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Luego de más de tres horas de discusión, la Cámara de Diputados avaló, sin cambios, la minuta de reforma constitucional, devuelta por el Senado de la República, que crea la Guardia Nacional.

El Pleno la aprobó por mayoría calificada, en lo general y en lo particular, con 463 votos a favor, uno en contra (de la diputada sin partido Ana Lucía Riojas Martínez) y cero abstenciones.

Ahora, la Cámara turnó la reforma constitucional a los congresos estatales para su análisis y eventual ratificación.

El dictamen señala que la Guardia Nacional, que se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Militar y Naval, estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional en la materia.

Estipula que la formación y desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una formación policial. Adicional establece un periodo de cinco años para que el Ejecutivo federal pueda disponer de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, en tanto la nueva corporación desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

El análisis de la minuta inició a las 12:55 horas, con la fundamentación del dictamen. Posteriormente inició la discusión en lo general y al término prosiguió la votación nominal en lo general y en lo particular, dado que no se presentaron reservas de modificación.

El pasado 16 de enero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen original y lo envió al Senado, donde fue sujeto de diversas modificaciones, las cuales finalmente se aprobaron el 21 de febrero pasado.

Entre los cambios destacó la eliminación de la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Guardia Nacional, donde participarían militares.

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que al ser el federalismo hacendario es uno de los pilares del modelo democrático, es indispensable iniciar un debate nacional sobre cómo lograr un nuevo pacto fiscal que permita contar con entidades federativas y municipios sólidos en el ámbito hacendario.

Dijo que dicho debate permitirá que los estados y municipios cumplan con sus responsabilidades constitucionales y que cuenten con la capacidad de realizar inversión pública.

La Confederación afirmó que el modelo que se debe buscar es aquel donde se tenga un manejo eficiente del ingreso, el gasto y la deuda pública, respondiendo a los principios de igualdad, responsabilidad y transparencia.

“Hoy más que nunca, ante las políticas federales que intentan centralizar gran parte del gasto, es necesario que municipios, entidades y federación, retomen un valioso diálogo de pares, no solo para mejorar el sistema de coordinación fiscal en vigor, sino para renovarlo acorde a las realidades del siglo XXI”, indicó la Coparmex.

Añadió que es “impostergable” la revisión del convenio de coordinación fiscal que rige el cobro de contribuciones y determina la distribución de los ingresos fiscales, pues no responde a la realidad del país.

Acusó que el convenio actual se diseñó hace décadas, en un México donde no existían los contrapesos al gobierno federal, y donde había gobiernos locales y municipales de organización precaria.

“Exhortamos al Gobierno Federal a convocar en 2019 a una Convención Nacional Hacendaria de forma que se discutan base cero, el nuevo régimen de las competencias tributarias, y los modelos para determinar la distribución los recursos fiscales de forma más justa, entre los distintos órdenes de gobierno, y entre las distintas entidades federativas”, remató la Confederación.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ante la crisis de desabasto que se vive en diversos estados del país, mantiene operativos de apoyo para los que ha desplegado 200 elementos, 114 verificadores y 86 funcionarios de delegaciones en las zonas afectadas.

Señaló que ha emprendido diversas acciones tales como:

Constatar que el precio anunciado de los combustibles en el preciador de la estación de servicio coincida con el que se exhibe en la bomba despachadora y con el que se cobra al consumidor; esto luego de que se reportara que los despachadores de las estaciones han aumentado los precios ante la desesperación de los ciudadanos por obtener el combustible.

Verificar que las estaciones de servicio cerradas, efectivamente no tengan combustible disponible para la venta, ya que a través de las redes sociales se ha acusado que algunas gasolineras han decidido “guardar” el combustible para poder venderlo a mayor precio conforme se agrave la crisis.

Vigilar que las estaciones de servicio no condicionen la venta de combustible a situaciones como: recibir solo pago en efectivo, o que te despachen solo si compras aditivo, solo si eres cliente frecuente, solo si tienes un contrato o con vales de la gasolinera.

La Profeco enfatizó que tienen prioridad para recibir combustible vehículos de las áreas de seguridad y atención de emergencias.

La dependencia finalizó indicando que los operativos se realizan en los estados de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Estado de México y en la Ciudad de México, que son los que mayor problema han presentado.

 

Los coordinadores de las bancadas del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Ricardo Gallardo Cardona y Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmaron que transportar combustible en pipas es 14 veces más caro que hacerlo a través de ductos.

Las declaraciones de los perredistas surgen a dos semanas de que un desabasto de combustibles ha afectado a millones de mexicanos en al menos 10 estados del país, incluyendo la Ciudad de México; el problema se ha originado debido a la decisión del gobierno federal de cambiar la estrategia de transportación de hidrocarburos, optando por pipas y no por ductos.

Los perredistas advirtieron que ante el desabasto, México enfrenta un problema de seguridad energética. “El PRD está a favor de que se combata el robo de los combustibles, pero no comparte la forma que implementó el gobierno federal”, expuso Gallardo Cardona.

Solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, información clara sobre el estado que guarda la nación en materia de abasto de gasolinas.

Subrayó que un aproximado de 30 millones de mexicanos son quienes padecen la falta del suministro, además de que ha orillado a más a recurrir a las llamadas compras de pánico. Recordó que en Michoacán “las familias duermen en sus carros para cargar combustible”.

Por su parte Miguel Ángel Mancera, detalló que en 2017 el reporte de tomas clandestinas en Veracruz era de 724, para 2018 paso a mil 338, por lo que cuestionó la razón por la que dicho ducto no se cerró. “Si la justificación es combatir el huachicoleo, por qué lo dejaron abierto y porqué se cerró el suministro en Michoacán que tiene un registro de 198 casos”.

Cuestionó al gobierno por preferir un sistema de transporte 14 veces más caro que el de los ductos, y sostuvo que si existe una escasez de inventario, es necesario se explique para tomar las previsiones necesarias.

 

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigió a Pemex solucionar de manera inmediata el problema de desabasto de gasolinas que se ha presentado en diversos estados del país, pues aseguraron que ha afectado la economía de las familias mexicanas.

“Es una pésima manera de empezar el año para gran parte del país que enfrenta dos males: por un lado, el desabasto de gasolina o diésel; y por otro, la limitante de 10 litros por usuario en algunas estaciones donde si hay combustibles”, indicaron los priístas.

Pidieron a Petróleos Mexicanos que de a conocer las acciones que está llevando a cabo para solucionar el problema. Señaló que el inconveniente se ha presentado principalmente en estados como Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla  y Aguascalientes.

Indicaron que el desabasto de la gasolina y diésel se ha agudizado debido a la falta de capacidad de transporte y almacenamiento, pues las autoridades han anunciado que en lugar de transportar los combustibles por ductos, se transportará por pipas, lo que dijeron los legisladores, se eleva el costo de transporte del producto, así como que genera el desabasto.

Lamentaron que el gobierno federal decidiera cerrar los ductos para evitar el robo de combustibles, pues indicaron que lejos de atacar el problema ha generado el desabasto en al menos ocho estados del país.

 

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, manifestó que el Presupuesto 2019 no se debe elaborar “desde un espíritu faccioso”, por lo que al reunirse con Diputados les solicitó rectificar la reducción de recursos a estados y municipios.

El panista dijo que es necesario que los legisladores actúen con responsabilidad y altura de miras, ya que “el Presupuesto federal es el presupuesto de los estados, de los municipios y del gobierno de la República”.

Al respecto hizo un llamado a no actuar basado en decisiones de “revanchismo”.

Externó su preocupación por algunas expresiones en el gobierno actuar, pues acusó que han sido en el sentido de “patrimonialismo” del poder, al creer que los recursos de la nación le pertenecen al partido que ganó la elección y que puede manejarlos como quiera.

“Hay mucho rencor acumulado, hay mucha revancha política en las expresiones que se hacen. hay un acumulado de errores, de omisiones, de abusos, de excesos y esta Cámara está representando muy bien ese acumulado de rencor social que hay, pero no es válido trasladarlo al presupuesto”, señaló el mandatario estatal.

 

Al ser cuestionado sobre los diversos actos ilícitos en los que se han visto envueltos los notarios del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que se debe regular al gremio, pues es “lamentable” la corrupción que ha imperado en los últimos años.

Durante su conferencia matutina, reconoció que al término de diversas administraciones estatales, se ha sabido que los mandatarios entregan notarías a sus amigos, incluso a sus familiares, aun durante su mandato.

“Ojalá y se retome el que se cabe la corrupción en la entrega de notarías a funcionarios públicos a los allegados de autoridades. Es, realmente lamentable. Termina un gobierno y una camada nueva de notarios”, señaló el mandatario.

Dijo que en dichos casos, se termina sabiendo que quienes obtuvieron las notarías fueron el secretario de gobierno; el director jurídico, “el que no le tocó una candidatura, así. Es una vergüenza”.

Confió en que sea el Colegio de Notarios quien presente una iniciativa para evitar la corrupción, la cual sería respaldada por el gobierno federal. “Es una vergüenza. Ya basta de esa corrupción”.

Señaló que aunque los propios notarios han tomado cartas en el asunto, no se han podido combatir las malas prácticas, e indicó que la regulación le conviene incluso al gremio, pues afirmó que hoy en día las notarías siguen proliferando de manera excesiva.

 

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que el plan de salud presentado arrancará en ocho estados del país.

Al respecto informó que durante su estancia en Mérida, Yucatán, se reunirá con los gobernadores de dichos estado, para firmar el convenio y “mejorar el sistema de salud pública”. Explicó que el plan de salud incluye a las 32 entidades del país, pero su ingreso al programa se hará de manera paulatina.

“Vamos a trabajar, primero, con 8 estados, se van a federalizar los servicios de salud en 8 estados; cada seis meses se van a incorporar 8 estados más. De modo que este año es para 16 estados, el año próximo otros 16 y en dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública”, refirió el mandatario.

Enfatizó que el convenio significa que los estados trasladarán los servicios de salud a la federación, para que sea el gobierno federal quien se haga cargo de todo el sistema de salud. “Se integra todo el sistema de salud”.

Explicó que se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud y en unidades médicas del Seguro Social; atención de segundo nivel (hospitalaria), en clínicas de la Secretaría de Salud de los gobiernos estatales, mientras que en las clínicas del ISSSTE y del Seguro se van a atender emergencias, independientemente de si los pacientes son o no son derechohabientes de dichas instituciones.

Indicó que para arrancar el nuevo plan de salid, hay un fondo de 90 mil millones de pesos, y que se utilizará en los primeros 8 estados. Adicional, dijo, va a haber una inversión adicional de cerca de 25 mil millones de pesos.

AMLO subrayó que las acciones en materia de salud se están haciendo en acuerdo con los gobiernos estatales.

 

Este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló de su nuevo plan de salud y reiteró que la federación se hará cargo de todo el sistema sanitario del país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente dijo que en la primera etapa, a partir del año próximo, se trabajará, durante los primeros seis meses, en ocho estados de la República Mexicana, y cada seis meses se van a incorporar otros ocho estados más, es decir, durante 2019 se atenderá a 16 estados.

El siguiente año, es decir en 2020, se atenderá a los siguientes 16 estados.

“En dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública”, aseguró.

Además, el mandatario manifestó que los estados trasladarán los servicios de salud a la federación y ésta se hará cargo de todo el sistema sanitario, es decir éste será integral.

Explicó que uno de los problemas actuales es la fragmentación del sistema de salud, el cual es responsabilidad de los estados, el gobierno federal, con el ISSSTE, la Secretaría de Salud, y el IMSS.

“Queremos integrar los sistemas de salud y comenzar dando atención especial a la población que no tiene seguridad social, a los que no son derechohabientes, estamos hablando de más de la mitad de la población que no tiene seguridad social y coincide que es la población más pobre”, dijo el presidente.

Asimismo, AMLO confirmó que el Seguro Popular desaparecerá. “Es evidente que el Seguro Popular no ha funcionado. Ni es seguro, ni es popular. Será sustituido por un sistema de salud pública que garantice un servicio de calidad y medicamentos gratuitos”.

Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que el país enfrenta una “emergencia” en materia de seguridad.

Dijo que para  nadie es un secreto las condiciones en las que el nuevo gobierno recibió el país en materia de inseguridad.

Al respecto refirió que son seis los estados del país que están considerados como focos rojos debido a sus índices delictivos.

En el marco del décimo aniversario del Servicio de Protección Federal, el funcionario federal dijo que los estados que más preocupan al gobierno federal son: Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Tamaulipas.

“Hay focos de violencia que se han sostenido en el tiempo, tienen ya un largo tramo, los vamos a enfrentar por supuesto”, indicó Durazo.

 

La secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, acudió este jueves a la toma de posesión de Enrique Alfaro como nuevo gobernador de Jalisco.

En el evento, Sánchez Cordero reiteró que al igual que todas las entidades, Jalisco cuenta con el apoyo del Gobierno Federal, por lo que dijo, “aquí estoy para ratificarlo y avanzar en el mejoramiento del país”.

La funcionaria enfatizó que si bien los gobernadores son los responsables de la seguridad pública en sus entidades, es necesario que haya una correcta coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno, pues dijo que solo así se podrá combatir al crimen.

“Tenemos que tener una coordinación como lo establece la Constitución”, agregó la responsable de la política interior del país.

Al respecto recordó que durante la reunión que mantuvieron los gobernadores con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el ahora gobernador Enrique Alfaro pudo tratar temas específicos de Jalisco, sobre todo aquellos relacionados a la seguridad y el desarrollo.

 

Al ser cuestionado sobre las distintas reacciones que ha generado su estrategia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) indicó que no se debe olvidar que es una estrategia del gobierno federal y no de los gobiernos estatales.

“Se trata de una estrategia del Gobierno Federal. Es nuestra responsabilidad. Si hay cooperación de los gobiernos estatales, bienvenida y qué bueno que así sea”, dijo el mandatario.

Sin embsrgo aclaró que si los gobernadores no están de acuerdo con la estrategia federal, estarán en su derecho de actuar con libertad, de conformidad con la soberanía que hay en los estados y también de acudir a instancias donde se dirimen controversias.

Enfatizó que su gobierno será respetuoso de la decisión de los gobernadores del país, por lo que adelantó que no habrá confrontaciones. “No vamos a caer en ninguna polémica con los gobernadores. Es mano franca”.

AMLO aprovechó para comentar sobre los casi tres mil amparos que se han presentado en contra de la Ley de Remuneraciones. Recordó que el compromiso que hizo en campaña fue bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, lo cual consideró es justicia laboral.

“Si esto no les parece justo a los funcionarios públicos, servidores públicos, del más alto nivel de los tres Poderes, tienen su derecho a manifestarse también, como lo están haciendo, y la autoridad competente va a resolver”, dijo.

Finalizó indicando que las versiones que señalan que si los servidores ganan menos se va a fomentar la corrupción es “poco serio, muy poco serio”, incluso dijo que es deshonesto que un funcionario público acepte hasta 600 mil pesos mensuales. “Eso es corrupción de un país con tanta pobreza (…) es un acto de deshonestidad”.

 

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio aseguró que los gobernadores que se oponen a la incorporación de los ‘superdelegados’ en sus administraciones, es porque se “les acabarán sus negocios” de influyentismo.

“El asunto de los ‘superdelegados’ que tanto traen es que se les va acabar el negocio a muchos que ponen a sus amigos y familiares en dependencias federales”, señaló el legislador.

Al respecto, dijo que ningún gobernador podrá oponerse a lo que mandata la Ley, pues dijo que es en el Senado donde se discute y analiza la viabilidad de las leyes, esto en referencia al aval que se dio la tarde de ayer a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Sin embargo las declaraciones de Salgado Macedonio han causado polémica, ya que amagó con desaparecer los poderes en los estados donde los mandatarios estatales no acaten la Ley.

“Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes (…) vamos a estar muy atentos”, remató.

 

Olga Sánchez Cordero, quien ha sido propuesta como futura titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), salió en defensa de los ‘superdelegados’ que propuso el presidente electo de México.

La también senadora indicó que los delegados federales formarán parte de la estructura de la futura Secretaría del Bienestar, además de que apoyarán para que los recursos de los programas sociales lleguen a los beneficiarios.

Luego de visitar la casa de transición en donde se reunió con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Sánchez Codero afirmó que “los delegados, que no ‘superdelegados’, van a bajar los recursos para los programas sociales”.

Respondió a las críticas que han hecho los partidos de oposición, tales como el PAN, PRI y PRD, y dijo que la idea de las nuevas figuras es eliminar instancias intermedias para que la gente reciba directamente sus recursos.

Una nueva investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal de campañas electorales del PRI.

La investigación señala que del monto total, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y 400 millones más a desvíos hasta ahora no revelados en otras 6 entidades.

MCCI recordó que el 21 de diciembre de 2017, The New York Times reveló el mecanismo del desvío de fondos públicos que se utilizó en Chihuahua para las campañas del PRI en 2016, con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda federal, que en ese momento era encabezaba por Luis Videgaray.

Los nuevos hallazgos indican que 12 empresas recibieron en 2016 transferencias equivalentes a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México, así como del Congreso de Morelos y de la delegación Milpa Alta, en la Ciudad de México.

De acuerdo a lo informado, el mecanismo para el desvío de fondos públicos se nombró ‘Operación Safiro’.

Según la información recopilada por MCCI, los mayores desvíos realizados aquel año a la red fantasma corresponden a las gestiones de los gobernadores priístas de Chihuahua, César Duarte (246 millones de pesos); Durango, Jorge Herrera Caldera (230 millones) y Sonora, Claudia Pavlovich (140 millones).
El Congreso de Morelos transfirió al menos 16.4 millones de pesos y el Gobierno de Colima, encabezado por José Ignacio Peralta, otros 15 millones. En la investigación se localizaron operaciones de la red fantasma en el Estado de México, en el periodo de Eruviel Ávila, así como en la gestión del priísta Jorge Alvarado en la delegación de Milpa Alta, al sur de la Ciudad de México, aunque en ambos casos los montos documentados fueron mínimos.

 

Para consultar la investigación AQUÍ

Como parte de la reformas que se aprobaron a la Ley Orgánica de la Administración Pública, se reguló la figura de los llamados superdelegados propuestos por el presidente electo; al respecto el futuro dirigente nacional del PAN hizo un pronunciamiento.

Marko Cortés advirtió que el nuevo gobierno le apuesta a tener ‘vicepresidentes’ en cada entidad federativa, que dijo, planean tener amplios poderes en la asignación de recursos públicos, y al mismo tiempo ser los secretarios técnicos en las mesas de seguridad en los estados.

“Lo que se aprueba no es sólo un cambio en la forma cómo va a operar el gobierno federal, es una transgresión a la Constitución, porque se viola el federalismo, la autonomía de cada entidad”, expresó el panista.

Cortés advirtió que con los superdelegados se verá una concentración de poder peligrosa, por lo que reiteró que en el PAN estarán a la altura de defender a los mexicanos.

Recordemos que los diputados aprobaron entre otras modificaciones, lo relativo al artículo 17 ter, en el cual se estableció que los delegados estatales estarán bajo el mando directo del presidente de la República. Adicional se establece que la actuación de las delegaciones estatales tendrán como finalidad dar mayor certeza y transparencia y “ayudarán al gobierno a dar seguimiento de los programas prioritarios de bienestar”.