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El encargado del despacho de la Procuraduría General de la Justicia, Alberto Elías Beltrán, sorprendió a cuatro días de haber asumido las funciones, con su decisión de remover al titular de la FEPADE, Santiago Nieto. Sin embargo, Nieto ha sido incómodo para el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y sus aliados.

 

¿Que hay detrás de esta destitución? No te pierdas este análisis en voz de Ana Paula Ordorica.

 

 

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto, hizo llegar una carta al Senado de la República con el fin de que sea objetada su destitución al argumentar que dicha acción presenta diversos problemas jurídicos, entre los que señala si es que un encargado del despacho de la PGR tiene las facultades para hacerlo.

 

En la carta entregada se lee que “es necesario considerar que quien firmó el documento con el que se pretende removerme de la función de fiscal es el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República. En tales condiciones debe analizarse si un funcionario que ocupa provisionalmente esa posición tiene atribuciones suficientes para remover a un funcionario cuya designación recayó en este Senado de la República en términos del principio constitucional de división de poderes”.

 

Nieto señaló que se omitió un procedimiento en el que “se me haya informado las razones por las que se me pretendía destituir y se me haya dado oportunidad de defenderme y presentar pruebas”.

 

El ex funcionario expresó su disposición para atender cualquier trámite o comparecencia para defender “mi labor al frente de la FEPADE, presentar pruebas sobre mi trabajo como Fiscal y amplias los argumentos jurídicos sobre la irregularidad de mi remoción” Aseguró que “me he desempeñado en ese cargo con probidad, autonomía, imparcialidad, sin filias ni fobias”.

 

SERGIO SARMIENTO

REFORMA

 

 

 

“Ve y denúncialo en la Fepade”.

Lema de propaganda

PLAYA DEL CARMEN, QR.- La propaganda oficial ha pedido a los ciudadanos durante años que denunciemos en la Fepade los actos que buscan violar nuestra libertad de voto. ¿Qué pasa cuando el acto abusivo es la destitución del titular de la Fepade?

 

El despido del fiscal electoral, Santiago Nieto Castillo, es un ejemplo más de cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto se mete en problemas innecesarios. La medida tiene todas las huellas de haber sido ordenada directamente por el mandatario. Es difícil pensar que “el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales en suplencia del procurador general de la República”, título formal de Alberto Elías Beltrán, haya decidido por sí solo una medida tan políticamente explosiva y jurídicamente cuestionable a unos días de asumir el cargo.

 

La PGR afirma que Nieto fue destituido porque “transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”, pero no especifica qué falta cometió. El despido se dio después de que el periódico Reforma publicó que Emilio Lozoya, ex director general de Pemex, le mandó una carta “diciendo que quiere que yo haga un pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciendo quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió”.

 

Lozoya está siendo investigado por un supuesto desvío al PRI de dinero de sobornos pagados por Odebrecht. El único indicio de los sobornos son declaraciones de ejecutivos de la firma brasileña, pero son testigos beneficiados por involucrar a terceros. La idea de que el dinero fue desviado a la campaña del PRI es, hasta ahora, simple especulación. El caso no parecía tener mucho sustento, pero hoy lo fortalece la destitución del fiscal electoral.

 

El fiscal Nieto no parece haber revelado ningún detalle de la averiguación. Sí dijo que Lozoya le había enviado una carta pidiéndole que hiciera un pronunciamiento público sobre su inocencia, pero el propio abogado de Lozoya había declarado que se estaba enviando esa carta.

 

Nieto ha sido siempre cercano a los partidos de izquierda. Fue asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado, hecho que ocultó cuando contendió por la titularidad de la Fepade. Fue alumno de Jaime Cárdenas, ex consejero electoral que apoyó a Andrés Manuel López Obrador en el PRD y que hoy es miembro de Morena. Sirvió como jefe de asesores de María de la Luz Mijangos, esposa de Jaime Cárdenas, en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa. También ha tenido, sin embargo, una larga y respetada carrera como académico y funcionario en el ámbito jurídico electoral. Nieto fue nombrado fiscal electoral por un voto unánime del Senado.

 

La cercanía a los partidos de izquierda no es un impedimento para ser fiscal electoral. Los dos anteriores procuradores generales, Arely Gómez y Raúl Cervantes, eran no simpatizantes sino militantes del PRI. La divulgación de una carta en la que Lozoya pide se le exonere, por otra parte, difícilmente puede considerarse una violación del sigilo de una averiguación.

 

Por lo pronto, el presidente Peña Nieto se ha metido nuevamente en un problema político innecesario. Que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales se quede sin titular ya iniciado el proceso de 2018 es preocupante. Que se destituya a un fiscal electoral como aparente represalia por una investigación de desvío de recursos al PRI es todavía peor. Es un caso tan serio que deberíamos denunciarlo a la Fepade. Sólo que la Fepade está acéfala.

 

 

EJECUCIONES

 

Un guardia de seguridad fue ejecutado a las puertas de un centro nocturno, Men’s Club No le Digas a tu Mamá, en la madrugada del viernes en Playa del Carmen. Hace meses hubo otra ejecución en un bar, El Abrevadero, del mismo dueño. La violencia no ha afectado al turismo… todavía.

 

 

@SergioSarmiento

 

El Presidente del Senado, Ernesto Cordero, anunció que estarán citando al ahora ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto y al encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, con el fin de conocer ambas versiones sobre lo sucedido el viernes pasado.

 

“No hay precedente, pero hay claridad en la ruta. Vamos a procesar esta discusión en el Pleno del Senado, será esta semana y escucharemos los argumentos de ambas partes, tanto de Nieto como del subprocurador en función de Procurador (…) que haya posibilidad de interactuar con ellos, que se haga de manera fluida, transparente y después tomaremos la decisión los 128 senadores en el Pleno. Esto se va a discutir y a resolver en el Pleno del Senado esta semana”, indicó el panista.

 

Sobre los pasos que Santiago Nieto debe seguir para que su destitución sea revisada por el Senado, Cordero afirmó que “no tiene que activar nada ni detonar ningún mecanismo. Es el Pleno el que decide objetar su destitución y restituirlo. Por lo que he escuchado de los senadores, todo mundo está en la intención de discutir esto muy seriamente”.

 

Recordemos que los dirigentes del PAN, PRD y Morena han anunciado que pedirán a sus bandadas respectivas apoyar la restitución de Nieto al frente de la FEPADE.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Tras conocerse la remoción de Santiago Nieto de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), por transgredir lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República, las reacciones entre analistas y actores políticos no tardaron en llegar.

 

La politóloga Denise Dresser, calificó dicha decisión como un caso más de impunidad; aseguró que la destitución de Nieto llegó tras haber informado sobre las presiones que recibió de parte del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, para exonearlo de la investigación que se sigue por el caso Odebrecht.

 

 

El abogado Eduardo Aguilar sostuvo que tras la destitución de Nieto, es “URGENTE una Fiscalía autónoma”, que pueda investigar desvíos de recursos a campañas políticas.

 

 

El Diputado Clemente Castañeda aseguró que sólo en el México del PRI se destituye a un funcionario público que denuncia la corrupción. Afirmó que “por eso vamos por un cambio del régimen político”, y señaló que esta decisión es un claro ejemplo de que el tricolor busca “imponer un pacto de impunidad transexenal”.

 

 

 

El también Diputado Agustín Basave aseguró que la destitución del titula de la FEPADE, explica la “impunidad Odebrecht-Lozoya-Peña y FEPADE a modo para 2018”, y subrayó que esta decisión es “otro golpe a la procuración de justicia y un paso más en la restauración del autoritarismo para 2018”.

 

 

 

El periodista Arturo Rangel sostuvo que en los últimos meses Santiago Nieto, hoy despedido de la FEPADE, había conseguido órdenes de aprehensión en contra de los exgobernadores Javier y Cesar Duarte.

 

 

El diputado Jesús Zambrano cuestionó a quién está protegiendo la Procuraduría con el cese de Santiago Nieto en la FEPADE. “¿Quién le ordenó al encargado de la PGR esta decisión?” pregunto el perredista.

 

 

La académica Maria Marván Laborde calificó como una vergüenza el cese de Nieto de la FEPADE, y señaló que dicha acción sólo refuerza la urgencia de un Fiscal autónomo.

 

 

El Senador panista Javier Lozano cuestionó el actuar de el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, al indicar que “un encargado de despacho alega violación al Código de Conducta de la PGR” y advirtió que “desde ya anticipamos que habremos de objetar esta ridícula remoción”.

 

 

 

El Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán, actuando en suplencia del Procurador General de la República, decidió remover de su cargo al titular de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillo.

 

La decisión se debió, de acuerdo a lo informado por la Procuraduría, a que “el referido servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República”.

 

Algunas fuentes no oficiales indican que la destitución se debe a las acusaciones que la FEPADE hiciera sobre Emilio Lozoya de haber recibir dinero de Odebrecht para la campaña de Peña Nieto de 2012.

 

“La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de vigilar que las actuaciones de los servidores públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto”, remató la dependencia.

 

Esta tarde el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, se presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para presentar las pruebas que asegura, demostrarán que su administración nunca ha tenido vínculos con la organización criminal  que encabezaba Felipe de Jesús Pérez Luna “El Ojos”.

 

“Venimos con mucha claridad, con mucha precisión, presentando más de 300 pruebas”, dijo Salgado, luego de entregar el expediente, “categóricamente, les comento que el gobierno delegacional no tiene ningún vínculo con un grupo criminal; la organización está al servicio de la gente para satisfacer sus necesidades”, indicó el morenista previo a la audiencia que se llevó a cabo esta tarde y que duró a penas seis minutos.

 

“Esperamos que con esta contestación la solicitud de remoción se retire por ser infundada, ser producto de pruebas oscuras, vagas, imprecisas, algunas presentadas de manera ilegal”, añadió Salgado, quien desde el pasado 21 de julio ha sido señalado por proteger a la  banda criminal que operaba en la demarcación y por lo cual legisladores locales de oposición iniciaron un proceso de destitución.

 

Salgado añadió que esta investigación responde más a temas políticas que a otra cosa, pues la Ciudad de México renovará jefe de gobierno y alcaldías (nueva figura antes llamada delegaciones).

 

Por su parte el presidente de la Comisión de Gobierno, Armando López Campa, señaló será hasta el 10 de noviembre cuando se emitirá un dictamen sobre si procede su destitución dadas las pruebas que presentó esta tarde el funcionario y que serán analizadas a partir del próximo jueves.

 

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, arribó este medio día a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en donde comparecerá ante los diputados para conocer el procedimiento que se le seguirá con el fin de su posible destitución.

 

 

 

Salgado tendrá la posibilidad de aportar pruebas que avalen su inocencia sobre sus supuestos nexos con el crimen organizado, así como a su probable responsabilidad por la proliferación de narcomenudeo en su demarcación.

 

El delegado se encuentra reunido con la bancada de su partido (Morena), previo a que de inicio el encuentro con los diputados de todos los partidos. A su llegada fue recibido por varias decenas de vecinos de la demarcación, quienes con pancanrtas y gritos, exigen la destitución del morenista.

 

Los vecinos quienes se atrincheraron a las afueras del recinto legislativo, indicaron que el delegado ha permitido el aumento de violencia, asaltos, desfalcos millonarias, y demás delitos que los hace vivir en el temor.

 

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

Luego de que el jueves pasado la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), diera luz verde para comenzar con el proceso de destitución del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, por supuesto vínculos con el crimen organizado, y este buscara un amparo para detener el proceder de la Asamblea, un juez federal rechazó la solicitud de Salgado.

 

Los señalamiento que recaen sobre Salgado son por los sipuestos vínculos que guardaba con Felipe de Je´sus alias “El Ojos”, líder del cártel que operaba en la demarcación y que fue abatido en el operativo que la Secretaría de Marina realizó en Tláhuac el pasado mes de julio.

 

El juez indicó que no se puede atacar una acción que se ha instrumentado desde la Asamblea Legislativa de la capital del país, al no poder invadir sus facultades de la ALDF, que se encuentran delimitadas y conferidas como soberanas, razón por la cual se le negó el instrumento jurídico a Salgado.

 

 

Con información de Político.mx / Foto: Twitter

Durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina que se realizó en el Estado de Puebla, los procuradores presentes calificaron de ilegal y arbitraria la destitución y persecución de la Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega.

 

En el marco de la clausura de la cumbre, la ex fiscal Luisa Ortega Díaz, a través de una llamada telefónica habló sobre la situación que se vive en su país y subrayó como difícil la crisis, especialmente en el Ministerio Público, “debido a un gobierno que no es demócrata; que asumió la independencia de los Poderes Públicos como una amenaza a su estabilidad. Y así consideran al Ministerio Público, bajo su gestión, como una amenaza”.

 

Refirió lo ocurrido el sábado 5 de agosto cuando dijo, se materializaron las amenazas; denunció asedios que “durante meses vivimos todos los que trabajamos en el Ministerio Público. Nuestra institución fue asaltada y tomada militarmente por la Fuerza de las Bayonetas”.

 

La venezolana agregó que “más de 300 militares de la Guardia Nacional, y otros cientos de funcionarios de la Policía Política, participaron en ese deshonroso evento. Muchos fiscales fueron desalojados en forma directa de sus lugares de trabajo”.

 

Ortega habló sobre la investigación del caso Odebrecht que se sigue en su país  que involucra al presidente Nicolás Maduro y a su entorno, por lo que “quiero advertirlo; hacer una reflexión, porque cualquier información que ustedes remitan en este momento en cuanto al Ministerio Público va a ser utilizada para fines contrarios a los previstos”.

 

 

Foto: PGR

A través de un  comunicado que difundió a través de sus redes sociales, la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, afirmó que su país esta ante “un nuevo Gobierno de facto, un golpe contra la Constitución (…) las leyes y nuestra forma de Estado”.

 

 

En un comunicado, Ortega Díaz señaló que los magistrados del Tribual Supremo de Justicia son “cuestionados e ilegítimos, que están subordinados a los intereses particulares del ejecutivo nacional”, además de reiterar que la Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo “ilegítimo”, debido a que su elección no incluyó un referendo previo como ocurrió en 1999.

 

“La cantidad de países e instituciones que desconocen a estas autoridades inconstitucionales y fraudulentas se hace cada vez más grande, es proporcional al aislamiento y la pérdida de legitimidad de quienes pretenden hacer del país un cuartel”, se lee en el comunicado.

 

La venezolana indicó que “ni la fraudulenta constituyente presidencial ni los ilegítimos magistrados pueden remover a la fiscal General de la República , el único órgano que puede tomar esa decisión es la Asamblea Nacional, tal como lo establece la constitución” de Venezuela.

El gobierno de Nicolás Maduro acusó que la comunidad internacional no da el mismo trato a su gobierno frente a acciones similares que Donald Trump ha implementado en su país.

 

Los señalamientos surgen luego de que en enero pasado Trump destituyera  al fiscal general Sally Yates, después que se negase a defender en los tribunales el veto a inmigrantes y refugiados impuesto por la Casa Blanca. “Yates traicionó al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

 

Por lo que el gobierno de Maduro sostuvo que dicha acción no ocasionó la indignación mundial que se ha suscitado en el caso de Venezuela, donde la Asamblea Nacional Constituyente, que inició a sesionar este viernes, removió de su cargo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz.

 

Indicó que Luisa Ortega Díaz fue acusada de violar la ética pública al mentir sobre la supuesta “falta de legitimidad de origen” de los magistrados y criticada por su papel durante las protestas violentas de la derecha venezolana.

 

“Diferentes gobiernos de derecha han condenado esta acción, pero no lo hicieron cuando Trump destituyó al fiscal Yates”, sostuvo el gobierno venezolano.

 

Con información de Verdad Digital / Foto: Archivo APO

Entre los votantes registrados en Estados Unidos, la más reciente encuesta de Politico/Morning Consult de finales de mayo, indica que un 43% quiere que el Congreso inicie un proceso de destitución contra el presidente Trump, frente al 38% que presentó la edición previa.

 

Pero los expertos dicen que las encuestas pueden significar menos de lo que parecen mostrar.

 

Tres encuestas realizadas por CNN/ORC mostraron un número similar en el pasado, alrededor del 30% querían acusar al presidente Clinton en 1998, al presidente Bush en 2006 y al presidente Obama en 2014, a pesar de que los presidentes se encontraban en circunstancias muy diferentes. Las encuestas de Gallup de la era Watergate mostraban que la mayoría de americanos no apoyaron el impeachment a Nixon y del retiro de su cargo hasta agosto de 1974, el mismo mes que él dimitió.

 

Un problema es que los encuestadores no preguntan sobre la acusación, por lo que es difícil medir cuántos encuestados pueden usar el apoyo a una eventual destitución simplemente como una forma de mostrar la desaprobación que sienten; así lo afirmó Peter Hart, encuestador de NBC/Wall Street Journal.

 

“Lo que se dice es básicamente que el electorado no entiende completamente la acusación”, dijo a TIME. “Su comprensión de la acusación es que estoy enviando un mensaje de desaprobación.”

 

Barbara Perry, directora de estudios presidenciales en el Miller Center de la Universidad de Virginia, señala otro gran problema: la Cámara de Representantes es quien se encarga de decidir si se inicia un proceso de destitución.

 

“Esta es una encuesta nacional”, dijo. “Bueno, parece que (el apoyo para el inicio de los procesos de impeachment) está avanzando, el 43% de la gente quiere seguir con los procesos de impeachment. Bueno, los distritos que son de un arraigo republicano y probablemente muy pro Trump, ¿No son esos congresistas que van a decir: bueno, ¿eso es una encuesta nacional?”.

 

Perry sostiene que las encuestas de distritos congresionales individuales (que no existen) serían un mejor indicador de la probabilidad de que la Cámara avance con un voto de destitución. Aseguró que podría ser más útil mirar el desglose partidario de las encuestas de acusación realizadas hasta ahora. Los números allí no indican que la mayoría republicana en la Cámara esté interesada.

 

En la encuesta más reciente de Politico/Morning Consult, realizada entre el 25 de mayo y el 30 de mayo, sólo el 15% de los republicanos apoyan a la Cámara en el proceso de destitución (comparado con el 38% de independientes y el 71% de demócratas que respaldan una votación de destitución).

 

“La encuesta partidista es más matizada que una encuesta nacional”, argumenta Perry. “Pero ciertamente una encuesta por partido te da una idea de cuán pocos republicanos están a favor de avanzar hacia la destitución. Los republicanos se preguntan: si la gente de mi partido no quiere esto, ¿por qué haría esto?”

 

Sin embargo, Allan Lichtman, profesor de historia en la Universidad Americana y autor de “The Case for Impeachment”,  sostiene que las encuestas son dignas de mención debido a su sincronización.

 

“Creo que las encuestas importan mucho”, argumenta Lichtman, “usted está hablando de una encuesta que se está tomando en cuenta sólo unos meses en la presidencia de Trump. Si los representantes quieren sobrevivir necesitan responder a las necesidades del pueblo estadounidense”.

 

Pero Perry cree que, a pesar de su calendario, las encuestas nacionales no indican que la Cámara esté cerca de acusar a Trump. “Todos los sondeos hasta el momento no indican un movimiento en dirección del inicio de la acusación”, agregó Perry. “A menos que Trump haga algo tan atroz como para poner en peligro la reelección de un miembro de la Cámara o de un miembro del Senado, una Cámara Republicana y un Senado Republicano, hasta este momento sería poco probable que lleven a juicio a Trump”.

 

Texto publicado en TIME por Jack Brewster

Foto: Archivo APO