De acuerdo con la sexta edición del Índice de Paz México 2019 (IPM), que publica el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el nivel de paz en el país se deterioró 4.9% en 2018, registrando un retroceso en 22 estados y mejorando sólo en 10.
El Índice señala que la inversión de México en su sistema de justicia penal aún es insuficiente, lo que provoca que 97% de los delitos no se castiguen.
Recordó que México es el país de los 33 miembros de la OCDE que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y sistema judicial, como porcentaje del PIB, y menos de la mitad que otros países de América Latina.
Resaltó que el impacto económico de la violencia se elevó 10% en 2018, alcanzando los 5.16 billones de pesos, lo que equivale a 24% del PIB del país. Los costos relacionados con los homicidios representan 51% del impacto económico.
Otro dato que arroja el Índice es que la corrupción sigue siendo una gran preocupación para los mexicanos. En 2018 casi 70% de ellos creían que los jueces eran corruptos y más de 65% tenían la misma percepción del Ministerio Público.
Señala que el deterioro en el índice de Paz se debió en gran medida al aumento del 14% en la tasa de homicidios, que pasó de 24 a 27 por cada 100,000 habitantes.
El indicador de delitos con violencia mejoró en 2018 por primera vez en los últimos cuatro años. La tasa nacional mejoró 0.4% en 2018, con lo que se detuvo el abrupto incremento observado en 2017. La tasa de asaltos se mantuvo en niveles similares a los de 2017, mientras que la tasa de violencia sexual aumentó 12.4% y la violencia doméstica se incrementó 5.7%.
Adicional, en 2018 hubo un aumento de 15.8% en los delitos cometidos con arma de fuego, en comparación con 2017. La tasa de crímenes de la delincuencia organizada aumentó 11.6% en 2018 con respecto del año anterior.
Destacó los 850 actos de violencia ocurridos contra políticos entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018, tiempo de campañas políticas, de los cuales el 75% estuvieron dirigidos a políticos de nivel municipal. El 81% de los ataques se dirigieron a integrantes de partidos compitiendo desde la oposición.
Enfatiza que, de los 175 asesinatos registrados, el mayor número sucedió en Guerrero y Oaxaca: 32 y 29 homicidios, respectivamente.
