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Los militares siguen recibiendo nuevas tareas en México: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que entregará el manejo de dos aeropuertos más, ahora ubicados en Campeche, a las Fuerzas Armadas.

Durante el actual sexenio, el Ejército han adquirido un creciente poder que ha llevado a algunos detractores de López Obrador a señalarlo de estar militarizando el país.

Durante su conferencia matutina López Obrador dijo que la Secretaría de la Defensa asumirá el manejo del aeropuerto de Campeche, capital del estado, mientras que la Secretaría de la Marina asumirá el control de la terminal aérea de Ciudad del Carmen.

Al justificar la decisión el mandatario dijo que el Ejército tiene también a su cargo el proyecto del Tren Maya, una de las obras claves de su gobierno que se está desarrollando en la Península de Yucatán.

En el caso del aeropuerto de Ciudad del Carmen, López Obrador señaló que lo manejaría la Marina porque atiende todo el mar de Campeche y la zona petrolera del Golfo de México.

AMLO ha dejado en manos de los militares la construcción y manejo del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como de las terminales aéreas de Tulum, Chetumal y Palenque.

Además de proyectos aeroportuarios, López Obrador ha entregado a los militares el control de las aduanas y hasta la distribución de vacunas.

Este poder que el mandatario ha entregado a las Fuerzas Armadas contrasta con que antes del llegar al poder sostenía que los militares debían regresar a los cuarteles. Sin embargo, en los últimos meses cambió de parecer y hasta impulsó una reforma constitucional, que aprobó en octubre el Congreso, que permitirá a las Fuerza Armadas ayudar en labores de seguridad pública hasta 2028.

La iniciativa fue rechazada por organizaciones civiles y partidos de oposición, aunque al final fue el PRI quien ayudó a Morena y aliados a concretar la propuesta del presidente.

Las tropas ucranianas entraron este viernes en la ciudad de Jersón, donde volvió a ondear la bandera azul y amarilla poco después de que el Ejército ruso completara su retirada.

“Haga lo que haga Rusia, Ucrania ganará”, escribió en Twitter el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba.

Kiev abandonó así el escepticismo inicial con el que recibió hace dos días la noticia sobre la retirada rusa y clamó victoria en Jersón, la mayor que ha tenido en casi nueve meses de la intervención militar rusa.

Simultáneamente, funcionarios, periodistas y blogueros ucranianos comenzaron a publicar imágenes de la ciudad de Jersón y otras localidades de la región donde ya ondea la enseña ucraniana.

En particular, estas imágenes fueron difundidas en las redes sociales del Parlamento ucraniano. También el departamento de Defensa de Kiev publicó imágenes con ciudadanos de Jersón recibiendo a los primeros soldados que portaban en manos la bandera nacional.

Mientras, la Inteligencia Militar ucraniana emitió un comunicado en ruso en el que anunció que “Jersón vuelve a control de Ucrania” y las rutas de retirada de la ciudad están al alcance del fuego de su artillería.

“Cualquier intento de oponer resistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania será repelido. Todo soldado ruso que resista será aniquilado”, advirtieron los militares, que pusieron en duda la completa retirada de las tropas rusas y llamaron a las fuerzas del enemigo que presuntamente permanecen en la zona a “entregarse inmediatamente”.

Por su parte el Ministerio de Defensa de Rusia dio en su parte diario detalles del repliegue de Jersón que, según la versión oficial, concluyó en menos de 48 horas.

“Hoy, a las cinco de la mañana hora de Moscú, en el frente de Jersón concluyó el traslado de las unidades rusas a la margen izquierda del río Dniéper”, anunció el portavoz castrense, Ígor Konashénkov.

El general ruso precisó que “ni una sola pieza” militar había quedado en el lugar del repliegue, para evitar críticas como las que afrontaron por dejar una gran cantidad de armamentos tras una retirada caótica de la región de Járkov, en septiembre pasado.

En total, según el Ministerio de Defensa ruso, más de 30,000 soldados rusos abandonaron el norte de Jersón para ser desplegados en las posiciones defensivas erigidas anteriormente en el margen izquierda del río más grande de Ucrania.

En paralelo, en las redes sociales se filtraron imágenes del destruido puente Antonovski sobre el Dniéper, la única vía terrestre para la salida a pie de la ciudad de Jersón.

Pese a la entrada de los ucranianos en Jersón, Moscú descartó renunciar a la urbe y la parte norte de la homónima provincia, que fue anexionada por Rusia en septiembre.

“Es un sujeto de la Federación de Rusia. Esto está acuñado y definido por la ley, aquí no puede haber ningún cambio”, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Reiteró que “la operación militar especial” en Ucrania sigue en marcha y continuará hasta alcanzar sus objetivos.

También el expresidente ruso Dmitri Medvédev, autor de varias declaraciones polémicas sobre la campaña militar rusa, aseguró este viernes que “el concepto de la soberanía territorial no ha desaparecido” y que “todo volverá a casa, a la Federación Rusa”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró esta mañana que el Ejército no tiene aspiraciones de poder, luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmara que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a buscar puestos políticos.

“Nuestro Ejército no tiene esas aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico o poder político, no es como otros Ejércitos, con todo respeto”, apuntó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

La consulta a AMLO se dio luego de que el secretario de Gobernación afirmara el fin de semana pasado que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a aspirar a puestos políticos, incluso a la presidencia del país en 2024.

“Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente”, dijo el funcionario durante un evento en Hidalgo el pasado 22 de octubre.

Sin embargo, López Obrador descartó esa posibilidad. “No, no están pensando en eso los militares, están pensando en seguir sirviendo al pueblo y con un añadido: con respeto profundo a los derechos humanos, que eso es muy importante”, afirmó.

López Obrador defendió su concepción de que el Ejército es “pueblo uniformado”, una planteamiento que ha venido haciendo en los últimos meses, mientras asigna  más tareas y con ello más poder a las Fuerzas Armadas.

“Se están consolidando por su mayor vinculación al pueblo, a su origen, porque el Ejército mexicano es parte del México profundo y ¿por qué se están vinculando más? Porque de las 5 misiones del Ejército hay una que prácticamente no se realizaba que era la de contribuir al desarrollo del país”, sostuvo.

El mandatario destacó que las Fuerzas Armadas trabajan en la defensa nacional, la procuración de la paz interior y el apoyo a la población, como el Plan DN-III enfocado a desastres naturales y la pandemia por COVID-19.

“Imaginen lo que nos han ayudado los médicos militares, enfermeras en la pandemia, bueno, la Fuerza Aérea, cómo distribuimos las vacunas por todo el país, 250 millones de dosis por todo el país para vacunar a nuestro pueblo”, añadió.

Además, resaltó que esta ayuda al pueblo se ha dado con “respeto profundo” a los derechos humanos y aseguró que son sus adversarios los que no quieren que el Ejército ayude en tareas de seguridad.

“Cuánta hipocresía de los legisladores del conservadurismo que no quieren que el Ejército nos ayude en tareas de seguridad cuando ellos usaron al Ejército para reprimir al pueblo, para cometer masacres”, criticó.

 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su “profunda preocupación” por los actos de vigilancia ilícita del Ejército a periodistas y activistas durante la actual administración.

“Estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH.

La oficina de la ONU se refirió a la información que se desprendió del hackeo que el Colectivo Guacamaya hizo a miles de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la investigación periodística “Ejército Espía”, que la semana pasada señaló que el Ejército habría espiado, ya con López Obrador en el poder, a periodistas y activistas.

Aunque el presidente ha afirmado que su gobierno “no espía a nadie”, el organismo internacional advirtió que “es deber del Estado mexicano esclarecer el alcance de las acciones de inteligencia, vigilancia e intervención de comunicaciones bajo el cual operan tanto las autoridades civiles como militares”.

Advirtió que los actos de vigilancia ilícita tienen un efecto intimidatorio y envían una señal de intolerancia gubernamental a la crítica.

Y es que este espionaje a periodistas surge mientras la prensa en México vive una violencia inédita, con 18 comunicadores asesinados en lo que va del año, según el conteo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

También se difunde en medio de las crecientes políticas de militarización de México, como trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional, pese a que López Obrador prometió mantener civil al crearlo en 2019, así como a las nuevas empresas estatales para que las Fuerzas Armadas administren aeropuertos y el Tren Maya.

Recordemos que una investigación de medios internacionales destapó en 2021 que varios países intervinieron poco más de 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que cerca de 15,000 fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta información, también periodística, fue condenada por el gobierno federal y autoridades y políticos afines a la 4T, cosa que no sucedió esta ocasión pese a que el presidente y la Sedena reconocieron y confirmaron el hackeo del colectivo Guacamaya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que el Ejército espíe a periodistas o a opositores a través de Pegasus, tal como lo documentó la investigación reciente “Ejército Espía”, realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto”, sostuvo el mandatario durante su conferencia matutina.

López Obrador recordó que hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado, “ningún opositor”, por lo que negó las acusaciones que se hacen, y pidió que si alguien tiene pruebas de lo contrario, se presenten ante las autoridades correspondientes.

Al respecto, organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas presentaron ayer una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que esclarezca el espionaje ilegal.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”, aseveró.

Y es que la investigación “Ejército Espía” documenta los casos de Raymundo Ramos, defensor de los derechos humanos en Tamaulipas; del periodista Ricardo Raphael y un periodista del medio de comunicación Animal Político, cuyos teléfonos móviles fueron intervenidos con el software durante la actual administración.

“Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael. ¿Qué caso tendría espiarlo? La verdad, él no es un criminal. Ni siquiera leo sus artículos y no es desprecio porque es predecible. ¿Qué interés vamos a tener de estarlo espiando? Yo creo que sería una pérdida de tiempo”, intentó justificar AMLO.

El mandatario sostuvo que las labores del Ejército son de inteligencia más no de espionaje. “Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto”, sostuvo.

Según la investigación de Artículo 19 junto con Proceso, Animal Político y Aristegui Noticias, con apoyo de organizaciones como Citizen Lab de Toronto, el Ejército habría comprado en 2019, ya con López Obrador en la presidencia, el software Pegasus para espiar a periodistas y otras personas.

Los reportajes publicados el domingo pasado revelaron cómo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) escondió un contrato que celebró en 2019 con la empresa Comercializadora Antsua, S.A. de C.V., que contaba con la representación exclusiva de la empresa israelí NSO Group para vender Pegasus en México.

Recordemos que en julio de 2021 una investigación de medios internacionales destapó que varios países intervinieron 50,000 teléfonos con el programa Pegasus, de los que 15,000 casos fueron en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La investigación reveló que fueron intervenidas las comunicaciones de activistas y periodistas; del entonces líder opositor y actual presidente, López Obrador, además de algunos de sus colaboradores y su cardiólogo, así como familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tras estas revelaciones, el presidente prometió que en su gobierno no se contratarían sistemas de espionaje aunque la investigación “Ejército Espía” dejó al descubierto que sí se adquirió y dejaría ver que las prácticas de espionaje por parte de las Fuerzas Armadas continúan.

Tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del Colectivo Guacamaya, se ha conocido información que refiere cómo altos mandos de las Fuerzas Armadas han maniobrado para deslindar de responsabilidad al Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), entre la información robada se muestra que desde que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas, los altos mandos han entorpecido las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Una de las comunicaciones extraídas de los servidores de la Sedena es una carta atribuida al general Luis Crescencio Sandoval y dirigida al presidente López Obrador, lo que demuestra que sí ha estado informado del tema pese a que recientemente dijo desconocer la identidad de militares sobre quienes se cancelaron ordenes de aprehensión.

En la carta, el Secretario de la Defensa aboga con el presidente por el capitán José Martínez Crespo, quien la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes, fue uno de los mandos del 27 batallón de infantería que recorrió las calles de Iguala.

La noche de la desaparición, el capitán Martínez Crespo encabezó un grupo de reacción especial para patrullar la ciudad y visitar el hospital privado ‘Cristina’, donde se encontraban varios normalistas refugiados.

En lo que se conoce hasta ahora, se sabe que durante su trayecto, el capitán pasó por al menos tres de los escenarios donde se llevaron a cabo los ataques contra los normalistas, entre ellos el cruce de las calles Juan Álvarez y Periférico donde se encontraban los cuerpos de dos estudiantes.

Su presunto involucramiento en el caso derivó en que fue el primer militar encarcelado por el caso Ayotzinapa tras su captura a finales de 2020.

La carta en la que el titular de la Sedena aboga por Martínez Crespo está fechada el 18 de enero de 2021, y en ella se revela que el propio presidente López Obrador ordenó a altos mandos castrenses entrevistarse con el capitán en la prisión militar de Lomas de Sotelo en la Ciudad de México, donde se encuentra recluido.

El general Sandoval narró en la misiva, de forma detallada, el deteriorado estado anímico de Martínez Crespo en la prisión y hace hincapié en su constante colaboración para esclarecer los hechos que se le imputan.

“En esencia presenta un estado anímico depresivo, refiriendo que percibe poco avance en el proceso judicial que se le sigue”, dice el titular de la Sedena en la carta. “El Capitán Martínez Crespo se autodefine como un hombre institucional, ya que cuando ha sido interrogado oficial o extraoficialmente siempre ha mostrado voluntad por narrar los eventos de los que tuvo conocimiento o que por instrucciones recibidas tuvo participación”.

El titular de la Sedena dijo a López Obrador que la acusación contra Martínez Crespo sólo está basada en el testimonio de un testigo protegido y en una narcomanta, además de que comparte la postura del capitán sobre su inocencia.

“Negó su participación en los eventos realizados por un grupo de la delincuencia organizada en contra de los 43 estudiantes, reconoce que en su trayecto hacia el hospital privado ‘Cristina’, observó que al costado de unos autobuses se encontraban autoridades locales fijando el lugar en donde yacían dos cuerpos, continuando su movimiento hacia el nosocomio, donde tenía conocimiento que al parecer había personas armadas”, se lee en la carta.

Estas declaraciones se contraponen con mensajes de WhatsApp extraídos del Informe de la Comisión para la Verdad y publicados por el diario El País. En esos mensajes, un sujeto identificado como ‘el Capitán Crespo’ se comunica con uno de los sicarios de Guerreros Unidos apodado ‘El Chino’ para comentarle que “ai dos pendejos estudiantes tirados aquí… ai los voy a dejar que se mueran”.

En otros documentos, que también fueron extraídos de los archivos de la Sedena, se hace referencia a reuniones que el general Sandoval tuvo con el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien ha sido socio de dos abogados que defienden a cuatro militares implicados en el caso Ayotzinapa.

Una de las reuniones de Sandoval y Scherer se efectuó el 18 de agosto de 2022, el mismo día en que la Comisión de la Verdad publicó su más reciente informe, en el que se revelaron más indicios del involucramiento del Ejército en el caso Ayotzinapa. Días después se habría efectuado un segundo encuentro en el campo militar No. 1, de acuerdo con la agenda del titular de la Sedena.

El hackeo identificado como #SedenaLeaks también revela otras comunicaciones de asesores del titular de la Sedena y de militares de alto rango que aconsejan acciones para limpiar la imagen del Ejército en el caso Ayotzinapa. Uno de los documentos aconseja aleccionar a los soldados para declarar, además de convencer a los expertos de la CIDH de que no fue un crimen de Estado.

Investigación completa en MCCI

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este jueves la intromisión y obstrucción de la Fiscalía y el Ejército para indagar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El GIEI lamentó la renuncia del fiscal especial, Omar Gómez Trejo, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló, sin consultarlo, 21 órdenes de aprehensión, de las que 16 correspondían a militares.

“No es solo su renuncia, es por qué renuncia, y es por indebidas intromisiones en su trabajo. Y señalar también que no solo él renunció, renunciaron otras fiscales, mujeres, que también vieron atropellada su independencia y su actuar profesional. Entonces, en esas condiciones definitivamente no se puede esclarecer un hecho”, indicó la abogada Claudia Paz.

El GIEI, que concluye su mandato mañana 30 de septiembre aunque ha pedido una prórroga, ofreció una conferencia tras el informe del pasado 18 de agosto de la Comisión para la Verdad del Gobierno, que reconoció que la desaparición fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Ángela Buitrago denunció que en la FGR “los hechos concretos sí es categóricamente que se ha tratado de frenar las investigaciones, que se han dado órdenes de no judicializar, inclusive se han dado órdenes de no ir a audiencias”.

Mientras que Francisco Cox acusó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, de “romper” el acuerdo que en junio de 2019 creó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).

“Desde un inicio, observamos y documentamos y señalamos en el informe que hoy se hace público, el informe 3 del GIEI, que hubo obstáculos iniciales”, aseveró.

Recordemos que el GIEI difundió una investigación en marzo pasado que muestra que el Ejército intervino con programas de espionaje como Pegasus las comunicaciones de autoridades, el cártel de Guerreros Unidos y familias de los estudiantes, incluso en tiempo real mientras ocurrían los crímenes.

Buitrago reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ordenado revisar los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), pero las Fuerzas Armadas muestran resistencia.

“Las respuestas que nos dan al GIEI es que no hay posibilidad de hacer monitoreos e interceptaciones, y niegan que ellos hayan realizado, el Ejército en particular, estas actividades, pero los documentos existen y hacen parte efectivamente de la documentación que recuperamos”, comentó.

La abogada Paz aseguró que “estas interceptaciones muestran una relación cercana de la organización criminal (Guerreros Unidos) con militares, con menciones específicas a personas que están ya consignadas y a otras. También se menciona a la Marina, lo que debe ser investigado”.

Andrés Manuel López Obrador hizo una promesa importante de campaña a los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa: que de llegar a la presidencia daría con sus hijos y el crimen de aquel 26 de septiembre del 2014 quedaría resuelto. Ya en la presidencia, López Obrador se ha topado con un enorme dilema. Si quiere cumplirle a los padres esta promesa, tiene que quedar mal con el Ejército.

¿Por qué? Porque el informe que dio a conocer hace unos días el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa culpa a integrantes del ejército de haber asesinado a algunos de los 43 desaparecidos. Por ello la FGR giró 20 órdenes de aprehensión en contra de militares. El dilema es pues: o queda bien con los padres de los 43 o queda bien con el ejército.

¿Cómo se le salió tanto de control el asunto de Ayotzinapa a este gobierno? ¿Cómo llegan al octavo aniversario tan mal parados?

Primero, lejos de haber claridad respecto a lo ocurrido en Iguala esa noche, hay mayor confusión.

Segundo, el Ejército claramente no está contento con la versión del subsecretario Alejandro Encinas. En esta versión, que al ser del Subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, es la del gobierno, integrantes del Ejército quedan señalados de haber participado en la tragedia de Iguala. Es tan claro el descontento de los militares con la versión gubernamental que han presionado para que se retiren las órdenes de aprehensión en contra de sus elementos. Lo han logrado ya en 16 de ellas, lo que no ha deber sido un sapo fácil de tragar para el Fiscal Gertz Manero. Además, le otorgaron una muy buena y exclusiva entrevista a mi colega, Jorge Fernández Menéndez, con el General José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 batallón del Ejército con sede en Iguala.

El General ha sido señalado por Encinas como uno de los responsables de lo ocurrido en Ayotzinapa. En concreto, de haber ordenado la ejecución de seis de los estudiantes. La entrevista ocurrió en los locutorios del Campo Militar número Uno en donde se encuentra Rodríguez Pérez quien se presentó voluntariamente ante las autoridades castrenses al ser señalado por Encinas. Lo hizo como una forma de aclarar su nombre ante estas acusaciones.

La entrevista es muy clara y es evidente que ocurre como un esfuerzo de los militares por defenderse de los señalamientos que ha hecho sobre ellos el gobierno de López Obrador. El presidente parece que no entendió cuando la detención de Salvador Cienfuegos que en el ejército no hay sexenios. Los del pasado y los del presente son los mismos y no les gusta un ataque del gobierno.

Tercero, todos, incluyendo a los padres de los 43, hemos visto como este gobierno ha decidido politizar la justicia. Al excarcelar al Cabo Gil, integrante de Guerreros Unidos quien confesó haber participado en la desaparición de los normalistas, y al detener al exprocurador, Jesús Murillo Karam, queda de manifiesto que lo último que le importa al gobierno es la justicia.

Cuarto, la Unidad Especial de Investigación y Litigación se ha quedado ahora sin su titular. El fiscal Omar Gómez Trejo decidió renunciar. Algunos dicen que nunca debió haber sido nombrado fiscal; otros que renunció porque no quiso seguir siendo parte del show político en el que se ha convertido el caso Ayotzinapa. La gota que derramó el vaso, según esta versión, fue el descontento con el retiro de las ordenes de aprehensión a los militares.

¡Cómo ha dado vueltas este caso! Pasamos de un López Obrador que, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegaba a cualquier mitin con su coro para que contaran hasta 43 y cerraran con “Vivos se los llevaron; vivos los queremos” a un presidente arrinconado entre cumplir con su promesa de campaña o cumplirle al ejército al dejarlo al margen de las investigaciones.

Columna completa en El Universal

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, afirmó que las y los senadores de la oposición “tienen una nueva oportunidad de convencerse” y decidir su voto a favor de la minuta que amplía, hasta 2028, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

Argumentó que la decisión que deben tomar los legisladores “es muy sencilla, pues se trata de ponderar entre dejar que la delincuencia continúe actuando impunemente o contar con una Guardia Nacional capacitada y profesional”, esto al recordar que el dictamen regresó a comisiones para lograr el consenso que se necesita para aprobarla.

El coordinador parlamentario expresó su confianza a nombre propio y de la coalición “Juntos hacemos historia”, de que el regreso de la minuta a comisiones permitirá enriquecer la propuesta.

“Qué bueno que al final se logró que en lugar de votar en contra se abriera una posibilidad de hacer una revisión, argumentarlo, discutirlo, debatirlo y enriquecer la minuta”, apuntó.

El diputado refirió que el objetivo de este nuevo periodo de análisis será el de permitir a las y los congresistas mexicanos reflexionar, para poder garantizar la profesionalización de la Guardia Nacional cuando las Fuerzas Armadas se retiren de las tareas de seguridad pública.

En el mismo sentido se expresó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que ahora está abierta la posibilidad de que cambien de parecer los legisladores.

Apuntó que todavía no ha terminado el proceso legislativo, confiando en que pueda salir adelante, pues dijo, es un tema muy importante porque de eso depende la seguridad de la gente.

Recordó que ha costado mucho trabajo consolidar a la Guardia Nacional, por lo que en caso de que regresen “los corruptos”, se corre el riesgo de que vuelvan a utilizar estas corporaciones para la protección de mafias, algo que ya ha pasado y de lo que hay constancia, al referirse a la Policía Federal.

López Obrador insistió en que es muy importante el tema que lo mejor es consultarle a la gente, aunque los senadores de la oposición, especialmente los del PAN, suelan no tomar en cuenta a los ciudadanos ni a sus militantes.

“¿Cómo son representantes populares si no toman en cuenta la opinión de la gente. O es que va a predominar más en el poder legislativo la política partidista o los sentimientos de la gente. ¿Qué es lo más importante?”, cuestionó el mandatario-

Ante las críticas que se han hecho a su propuesta, AMLO dijo que no afecta a nadie que se haga una consulta al respecto. Adelantó que mañana el secretario de Gobernación va a presentar la propuesta de la consulta, que se ajustará al marco legal.

“No se le va a llamar consulta, porque tiene que buscarse el marco legal apropiado; tampoco queremos que participe el INE porque nos va a pedir muchísimo dinero: viáticos, desgaste, viaje al extranjero para ver cómo llevan a cabo las consultas en otras partes”, dijo el presidente entre risas.

Indicó que se va a buscar la forma de que no se gaste pero que si se ayude a decidir sobre el tema; indicó que era bienvenida la participación de gobernadores, presidentes municipales, organizaciones sociales y ciudadanos.

Reiteró que es probable que la consulta “no consulta” se lleva a cabo en enero; señaló que el plazo actual para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad vence en marzo del 2024.

Eso le sirvió para criticar que en el sexenio de Felipe Calderón, se violó la Constitución ya que las Fuerzas Armadas no podían hacer dichas tareas y, sin embargo las levaban a cabo. Lamentó que los constitucionalistas, analistas políticos e intelectuales orgánicos “no estaban aquí, ellos no se enteraron” cuando eso sucedía.

A diferencia de Calderón y lo que incluso de hizo en el sexenio pasado, AMLO señala que lo que su gobierno hace es con estricto apego a la reforma constitucional que se aprobó en 2019.

“Yo estoy seguro que la gente va a apoyar”, esto puede hacer que los legisladores “cambien de parecer, que tengan capacidad de rectificar”, remató.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, defendió el jueves a su hijo Nikolai, acusado de haberse negado a ser movilizado para la ofensiva rusa en Ucrania, tras la publicación de una conversación telefónica que se hizo viral en internet.

En este video, un bloguero llama en directo al hijo del portavoz ruso y se hace pasar por un reclutador del Ejército a cargo de llamar a los reservistas movilizados, tras el anuncio del presidente Vladimir Putin.

“Se le ha enviado hoy una convocatoria”, dice Dmitri Nizovtsev, presentador de “La política popular”, un canal de YouTube creado por miembros del círculo del opositor ruso encarcelado Alexei Navalni.

“En ella, hay un número al que tiene que llamar y mañana, a las 10:00 de la mañana, tiene que presentarse en un centro de convocación”, añade el bloguero, en tono serio.

Nikolai Peskov, de 32 años, parece un momento desconcertado y luego contesta: “Evidentemente, que no iré mañana a las 10:00 de la mañana”, dando a entender que no se dejaría reclutar por el Ejército.

“Debe usted entender, que siendo yo un Peskov, no es correcto que yo esté allí”, añadió. “Resolveré el tema a otro nivel”.

“No tengo ningún problema en defender la patria. Pero primero tengo que comprender lo que puedo hacer en lo que me concierne”, dijo el hijo del portavoz del Kremlin, para justificarse.

Preguntado por este video, Dmitri Peskov declaró a los periodistas “estar al tanto” pero aseguró que “el texto íntegro (de la conversación) no se publicó”.

Ayer, el presidente Vladímir Putin anunció una “movilización parcial” que concierne a unos 300,000 reservistas con el objetivo de apoyar las operaciones que Rusia mantiene en Ucrania a casi siete meses de que inició la invasión.

Aunque el mandatario explicó que esta movilización la van a realizar para defender su soberanía y la integridad territorial, ya que el objetivo de Occidente es debilitar a Rusia, dividirla y destruirla, muchos rusos temen que el despliegue sea mucho mayor.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Mauricio Meschoulam, analista internacional, sobre qué hay detrás del anuncio del presidente ruso.

Finalmente, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, aseguró este jueves ante la ONU que la movilización parcial decretada por Rusia será inútil: “pueden movilizar a 300.000 o a 500.000 personas, pero no ganarán esta guerra”.

“Rusia debe saber una cosa: nunca será capaz de matarnos a todos”, recalcó Kuleba en un discurso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

En la sesión de ayer del Pleno del Senado, se le dio trámite de primera lectura al dictamen por el que se amplía el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan participar en tareas de seguridad pública.

El proyecto modifica el párrafo primero y adiciona los párrafos tercero y cuarto al artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.

El lunes, el dictamen fue aprobado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda. El documento recibió el aval de 18 senadores de Morena y aliados, y fue votado en contra por 10 de los legisladores de oposición, lo cual no fue suficiente para detener el proyecto.

El presidente de la Mesa Directiva confirmó que el dictamen estuvo publicado en la Gaceta, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, queda de primera de lectura.

Hoy, el dictamen subirá al Pleno para su segunda lectura y con ello, se pueda someter a discusión y eventual votación, esto pese a que a inicios de semana  el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que no tenían los votos necesarios para sacar adelante la reforma.

Al tratarse de una reforma constitucional, la minuta necesita ser avalada por mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de los legisladores; en caso de asistir los 128 senadores se necesitarían 86 votos a favor para sacarla adelante.

Morena cuenta con mayoría: 60 senadores propios, más 6 del Partido Verde, 5 del Partido del Trabajo y 4 de Encuentro Social. Esto le garantizaría 75 votos, por lo que necesitaría sumar 11 votos más de la oposición.

La bancada del PAN contaba con 21 legisladores, Movimiento Ciudadano con 11, el Grupo plural con 5 más y el PRD con tres. El PRI, de donde podría Morena buscar los votos que le hacen falta, tiene 13 senadores, de los cuales, 5 ya han anunciado su voto en contra.

Sin embargo, ayer, mediante un video en redes sociales, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dio la bienvenida al senador Raúl Paz a las filas del partido, quien renunció a la bancada del PAN. Con esto, Acción Nacional pasó a tener 20 legisladores y Morena y aliados 76, lo que lo deja a 10 votos de lograr la mayoría que necesita para sacar la reforma hoy en el Pleno.

“Hay momentos de definiciones en la política, o se está con el pueblo o se está con una minoría que no le interesa el bienestar de la gente, y la paz y la tranquilidad de las y los mexicanos no tiene precio. Así que, que bueno que te sumes a este Movimiento a trabajar en favor de la Cuarta Transformación”, señaló Delgado en referencia a Raúl Paz.

Tan pronto se integró a Morena, Raúl Paz fue anunciado como comisionado nacional de enlace con el sector empresarial de Morena, encomendándole tener una relación cercana y de diálogo con las y los empresarios del país, además de que tendrá la tarea de dar a conocer los avances que del presidente López Obrador en materia económica.

Para sesión de hoy en el Senado, Alejandro Armenta Mier, confirmó que existe una propuesta de moción suspensiva que suscriben legisladores del PAN sobre el dictamen en materia de Fuerzas Armadas.

La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la reforma constitucional que permite que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles coadyuvando en las tareas de seguridad hasta 2028.

El documento, avalado con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención, contempla reformar el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en 2019, alargando el plazo para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad por un total de 10 años y no hasta 2024, como originalmente se aprobó.

La iniciativa aprobada también crearía una comisión bicameral conformada por diputados y senadores, y obligaría al secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a presentar un informe cada inicio de sesiones sobre el avance y capacitación de cuerpos de seguridad civil.

El dictamen fue avalado con el apoyo de los legisladores de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PT y PVEM) en conjunto con legisladores del PRI, cuya bancada fue la que se presentó la iniciativa.

En tanto, diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) se manifestaron en contra, tal como lo habían anunciado.

Por parte de la bancada del PRI, se argumentó que ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas permitirá actuar con antelación ante la crisis de inseguridad que vive el país y garantizar el respeto a los derechos humanos, además de que señalaron que gobiernos emanados del PAN y MC necesitan al Ejército para mantener la seguridad en sus estados.

La reforma fue aprobada ayer por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, situación que celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina de hoy.

“Yo creo que están actuando, la mayoría de los legisladores, de forma responsable, los felicito”, dijo el mandatario. “Se trata de garantizar la paz y tranquilidad en el país, es enfrentar el problema de la inseguridad pública utilizando todos los elementos buenos con los que cuenta el Estado”, agregó.

El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, refrendó el apoyo que tendrá por parte del tricolor la iniciativa de reforma para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para coadyuvar en tareas de seguridad hasta 2029, el decir que lo único que están ofreciendo es la posibilidad de tener seguridad: PRI

El pleno de la Cámara de Diputados comenzó esta mañana la discusión de la iniciativa, poco después de las 10:00 horas, con un quorum de 322 diputadas y diputados.

Al reunirse con representantes de los medios de comunicación, el priísta dijo que su bancada irá con la iniciativa que una de sus legisladoras presentí, pues dijo, están convencidos de que esto es lo que requiere la patria, además de que tiene una clara coherencia con lo que está sucediendo en el país.

Moreira dijo que todos los gobernadores se están manifestando por la necesidad de tener la opción de recurrir al Ejército si es necesario, tal como lo ha dicho el propio presidente López Obrador, por lo que llamó a que no se polarice el tema, y se asuma la responsabilidad que todos los mexicanos tienen.

Sobre los señalamientos que se han hecho sobre una presunta negociación con Morena a cambio de impunidad para el PRI, específicamente para su dirigente nacional, Alejandro Moreno, el priísta dijo desconocer a qué se refieran quienes lo apunta.

“Yo no quisiera ser ofensivos con ellos que dicen que son oposición. Ni estamos aprobando el IVA, como lo hicieron ellos, algunos de ellos, que hoy los veo oponerse; ni estamos aprobando el FOBAPROA, ni nada. Estamos dando la posibilidad a las y los mexicanos de tener seguridad”, enfatizó el coordinador parlamentario.

En ese sentido reveló que cuando él ejercía como gobernador de Coahuila, el presidente Felipe Calderón le mandó un “contrato” en el que le decía que si no lo firmaba, el Ejército no apoyaría a la entidad en labores de seguridad. En ese sentido, dijo que ahora ya no se tendrá una condicionante así.

Ante el tuit que publicó Alito Moreno, en el que señalaba que hoy se demostraría que México está por encima de todo, el diputado fue cuestionado si eso implica estar por encima de la coalición.

“Ah, pues hoy vamos a demostrar eso, que estamos por México”, contestó. “Sí (…) ¿Usted pondría a México abajo de algo? Porque si usted me dice que México debe estar abajo de algo, pues estaría terrible, o sea, México está sobre todo, sobre todo está México, sobre los partidos, sobre las personas, y más en estos días que estamos celebrando la patria. Ahora no podemos decir que no se requiere”, añadió el priísta.

En clara coincidencia con el discurso presidencial, Moreira Valdez hizo un llamado a los diputados de Tamaulipas, a que se manifiesten si no quieren al Ejército para hacer frente a la inseguridad que el estado vive, mismo caso que enfrenta Guanajuato o Durango.

Descartó que haya un acuerdo para que toda la bancada del PRI vote de forma unánime. Indicó que cada legislador vota libre y cada quien se hace responsable de sus decisiones.

¿La Alianza se va a romper a partir de esta votación? se le preguntó de forma directa al diputado, a lo que dijo que esperaba que no. “Yo hago votos porque no se rompa la Alianza, hay muchas batallas que dar, pero tampoco se vale que si nosotros estamos convencidos de algo se nos quiera forzar.

Negó que el PRI esté acabando con la Moratoria Constitucional como lo han denunciado las dirigencias del PAN y del PRD. “Nosotros dijimos que estábamos en contra de aquellas cosas que afectaran a México, y esto no afecta a México. Lo que afecta a México es dejarlo sin Ejército, es con el narco o con el Ejército, esa es nuestra frase”.

¿El PRI sigue con la frente en alto viendo a los mexicanos?, se le cuestionó a Moreira Valdez.

“Claro, claro. ¿Sabe qué pasaría si no votáramos esto? Pues que en el 24 no habría seguridad, estaríamos en manos de la delincuencia, pues esa es la verdad”, remató.

La vicecoordinadora el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, informó que hoy se dará declaratoria de publicidad al dictamen de Puntos Constitucionales sobre el transitorio constitucional respecto de la Guardia Nacional, para que mañana miércoles se discuta en el Pleno.

La reforma al quinto transitorio constitucional en materia de la Guardia Nacional, que busca a propuesta del PRI, alargar la permanencia del Ejército en las calles para coadyuvar en las tareas de seguridad hasta 2028, está cumpliendo el procedimiento legislativo normado, dijo la morenista.

“Cabe señalar que será sesión presencial, que son las únicas reformas que sí requieren de nuestra presencia física y así será atendido, de hecho, está citada la sesión del miércoles desde las 9 de la mañana, para que desahoguemos puntualmente esto que ha resuelto la Junta de Coordinación Política”, sostuvo la diputada.

La morenista dijo que es un tema ampliamente discutido desde la reforma a la ley secundaria que rige a la Guardia Nacional y durante todo lo que implicó la reforma constitucional en la pasada legislatura.

“Entonces, está ampliamente discutido. No es un trámite ‘fast track’. Se está siguiendo todo el procedimiento normado al interior de la Cámara y bueno, pues ya veremos qué tantas reservas podemos atender cuando es un transitorio y todos sabemos que se cambia de cinco años a nueve años el que siga el mando de la Sedena”.

Comentó que es una iniciativa de la oposición, específicamente del PRI, por lo que se contará con el respaldo de la bancada para sacar adelante esta reforma.

Comentó que para esa discusión, así como para todas las labores legislativas, se mantiene vigente el acuerdo de civilidad “para que todos podamos hacer uso de la tribuna sin mayor exabrupto”.

Al respecto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier, señaló que en la discusión de la iniciativa para extender la presencia de las Fuerzas Amadas en tareas de seguridad se tendrá un debate democrático y libre, respetando la posición de cada grupo parlamentario, así como la que tengan en lo individual las y los diputados.

“Debatamos libre y democráticamente un tema que es de la mayor preocupación nacional y que requiere sensibilidad política y mucha responsabilidad”, afirmó.

El diputado llamó a olvidarse “un poco de los temas de carácter partidario”, porque cuando se es legislador se debe pensar qué es lo que le conviene a México.

Sostuvo que aunque sólo se modifica un artículo transitorio de una reforma constitucional, las y los legisladores tienen derecho a presentar las reservas pertinentes.

Consultado sobre si respalda el llamado a la paz que hizo el PRI, el líder parlamentario coincidió con convocar a la unidad nacional para atender el tema de seguridad, que es un reclamo de los y las mexicanas; “es algo en lo que nosotros coincidimos”.

Este martes, la diputada Cristina Ruiz del PRI propuso ante la Comisión de Puntos Constitucionales una reserva a la iniciativa que presentó su compañera de bancada para que en lugar de ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, se le de un año más y el plazo venza en 2029.

“México necesita recuperar la calma de las familias mexicanas, no son los tiempos de señalar culpables, son los tiempos de apoyarnos y hacer las cosas bien por las y los mexicanos, no son tiempos de señalamientos de estrategias fallidas, son los tiempos de las acciones, de las soluciones, y de las respuestas a las familias mexicanas”, plantea la reserva presentada

La legisladora dijo que dar un plazo de 10 años para que las Fuerzas Armadas coadyuven en las tareas de seguridad es por motivos “humanitarios”.

Pese al llamado que le hicieran el PAN y PRD para retirar su propuesta de que el Ejército permanezca en las calles en apoyo a las tareas de seguridad hasta 2028, la dirigencia nacional del PRI indicó que la seguridad del país no debe politizarse, pues hacerlo sería negarles a millones de familias que puedan vivir en paz.

La dirigencia del tricolor dijo que la seguridad de las familias mexicanas es una prioridad, y por ello impulsa acciones que permitan recuperar la paz en el país.

Como parte de la campaña #PorLaSeguridadDeMéxico, el PRI puntualizó que es necesario atender con total responsabilidad este tema, ya que lo que está en juego es la vida de los mexicanos.Insistió que es necesario reconocer, por la seguridad de México, que la Guardia Nacional no está lista actualmente para hacer frente al grave problema de inseguridad que padecen las familias mexicanas, por lo que se debe ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas coadyuven a estas rareas.

Recordó que en marzo de 2024 las Fuerzas Armadas no podrán intervenir más en labores de seguridad de acuerdo a lo que está planteado en la ley actualmente, lo cual implicará que se deje a su suerte a los estados y municipios. “No podemos permitir que eso ocurra”, añadió.Señaló que la Guardia Nacional requiere recursos, capacitación e implementar una estrategia eficiente; lo que necesariamente implica tiempo y acompañamiento de las Fuerzas Armadas.

Destacó que el Ejército es la institución en la que más confían los mexicanos para atender la inseguridad, por ello la propuesta que han presentado en el Congreso.

“El PRI votó en contra de que la Guardia Nacional tenga mando militar, pero creemos que las fuerzas armadas deben acompañarla en su fortalecimiento durante 4 años más”, remató.

Ante la propuesta de una diputada del PRI para alargar la permanencia del Ejército en las calles para tareas de seguridad hasta 2028, las dirigencias nacionales del PAN y PRD reiteraron su llamado al PRI a efecto de que retiren su propuesta de reforma al 5o transitorio constitucional o, en su caso, votar en contra de la propuesta, para  así construir como coalición una propuesta responsable en la materia.

Los partidos de la oposición indicaron que coinciden con las expresiones de las dirigencias nacionales morenistas y priistas, respecto a que el gobierno debe hacer todo lo necesario para brindar seguridad a las personas y a sus bienes, aunque dijeron, siempre se debe hacer en estricto apego a la Constitución.

“Estamos plenamente convencidos que la seguridad es un elemento indispensable para una convivencia democrática y civilizada”, por lo que recordaron la creación de la Guardia Nacional (GN), la cual se hizo para que el país contara con una policía nacional civil, dirigida y compuesta por personal de carácter civil y para combatir la inseguridad.

Sin embargo, acusaron que desde su creación y hasta la fecha, la GN ha estado bajo mandos militares y la integran en un 80% personal proveniente de las fuerzas armadas. “Y ahora que inconstitucionalmente trasladan la operación y la administración a la SEDENA, se ve más lejos la posibilidad de consolidarse como una verdadera policía civil”.

También recordaron que plazo que se estableció en 2019 en el artículo transitorio 5o de la Constitución señala que “durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

En ese sentido, precisaron que todavía falta un año y medio para que dicho plazo venza, por lo que no existe ningún tipo de urgencia para que se discuta la iniciativa priísta.

Acusaron que la prórroga que plantea ahora el PRI, no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, sino que también valida y amplía por 4 años más, la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno ha trazado.

PAN y PRD indicaron que es necesario que se exija al gobierno que corrija su fallida estrategia de seguridad, fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas, y que se dé forma a una Guardia Nacional civil como lo mandata la Ley.

Se dijeron abiertos a que se trabaje de manera conjunta para que la Guardia Nacional se transforme y se vaya consolidando en una policía nacional civil, y solo entonces poder valorar la pertinencia o no de ampliar el plazo constitucional.