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Estados Unidos comenzó este miércoles a administrar la vacuna contra el COVID-19 a niños de entre 5 y 11 años, luego de que cerca de 28 millones de menores de edad han sido incluidos entre la población que puede recibir las inyecciones que protegen contra la enfermedad.

Ayer, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomendaron la vacuna de Pfizer/BioNTech para su uso generalizado en ese grupo poblacional, después de que su panel de asesores emitiera una recomendación al respecto.

Si bien alrededor del 58% de los estadounidenses han completado su esquema de vacunación contra el COVID-19, los menores de 12 años aún no han podido ser inoculados. La variante Delta del virus ha provocado la hospitalización de miles de niños, que constituyen el 25% de los casos en el país.

La vacuna, que ha demostrado una eficacia superior al 90% en la prevención de la infección sintomática en los niños, ofrece una vía para reducir las cuarentenas o el cierre de escuelas y aumentar las libertades.

«Ha habido una gran expectación por parte de los padres en torno a la autorización de las vacunas para nuestros hijos», dijo el lunes la directora de los CDC, Rochelle Walensky. «Comprendo profundamente la urgencia y la preocupación por ofrecer la mejor protección a nuestros niños contra el virus», añadió.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó el viernes la vacuna de Pfizer/BioNTech para niños de 5 a 11 años

El gobierno de Estados Unidos comenzará a enviar 15 millones de vacunas contra el COVID-19 para niños esta semana a los centros de distribución de todo el país, y se espera que el programa pediátrico esté funcionando a plenitud la próxima semana.

Una vez que se entreguen las vacunas, en lugar de los centros de vacunación masiva, la distribución se basará en las consultas de pediatras, hospitales infantiles y farmacias, señaló La Casa Blanca.

El gobierno federal ha comprado 50 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para la campaña de vacunación y tiene suficiente suministro para los 28 millones de niños que pueden recibirlas, afirmaron funcionarios estadounidenses esta semana.

La vacuna de Pfizer para los más pequeños contiene una dosis de 10 microgramos, menos que la de 30 microgramos que se administra a los mayores de 12 años.

Uno de los efectos más notables de la pandemia ha sido la ruptura de las cadenas de suministro. Esto es una muy mala noticia para el mundo, en especial para Estados Unidos, y una enorme y quizás oportunidad única para México…que estamos desperdiciando.

Como en el país todo gira en torno a un presidente que no tiene interés en voltear a ver lo que ocurre más allá de sus filias y fobias políticas, no nos estamos poniendo las pilas para aprovechar la situación geográfica y poblacional tan privilegiada que tenemos en un momento de crisis mundial.

¿Por qué se rompieron las cadenas de suministro? La primera fisura vino cuando China decidió cerrar Wuhan y después el país entro para lidiar con la emergencia sanitaria. Desde entonces quedó claro que el comercio global iba a sufrir algunos desabastos ya que China es la fábrica del mundo.

¿Qué pasó después? Cuando el mundo entero decidió cerrar sus fronteras nos enfrentamos todos (menos China) a un desabasto de cubrebocas y otros insumos médicos para protegernos del COVID19. China, que antes enviaba contenedores con productos a los principales puertos de Europa y Estados Unidos (Los Ángeles; Long Beach y Savannah), ahora comenzó a mandar contenedores a todos los rincones del mundo con artículos de protección médica para el virus. Los contenedores se desviaron de sus rutas tradicionales de ida y vuelta y se fueron a países en África, Asia y América Latina que no tenían productos para llenarlos y enviarlos de regreso a China. Así, hoy hay el mismo número de contenedores pero regados por todo el mundo y por ello se ha generado escasez.

La situación actual es de falta de contenedores, lo que ha incrementado los precios para poder usar los que están disponibles. Al llegar a los puertos, hay una saturación porque no hay suficientes trabajadores para descargar los contenedores y tampoco hay suficientes conductores de autobuses o camiones para llevarlos por tierra a sus puntos de venta o entrega.

Además se ha dado un cambio en los patrones de consumo por la pandemia ya que hemos dejado de comprar algunos artículos (ropa elegante, por ejemplo, al estar tanto tiempo encerrados en casa) y se ha aumentado el consumo de otros (artículos para armar oficina en casa, por ejemplo). Esto también ha saturado los puertos de productos que ya no son costeables para las empresas rescatar.

¿Qué oportunidad tiene México ante este escenario? A pesar de que Biden ha anunciado que deben operar 24/7, los puertos de California y Georgia en Estados Unidos están saturados. Para evitar mayores rezagos, México podría ofrecer nuestros puertos en Michoacán; Tamaulipas y Veracruz para poder ayudar a desahogar esta situación. Además, ante por un lado la falta de conductores que lleven por tierra las mercancías en EUA, y por el otro, la falta de empleo en México, aquí el trabajo de conductor es una enorme oportunidad. La Canacar lo sabe. Han informado como de un sueldo de 50 mil pesos al mes, los choferes de carga ahora llegan a ganar hasta 100 mil pesos.

 

Columna completa en El Universal

La Casa Blanca instaló este año por primera vez una ofrenda por el Día de los Muertos, en el marco de la Celebración de de Día de Muertos, tradición mexicana que se ha extendido en Estados Unidos, acto que fue elogiado por México como un «gesto de amistad».

«Feliz Día de los Muertos de la Administración Biden-Harris», saludó el gobierno del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la cuenta en Twitter de la Casa Blanca en español, junto a tres fotos de la colorida ofrenda.

El altar, ubicado en la residencia presidencial cerca del Ala Este, tiene en el centro una Virgen de Guadalupe, y debajo suyo un cuadro con el dibujo de una calavera con la leyenda «Día de los Muertos 2021» en inglés y en español, firmado por el mandatario y su esposa, «Joe & Jill».

Llamó la atención que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue hecha por María Gloria Moroyoqui en 1993 en Nogales, Sonora, para el Festival Smithsonian Folklife. También se presentó en la exhibición de La Casa Blanca con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el pasado octubre.

El personal de la Casa Blanca aportó los cuatro cuadros de ángeles colocados a los lados de la Virgen, y el resto de los elementos presentes en la ofrenda, entre los que destacaron las calaveras y las velas. Tampoco faltaron las flores de Cempasúchil.

«El altar del Día de Muertos con el que la Casa Blanca honra la memoria de quienes se han ido y las tradiciones más profundas de México nos llena de mucha satisfacción», comentó a la agencia AFP el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. «Se trata de la muestra más fehaciente de nuestra cercanía como pueblos y naciones, además del amplio reconocimiento al trabajo y grandes aportaciones culturales que realizan día con día todos nuestros migrantes en Estados Unidos», añadió.

En Estados Unidos, donde según cifras oficiales viven unos 36,6 millones de personas de origen mexicano, se ha generalizado en los últimos años el festejo del Día de los Muertos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2008.

Un panel científico asesor de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendó este martes la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 para niños de entre 5 y 11 años, con lo que la administración de la vacuna podría comenzar en los próximos días en el país.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) dio su visto bueno por unanimidad, y ahora solo falta que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, firme la recomendación, con lo que la decisión final para que la vacuna estara definitivamente aprobada para uso de emergencia en ese grupo de edad.

La propia Walenksy fue la encargada de abrir la reunión de ACIP, que es un grupo independiente de expertos que asesora a los CDC, con una intervención en la que defendió la vacunación de los niños.

La directora de los CDC destacó que durante la reciente ola de la variante Delta los ingresos pediátricos se han disparado en los hospitales de Estados Unidos. De acuerdo a datos de los CDC, desde el comienzo de la pandemia se han registrado 1.9 millones de casos de COVID-19 entre menores de entre 5 y 11 años, 8,300 hospitalizaciones y 94 muertes.

A ellos se suman 2,316 casos de niños de esas edades que han sufrido un síndrome inflamatorio multisistémico, que supone la inflamación de varios órganos y que es una complicación derivada de la infección por COVID-19.

La vacuna de Pfizer/BioNTech para los niños de entre 5 y 11 años, que será de 10 miligramos, un tercio del suero de los adultos, no será administrada en grandes centros de inmunización, sino en clínicas pediátricas y farmacias. El Gobierno estadounidense informó esta semana que se había asegurado ya las dosis suficientes del suero para los 28 millones de niños entre esas edades, por lo que a partir de la próxima semana la vacunación de menores estará en funcionamiento.

Recordemos que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) autorizó el viernes pasado la vacuna de Pfizer/BioNTech para uso de emergencia a menores de entre 5 y 11 años.

Un juez en Estados Unidos desestimó este lunes siete de los ocho cargos de lavado de dinero imputados a Alex Saab, empresario cercano al gobierno venezolano y al presidente Nicolás Maduro, debido a «garantías» dadas a Cabo Verde durante el proceso de extradición del acusado.

Saab, de 49 años, está siendo juzgado en Miami desde el pasado 18 de octubre, dos días después de que llegara a esa ciudad procedente del archipiélago africano.

Ahora la justicia estadounidense deja de imputarle siete cargos de lavado de dinero y sólo conserva uno en su contra, el de conspiración para lavar dinero, que se castiga con penas de hasta 20 años de cárcel. El juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida, firmó la orden a petición de la Fiscalía.

El 7 de septiembre de 2020, durante el proceso de extradición, Estados Unidos había dado «garantías» a Cabo Verde de que «no iba a enjuiciar o a castigar el acusado Alex Nain Saab por más de un cargo de la imputación», explicó la Fiscalía en su moción enviada al juez.

Esa decisión se tomó para «cumplir con una ley de Cabo Verde relacionada con el plazo máximo de encarcelamiento», precisó.

Según la acusación estadounidense, él y su socio, el prófugo colombiano lvaro Pulido, transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos. La Fiscalía asegura que ambos lucraron y crearon una red de sobornos, aprovechando un contrato firmado con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas destinadas a personas de bajos ingresos.

La desestimación de cargos sólo afecta a Saab y no a Pulido, indicó la Fiscalía en su escrito.

La extradición de Saab, al que la oposición venezolana acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, enfureció a Caracas. El gobierno de Maduro, que dio al colombiano la nacionalidad venezolana y un título de embajador, luchó sin éxito para evitar su traslado a Estados Unidos.

Tras acusar a Washington de secuestrar a Saab, Maduro ordenó la suspensión de las negociaciones que el gobierno llevaba a cabo con la oposición en nuestro país.

El acusado debía comparecer este lunes ante el juez Scola para asistir a la lectura de los cargos en su contra y declararse culpable o no culpable. Pero la audiencia fue aplazada hasta el 15 de noviembre, para permitir a Saab reunirse por primera vez en persona con su abogado, Henry Bell, ya que dicho encuentro no tuvo lugar porque fue puesto en cuarentena a su llegada a Miami, como medida preventiva por la pandemia de COVID-19.

El gobierno del presidente Joe Biden inició este viernes un segundo intento para acabar con el programa de la época de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias ante los tribunales de inmigración en Estados Unidos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que «Quédate en México» probablemente contribuyó a un descenso en los cruces ilegales en 2019, pero con «costos humanos sustanciales e injustificados» para los solicitantes de asilo expuestos a la violencia mientras esperaban en México.

El anuncio se hizo más de dos meses después de que un juez federal en Texas ordenara que el programa se reanudara «de buena fe», mientras dejaba una puerta abierta para que el gobierno intentara otra vez justificar su medida.

El gobierno dijo hace unas semanas que esperaba reanudar el programa, oficialmente llamado «Protocolos de Protección al Migrante», para mediados de noviembre, sujeto a la aprobación del gobierno mexicano.

Pero en un memorando enviado hoy a los titulares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el secretario Mayorkas les comunicó su decisión de poner fin al programa.

El gobierno de México ha solicitado que los casos concluyan en aproximadamente seis meses y que mejore el acceso de los solicitantes de asilo a asesoría legal e información de su caso.

Algunos de los aliados más reconocidos a favor de la inmigración del gobierno, señalaron que el tiempo que demoró Mayorkas en emitir su opinión demostraba una falta de sentido de urgencia, algo que funcionarios estadounidenses niegan.

Muchos grupos de apoyo basados en Estados Unidos que han representado a solicitantes de asilo en México que fueron sujetos al programa, dicen que ya no aceptarán dichos casos, lo que genera dudas sobre cómo Estados Unidos podrá satisfacer la insistencia de México de que tengan mejor acceso a asesoría.

Funcionarios del gobierno dicen que consideran que hay suficientes abogados más para representar a los solicitantes de asilo que son regresados a México.

Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo han sido sujetos al programa, que Trump introdujo en enero de 2019 y Biden suspendió en su primer día al mando. Mayorkas puso fin a la norma en junio después de que una revisión interna demostrara «efectividad mixta».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este jueves el Congreso para presentar un nuevo paquete de gasto social de costo reducido, valorado en unos 1.75 billones de dólares, con el que espera conseguir el apoyo de las alas moderada y progresista del Partido Demócrata.

El plan mantiene las inversiones en el clima y la educación infantil que estaban previstas en el proyecto inicial de 3.5 billones de dólares, pero deja fuera la garantía de una baja familiar y de maternidad pagada a nivel nacional, y baja las expectativas de un plan de regularización para los inmigrantes indocumentados.

«Todo el mundo está de acuerdo con esto», aseguró Biden a los periodistas al llegar al Congreso para reunirse con los demócratas, en un intento de llegar con ellos a un acuerdo antes de salir en unas horas de viaje a Roma para participar en la cumbre del G20.

Sin embargo, el senador demócrata Dick Durbin dijo a periodistas que hay «mucha incertidumbre» sobre si el nuevo plan conseguirá unir a las facciones del partido, y que estaba por ver si el ala progresista aceptará un proyecto que recorta a la mitad el gasto social previsto originalmente.

El paquete, anunciado este jueves por La Casa Blanca, mantiene una inversión de 555,000 millones de dólares en la lucha contra la crisis climática, sobre todo a través de incentivos fiscales para el uso de fuentes de energía limpias.

Otros 400,000 millones se destinarán a la educación gratuita para los niños de entre 3 y 4 años, los dos años previos al ingreso a la escuela primaria; y 200,000 millones más permitirán ampliar un año más los créditos fiscales para los estadounidenses de menores ingresos que tienen hijos.

También incluye inversiones en seguros médicos y vivienda asequible para personas de bajos ingresos, pero deja fuera un pilar clave de lo que había sido la agenda de Biden, la garantía de una baja remunerada por maternidad o paternidad, un derecho que en EUA no está garantizado a nivel federal.

El plan de La Casa Blanca deja la puerta abierta a añadir otros 100,000 millones de dólares que se destinarían a inmigración, pero todo apunta a que irían a parar a gastos de visados y no a la regularización de millones de indocumentados, como querían inicialmente los demócratas.

La financiación del plan de gasto de Biden se basa en la imposición de una tasa del 15% para las grandes empresas, dentro del acuerdo global de un impuesto mínimo internacional a las multinacionales. Asimismo, aumenta un 5% los impuestos para las personas con ingresos superiores a 10 millones de dólares; y 3% adicional para las de más de 25 millones de dólares.

Penaliza, por otro lado, con un 1% la recompra de acciones por parte de las grandes empresas, mecanismo utilizado para elevar el precio de los activos. Queda fuera, finalmente, la propuesta de aplicar impuestos a los multimillonarios, quienes ganan más 100 millones de dólares al año o cuyos activos están valorados en más de mil millones de dólares.

Más tarde, desde La Casa Blanca, el presidente calificó como «histórico» el nuevo paquete de gasto social, reconociendo que tuvo que reducirlo para lograr el apoyo de todas las corrientes del partido demócrata.

«Nadie consiguió todo lo que quería, incluido yo mismo (…) Pero eso es con lo que hice campaña. Hace tiempo que digo que el compromiso y el consenso son las únicas maneras de hacer algo grande en una democracia», dijo el mandatario horas antes de salir de viaje por Europa.

Las autoridades de Estados Unidos han alertado sobre que la reforma eléctrica que prepara México podría disparar los precios de la luz un 54% y provocar un aumento de hasta el 65% de los niveles de emisión de dióxido de carbono.

En un documento del Departamento de Energía de la administración Biden al que tuvo acceso la agencia Bloomberg, el gobierno estadounidense ha señalado que la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que ofrecerá una mayor participación en el mercado energético de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), supondrá un menor uso de los parques solares y eólicos del país.

Esto tendrá un impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y de los costos de la generación de energía, tal y como indica el texto, que señala que estos cambios podrían provocar un aumento de los cortes del suministro.

Específicamente se detalla que la reforma impactaría en el aumento de entre 26% y 65% en las emisiones de carbono en el país, así como en un aumento de entre 32% y 54% en los costos de generación de electricidad; mientras que podrían aumentar la probabilidad de cortes de energía entre un 8 y un 35%.

De aprobarse esta medida, según las autoridades estadounidenses, se daría una «potencial distorsión del principio de despacho económico, aumentando los costos de producción y amenazando los compromisos con la lucha contra el cambio climático a corto plazo» en México, advierte el informe a cargo del Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL).

Ante esta situación, grupos de defensa del medio ambiente y compañías de energías renovables han criticado a la administración de López Obrador por impulsar una agenda energética basada en combustibles fósiles.

No obstante, el mandatario ha apostado por darle al Estado más poder sobre la industria eléctrica al otorgar más del 50% de la generación eléctrica a la CFE con el objetivo, además, de echar por tierra las reformas aprobadas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

Al respecto, esta mañana el presidente dijo en su conferencia desde Mérida, Yucatán, que no había de qué preocuparse.

«Con todo respeto, no tienen información de lo que se está haciendo en México», contestó directamente López Obrador.

El mandatario rechazó que con la reforma eléctrica se vayan a incrementar las emisiones de carbono en México, y recordó que envió una carta al presidente Joe Biden para fijar su postura sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y sobre los planes que tiene su gobierno para 

«Es falso y no suena lógico, suena metálico. Lo que no suena falso suena metálico», añadió sobre lo dicho en el reporte del gobierno de EUA. y señaló que las preocupaciones son de quienes en México ven afectados sus intereses.

Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género «X», un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres, informó este miércoles el Departamento de Estado.

Se espera que se pueda ofrecer esta opción a personas personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año, informaron las autoridades.

La enviada diplomática especial de Estados Unidos para derechos LGBTQ, Jessica Stern, dijo que este paso es histórico, y agregó que coloca los documentos del gobierno en línea con la «realidad vivida» de que existe un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas.

«Cuando una persona obtiene un documento de identificación que refleja su verdadera identidad, vive con mayor dignidad y respeto», dijo Stern.

El Departamento de Estado no dijo a quién se le emitió el pasaporte, argumentando razones de privacidad. Se negó a decir si se trataba de Dana Zzyym, una persona intersexual residente en Colorado que ha estado en una batalla legal con el departamento desde 2015.

Según medios estadounidenses, a Zzyym se le negó el pasaporte por negarse a marcar masculino o femenino en la solicitud. De acuerdo con documentos, Zzyym escribió «intersexual» sobre las secciones marcadas «M» y «F» y solicitó una marca «X» de género.

Zzyym nació con características físicas sexuales ambiguas, pero fue criado como niño y se sometió a varias operaciones que no lograron hacerle verse completamente masculino, de acuerdo con documentos en la corte. Zzyym sirvió en la Armada como hombre, pero más adelante comenzó a identificarse como intersexual cuando trabajaba y estudiaba en la Universidad Estatal de Colorado.

La negativa de pasaporte para Zzyym le impidió viajar a una reunión de la Organization Intersex International en México.

El Departamento de Estado anunció en junio que estaba dando pasos para incluir una tercera asignación de género, pero dijo que eso tomaría tiempo porque requeriría una extensa actualización de los sistemas de computadoras. Un funcionario del departamento dijo que la solicitud de pasaportes y la actualización del sistema con «X» aún tienen que ser aprobadas por la Oficina de Administración y Presupuesto, que aprueba todos los formularios del gobierno, antes de poder emitidos.

Con esto, Estados Unidos se suma a países como Australia, Nuevo Zelanda, Nepal y Canadá, en permitir que sus ciudadanos designen otro género, aparte de masculino o femenino, en sus pasaportes.

El tribunal de apelaciones con sede en Nueva York escuchó este lunes los argumentos orales en el marco de la apelación que presentara Joaquín «El Chapo» Guzmán, cuyos abogados buscan anular el juicio que lo condenó a cadena perpetua en Estados Unidos.

La defensa pidió en septiembre del año pasado un nuevo juicio, argumentando que el realizado en 2019 se vio empañado «por un exceso desenfrenado y por la extralimitación de poderes tanto del gobierno como del sistema judicial».

Los principales argumentos de la defensa se basan en que uno de los jurados, bajo condición de anonimato, contó al sitio de noticias Vice que él y otros miembros se informaron sobre el caso en la prensa y las redes sociales durante el proceso, algo que estaba prohibido.

Asimismo, esgrime que el aislamiento total de «El Chapo» desde su extradición a Estados Unidos en enero de 2017 le impidió colaborar en su defensa antes y durante el juicio.

El juez del tribunal de apelaciones del segundo circuito de Nueva York, Michael H. Park, aseguró que, asumiendo que todo lo que está en esas informaciones de prensa fuera cierto, no le parecía «suficiente para realizar un nuevo juicio». Los fiscales refutaron también las alegaciones de la defensa.

El abogado del Departamento de Justicia, Brett Reynolds, recordó que las condiciones de detención previas al juicio «eran constitucionales», ya que fueron de tipo «administrativo y no punitivo».

Para argumentar esto, señaló que el reo había huido en dos ocasiones de la cárcel en México, «tenía un historial de intimidaciones y asesinatos de rivales y había dirigido su empresa criminal mientras estaba en la cárcel». Asimismo, recordó que Guzmán Loera pudo reunirse con sus abogados 20 horas a la semana, al punto que se tuvo que conceder este beneficio a otros abogados.

Recordemos que en febrero de 2019, tras un extraordinario juicio de tres meses en la corte federal de Brooklyn, «El Chapo» fue hallado culpable de los 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego de los que era acusado. La justicia lo condenó a cadena perpetua.

Estados Unidos aseguró este jueves que ha donado hasta ahora 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 100 países de todo el mundo, lo que corresponde a poco menos de la quinta parte del total de 1,100 millones de dosis que ha prometido compartir con otras naciones en los próximos dos años.

La Casa Blanca y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (Usaid) aseguraron que Estados Unidos avanza en su objetivo de ser «el arsenal de vacunas para el mundo» y de donar más dosis que ningún otro país.

«Estos 200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 han ayudado a traer salud y esperanza a millones de personas, pero nuestro trabajo está lejos de haber terminado», dijo la administradora de Usaid, Samantha Power.

De esos 200 millones de dosis que ya se han distribuido, alrededor de 43 millones han ido a parar a países de Latinoamérica y el Caribe, según un recuento de la Americas Society y el Council of the Americas.

Un cuarto de esas dosis, alrededor de 10.9 millones de unidades, han ido a nuestro país, y también a países como Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Paraguay. La República Dominicana es el único país del continente al que Estados Unidos ha prometido entregar vacunas pero al que todavía no han llegado dosis, de acuerdo con el citado recuento.

En total, Biden ha prometido comprar y repartir en todo el mundo unas 1,100 millones de dosis de distintas marcas entre este año y el siguiente, y ha pedido a otras potencias que hagan más para acelerar la vacunación en naciones en vías de desarrollo.

Con ese compromiso, Biden ha tratado de responder a las críticas de quienes alertaban de que la acumulación de dosis por parte de Estados Unidos ha repercutido en la incapacidad de otros países con menos recursos de conseguir las vacunas suficientes a corto plazo.

En una primera audiencia en Miami, en la que la Fiscalía de Estados Unidos expuso que se trata de un reo que presenta «peligro de fuga» tras haber batallado para concretar su extradición desde Cabo Verde, África, Alex Saab compareció este lunes ante la justicia estadounidense, por un caso de lavado de dinero que tiene de trasfondo la información que él pueda y quiera aportar sobre los presuntos vínculos del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con ese esquema de corrupción.

Saab se conectó desde su celda a la audiencia virtual, como también lo hizo desde su despacho el abogado Henry Bell, que lo representó.

El empresario, que llegó a EUA el sábado pasado, estaba solo, sin esposas, con vestimenta de reo color naranja.

Durante la breve audiencia por Zoom, que tuvo más de 350 participantes, muchos de ellos periodistas, el fiscal estadounidense Kurt Lunkenheimer anticipó al juez que no recomendará la libertad bajo fianza.

Saab dijo, sin embargo, en una carta leída en Caracas por su esposa, Camila Fabril, que «no tiene nada que colaborar» con el país norteamericano y que no cometió ningún delito.

Los ocho cargos de los que Saab está acusado desde julio de 2019 en Estados Unidos: siete de lavado de dinero y uno de conspiración para cometer ese delito, implican violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), según recordó este lunes el Departamento de Justicia.

El abogado de Saab, Henry Bell solicitó una prórroga para poder reunirse con su cliente ante un caso «muy complejo. La prórroga también es necesaria en vista de que el equipo legal de Saab espera la decisión de un recurso de apelación introducido ante el 11º Circuito de Apelaciones de Atlanta que alega que el empresario colombiano no puede ser enjuiciado porque goza de inmunidad diplomática, ya que fue nombrado por Venezuela como enviado especial con pasaporte diplomático.

Al final, el juez John O’Sullivan programó la siguiente audiencia para el próximo 1 de noviembre. Será entonces cuando Saab deberá declararse culpable o no culpable ante el tribunal.

Diversos analistas han señalado que la principal intención de Maduro en los diálogos con la oposición era evitar que Saab llegara a Estados Unidos, por lo que ya no haber algún beneficio que le interese, Maduro y su gobierno se levantaron de las mesas de diálogo.

Según archivos judiciales del caso en Miami, en una carta enviada en enero pasado a Saab por el ministro venezolano de Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, el funcionario le pide, por petición de Maduro, no aceptar la extradición voluntaria.

Señala que en su «calidad de Enviado Especial» de hacerse efectiva la extradición a EUA, debe mantener la información confidencial so pena de enfrentar la Justicia de Venezuela.

Y es que la acusación que pese sobre Saab señala que entre noviembre de 2011 y por lo menos septiembre de 2015, Saab y su socio, Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas.

Como resultado del plan, Saab y Pulido transfirieron desde Venezuela, a través de Estados Unidos, aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.

Foto: Twitter @hermanntertsch

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que ha atendido a 181,064 connacionales repatriados de Estados Unidos de enero al 14 de octubre, lo que equivale a un aumento de casi 18% comparado con el mismo periodo de 2020.

Con estos datos, el número de mexicanos repatriados desde Estados Unidos se acerca al total de todo 2020, cuando el INM recibió a 184,402 compatriotas.

El número de mexicanos regresados desde Estados Unidos en lo que va de 2021 también es casi 3% mayor a los 10 primeros meses de 2019, cuando el INM atendió a 176,204.

Del total de connacionales, personas adultas son 145,274 hombres y 17,193, mujeres. En tanto que 18,597 son menores de edad, de los cuales 14,615 iban sin compañía, detalló el Instituto Nacional de Migración.

Las cifras se reportan en medio de un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) ha detenido a más de 1.5 millones de indocumentados en la frontera con México en lo que va del año fiscal 2021.

Del total reportado en el periodo, de octubre de 2020 a agosto 2021, más de un tercio son mexicanos, que representan poco más de 595,000 de las interceptaciones, según el CBP.

El reporte del INM no aclara si los mexicanos que ha recibido afrontaron un proceso de deportación tras años de vivir en Estados Unidos o después de una detención en la frontera.

El principal punto de regreso de migrantes ha sido Baja California, por donde han retornado a 93,325 connacionales. Le siguen Sonora con 26,715 y Tamaulipas con 20,864.

«Esta autoridad migratoria cuenta con el programa de repatriación que brinda a las y los mexicanos retornados desde Estados Unidos y Canadá, un trato digno con respeto a sus derechos humanos», sostuvo el INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Colin Powell, el primer secretario de Estado afroamericano de Estados Unidos y exalto funcionario de defensa, murió este lunes a los 84 años debido a complicaciones derivadas del COVID-19, a pesar de haber recibido dosis completas de vacunación, dijo su familia en un comunicado en Facebook.

«Hemos perdido a un extraordinario y amoroso esposo, padre, abuelo y a un gran estadounidense», dijo su familia.

El general de cuatro estrellas, nacido en Nueva York, murió en el centro médico militar Walter Reed, ubicado a las afueras de Washington.

Cabe destacar que Powell tenía un mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas que, al ser parte del sistema inmunológico, lo hizo aún más vulnerable ante COVID-19 a pesar de estar completamente vacunado.

Powell fue uno de los funcionarios afroamericanos más destacados de Estados Unidos durante décadas. Fue nombrado para altos cargos por tres presidentes republicanos y alcanzó la titularidad del Pentágono mientras aún se recuperaba del trauma de la guerra de Vietnam.

Se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la presidencia de Ronald Reagan de 1987 a 1989.

Fue jefe del Estado Mayor Conjunto durante el mandato de George H.W. Bush durante la Guerra del Golfo de 1991, cuando las fuerzas lideradas por Estados Unidos expulsaron a las tropas iraquíes del vecino Kuwait.

Powell, un republicano moderado y pragmático, consideró la posibilidad de convertirse en el primer presidente negro de Estados Unidos en 1996, pero las preocupaciones de su esposa Alma respecto a su seguridad lo desanimaron.

En 2008, rompió con su partido para respaldar al demócrata Barack Obama, quien se convirtió en el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos.

Powell siempre estará asociado con su controvertida presentación ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de febrero de 2003, en la que el presidente George W. Bush afirmó que el gobernante iraquí Saddam Hussein constituía un peligro inminente para el mundo debido a sus arsenales de armas químicas y biológicas.

El exsecretario de Estado admitió posteriormente que la presentación estuvo plagada de inexactitudes y de datos de inteligencia alterados proporcionados por otros funcionarios en la administración Bush y representó «una mancha» que «siempre será parte de mi historial».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunirá el próximo lunes con el enviado especial para el clima del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, John Kerry, con el fin de evaluar el programa Sembrando Vida.

«Vamos al municipio de Balancán, cerca de Guatemala, y viene de visita a esta cita John Kerry, enviado del presidente (Joe) Biden para cuestiones del cambio climático y viene para ver el programa Sembrando Vida», anunció López Obrador en su conferencia matutina.

El encuentro tendrá lugar en el estado de Tabasco, tierra natal de López Obrador.

Sembrando Vida es uno de los programas estrella del gobierno de López Obrador, que entrega apoyos de 4,500 pesos mensuales a los campesinos que siembren árboles en sus tierras.

Sin embargo, de acuerdo con una investigación realizada por GATOPARDO, lejos de mejorar la vida de los beneficiarios y las condiciones del medio ambiente, Sembrando Vida, está condenado al fracaso, ya que entre otras cosas, no están tomando en cuenta que las plantas que se siembran no están madurando. Además, para poder acceder al programa, en muchos casos los campesinos tuvieron que desmontar sus terrenos y quitar plantas y árboles que ya estaban en los terrenos.

La investigación a cargo de la periodista Nadia Sanders señala que algunos de los campesinos aseguran que muchos de los terrenos no son aptos para los planes que tiene el gobierno federal. Además el gobierno estaría haciendo poco para garantizar la durabilidad del proyecto, pue sno se les pide a los agricultores que firmen contratos.

Aun así, México está exportando este programa a países de Centroamérica para desarrollar la región y frenar la migración forzada, e incluso ha pedido al gobierno de Estados Unidos que lo apoye.

El presidente Biden agradeció días atrás en una carta a López Obrador por la «financiación e implementación» del programa en Centroamérica, y se comprometió a aumentar la «inversión» de Estados Unidos en la región.

Kerry llegará a México poco más de una semana después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, y el de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estuvieran en Ciudad de México para rediseñar la estrategia de seguridad entre Estados Unidos y México

El gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, busca restablecer a mediados del próximo mes el programa ‘Quédate en México’, que obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en territorio mexicano mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos.

Así lo expresó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) en una moción presentada en las últimas horas ante un tribunal federal de Texas.

En su escrito, el DHS explicó que «está preparado» para volver a aplicar los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), si las autoridades mexicanas aceptan a los solicitantes de asilo que devuelva Estados Unidos a su territorio.

Con este fin, el gobierno estadounidense indicó que ha mantenido conversaciones «múltiples» con sus contrapartes en nuestro país para explicar sus planes de reactivar este programa y garantizar «una decisión independiente de México de aceptar la vuelta de los registrados en los MPP».

Recordemos que en agosto pasado, la corte texana ordenó a la Administración de Biden restablecer los MPP, al considerar que La Casa Blanca había cancelado este programa de forma inadecuada, en respuesta a una demanda de los estados de Texas y de Misuri, con gobiernos republicanos.

Poco después, el Tribunal Supremo de EUA confirmó el fallo de la corte texana, forzando así al gobierno federal a restaurar una medida que Biden ha calificado de «inhumana».
Y

es que el gobierno del expresidente Donald Trump puso en marcha en 2019 los MPP, obligando a más de 60,000 solicitantes de asilo a regresar a México a esperar a que sus casos en se resolvieran.

Esta política fue diseñada para impedir que los inmigrantes que llegan a través de la frontera sur del país evitaran ser deportados solicitando asilo en Estados Unidos. Para que nuestro país aceptara esta medida, Trump amenazó a las autoridades mexicanas con la imposición de aranceles.

A su llegada a La Casa Blanca en enero pasado, Biden ordenó suspender los MPP, coincidiendo con un aumento de la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera.