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Agentes del Ejército abatieron este jueves a una decena de sicarios en Michoacán, al protagonizar un enfrentamiento a balazos que dejó como saldo los decesos y un militar herido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en un comunicado que el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este jueves, en el poblado de Santa Inés, del municipio de Tocumbo.

En este sitio, un grupo de sicarios atacó con rifles de asalto a una patrulla militar del Ejército que realizaba recorridos en la región, ubicada en los límites de Michoacán con Jalisco.

Los soldados repelieron la agresión, por lo que comenzó el intercambio de disparos, que se extendió al poblado de La Laguneta, en el municipio colindante de Cotija, provocando temor entre pobladores.

Los agentes del Ejército Mexicano lograron abatir a diez de los agresores, mientras que un militar resultó herido, por lo que fue trasladado a un hospital regional.

La Fiscalía General del Estado (FGE) trasladó los diez cadáveres al Servicio Médico Forense (Semefo), en tanto que peritos embalaron y aseguraron nueve rifles de asalto, una pistola, una granada de fragmentación, cartuchos útiles, un vehículo y equipo táctico.

De acuerdo con las primeras investigaciones de la FGE, el grupo armado formaba parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que busca el control de actividades ilícitas en diversos municipios de Michoacán.

La Fiscalía también informó que investiga la posibilidad de que entre los sicarios abatidos se encuentre un presunto narcotraficante apodado como ‘El Gafe’, líder regional del CJNG.

El CJNG mantiene una fuerte lucha en la zona con los carteles de Los Reyes (Carteles Unidos), Los Caballeros Templarios y Pájaros Sierra.

El fuerte operativo policial-militar en los límites de Michoacán y Jalisco, en busca de células de sicarios del CJNG, continuó hasta avanzada la noche.

Tanques israelíes tomaron este martes el control del cruce fronterizo de Rafah en Gaza, mientras Israel ignora las advertencias de sus aliados, y opta por avanzar hacia la ciudad, incluso cuando las negociaciones de un alto el fuego con Hamás seguían sobre la mesa.

La ONU advirtió sobre un posible colapso del flujo de ayuda a los palestinos por el cierre de Rafah y el otro cruce principal hacia Gaza, Kerem Shalom.

La incursión israelí se produjo tras horas de tensiones en la guerra que libran Israel y Hamás, donde el grupo insurgente dijo que aceptaba la propuesta de alto el fuego mediada por Egipto y Qatar. Israel, por su parte, insistió en que ese acuerdo no satisfacía sus principales demandas.

La iniciativa diplomática de alto nivel y las maniobras militares hicieron que se vislumbrara una luz de esperanza, para cerrar un pacto que pudiese al menos pausar los siete meses de guerra que ha dejado más de 34,700 palestinos muertos, de acuerdo con autoridades locales de salud, y devastado Gaza.

La incursión nocturna no parecía ser la ofensiva total sobre Rafah que había preparado Israel, pero por el momento se desconoce si se ampliará.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la calificó de “un paso importante” hacia el desmantelamiento de las capacidades militares y administrativas del Hamás; mientras que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, dijo que Israel está dispuesto a “profundizar” el operativo en Rafah si las negociaciones fracasan.

Aun así, la inminente operación amenaza con ampliar una brecha entre Israel y su principal aliado, Estados Unidos, que dice estar preocupado por el destino de alrededor de 1.3 millones de palestinos hacinados en la ciudad.

Ayer, el presidente Joe Biden advirtió nuevamente al primer ministro Netanyahu, en contra de lanzar una ofensiva en Rafah después de que Israel ordenara a 100,000 palestinos que evacuaran ciertas zonas de esa ciudad.

Israel dice que en Rafah están los batallones que le quedan a Hamás, y que es necesario tomar la ciudad para derrotar a ese grupo.

Los grupos de ayuda humanitaria sostienen que un ataque sería catastrófico para los casi 1.4 millones de palestinos que se refugian allí de la campaña israelí en el resto del territorio.

La 401ra Brigada de Israel entró al cruce de Rafah en la madrugada de este martes, dijo el Ejército, y tomó el “control operativo” del crucial paso. Las imágenes mostraban a un tanque entrando. Los detalles del video coincidían con las características conocidas del lugar.

El cruce de Rafah con Egipto y el de Kerem Shalom con Israel son puntos de entrada críticos para alimentos, medicinas y otros suministros que mantienen con vida a la población de Gaza de 2.3 millones.

Las autoridades israelíes negaron a la oficina de asuntos humanitarios de la ONU el acceso al cruce de Rafah, dijo su portavoz Jens Laerke, advirtiendo que la interrupción podría interrumpir la frágil operación de ayuda.

Israel también llevó a cabo una serie de ataques y bombardeos sobre Rafah durante la noche en los que murieron al menos 23 palestinos.

El Ejército de Israel dijo que tomó el paso tras recibir información de inteligencia de que estaba “siendo utilizado con fines terroristas”, pero no ofreció pruebas que respaldaran esa afirmación, aunque sostuvo que la zona próxima al cruce había sido utilizada para lanzar un ataque con mortero que mató a cuatro de sus soldados e hirió a otros cerca del paso de Kerem Shalom el domingo.

Según el Ejército, las tropas terrestres y los ataques aéreos alcanzaron supuestas posiciones de Hamás en Rafah.

Wael Abu Omar, vocero de la autoridad palestina responsable de los cruces, reconoció que las fuerzas israelíes habían tomado el paso y cerraron las instalaciones por el momento. Los ataques aéreos alcanzaban las inmediaciones del cruce desde el lunes, agregó.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó la toma del cruce y la calificó de “una escalada peligrosa”.

En ese sentido han llegado diversos posicionamientos de otros países, entre ellos México.

El Gobierno federal condenó el asalto del Ejército de Israel en Rafah por considerar que traerá “consecuencias catastróficas” para la población civil.

“El Gobierno de México condena la ofensiva militar de las fuerzas armadas de Israel contra la ciudad de Rafah y externa su profunda preocupación por las consecuencias catastróficas que tal avanzada puede significar para la vida de miles de civiles asentados en dicha localidad”, sentenció un comunicado la Cancillería.

Consideró que “los ataques en contra de la población civil constituyen una seria violación a las normas del derecho internacional humanitario”.

Por ello, expuso que “México hace un enérgico llamado para un cese al fuego humanitario inmediato, que sea observado por todas las partes del conflicto, y así sentar las bases para un entendimiento pacífico y definitivo”.

El asalto de Israel en Rafah también ha despertado condenas del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de la Unión Europea (UE) y de países latinoamericanos como Brasil.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció este lunes al Ejército el apoyo que le han dado el proyecto político que encabeza, que dijo, ha sido “fundamental” para la ‘Cuarta Transformación’.

Así lo expresó en la conmemoración del 111 aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas, celebrada en el complejo de la Industria Militar en Puebla, donde subrayó el origen “popular y revolucionario” de la institución castrense.

“En esta transformación pacífica, en esta revolución de las conciencias, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas”, aseguró el mandatario.

Explicó que, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como la de la Marina (Semar), encargadas de las Fuerzas Armadas, tienen una aprobación popular de “alrededor del 85%” y repasó las principales acciones realizadas por el Ejército durante su sexenio.

Entre ellas, destacan la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; el apoyo para construir el Tren Maya y la entrega de recursos materiales y humanos durante la pandemia de covid-19.

También subrayó que, gracias a la gestión militar de las aduanas terrestres, se ha luchado contra el contrabando, “detenido” el narcotráfico e “incrementado” la recaudación de ingresos en los puntos fronterizos.

“Me importa mucho que sepan cuánto nos están ayudando”, reiteró López Obrador, quien recordó su propuesta de reforma constitucional para integrar la Guardia Nacional (GN) a la Sedena.

Y es que López Obrador aprovechó para rechazar los señalamientos que se le han hecho, acerca de que la participación de las Fuerzas Armadas se haya traducido en la militarización de México.

“En lugar de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, que son pueblo uniformado, son trabajadores, leales y patriotas”, sostuvo.

En su opinión, es “fundamental” que pase a la Sedena para evitar que el organismo, nacido en 2019 con la promesa de mantenerlo bajo control civil, se “corrompa” y consolidar “con disciplina y profesionalismo” su vocación de protección a la ciudadanía.

Por su parte, el comandante del Ejército, Celestino Ávila Estudillo, agradeció la “confianza” del Gobierno de López Obrador y reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas de ser “cada vez más eficientes” en sus actuaciones.

“Seguiremos siendo este ejército defensor de la nación, que conserva la esencia de su creación y de su origen con la que mantenemos la confianza que nos otorga la ciudadanía”, agregó.

Finalmente, López Obrador sostuvo que el personal militar es “pueblo uniformado”, unos trabajadores “leales y patriotas”. “Viva el Ejército Nacional y viva México”, exclamó.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó este jueves que las armas que el Gobierno mexicano ha confiscado al crimen organizado pertenezcan al Ejército de su país, como lo aseguró la canciller Alicia Bárcena a inicios de semana.

“No son armas del Ejército de los Estados Unidos, al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información, en los dos años y medio que yo he estado aquí, que estas sean armas que vienen del Ejército de los Estados Unidos”, dijo el diplomático.

Salazar respondió así a las declaraciones de la secretaria de Relaciones Exteriores, quien afirmó que en la reciente reunión con funcionarios de Washington advirtieron sobre el tráfico hacia México de armas de uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos.

“Hay una cosa muy importante y es que la Secretaría de la Defensa alertó a los Estados Unidos sobre armas que están entrando a México que son de uso exclusivo del Ejército estadounidense, y es muy urgente que se haga una investigación al respecto”, aseguró la canciller en la conferencia matutina del Presidente.

Salazar argumentó que las armas que supuestamente aseguró la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al crimen organizado podrían tener “los calibres” de las que usa el Ejército estadounidense, pero insistió en que no provienen de forma directa de las Fuerzas Armadas.

“Eso sí es posible (que sean del mismo calibre), pero no son, a vista mía y de la información que tengo, que vienen del Ejército de los Estados Unidos”, enfatizó.

El diplomático prometió que, al ser un tema de preocupación bilateral, buscarán ver cuál es la realidad.

El embajador destacó la unión que tienen los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de Estados Unidos, Joe Biden, “de hacer todo lo que se pueda hacer para reducir el flujo de armas que llegan a México”.

Recordemos que el Gobierno de México ha pedido en reiteradas ocasiones a Estados Unidos que frene el ingreso de armas al país porque sostiene que los cárteles de la droga y agrupaciones criminales las usan durante sus ataques, ya sea con las Fuerzas Armadas o con grupos rivales.

Apenas el lunes, México celebró que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos dictó una sentencia a favor de México que permite continuar su demanda contra fabricantes de armas en el vecino país, pues ha argumentado que sus prácticas comerciales facilitan que esos productos lleguen a criminales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó este martes las acusaciones de Alejandro Encinas, extitular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, sobre que abogados del Ejército interceden por los militares involucrados en la desaparición de los 43 jóvenes.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Por el contrario, López Obrador argumentó que “lo lamentable es” que el Poder Judicial proteja a quienes participaron en la desaparición de los normalistas en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

AMLO respondió así a las declaraciones del exfuncionario federal, quien aseveró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino a favor de ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa que una jueza liberó el pasado fin de semana por “falta de pruebas”.

La decisión permitió a los militares seguir su proceso en libertad condicional, al pagar 50,000 pesos.

Al respecto, López Obrador afirmó que envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, para advertirle sobre la liberación de los militares. Aseguró que estas acusaciones responden a dos cosas: opositores que buscan el desprestigio del Ejército porque “no quieren que haya una institución independiente” y también para hacerlo “quedar mal”.

López Obrador volvió a arremeter contra organizaciones de derechos humanos, en especial contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Desde el principio está politizando este asunto, desde que estaba de director ejecutivo de la CIDH (Emilio) Álvarez Icaza, y tengo pruebas para sostener que dejaron libres a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y las organizaciones, supuestamente de derechos humanos, se quedaron callados”, enfatizó.

No obstante, prometió que su Gobierno seguirá con la investigación al sostener que no está encubriendo a nadie.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como ‘verdad histórica’, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, los asesinaron e incineraron en un basurero. Sin embargo, dicha versión quedó desacreditada.

En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y creó una Comisión de la Verdad, a cargo de Encinas, que en 2022 concluyó que fue un crimen de Estado con la participación de funcionarios de todos los niveles, incluyendo militares.

Sin embargo, las familias de los desaparecidos denuncian que persiste la falta de voluntad del Gobierno y que las presiones del Ejército han impedido nuevos avances.

El Gobierno federal anunció formalmente este martes la cesión a una empresa de la Secretaría de Defensa (Sedena) del control sobre cuatro aeropuertos del país, como parte de la estrategia de impulsar la participación de militares en proyectos de infraestructura.

Desde que llegó al poder en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha encomendado al Ejército varias obras estrella, como el tren de pasajeros en el sureste del país, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con varios documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Transportes otorgó al Grupo Aeropuertario, Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) la administración, operación, explotación y, en algunos casos, la construcción de los aeropuertos de Uruapan (Michoacán), Palenque (Chiapas), Puebla y Puerto Escondido (Oaxaca).

De las cuatro instalaciones, la de Puerto Escondido y la de Puebla son las que tienen mayor actividad, mientras que la de Uruapan es baja y Palenque ha estado inactivo durante los últimos años tras su inauguración.

GAFSACOMM, controlada por el Ejército, tiene ya a su cargo los aeropuertos de Nuevo Laredo y Ciudad Victoria (Tamaulipas), Tamuín (San Luis Potosí), Chetumal (Yucatán) y Ciudad Ixtepec (Oaxaca).

El permitir la participación de militares en proyectos de infraestructura ha sido duramente criticada por la oposición.

La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) exigió una respuesta urgente, rápida y eficaz para el estado de Guerrero, que vive la peor tragedia de su historia tras el paso del huracán Otis, que según el último informe oficial, ha dejado al menos 45 personas sin vida.

Acción Nacional advirtió que de no resolverse en los próximos días las demandas de servicios básicos como agua, luz, alimentos, combustible, comunicación, transporte y apertura de vías principales y carreteras, la situación se convertirá en una crisis humanitaria.

El partido opositor denunció que en medio de la tragedia, se han registrado “graves violaciones a los derechos humanos” de la población en Guerrero. Señaló que pese al discurso que el Gobierno ha manejado, sí supieron con tiempo sobre el impacto que tendría el huracán.

“El gobierno sí sabía de la magnitud del huracán Otis pero no hizo nada para prevenir oportunamente a la población. Sin duda, la muerte de muchas personas era evitable. Sin embargo hoy la prioridad es salvar vidas, superar la emergencia, restablecer los servicios y reconstruir Acapulco y otras zonas devastadas por el huracán”, dijo el dirigente nacional del partido, Marko Cortés.

El panista criticó que el gobierno obstaculice la llegada de apoyo, haciendo a un lado a la sociedad civil y centralice la ayuda a través del Ejército y los llamados “Cuervos” de la Nación.

Dijo que de manera autoritaria, haciendo uso electoral de la tragedia, López Obrador ha impedido que organizaciones y representantes de la sociedad civil entreguen ayuda a damnificados;también denunció que a gente que va en busca de sus familiares, los Servidores de la Nación les quitan víveres, ropa o medicinas en los caminos, lo que implica “otro saqueo”.

Recordó que ante cada desastre, ya sea por sismos o huracanes, la sociedad mexicana se ha volcado a ayudar a las personas en desgracia, por lo que consideró inaceptable e inhumano que el gobierno impida la participación directa de la sociedad civil en labores de auxilio y cooperación.

Pese a que el presidente lo ha negado, el líder del PAN afirmó que este gobierno ha disminuido sustancialmente los recursos para la atención de los desastres naturales en su etapa de emergencia y de reconstrucción.

Cortés Mendoza lamentó que a todo este desastre se suma, la incapacidad de la gobernadora, Evelyn Salgado, quien no solo no se le ha visto en labores de ayuda en el estado, sino que ha permitido que impere el caos, el desorden y la rapiña en la zona afectada, gracias al vacío que hay en su Gobierno.

La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves aumentar de 5% a 9% los impuestos que pagan los concesionarios privados de los aeropuertos para destinar los recursos a un nuevo fideicomiso para las operaciones comerciales de aviación que harán las Fuerzas Armadas.

Los diputados aprobaron los cambios como parte de la Ley Federal de Derechos 2024, que quedó avalada con 239 votos a favor de la coalición del Gobierno, 196 en contra de la oposición y 2 abstenciones.

Los nuevos recursos recaudados irán a los aeródromos que, desde el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, administran el Ejército y la Marina, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el de Toluca y Puebla; el de Campeche, Palenque, Chetumal y Tulum.

Esta reforma se suma a una en la que el Congreso dio al Ejército un fideicomiso que reciba el 80% de lo recaudado por el impuesto de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, es decir, por turistas internacionales que ingresan al país.

Todo esto se da mientras los fondos en fideicomisos para las Fuerzas Armadas han crecido más de 1,000% en lo que va del sexenio de López Obrador, hasta superar los 99,000 millones de pesos, según denunció el diputado del PAN, Jorge Triana.

“No solo están militarizando la seguridad pública, los hoteles, están militarizando los trenes, los puertos, los aeropuertos, el transporte de hidrocarburo, están militarizando todo, ahora quieren militarizar el turismo también”, expresó en la tribuna.

La Ley Federal de Derechos forma parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2024, para el que los diputados también aprobaron durante la madrugada la Ley de Ingresos, que prevé ingresos totales por 9.66 billones de pesos, un aumento real anual de 4.6%.

El Ejército estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, según confirmó un adendum al segundo informe dado a conocer por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.

“El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo y acredita que los objetivos que estaban siendo investigados con anterioridad a los hechos contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos”, dice el documento emitido por la Comisión para la Verdad (COVAJ), que indaga el caso.

Según el reporte, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), a la que pertenece el Ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado.

“La Sedena tenía identificados y hacía seguimiento con anterioridad a los hechos, a diferentes objetivos prioritarios que eran parte de los grupos delictivos y cuya información es de interés para continuar con la investigación”, se lee en el documento.

Recordemos que un informe previo de la COVAJ presentado el pasado 27 de septiembre, justo cuando se cumplieron 9 años de la desaparición, señalaba que la participación por acción u omisión de autoridades federales, estatales y municipales en el caso constituyó un “crimen de Estado”.

Los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, uno de los más violentos del país debido a enfrentamientos entre cárteles del narcotráfico.

Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a Ciudad de México en donde participarían de una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por miembros del cártel Guerreros Unidos.

Dicho grupo es acusado de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México.

Durante los últimos años, los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa habían reclamado que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó información incompleta sobre el caso, en particular sobre la participación del Ejército.

Hasta el momento hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, quien en un inicio estuvo a cargo de las investigaciones.

Entre las causales que han manejado las autoridades por la desaparición de los estudiantes están que fueron confundidos como miembros de un cártel rival o que fueron víctimas de un “escarmiento” por parte del entonces alcalde de Iguala y de Guerreros Unidos.

También se ha planteado que la presencia de drogas, armas o dinero en los autobuses que tomaron pudo provocar su persecución y muerte. El gobierno fue enfático en señalar que dichas hipótesis “no son necesariamente excluyentes”.

Hasta la fecha han sido hallados e identificados los restos de solo tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió esta mañana que el Ejército “ha entregado toda la información” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, esto luego de su reunión con los padres, quienes lo acusaron de proteger a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros hemos estado entregando toda la información, la Secretaría de la Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información”, afirmó el mandatario.

Ayer el mandatario se reunió con los familiares de los jóvenes, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, en el que los padres le exigieron que deje de encubrir al Ejército porque, según ellos, faltan documentos sobre el caso.

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó a la salida de la reunión que “el presidente ha protegido mucho al Ejército desde hace tiempo”. López Obrador defendió el actuar de las Fuerzas Armadas, aunque prometió una revisión.

“Ellos sostienen eso, pero la Defensa sostiene que ya entregó toda la información, y lo que estoy planteando desde ayer es una revisión de todo para que no quede ninguna duda y se pueda decir: ya entregamos toda la información, eso es lo que se tenía. O, en efecto, faltaba entregar otra información, o ya no hay más”, explicó.

El encuentro llegó a días de que se cumpla el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes, mientras crece la presión para que López Obrador cumpla su promesa de aclarar el caso y conocer el paradero de los normalistas, antes de que termine su mandato, el 1 de octubre de 2024.

“Yo me comprometí con los padres a que íbamos a llegar al fondo y lo vamos a hacer, y me falta un año y estoy trabajando en esto, y por eso quería también la reunión ayer con ellos, para informarles, y quiero entregarles el lunes a cada uno, cada madre y cada padre, un expediente”, añadió.

Y es que explicó que luego del encuentro de ayer, se acordó volverse a reunir el próximo lunes donde darán respuesta a los planteamientos que hicieron ayer. Aclaró que no estará presente en la nueva reunión pues tiene “otras cosas” que atender.

El mandatario prometió que la Secretaría de Gobernación entregará “un acopio” de lo que se ha entregado “para no seguir ahondando diferencias” con los padres y “para que no haya desinformación”. Se comprometió a que los documentos no están “testados o con renglones tachados”.

Cuestionado sobre si se dará a conocer la información que se intercambie con los familiares, López Obrador dijo que una vez que lo tengan, los padres serán libres de hacerlo público.

AMLO argumentó que “esto no es nada más un asunto social, profundamente humanitario”, pues recordó que sus “adversarios” han usado el tema para “dañar” a su Gobierno.

“No queremos que estos falsarios, pseudodefensores de derechos humanos, estén utilizando este lamentable asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército”, defendió una vez el presidente.

López Obrador defendió los resultados al señalar que hay decenas de militares detenidos, incluyendo dos generales. En ese sentido, se revelaron dos cartas dirigidas al titular de Sedena, donde se le instruye procesar a elementos del Ejército involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes.

Recordemos que la Comisión de la Verdad, creada por el actual gobierno, concluyó el año pasado que el hecho fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo las Fuerzas Armadas, desmintiendo así la llamada Verdad Histórica de la administración pasada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) entregó de forma oficial esta mañana al Ejército la administración del Tren Maya, obra prioritaria de su administración, el cual comenzó pruebas este fin de semana.

“Ya hay un decreto, ya se formalizó la entrega de la empresa manejada por Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), Tren Maya, para todo lo que es la construcción de los 1,554 kilómetros de vías, la adquisición de los trenes, las estaciones, cocheras, talleres, todo lo que es el Tren Maya”, informó el mandatario.

El presidente anunció que el general Óscar David Lozano Águila será el nuevo director general de la empresa del Tren Maya.

Además, AMLO informó que Javier May, director general de Fonatur, organismo que se ha encargado del proyecto hasta ahora, dejará el cargo para buscar la candidatura de Morena a la gobernación de Tabasco, estado natal del presidente.

Al respecto, el funcionario compartió en redes sociales la carta de renuncia que le presentó al Presidente, en la que expone que desde hace más de 30 años, apoya el movimiento que él encabeza “sin descansos, sin claudicar y siempre inspirados por el principio de que ‘por el bien de todos, primero los pobres'”.

López Obrador aprovechó el informe de esta mañana para justificar que las Fuerzas Armadas administren una obra pública como el Tren Maya en medio del creciente poder que les ha otorgado durante su Administración, incluyendo tareas de seguridad pública, construcción de obras y gestión de aeropuertos y aduanas.

“¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa? Porque esta obra, como otras, se están financiando con inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública privada, no. Es presupuesto público, dinero del pueblo, el que se está invirtiendo”, sostuvo.

Recordemos que el Tren Maya acumula una inversión de entre 15,000 millones y 20,000 millones de dólares, y une a cinco estados del sureste del país: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

“¿Cómo garantizamos que haya buena administración, honesta, que no haya derroche, y que no quieran en el futuro entregar el Tren Maya a particulares? Se lo tenemos que dejar a una institución seria, responsable, que representa a la nación, que representa a México, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional”, añadió el presidente.

Recordó que el tren busca potenciar el turismo en la zona, además de que servirá para transportar pobladores locales y carga.

“Son cinco estados que van a tener posibilidades de crecimiento como no sucedía anteriormente, no hay que olvidar que durante 40 años se abandonó el sureste”, remató.

Mercenarios del Grupo Wagner han comenzado a entrenar a las tropas bielorrusas en un campamento cerca de la ciudad de Osipóvichi, a 230 kilómetros de la frontera ucraniana, confirmó este viernes el Ministerio de Defensa bielorruso.

“Cerca de Osipóvichi tienen lugar entrenamientos de las defensas territoriales”, señala un mensaje de Defensa en Telegram, en el que se indica que las tropas locales son entrenadas en algunas disciplinas militares por “instructores de la empresa militar privada Wagner”.

El ministerio publicó también un vídeo de los entrenamientos con comentarios de algunos de sus soldados sobre los mercenarios.

“Ellos participaron en acciones de combate y esto, claro está, es una experiencia muy útil para nuestro Ejército bielorruso, que no participó en combates reales desde la guerra (soviética) de Afganistán”, señaló un soldado.

“Son gente muy preparada, que saben lo que hacen, pueden enseñarnos muchas cosas. Es una herramienta muy útil”, indicó otro de los soldados.

Esta semana el Ministerio de Defensa bielorruso adelantó que planeaba aprovechar la llegada de Wagner al país para realizar un “intercambio de experiencias” entre el Ejército regular bielorruso y los paramilitares rusos.

Hace una semana las autoridades bielorrusas afirmaron que los mercenarios de Wagner, que debían trasladarse a ese país tras el fracaso de la sublevación de junio pasado, aún no se encontraban en la base ofrecida por Minsk.

El presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, dijo previamente que el Grupo Wagner es la unidad “más experimentada en combates” y que “puede servir a la defensa de Bielorrusia si el país es atacado”.

El Kremlin publicó hoy un mensaje del presidente Vladímir Putin, dos días después de que se abortara una rebelión armada de los mercenarios de Wagner, aunque se desconoce si estas imágenes fueron grabadas días atrás.

El mandatario suele dejar grabado este tipo de saludos a participantes de foros y conferencias, al igual que hace incluso con discursos que dirige a la nación.

En el vídeo Putin lleva aparentemente la misma corbata y el mismo traje que en un videomensaje publicado por el Kremlin la medianoche del pasado sábado con motivo del Día de la Juventud, fecha del motín protagonizado por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar rusa.

Ayer, el periodista ruso Pavel Zarubin publicó un vídeo de una entrevista con el mandatario para el programa de televisión “Moscú. Kremlin. Putin”, en el que el mandatario aparece con la misma corbata, un programa que se graba previamente y se difunde el fin de semana.

En esa entrevista Putin calificó la operación militar rusa en Ucrania como su máxima prioridad, a la que se dedica desde que se levanta hasta que se acuesta.

El 24 de junio por la mañana el presidente ruso, con una corbata más oscura, se dirigió a la nación para calificar de traidores a los sublevados y prometer que serán castigados.

Tras llegar el Kremlin a un acuerdo con Wagner con la mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en principio serán anulados los cargos penales por organización y participación en rebelión armada, y Prigozhin enviado al exilio.

Prigozhin lanzó su insurrección armada días después de que Putin anunciara que los combatientes de Wagner tenían que firmar contratos con el ejército. “Quieren desmantelar el grupo”, denunció el sábado Prigozhin.

Wagner afirmó este lunes que su principal sede, en San Petersburgo, funcionaba “con normalidad de acuerdo con la legislación de la Federación Rusa”.

El objetivo oficial de la rebelión de Prigozhin era el reemplazo del ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, y del jefe del Estado Mayor, Valeri Guerasimov. Por el momento, Putin no ha anunciado ningún cambio en la cúpula militar.

Sin embargo, el grupo paramilitar ruso continuará sus operaciones en Malí y en República Centroafricana (RCA) pese a la rebelión abortada en Rusia el pasado fin de semana, indicó el lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

Recordemos que para los occidentales, Wagner es un instrumento de influencia rusa destinado a hacer avanzar los intereses de Moscú y competir con los europeos. El grupo armado está acusado de cometer abusos o expoliar recursos naturales allá donde opera.

Lavrov aseguró que la tentativa de rebelión armada en Rusia del jefe de Wagner, Yvegueni Prigozhin, no afectará a las relaciones de Rusia con “socios y amigos”.

Al respecto, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reiterado este lunes que el presidente Putin, cometió un “error estratégico” con la invasión de Ucrania, en sus primeras declaraciones tras la revuelta del Grupo Wagner que obligó a Moscú a poner a sus fuerzas en estado de alerta.

En unas declaraciones desde Lituania, donde se reúne con el presidente Gitanas Nauseda, para preparar la cumbre de líderes del próximo 11 y 12 de julio, el ex primer ministro noruego se ha referido a los acontecimientos vividos en Rusia el pasado fin de semana como “asuntos internos”, aunque ha insistido en que evidencian que la guerra “ilegal” contra Ucrania se ha demostrado como un “gran error estratégico” de Putin.

“Seguimos de cerca la situación en Rusia. Los acontecimientos del fin de semana son un asunto interno de Rusia y una demostración más del gran error estratégico que cometió Putin con su anexión ilegal de Crimea y la guerra contra Ucrania”, señaló.

El jefe político de la OTAN ha subrayado que la crisis en Rusia muestra la “fragilidad del régimen” y demuestra lo “peligroso” que es depender de mercenarios en las Fuerzas Armadas. “En última instancia han actuado contra Putin”, señaló.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que mantiene abierta una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema de espionaje, Pegasus en 2014, por parte de la Agencia de Investigación Criminal dirigida por Tomás Zerón.

Recordemos que Tomás Zerón es acusado de ocultar pruebas y torturar testigos en el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la FGR, esta sistema habría sido adquirido para uso de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Jesús Murillo Karam, hoy recluido por su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Las carpetas incluyen delitos por peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades.

Todos ellos en contra de Zerón; Judith Aracely Gómez, exoficial mayor; Vidal Diazleal, exjefe de la Policía Federal Ministerial, y de Rigoberto “G”, exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

La FGR indicó que el monto de la operación ilegal fue por 460 millones de pesos.

Además, explicó que es “un sistema que no lo tiene esta nueva Administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente”.

La aclaración se da en medio de señalamientos al Ejército por una presunta estructura secreta de espionaje que usa el software Pegasus para interferir en investigaciones relacionadas con activistas que denuncian violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. La investigación es denominada “Ejército espía”.

La FGR también detalló que a través de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) ha solicitado la celebración de la audiencia inicial hasta en tres ocasiones ante el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, y espera respuesta.

“Esta investigación es independiente de la ya judicializada por la FGR, en razón de diversas intervenciones ilegales que Pegasus” realizó en la administración pasada y de las que se cuenta con vinculaciones a proceso, de lo cual se ha informado oportunamente”, aclaró la FGR.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también se refirió a Tomás Zerón, extitular de la AIC, pues pidió al gobierno de Israel su extradición, ya que también se le involucra con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Aprovecho para pedirle al primer ministro de Israel que ya se cumpla con el compromiso de que lo van a extraditar, a Tomás Zerón, que está demostrado que participó en la fabricación de delitos, de tortura”, dijo el mandatario.

Anteriormente, la FGR también había informado que perseguía una segunda línea de investigación por el delito de intervención ilegal de comunicaciones privadas en perjuicio de diversos periodistas y defensores de derechos humanos con esta misma tecnología.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, que establece la creación de una nueva aerolínea que estará a cargo del Ejército, y que además busca recuperar la categoría 1 en seguridad aérea.

La reforma, aprobada el pasado 29 de abril en el Senado con el apoyo de Morena y aliados, entró en vigor este 3 de mayo.

“Se busca dotar legalmente a la Agencia Federal de Aviación Civil para expedir disposiciones técnico-administrativas en materia aeroportuaria, con la finalidad de que el país recupere la categoría 1”, apunta el documento aprobado en el Congreso.

La ley permitirá, entre otros puntos, que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal reciban en asignación la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas, “lo que favorecerá una mayor conectividad aérea”.

También avala el tema relativo a las bases para la creación de una línea aérea del Estado. Según lo expuesto por el presidente, la aerolínea podría llevar el nombre de Mexicana.

Recordó que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en la sesión ordinaria del pasado 20 de abril el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, y luego fue enviado al Senado donde se aprobó de manera polémica el pasado fin de semana.

Tanto esta como otras reformas de ley se aprobaron con la ausencia de la oposición, que frenó la última sesión del periodo ordinario entre jaloneos y golpes, ante la falta de acuerdos con el bloque oficialista en torno al INAI, por lo que los opositores mantuvieron tomada la tribuna más de 24 horas, lo que obligó a cambiar de sede para continuar con la sesión.

La reforma se aprobó en medio de las críticas a las políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien le ha entregado a las Fuerzas Armadas el control de la Guardia Nacional, de obras como el Tren Maya y aeropuertos, de la vigilancia de puertos y aduanas, y de una próxima aerolínea.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha detallado en su informe sobre la muerte de cinco jóvenes el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos del Ejército, que los militares realizaron hasta 117 disparos y que sus vehículos no presentaban impactos de bala como denunciaron.

“Los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de armas de fuego” y ningún elemento presentó lesiones por proyectil de arma de fuego”, señala la recomendación emitida por la CNDH, el cual ya está en manos del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval.

Los dos supervivientes han relatado a la Comisión que en la madrugada del 26 de febrero circulaban en un vehículo por las calles del barrio de Cavazos Lerma, en Nuevo Laredo, tras abandonar un establecimiento cuando un militar disparó contra la parte trasera del coche, seguido de otros tres agentes.

La versión de los militares sostiene que abrieron fuego al oír disparos. Sin embargo, posteriormente han reconocido que en ningún momento vieron que desde el vehículo de los jóvenes se efectuara algún disparo. A su vez, la CNDH confirmó que dentro del coche no se encontraron armas de ningún tipo.

Así, la CNDH ha solicitado al secretario Sandoval que colabore en los trámites necesarios para que estas siete personas afectadas y sus familiares más allegados sean inscritas en el registro nacional de víctimas para que pueda acceder a las indemnizaciones correspondientes, así como a atención médica y psicológica.

Pocos días después de estos hechos, dos cabos y dos soldados fueron procesados por la justicia militar y enviados a una prisión del Ejército. Están acusados de desobediencia. Las investigaciones continúan y fuentes castrenses no descartan que se lleven a cabo más detenciones, informó El Universal.