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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó este viernes que, a diferencia de Estados Unidos, el consumo de drogas, especialmente de fentanilo, no está extendido en todo el país y es solo en algunos estados o ciudades.

“Nosotros no tenemos el problema que, lamentablemente, padecen en Estados Unidos. Volvemos a lo mismo: por nuestra cultura y donde tenemos nosotros mayor consumo de drogas es en algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país”, afirmó el mandatario esta mañana.

López Obrador reiteró, como ya lo ha hecho en otras ocasiones, que se deben atender las causas del consumo de drogas no solo los efectos.

“No es: a ver, vamos a decomisar fentanilo. ¡Claro que lo vamos a hacer! Pero lo que nos debe de importar más es que no haya quien consuma fentanilo ni de ninguna droga”, añadió.

Afirmó que la solución no es acabar con las drogas químicas, porque se pueden crear unas nuevas, sino que lo que hay que buscar es que “no haya consumo y algo está sucediendo si crece el consumo”, enfatizó.

Estas declaraciones se dan en medio de las críticas que se han hecho políticos de Estados Unidos respecto al combate al fentanilo, pues ambos países se han señalado de que faltan acciones para enfrentar esta problemática y se han acusado de no atender la situación debidamente.

La polémica se agudizó tras el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los que dos fueron asesinados, y la consecuente propuesta de congresistas republicanos de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para que su Ejército pueda combatirlos.

López Obrador ha negado en distintas ocasiones que en México se produzca fentanilo, aunque el pasado jueves afirmó que “sí hay producción” de esta sustancia en el país, pero puntualizó que la materia prima proviene de Asia.

Asimismo, ha dicho que seguirá cooperando para que el fentanilo que el crimen organizado produce en el país no llegue a Estados Unidos, y mantuvo sus reproches al vecino del norte que cargue toda la culpa sobre ellos.

Y es que México y Estados Unidos llevan días buscando esfuerzos conjuntos para detener el tráfico de armas y de fentanilo, pese a que los reclamos en Washington en contra del gobierno de López Obrador aumentan.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Eric Olson, Global Fellow en el Instituto México del Wilson Center, sobre los retos en materia de seguridad entre ambos países.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció este jueves que en México sí se produce fentanilo, pese a que en los últimos días lo había negado, llegando incluso a reclamarle este punto al gobierno estadounidense.

Cuestionado sobre si en México hay laboratorios que producen fentanilo, el mandatario dijo que sí, pero sostuvo que la mayoría de esta droga que llega a Estados Unidos y Canadá no proviene de ellos.

“No es México el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos, sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos y Canadá que lo que llega a México. Aquí lo que se hace son pastillas, las troquelan”, dijo en su mañanera.

Aunque López Obrador admitió que en México “sí hay productores” de esta sustancia, justificó que las autoridades “destruyen laboratorios” de forma constante.

Apenas la semana pasada, el jueves 9 de marzo aseguró que México no producía y consumía fentanilo.

“Aquí nosotros no producimos fentanilo, no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos, pero ¿por qué ellos no atienden el problema? ¿Por qué no combaten la distribución de fentanilo en Estados Unidos?”, reprochó entones el presidente.

Ese mismo día, autoridades de nuestro país se reunieron con la encargada de La Casa Blanca contra el fentanilo, Elizabeth Sherwood-Randall, para abordar el tráfico de este opioide sintético fabricado en México con químicos de China, que ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Un día después, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien también estuvo presente en el encuentro, dijo que México sí reconocía que el fentanilo es un problema en el país. “En nuestras conversaciones puedo decir que hay reconocimiento de que el fentanilo es un problema en México”, expuso.

Todo ello en medio de la polémica desatada por el secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, de los que dos fueron asesinados, y que derivó en la propuesta de congresistas republicanos para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual permitiría que su Ejército pueda combatirlos, incluso en nuestro país.

Tras los dimes y diretes, López Obrador incidió esta mañana que México seguirá cooperando para que el fentanilo que el crimen organizado produce en el país no llegue a Estados Unidos, pero reprochó al vecino del norte que cargue toda la culpa a nuestro país.

“No se si ustedes sepan, pero allá no hay carteles, allá (el narcotráfico) es por telepatía. No hay narcotráfico ni laboratorios, no hay mafias allá”, dijo de forma irónica, al señalar que el fentanilo también entra directamente a Estados Unidos desde Asia.

Ayer, el mandatario propuso buscar un sustitutivo al fentanilo que se emplea con fines médicos, y aseguró que científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ya trabajan en ello.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió este miércoles una nueva alerta de viaje para los estadounidenses que planeen pasar las vacaciones en México, los llamados Spring Breakers.

La notificación advierte a los viajeros que tengan mayor precaución, especialmente después del anochecer, en varios destinos turísticos del Caribe mexicano que se han visto afectados por la violencia de los cárteles del narcotráfico.

La alerta les advierte a los ciudadanos estadounidenses “extremar sus precauciones en las zonas céntricas de los lugares más frecuentados durante las vacaciones de primavera, incluyendo Cancún, Playa del Carmen y Tulum, especialmente al anochecer”.

El Departamento de Estado señaló también que varios ciudadanos norteamericanos “se han enfermado gravemente o han muerto en México después de consumir drogas sintéticas o píldoras recetadas adulteradas”.

Esa advertencia siguió a informes de que algunas farmacias en México ofrecen libremente sedantes y otros medicamentos que en Estados Unidos sólo se pueden vender con receta. Sin embargo, estas pastillas podrían ser falsificadas y contener el letal opioide sintético fentanilo.

La alerta también señaló que “el alcohol no regulado podría estar adulterado”, y que “ciudadanos estadounidenses informaron haber perdido el conocimiento o lesionarse después de consumir alcohol que posiblemente estaba adulterado”.

Y es que ha habido una serie de actos de violencia a lo largo del Caribe, la joya de la corona del sector turístico de nuestro país.

En 2022, dos canadienses fueron asesinados en Playa del Carmen, aparentemente por deudas entre bandas internacionales de traficantes de drogas y armas.

En 2021, más al sur, en Tulum, dos turistas, una bloguera de viajes de California nacida en la India y una alemana, quedaron atrapadas en un aparente fuego cruzado de narcotraficantes rivales y murieron.

Sobre el caso del fentanilo, que se menciona en la alerta de viaje, el canciller Marcelo Ebrard calificó como una “ingratitud” las críticas que México ha recibido por parte de Estados Unidos por su supuesta falta de cooperación en el combate contra el fentanilo.

Ebrard aseguró que México ha decomisado más que aquel país e incluso ha sufrido 75 bajas de elementos policiacos en esta estrategia.

“Es una ingratitud, por decir lo menos, que algunos representantes populares (de Estados Unidos), que están en campaña, digan que México no hace nada o no hace lo suficiente cuando nosotros incautamos más fentanilo que ellos”, dijo Ebrard durante un breve encuentro con medios tras participar en el STS Forum Latinoamérica y el Caribe.

El funcionario destacó que México ha incautado seis toneladas y media de fentanilo, lo cual ha evitado que esta sustancia llegue al mercado estadounidense.

Es por ello, que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que iniciarán 692 reuniones a lo largo y ancho de la Unión Americana para dar a conocer los esfuerzos que se realizan en México.

El titular de la SRE mencionó que este eje de acción se da a la par del interés de México de que el consumo de esta droga no crezca, así como por ser parte de los compromisos alcanzados entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

Esta mañana, el mandatario mexicano criticó la falta de acciones del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el y dijo que se les hace “fácil culpar a México” por el tráfico de este producto en territorio estadounidense.

Ebrard adelantó que también se lanzará una campaña informativa de forma binacional para alertar sobre el consumo de esta sustancia, así como de otras que utilizan al fentanilo para enganchar a más ciudadanos en ambas naciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en sus criticas sobre lo que él considera la falta de acciones del gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo.

López Obrador acusó que a los políticos les hace “fácil culpar a México” por el tráfico de este producto en territorio estadounidense.

“Estamos haciendo mucho en México. Ahora los políticos republicanos, y algunos también demócratas, en Estados Unidos que no han hecho nada porque allá se distribuye esta droga y no se sabe de decomisos, ni de detenciones a los que se dedican a su distribución, ni siquiera hay difusión en los medios informativos del daño que causa este fentanilo”, reclamó.

López Obrador dijo que en Estados Unidos “se les hace fácil culpar a México”, de manera injustificada, “por politiquería, por hipocresía” del tráfico del fentanilo.

AMLO aprovechó para reiterar que se rechaza que el gobierno estadounidense intervenga en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

“Bueno se han atrevido a decir que van a presentar una iniciativa para que el Ejército estadounidense detenga a las bandas mexicanas, violando nuestra soberanía. Eso nunca, jamás lo vamos a permitir”, sostuvo.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, asegurara que el combate contra el fentanilo y el tráfico ilegal de armas son una prioridad para el gobierno del presidente Joe Biden.

López Obrador también acusó además que los legisladores y autoridades estadounidenses “no están haciendo su trabajo” ya que no están atendiendo las causas que originan esta problemática.

“No hay programas de atención a los jóvenes de EE.UU. ¿Por qué es la adicción? ¿Por qué el joven recurre a las drogas?”, cuestionó.

López Obrador agregó que solicitará a médicos y científicos del país analizar la posibilidad de que se pueda sustituir al fentanilo que llega al país con fines médicos, por otros analgésicos para “dejar de usarlo”.

“A ver si es posible, porque antes se usaban otros analgésicos y entonces, aunque tenemos el control que no se tenía antes sobre el ingreso del fentanilo con uso médico, de todas formas, al estar prohibido, ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse y lo sustituimos por otro analgésico. A ver si esto es viable”, reveló.

El compromiso, agregó, será que todo lo que ingrese al país de manera ilegal será combatido.

Finalmente, señaló que si la propuesta avanza, se va a solicitar que en Estados Unidos hagan lo mismo, “que prohíban el fentanilo para usos médicos”, remató.

Arturo Sarukhán

EL UNIVERSAL

 

Una serie de diatribas y exabruptos la semana pasada de nueva cuenta subrayan lo que ha sido una de las inconsistencias y contradicciones persistentes a lo largo de este sexenio desde el atril presidencial en Palacio Nacional de la Ciudad de México cuando de política exterior se trata. La presión desde Washington a raíz de la política de seguridad pública mexicana, particularmente por el tráfico de fentanilo y sus precursores a través de nuestro territorio, se ha venido acrecentando desde hace meses. Con ello ha resurgido un debate que se ha dado en coyunturas anteriores -algunas veces motivado con ánimo de apoyar a México (Bush, Obama) y en otras como resultado de la fanfarronería (Trump) o de la politización o diagnóstico equivocado (ahora, con legisladores y ex funcionarios Republicanos)- en torno a si la designación de grupos criminales trasnacionales en México como organizaciones terroristas internacionales (mi columna de 2019 en estas páginas explica el proceso y los inconvenientes de esa medida) movería o no la aguja en su degradación operativa. Ahora, ambos temas han sido turbocargados por el secuestro de cuatro -y asesinato de dos- estadounidenses en Matamoros. En respuesta a esta confluencia de eventos, el Presidente López Obrador mandó al diablo los principios de política exterior en los que, como muletilla, se escuda pero observa a contentillo.

Y es que parece que por fin sí vamos a intervenir abierta y proactivamente en los asuntos internos de Estados Unidos. El que López Obrador exija que funcionarios, legisladores, ONG y medios de comunicación estadounidenses no lo hagan en lo que él considera son temas que solo atañen a México y a los mexicanos es lo de menos. El presidente rápidamente dijo el viernes que hará un llamado a los “40 millones” (sic) mexicanos en EE.UU para que castiguen con su voto a los Republicanos que ahora proponen -de manera descabellada e irresponsable, sin duda alguna- acciones militares unilaterales. El que Trump en 2019 hubiese amagado con hacer lo mismo que sus correligionarios del GOP hoy -designar a grupos criminales como organizaciones terroristas- y que luego ya como expresidente haya fanfarroneado con el uso de la fuerza militar en México y el inquilino de Palacio Nacional no dijese ni pío (bueno, si hasta subrayó en ese momento que el ex mandatario “me cae bien”), no deja de ser una incongruencia más. Pero este episodio de renovado brío intervencionista en la política exterior presidencial requiere de dos apuntes.

Primero, los datos duros y la terca realidad. Hay cerca de 39 millones de mexicanos y méxicoamericanos (ciudadanos estadounidenses que tienen raíces u origen mexicano) en EE.UU. De ese total, 11 millones son nacidos en México, de los cuales 5 millones son indocumentados; es decir, evidentemente no pueden votar ahí. Del restante, no todos ostentan la doble nacionalidad y un buen número de ellos son aún menores de edad. Por ende, estamos hablando de cerca de un universo de aproximadamente 15 millones a lo sumo que podrían votar. Si bien la mayoría lo hacen por el Partido Demócrata, y ello explica ganancias importantes en estados como Arizona, Colorado, Nevada y Georgia, en 2016 y 2020 el número de votantes de origen mexicano votando por el Partido Republicano ha aumentado significativamente (sobre todo entre hombres adultos jóvenes) sobre todo en Florida y el sur de Texas. En esta última zona en particular, cabe destacar que el aumento del voto a favor del GOP -y de Trump- en 2020 está relacionado con los abrazos de López Obrador a Trump en la Casa Blanca en plena campaña electoral ese año y el alcahueteo electoral vía spots que la campaña de reelección de Trump hizo de las declaraciones zalameras del mandatario mexicano.

Los hispanos en general, que se estima que 34.5 millones de ellos fueron elegibles (poco más de la mitad de todos los hispanos en el país, 53 por ciento) para votar en 2020, constituyen un 14.3 por ciento del total de votantes elegibles en Estado Unidos. A nivel nacional, emitieron 16.6 millones de votos en 2020, un aumento del 30.9 por ciento con respecto a las elecciones presidenciales de 2016, y apoyaron a Biden sobre Trump por un margen de casi 3 a 1 en Arizona, California, Colorado, Illinois, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Pensilvania y Wisconsin. Los hispanos eligieron a Biden sobre Trump con un margen de 2 a 1 o más en los estados de Texas, Georgia, Washington y Florida. Una cómoda mayoría de votantes de origen hispano, aproximadamente el 61 por ciento, apoyó al presidente Biden, pero hubo un giro de aproximadamente 8 puntos porcentuales hacia Trump, según datos a boca de urna comparando candidatos Demócratas y Republicanos en 2016 y 2020.

Segundo apunte. Particularmente en los temas de seguridad binacional, los episodios de tensión tienden a favorecer posiciones de los extremos en ambos países. Asignar culpas nacionales a los que son sin duda problemas trasnacionales ha sido una posición default -y errónea- a ambos lados de la frontera en momentos distintos de la relación bilateral. Si el problema es común, la solución tiene que ser común, y solo avanzaremos si asumimos una responsabilidad compartida. Pero de por sí Trump evisceró ese principio no escrito de la relación bilateral a largo de su mandato; ahora, los legisladores Republicanos que han abogado por acciones unilaterales -y contrarias al derecho internacional- y López Obrador que declara que el fentanilo no es nuestro problema, lo están profundizando. Esta dinámica en la que nos estamos metiendo no conviene a ninguno de los dos países, pero me temo que estamos desafortunadamente en un contexto así en este momento.

Y con sus declaraciones de que México cabildeará en contra de candidatos Republicanos en las elecciones de 2024, el presidente amenaza con contaminar aún más la agenda bilateral con EE.UU camino a dos procesos electorales presidenciales simultáneos en una y otra nación y en el contexto de la peor relación -desde los ochenta- de un titular del Ejecutivo mexicano con el Congreso estadounidense, un actor central y clave de la agenda con nuestro país. De por sí los Demócratas, cabreados por la manera en la cual López Obrador se posicionó con respecto a Trump, la campaña electoral de 2020, la victoria de Biden y los actos sediciosos del 6 de enero de 2021, tienen una larga lista de tintorería. Ahora con este llamado para hacer campaña contra el GOP, junto con sus ataques ad hominem constantes en contra de legisladores Republicanos y Demócratas por igual que se han venido acumulando, el presidente está haciendo que críticas y cuestionamientos legislativos de ambos partidos sobre México y la relación bilateral crecientemente converjan, de paso colocándonos sobre una pista de patinaje de hielo quebradizo cara a 2024, sobre todo si llegase a imponerse un candidato Republicano.

Al final del día, este nuevo y complejo episodio en la relación con EE.UU pone de relieve una gran paradoja. Para un presidente que afirma como posición de arranque que la mejor política exterior es la política interna, son precisamente las debilidades estructurales internas del país y muchas de las políticas públicas del mandatario mexicano las que se erigen como vulnerabilidades y flancos de presión cara al extranjero, particularmente en una relación tan esencial, asimétrica e interméstica (sí, a pesar de lo que quisiera López Obrador, no hay manera de separar los temas de política interna de cada país del impacto e incidencia que tienen en la agenda bilateral) como la que hay con Estados Unidos.

El combate contra el fentanilo y el tráfico ilegal de armas son una prioridad para el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó el embajador en México, Ken Salazar.

Sobre el primer tema, Salazar señaló que su país invirtió más de 25,000 millones de dólares en tratamientos para adicciones e interdicción de narcóticos ilícitos.

Mientras que en el segundo, indicó que las autoridades estadounidenses “han incrementado en 300% el decomiso de armas de fuego que, sin estos esfuerzos, habrían llegado a México”.

En un comunicado emitido por la embajada de Estados Unidos en México, el diplomático recordó que en la reciente reunión entre Biden y del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometieron para unir esfuerzos contra el tráfico ilegal de fentanilo y armas por el daño que representan para el bienestar de ambas naciones.

“El combate contra el fentanilo es una prioridad para el presidente Biden, en la cual México es un socio crucial”, remarcó Salazar.

Expuso que entre las acciones para atender la crisis del fentanilo en Estados Unidos está la propuesta para el año fiscal 2023 que incluye 42,000 millones de dólares para esfuerzos de política de drogas para vencer la epidemia de sobredosis.

Dijo que también está el Plan de Rescate estadounidense en el que invirtieron “5,000 millones de dólares en servicios de adicción y salud mental, incluida una inversión histórica de 30 millones de dólares en reducción de daños”.

Salazar recordó que en 2021, el gobierno del presidente Biden destinó más de 93 millones de dólares en el programa Comunidades Libres de Drogas de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), la cifra más alta para este programa enfocado a jóvenes y familias.

Sobre el tráfico ilegal de armas, dijo que en la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras “por primera vez, se le tipifica como un delito con sanciones que pueden llegar hasta los 25 años de cárcel”, y apuntó que año con año se decomisan en Estados Unidos más de 600,000 armas.

Este lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y el canciller Marcelo Ebrard, mantuvieron una conversación telefónica para abordar la cooperación en materia de seguridad, en medio de la tensión entre ambos países por el secuestro y asesinato de dos estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas.

Además, comentaron la visita de la semana pasada a México de la encargada de La Casa Blanca para este asunto, Elizabeth Sherwood-Randall, para “interrumpir la cadena de suministro de drogas sintéticas y reducir los riesgos del consumo”.

Luego del secuestro de los cuatro estadounidenses, la oposición republicana pidió declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, lo que permitiría una intervención militar en territorio mexicano. Sin embargo, esta propuesta ha sido descartada por La Casa Blanca.

La sola propuesta causó el enojo del presidente López Obrador, quien ha calificado a los republicanos de “mequetrefes” e “intervencionistas”.

Ana Paula Ordorica platica con Eric Olson, Global Fellow en el Instituto México del Wilson Center, sobre los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos para detener el tráfico de armas y de fentanilo, pese a los reclamos que crecen en Washington en contra del gobierno de López Obrador.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva en la que anuncia nuevas acciones para endurecer el acceso a las armas de fuego en su país.

Biden compartió detalles de su orden durante una visita a Monterey Park, California, donde un tiroteo acabó con la vida de 11 personas en enero pasado.

La orden ejecutiva, hecha pública por La Casa Blanca, tiene como objetivo reducir la violencia armada con, entre otras medidas, mejoras para apoyar a supervivientes de tiroteos y familiares de víctimas durante sus procesos de recuperación en términos de salud mental.

Para ello, la Secretaría de Salud y la Fiscalía General deberán presentar a la Presidencia una propuesta con ese objetivo antes del 15 de septiembre de este año.

Además, Biden encargará al fiscal general, Merrick Garland, que ajuste la definición legal actual de las empresas que venden armas para que se ciñan en mayor medida a la ley que les obliga a verificar los antecedentes penales de todo potencial comprador.

“Esta medida significa que se venderán menos armas sin una revisión de antecedentes penales y por lo tanto, habrá menos armas que acaben en manos de criminales y abusadores”, dijo una funcionaria de La Casa Blanca que adelantó las acciones en una llamada con medios.

A su vez, Biden instruyó poner en marcha campañas de información sobre las denominadas leyes de “alerta de peligro (Red Flag)”, que permiten activar un procedimiento legal para confiscar las armas de fuego de quienes representen un peligro para terceros o para sí mismos.

“19 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes de este tipo (…) pero no son efectivas si el público no sabe cuándo y cómo usarlas”, agregó la funcionaria.

Con respecto a los fabricantes, Biden pedirá a la Comisión Federal de Comercio elaborar un informe sobre cómo estas empresas promueven el uso de armas de fuego entre los menores de edad.

Y es que recordemos que en junio se cumplirá un año desde que el Congreso aprobara un limitado, pero histórico acuerdo legislativo para el control de las armas de fuego.

Esa ley incluyó una revisión del proceso de compra de armas para los menores de 21 años y estableció incentivos para los estados que aprobasen las llamadas leyes de “alerta de peligro”.

Sin embargo, este tipo de restricciones se ha encontrado con la oposición de algunos miembros del partido republicano, quienes han argumentado que viola los derechos constitucionales.

El pasado 21 de enero, un hombre mató a 11 personas en la ciudad de Monterey Park, a 15 kilómetros de Los Ángeles, y se suicidó poco después cuando fue acorralado por la Policía.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó a su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, que la cooperación en seguridad es “una prioridad”, según informó este martes el Departamento de Estado.

Blinken conversó ayer con Ebrard “sobre la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México y los esfuerzos conjuntos para desbaratar los precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas ilícitas”, afirmó el portavoz Ned Price en un comunicado.

La crisis de los opioides alarma a Estados Unidos, donde el año pasado más de 100,000 personas fallecieron por sobredosis de drogas o envenenamiento accidental, de las cuales más de 70,000 por fentanilo, hasta 50 veces más potente que la heroína.

Ante este panorama, varios congresistas del Partido Republicano han aprovechado para presentar iniciativas que permitan designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, lo que abriría la puerta a una intervención directa de Estados Unidos en nuestro país, para destruir los laboratorios donde se fabrica esta sustancia con precursores químicos procedentes sobre todo de China.

Días antes la agencia antidrogas estadounidense DEA instó al gobierno mexicano a “hacer más” contra el tráfico de fentanilo.

Blinken reafirmó “el compromiso de Estados Unidos de apoyar a nuestros socios mexicanos y proteger a nuestras comunidades de las redes criminales, y puso énfasis en que la cooperación en seguridad sigue siendo una prioridad”, señaló Price.

El canciller Marcelo Ebrard confirmó esta mañana la conversación con Blinken, y dijo que llevó a cabo con miras al próximo encuentro del Entendimiento Bicentenario que se llevará a cabo en Washington. “Tema principal cooperación contra fentanilo y armas entre ambos países”, destacó.

Según el gobierno estadounidense, ambos funcionarios hablaron asimismo del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, de los cuales dos perdieron la vida.

Este secuestro desató una ola de indignación en Estados Unidos, que llamó de nuevo a sus ciudadanos a extremar las precauciones o evitar viajar a 30 de los 32 estados de nuestro país. Incluso hay vigentes alertas de viaje sobre seis estados mexicanos.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reaccionó diciendo que México es “más seguro” que Estados Unidos.

Blinken y Ebrard abordaron asimismo la reciente visita de una delegación de alto nivel a México encabezada por la asesora de La Casa Blanca Elizabeth Sherwood-Randall, que se centró en “fortalecer la aplicación de la ley y reforzar la seguridad ciudadana para interrumpir la cadena de suministro de drogas sintéticas”, informó Price.

La tasa interanual de inflación en Estados Unidos siguió bajando en febrero, por octavo mes consecutivo, y se situó en el 6%, cuatro décimas por debajo de la de enero, según los datos ofrecidos este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Así, la inflación se ralentizó alcanzando su nivel más bajo en casi año y medio, en un momento en que la Fed, encargada de frenar el aumento de precios, está contra la espada y la pared tras la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB).

La inflación subyacente, que mide el aumento de los precios de consumo menos los de los alimentos y la energía, los más volátiles, bajó una décima y situó su tasa interanual en febrero en 5.5%, la cifra más baja desde diciembre de 2021, señala la BLS.

El encarecimiento de los precios relacionados con la vivienda fue, con mucho, el que más contribuyó a la subida de precios registrada en febrero, ya que supuso un 70% del aumento del índice, explicó la BLS. Subió ocho décimas hasta situarse en una tasa interanual del 8.1%

El precio de los alimentos, por otro lado, creció cuatro décimas y ha subido un 9.5% en el último año, mientras que el de la energía subió seis décimas hasta ubicarse en un 5.2% interanual.

Los datos de la inflación se conocen en un momento clave, en el que se analiza si los constantes aumentos en la tasa de interés llevados a cabo por la Fed están teniendo el deseado efecto de contención de los precios y en qué medida están afectando a la evolución económica.

Además hora también se cuestiona si la política monetaria restrictivas está contribuyendo a los recientes temores de una crisis bancaria.

De hecho, a raíz del colapso la pasada semana del Sillicon Valley Bank, que tuvo que ser intervenido por las autoridades tras desplomarse sus acciones en bolsa, varios analistas esperan que la Fed se vea obligada a reducir todavía más, o incluso pausar, sus aumentos a las tasas de interés.

En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Luis Gonzali, analista financiero, sobre los cierres de Silicon Valley Bank y Signature Bank, y la actuación de las autoridades estadounidenses para proteger a los clientes afectados.

Cerca de 2,000 migrantes llegaron ayer al Puente Internacional Santa Fe, donde se encuentra la línea divisoria entre México y Estados Unidos, en Ciudad Juárez, para presionar y exigir a las autoridades estadounidenses su ingreso al país.

En una primera acción, los migrantes, centro y suramericanos en su mayoría, rebasaron un punto de revisión de autoridades de México, en el puente conocido como Paso del Norte, que limita las Ciudad Juárez y El Paso, Texas, Estados Unidos.

El objetivo de los migrantes fue ejercer presión y llamar la atención de las autoridades estadounidenses para que les otorguen permisos y les permitan cruzar para ir en busca del llamado “sueño americano”.

Entre los propios indocumentados que permanecen en nuestro país, cerca del cruce fronterizo, corrió el rumor de que llegando a dicho punto los dejarían ingresar.

Sin embargo, los agentes migratorios de Estados Unidos los esperaban armados y para impedir su paso instalaron una ‘concertina’ de seguridad, es decir, alambre de cuchillas enrollado, para evitar que cruzaran ilegalmente.

Debido a la llegada de más migrantes, sus reclamos fueron en aumento hasta que las autoridades estadounidenses golpearon a los que intentaban cruzar al tiempo que los amenazaron con armas de fuego.

Decenas de indocumentados refirieron que han intentado cruzar a Estados Unidos de forma legal, que han hecho el esfuerzo para tener una cita con las autoridades migratorias para conseguir asilo político, pero no han corrido con suerte ya que en la aplicación siempre les aparece un error al momento que conseguir la cita.

Debido a ello, dijeron, permanecerán el tiempo que sea necesario en la mitad del puente para poder ingresar a Estados Unidos. Ante tal escenario, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos formaron una barrera con decenas de policías para vigilar la zona.

Ciudad Juárez prácticamente está colapsada por la llegada masiva de migrantes. Los albergues están a su máxima capacidad y los migrantes que no alcanzan refugio duermen en las calles, enfrentando las bajas temperaturas de la región.

Y es que la región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

El grupo de migrantes constituía “una potencial amenaza de ingreso masivo” al territorio nacional, informó al respecto un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Señaló que además de las barreras físicas en el Puente Internacional Paso Del Norte, también fueron colocadas barricadas temporalmente en el cruce hacia El Paso en el Puente de las Américas y en Stanton.

Para la noche de ayer, se reanudó el tráfico en ambas direcciones, añadió el funcionario estadounidense.

Foto: Twitter @EuniceRendon

El Cartel del Golfo entregó a cinco presuntos miembros del grupo Escorpión, a quienes señala como responsables del secuestro de los cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, dos de los cuales fueron asesinados.

Según informaron medios locales este jueves, los cinco supuestos delincuentes aparecieron junto a una nota firmada por el grupo perteneciente al Cártel del Golfo, en el que condena los hechos y se disculpa con la sociedad por la muerte de dos de los estadounidenses y de una mexicana de 33 años, víctima de una bala perdida en el momento del secuestro.

Esto refuerza una de las líneas que sigue el gobierno federal, en la que no se descarta que el secuestro de los cuatro estadounidenses pudiera estar relacionado con operaciones de narcotráfico que las víctimas estuvieran realizando en nuestro país.

Reportes periodísticos señalan que los cuatro secuestrados tienen antecedentes penales relacionados con el tráfico, venta y consumo de drogas, así como portación de armas de fuego en Estados Unidos.

No obstante, el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Irving Barrios, aseguró el pasado martes en una conferencia de prensa que la principal línea de investigación con la que estaban trabajando era de la de una “confusión” por parte de los delincuentes.

Según expuso una fuente de la administración estadounidense conocedora del caso a la cadena de televisión CNN, podrían haberles confundido con narcotraficantes haitianos.

Además, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas anunció este jueves que autoridades mexicanas aseguraron una clínica y una ambulancia que supuestamente fueron utilizadas para dar atención a las víctimas mientras permanecían privadas de su libertad.

Hasta el momento tan solo hay un detenido, José Guadalupe “N”, de 23 años y que realizaba labores de vigilancia en la casa en la que fueron localizadas las víctimas.

De momento se desconoce qué ha sucedido con los cinco supuestos implicados entregados por el cártel.

Los cuatro estadounidenses fueron secuestrados el pasado viernes, pero no fue hasta el domingo que se tuvo conocimiento del caso, cuando el Buró de Investigación Federal estadounidenses (FBI) emitió un comunicado.

Fueron encontrados el martes, cuando se confirmó que dos de ellos habían sido asesinados, mientras que los otros dos fueron repatriados a Estados Unidos.

El caso ha elevado la presión en Washington para que México actúe contra los cárteles de la droga, incluyendo una propuesta de congresistas republicanos para declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tachó esta mañana de “ofensa” e “intervencionismo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la propuesta de congresistas republicanos estadounidenses que buscan declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas; dijo que la sola propuesta es “irresponsable”.

“Esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra soberanía”, dijo en su conferencia de prensa matutina que este jueves se llevó a cabo desde el Centro de Inteligencia de la Guardia Nacional.

López Obrador aseguró que no permitirá que un gobierno extranjero, y mucho menos sus Fuerzas Armadas, intervengan en territorio nacional.

“De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio”, sentenció.

Además, lanzó una advertencia al Partido Republicano, promotor de las iniciativas que autorizarían la acción del Ejército estadounidense contra los cárteles mexicanos, de llamar a los connacionales e hispanos residentes en Estados Unidos a que voten en su contra.

“Si no cambian de actitud y piensan que van a usar a México para sus propósitos propagandísticos y politiqueros, vamos a llamar porque no se vote por ese partido por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, dijo.

Y es que ayer, se anunciaron nuevos proyectos de ley en Estados Unidos que buscan declarar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas y con ello autorizar el uso del Ejército para combatirlos, estén donde estén, así sea en territorio mexicano.

La polémica ha crecido después de la controversia desatada por el secuestro de cuatro estadounidenses en la ciudad Matamoros, Tamaulipas, de los que dos fueron asesinados y dos rescatados con vida.

De trasfondo también está la lucha contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético fabricado en México con químicos procedentes China que ha causado cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Las propuestas legislativas prohibirían a los integrantes del crimen la entrada a Estados Unidos, autorizaría congelar sus bienes y prohibiría a cualquier persona ayudarles de forma consciente, entre otros mecanismos.

“Lo que dijo este senador (Lindsey Graham) no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado ni colonia, somos un país independiente, soberano y no recibimos órdenes de nadie”, contestó el presidente.

Pese a las propuestas, La Casa Blanca, aseguró que Estados Unidos ya cuenta con todas las competencias legales para combatir al narcotráfico sin la necesidad de declarar como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, en un intento por calmar la tensión que el tema ha avivado.

“Declarar a esos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras no nos daría ninguna competencia adicional que no tengamos ya en este momento”, expresó en su rueda de prensa diaria Karine Jean-Pierre, portavoz del presidente Joe Biden.

Pero, ¿Qué hay detrás de la lucha contra los cárteles de la droga y la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Gerónimo Gutiérrez, exembajador de México en Estados Unidos, sobre el tema.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que las autoridades de nuestro país actuaron bien en el caso de los cuatro estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados, en Matamoros, Tamaulipas, pese a los reclamos de Washington.

“Lo de ayer, o de estos últimos días, de los estadounidenses pues fue muy lamentable que esto sucediera, se actuó bien porque pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos, un herido, otro bien y se atendió esta situación de urgencia”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

Ayer, tan pronto se dio a conocer el hallazgo de los ciudadanos estadounidenses, la Casa Blanca calificó de “inaceptable” su secuestro.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró “imperante” actuar contra los cárteles, mientras que los congresistas republicanos insistieron en sus reclamos para designar como terroristas a los narcotraficantes de nuestro país, algo que el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, no descartó este martes.

Ante estos hechos, López Obrador respondió que el secuestro de los estadounidenses “para nada” mina la relación con Washington, pero indicó que Estados Unidos también debe asumir su responsabilidad.

“Senadores de Estados Unidos, funcionarios de Estados Unidos, se rasgan las vestiduras, que hace mucho daño el fentanilo. ¡Claro que hace mucho daño! Es una droga adictiva, terrible. Pero, ¿cómo es que llega? ¿Cómo se distribuye allá? Va a servir para darle una sacudida a las agencias, qué están haciendo. Mínimo hay ineficiencia”, reclamó AMLO.

Sobre el caso concreto de los cuatro estadounidenses, por el que hay un detenido aún no identificado como miembro de un cártel, López Obrador criticó que “hicieron también un escándalo sus adversarios”, y fiel a su estilo dijo que “no deja de haber politiquería aquí y allá”.

El tema también fue abordado en la sección de “Quién es Quién en las Mentiras”, donde se cuestionó la versión de medios de Estados Unidos de que los carteles confundieron a los estadounidenses, que ingresaron al país por razones médicas/estéticas, con narcotraficantes haitianos.

“Nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí cuál fue la causa. Ya se está haciendo la investigación”, dijo López Obrador.

Aprovechando el tema, López Obrador anunció que mañana jueves recibirá a Elizabeth Sherwood-Randall, la encargada de la estrategia contra el fentanilo de la Casa Blanca.

“Ahora hay cooperación, pero con respeto a nuestra soberanía, y así lo entiendo el presidente (Joe) Biden. Siempre ha sido muy respetuoso”, consideró.

En tono de broma, dijo que sus adversarios o los medios no tardarán en decir que la funcionaria estadounidense lo visitará para “regañarlo”.

Estados Unidos anunció este lunes el inicio de consultas técnicas con México para resolver una disputa comercial sobre biotecnología agrícola dentro del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

La Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, advirtió en un comunicado de que tomará medidas contra México para hacer cumplir el tratado si no se resuelve la disputa.

“Las políticas de México amenazan con interrumpir miles de millones de dólares en el comercio agrícola y con dañar la innovación necesaria para enfrentar la crisis climática y los desafíos de seguridad alimentaria”, criticó Tai.

El T-MEC, puesto en marcha en 2020 por Estados Unidos, México y Canadá, establece que un país puede iniciar consultas técnicas con otro cuando considere que sus políticas están afectando negativamente al libre comercio.

En caso de que ambas partes no logren un acuerdo, el T-MEC prevé la apertura de un panel de controversias y un arbitraje independiente.

“Si estos problemas no se resuelven, consideraremos todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir los derechos de Estados Unidos en virtud del T-MEC”, aseguró la oficina comercial.

El motivo de la controversia se debe a “ciertas medidas mexicanas relativas a productos de biotecnología agrícola”, sobre las cuales Estados Unidos “ha expresado serias preocupaciones en repetidas ocasiones”, recoge el comunicado.

Y es que el gobierno de Joe Biden envió el pasado 30 de enero una solicitud formal a México para obtener una explicación sobre sus políticas relativas a productos biotecnológicos y a la que el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó el pasado 14 de febrero.

El secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, expresó su deseo de “fortalecer” los lazos comerciales con México, pero opinó que las políticas del país vecino “no se basan en la ciencia, que es la base del T-MEC”.

“La intención del gobierno de Estados Unidos es que a través de este proceso podamos alcanzar un resultado que respete la soberanía de cada país y beneficie a Estados Unidos, a México y a nuestros agricultores”, afirmó la oficina comercial.

Recordemos que desde la puesta en marcha del T-MEC, se han abierto al menos 17 disputas comerciales.

Estados Unidos y Canadá se unieron para abrir una ronda de consultas para determinar si la política energética de México es discriminatoria con las empresas estadounidenses y canadienses.

Paralelamente, Estados Unidos y México están buscando algún tipo de acuerdo sobre el intento de López Obrador de prohibir la importación de maíz transgénico estadounidense para consumo humano.

Al respecto, el gobierno de nuestro país defendió su decreto que impide la importación de maíz transgénico para consumo humano.

La Secretaría de Economía (SE) avisó en un comunicado que “México aprovechará este mecanismo previsto en el T-MEC para demostrar con datos y con evidencia que no ha habido afectación comercial y que, por el contrario, el decreto es consistente con el propio tratado”.

“Esta solicitud, por tanto, no es de carácter contencioso, sino una etapa previa en la cual se busca encontrar una solución de manera cooperativa”, afirmó la SE.

La Secretaría de Economía reiteró que el objetivo del decreto, publicado el 13 de febrero, “es preservar que la tortilla sea elaborada con maíz nativo, asegurando así, la conservación de la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país, de las cuales 59 son endémicas”.

“La secretaria (de Economía de México) Raquel Buenrostro Sánchez; la titular de la USTR, embajadora Katherine Tai, y sus equipos han venido sosteniendo diálogos de carácter constructivo con miras a encontrar soluciones que brinden certidumbre a las partes interesadas”, añadió la SE.

La respuesta de México estará a cargo de la Secretaría de Economía, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y “otras autoridades relevantes” para “encontrar una solución mutuamente satisfactoria”.

Estados Unidos parece haber cambiado de posición, y ahora destacó que México tiene una “democracia vibrante” y que lo considera un socio igual, esto después de haber cuestionado el Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“México tiene una democracia vibrante y eso lo hemos visto en los últimos días. Hicimos esos comentarios con este espíritu”, dijo en su rueda de prensa diaria el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

El vocero aseguró que siempre que habla sobre México lo hace reconociéndolo como “un socio” que está al mismo nivel que Estados Unidos y que toma sus propias decisiones de forma soberana.

Al mismo tiempo, Price subrayó que es su “responsabilidad” responder a las preguntas que la prensa le hace sobre los diferentes países del mundo.

“Cuando hablamos de México, lo hacemos como cuando nos hacen preguntas similares sobre otros países. Hablamos sobre los valores y principios que son importantes para las democracias”, dijo.

Y es que recordemos que López Obrador arremetió ayer contra el gobierno estadounidense, al asegurar que “hay más democracia en México que en Estados Unidos”, esto en respuesta al Departamento de Estado que cuestionó los cambios en materia electoral aprobados por el Congreso de nuestro país la semana pasada.

Además, tras la masiva manifestación opositora contra la reforma llevada a cabo el pasado domingo, el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que Estados Unidos “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho”.

“Aprovecho para contestarle al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos que, como es la mala costumbre, siempre se inmiscuyen en asuntos que no le corresponden, muy contrario al presidente (Joe) Biden, que siempre habla de igualdad”, reclamó ayer López Obrador.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, señaló este miércoles que nuestro país podría hacer “mucho más” para combatir el tráfico de fentanilo, droga sintética causante de la mayoría de muertes por sobredosis en su país.

“Nos están ayudando pero podrían hacer mucho más. No tengo ninguna duda sobre esto”, declaró el titular del Departamento de Justicia durante una comparecencia ante el Senado estadounidense.

El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina y que se mezcla con otras drogas para potenciar su efecto, se fabrica en México a partir de precursores importados desde China y luego se trafica a Estados Unidos.

Garland consideró que Estados Unidos sufre una “horrible epidemia” de fentanilo, que mató a más de 100,000 estadounidenses el año pasado y que está “provocada” por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los narcotraficantes que fabrican estas pastillas y las distribuyen a Estados Unidos son las personas más horribles que uno se puede imaginar”, declaró el funcionario.

El fiscal general dijo que no se opondría a que el Departamento de Estado declare a los cárteles como organizaciones terroristas, aunque señaló que Estados Unidos necesita la colaboración del gobierno de México para combatirlas.

Explicó que el Departamento de Estado tiene que calcular las “consecuencias” que tendría tomar una medida como esta y recordó que tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG ya fueron objeto de otro tipo de sanciones.

Recordemos que el expresidente Donald Trump contempló en su momento la posibilidad de declarar los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, algo a lo que se opone el gobierno de López Obrador, pues  lo considera una violación a su soberanía nacional.

Garland explicó que la agencia estadounidense antidrogas (DEA) decomisó el año pasado suficientes dosis de fentanilo como para “matar a todos los estadounidenses”, además de añadir que se está persiguiendo la venta de esta droga en la internet profunda.

Presionado por las preguntas de los senadores, el fiscal general admitió que el récord de muertes registrado el año pasado demuestra que la estrategia contra el fentanilo no está funcionando lo suficiente.