Tag

empresas

Browsing

Más de 15 instituciones públicas, empresas y universidades de México anunciaron este jueves la culminación del desarrollo de un ventilador para el tratamiento del Covid-19 de bajo costo y fácil de producir en serie.

El ventilador de emergencia VSZ-20-2 totalmente automático, con un diseño de fácil manejo, que permite el uso intuitivo, da mayor seguridad para los pacientes, se desarrolló en un tiempo récord de 10 semanas.

Una de las principales bondades del proyecto mexicano es el bajo costo que tendrá, de aproximado 11,000 dólares, comparado con el costo de los ventiladores de alta gama que existen y se comercializan en hasta 50,000 dólares.

Los responsables confirmaron que los primeros 20 ventiladores serán comprados por la Fundación Carlos Slim para donarlos a hospitales públicos en los estados de San Luis Potosí, Yucatán, Coahuila y Guerrero.

Explicaron que el proyecto comenzó el 29 de marzo con la convocatoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición Salvador Zubirán para perfeccionar un prototipo de ventilador 100 % mexicano. Un donativo del Grupo Coppel a GSE Biomedical permitió iniciar el desarrollo y al paso de las semanas se sumaron empresas de los Grupo Proeza y Femsa, las cuales apoyaron con la ingeniería del ventilador.

«Este dispositivo requirió de muchas piezas especializadas y un proyecto de apoyo para su culminación exitosa» en el que participaron otras empresas tales como Alfa, Solística, REPARE, Coppel, Lodi Automotriz, Lanix Med, Steris, Ternium Salud y Bocar.

En cuanto a las instituciones educativas, se especificó que participaron el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey, así como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de Nutrición, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quien otorgó el permiso para que los equipos se fabricaran de acuerdo con todas las disposiciones de calidad, funcionamiento y control que exige la entidad.

Detallaron que el ventilador funciona a base de pistón por lo que no depende de tomas eléctricas en los muros. «Es suficiente la conexión a un tanque de oxígeno», lo que permite usarlo en hospitales como en áreas preparadas para atender a pacientes del coronavirus SARS-CoV2.

Grupo Proeza, a través de su empresa Metalsa, será la que administre el proceso de solicitud de ventiladores, los cuales serán ensamblados en una de sus plantas situada en Apodaca, en el norteño estado mexicano de Nuevo León; mientras que la propiedad intelectual y patente del VSZ-20-2 será del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

El gobierno federal presentó esta mañana los dos primeros modelos de ventiladores de respiración asistida diseñados y fabricados en el país para atender a enfermos críticos de Covid-19.

«Tenemos una muy buena noticia para el pueblo de México. Ya se logró producir un ventilador con tecnología mexicana. Es un ventilador hecho en México, el cual va a significar ser autosuficientes en este equipo que es básico y fundamental», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su conferencia matutina.

Los equipos llegan casi cinco meses después de que se registrara el primer caso de Covid-19 en el país, y más de siete meses después de que se supiera de la existencia del virus en el mundo.

El mandatario recordó que México no disponía de equipos propios hasta ahora y que el país ha tenido acceso a los respiradores gracias a la «solidaridad internacional» de otras naciones, que le han vendido dichos aparatos.

En la conferencia fueron presentados dos modelos, uno llamado Ehécatl (dios del viento mexica) que fue patentado por el Estado mexicano, y otro llamado Gätsy («suspiro» en idioma otomí), que ha sido desarrollado en colaboración entre el Gobierno y la empresa Dydetec.

«Hicimos esfuerzos para el desarrollo de equipos de alta especialidad que son claves y estratégicos. México dependía del extranjero, como en muchos otros aspectos, de tecnología estratégica», dijo María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), quien coordinó el desarrollo de los equipos.

Álvarez-Buylla anunció que ya se están fabricando 1,000 equipos, 500 de cada modelo, con un costo total de 259.9 millones de pesos.

«Un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar 1,000 ventiladores, que se están ya fabricando masivamente. Hubiera costado mucho más adquirirlos en el extranjero», explicó la directora del Conacyt.

Detalló que los dos modelos comparten un alto grado de seguridad biomédica, calidad y sensores de control y que «ambos son ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases».

Las empresas tecnológicas Facebook (propietaria de WhatsApp), Twitter y Google anunciaron hoy que dejarán de colaborar con la Policía de Hong Kong en la entrega de datos de los usuarios, como respuesta a la nueva ley de seguridad nacional sobre el territorio impuesta desde Pekín.

Las empresas emitieron sus respectivos comunicados en los que explicaron que pondrán «en pausa» las peticiones de las Fuerzas de Seguridad hongkonesas mientras analizan las implicaciones de la controvertida nueva normativa y si esta atenta contra los derechos humanos.

«Creemos que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor por su seguridad u otras repercusiones», indicaron desde la firma que dirige Mark Zuckerberg.

Por su parte, desde Twitter apuntó que «igual que muchas organizaciones de interés público, líderes de la sociedad civil y colegas de la industria», están «muy preocupados» ante el proceso que ha seguido y las intenciones de la ley de seguridad nacional.

Por su parte, Google, el buscador online más usado del mundo, informó que ya empezó a poner en suspenso las peticiones por parte de las autoridades desde el pasado miércoles «mientras revisan los detalles de la nueva ley».

La ley, aprobada el 30 de junio pasado, y bajo la que ya se han producido las primeras acusaciones de detenidos, es vista por abogados y activistas hongkoneses como el posible fin de los derechos y libertades de las que se goza en la ciudad frente al resto de China, aunque el gobierno local insista en que tan solo afectará a una «minoría extremadamente pequeña» de personas.

Entre otras cosas, la nueva normativa criminaliza la secesión, la subversión, la confabulación con terceros países e insta a castigar aquellos actos que inciten al odio contra China y el Gobierno del Partido Comunista.

A diferencia de la China continental, donde internet está fuertemente censurado y Facebook, Google y Twitter están prohibidas, las redes sociales sí operan en Hong Kong y, como en el resto de países, es habitual que la Policía les pida datos de usuarios en el marco de sus investigaciones.

Son estas peticiones a las que las firmas de Silicon Valley dejarán de responder a partir de ahora y hasta que concluya su evaluación de la nueva ley de seguridad nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se lanzó este viernes en contra de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), uno de los pocos organismos internacionales a los que no había atacado.

Tachó este viernes de «pesimista» a la Cepal por pronosticar la pérdida de 500,000 empresas en el país, y la comparó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Estos de la Cepal, aunque son progresistas, no dejan de tener algo de influencia del FMI. Los embarga también el pesimismo», declaró  AMLO.

Y es que ayer, la Cepal presentó un informe que refiere que la suspensión de actividades productivas por la pandemia del nuevo coronavirus provocará el cierre de 2.7 millones de empresas formales en Latinoamérica, la mayoría de ellas microempresas, lo que implicará la destrucción de 8,5 millones de empleos.

Según este cálculo de la Cepal, organismo liderado por Alicia Bárcena, México será una de las naciones más afectadas en la región con 500,000 compañías perdidas.

Pero el presidente reiteró que ve las cosas con optimismo y por eso «hay motivos» para demostrar que ya se tocó «fondo» y ahora sigue la «recuperación» de la economía en el país.

Insistió en que, tal como lo dijo en su informe del pasado miércoles, en el primer semestre del año aumentaron las ventas de tiendas de autoservicio en 8% en términos reales. Resaltó que ha «ido disminuyendo» la pérdida de empleos, que las remesas han aumentando, mientras que el peso se sigue apreciando frente al dólar estadounidense.

Recordemos que el mandatario, en un constante choque con organismos internacionales, ha acusado que el FMI es «pesimista».  Ha dicho que sus «recetas» neoliberales impulsaron la pobreza en el país.

De acuerdo a un informe presentado hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2.7 millones de empresas podrían cerrar en Latinoamérica a causa de la pandemia de Covid-19.

En el caso de México, indicó que podrían cerrar hasta 500 mil empresas. Los cierres en la región implicarían la pérdida de 8.5 millones de empleos formales en la región en los próximos seis meses.

Adicional, la crisis económica y social podría dejar 83.4 millones de personas en la extrema pobreza, 16 millones más que en 2019, lo que incrementaría el hambre en la región, donde se ha precisado que si bien no faltan alimentos, sí hay dificultades para que muchos los compren.

La CEPAL señaló que la crisis golpeará principalmente a sectores productivos con más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) de la región.

El reporte «Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación», precisa que el golpe a los sectores industriales de mayor dinamismo tecnológico profundizará los problemas estructurales de la región, por lo que llamó a implementar políticas adecuadas para fortalecer esas ramas productivas, entre las que existe una elevada probabilidad de que se genere un cambio estructural regresivo que conduciría a la reprimarización de las economías de la región.

La pandemia ha significado «una caída sincrónica en materia de crecimiento y comercio. Ha habido choques muy fuertes de oferta y demanda, suspensión de cadenas de producción, caída del comercio internacional, contracción de inversiones y suspensión de la actividad productiva interna», señaló la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Puso especial énfasis en la gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas que serán golpeadas por la crisis sanitaria y económica, principalmente el comercio y la industria hotelera, a causa de las cuarentenas aplicadas para disminuir la propagación del nuevo coronavirus, que a su vez ha cambiado los patrones de consumo y mermado la demanda interna.

El estudio identificó que una mayoría de las empresas de la región ha registrado importantes bajas en sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus finanzas, además de dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo.

La Comisión pidió tener en cuenta que las grandes empresas proveen el 39% del empleo formal y son responsables de más del 90% de las exportaciones, por lo que la reactivación económica debe incluir mejores condiciones de acceso a créditos, recapitalizaciones, y un aumento de la eficiencia, transparencia y regulación de los mercados capitales.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves una ley que impone sanciones a las empresas chinas que amenacen la autonomía de Hong Kong y a quienes hagan negocio con estas organizaciones en respuesta a la imposición china de la ley de seguridad nacional.

«El Congreso de los Estados Unidos, en una dinámica bipartidista, ha estado unido durante mucho tiempo para hacer a Pekín responsable de su brutal campaña contra aquellos que pacíficamente demandan sus derechos y libertades, incluyendo Hong Kong», expuso la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, durante el pleno en que fue aprobado el texto.

Pelosi añadió que estas sanciones son una respuesta necesitada con urgencia a la «cobardía del Gobierno de China» al aplicar la autodenominada ‘Ley de Seguridad Nacional’ que pretende acabar con la premisa de ‘un país, dos sistemas’ prometida hace exactamente 23 años.

Al texto aprobado, se le añadió esta mañana una carta del Departamento de Estado en la que este avisa a las empresas estadounidenses de que se pueden enfrentar a problemas «de reputación, económicos y legales» si hacen negocios con compañías basadas en la región china de Xinjiang.

La ley china de seguridad nacional para Hong Kong, que contempla penas de cadena perpetua, entró en vigor el pasado martes tras ser aprobada por el Legislativo chino y ratificada por el presidente del país, Xi Jinping; una medida que ha provocado multitudinarias protestas entre los habitantes de Hong Kong.

Pekín apuesta así por la mano dura para poner fin a las protestas antigubernamentales que el movimiento prodemocrático de la ciudad ha venido organizando desde mediados del año pasado, en las que el régimen chino ve una ‘mano negra’ extranjera, apuntando a Washington.

Entre los detalles de los 66 artículos que componen esta ley, destacan los delitos específicos que se perseguirán: secesión, subversión del poder estatal, acusación usada frecuentemente por Pekín contra activistas y disidentes, actividades terroristas y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

El gobierno federal anunció esta mañana el primer paquete de denuncias contra las llamadas factureras, empresas que simularon operaciones fiscales a través de la compra-venta de facturas, y que involucran a 43 entidades que desde 2010 defraudaron al fisco por 55,125 millones de pesos.

«Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios», dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Fue la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, quien detalló que las demanda es contra 43 empresas relacionadas entre sí, que compartieron clientes, domicilios fiscales, representantes legales, entre otros, y que emitieron facturas falsas a 8,212 contribuyentes.

Detalló que para lograr la identificación de estas empresas, se analizaron 22 millones de facturas relacionadas a actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir 43729 millones de pesos en Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de IVA.

«Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos», explicó Buenrostro.

La titular del SAT denunció que dicho sistema de facturación también se utilizó para pagar actividades ilícitas.  «Se factura un honorario de una persona de trabajos de la construcción cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas o corrupción a servidores públicos»,indicó.

Precisó que además de perseguir penalmente a las 43 empresas factureras, el gobierno dará un plazo de tres meses a los 8,212 contribuyentes beneficiados por estas factures para que regularicen sus actividades, pues señaló que muchos participaron y fueron engañados sin darse cuenta de que estaban comprando facturas a empresas vinculados con el crimen organizado; advirtió que en caso de que no regularicen, también serán denunciados.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO) indicó que las pérdidas por daños a establecimientos comerciales durante las marchas del viernes pasado y ayer lunes, alcanzaron los 22 millones de pesos.

Nathan Poplawsky, presidente de la CANACO CDMX expresó su preocupación por la repetición de actos vandálicos, que causaron serios daños a establecimientos comerciales, monumentos históricos, edificios y mobiliario urbano.

Dijo que aunque la institución se ha pronunciado a favor de la libertad de expresión como un valor esencial de nuestra democracia, se oponen rotundamente a que la protesta pública derive en actos vandálicos que desvirtúen propósitos que pueden ser legítimos.

«Nos oponemos a que los comerciantes y sus empleados sigan siendo el centro de los ataques», indicó el presidente, al señalar que siempre defenderán el principio de legalidad por encima de cualquier propósito o causa.

El líder empresarial afirmó que las fuerzas de seguridad sí deben actuar en este tipo de casos, con base en un protocolo de uso legítimo de la fuerza y no abusar de la misma.

«En ningún caso debe impedirse su actuación cuando las manifestaciones sean aprovechadas por grupos vandálicos para cometer actos ilícitos», agregó.

Poplawsky añadió que no se puede reclamar justicia saqueando tiendas, agrediendo a periodistas, dañando inmuebles y monumentos históricos o poniendo en riesgo la vida de policías y transeúntes.

Dijo que las y los jóvenes encapuchados representan a grupos de interés y no a un movimiento social, además de que su afán es desestabilizar usando cualquier pretexto y de ello da cuenta su organización y entrenamiento.

Finalmente, alertó del peligro que representa una actitud cautelosa de la autoridad, porque puede ser entendida por estos grupos vandálicos como una licencia de impunidad.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, actualizó esta tarde el informe sobre la situación de Covid-19 en la capital.

Dijo que hay 26 mil 509 casos confirmados de coronavirus acumulados en la ciudad, de los cuales, 3 mil 909 son casos activos. 7 mil 668 casos más son considerados como sospechosos, mientras que se han registrado 2 mil 850 muertes.

La mandataria local afirmó que se mantiene una estabilidad en cuanto a los pacientes hospitalizados, misma que se ha sostenido en los últimos 10 días, tanto de pacientes intubados y como no intubados.

Detalló que al último corte, había mil 86 personas intubadas y 3 mil 382 personas no intubadas en hospitales de la Ciudad de México, que se compone de cerca de 58 hospitales.

Sobre la ocupación hospitalaria, indicó que a nivel general es de casi el 73%, por lo que aún hay una disponibilidad de poco más del 27% para recibir a pacientes de Covid-19. En cuanto a la disponibilidad en terapia intensiva, se tiene una 43.2%, equivalente a 817 camas de terapia intensiva disponibles, mientras que hay mil 287 camas disponibles de hospitalización general.

Sheinbaum Pardo reconoció que se ha presentado un incremento en la afluencia del Transporte Colectivo Metro a raíz de que se finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia.

«Hubo un ligero incremento, estamos sobre el 62 por ciento, llegamos a estar en algunos días en una disminución del 80 por ciento, hoy estamos sobre el 65 por ciento, más o menos, de disminución».

En cuanto al resto del transporte público: Metrobús, RTP, Tren Ligero, ECOBICI, trolebuses y tránsito vehicular, también indicó un incremento; mientras que en días pasado se llegó a alcanzar hasta un 75% de disminución, ahora se pasó a un 63% respecto a un día normal.

«Insistirle a la ciudadanía que estamos en semáforo rojo, que es importante insistir a la población el uso adecuado del cubrebocas, que hay que tapar nariz y boca, no solamente la boca, para evitar ser contagiado o contagiar», dijo Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre el número de empresas que retomaron actividades el pasado 1 de junio en la capital, la mandataria indicó que fueron 56 mil 937 empresas relacionadas con la industria de la construcción, fabricación de equipo de transporte, elaboración de cerveza, minería y sus cadenas productivas, con un total de 566 mil 630 personas.

Con la incorporación de las nuevas actividades a los sectores considerados como esenciales que permanecieron activos durante la contingencia sanitaria, actualmente operan 319 mil 326 empresas en la capital, con un personal en activo de 2 millones 519 mil 560 trabajadores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que a 64 días de la aplicación de la Jornada de Sana Distancia, “el gobierno federal no ha estado a la altura del reto ni ha protegido al empleo con el salario solidario.

La Confederación explicó que si bien la crisis generada por la llegada del Covid-19 no fue culpa de nadie, el gobierno federal sí ha incurrido en omisiones, como no haber actuado o implementado acciones eficaces ante esta crisis lo que ocasiono la pérdida de empleos.

Explicó que según el Banco Mundial, hay 54 países que ya implementaron algún esquema de subsidio al empleo, entre ellos están países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina.

Expuso que si se compara con el resto de países del continente, en materia de apoyos, México se ubica en el penúltimo lugar solo después de Bahamas, y el primer lugar lo ocupa Perú con medidas equivalentes al 12% de su Producto Interno Bruto (PIB) según la OCDE.

Por ello, refirió que el sector empresarial ha solicitado contar con diferimiento de los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta correspondientes a 2020, pero no hay respuesta a su petición.

Añadió que la Iniciativa Privada ha pedido acelerar los procesos de devolución de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y este ha sido el único concepto que ha acordado aplicar el gobierno federal.

Se pidió también, el diferimiento de las cuotas obrero-patronales referentes al periodo de confinamiento. En este sentido, se anunció un mecanismo ya existente en el IMSS que permite diferir las cuotas con una tasa de interés. En otras palabras, dijo Coparmex, en vez de ayudar a las empresas se busca generar réditos y cobrar intereses a las empresas que consideren esta opción.

Las medidas implementadas por el gobierno han sido insuficientes, por lo que insistió una vez más en la necesidad de implementar el Salario Solidario que permitirá proteger los 19.9 millones de empleos formales que existen en México y que requieren un presupuesto de 1.2% del PIB.

La Coparmex insistió en la necesidad de implementar un «Salario Solidario» que permitirá proteger los 19.9 millones de empleos formales que existen en México y que requieren un presupuesto de 1.2% del PIB. Sin embargo, acusó que hace más de un mes, el 20 de abril se le hizo llegar al gobierno federal la propuesta y no han recibido respuesta.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) de México ordenó la reactivación de pruebas preoperativas en las centrales de energía renovable, después de que varias empresas operadoras presentaran sus amparos al acuerdo que las prohibía.

El Cenace había prohibido estas prácticas con un acuerdo en vigor desde el 1 de mayo, según el cual las centrales renovables suponían un peligro para la seguridad energética en el país durante la pandemia por su intermitencia en la generación.

Ayer, el Cenace había informado, como resultado de la nueva política, de la suspensión de este tipo de actividades en 17 centrales, 7 eólicas y 10 fotovoltaicas.

Sin embargo, según un documento emitido por el regulador, el regulador autorizó la reactivación de las pruebas preoperativas en 23 parques.

Esa rectificación, recoge la notificación del Cenace, responde a «la finalidad de dar atención a lo determinado por los órganos jurisdiccionales» y solo afecta a las empresas amparadas judicialmente.

La resolución legal a la que hace referencia el Cenace argumenta que no se puede aplicar el acuerdo del 1 de mayo a las compañías quejosas «en tanto no afecten a la confiabilidad» del sistema energético. La notificación también establece que «deberá otorgarse la licencia correspondiente» a aquellas centrales que no hubieran empezado con las pruebas pero que ya las tuvieran programadas para «un futuro inmediato».

Esto contradice también al acuerdo impugnado legalmente, que contemplaba no dar nuevas licencias a las centrales que todavía estuvieran por arrancar sus pruebas.

“Todos aquellos generadores que a la entrada en vigor del acuerdo impugnado, ya se encontraban en pruebas preoperativas, deberán reanudarse las mismas; así mismo, aquellos generadores que se encuentren en el listado que se adjunta y que durante la vigencia del acuerdo impugnado, tengan programadas pruebas preoperativas a ejecutarse en el futuro inmediato, deberá otorgarse la licencia correspondiente, previo al análisis de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”, dijo la autoridad.

Los proyectos son a los que se autoriza son: Recursos Solares PV de México IV; Akin Solar; Eólica Tres Mesas 4; Fuerza Eólica de San Matías; Fuerza Eólica del Istmo; Versalles de las Cuatas Uno; Versalles de las Cuatas Dos; Tai Durango Cuatro Neo; Eoliatec del Pacífico; Eoliatec del Istmo; Versalles de las Cuatas Tres; Mitre Calera Solar; Eléctrica del Valle de México; FV Mexsolar XI; Kenegreen; X-Elio FV Conejos Médanos; X-Elio FV Xoxocotla; ENR AGS; Parque Amistad II; Parque Salitrillos; EGP Magdalena Solar; Dolores Wind, y FRV Potosí Solar.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Al menos 94% de las empresas mexicanas se verán afectadas por la crisis del Covid-19, lo cual significa un impacto fuerte, advirtió la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).

Se indicó que los agremiados de la Confederación generan nueve de los 20 millones de empleos formales en el país, que a su vez beneficia al menos a 40 millones de personas.

Representantes del organismo señalaron que uno de los sectores industriales que se verá más afectado con esta crisis sanitaria es el de la construcción, al estar en la lista de actividades no esenciales; sin embargo, comentaron que las labores en ese rubro no representan un riesgo de contagio, pues la mayoría son al aire libre y podrían garantizar las medidas de distanciamiento necesarias entre los trabajadores.

La Concamin indicó que 96% de este sector participa en las micro, pequeñas y mediana empresas que son de gran ayuda para reactivar la economía del país de manera pronta.

Ante esa situación, consideraron que la pandemia mundial del COVID-19 ha generado en el país tres grandes retos a resolver: el cuidado de la salud de todos los ciudadanos; la reactivación de la economía ante esta crisis, y la situación anímica y garantizar el ingreso familiar.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamin, expuso que lo más importante en este momento de crisis para México es proteger no sólo la salud de la población, sino también la fuerza laboral, como materia prima y mano de obra calificada, que diariamente hace grande al país.

Por su parte los dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex) detallaron que dentro de la industria de la moda generan un millón 700 mil empleos, que representan 9% del Producto Interno Bruto manufacturero; señaló que el 70% de su fuerza laboral son mujeres.

En la industria del calzado, comentaron que debido a la combinación entre la pandemia y la caída en la economía tienen en la actualidad una caída entre 81% y 100% de sus ventas. Asimismo, algunas empresas conservan un número menor de producción, debido a que abastecen a industrias que actualmente se encuentran laborando.

Manuel Espinosa Maurer, presidente de Canaintex, detalló una serie de propuestas para reactivar este sector, entre ellas, un llamado a apoyar lo «hecho en México» tanto en el tema de licitaciones, como en las compras de gobierno, lo cual permitiría el regreso de casi 400 mil empleos en esta industria.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó este miércoles que mil 600 millones de trabajadores de la economía informal, la mitad de la población mundial económicamente activa, corren el riesgo de perder sus fuentes de ingreso a causa del coronavirus.

En el informe “Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo», se contabiliza la caída de las horas de trabajo en el actual trimestre (segundo) de 2020, que según las proyecciones, estaría superando la cifra que se estimó anteriormente.

Según las cifras actualizadas de la OIT, y en comparación con los niveles anteriores a la crisis (el cuarto trimestre de 2019), en lo que va del 2020 se prevé un deterioro del 10.5%, equivalente a 305 millones de empleos a tiempo completo, contando una semana laboral de 48 horas.

De acuerdo con la previsión anterior, el descenso sería de un 6.7%, el equivalente a 195 millones de empleados a tiempo completo, debido a la prolongación y la ampliación de las medidas de confinamiento.

En lo que respecta a las regiones, hay estimaciones que indican una pérdida de horas de trabajo equivalente al 12.4% en el segundo trimestre en todas las zonas de las Américas, y a un 11.8% en Europa y Asia Central. Las estimaciones para el resto de los grupos regionales son bastante cercanas y todas superan el 9.5%.

«La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi mil 600 millones de trabajadores de la economía informal, el grupo más vulnerable del mercado laboral, de un total de dos mil millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo mundial de 3 mil 300 millones de personas».

Indicó que las principales razones de la caída son dos: las medidas de confinamiento y el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados.

La OIT agregó que, a nivel mundial, el primer mes de la crisis se habría cobrado un 60% de los ingresos de los trabajadores informales.

Alertó que las empresas también corren riesgos. En el mundo, más de 436 millones de empresas afrontan el grave riesgo de interrupción de sus actividades.

«Estas empresas pertenecen a los sectores de la economía más afectados, incluidas unas 232 millones pertenecientes al comercio mayorista y minorista; 111 millones a las manufacturas; 51 millones a los servicio de alojamiento y servicio de comida; y 42 millones al sector inmobiliario y otras actividades comerciales», explicó la OIT en el informe.

Dieciséis cadenas comerciales nacionales e internacionales son las que más denuncias registran por parte de los trabajadores por violar sus derechos laborales durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19 en el país.

Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México, advirtió que las empresas serán revisadas y se determinará si se aplicarán multas, las cuales podrían alcanzar hasta los 434 mil pesos.

Las cadenas comerciales expendedoras de alimentos y de artículos de oficina que más denuncias registran por incumplimiento a la declaratoria de la contingencia sanitaria son: Cervecería de Barrio, Office Depot, Toks, El Portón y Starbucks.

«Son las que más denuncias hemos recibido de estas empresas y, por eso ya se les envió la inspección y se va a proceder administrativamente con ellas», advirtió la funcionaria.

Otras empresas acusadas por los trabajadores son: Corporativo Alsea, Farmacias San Pablo, Bisquets Obregón, Parisina, Monte de Piedad, Sumesa, Soriana, Palacio de Hierro, Taco Naco, Grupo Posada y Estrella Roja del Sur.

«También han recibido denuncias por parte de trabajadores y que también estaremos dándole seguimiento y emitiendo la inspección correspondiente. Éstas son las que presentan el mayor número de denuncias en la Procuraduría del Trabajo», alertó.

Indicó que en caso de acreditarse que se han violentado los derechos laborales de los trabajadores, los negocios podrían ser acreedores a sanciones administrativas que implica la aplicación de multas que podrían oscilar desde los 21 mil 720 pesos hasta los 434 mil 440 pesos por cada infracción.

Detalló que una empresa puede tener diversas infracciones en una misma inspección, como bajar salarios, no pagar, haberlos dado de baja en el IMSS, cambiarles el horario, hacerlos trabajar horas extras.

La funcionaria mencionó que se coordinarán con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

También se informó que el gobierno capitalino ofrece tres seguros de desempleo a la población que fue despedida durante la emergencia sanitaria, con la que se prevé alcanzar 52 mil 500 beneficiarios.

Se detalló que se otorgarán tres tipos de seguro de desempleo: el programa social por seguro de desempleo que asciende a dos mil 641 pesos mensuales; apoyo para el desempleo de mil 500 pesos mensuales; y el apoyo emergente para personas no asalariadas residentes de la Ciudad de México ante la emergencia, también de mil 500 pesos, que sólo será un pago único.

A nivel nacional, el 87% de las empresas cumplen con la operatividad y medidas sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria del COVID-19, informó este lunes la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján.

Durante la conferencia matutina del presidente López Obrador, la funcionaria reveló que derivado de los operativos de inspección federales del trabajo en el marco de la emergencia, se detectó que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas.

En otros resultados, el 50% de las empresas ya se encontraban cerradas, 20% se exhortó al cierre y accedieron y 17% realizan alguna actividad esencial.

Las empresas no esenciales que se negaron al cierre, clasificadas por su actividad económica son de la industria automotriz (28%), industria textil (17%), comercio de productos no esenciales (15%), industria tabacalera, calzado, construcción (11%), industria maderera (8%).

También se negaron a cerrar las relacionadas a centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad, fabricación de productos de plástico y metales no esenciales (4%), industria celulosa y papel, metalurgia no esencial y productos electrónicos no esenciales (4%).

«El 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia», señaló Luisa Alcalde.

La funcionaria reveló algunos nombres de las empresas que sí cumplen con las medidas de sana distancia, tales como Dentix México Health; Juguetron; Grupo Calzado Flexi; SE BORDNETZE México; TERNIUM México, Faurecia, GM, Volkswagen, FCA.  Mientras que las empresas que se negaron a cerrar son Andrea, Carnival, Coppel y Bolim.

La titular de la STPS afirmó que no ha tenido quejas de alto funcionarios públicos por el decreto que baja su salario y elimina la prestación del aguinaldo.

La funcionaria enfatizó que todos los integrantes del gobierno federal están conscientes de la crisis económica que está generando el COVID-19 y han accedido voluntariamente a bajar sus sueldos.

“Se tratan de medidas voluntarias que serán determinadas por cada funcionario que la mayoría, todos, al ser parte de un proyecto de nación entienden lo que significa lo que estamos viviendo», aseguró Alcalde.

Y es que el pasado 24 de abril, el mandatario federal publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto en el que de manera voluntaria, se pedía a altos funcionarios reducir su salario en un 25% y renunciar al aguinaldo.

Esta medida forma parte de las acciones que el gobierno federal impulsa para hacer frente a la crisis económica que genera la pandemia del COVID-19 en el país.

Sin embargo, voces como la del diputado Porfirio Muñoz Ledo se han manifestado en contra de esta medida ya que es violatoria de lo contratos colectivos.

Al respecto, Ana Paula Ordorica platicó con Gerardo Carrasco, director jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sobre si la medida es legal y efectiva.