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Miles de personas salieron este domingo a las calles de la Ciudad de México para exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cuando se cumplen siete años de los hechos.

Como cada año, la manifestación inició en el Ángel de la Independencia encabezada por los padres y madres de los jóvenes, quienes recorrieron calles del centro de la Ciudad hasta llegar a la plaza del Zócalo.

Antes de partir, un sacerdote ofició una misa en recuerdo de los desaparecidos, cuyos rostros estaban impresos en las pancartas que llevan sus familias.

La manifestación transcurrió entre consignas como «Vivos se los llevaron, vivos los queremos» y algunas pintadas en el mobiliario urbano, aunque sin dejar daños mayores.

Frente a un monumento con el símbolo «+43» instalado años atrás en Paseo de la Reforma y Bucareli, familiares y estudiantes corearon los nombres de los desaparecidos. En este punto, uno de los familiares recordó a los tres padres de familia que ya han fallecido sin saber qué ocurrió con sus hijos. «En memoria de ellos vamos a exigir justicia y vamos a seguir caminando hasta dar con el paradero de los 43 estudiantes», dijo.

Ya en el Zócalo, donde guardaron un minuto de silencio en recuerdo de los estudiantes, los familiares pidieron al presidente López Obrador que se investigue al Ejército «a fondo», pues aseguran que el Ejército manejó al C4 (centro de monitoreo de la Policía), por lo que ellos habrían tenido conocimiento de cómo estaban atacando a los normalistas.

Además, sostuvieron que hay pruebas y testimonios que elementos del 27º Batallón de Infantería de Iguala habrían participado en los hechos.

La desaparición de los 43 estudiantes cumplió este domingo siete años, tiempo en el que solo tres de los jóvenes han sido identificados y el responsable de la investigación en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Tomás Zerón, se encuentra prófugo en Israel.

Según la versión del gobierno anterior, los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías en Iguala, Guerrero, y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.

Pero este relato, conocido como la «verdad histórica», fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reabrió el caso en 2018 y tiró definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de dos de los estudiantes, Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.

Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.

Omar Gómez Trejo, el principal investigador del caso, dijo la semana pasado que los resto óseos encontrados cerca de un basurero próximo a Iguala coinciden con tres de los 43 estudiantes.

Pero a diferencia de las investigaciones anteriores, ya desacreditadas porque presuntamente se torturó a sospechosos y hubo manipulación de pruebas, Gómez Trejo dijo que los restos de los estudiantes posiblemente fueron diseminados en diversos lugares.

En una reunión el pasado viernes, López Obrador explicó a los padres que pidió a Israel la extradición de Tomás Zerón, artífice de la «verdad histórica», mientras que las familias criticaron el desdén que perciben por parte de la Fiscalía y el Ejército para esclarecer lo sucedido.

Foto: Twitter @CentroProdh

DENISE DRESSER

REFORMA

 

O cooperas, o te corto el cuello. O juegas conforme a mis reglas, o te arruino. O haces lo que yo te ordene, o tu sufrimiento será aun mayor. Ese es el mensaje que la administración de López Obrador manda todos los días y es amenazante. No busca crear incentivos para la colaboración; lo suyo siempre acaba siendo una estrategia de intimidación. No gobierna convenciendo, gobierna amedrentando. Y el ejemplo más reciente es lo que anuncia sobre el aeropuerto Felipe Ángeles. Esa obra de infraestructura tan moderna, tan eficiente, tan a la altura de los estándares internacionales, que se obligará a las aerolíneas a usarla aunque no quieran. Aunque aumente costos, produzca peligros, coarte la competencia y dañe a los consumidores, obsesión presidencial mata planeación racional. El 21 de marzo de 2022 no se inaugurará ni siquiera un elefante blanco. Se exhibirá una nueva estirpe de obra pública disfuncional y defectuosa: el mamut mexicano.

Una especie extinta, que sólo vemos recrear en salones lúgubres de museo de historia natural. Una especie de Plioceno de cuya existencia nos enteramos por el montaje museográfico, iluminado e escenificado para quien lo quiera ver. Tal y como será Santa Lucía en el magno momento de su develación, frente a las cámaras de televisión. con el Presidente parado al lado de las Fuerzas Armadas, los verdaderos beneficiarios de su construcción. Tal y como la emperatriz Catalina de Rusia, el presidente López Obrador recorrerá y aplaudirá un paraje Potemkin, amado para complacer, no para funcionar. Basta con mirar la fotografía de Santa Lucía que publica el arquitecto Axel Belfort hace aproximadamente una semana, donde augura que el aeropuerto no será terminado a tiempo. Sólo están trabajando lo mínimo necesario para montar un «show» de presentación, y de su uso limitado. Un uso político y escenográfico pensado para complacer al Presidente, pero no para beneficiar a la población.

La fotografía evidencia de lo que falta, lo que el pasajero no ve, lo que las aerolíneas internacionales saben y de ahí el anuncio de Air Canadá sobre cómo no tiene contemplado volar a Santa Lucía. No se ha construido lo indispensable. No se ha demolido lo necesario. La atención del Ejército está centrada en la edificación de aquello que saldría en la foto, de aquello quedaría la nota periodística, de aquello que el Presidente pondría como un triunfo: la terminal de pasajeros, la pista civil 2 y la torre de control. Aún falta el 90 por ciento de la lista que cualquier aeropuerto requiere para ser viable. operativo y seguro.

Una larga lista de lo ausente, de los problemas evidentes. Señalados e ignorados. Advertimos y subestimados. Todo lo que asesores de aeropuertos expertos en aviación, aerolíneas nacionales e internacionales y asociaciones de pilotos han reiterado. El Mamut Mexicano de Felipe Ángeles es una obra atávica que generará complejidades innecesarias en cuanto a operación, no resolverá la saturación del sistema aeroportuario, no llevará a que la aviación recupere la categoría I que perdió hace poco, y no podrá operar de manera simultánea el aeropuerto actual. Estas son especulaciones que puedan contrastarse con «otros datos». Son los datos. Y el gobierno ha empezado a cobrar conciencia de ello para jamás lo admitirá.

Por eso intenta resolver el problema que ha generado, creando otros. Anuncia que recortará el número de vuelos del AICM, para que Santa Lucía pueda ser utilizado al mismo tiempo. Decreta que obligará a las aerolíneas a usarlo aunque eso entrañe aumentar sus costos y transferírselos al ciudadano. otra vez exprimido por el gobierno, informa que el tiempo de traslado de un aeropuerto a otro -en caso de una conexión- será de dos horas dada la distancia. lo cual desincentivará el turismo nacional e internacional, así como la transportación aérea en general. Una administración incompetente producirá una realidad contraproducente. Menos vuelos en el AICM, más costos para moverlos a Santa Lucía. Menos operaciones, más tiempo utilizado para poderlas tomar. Menos seguridad, más inexperiencia. En pocas palabras, un caos caro, un peligro producido para 102.5 millones de pasajeros al año, un capricho cargado a los consumidores. Y los únicos ganadores: el Presidente y el Ejército al que han enriquecido. Ambos montados a la macha sobre el lomo de un arcaico -pero muy fotogénico- mamut.

El asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca, Jake Sullivan, aseguró este lunes que el presidente estadounidense, Joe Biden, no consideraba «inevitable» que los talibanes controlaran Kabul tras la retirada de las tropas de Estados Unidos, y culpó a las fuerzas afganas de no haber querido defender su país de los insurgentes.

En una entrevista con la cadena ABC, Sullivan hizo frente a las críticas que afronta el gobierno de EUA y el presidente Joe Biden por la abrupta caída de Afganistán bajo control talibán y las escenas de pánico en la capital, donde miles de personas buscan abandonar el país.

Sullivan acusó a las fuerzas afganas de «no dar un paso al frente» para defender Afganistán, pese a «los miles de millones de dólares» que Washington ha aportado en entrenamiento y equipamiento militar.

No obstante, subrayó que Biden sigue considerando la decisión de ordenar la retirada militar de Afganistán como la correcta tras más de 20 años de guerra.

«La cuestión que encaró el presidente en abril (…) es si deberíamos enviar a hombres y mujeres de Estados Unidos una guerra civil en otro país cuando su propio Ejército no lucha por defenderlos. Y la respuesta a esa pregunta es no», afirmó Sullivan.

Las palabras del funcionario estadounidense coinciden con las informaciones sobre el caos en el aeropuerto de Kabul, con miles de personas que tratan de abandonar el país por avión y que ha dejado al menos seis muertos.

Sullivan indicó que Biden se dirigirá «pronto» al pueblo estadounidense para comentar los acontecimientos en Afganistán, aunque no dio más detalles al respecto. Más tarde, a través de sus redes sociales, el presidente Biden indicó que daría un mensaje esta tarde, a las 15:45 hora local (14:45 hora México).

Y es que Estados Unidos culminó el domingo el traslado al aeropuerto de Kabul de todo el personal de su embajada en Afganistán, horas después de iniciar una evacuación aérea desde ese complejo.

A última hora del domingo en Washington, cerca de las 6:00 horas de la mañana del lunes en Kabul, el Departamento de Estado confirmó que había «completado» el proceso para transportar al aeropuerto a los aproximadamente 4,000 empleados de su embajada en la capital afgana.

Por su parte, el Pentágono autorizó también este domingo el envío de 1,000 soldados más a Kabul, lo que significa que, en un plazo de 48 horas, habrá «aproximadamente 6,000» militares estadounidenses en el aeropuerto de la capital afgana.

Además, las fuerzas estadounidenses han «asumido» las riendas del control del tráfico aéreo en el aeropuerto de Kabul, para facilitar las evacuaciones de ciudadanos de Estados Unidos y las de sus aliados.

Se ha criticado fuertemente que el presidente de Estados Unidos guarde silencio en estos momentos. Fue el martes 10 de agosto que el presidente Biden habló por última vez en público, para decir que no «lamentaba» su decisión de retirar a los últimos soldados estadounidenses del país para el 31 de agosto.

El jueves y el viernes, mientras los talibanes tomaban el control de Afganistán a una velocidad asombrosa, la prioridad de La Casa Blanca seguía siendo resaltar el «plan Biden» relacionado con la recuperación económica del país.

La oposición republicana, hasta ahora callada porque la opinión pública estadounidense era mayoritariamente favorable a la retirada de las tropas, se precipitó contra la administración demócrata por lo que considera una humillación para el ejército estadounidense.

Contra Biden también se lanzó su antecesor, Donald Trump, pidiendo su renuncia a pesar de que el mismo había decidido el retiro definitivo de las tropas estadounidenses a partir del 1 de mayo de 2021, fecha límite aplazada hasta el 31 de agosto por el gobierno demócrata.

«El resultado en Afganistán, incluida la retirada, habría sido totalmente diferente si la Administración Trump hubiera estado a cargo. ¿Ante quién o ante qué se rendirá Joe Biden a continuación? Alguien debería preguntarle si pueden encontrarlo», dijo el republicado en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad de Haití se enfrentaron la tarde noche de ayer con el grupo armado que asesinó al presidente Jovenel Moïse.

La policía mató a cuatro de los «mercenarios» y capturó a otros dos, dijo el director general de la fuerza, Leon Charles, en comentarios televisados la noche de ayer, en los que añadió que las fuerzas de seguridad no descansarían hasta que se atrape a todos.

«Los bloqueamos en el camino cuando salían de la escena del crimen», señaló. «Desde ese momento hemos estado luchando con ellos». «Los mataremos o los detendremos», agregó.

Recordemos que Moïse fue asesinado a tiros por hombres que irrumpieron en su residencia con armas de gran calibre durante la madrugada de este miércoles, en un «acto inhumano y barbárico» que provocó una condena internacional.

El asesinato, repudiado por Washington y países de América Latina, coincidió con una ola de violencia de pandillas en Puerto Príncipe, avivada por una grave crisis humanitaria y por el caos que ha llevado a muchos distritos de la capital a convertirse en zonas prohibidas.

El primer ministro interino, Claude Joseph, dijo que el gobierno había declarado el estado de emergencia en medio de la confusión sobre quién tomaría las riendas del país y que se inició una operación para capturar a los responsables.

Las autoridades del país, donde la mayoría habla francés o creole, dijeron que los pistoleros hablaban inglés y español, y parecían ser extranjeros.

«Mis compatriotas, mantengan la calma porque la situación está bajo control», dijo Joseph. «Este golpe ha herido a nuestro país, pero no quedará impune».

La esposa de Moïse, Martine Moïse, quien recibió un disparo durante el ataque, y que fue encontraba gravemente herida, se mantiene estable y recibe tratamiento médico en un hospital de Miami, a donde fue trasladada la tarde de ayer; así lo confirmó el embajador de Haití en Washington.

El embajador de Haití en Estados Unidos, Bocchit Edmond, dijo que los asesinos se habían identificado falsamente como agentes de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA).

Mucha gente en Haití quería que Moïse dejara el cargo. Desde que asumió en 2017, enfrentó pedidos de dimisión y protestas masivas, primero por acusaciones de corrupción y su gestión de la economía, y después por su creciente control del poder.

Joseph dijo que la Policía y el Ejército tenían la situación bajo control, aunque en general se considera que las fuerzas de seguridad de Haití carecen de personal y equipamiento suficiente en comparación con las poderosas bandas. Varios policías han muerto en las últimas semanas en intentos de recuperar el territorio de los bandidos fuertemente armados.

El Consejo de Seguridad de la ONU expresó su profunda conmoción por la muerte de Moïse antes de una reunión a puerta cerrada que se celebra este jueves, solicitada por Estados Unidos y México, para evaluar la situación.

 

El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.

Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.

Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.

Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.

Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.

Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.

Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.

Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una «boleta civil de seguridad» para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.

«Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia».

Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de Elvin Mazariegos Pérez, hombre de origen guatemalteco, quien fue asesinado por un elemento del Ejército mexicano al aproximarse a un retén en la comunidad de Mazapá de Madero, Chiapas.

Pese a su mensaje, la dependencia indicó que el hombre perdió la vida en lo que llamó «un incidente» que ya se encuentra bajo investigación.

La cancillería informó que apoyará a los familiares del fallecido en las gestiones para la repatriación del cuerpo y en el proceso legal para la reparación del daño; además pidió la realización de una investigación profunda y expedita, y por el inicio de acciones judiciales en contra de los responsables.

Hasta ahora hay un elemento del Ejército detenido, que formó parte del grupo de uniformados que fueron retenidos por la comunidad luego de los hechos, y los cuales fueron liberados la madrugada de ayer.

En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Brolo, reiteró su exigencia a México de esclarecer el asesinato de Mazariegos Pérez.

El funcionario exigió al gobierno de nuestro país «el esclarecimiento de los crímenes cometidos en contra de nuestros connacionales para que se haga justicia y estos hechos condenables no vuelvan a repetirse».

Brolo también confirmó, después de «condenar la trágica muerte» de Mazariegos Pérez, que funcionarios consulares guatemaltecos «ya se encuentran en camino al lugar para establecer los procedimientos conducentes».

Tras el incidente, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió que hubo «una reacción errónea por parte del personal militar porque no hubo ninguna agresión con arma de fuego o una agresión de alguna otra manera».

Al respecto, la familia de la víctima informó que la Sedena ofreció un millón de pesos como indeminización por el asesinato de Elvin Mazariegos; sin embargo, la familia exige una manutención mensual para los hijos de Elvin, una menor de 9 años, otra de 5 y un niño de 2 años de edad.

Olga Mazariegos, hermana de la víctima, explicó que el pago mensual que exigen se tendría que dar hasta que los menores cumplan 18 años, pues su padre era el único sustento que tenían en el Municipio de Tacaná, Departamento de San Marcos.

El Ejército será el «propietario» del Tren Maya, proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la obra.

En entrevista con El Financiero, Jiménez Pons reveló que todas las ganancias que genere el proyecto, que operará a partir de 2023, irán directo a las Fuerzas Armadas en vez de a la Secretaría de Hacienda.

«El propietario va a quedar, vamos a conceder todos (los tramos) al Ejército», indicó el director general de Fonatur.

Recordemos que el Tren Maya es un proyecto prioritario de López Obrador, y que hasta ahora ha reportado una inversión de 6,294 millones de dólares para cerca de 1,554 kilómetros en los cincos estados por los que atraviesa: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El presidente había adelantado en diciembre pasado que una empresa del Ejército administraría tres tramos del tren, los que irían de Tulum, en Quintana Roo, a Palenque, en Chiapas, para pagar pensiones de militares. Pero Jiménez Pons fue más allá al calificar de «ganadores» a los soldados porque obtendrán de forma directa las ganancias que obtenga el ferrocarril con el transporte de carga, pasajeros de la región y turistas.

«Está perfecto que sea un premio a las Fuerzas Armadas. Si nosotros tenemos una visión nacionalista de largo plazo patrimonial, que esto sea un negocio, pero del Estado», declaró.

El director de Fonatur replicó los argumentos del presidente al asegurar que entregar el ferrocarril a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) evitará su privatización en futuros gobiernos. También argumentó que la obra tiene un factor de «seguridad nacional» por situarse en la frontera sur, donde existen traficantes de migrantes y de drogas.

«Nosotros vamos a tratar de hacer que esto sea un negocio en beneficio del mayor número de mexicanos, qué mejor que el Ejército se encargue de este negocio, nos garantiza muchas cosas y particularmente que no se privatice», expuso Jiménez Pons.

Las Fuerzas Armadas también se encargarán de construir el tramo 5 norte, el tramo 6 y el 7, además de que operarán los aeropuertos de Tulum y Chetumal; el de Palenque, y el Felipe Ángeles. José Yuste, columnista en Excelsior, indicó que Fonatur se quedará con las partes comerciales en las distintas estaciones del Tren Maya.

Tras revelarse la noticia de este martes, legisladores de oposición acusaron al Gobierno de fomentar la «militarización» y de usar la seguridad nacional como excusa para defender al Tren Maya de los cuestionamientos.

«El fondo no es otorgarle al Ejército ‘beneficios’ con el Tren Maya y aeropuertos, sino pasarse por alto las leyes que norman el presupuesto y los ingresos federales», manifestó el diputado Carlos Morales, secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad.

Analistas como Alejandro Hope han expuesto que el otorgar el proyecto a las Fuerzas Armadas, ocasionaría mayores vínculos con actores económicos. «Cada una de esas interacciones multiplica las posibilidades de corrupción en el Ejército y la Marina, poniendo en riesgo la integridad de las Fuerzas Armadas», indicó.

Explica que la opacidad en SEDENA es legendaria, por lo que ahora con el Tren Maya en su poder, se puede escudar, más que cualquier otra dependencia, en argumentos de seguridad nacional para limitar acceso a información pública.

La politóloga Denise Dresser lamentó que las ganancias del Tren Maya no sean para el pueblo de México; indicó que los recursos del proyectos no se destinarán a hospitales, escuelas, caminos, o programas de apoyo a mujeres. Irán directamente a las fuerzas armadas con quienes López Obrador «co-gobierna».

Maite Azuela, colaboradora de El Universal, enfatizó que las ganancias económicas de los proyectos serán para los militares y no para los ciudadanos comunes y corrientes. «¿Para eso trabajó 18 años en convencer al pueblo de su liderazgo? trabaja para el monopolio militar», cuestionó.

El Ejército de Myanmar (Birmania) declaró este lunes el estado de emergencia y tomó durante un año el control político del país tras detener a varios miembros del gobierno, incluida a la líder birmana y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Los militares, que a pesar de iniciar una «democracia disciplinada» hace una década, nunca habían renunciado del todo al poder en el país asiático, acusan al Ejecutivo de cometer fraude en las elecciones del pasado noviembre.

El golpe, del que había rumores desde la semana pasada, fue ejecutado el día en el que el Parlamento tenía previsto celebrar su primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), formación de Suu Kyi, consiguió revalidar el poder con una abrumadora victoria.

El golpe, sin violencia, es necesario para preservar la «estabilidad», afirmaron los militares, que prometieron en un comunicado en Facebook celebrar elecciones «libres y justas», al término del estado de emergencia.

Aung San Suu Kyi así como el presidente de la República, Win Myint, y otros responsables del partido fueron detenidos en Naypyidaw, la capital. Por la noche, la televisión estatal anunció la destitución de 24 ministros de Aung San Suu Kyi y 11 nombramientos, incluyendo el del exministro de Relaciones Exteriores Wunna Maung Lwin, que ejerció durante el mandato del exgeneral Thein Sein (2011-2016).

Los militares acordonaron las carreteras alrededor de la capital con tropas, camiones y vehículos blindados de transporte mientras los helicópteros militares sobrevolaban la ciudad. Asimismo, actuaron rápidamente para reprimir la disidencia, restringiendo las comunicaciones por internet y por teléfono móvil en todo el país.

El ejército declaró, a través de su propio canal de televisión, el estado de emergencia durante un año y anunció que el exgeneral Myint Swe sería el presidente en funciones durante el próximo año.

Al caer la noche, las calles de Rangún, la antigua capital que sigue siendo el centro económico del país, estaban desiertas.

Antes de su detención, Aung San Suu Kyi instó en un mensaje a la población a «no aceptar el golpe de Estado», según una carta publicada en Facebook por su partido. El ejército intenta «volver a sumir al país bajo la dictadura militar», escribió, según esta declaración, pidiendo a la población que «proteste unánimemente».

Myanmar salió hace apenas diez años de un régimen militar que dirigió el país durante casi medio siglo. Los dos últimos golpes de Estado desde la independencia del país en 1948 se remontan a 1962 y 1988.

Pese a que las denuncias sobre el fraude de noviembre pasado se habían producido desde semanas atrás, los temores aumentaron cuando el jefe del ejército, el general Min Aung Hlaing, declaró que la Constitución podría ser «revocada» bajo ciertas circunstancias.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos Joe Biden, amenazó este lunes con sanciones a Birmania tras el golpe de Estado y pidió a la comunidad internacional que hable con «una sola voz» para hacer que los militares birmanos «cedan inmediatamente» el poder.

En un comunicado distribuido por La Casa Blanca, Biden anunció que ha pedido a su gobierno que revise «inmediatamente» si debe volver a imponer las sanciones, levantadas en la última década a medida que Myanmar avanzaba hacia una incipiente y frágil transición democrática.

«Durante casi una década, el pueblo de Birmania ha estado trabajando constantemente para establecer elecciones, un gobierno civil y la transferencia pacífica del poder. Ese progreso debe ser respetado», aseveró el mandatario estadounidense. Si la democracia no se respeta, Biden aseguró que «tomará las acciones que sean adecuadas».

De igual manera, el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que mantendrá este martes una reunión de emergencia para abordar el golpe de Estado en Myanmar. La cita, que se celebrará por videoconferencia y a puerta cerrada, ha sido incluida en el calendario oficial del Consejo de Seguridad para este mes, pactado por los embajadores de los quince países miembros.

En una primera reacción, el secretario general de la ONU, António Guterres, exigió al Ejército el respeto de la democracia y condenó la detención Suu Kyi y otros dirigentes.

«El secretario general urge a los líderes militares a respetar la voluntad del pueblo de Birmania y a cumplir con las normas democráticas, resolviendo cualquier diferencia a través del diálogo pacífico», señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Foto: Twitter @VonKoutli

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reafirmó este jueves su compromiso de llegar a la verdad y conocer qué fue lo que sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, para lo cual ofreció protección a los testigos o perpetradores que revelen detalles sobre el caso.

«Se está dando garantías a los detenidos y aprovecho para que lo tomen en cuenta: todos los que nos ayuden informando van a tener una consideración, en el marco de la legalidad, y se les va a proteger. Lo que se busca es romper el llamado pacto de silencio», expresó el mandatario esta mañana en su conferencia de prensa.

López Obrador aseguró que están girándose órdenes de aprehensión y se está avanzando mucho en la investigación, aunque lamentó que todavía no hay «ningún resultado definitivo».

«Imagínese, 43 jóvenes desaparecidos, 80 presos y no tener todavía qué fue lo que sucedió», expresó el presidente, quien aseguró que su gobierno tiene voluntad de aclarar las cosas, prometiendo no «mentir» a los familiares de los jóvenes.

AMLO aseguró que se ha podido echar abajo la «horrenda mentira» del gobierno de Enrique Peña Nieto, según el cual los jóvenes fueron incinerados en un basurero por parte del cártel Guerreros Unidos. Y mientras la administración anterior descartó la participación de militares en el caso, el actual gobierno arrestó el año pasado al capitán José Martínez Crespo.

Al respecto, el periódico Reforma publicó la declaración de un testigo identificado como «Juan», según el cual militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, en el estado de Guerrero, donde después los entregaron a los Guerreros Unidos para su desaparición.

«Lo dice un testigo pero no podemos decir que esto pasó hasta probarlo todo. No se trata de hacer otra versión falsa para cerrar el caso», expresó esta mañana López Obrador.

La filtración de este testigo fue condenada por la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que consideran que estas revelaciones causan un «daño» a la investigación.

El diario publicó además que el testigo «Juan» acusó al actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, de haber recibido sobornos de Guerreros Unidos cuando coordinaba a la Policía Federal en Guerrero en 2014, año de la desaparición de los estudiantes.

Al respecto, García Harfuch utilizó sus redes sociales para negar «categóricamente las declaraciones dolosas hechas contra mi persona por un delincuente, hoy ‘testigo protegido’, publicadas por Reforma. Mi trayectoria en el combate a la delincuencia organizada en distintos frentes habla por si misma».

Más tarde, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, le ofreció su respaldo. «Nosotros confiamos en el secretario», aseveró.

«Juan», afirma que soldados detuvieron e interrogaron a algunos de los estudiantes antes de entregarlos a una banda de narcotraficantes. Posteriormente los cadáveres de los alumnos fueron incinerados en un crematorio local o disueltos en ácido o soluciones cáusticas y vertidos a drenajes; otros cuerpos fueron descuartizados y desperdigados cerca de la ciudad de Taxco.

La Secretaría de Gobernación confirmó que el testimonio formaba parte del archivo del caso e indicó que presentaría cargos contra quien lo haya filtrado.

El testigo presuntamente les dijo a los investigadores que los fragmentos de hueso hallados en los alrededores de un vertedero de basura cerca de Iguala fueron plantados por el cártel para quitarse de encima la investigación.

Incluso el propio López Obrador corroboró la información publicada por el periódico. «Eso que publicó Reforma está en el expediente de la fiscalía. No sé cómo lo obtuvieron, pero es real», dijo el mandatario.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó este viernes la ceremonia de conmemoración por el 110 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

“Hoy conmemoramos 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, todo un acontecimiento. Se trata de la primera revolución social del siglo XX en el mundo, es un movimiento de gran trascendencia porque el pueblo de México luchó por dos grandes demandas: la justicia y la democracia”, afirmó el mandatario.

López Obrador aprovechó la conmemoración para revindicar su proyecto de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública del país.

Por su parte el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval afirmó que hoy más que nunca las fuerzas armadas están comprometidas con la transformación que está en marcha. «Hoy más que nunca el Estado mexicano puede confiar en la lealtad institucional que durante más de un siglo han hecho patentes».

En el evento que se realizó en el Monumento a la Revolución participaron 396 elementos de las Fuerzas Armadas, 11 jinetes charros, dos vehículos y 189 caballos, además de ciudadanos que tuvieron la tarea de una representación de cinco pasajes históricos del inicio del movimiento.

Se incluyó una bandera de guerra, una bandera monumental, 15 estandartes y 70 banderas nacionales.

Además de reiterar su lealtad al presidente, Cresencio Sandoval destacó la participación de militares en la construcción de obras emblemáticas del gobierno de López Obrador, como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de Ciudad de México o la refinería Dos Bocas, Tabasco.

“Apoyamos los proyectos prioritarios de su gobierno con todos los recursos humanos, materiales y financieros que la nación nos provee en aras del bienestar de los mexicanos. nuestra lealtad institucional es a toda prueba; 107 años de institucionalidad, desde el nacimiento de las actuales Fuerzas Armadas de la nación hablan por sí solos”, expresó. sostuvo Sandoval.

El titular de la Sedena fue el encargado de pronunciar el único discurso que hubo durante la ceremonia.

Al recordar que la Revolución mexicana fue la «tercera transformación» de México, en la que más de 1 millón de mexicanos perdieron la vida, AMLO dijo que su gobierno va a seguir cuidando que la Cuarta Transformación de la vida pública de México, misma que él encabeza, siga siendo de manera pacífica.

El presidente se congratuló de «ir consiguiendo este propósito de transformar a México sin violencia», y acusó a los conservadores de buscar la confrontación y añorar los años de dictadura. «Hay insensatos que dicen que estaba muy bien el régimen porfirista, los conservadores desde luego», manifestó.

En la detención sorpresiva del General Cienfuegos el pasado 15 de octubre hay tres grandes perdedores:

Primero, evidentemente el General Cienfuegos, que aun cuando debe ser considerado inocente hasta no ser declarado culpable, ya ante la opinión pública es culpable de haber recibido sobornos a cambio de protección para Juan Francisco Patrón, conocido como El H2, miembro del cártel de los Beltrán Leyva.

Segundo perdedor, el Ejército, que parecía estar montado en caballo de hacienda en el actual gobierno. Tan solo en estos dos años que lleva López Obrador como presidente, el Ejército ha recibido más de 29 mil millones de pesos en recursos adicionales para desempeñar con honradez y disciplina las múltiples tareas que AMLO les ha asignado.

Ahora, con la acusación al general Salvador Cienfuegos, esta honradez y disciplina queda puesta entre signos de interrogación. Y en su lugar entra en la agenda la discusión de si el titular de la Sedena debe de ser un civil y no un militar.

Se abre a la discusión la autonomía que ha gozado el Ejército mexicano y la falta de contrapesos. Algo que varios investigadores han señalado desde hace décadas, la opacidad con la que opera el ejército que permite abusos e impunidad en materia de Derechos Humanos y cumplimiento del deber, vuelve con fuerza.

Y quedarán en el ojo público miembros del ejército que hoy son cercanos al presidente López Obrador pero que llegaron a sus actuales puestos impulsados por el General Cienfuegos. Ahí está el caso del actual oficial mayor, Agustín Radilla, sobre quien recae la responsabilidad de administrar el presupuesto millonario recibido por la SEDENA.

Un tercer perdedor es el presidente López Obrador por haber puesto casi todas sus canicas en dos bolsas: la buena relación con el Ejército y la buena relación con Donald Trump. Ambas quedan fuertemente dañadas con la detención del General Cienfuegos.

Por el lado del Ejército, el presidente López Obrador quiso lidiar con la detención de Cienfuegos como lo hace con todos los demás temas. Se declaró el triunfador de la lucha contra la corrupción del pasado – aun cuando no tuvo nada que ver con la detención de Cienfuegos – y amenazó con que quienes resulten involucrados en el asunto serían suspendidos o retirados y puestos a disposición de las autoridades. Sin embargo, unas horas más tarde tuvo que reconsiderar esta declaración y mejor decir que se va a esperar a que avancen las investigaciones en Estados Unidos.

Igual podemos esperar que reconsidere la intención de nombrar a un militar al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuando Alfonso Durazo renuncie para contender por la gubernatura de Sonora. Así que este gran proyecto pro-ejército, queda seriamente dañado.

Por el lado de Estados Unidos, la insultante forma de proceder de la DEA en contra de un ex titular de la Sedena, sin al parecer haber dado aviso previo al gobierno mexicano, es un reflejo de lo que ese Departamento ve en la relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense. Si, Trump y AMLO podrán ser muy amigos, pero a Trump solo le interesa esa amistad para sus fines electorales. Ahora, a menos de dos semanas para que saber si Trump se reelige, su última preocupación es si su amigo Juan Trump, ósea AMLO, se siente ofendido con la DEA. Y la DEA sabe esto: Estados Unidos puede insultar al presidente de México y éste nada va a hacer al respecto.

Columna completa en El Universal

Mientras los diputados de Morena y aliados trabajaron para cumplirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) su intención de extinguir 109 fideicomisos relacionados con la ciencia, tecnología, cultura, protección de derechos humanos o el cuidado del medio ambiente, equivalentes a 68 mil 400 millones de pesos, los recursos de fideicomisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incrementaron en 1,048% durante 2019.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, los fideicomisos del Ejército tuvieron un promedio de $3,995 millones de pesos (mdp). Durante el de Enrique Peña Nieto, el promedio fue de $5,574 mdp. Con la llegada de López Obrador al poder, al tercer trimestre de 2019 Hacienda reportó que los fideicomisos de la Sedena alcanzaron un monto de $2,505 mdp, 

Sin embargo, un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que los recursos de dichos fideicomisos, en el último trimestre de 2019, obtuvieron un incremento sin precedentes: llegaron a los $26,252 mdp, es decir, un aumento de 1,048%. Durante 2020 los recursos alcanzaron 31,980 mdp.

El Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar concentró $30,193 mdp, equivalente al 94% del total de los recursos. Los fideicomisos: Mandato para el Pago de Haberes de Retiro, Pensiones y Compensaciones; Fideicomiso a Favor de los Hijos del Personal Adscrito al Estado Mayor Presidencial; Fideicomiso de Apoyo a Deudos de Militares Fallecidos en Actos del Servicio de Alto Riesgo concentran el 6% de los recursos restantes.

«Para poner estas cifras en contexto, los recursos de los fideicomisos de los 26 centros de investigación Conacyt que pretenden desaparecer suman 785 mdp, o sea, el 2.5% de los fondos en los fideicomisos de Ejército», señala la investigación de MCCI.

Aun así, los fideicomisos de los militares no han sido blanco de las críticas del presidente, además de que éstos no han sido objeto de las revisiones que el presidente ordenó, pues según sus palabras «había mucho derroche y mucha corrupción y opacidad».

La duda ahora es si los militares también son ladrones y gente deshonesta, como AMLO calificó a quienes recibían recursos de los fideicomisos.

Y es que el fideicomiso para el equipo militar también ha sido de señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien en 2012 en su auditoría GB-109 indicó que «se carece de procedimientos formales que regulen el registro, control y seguimiento de los recursos del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar».

 

 

El Ejército chino autorizó el uso en sus filas de una vacuna contra el Covid-19, creada por un instituto de investigación militar y una compañía farmacéutica.

Los laboratorios del mundo entero compiten para encontrar una vacuna al virus, detectado a finales de 2019 en China y que ha dejado medio millón de muertos en el mundo.

Cerca de la mitad de las 17 vacunas actualmente en proceso de ensayos clínicos, están siendo llevados a cabo por institutos chinos, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre ellas figuran la compañía china CanSinoBIO, que colabora con la Academia Militar de Ciencias Médicas en una de las vacunas más avanzadas.

«Los datos de los ensayos clínicos demostraron un buen perfil de seguridad y niveles elevados de respuesta inmunitaria humoral y celular», dijo la compañía en un comunicado en la bolsa de Hong Kong, donde cotiza.

Por eso la Comisión Militar Central, la institución de la que depende el ejército chino, dio su visto bueno el pasado 25 de junio a un uso militar de la vacuna.

Según los últimos datos de la OMS, además de las 17 vacunas contra el Covid-19 que se están probando en humanos, hay otras 132 en fase de evaluación preclínica. Ninguna de ellas recibió la autorización de comercialización.

Sobre la lucha que hay contra el nuevo coronavirus, Gilead Sciences anunció que el Remdesivir, medicamento que acorta el tiempo de recuperación de enfermos de Covid-19 costará, 2.340 dólares por tratamiento para personas con seguro médico en Estados Unidos y otros países desarrollados.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, dijo este miércoles que se opone al uso de una ley que permite movilizar a los militares para frenar la ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial que se viven en el país.

«No apoyo que se use la Ley de Insurrección», indicó Esper en una rueda de prensa, dos días después de que el presidente Donald Trump indicara que podría desplegar a los militares para controlar las movilizaciones.

El jefe del Pentágono indicó que el uso de fuerzas militares en activo sólo deberían ser usadas como un último recurso y sólo en las situaciones más urgentes y graves.

«Siempre he creído y sigo creyendo que la Guardia Nacional es más adecuada para prestar apoyo interno a las autoridades civiles en estas situaciones», dijo el secretario de Defensa.

Casi diez días después de la muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano que fue asfixiado por un policía blanco en Minneapolis, las movilizaciones continúan en las grandes ciudades como Washington, Nueva York, Houston y Los Ángeles, entre otras, pese al toque de queda decretado después de los disturbios del fin de semana.

Estas movilizaciones alcanzaron una dimensión no vista desde la década de 1960 durante las protestas por los derechos civiles.

El presidente Donald Trump negó este miércoles la información difundida que aseguraba que fue llevado por su seguridad al búnker de La Casa Blanca, el pasado viernes, por temor ante las protestas que se llevaban a cabo  en las inmediaciones.

El republicano aseguró que acudió al lugar solo para una inspección. «Fue un informe falso», dijo Trump a Fox News, antes de explicar que sí entró al área segura, pero solo por un «breve periodo de tiempo».

Según The New York Times, citando a una fuente no identificada, los guardaespaldas del Servicio Secreto llevaron a Trump al búnker el viernes por la noche.

Según Fox News, Trump fue llevado al búnker el domingo. El mandatario dijo que había bajado durante el día, no a la noche, como se informó, y que lo hizo en parte para llevar a cabo una «inspección».

«Vas allí, algún día puedes necesitarlo. Vas allí, bajé, lo miré. Fue durante el día, no fue un problema», sostuvo el mandatario. «Leí sobre eso, como si fuera una gran cosa. Nunca hubo un problema, nunca tuvimos un problema, nadie estuvo cerca de darnos un problema. El Servicio Secreto hace un trabajo increíble para mantener el control de la Casa Blanca», agregó.

El presidente Donald Trump prometió restaurar el orden en Estados Unidos tras el mayor estallido de protestas en décadas por la muerte de un ciudadano negro a manos de un policía blanco.

Una semana después de la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que fue asfixiado por un policía blanco que lo inmovilizaba en Minneapolis, las protestas se extendieron de costa a costa y provocando disturbios y saqueos.

El lunes, en Washington hubo destrozos, banderas estadounidenses en llamas y muros pintados con consignas contra la policía en las inmediaciones de La Casa Blanca. «Lo que pasó en la ciudad anoche es una deshonra absoluta», dijo ayer Trump desde La Casa Blanca, mientras la policía dispersaba una protesta a metros del edificio.

El republicano anunció que desplegará militares en la capital para detener «los disturbios, los saqueos, el vandalismo, los ataques y la destrucción gratuita de la propiedad».

«Estoy enviando miles y miles de soldados fuertemente armados», aseguró y amenazó al resto de ciudades que si no toman decisiones para frenar las protestas va a desplegar al ejército estadounidense para «arreglar rápidamente el problema».

Poco después de que la policía despejara a los manifestantes apostados fuera de la iglesia de Saint John, un histórico edificio cerca de La Casa Blanca dañado el domingo al margen de la protesta, Trump caminó hasta el lugar y se dejó fotografiar con una Biblia en la mano.

Por su parte el virtual candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, acusó a Trump de «usar» al ejército «contra los estadounidenses».

«Lanzó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos y disparó balas de goma. Para una foto», tuiteó Biden, quien insistió a los votantes de cara a las elecciones de noviembre: «Por nuestros niños, por el alma de nuestro país, debemos derrotarlo».

También la alcaldesa demócrata de Washington, Muriel Bowser, denunció una dispersión «vergonzosa» que, según el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, solo sirvió para ofrecer al presidente «una sesión de fotos».

En Washington y Nueva York sus alcaldes decidieron ampliar el toque de queda. En la capital comenzó el lunes a las 19H00. Pasada esa hora, decenas de manifestantes fueron arrestados por violar la medida. En Nueva York la restricción se aplicó a partir de las 23:00 horas, aunque el alcalde decidió que hoy dará comienzo a las 20:00, debido a los saqueos registrados.

La familia de George Floyd difundió este lunes los resultados de una segunda autopsia, que señaló que la policía le causó una asfixia mecánica, contradiciendo las conclusiones de una necropsia preliminar.

Los resultados definitivos entregados por las autoridades del condado de Hennepin también se alinearon con esta tesis y dictaminaron que Floyd murió por «homicidio» debido a una «compresión del cuello». También revelaron que la víctima había consumido fentanilo, una potente droga sintética.

Foto: Twitter @Torres94Ernesto

«Mientras sea yo presiente de los Estados Unidos, Irán jamás podrá tener un arma nuclear», dijo el presidente Donald Trump al inicio del mensaje que ofreció esta mañana, en el que trató de tranquilizar a los estadounidenses después de que Irán llevara a cabo ataques con misiles a bases militares en Irak.

Trump dijo que Estados Unidos no sufrió víctimas en los ataques de la noche de ayer, y confirmó que los daños materiales fueron menores. «El Ejército de los Estados Unidos está listo para lo que sea necesario», dijo el republicano.

El mandatario aseguró que Irán podría suavizar su posición y guardar «mesura», lo cual es bueno para ellos (Estados Unidos e Irán) y para el mundo. Indicó que el servicio de alerta ante los ataques funcionó correctamente, lo cual ayudó a evitar bajas.

Lamentó que durante los últimos años, muchos países han permitido a Irán una conducta «inaceptable», al promover el terrorismo en la región. Ante ello, dijo que evitaron que un terrorista pusiera en peligro de ciudadanos estadounidenses, refiriéndose a la operación en que perdió la vida del general iraní Qasem Soleimani.

«Con su muerte, estamos enviando un mensaje claro a los terroristas del mundo. Siempre responderemos y los haremos responder por sus actos», dijo Trump.

Adelantó que se analiza imponer nuevas sanciones económicas contra el régimen de Irán, adicionales a las ya impuestas, mientras dicho país no cambie de política.

Acusó que cuando se firmó el acuerdo nuclear con Irán, se le entregaron 152 mil mdd, dinero que ocupó para financiar el ataque de ayer a las bases militares, además de que promovió el terrorismo en la región.

Trump hizo un llamado a países aliados a desmarcarse de manera definitiva de lo que queda del acuerdo nuclear de Irán, y actuar conjuntamente para lograr un acuerdo, que incluya a Irán, que promueva la tranquilidad en todo el mundo.

Adelantó que solicitará a la OTAN que participe de manera estrecha en lo que suceda en medio oriente.

«Queremos para ustedes un gran futuro (…) Estados Unidos está listo para estrechar su mano y para ver por la paz», finalizó Trump en un mensaje al pueblo iraní.