JOSÉ WOLDENBERG
REFORMA
Vivimos en el reino de la opinión. Cada quien tiene una. Y los comentaristas políticos no somos una especie ajena a ello. No podemos serlo, el oficio, al parecer, demanda veredictos sucintos y contundentes. El “pequeño” problema es que los hechos han empezado a ser prescindibles y las percepciones ocupan su trono. La “realidad” -lo que a estas alturas quiera decir- con sus complejidades, pliegues, embrollos, dificultades, puede ser exorcizada del discurso siempre y cuando uno tenga adjetivos suficientes para conjurarla. Es más sencillo reforzar prejuicios que intentar explicar o siquiera narrar lo que sucede. Malos tiempos, como quizá lo sean todos.
Vayamos al espinoso tema de la fiscalización de los recursos de los partidos durante las campañas electorales. Solo, por lo pronto, a las cifras que ilustran la magnitud y complejidad del asunto. Un piso de información (creo) necesaria. 3,254 campañas debieron ser fiscalizadas: 335 de diputados locales por el principio de mayoría relativa, 51 de diputados de representación proporcional, 22 gobernadores, 1848 presidentes municipales y 998 regidores. Esa fiscalización de campañas locales es una nueva encomienda para el INE fruto de la reforma del 2014. ¡Y prepárense para lo que viene!: en junio hubo elecciones en 4 estados, el próximo año además de las federales, habrá votaciones en 30 entidades.
El tope de gastos de campaña que no fija el INE -sino que se encuentra establecido en una fórmula en cada legislación local-, fue para los candidatos a gobernador en Coahuila de 19.2 millones de pesos, en el Estado de México de 285.6 y en Nayarit de 20.5. Si tomamos en cuenta que el número de electores en cada uno de esos estados era, respectivamente, de 2.1 millones, 11.3 millones y 814 mil, el gasto por elector autorizado era de 9.32, 25.24 y 25.13 pesos en cada uno de esos estados. No resulta extraño entonces que el rebase del tope fuera más probable en Coahuila que en los otros dos.
En Coahuila los partidos reportaron como gastos las siguientes cifras (para todas las elecciones: gobernador, Congreso y presidencias municipales): Coalición PAN 39.8 millones de pesos (todas las cifras han sido redondeadas); Coalición PRI 32.1 y PRI solo 17.3; PRD 4.4 y Morena 12.2. Pero el INE detectó que la coalición en torno al PAN había omitido gastos por 6 millones de pesos; la coalición en torno al PRI 4.6 y el PRI 2.3; PRD 101 mil pesos y Morena 2.6 millones.
En el Estado de México, donde solo hubo elección para gobernador, los partidos reportaron como gasto lo siguiente: PAN 95.8 millones; Coalición PRI 116.1; PRD 56.3; PT 18.0 y Morena 122.3. No obstante, el INE encontró gastos no reportados por los siguientes montos: PAN 59.2 millones; Coalición PRI 52.1; PRD 71.4; PT 10.8 y Morena 16.1.
Si uno suma los resultados de gastos no reportados de todas las elecciones -aquí solo hemos presentado una pequeña muestra- el monto crece hasta 270 millones de pesos que los partidos no incluyeron en sus informes y que el INE -auxiliado por los institutos locales- encontró y puede documentar (no a “ojo de buen cubero”). ¿Cómo lo hizo? Monitoreando la publicidad en la vía pública, en los medios impresos, realizando visitas de verificación a los eventos de los partidos, a sus respectivas casas de campaña y atendiendo quejas de los partidos.
La tarea de fiscalización -en su nuevo formato- no es sencilla. Los legisladores decidieron centralizar en una sola institución (INE) lo que en el pasado realizaban 33 institutos (el Federal y 32 locales). Esa tarea debe hacerse en un tiempo muy ajustado (45 días) porque además la misma reforma (2014) estableció como causal de nulidad de la elección el rebase del tope de gasto de campaña en un cinco por ciento, siempre y cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar no fuera superior al 5 por ciento de los votos.
Leo una conmovedora novela de Ian McEwan, La ley del menor (Anagrama, 2015). El personaje central es una juez del Tribunal Superior británico que desahoga conflictos familiares. Es una mujer sabia, sensible, con temple, acostumbrada a lidiar con las contrahechuras de la existencia, y sabe por experiencia propia que la ley, a la que rinde tributo -porque sin ella la vida en sociedad sería una jungla-, en ocasiones es también una “serpiente venenosa”.
