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En 2023 murieron 45 periodistas en el mundo en el ejercicio de su profesión, la cifra más baja desde 2002 debido en gran parte a la reducción de asesinatos en América Latina, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

El año pasado, el balance mundial de periodistas muertos alcanzó los 61 fallecidos. Fue 20 años atrás cuando la cifra fue menor a la de este 2023: en 2022 se registró la muerte de 33 periodistas, cuando más de un tercio de los casos estaban relacionados con el conflicto en Oriente Medio.

Las cifras de 2023 destacan por la “disminución significativa” del número de muertos en América Latina, con seis periodistas asesinados frente a 26 en 2022, resalta el informe.

México, el país mortífero para la profesión después de la Franja de Gaza, registró cuatro periodistas muertos en 2023, frente a 11 el año anterior, aunque este descenso no refleja una mayor seguridad para la prensa, apuntó RSF.

Además, la ONG apuntó que de un total de 84 periodistas reportados como desaparecidos en el mundo, casi uno de cada tres es de nuestro país.

El secretario general de RSF, Christophe Deloire, afirmó que la baja mundial “no reduce en absoluto la tragedia en Gaza”.

“¿El trabajo de las organizaciones intergubernamentales, de las ONG y de los propios medios de comunicación” o “mayor prudencia?” Las causas de la disminución son múltiples y “discutibles”, señaló.

El recuento mundial al 1 de diciembre “no incluye a los periodistas asesinados fuera del ejercicio de sus funciones, a los que no fueron asesinados ni a aquellos cuya muerte sigue siendo desconocida”, aclaró RSF.

La organización enmuera un total de 63 periodistas muertos en Oriente Medio desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, aunque la mayoría no murieron en el ejercicio de su profesión, además de 13 periodistas muertos “por fuego israelí” en Gaza.

Según RSF, esta guerra ha causado la muerte de tres periodistas que trabajaban en Líbano y de otro en Israel asesinado por Hamás. El conflicto en Ucrania cobró la vida de dos periodistas en 2023 de un total de 11 desde la invasión rusa de febrero de 2022.

México enfrenta un nivel de impunidad del 99% en los delitos de desaparición de personas, para casos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, dato que refleja una crisis profunda en la justicia y los derechos humanos.

Impunidad Cero, una organización que estudia, analiza y visibiliza el problema de la impunidad en México, con el fin de combatirla, presentó su primer índice de impunidad en materia de desaparición de personas en México.

Entre otros hallazgos del informe, se señala que la impunidad acumulada en casos de desaparición registrados por el fuero federal es del 98% para el delito de desaparición forzada, 100% de impunidad acumulada para el delito de desaparición cometida por particulares y 99% de impunidad acumulada para ambos delitos.

También se indica que a casi cinco años de su promulgación, la Ley General en Materia de Desaparición de Personas “sigue sin ser plenamente implementada”, dejando brechas significativas en la persecución y sanción de estos delitos.

El reporte también refiere el creciente aumento de delitos de desaparición, sumado a la persistente impunidad que obstruye la investigación y esclarecimiento, lo que indica que México se encuentra inmerso en una grave crisis de derechos humanos.

De 2019 a 2022 en el país se registraron 35,669 desapariciones, mientras que los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

A todo ello hay que sumar la “falta de transparencia en la información” del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) lo que “dificulta la comprensión de la magnitud de la crisis”.

Además de discrepancias entre informes estatales y el tablero público, así como en la sistematización de fosas clandestinas, resaltan la urgencia de una mayor claridad.

La organización indicó que el informe retoma el cálculo de impunidad acumulada desarrollado anteriormente en los delitos de homicidio doloso y feminicidio 2022, para conocer la impunidad entre los años 2019 y 2022.

Recordemos que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en el país se contabilizan más de 113,000 casos, mientras que el año pasado el país superó la cifra de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro, en 1962.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) expresó este martes su preocupación por la “inadecuada” investigación que México realiza sobre el “alarmante” número de desapariciones en el país, estimadas en casi 112,000 por las autoridades locales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció en julio un nuevo padrón de desaparecidos mediante la revisión de casos “casa por casa”, al considerar que el censo actual es excesivo y está desactualizado.

“El Comité llamó a México a garantizar la transparencia de la metodología utilizada para actualizar el Registro Nacional (de desaparecidos) a fin de garantizar la confiabilidad de los datos recopilados”, dijo el organismo en un informe tras su visita al país el mes pasado.

Además, el CED pidió que el proceso sea coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda “de manera independiente e imparcial” y establecer mecanismos que aseguren la participación de los grupos de víctimas.

Y es que según datos de la Secretaría de Gobernación, desde 1962 han desaparecido cerca de 257,000 personas, de las cuales el 37.72% siguen sin ser localizadas.

Tras anunciar López Obrador la realización de un nuevo censo, los familiares de las víctimas manifestaron su desacuerdo con dicha medida.

El colectivo Madres Buscadoras por la Paz, dedicadas a localizar a sus hijos desaparecidos, criticaron la iniciativa por considerarla revictimizante y denunciaron que el mandatario solo busca con la iniciativa disminuir la cifra de víctimas.

En los estados de México, Tamaulipas, Jalisco o Guerrero, el Comité advirtió un aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, según el documento.

En este sentido, los expertos del Comité recibieron denuncias de amenazas, vigilancia, represalias, desapariciones y asesinatos sufridos por familiares de personas en paradero desconocido, sus acompañantes, defensores de los derechos humanos y periodistas que cubrían esos casos.

El informe lamentó que en muchas ocasiones tienen que ser familiares y allegados los encargados de labores de búsqueda e investigación que deberían competer al Estado.

Otra crítica es el hecho de que algunas autoridades mantengan la práctica de no registrar una denuncia de desaparición hasta pasadas 72 horas, lo que según el comité impide la búsqueda inmediata de muchas víctimas.

Por otro lado, el informe da cuenta del elevado y creciente número de cuerpos y restos humanos que reciben los servicios médico-forenses, desbordados e incapaces de su adecuada identificación y conservación.

Según señala el documento, el 89 % de los más de 53,000 cuerpos y restos humanos almacenados en laboratorios, centros forenses e instalaciones no se identificaron durante el año 2022.

El CED denunció también que los datos se están actualizando sin seguir estándares internacionales y expresó “su preocupación por la investigación inadecuada del alarmante número de desapariciones, sus consiguientes bajas condenas y una impunidad casi absoluta”.

La frontera entre México y Estados Unidos es la ruta migratoria terrestre más mortífera del mundo, según cifras publicadas este martes por la agencia de la ONU que atiende el fenómeno migratorio.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) documentó 686 muertes y desapariciones de migrantes en la frontera el año pasado, pero es probable que el cómputo real sea mayor por la falta de datos.

La cifra es la segunda peor desde que la agencia de las Naciones Unidas elabora estadísticas de este tipo, hace 10 años; en 2021 hubo 729 muertos y desaparecidos en esa misma ruta.

Y es que los migrantes son víctimas de golpes de calor en verano y de hipotermia en invierno, según las autoridades fronterizas estadounidenses, por lo que algunos cadáveres nunca se encuentran.

Paul Dillon, portavoz de la OIM, afirmó que los números registrados “representan las estimaciones más bajas disponibles”. “Las alarmantes cifras son un duro recordatorio de la necesidad de una acción decisiva para crear vías regulares de migración legal”, dijo a periodistas en Ginebra.

La OIM señaló que casi la mitad de los decesos reportadas en 2022 estaban relacionadas con la ruta por los desiertos Sonora y Chihuahua. El número de muertes y desapariciones documentadas por la OIM a lo largo de la frontera representa casi la mitad de los 1,457 casos registrados en toda América el año pasado.

Explicó que se habían documentado 350 muertes en 2022, en comparación con las 245 en 2021 y menos de 170 registradas en años anteriores. La mayoría de las víctimas en las rutas migratorias del Caribe eran personas procedentes de la República Dominicana, Haití y Cuba.

Aunque la ruta terrestre más mortal para los migrantes en el planeta sea la que separa Estados Unidos y México, la que registra más fallecidos y desaparecidos es marítima: el Mediterráneo Central, donde al menos 1,417 personas perdieron la vida en 2022, mientras que en la parte occidental de ese mar las víctimas fueron 611.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió este miércoles a las instituciones de seguridad de nuestro país abrir su información para esclarecer las desapariciones del país, que padece una crisis de más de 110,000 personas no localizadas.

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU-DH llamó a las instituciones de seguridad e inteligencia a garantizar el acceso a la información que permita esclarecer lo ocurrido, encontrar a los desaparecidos y sancionar a los responsables.

“Los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado. Dichos aparatos deben actuar conforme a la ley y perseguir fines legítimos” sostuvo Jesús Peña, representante adjunto en México de la ONU-DH.

Y es que nuestro país superó el año pasado la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas desde que hay registro, lo que refleja una persistente crisis relacionada con la violencia del crimen organizado.

Activistas y familiares han acusado a las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad de obstaculizar investigaciones para esclarecer los hechos, como en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

Este llamado llega después de que la semana pasada renunciara la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, por presuntas presiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para modificar el censo de desapariciones, algo que el Gobierno ha negado.

Aunque la ONU-DH reconoció que México tiene avances “normativos e institucionales”, consideró necesario que los aparatos de seguridad e inteligencia se sumen plenamente a estos esfuerzos y superen las “resistencias” para colaborar con las instancias especializadas.

“Las negativas y obstáculos en esta materia, además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas incluso desde las más altas autoridades del Estado”, añadió el organismo en su pronunciamiento.

La agencia de las Naciones Unidas también solicitó preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos indispensables para garantizar los derechos de las víctimas, como lo resaltó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada durante su visita a México en noviembre de 2021.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU condenó este jueves el ataque en México contra personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que causó la muerte de seis personas y reclamó que se brinde protección a los servidores públicos que participan en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas.

Recordemos que las autoridades atacadas se dirigían a un lugar del municipio de Tlajomulco para buscar los cuerpos de personas presuntamente desaparecidas, según la información recogida por el Comité.

Las víctimas fueron emboscadas por agresores no identificados con artefactos explosivos, en un hecho ocurrido el pasado 11 de julio.

El propio gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que se trató de una emboscada, pues la llamada que se recibió alertando de los presuntos cuerpos, no fue más que un engaño para hacer que las autoridades se desplazaran por dicha zona.

Según cifras oficiales citadas por el Comité, más de 110,000 personas se encuentran desaparecidas en todo México y la mayor incidencia se registra en el estado de Jalisco.

“A la luz de este reciente ataque, el Comité recuerda que las búsquedas y las investigaciones (sobre desaparecidos) son obligaciones de carácter permanente”.

Desde hace varios años, Jalisco vive una crisis de violencia e inseguridad por la presencia de grupos del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respaldó este martes el pacto de paz propuesto por la madre buscadora Delia Quiroa, del colectivo “10 de marzo”, a cárteles del crimen organizado para que cesen los conflictos armados y con ello se ponga fin a las desapariciones forzosas.

“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

AMLO se refirió al llamado que hizo la activista, que busca a su hermano desaparecido desde marzo de 2014, y quien en una carta dirigida a líderes del narcotráfico pidió llegar a un acuerdo de paz para frenar las desapariciones.

La propuesta de pacto llega cuando el país vive actualmente una crisis de desaparecidos, donde hay más de 112,000 personas no localizadas y 52,000 cuerpos sin identificar.

Ante esta situación, la activista propuso a los líderes de los cárteles de Sinaloa; del Noreste; del Golfo; de Tijuana; Jalisco Nueva Generación; los Zetas Vieja Escuela; de los Salazar; de Ciudad Juárez; de los Beltrán Leyva y la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios, la firma de un “Pacto Social para Prevenir y Erradicar la Desaparición de Personas en México y Fomentar la Paz”.

“(Si el llamado es) que no actúen con violencia, claro que sí. Si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen con violencia, claro (que lo apoyo)”, respondió López Obrador al ser cuestionado sobre el tema. “Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo”, añadió.

Asimismo, llamó a los criminales a comportarse “como buenos ciudadanos” y sostuvo que “siempre hay salidas para los que no quieren usar la violencia”.

Presumió además que los programas sociales que ha instaurado su gobierno han ayudado a disminuir el número de jóvenes que se integran a los grupos criminales.

“Estoy seguro, es hipotético, de que ya cada vez son menos los jóvenes que se detienen en actividades delictivas”, dijo el mandatario.

López Obrador reconoció que en México existen agresiones entre bandas y también agresiones contra las Fuerzas Armadas, además de enfrentamientos entre organizaciones criminales y autoridades en donde pierde la vida gente inocente.

Sin embargo, aseguró que su gobierno sigue buscando la paz. “La violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz”, enfatizó.

El país enfrenta una ola de violencia en los últimos años. En 2022 se contabilizaron un total de 30,968 homicidios dolosos, mientras que en 2021 se sumaron 33,308. Antes se registraron los dos años más violentos en la historia reciente del país, bajo la gestión de López Obrador, con 34,690 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020.

El sexenio de López Obrador ya ha alcanzado el récord del mayor número de homicidios, superando el registro que se tenía con Enrique Peña Nieto.

En los últimos seis años, el número de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas en México creció a casi el triple, de acuerdo con un estudio revelado este jueves por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

En 2015 se registraron 1,043 casos anuales de mujeres y menores desaparecidas y no localizadas, mientras que para el 31 de diciembre de 2021 la cifra era de 2,729 casos, afirmó Patricia Morales, una de las autoras del estudio financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.

Para la investigación, las autoras revisaron datos de ocho estados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación, y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de entrevistas con organizaciones involucradas al tema de desaparición.

El informe se publica mientras México superó en 2022 la cifra histórica de más de 100,000 personas desaparecidas, desde que hay registro.

Uno de los hallazgos relevantes del estudio es que el rango de edad con más casos de desaparición forzada es entre los 15 y 19 años seguido del de 20 a 25 años, lo que indica que este delito está relacionado con otros como el de trata de mujeres y niñas, feminicidio y secuestro.

Aunque Jalisco es el estado que mayor cantidad de casos de desaparición concentra en todo el país, las mujeres no localizadas representan una de cada 10 casos de desapariciones en general, mientras que en el Estado de México las 5,722 mujeres no localizadas representan un 44.12% del total de las desapariciones.

Las autoras advirtieron que en los últimos dos años en Jalisco ha habido una disminución en el registro de casos, pues para finales de diciembre de 2020 había 3,098 mujeres desaparecidas y para el 28 de marzo de este año había 2,290.

“Hubo algunas localizaciones, pero una disminución no nos da certeza que sea de esta manera, sino que son cifras que se pueden estar manipulando dentro de las instituciones y habría que pedirles más consistencia (en los registros). Eso no solo pasa en Jalisco sino que podría estar sucediendo en otros estados”, afirmó Morales.

Los cinco municipios con más casos de mujeres desaparecidas a finales de 2020 eran Guadalajara (Jalisco) con 550 casos; Monterrey (Nuevo León) con 478 casos; Zapopan (Jalisco) con 360; Puebla (Puebla) con 355 y Toluca (Estado de México) con 326.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que Naciones Unidas “no tienen mucha autoridad” para cuestionar a su gobierno sobre las desapariciones y el respeto a los derechos humanos en el país.

El mandatario respondió al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien la semana pasada lamentó que, a cinco años de expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, México no haya actuado con firmeza para combatir dicho problema.

“Lo del señor de la ONU, respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad porque ¿desde cuándo se creó lo de la oficina para desaparecidos? Hace cinco años”, manifestó López Obrador en su conferencia matutina.

Y es que nuestro país vive una crisis histórica de desapariciones al rebasar el año pasado la cifra oficial de más de 100,000 personas no localizadas desde que hay registro.

Pero el presidente cuestionó que, según él, la ONU calló durante los gobiernos anteriores al citar el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, cuyo juicio arrancó ayer en Estados Unidos acusando sus posibles nexos con el narcotráfico.

“¿Qué pasaba antes? ¿Qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada. Y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora que solo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas y cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio”, reclamó AMLO.

El mandatario también acusó a los organismos internacionales de callar ante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú, donde más de 60 personas han muerto desde que iniciaron las movilizaciones en diciembre del año pasado.

“Ahí está el caso de Perú, están reprimiendo al pueblo, ¿y qué ha dicho la ONU, qué ha dicho derechos humanos de la ONU? Nada. La OEA (Organización de Estados Americanos) menos”, señaló.

López Obrador, quien asumió el poder en 2018 con la promesa de “pacificar” al país, ha recibido críticas por no detener la crisis de asesinatos y desapariciones, aunque el gobierno ha insistido en referir una caída de más de 7% en homicidios  dolosos el año pasado, hasta los 30,968 asesinatos.

“Estamos trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad pública, como nunca se está protegiendo a los ciudadanos, hay elementos (de seguridad) suficientes en los estados con más violencia”, afirmó López Obrador.

Durante 2021 se reportaron a diario 14 personas, de entre 0 y 17 años, como desaparecidas en México, de acuerdo con el informe presentado este lunes por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El documento también refiere que hasta el 11 de abril y desde 1964, cuando inició el registro, se contabilizan 82,328 menores desaparecidos, aunque solamente uno de cada cinco permanecen no localizados.

Dos de cada tres menores registrados como desaparecidos son mujeres (55,873), y tres de cada cuatro personas entre 0 y 17 años desaparecidas son adolescentes.

El documento fue presentado en el marco del informe del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED) publicado el pasado 12 de abril sobre la visita a México, donde se acumulan, según datos oficiales, cerca de 100,000 desaparecidos.

Para la ONG, este informe es de gran “valor” tanto por las recomendaciones al Estado mexicano como por haber tenido en cuenta a las asociaciones civiles y organizaciones, como es el caso de este organismo. “Para Redim es muy importante que el comité haya tomado nota de esta problemática”, expresó en una conferencia de prensa Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red.

Ramírez detalló que desde 2006 despuntaron las desapariciones coincidiendo con la llamada guerra contra el narcotráfico, a partir de la presidencia de Felipe Calderón. Dijo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto continuó y se acentuó.

El informe de Redim detalló que 4 de cada 10 casos de desapariciones de menores de edad se concentran en: Estado de México, Tamaulipas y Jalisco.

Foto: Facebook @derechosinfancia.org.mx 

El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó este jueves que México acumula 85,006 reportes de personas desaparecidas de 2006 a la fecha, con más de la mitad, 44,174, registradas durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sin embargo, el funcionario aclaró que el actual gobierno ha localizado al 55.80% de los desaparecidos, 92% de ellos con vida.

Y aunque el reporte de desapariciones representa casi 3,000 más que los 82,888 del último informe que rindió Encinas en enero pasado, el subsecretario presumió de una disminución anual de 22.47% en el reporte de desapariciones de abril 2020 a marzo 2021 frente al mismo periodo anterior.

“Esta tendencia afortunadamente se mantiene durante el primer trimestre de este año, estamos convencidos de que de mantenerse esta tendencia descendente estaremos por debajo del cierre de 2020”, aseguró durante la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Nuestro país afronta una crisis histórica de desapariciones con un histórico de 212,193 denuncias de personas no localizadas desde 1964, aunque Encinas aclaró que ya se han ubicado a 125,530 personas, 93% de ellas con vida.

El subsecretario reconoció que se ha mantenido el hallazgo de fosas clandestinas en el sexenio de López Obrador, periodo en el que han encontrado 1,606 de estos depósitos de donde han exhumado 2,736 cuerpos.

“Obedece al incremento en la confrontación entre grupos delictivos en distintas regiones del país, pero también a la intensificación de las labores de búsqueda, solamente en estos tres meses y una semana de 2021 se han llevado a cabo 293 acciones de búsqueda”, argumentó.

Encinas destacó una disminución anual de 33% en el número de fosas clandestinas localizadas en 2020 y de casi 18% en los cuerpos recuperados.

El funcionario agregó que, durante la administración de López Obrador, Jalisco acumula una de cada cinco desapariciones, es decir el 20%. Le siguen Michoacán con 9.15%, Ciudad de México con más del 8%, y Tamaulipas y Nuevo León con más de 6%.

El subsecretario detalló que las mujeres representan casi 25% de las personas desaparecidas, de las que más de la mitad, el 55%, son menores de 18 años. El 62% de las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas se concentran en siete estados: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Puebla y Ciudad de México.

Finalmente, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, reconoció que existe una crisis en los servicios forenses para identificar los cuerpos.

“Existe una crisis en materia forense, tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar, aquí es importante que más del 90 % de los cuerpos se encuentran dentro de los servicios médicos forenses que pertenecen a las fiscalías”, remató.

López Obrador reconoció que la disminución de los homicidios en el país ha sido “mínima” durante su administración, al tiempo que ha señalado que los delitos de feminicidios y extorsión se incrementan.

“Hemos podido disminuir la incidencia delictiva en lo general en casi en todos los delitos desde que estamos en el gobierno, pero hay dos o tres delitos en donde apenas se han contenido”, dijo en la conferencia al momento en que lamentó que México “todavía” no ha sido capaz de resolver “por completo” este “grave asunto”.

López Obrador ha aclarado que la disminución de los homicidios es “mínima” pero está aceptada y demostrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2019, respecto a 2018. “Hemos podido tener una disminución”.

En cuanto a los feminicidios, el mandatario ha achacado el incremento a la modificación de la clasificación de los mismos. “Sostenemos, no es evadir nuestra responsabilidad (…), que antes no se clasificaban de esa manera, se consideraban homicidios todas las muertes, fallecimientos de mujeres”, ha justificado. “Ahora no, por eso se registra un incremento”, ha continuado.

El subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, presentó este viernes un informe que señala que entre 2006 y enero de 2021 más de 82,000 personas han desaparecido en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario señaló que esta circunstancia se debe al incremento en la disputa entre grupos delictivos en diversas regiones del país.

Detalló que en el periodo de 2006 a diciembre de 2020 se han registrado 80,517 denuncias de personas desaparecidas o no localizadas en el país, aunque es un dato que se actualiza varias veces al día por lo que hasta este 29 de enero hay 82,888 denuncias al respecto.

Encinas destacó que en 2020 se registró una disminución del 22.39% en el número de denuncias por desaparición respecto a 2019. Refirió que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2020, las autoridades mexicanas recibieron 37,807 denuncias de desaparición, de las cuales, el 56.4% fueron localizadas, la mayoría de ellas con vida.

Tan solo en la administración del presidente López Obrador, se han registrado 16,875 desapariciones. En 2019 se notificaron 8,964 personas desparecidas, mientras que en 2020 dicho número se redujo a 6,957 casos.

El funcionario afirmó que se registró una reducción en el hallazgo de fosas clandestinas y en los cuerpos recuperados. “A pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en 2020 se registró una disminución de 33% en el número de fosas clandestinas y una reducción de casi 18% de los cuerpos recuperados”.

Indicó que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 se han recuperado 2,395 cuerpos y casi el 22% de ellos han regresado con sus familias de manera digna.

Alejandro Encunas afirmó que el fenómeno de las desapariciones se recrudeció después de 2006, tras el comienzo de la llamada guerra contra el narcotráfico, durante la Administración del expresidente Felipe Calderón, pues dijo que bajo el argumento de que eran daños colaterales de dicha guerra, “comenzaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad”.

Por su parte la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en los últimos dos años la prioridad número uno del gobierno federal ha sido la búsqueda de personas. En ese sentido destacó la tarea de la Comisión Nacional de Búsqueda: “nada de lo que hagamos será suficiente, pero vamos a intentar todos los medios para que ningún crimen quede impune”.

Afirmó que las personas desaparecidas tienen el derecho a ser buscadas. “Es un derecho humano, y repetimos, es un derecho humano que el Estado tiene la obligación de garantizar”, subrayó.

En los primeros nueve meses del año se registraron 4,960 denuncias de desapariciones, lo que según el gobierno federal muestra una “tendencia significativa” a la baja frente al récord de 8,345 registros que se tuvieron en 2019.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, indicó que el 18% de las 77,171 personas no localizadas desde 1964, han desaparecido en los últimos dos años, los primeros de la administración del Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Consideramos que hay una tendencia significativa a la disminución de esta práctica por la presencia territorial que se ha logrado en las zonas de mayor conflicto”, sostuvo el subsecretario.

Detalló que Jalisco concentra una de cada cuatro desapariciones de diciembre de 2018 a la fecha, seguido de Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guerrero y Chihuahua. Más del 90% de las desapariciones están relacionadas con el crimen organizado, apuntó Encinas.

Enfatizó que en 2019, primer año de la presente administración, se registró el mayor número de denuncias. “Tenemos que reconocer que el año de mayor número de denuncias se presentaron por desaparición o personas no localizadas en el 2019 con 8 mil 345″, indicó.

El subsecretario reportó 4,092 fosas clandestinas de 2006 a la fecha, con casi la mitad en cinco estados: Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas. De estas fosas, se han exhumado 6,900 cuerpos, la mayoría en Jalisco, Sinaloa, Chihuahua y Guerrero.

Alejandro Encinas añadió que en la presente administración se han localizado 1,257 fosas clandestinas, el 30.7% del total; se han exhumado 1,957 cuerpos, el 28.3%. El 41.8% de estos cuerpos ya están identificados, es decir, 806; el 22.94% ya se entregaron a sus familiares, 449.

“Esto obedece fundamentalmente a que se han intensificado las labores de búsqueda en coordinación con los familiares, una labor que el Estado mexicano había abandonado”, señaló el funcionario al asegurar que las autoridades han encontrado a la mayoría de las personas con vida.

El subsecretario señaló que de las 189,206 personas desaparecidas de 1964 a la fecha, han encontrado a 112,035, el 59.21% del total; 93.68% de ellas con vida, un total de 104,953. Tan solo en el actual gobierno se han localizado a 15,968 personas de 29,789 desaparecidas, el 8.1% sin vida.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al próximo gobierno de México a poner fin a la desaparición de personas.

Jan Jarab, representante de ONU-DH en México sostuvo que “combatir la desaparición de personas deberá ser una prioridad para el próximo gobierno federal”; reconocieron las señales que el equipo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha dado al respecto.

El representante indicó que la implementación efectiva de la Ley general en la materia tiene que ser la principal directriz de la próxima administración para erradicar las desapariciones; buscar de manera apropiada a las personas desaparecidas; garantizar la atención y reparación a las víctimas; adoptar medidas efectivas de no repetición y desarrollar políticas contra el “olvido”.

Pidió además al nuevo gobierno dote de recursos suficientes a las instancias encargadas de la atención de este problema, así como fortalecer las capacidades de investigación criminal, la prestación de servicios periciales y forenses y la asistencia a las víctimas.

Llamó a que México profundice su apertura al escrutinio y asistencia internacionales, y para ello pidieron aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU para recibir comunicaciones individuales; permitir la visita al país del Comité; desarrollar un plan de acción para la implementación de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité; entre otras.

Finalmente Jarab enfatizó que el reto no solamente es de la Federación, sino que los estados y los municipios también tienen que comprometerse y reconocer el problema.

 

Foto: Twitter @ONUDHMéxico

Luego de que el activista Javier Sicilia lanzará un mensaje en contra de los aspirantes a candidatos independientes por no abordar el tema de las violaciones a derechos humanos y las desapariciones forzadas, fue Ricardo Anaya quien le mando un mensaje.

 

 

En panista indicó que en el marco del séptimo aniversario luctuoso de su hijo Juan Francisco,a través de Sicilia abrazaba a todas las víctimas de algún delito.

 

Anaya también incluyó en su mensaje al “Movimiento por la Paz”, organización que lucha por temas de justicia y paz, a quienes el panista aseguró, trabajará por conseguir justicia para ellos y sus familiares.

 

Recordemos que en recientes días, Sicilia sostuvo que fuera de Andrés Manuel y, por lo tanto, de Morena, ningún partido ni ningún candidato hablan de las víctimas. “Las víctimas parecen no existir ni en su pensamiento ni en sus discursos ni en sus programas de gobierno; tampoco las fosas. Ni José Antonio Meade, ni Ricardo Anaya, ni ningún independiente, ni candidato a gobernador, a presidente municipal, a representante en las Cámaras, las toman en cuenta”.