentaron una denuncia ciudadana ante la SFP, acusando las decisiones “negligentes” de López-Gatell al frente de la estrategia nacional contra el Covid-19.

Expusieron que las decisiones de López-Gatell han tenido severas consecuencias en la salud y la vida de las y los mexicanos.

“La negligencia de López-Gatell ha costado vidas al pueblo de México; ha sido negligente al no observar los principios de profesionalismo, disciplina, honradez, eficacia, eficiencia, imparcialidad y de integridad, de acuerdo al Artículo 109 Constitucionales y séptimo de la Ley General de Responsabilidad Administrativas: López-Gatell ha sido el doctor más negligente en la historia de México, sus decisiones han rebasado ya un costo humano de 40 mil vidas”, dijo Álvarez Máynez después de presentar la denuncia.

En la demanda se señala que Hugo López-Gatell ha sido negligente cuando a pesar de las recomendaciones de la OMS de aplicar de manera masiva pruebas diagnósticas como una acción indispensable para prevenir, identificar y controlar brotes, negó su utilidad. Negligente cuando a pesar de la evidencia científica aportada por países de todo el mundo que implementaron el uso obligatorio de cubrebocas como una medida para contener la propagación del virus, él recomendó a las y los mexicanos no hacer caso de esta medida, incluso la calificó como un mito.

En la denuncia, Movimiento Ciudadano, se solicita a la SFP una investigación por probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos y que pudieran derivar en una o varias faltas administrativas.

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El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por el retraso en la publicación de la reglas de operación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba indicó que la denuncia se presentó en contra de AMLO, del secretario de Salud y del titular del Insabi, y exigieron a la Secretaría de la Función Pública a investigar a los funcionarios por dichas fallas.

“Exigimos a la doctora Irma Eréndira Sandoval su urgente intervención para que se aplique la ley”, señaló la bancada panista.

Explicó que la denuncia se sustenta en que dichas omisiones vulneran los derechos de 60 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social y que están en serio riesgo frente a la pandemia de coronavirus.

“Debe obligárseles a trabajar en atender las necesidades del sistema de salud que hoy están en incertidumbre, expedirse los reglamentos, reglas claras para el uso de los fondos, clarificar los procedimientos para la entrega de recursos a las entidades federativas y ampliar la cobertura de enfermedades que provocan gastos catastróficos, de lo contrario habrá más sufrimiento y muertes”, dijo Ramírez Barba.

El diputado dijo que el Gobierno Federal actuó sin una planeación adecuada y hoy está rebasado, además de que lamentó que haya un desprecio hacia la población que se atendía en el Seguro Popular, “nula voluntad” de coordinación con los estados y una “franca ignorancia e incompetencia” en Juan Ferrer Aguilar, titular del Insabi.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este jueves que interpuso una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicios en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que encabeza la jueza María del Rosario Castillo Sánchez.

Mediante un comunicado, el CJF señaló que recibieron información que amerita una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, alías “El Mochomo”, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Consejo de la Judicatura señaló que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de las juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero enfatizó que toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

“No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”, dijo el CJF.

Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que aunque se apoyará a las y los servidores públicos del Poder Judicial que son honestos y trabajan por el país., cualquier sospecha de corrupción será investigada.

“Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, remató.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención de “El Mochomo”, éste quedara en liberad.

“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.

La actual dirigencia de Morena, a cargo de Alfoso Ramírez Cuellar, presentó a inicios de semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra Yeidckol Polevnsky, por haber autorizado el pago de 395 millones de pesos por concepto de obras a inmuebles que no se han llevado a cabo.

Y aunque se trata de una denuncia de hechos, por lo que será el Ministerio Público quien determine los delitos que se persigan, Morena espera que a Polevnsky se le imputen los delitos de daño patrimonial y lavado de dinero.

Se espera que en breve, la Fiscalía informe sobre qué instancia se encargará de dar trámite a la denuncia, aunque se ha señalado que podría ser la fiscalía anticorrupción quien atraiga la denuncia.

Y es que de acuerdo a una auditoria que ordenó Ramírez Cuellar a su llegada a la dirigencia nacional, la Secretaría de Finanzas de Morena, aún con Polevnsk al frente, autorizó un pago de 395 millones de pesos a dos empresas pertenecientes a Grupo Ebor.

Polevnsky firmó el 29 de diciembre dos contratos por concepto de obras de remodelación, adaptación y mantenimiento, así como suministro de mobiliario, equipo de cómputo y sistemas de seguridad para las oficinas que adquiriera el partido. El pago correspondiente se realizó días después de la firma.

La actual dirigencia del partido ha señalado que los pagos efectuados constituyen un daño patrimonial al partido debido a que las obras contratadas no se llevaron a cabo.

Por su parte, la Secretaria General de Morena, ha declarado que las obras no se realizaron porque desde que dejó la dirigencia, no se ha permitido iniciar los trabajos de las empresas contratadas. La exdirigente del partido sostiene que no cometió ninguna irregularidad, y que todas las compras y contratos se realizaron conforme a la ley.

Desde 2017, cuando Polevnsky llegó a la dirigencia nacional, el partido compró inmuebles y realizó pagos por un valor de 809 millones de pesos.

La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, presentó este miércoles ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra León Manuel Bartlett Álvarez, Manuel Bartlett Díaz y Zoé Robledo Aburto por presunta utilización indebida de información privilegiada, conflicto de interés y tráfico de influencias.

En un comunicado, la bancada perredista informó que la denuncia fue presentada por el contrato que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo asignó a la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de Bartlett lvarez, por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios.

Lo anterior, debido a que cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, que es el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria por COVID-19, y a raíz de que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, convalidó la adquisición.

Según la legisladora, León Manuel Bartlett lvarez, además de ser beneficiado con el contrato aludido, recibió de distintas dependencias del gobierno federal otros seis contratos, todos por adjudicación directa excepto uno. “El monto de recursos públicos implicados alcanza en total 162 millones 240 mil pesos”.

Juárez Piña añadió que se vislumbra una utilización indebida de información privilegiada, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias, todas ellas infracciones graves contempladas por la ley.

Luego de que el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado denunciara un presunto espionaje en sus oficinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que su gobierno sea responsable de estas acciones y dijo que los paratos fueron instalados hace una década.

“Se encontraron micrófonos en el Senado. Me interesó el tema porque tengo que andar a las vivas y parece que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años cuando se inauguró el edificio del Senado”, comentó.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador dijo que la instalación de los micrófonos hace una década quedó constatado en un acta.

Y es que ayer, la bancada de Morena dio a conocer un testimonio de un trabajador de la Cámara quien señala que los micrófonos existen desde que se inauguraron las nuevas oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma, lo cual era conocimiento del mismo grupo parlamentario.

Adicional, un informe del jurídico del Senado, entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), revela que desde el 2012 el PAN fue notificado de la existencia de 61 micrófonos en su sede.

Los artefactos fueron colocados por la empresa constructora y de acuerdo al informe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado a la FGR, se detalla que en el documento de entrega recepción de la sede de Reforma e Insurgentes, entregado por Banobras al Senado, en julio del 2012, se dio constancia de “diversos sistemas tecnológicos, entre los que se encontraban el Sistema de Audio y Video Parlamentario.

La senadora de Morena por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, expresó en redes sociales que “cuando el grupo parlamentario del PAN fue mayoría en el Senado, en 2012, ‘compró e’ instaló los micrófonos”.

El jueves de la semana pasada, la sesión ordinaria de la Cámara alta fue suspendida luego de que el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, informará que se habían encontrado tres micrófonos en el salón de juntas de su bancada.

La campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha demandado al diario The New York Times (NYT) por difamación y ha acusado al periódico de publicar intencionadamente una historia “falsa” relacionada con las investigaciones sobre las interferencias de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump ha puesto la demanda en la Corte Suprema de Manhattan y busca millones de dólares por daños porque, a su juicio, el rotativo neoyorquino publicó “falsamente” que había una “conspiración con Rusia” como un hecho verídico.

Los hechos se remontan al 27 de marzo del pasado año y la campaña del presidente estadounidense hace alusión a un artículo del periodista Max Frankel titulado “The Real Trump-Russia Quid Pro Quo” (“El quid pro quo real entre Trump y Rusia” o “El ‘una cosa por otra’ real entre Trump y Rusia”).

En un comunicado, la asesora jurídica de la campaña de Trump, Jenna Ellis, expresó que han decidido demandar porque el New York Times dijo que la campaña tenía un “acuerdo general con la oligarquía de Vladimir Putin para ayudar a la compaña contra Hillary Clinton a cambio de una política exterior pro-Rusia y un alivio en las sanciones económicas”.

Para Ellis, la información publicada en el Times era “cien por cien falsa y difamatoria” y a juicio de la campaña del presidente el diario neoyorquino lo publicó siendo consciente en el momento “de la falsedad”.

Según la asesora jurídica, el New York Times tenía el propósito intencional de dañar la campaña, mientras engañaba a sus propios lectores en el proceso.

El artículo de Frankel hacía referencia a la investigación del exasesor especial Robert Mueller, que intentó documentar las evidencias de una campaña de “hackeos” por parte de Rusia agravada con propaganda en las redes sociales que supuestamente buscaban impulsar la candidatura de Trump en 2016 y dañar a su oponente demócrata Hillary Clinton.

Aunque el informe documentó numerosos contactos entre personas asociadas a la campaña de Trump con personas vinculadas a Rusia, Mueller no encontró pruebas suficientes para mostrar una conspiración criminal entre el equipo de Trump y Rusia.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso esta tarde una denuncia ante la Secretaria de la Función Pública (SFP) contra varios funcionarios federales, entre ellos los titulares del IMSS y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por el supuesto desabasto de medicamento en el país.

Karen Quiroga Anguiano, de la Dirección Nacional General Extraordinaria del partido, expuso que solicitan la destitución de los funcionarios, así como su inhabilitación como servidores públicos por considerar que cometieron delitos como omisión y daño a la Hacienda Pública.

Lo anterior, dijo, causó un daño al erario público, ya que, al no realizar la compra consolidada y no haber abasto de medicamento en los diferentes hospitales, ha generado que se tengan que hacer gastos extra no solo a nivel de contribuyente, sino gastos que deberían estar destinados para otros rubros.

Los integrantes del PRD también denuncian la presunta falta de cuidado en el ejercicio de las funciones porque, afirman se ha afectado de manera importante el derecho a la salud.

“No pensamos que sea una falta del sector salud. Se ha tratado de culpar a distintos médicos, directores del sector salud. No es ahí donde radica la culpa, la responsabilidad se tiene con nombres precisos y quien fungía la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, hoy responsable del SAT”, dijo Quiroga Anguiano.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha denunciado que existe “huachicoleo de medicamentos, y aunque el PRD no duda que esto exista, cuestionaron que “no se ha presentado absolutamente ninguna denuncia y no se tomaron las previsiones necesarias para comprar los medicamentos que eran necesarios, como el tratamiento de los niños con cáncer.

Se informó que mañana acudirán también ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer otras denuncias.

“La Secretaría de la Función Pública tiene que realizar una exhaustiva investigación y que existan consecuencias, consideraron los perredistas.

El senador Emilio Álvarez Icaza presentó una ampliación de la quinta denuncia contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la concesión del Viaducto Bicentenario a la empresa Aleatica, antes OHL, que involucra al extitular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza.

El senador acudió hoy a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para anexar al expediente de la denuncia la respuesta a una solicitud de información en la que la SCT niega que haya otorgado concesión alguna.

La denuncia fue interpuesta en agosto de este año, pues al tratarse de una vía de comunicación del dominio público de la Federación no puede ser explotada, utilizada o aprovechado sin que exista autorización, licencia o concesión entregada por el gobierno federal.

De acuerdo con integrantes de la iniciativa Ahora, la última denuncia se interpuso por la compra a sobreprecio de 20 millones de dólares de maquinaria que se adquiriría con cargo al Viaducto Bicentenario, pero finalmente se compraron con cargo al Circuito Exterior Mexiquense en 2009.

Este sobreprecio, indicaron, podría significar el pago de un soborno a través de una empresa vinculada al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En la ampliación del expediente, se pide que la FGE siga con las investigaciones, pero que a la luz de la declaración de la SCT acerca de la negación de entrega de concesión, el caso se judicialice.

Álvarez Icaza sostuvo que se pondrá al tanto a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Inteligencia Financiera para que den seguimiento al caso.

Los senadores Damián Zepeda y Kenia López Rabadán, del PAN, advirtieron que alistan una denuncia y recurrirán a la Corte para aclarar lo que consideraron un “fraude” en la elección de Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los legisladores sostuvieron que se cometió un fraude al haberse emitido 116 votos y no 114, con lo cual no se habría alcanzado la mayoría calificada que exige la Constitución para la elección del titular de la Comisión.

Además señalaron que la supuesta conversación en un chat donde Marko Cortés, presidente del PAN, señalaría que se haría “un desmadre” al senador Ricardo Monreal, de Morena, es falsa. Para ello, mostraron sus teléfonos celulares y el chat donde, según ellos, esa conversación no existió, y retaron a Monreal a comprobarlo.

Damián Zepeda sugirió que Rosario Piedra Ibarra no se presente a rendir protesta y que, con dignidad, no acepte ese cargo que se logró mediante un fraude, pues no obtuvo en realidad los votos de mayoría calificada y “cualquier persona honesta lo que hace es pedir que se investigue primero”.

Por separado los senadores Germán Martínez y Ricardo Moreno Bastida, de Morena, refrendaron en conferencia de prensa la legalidad de la elección y subrayaron que es un proceso consumado.

“En este parlamento, como en cualquiera, ganan las mayorías con las reglas que las mayorías se dan. Se ha electo a la señora Rosario Piedra Ibarra como nueva presidenta de la CNDH, y nos duele profundamente que se quiera manchar este proceso”, dijeron los legisladores.

Germán Martínez anunció que la bancada de su partido reflexionará sobre la permanencia de López Rabadán en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, por las acusaciones que virtió en contra de Monreal.

El canciller de Bolivia, Diego Pary, denunció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) un intento de golpe de Estado, mientras los líderes de grupos cívicos bolivianos anunciaron que “radicalizarán” sus protestas contra la reelección del presidente Evo Morales.

La sesión de ese organismo internacional fue convocada tras el pedido que hizo la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, para denunciar que grupos cívicos junto al candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien perdió los comicios, han generando convulsión en el país con enfrentamientos entre bolivianos, destacó la Agencia Boliviana de Información (ABI).

El canciller señaló que los cívicos encabezados por el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, realizan llamados a la confrontación, violencia, desacato civil y derrocamiento del presidente Evo Morales, constitucionalmente elegido.

Agregó que el plazo de 48 horas que dieron para que Morales deje el Gobierno venció la noche de este lunes y mostró ante los delegados de los países miembros del consejo permanente que hay un intento de golpe de Estado en curso en Bolivia.

Asimismo, enfatizó que Bolivia convocó a la OEA para que realice una auditoría integral a los comicios, que actualmente está en proceso, pero ese y otros esfuerzos “no sirvieron” para que los grupos de oposición radical dejen su accionar y medidas antipopulares.

La crisis política que registra Bolivia desde el 20 de octubre al concluir el proceso electoral se profundizó esta semana, con la tensa espera del emplazamiento al presidente Evo Morales para que renuncie, el llamado a nuevas elecciones y los enfrentamientos en varias partes del país.

Morales anunció “resistencia ante el ultimátum otorgado por los cívicos para que renuncie y aseguró que el “pueblo está organizado para defender el denominado “proceso de cambio”.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra los titulares de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por el presunto desvío del 75% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año.

“En el párrafo segundo del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 215 sobre abuso de autoridad o aquél que sea aplicable se presentó denuncia contra Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público y Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural por el presunto desvío de fondos de los programas etiquetados”, indicaron los legisladores.

Los panistas detallaron que presentaron como pruebas de su denuncia, los siguientes documentos: un video de la comparecencia del titular de la Sader, Víctor Villalobos Arámbula, el primer y segundo informe trimestral (Cuenta Pública) de la secretaría.

La diputada Marcela Torres Peimbert recordó que, en la comparecencia del titular de la Sader, en la Cámara de Diputados, éste reconoció que sólo se han ejercido 900 millones, de los cuatro mil millones de pesos que se aprobaron para el presente año, para el Programa Crédito Ganadero a la Palabra.

Por su parte, la diputada Gloria Romero León refirió que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que la SHCP y la Sader, se tienen que circunscribir a lo que está presupuestado, pero “vemos con temor que los subejercicios se vayan a la bolsa discrecional que puede ejercer el Presidente de la República”.

La diputada Ángeles Ayala Díaz acusó que “estamos ante un gobierno federal que no tiene transparencia, al no presentar cuentas claras a las y los ciudadanos, y ante el subejercicio de los recursos necesarios para la alimentación de todas y todos los ciudadanos”.

La Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD interpuso ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia contra el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por el ocultamiento de bienes patrimoniales, enriquecimiento ilícito y conflicto de interés.

Fernando Belauzarán, integrante de la DNE, aseguró que la denuncia es “en contra del mapache más famoso del país” que no puede explicar 750 millones de pesos de propiedades que están a nombre de su pareja sentimental con la que vive desde hace dos décadas y de sus hijos.

Explicó que el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades es muy clara al establecer como una falta muy grave el ocultamiento de bienes que estén a nombre de la pareja o concubina; detalló que la falta implicaría la inhabilitación del cargo por 10 o 20 años.

En ese sentido, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se haya adelantado a las investigaciones oficiales y lo haya absuelto diciendo que es un complot político.

El perredista exigió a la titular de la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llevar a cabo una investigación profunda y transparente.

Adicional señalaron que están solicitando medidas cautelares como la separación del cargo de Manuel Bartlett en tanto no se esclarezca el origen de los recursos que se utilizaron para adquirir las propiedades y se pueda generar toda una línea de investigación alrededor de los familiares del funcionario federal.

La DNE sostuvo que es totalmente inadmisible que un servidor público que llegó acompañado de un Presidente, que a todas luces puso el dedo en la llaga con el tema de la corrupción, hoy sea acompañado por corruptos, “quien con lobos anda aullar se enseña”, indicaron.

En medio de la polémica que han generado las declaraciones patrimoniales y de interés del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, la senadora Xóchitl Gálvez acudió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para presentar una denuncia contra el funcionario.

Y es que el pasado domingo, la senadora indicó a través de sus redes sociales, que si de verdad había un compromiso con la honestidad por parte del gobierno federal, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval debía solicitar la declaración patrimonial de Bartlett .

La titular de la SFP respondió asegurando que no existía denuncia alguna en contra de las declaraciones del director de CFE, por lo que la invitó a que si tenía información sobre irregularidades cometidas, era ella quien debería presentar la denuncia.

Gálvez Ruiz indicó que presentaría la denuncia este martes, hecho que quedó documentado en un video que compartió en sus redes sociales.

“Tal como se lo ofrecí a la Secretaria de la Función Pública estoy presentando una denuncia para que sean investigada la declaración patrimonial y de conflicto de interés  del director de la CFE”, señaló la legisladora.

Indicó que en la denuncia presentada, había una argumentación jurídica de porqué de acuerdo a la ley, Irma Erédira Sandoval pudo haber iniciado por oficio una investigación y las razones que llevaban a Manuel Bartlett a presentar en su declaración los bienes de esposa, concubina, pareja e hijos.

Tras entregar su denuncia en la oficialía de partes, la senadora indicó que en menos de 5 minutos pudo presentar el documento, por lo que dijo, es muy sencillo para quien quiera denunciar.

El equipo de abogados de Rosario Robles acudió este martes a presentar una denuncia en contra del Juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna ante a Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que  actuó de manera ilegal, arbitraria y dolosa.

El equipo legal también se solicitó el apoyo de dicho organismo internacional para que su defendida sea puesta en libertad de inmediato.

Julio Hernández Barros, quien coordina la defensa de Robles Berlanga, en compañía de Xavier Olea Trueheart,  y Magin Puig abogado que reside en Washington, se presentaron en la sede de la CIDH para interponer la denuncia contra el Estado Mexicano, en  específico contra el juez, por violar flagrantemente la Constitución mexicana, las leyes procesales y los tratados internacionales de los que México es parte, cometiendo probablemente delitos contemplados en el Código Penal Federal al decretar una detención ilegal.

Argumentaron que si bien se reconoce que los hechos relacionados con la denuncia se encuentran en trámite ante diversas autoridades, “no cabe duda de que se trata de una detención ilegal, motivo de un Tribunal de Estado”. Afirmaron que la tardanza en resolver el caso por parte de las autoridades mexicanas, lo único que hace es retardar el acceso a su derecho y prolongar innecesariamente el ilegal encarcelamiento a que ha sido objeto y que de manera infundada e imparcial el Juez decretó la medida cautelar gravosa e invasiva.

Además de presentar pruebas y argumentos que muestran la ilegalidad con la que actuó el Juez, entre las que incluyen el parentesco confirmado del juzgador con la diputada Dolores Padierna, la defensa legal de la ex secretaria de estado solicitó a la CIDH “se apliquen medidas cautelares, para que cesen de inmediato las acciones que mantienen a la hoy víctima María del Rosario Robles Berlanga privada ilegalmente de su libertad y sometida a un encarcelamiento ilegal y arbitrario por parte del Estado Mexicano”.

Los abogados explicaron además que el daño que causa la conducta de la autoridad a la esfera de Derechos Humanos es irreparable, lo que se traduce en que una grave afectación sobre sus derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.

Luego de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicara que gracias a las grabaciones se había identificado a presuntos infiltrados en las movilizaciones de mujeres que se llevaron a cabo el lunes pasado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Procuraduría capitalina, fue el PRD quien respondió a los señalamientos.

“El PRD se deslinda de cualquier acto de vandalismo que pudo haber tenido lugar en la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX)”, dijo el partido.

Indicó que reprobaban los hechos de violencia y hacían un llamado a la manifestación pacífica a fin de no permitir que el gobierno utilice el discurso del ‘golpeteo’ en su contra y se enfoquen en dar resultados.

El partido condenó que se quiera vincular al PRD en los hechos violentos y exigieron a funcionarios del Gobierno de la CDMX y Gobierno Federal a realizar acciones eficientes para prevenir y sancionar la violencia y abuso de autoridad por parte de elementos de la SSC-CDMX.

La dirigencia del PRD adelantó que presentará una denuncia contra el gobierno capitalino y contra Jesús Orta, titular de la SSC-CDMX, por su inacción y complicidad en el caso de la presunta violación de policías a una menor de edad.

“Exhortamos a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y que no pretenda desvirtuar una demanda legítima de seguridad. Como encargada del ejecutivo local no puede ser permisiva con estas actitudes por parte de sus policías”.

Los dirigentes del partido señalaron que era contradictorio que hace un par de años la jefa de gobierno era muy crítica desde el ámbito académico y apoyaba los llamados de justicia y defensa de los derechos de las mujeres, ahora parece que se ha olvidado de ello y prefiere solapar las conductas delictivas, subrayaron.