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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió a las acusaciones que se han hecho contra las empresas que fueron invitadas a participar en la licitación de la nueva refinería que se construirá en Dos Bocas, Tabasco.

“Acerca de las empresas para la refinería, las cuatro empresas son de mucho prestigio a nivel mundial”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre lo que se ha ventilado de las empresas seleccionadas.

Dijo que prefería no hablar de las acusaciones específicas de cada una de las empresas, pues debido a que fueron invitadas a un proceso de licitación, no quiere “inclinar la balanza a favor de nadie”.

Señaló que valorar las acusaciones a cada una de las empresas y resolver al respecto será tarea de los encargados de asignar el contrato. Sin embargo, volvió a defender a las empresas seleccionadas pues dijo son las mejores del mundo.

Acusó que sus adversarios están pendientes de todo, y han sido ellos quienes han destapado los supuestos casos de corrupción en los que han incurrido.

“Son empresas serias, de primera”, afirmó. Al respecto confirmó que fue la Secretaría de Energía quien se encargó de hacer la investigación correspondiente y negó que la ONU haya participado en dicho estudio.

 

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la razón de que ninguna empresa mexicana haya sido invitada a la licitación de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco.

“Acerca de las empresas para la construcción de la refinería son las mejores del mundo, las cuatro que se seleccionaron y que fue a partir de un estudio, de una investigación”, dijo AMLO justificando la selección realizada.

Las cuatro empresas invitadas a la licitación fueron:

  • Bechtel Tecnil
  • Worry Parsons/Jacobs,
  • Technip
  • KBR

AMLO señaló que las cuatro han construido en promedio 150 refinerías cada una, por lo que son las que más experiencia tienen en la construcción de refinerías.

Explicó que se decidió seleccionar a dichas empresas, pues no quiere que en obras tan importantes las empresas no tengan la capacidad profesional, la capacidad económica y sobre todo que no sean empresas con dimensión ética.

“No queremos casos como los de Odebrecht, no queremos casos de obras que están inconclusas o de empresas que no han cumplido. Por eso se cuidó esta situación”, defendió.

El mandatario aclaró que hay muchas posibilidades que en la refinería trabajen empresas nacionales, aunque la dirección de la obra se está dejando en manos de empresas con experiencia.

 

Con motivo del 81 aniversario de la Expropiación Petrolera, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) encabezó un evento en Tula, Hidalgo. Ahí, el mandatario estuvo acompañado de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dio a conocer los nombres de las empresas a las que se invitó para participar en la licitación de la nueva refinería.

“Hoy a las 9 de la mañana, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, se entregaron las invitaciones a participar en el proyecto de construcción a las cuatro empresas. La primera Consorcio Bechtel Tecnil, segundo Consorcio Worry Parsons con Jacobs, tercero, la empresa Technip y cuarto, la empresa KBR”, dijo Nahle.

Y es que, desde la mañana, la titular de la Sener señaló que se buscaron a las mejores empresas para participar en el proyecto que se llevará a cabo en Dos Bocas, Tabasco.

Indicó que hubo entrevistas con muchas empresas de todo el mundo, aquellas con las mejores prácticas de transparencia y de ética y con amplio conocimiento técnico en este tipo de refinerías; explicó que finalmente se había optado por cuatro.

Nahle dijo que el Gobierno decidió que la licitación para el proyecto fuera por invitación restringida, argumentando que en el pasado hubo mucha corrupción en la selección de empresas para reconfigurar algunas de las otras seis refinerías de Pemex.

Incluso el propio presidente afirmó que se había cuidado mucho el perfil de las empresas invitadas, pues no quiere repetir casos como el de Odebrecht.

 

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que se cuidará mucho el tipo de empresa va a realizar la obra de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, pues dijo, no quiere repetir casos como el de Odebrecht.

“Si nos equivocamos en eso se perjudica a la nación, en primer lugar; pero también se perjudica nuestro proyecto”, reconoció AMLO.

Recordó el caso de la empresa Odebrecht, a la que acusó de haber acabado con distintos gobiernos y que llevó a la cárcel a presidentes de algunos países.

“Imagínense si no cuidamos qué empresas van a construir la refinería de Dos Bocas y en vez de que nos cueste ocho mil millones de dólares pasa como otras obras que, ya no voy a mencionar, que costaron el doble o el triple, pero no solo eso, que en vez de estar en tres años no se termine en el sexenio”, relató.

Dijo que, aunque a sus adversarios les gustaría que se equivocaran en la elección de la empresa con la que trabajarán, “se van a quedar con las ganas”.

Insistió en que su gobierno va a actuar con eficiencia y al mismo tiempo evitando la corrupción. Además, dijo que las empresas que se están convocando son las mejores del mundo en esta materia de construir refinerías.

 

El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen para reforzar la seguridad en las calles de la capital, con la instalación de video cámaras en las zonas de parquímetros, así como la contratación de un seguro por parte de las empresas concesionarias que cubra el daño o robo de los vehículos.

El dictamen, elaborado por la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, fue expuesto por su presidenta, la diputada Gabriela Salido Magos, y aprobado por unanimidad por los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias.

Salido Magos, legisladora del PAN, indicó que según cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, durante noviembre de 2018 se registró el robo de cerca de 12 mil vehículos y más de 10 mil delitos de robo de autopartes. Y precisó que los vehículos que usan estacionamientos en la vía pública tienen mayor probabilidad de ser objeto de estos delitos.

Dentro de las medidas de seguridad incluidas en la iniciativa, están la instalación de cámaras de vigilancia que monitoreen las zonas de parquímetros las 24 horas del día, las cuales deberán estar conectadas al C5, a fin de que las autoridades puedan identificar a quienes cometan este tipo de conductas delictivas.

Otra medida planteada en esta iniciativa es la obligación para las empresas concesionarias del servicio de contratación de un seguro que les permita responder por daños o por la pérdida parcial o total de los vehículos. “Ya que las y los usuarios pagan una cuota con el servicio de estacionamiento, y hoy en día, ni el concesionario ni la administración pública se hace responsable por cualquier daño o pérdida”.

 

Foto: Twitter @VisionredTez

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó este viernes nuevas reglas para regular y mejorar las condiciones del transporte concesionado, así como el servicio de motopatines y bicicletas sin anclaje de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa anunció la realización de operativos para regular dichos medios de transporte.

La mandataria local estuvo acompañada por el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, quien dijo que tras vencerse el plazo para entregar la información correspondiente de las empresas respectivas de monopatines y bicicletas sin anclaje, la firma Grin quedó fuera de la regulación, por lo que ya no podrá operar. Lo anterior, luego de que no entregó el informe requerido por la dependencia.

Por tal motivo indicó que desde el pasado 14 de febrero se inició el levantamiento de los monopatines que se encontraron en la vía pública. Las unidades quedarán al resguardo del Gobierno de la Ciudad de México.

“Emitimos un permiso temporal el 6 de febrero a las empresas que están operando bicicletas sin anclaje y patines eléctricos sin anclaje. Fueron a la secretaría a recibir sus permisos temporales, van a actuar durante 45 días, esos permisos tienen ciertas reglas sobre la operación, las características de uso en el espacio público”, especificó.

Lajous Loaeza contó que a pesar de que se buscó a la empresa para que entregara la información requerida, esta hizo caso omiso, lo cual llevó a la revocación del permiso.

Explicó que de las nueve empresas existentes en la capital que ofrecen el servicio (Dezba, Mobike, Motum, VBike, Bird, Movo, Lime, Econduce y Grin) ocho cumplieron con los requisitos, mientras que Grin, no.

En el caso de las empresas de bicicletas sin anclaje que entregaron la información, fueron, Dezba, Mobike, Motum y VBike. Mientras que las encargadas a monopatines, Bird, Motum, Movo, Lime, Econduce, también entregaron en tiempo y forma.

Finalmente Motum y Econduce, aunque entregaron la información, notificaron a la secretaría que no operarían.

Luego de los señalamientos que hiciera el gobierno federal, en voz del director de CFE, en contra de ex funcionarios que contribuyeron a debilitar a la Comisión al incurrir en supuestos actos de tráfico de influencias al contratarse con empresas privadas del sector, fue Pedro Aspen quien respondió a los señalamientos en su contra.

En una carta emitida, Aspe respondió al señalamiento que hiciera el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien fue el que incluyó su nombre entre la lista de ex funcionarios que se integraron a consejos directivos de empresas privadas.

Aspe dijo que dejó de ser servidor público el 30 de noviembre de 1994, es decir más de veinte años atrás.

Aclaró que para cumplir con lo que se estipulaba en la Ley aplicable a los Servidores Públicos, se dedicó durante todo el año de 1995 a ser profesor de tiempo completo en el ITAM, con lo que evitó cualquier conflicto de interés.

Explicó que durante los últimos 24 años, nunca fue contratado por la Comisión Federal de Electricidad, ni como fundador de la firma Protego, ni como co-presidente de Evercore Partners.

Adicional reconoció que ha sido miembro de distintos consejos directivos tanto de empresas nacionales y extranjeras, aunque aclaró que en ninguno de dichos consejos perteneció a alguna empresa eléctrica similar a la CFE.

“Estos son los datos duros de mi vida profesional donde al cumplir en todo momento con la Ley aplicable, eliminé cualquier posible conflicto de intereses”, remató Aspe.

 

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este martes que a raíz de los casos que se han detectado de diversos funcionarios públicos que tan pronto terminaban su gestión se iban a trabajar a empresas particulares, se ha propuesto que el periodo en que esto no se permita sea de diez años.

“No van a poder hacerlo en el futuro, ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, de que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo a la ley”, reiteró AMLO.

Reconoció que tal como lo han dicho diversos analistas, no es un acto ilegal que los ex funcionarios hayan aceptado un trabajo en empresas particulares, aunque dijo, “es inmoral y es una vergüenza”. Señaló que ni en Estados Unidos, donde hay la costumbre de mayor interacción entre el sector público y el sector privado, se presentan casos como los que han sucedido en nuestro país.

Contestó a quienes lo han cuestionado sobre si dicha “veda laboral” afectará a los servidores públicos al enfrentarse al problema sobre de “qué van a vivir”. A eso dijo que hay otras empresas y actividades a las que se podrían dedicar.

“Algunos de ellos tienen maestría, tienen doctorado, hasta en universidades del extranjero: pueden ser maestros, pueden tener forma de seguir trabajando”, señaló.

Adicional dijo que las acciones que su gobierno está llevando a cabo servirán para los que actuales funcionarios ahorren. “Ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía”.

 

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que una nueva Ley impedirá que los funcionarios puedan brincar del servicio público a la iniciativa privada en un plazo de diez años.

“Chapulines fifís”, dijo, “brincan a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético”, expresó el mandatario.

Dijo que en la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Hacienda y en otras dependencias los funcionarios dejaron sus cargos, y se brincaron al mismo sector pero en la iniciativa privada. El Presidente Ernesto Zedillo, dijo, brincó de rescatar a los bancos a trabajar en ellos.

“Estuvo trabajando en bancos rescatados durante su gobierno por Fobaproa. No es personal”, dijo. “Así está Pemex; estamos hablando de la CFE. Casi todos los directores de Pemex trabajando para empresas particulares, directores por ejemplo de las áreas de producción”. Dijo que “en el caso de Hacienda lo mismo: los que rescataron los bancos con el Fobaproa se fueron a trabajar a los bancos rescatados, una vergüenza”.

El Presidente dijo que “muchas de estas cosas, de abusos, de falta de moralidad se presentaron por la mescolanza entre el poder público y el poder privado, no había frontera, no había separación, el Gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios”.

López Obrador criticó que en organismos supuestamente autónomos “la mayoría de sus consejeros representaban intereses creados y nos vendieron la idea de que esto es la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil que eran gente decente porque los del Gobierno eran unos corruptos y entonces se resolvía el problema creando estos organismos autónomos”. Y destacó que los sueldos de esos organismos estaban “por las nubes”.

La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, aseguró que el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respetará los 107 contratos celebrados con particulares derivado de la reforma energética.

Indicó que dicha decisión ayudará a evitar la declinación petrolera que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex); afirmó que durante los primeros tres años del gobierno no se realizarán cambios a la reforma energética, pues desean ver “hasta dónde da”.

Tras participar en el evento ‘Energy México 2019’, Nahle insistió en que la reforma propició la llegada de inversionistas de otros países, a quienes dijo, se les dará respaldo y seriedad.

Señaló que entre las primeras acciones para contrarrestar la baja exploración y producción de Pemex, la Secretaría de Hacienda inició el proceso de un régimen fiscal para poder cambiar o “aligerarle” la carga tributaria a la empresa productiva del Estado.

La funcionaria federal confió en que con diversas medidas, entre ellas la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, se logré revertir la actual situación que se padece en materia de hidrocarburos.

Al respecto informó que el proceso de licitación de la nueva refinería sería restringido, pues se invitará a empresas “especialistas y serias”.

“La va a licitar Pemex, va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las empresas especialistas serias, y cuando digo serias, no es porque no haya empresas que no lo sean así, pero estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción”, dijo la Nahle.

Afirmó que dicha decisión ayudará a que evitar que participen empresas con antecedentes de corrupción y así evitar incumplimientos.

Autoridades federales ofrecieron esta tarde una conferencia de prensa desde Palacio Nacional, en la cual dieron un balance sobre los avances del plan contra el robo de hidrocarburos que emprendió el gobierno federal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, fue uno de los funcionarios que participaron en la conferencia, y fue el encargado de revelar que existen cinco denuncias ante el Ministerio Público de la Federación que involucran a 15 empresas, a quienes se les han bloqueado sus cuentas por estar relacionados con el robo de hidrocarburos.

Señaló también a 13 empresas que tienen franquicia de Pemex, pero que no le compran a Pemex y, sin embargo, reportan venta de combustible; aclaró que dichas empresas no tienen permisos de importación. Refirió que las empresas ya están bloqueadas por operaciones irregularidades. 

Finalmente informó sobre 14 empresas que debido a operaciones relevantes o inusuales, de igual forma sus cuentan han sido bloqueadas.

“En uno de los grupos de empresas que les presentará con actividades inusuales o irregulares tienen ingresos netos por 86 mil 961 millones de pesos. De estos, hay una utilidad marginal por seis mil 758 millones de pesos que no fueron reportados al Sistema de Administración Tributaria”, dijo el funcionario.

Finalizó indicando que están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.

Por su parte Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, precisó que abrieron investigaciones contra 8 mil 482 sujetos, cuyos reportes inusuales y relevantes activaron el indicador de robo se combustible.

“Se realiza un trabajo conjunto en la investigación de casos entre la Unidad de Inteligencia Financiera, Pemex, SAT y el Centro Nacional de Inteligencia. A partir de ahí, el SAT ha proporcionado una lista adicional de aproximadamente 50 sujetos con irregularidades de naturaleza fiscal, 16 objetivos propuestos por el Centro Nacional de Inteligencia y 25 casos propuestos por Pemex para efecto de poder integrar la información y generar dos acciones concretas”, señaló Nieto.

 

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, informó que debido al desabasto de combustibles que se vive en el país desde hace dos semanas, se han registrado pérdidas económicas superiores a los 4 mil millones de pesos.

El dirigente detalló que los Estados de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato y la Ciudad de México han sido las entidades más afectadas, en donde se registraron daños económicos por 4 mil 400 millones de pesos, aunque dijo no se presentaron incrementos de precios ni falta de mercancías.

En conferencia de prensa pidió al Gobierno Federal llegar al fondo de las investigaciones en cuanto al robo de combustibles, y castigar a quienes resulten responsables, sin importar de quienes se trate o que puestos ostenten, y exhortó al poder legislativo a endurecer las penas aplicadas a este delito.

López Campos señaló que se empieza a restablecer gradualmente el abasto de gasolinas y diésel en diversas zonas del país, por lo que descartó se llegue a una parálisis del aparato productivo.

De las pérdidas económicas, las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de México registraron impactos superiores a 2 mil millones de pesos; mientras que las de la Ciudad de México tuvieron pérdidas por mil 150 millones. En los estados de Michoacán, Querétaro y Guanajuato se registraron daños por 3 mil 250 millones de pesos.

“Concanaco reconoce el interés del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de emprender acciones para el combate frontal en contra del robo de combustibles, pero se requiere de coordinación entre autoridades y sectores productivos para amortiguar el efecto que tiene esta estrategia”, remató el dirigente.

 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se detectó un total de mil 400 policías que custodiaban a personas que, por ley, no deberían disponer de dicho servicio

La mandatario local indicó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) se desempeñaban como escoltas de funcionarios, dependencias y empresas sin costo alguno, por lo que como parte de las acciones que su administración han emprendido para combatir la corrupción, se procedió a retirar dichos servicios.

La acción anunciada implicó el retiro de los elementos de la SSP, así como de los vehículos pertenecientes a la dependencia que se utilizaban para realizar dichas funciones.

“Se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga esos policías en las calles y que de manera gratuita estuvieran cuidando a determinadas personas”, dijo Sheinbaum Pardo. Refirió que dichos servicios representaba un costo de 21 millones de pesos mensuales a la ciudad.

Explicó que los elementos regresarán a desempeñar funciones de seguridad pública, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía, pues enfatizó, es a ellos a quienes deben de proteger.

Remató indicando que los servicios de escolta eran otorgados a criterio de quien fue secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins, en la administración pasada. Denunció que incluso, en los últimos meses de su gestión, aumentaron dichas asignaciones.

 

Una encuesta realizada por el portal de la bolsa de trabajo OCCMundial, el 87% de los empleados mexicanos se sienten desmotivados en su trabajo actual, y por ende se sienten estancados laboralmente hablando.

Los consultados señalaron que dicha situación se debe a las malas prácticas de las empresas (30%) y a su falta de planes para ofrecer crecimiento y desarrollo laboral (33%). El 20% reveló que es por desmotivación personal, 15% por tener un mal jefe, mientras que 2% reconoció que se debe a su bajo desempeño.

La encuesta reveló que las principales razones por las que los mexicanos dijeron que se sienten desmotivados y estancados es por la falta de oportunidades de crecimiento profesional (75%); no tener un aumento de sueldo (49%); siempre hacer lo mismo, sin tener mayores retos (43%); la empresa no les brinda ningún tipo de capacitación o actualización (36%); no los toman en cuenta (28%); llevan mucho tiempo desempeñando el mismo puesto de trabajo (26%) y la falta de prestaciones (22%).

Caso contrario, los participantes en el sondeo destacaron que entre los principales factores que determinan el desarrollo y el crecimiento laboral están el hecho de tener nuevos retos (69%), contar con aumento de salario (64%), recibir capacitación o actualización constante (57%), obtener un mejor puesto de trabajo (56%), aumento de prestaciones de cualquier tipo (monetarias y emocionales) (41%), que le brinden bonos de productividad (41%), recibir mayores responsabilidades (40%), liderar un proyecto (39%) y que la empresa ofrezca planes de flexibilidad (35%).

Los encuestados indicaron que las empresas podrían poner en marcha acciones para evitar el estancamiento de sus colaboradores, tales como ofrecer capacitación, actualización o algún tipo de coaching (96%); evaluar el desempeño y dar retroalimentación (88%); dar nuevas responsabilidades (55%); ofrecer herramientas tecnológicas para desempeñar mejor su trabajo (32%) y ofrecer flexibilidad (26%).

 

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.

La investigación señala que del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.

MCCI recordó que el 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló el mecanismo del desvío de fondos públicos que se utilizó en Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento era encabezaba por Luis Videgaray.

Los nuevos hallazgos indican que 12 empresas recibieron en 2016 transferencias equivalentes a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado, el mecanismo para el desvío de fondos públicos se nombró ‘Operación Safiro’.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.

 

Para consultar la investigación AQUÍ

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó este miércoles los resultados de la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la cual informa sobre la prevalencia delictiva en las empresas del país.

Según los resultados, se estima que 33.7% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito durante 2017, siendo que en 2015 dicha cifra fue de 35.5%. El costo promedio del delito por unidad económica en 2017 fue de 66,031 pesos.

En ese sentido, el INEGI informó que el costo total estimado a consecuencia de la inseguridad y el delito en las unidades económicas del país ascendió a 155.8 mil millones de pesos.

Dicha cifra representa el costo directo por el delito en cuestión, así como las medidas de prevención, aunque no incluye los impactos indirectos como reducción de horarios de producción o comercialización, cancelación de inversiones, entre otros.

A nivel nacional, 63% de las unidades económicas considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les afecta, seguido del bajo poder adquisitivo de la población con 35.4%, y la falta de apoyos del gobierno con 33.4%.

El 78.9% de las unidades económicas refiere que la entidad federativa en la que operan es insegura.

El 82.4% de las unidades económicas manifiesta que la Marina desempeña un trabajo muy efectivo o algo efectivo, seguida del Ejército con 80.6% en materia de seguridad. En contraste, esta cifra llega a 33.4% para la Policía de Tránsito, mientras que para la Policía Preventiva Municipal se ubica en 35.4%.