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El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, inició este martes una investigación para un juicio político al presidente Joe Biden.

La iniciativa prepara el escenario para meses de audiencias divisivas en la Cámara que podrían distraer los esfuerzos del Congreso para evitar un cierre del Gobierno y sobrecargar la carrera presidencial de 2024, en la que todo parece indicar que se volverán a enfrentar Biden y Donald Trump.

El portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, dijo que los republicanos no han encontrado pruebas de irregularidades. “Política extrema en su peor momento”, escribió en las redes sociales.

Los republicanos, que ahora controlan por un estrecho margen la Cámara de Representantes, acusan a Biden de haberse beneficiado mientras ocupó el cargo de vicepresidente entre 2009 y 2017 de los negocios de su hijo Hunter en el extranjero, aunque no han presentado pruebas.

Biden se ha burlado con anterioridad de los republicanos por sus planes de buscar una destitución. Ningún presidente de Estados Unidos ha sido destituido nunca mediante un juicio político, pero el procedimiento se ha convertido ahora en algo habitual.

Muchos en el partido de McCarthy se enfurecieron cuando la Cámara, entonces controlada por los demócratas, buscó enjuiciar políticamente a Trump en 2019 y 2021, aunque fue absuelto ambas veces en el Senado.

No obstante, algunos republicanos de línea dura indicaron ahora que intentarían destituir a McCarthy como líder de la Cámara si no actuaba contra Biden.

“Estoy ordenando a los comités de la Cámara que inicien una investigación formal de juicio político contra el presidente Joe Biden”, dijo McCarthy a periodistas. “Iremos donde nos lleven las pruebas”.

Un antiguo socio de negocios del más joven de los Biden declaró en una audiencia en la Cámara que Hunter Biden vendió la “ilusión” de acceder al poder cuando su padre era vicepresidente, según una transcripción publicada el mes pasado.

México recuperará la Categoría 1 en seguridad área por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) tras dos años de haberla perdido, según reveló esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Una buena noticia, ayer de manera no oficial, porque van a hacer el trámite la semana que viene, ya le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. Habló con ella el secretario de Transporte del Gobierno de Estados Unidos (Pete Buttigieg) para informarle que han decidido ya entregar a México la Categoría 1″, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Recordemos que fue en mayo de 2021 cuando la FAA degradó a Categoría 2 la calificación de seguridad aérea de nuestro país, al señalar que no se cumplía con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una clasificación que comparte con países como Pakistán, Tailandia, Ghana, Malasia y Bangladesh.

El cambio de categoría impide, hasta ahora, abrir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos, mientras que a las empresas estadounidenses les prohíbe compartir asientos con vuelos operados por empresas mexicanas, lo que afectaba la competitividad de México.

Y aunque la medida afecta al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), también golpeaba duramente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), obra insignia del gobierno de López Obrador, quien ha venido impulsando a la nueva terminal aérea y con la decisión de la FAA no ha podido sumar más rutas internacionales.

En ese sentido, AMLO busca recobrar la categoría para impulsar al AIFA, que solo transportó 912,415 pasajeros nacionales e internacionales en 2022, un 62% por debajo de la meta de 2.4 millones del Plan Maestro de Desarrollo.

“Entonces es buena noticia, que lo van a formalizar la semana próxima, le agradecemos mucho al secretario de Transporte de Estados Unidos, le agradecemos mucho al presidente (Joe) Biden”, comentó López Obrador.

La recuperación de la categoría ocurriría tras la visita de Buttigieg en junio pasado a nuestro país, cuando acudió visitó el AIFA.

“Se cumplieron todos los requisitos y por eso ya deciden regresar a México, en el caso del aeropuerto, a que tenga esa categoría. Esto es también un signo, una señal, de que son muy buenas las relaciones”, remató López Obrador.

Estados Unidos advirtió este martes a Corea del Norte de que “pagará un precio en la comunidad internacional” si suministra armamento a Rusia destinado a la guerra en Ucrania.

El gobierno de Joe Biden llamó a Pyonyang a que respete su compromiso público de que no apoyará con armas a Rusia.

“Proporcionar armas a Rusia para usarlas en el campo de batalla contra silos de grano e infraestructura de calefacción de las principales ciudades mientras nos acercamos al invierno para tratar de conquistar territorio de otra nación soberana no va a dejar bien a Corea del Norte y pagará un precio por ello en la comunidad internacional”, indicó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

En conferencia de prensa, el representante estadounidense destacó Washington seguirá buscando oportunidades para disuadir a los norcoreanos de dar ese paso.

Estados Unidos ya había denunciado la semana pasado que la negociación entre Rusia y Corea del Norte para la compra de armas avanzaba activamente y que, de llevarse a cabo, permitiría a Moscú recibir múltiples tipos de municiones.

Ayer, los diarios The New York Times y The Washington Post publicaron que el líder norcoreano, Kim Jong-un, planea viajar a Rusia este mes para hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, y sellar ese intercambio militar.

El Kremlin se negó a confirmar ese posible encuentro, que según la información difundida, podría producirse en próximo domingo en la ciudad de Vladivostok.

Sullivan recordó que, aunque poseen información de que Jong-un “tiene expectativas de que la discusión prosiga, incluso entre líderes y tal vez en persona”, no puede “entrar en detalles” al respecto.

A su vez, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, subrayó que Estados Unidos “ha sido increíblemente claro sobre las potenciales consecuencias de que cualquier país adopte medidas que apoyen a Rusia a avanzar en su ilegal e injusta guerra”.

Pese a que en múltiples ocasiones ha señalado que gobierno debe interferir o inmiscuirse en temas de otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a comentar sobre el proceso electoral de Estados Unidos, específicamente sobre la contienda interna republicana.

AMLO acusó este lunes al gobernador de Florida y aspirante republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, de ser “más antiinmigrante” que el exmandatario estadounidense Donald Trump.

“Este señor DeSantis quiere rebasar por la derecha a Trump y por eso aparece más antiinmigrante que Trump, pura publicidad, politiquería, muy corriente, barata, chafa (de mala calidad)”, declaró el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

López Obrador se refirió a las declaraciones de DeSantis, quien el sábado reiteró ante los medios que, de ganar la Presidencia de Estados Unidos, “el primer día” enviaría Fuerzas Especiales a México para combatir a los cárteles de la droga.

“Tenemos ya que irnos, lamentablemente, acostumbrando a estas balandronadas (fanfarronerías) porque vienen elecciones en Estados Unidos, entonces tanto de un partido como de otro van a estar haciendo cuestionamientos a México”, comentó López Obrador.

“Como estamos en esa temporada de elecciones, hablan de intervenir en asuntos de México, de no respetar nuestra soberanía, insultan, pero no hay que tomarlos muy en serio”, añadió.

López Obrador ha cuestionado antes a DeSantis por sus políticas antiinmigrantes en Florida y por ser partidario de usar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos.

El mandatario fue más allá de responder a las declaraciones del republicano, y afirmó que estas propuestas están detrás de la caída en las preferencias de DeSantis, al exhibir un agregado de encuestas que muestra que el gobernador ahora tiene un 14.7% en el promedio de intención de voto para la contienda interna de los Republicanos frente al 40% que obtenía al inicio de año.

“Resulta que el señor DeSantis, de acuerdo a la información que aparece en los medios de Estados Unidos, se lanzó con una estrategia antiinmigrantes y no le fue bien, y en vez de rectificar sigue con lo mismo y se sigue hundiendo porque no levanta, con todo respeto, vean las encuestas”, expresó el gobernante mexicano.

Defendió que Trump que cuenta con el 52% las simpatías, mientras que DeSantis se queda con el 14% de los apoyos.

Recordemos que tanto López Obrador como Trump han defendido la relación cercana y entendimiento entre ambos; por lo cual este tipo de declaraciones del presidente se han tomado como un “respaldo” a las aspiraciones políticas de Trump.

En tanto, los roces entre México y Estados Unidos han crecido porque el próximo año coincidirán las elecciones presidenciales de ambos países, algo que no ocurría desde 2012. López Obrador ha dicho que pedirá a los mexicanos y latinos en Estados Unidos no votar por políticos antiinmigrantes.

“Esto ayuda mucho a que los mexicanos y nuestros paisanos mexicanos que están allá tengan más elementos del porqué de esas declaraciones ofensivas, la falta de respeto a México, a nuestro pueblo, es que piensan que con esa política antiinmigrante extrema les ayuda electoralmente”, argumentó.

Canadá indicó este viernes que comparte la preocupación de Estados Unidos acerca de que la postura de México de prohibir el maíz transgénico para consumo humano no está basada en ciencia, y adelantó que acompañará, como tercera parte, el panel de solución de controversias solicitado por Washington.

Tras meses de consultas formales sin éxito en el marco del acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC, Estados Unidos llevó la semana pasada la disputa sobre el maíz genéticamente modificado (GMO) a un siguiente nivel solicitando el panel, que deberá resolver sobre el tema durante el primer trimestre del 2024.

Washington alega que el decreto de México que prohíbe el maíz transgénico para el consumo humano no se basa en ciencia y viola sus compromisos en el T-MEC, en marcha desde 2020.

La ministra de Comercio, Mary Ng, y el ministro de Agricultura, Lawrence MacAulay, dijeron en un comunicado que Canadá “comparte las preocupaciones de Estados Unidos de que México no cumple con las obligaciones científicas y de análisis de riesgos” bajo el capítulo de medidas fitosanitarias del tratado comercial.

“Canadá cree que estas medidas no cuentan con respaldo científico y tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano”, añadió el documento.

Ahora con Canadá en la disputada, México sigue sosteniendo que su política está basada en la ciencia. La secretaria de Economía, Raquel Buerostro, dijo esta semana que se descartaban modificaciones al decreto, tras las realizadas a mediados de febrero pasado. En dicho decreto se permitió el uso de maíz GMO para consumo animal.

Y es que recordemos que México compra anualmente cerca de 5,000 millones de dólares a Estados Unidos, la mayor parte grano amarillo transgénico para alimento de ganado.

Los líderes de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, Joe Biden, Fumio Kishida y Yoon Suk-yeol, rechazaron este viernes al término de su cumbre en Camp David el comportamiento “peligroso” y “agresivo” de Pekín en el Mar de la China meridional.

El comunicado final de los tres líderes, bautizado como “el espíritu de Camp David”, usa un lenguaje duro para referirse a la actuación en el Mar de la China Meridional, región en la que se estima que se esconden 11,000 millones de barriles de petróleo y que China se disputa con Taiwán, Brunéi, Indonesia, Filipinas, Malasia y Vietnam.

El documento conjunto también menciona a Taiwán, isla cuya soberanía reclama China, y reafirma la importancia de que haya “paz” y “estabilidad” en esa zona, vital para el comercio internacional.

Se había mantenido como incógnita hasta el último minuto el lenguaje que los tres líderes iban a usar en su comunicado final para referirse a China.

El gigante asiático es el mayor socio comercial tanto de Japón como de Corea del Sur, pero el Gobierno de Biden lo ve como su mayor competidor a nivel global y, aunque asegura que no busca un conflicto abierto, sí ha tomado fuertes medidas para restringir su influencia económica.

Este mes, Biden firmó una orden ejecutiva que limita las inversiones de su país en áreas tecnológicas estratégicas en China, desde la inteligencia artificial a la computación cuántica, para evitar que las Fuerzas Armadas chinas puedan beneficiarse de la tecnología estadounidense para su desarrollo.

La cumbre de este viernes en Camp David entre los tres líderes es la primera que se celebra de manera independiente y no en los márgenes de un foro multilateral, como el reciente encuentro de los tres líderes en mayo pasado aprovechando el G7 en Japón.

Además, Yoon y Kishida son los primeros líderes extranjeros a quienes Biden ha invitado a Camp David, lo que según fuentes japonesas y estadounidenses subraya la importancia que Washington atribuye a la alianza entre las tres naciones para la estabilidad en Asia-Pacífico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que México esté violando el Tratado comercial que tiene con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, esto luego de la solicitud que hiciera el gobierno estadounidense de la instalación de un panel de solución de controversias por las restricciones al maíz transgénico.

“No estamos violando el tratado porque en el tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles, es una muy buena oportunidad para revisar esto. Nosotros no vamos a permitir que se utilice maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México”, expresó el mandatario en su conferencia.

Ayer, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) notificó su intención de abrir un panel bajo el T-MEC por las restricciones a la importación de maíz amarillo que impuso López Obrador.

Washington considera que hay disposiciones incompatibles con el acceso a mercados y medidas sanitarias que establece el tratado en el “Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado” que el Gobierno de nuestro país publicó en febrero pasado.

Como lo ha hecho en otros momentos y en torno a otros casos, López Obrador acusó a las “grandes corporaciones” de “dar dinero” a los legisladores estadounidenses y de financiar investigaciones para justificar los transgénicos.

“Ellos se inconforman, yo entiendo, son las presiones de los grandes agricultores, que están vinculados a legisladores, tienen mucha influencia”, comentó López Obrador.

Y es que las diferencias entre los tres países, pues Canadá ha respaldado la posición de Estados Unidos, han crecido desde el decreto que emitió el gobierno de la autollamada 4T, quien impidió usar maíz amarillo o transgénico para consumo humano y fijó un plazo de dos años para la llegada de este grano destinado a forraje.

México es el segundo destino de sus exportaciones y es el principal importador de maíz amarillo estadounidense, que por lo general es transgénico y se usa para alimentar al ganado.

López Obrador celebró la apertura del panel porque, según él, le permitirá a México presentar pruebas contra los transgénicos y el maíz amarillo.

“Es algo, yo creo importante, el que haya solicitado el Gobierno de Estados Unidos ir a un panel para dirimir, para resolver lo del maíz transgénico, yo creo que va a ser muy importante porque no es un asunto nada más de México, es un asunto que le va ayudar a los consumidores de Estados Unidos”, sostuvo.

Pese a ser firma en su posición, el presidente aseguró que México acatará los resultados del panel, sea cual sea la decisión.

“Vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel, vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita una vez que presentemos pruebas y que se desahogue todo”, remató.

Estados Unidos escaló este jueves su rechazo a las restricciones impuestas por México a las importaciones de maíz genéticamente modificado y solicitó la instalación de un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC, informó la oficina del Representante Comercial (USTR).

La solicitud de llevar la disputa a una nueva instancia, se anuncia tras el fracaso de consultas formales para resolver las diferencias entre los dos países sobre el uso de maíz transgénico, ampliamente producido por los agricultores estadounidenses.

Washington alega que el decreto que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció, y que prohíbe las importaciones de maíz transgénico utilizado en masa y tortillas para el consumo humano, no se basa en ciencia y viola sus compromisos en virtud del acuerdo comercial de América del Norte.

Si el panel falla a favor de Estados Unidos y México no cumple con sus directivas, la USTR ganaría en última instancia el derecho de imponer aranceles punitivos a los productos mexicanos, una medida que podría desencadenar una guerra comercial poco común.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, dijo en un comunicado que la medida tenía por objeto hacer cumplir las obligaciones de México en el T-MEC de mantener las regulaciones basadas en ciencia sobre la biotecnología agrícola.

“Es fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas inconsistentes con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan seguir accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, dijo Tai.

Y es que México compra cada año a Estados Unidos maíz por un valor de unos 5,000 millones de dólares, lo que convierte a este país en su mayor socio comercial. La mayor parte de esas compras son de maíz amarillo transgénico utilizado para la alimentación del ganado.

La solicitud del panel se produce tras 75 días de consultas formales solicitadas por funcionarios estadounidenses en junio pasado.

México pidió a Washington realizar conjuntamente una investigación científica sobre los efectos del maíz modificado genéticamente en la salud pero, según lo dicho por un funcionario mexicano de alto nivel a la agencia Reuters, Estados Unidos se negó.

El gobierno de nuestro país argumenta que el maíz biotecnológico perjudica a las variedades autóctonas y puede tener efectos adversos para la salud.

“El enfoque mexicano de la biotecnología no se basa en ciencia y va en contra de décadas de pruebas que demuestran su seguridad y del riguroso sistema de revisión reguladora basado en ciencia que garantiza que no supone ningún daño para la salud humana y el medio ambiente”, dijo por su parte el secretario estadounidense de Agricultura, Tom Vilsack, citado en el comunicado.

Tras conocerse sobre la solicitud, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, indicó que fue notificada formalmente por la USTR sobre su intención de dirimir, a través de un panel de solución de controversias, las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación del maíz genéticamente modificado.

La dependencia dijo que se encuentra preparada para defender la posición mexicana en el panel internacional y demostrar que: la regulación nacional es consistente con los compromisos suscritos en el T-MEC; y que las medidas impugnadas no tienen afectaciones comerciales.

Ahora que fue solicitado el panel, la siguiente etapa procesal será la designación de los miembros del mismo. Posteriormente, los panelistas deberán emitir un calendario procesal. Conforme a los plazos previstos en el propio Tratado, se calcula que la decisión del Panel se pueda dar a conocer en el transcurso del próximo año, lo que coincidirá con las elecciones presidenciales en ambos países.

La polémica barrera de boyas alambradas instalada en el Río Bravo por el gobierno de Texas, para evitar el ingreso irregular de migrantes hacia Estados Unidos está, en su mayoría, del lado mexicano de la frontera natural, según un levantamiento topográfico realizado por una comisión oficial binacional.

“Una comparación de las ubicaciones registradas de las boyas con la línea de límite oficial (…) establece que aproximadamente 208 pies de la línea de boyas se encuentran dentro de los Estados Unidos, mientras que aproximadamente 787 pies de la línea de boyas (79% del total) se encuentran dentro de México”, dice el reporte realizado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas de Estados Unidos y México (CILA), encargada de resolver diferencias en esta parte de su territorio.

Con anclajes de hormigón, las boyas están sobre el sector de Eagle Pass, sur del país, que limita con Piedras Negras, Coahuila. Se trata de uno de los tramos utilizados por migrantes para entrar a Estados Unidos. El Río Bravo es la frontera natural entre ambos países en ese sector.

El documento fue presentado ante un tribunal federal estadounidense, donde se tramita la demanda realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el estado de Texas.

El gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott, dispuso en julio pasado la instalación de una línea de boyas de unos 300 metros en un área del Río Bravo.

Su instalación provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) calificara dicha acción como una “provocación” que violaba la soberanía de México.

El documento tiene también una imagen aérea con la distribución de las boyas, y muestra cómo hay una gran porción de la línea de boyas que traspasa el límite fronterizo trazado, hacia México.

Para el gobierno federal de Estados Unidos, las boyas violan la ley federal, generan preocupaciones humanitarias y pueden dañar la política exterior.

La SRE ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos en la zona donde se encuentran estas boyas color naranja, fabricadas de tal forma que puedan girar y sea difícil sujetarse de ellas.

El gobernador Abbott ha negado que sus boyas hayan causado la muerte de los migrantes.

La semana pasada, en una reunión en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la canciller de México, Alicia Bárcena, adelantaron que se conformaría un grupo de trabajo para abordar el tema.

Bárcena ya había adelantado que gran parte de las boyas estaban del “lado mexicano” y que habían pedido el retiro de las mismas.

Blinken, por su parte, recordó que el Departamento de Justicia ha solicitado ante los tribunales la remoción de las boyas y que se impidan más instalaciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de dos mexicanos en los incendios que azotaron la semana pasada a la isla hawaiana de Maui, donde la cifra total de decesos ascendió este miércoles a 106.

“Comparto con tristeza el fallecimiento de dos personas mexicanas a causa de los incendios en #MauiFires. Personal consular está brindando asistencia y acompañamiento a sus familias. Expresamos nuestro más sentido pésame ante esta trágica situación”, escribió la canciller Alicia Bárcena en X.

La dependencia detalló que funcionarios del Consulado General de México en San Francisco están en la isla desde el pasado 12 de agosto y están en contacto con las familias “para brindarles la asistencia y el acompañamiento necesarios”.

Asimismo, afirmó que ya están en comunicación con las autoridades locales para confirmar los procedimientos y protocolos a seguir, a partir de la situación de emergencia que todavía permea en la isla.

La SRE comunicó a los connacionales que que el personal puede brindarles atención directa, emitir pasaportes de emergencia y otros documentos de identidad, así como orientarlas y canalizarlas a los recursos que las autoridades estadounidenses responsables están brindando.

“El Gobierno de México reitera su compromiso y prioridad de brindar asistencia y protección consular integral a las personas mexicanas en Maui, y transmite sus condolencias a las familias afectadas”, concluyó la SRE.

La muerte de los dos mexicanos se confirma luego de que las autoridades estadounidenses comienzan a revelar las identidades de las víctimas de los incendios más graves que ha vivido el país en el último siglo.

Las autoridades han alertado que es muy probable que la cifra de muertos aumente considerablemente ya que por el momento solo se ha inspeccionado el 32% del territorio quemado, según los últimos datos oficiales.

A través de un comunicado publicado este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, explicó que el presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, viajarán a la isla el próximo lunes para reunirse con socorristas, sobrevivientes y funcionarios federales, estatales y locales.

Donald Trump se enfrentó este martes a una nueva serie de cargos penales después de que un gran jurado de Georgia recurrió a una ley desarrollada para acabar con las bandas del crimen organizado para acusar al expresidente de Estados Unidos de intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Los cargos, presentados la noche de ayer por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, acusan a Trump y a otras 18 personas por un plan destinado a revertir su derrota ante el demócrata Joe Biden.

La extensa acusación de 98 páginas incluye a 19 acusados y 41 cargos penales en total. Todos los procesados están acusados de asociación ilícita, que se utiliza para perseguir a miembros de grupos de delincuencia organizada y conlleva una pena mínima de cinco años de prisión.

Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, y los abogados Rudy Giuliani, Jenna Ellis y John Eastman se encuentran en la lista de los acusados.

“En lugar de seguir el proceso legal de Georgia para impugnar las elecciones, los acusados participaron en una empresa criminal de chantaje para anular el resultado de las elecciones presidenciales de Georgia”, dijo Willis en una conferencia de prensa.

Trump y los otros acusados tienen hasta el mediodía del próximo viernes 25 de agosto para entregarse de manera voluntaria, en lugar de enfrentarse a un arresto, dijo Willis, quien afirmó que tiene la intención de juzgar a los 19 acusados juntos en un plazo no mayor a seis meses.

A diferencia de las cortes federales donde Trump también está a la espera de juicio, los tribunales estatales de Georgia permiten cámaras, lo que significa que el público podría ver el juicio de un expresidente en televisión en vivo, algo inédito, mientras su campaña para regresar a la Casa Blanca sigue en marcha.

Haciéndose eco de sus críticas a las muchas otras investigaciones a las que se enfrenta, Trump calificó la acusación de “cacería de brujas” en un mensaje en las redes sociales y acusó a Willis de intentar sabotear su candidatura presidencial.

Según dijo el favorito en la carrera por la nominación republicana para los comicios de 2024, publicará un informe sobre el “fraude electoral presidencial” que lo exonerará. “Nunca fueron contra los que amañaron las elecciones. ¡Sólo fueron tras los que lucharon para encontrar a los RESPONSABLES!”.

Desde su derrota en 2020, Trump ha repetido que las elecciones se vieron empañadas por un fraude generalizado. Esas afirmaciones han sido rechazadas por decenas de tribunales, revisiones estatales y miembros de su propia administración.

Giuliani, que saltó a la fama nacional mediante el uso de las leyes contra el crimen organizado para acabar con los mafiosos de Nueva York en los años 80, afirmó que “los verdaderos criminales” en este caso son los fiscales.

En una llamada telefónica del 2 de enero de 2021, Trump instó al principal responsable electoral de Georgia, Brad Raffensperger, a “encontrar” suficientes votos para revertir su ajustada derrota en el estado. Raffensperger se negó a hacerlo.

Partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio cuatro días después en un intento infructuoso de impedir que los congresistas certificaran la victoria de Biden.

La acusación menciona a otros 30 coconspiradores, aunque no fueron nombrados ni acusados.

La canciller Alicia Bárcena sostuvo este jueves un “productivo” encuentro con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en el que abordaron temas como la migración y tráfico de drogas y armas.

“Afable y productivo encuentro hoy con Jake Sullivan”, publicó en redes sociales Bárcena, en su primera visita oficial a Washington desde que asumió el cargo, junto a una fotografía con el principal asesor en materia de seguridad del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que ambos repasaron “los avances en prioridades compartidas como vías de movilidad ordenada y segura, control del tráfico de armas y drogas y las excelentes oportunidades económicas”.

Además, acordaron “colaborar en una estrategia global y regional, concluyó.

Posteriormente, La Casa Blanca indicó que la situación en Venezuela y la crisis en Haití también formaron parte de la agenda del encuentro.

Específicamente, Sullivan reiteró a Bárcena que Estados Unidos está dispuesto a relajar el régimen de sanciones sobre Caracas a cambio de “pasos concretos” para que se celebren elecciones “libres” y “justas” en el país.

También hablaron sobre el compromiso expresado por Kenia para crear una fuerza policial internacional destinada a combatir la violencia en Haití, según dijo La Casa Blanca en un comunicado.

Alicia Bárcena llegó a Washington ayer y se reunió primero con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, encargado de la política migratoria estadounidense.

En ese encuentro, Bárcena reiteró que es “esencial la remoción” de las boyas alambradas instaladas por el gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, en el Río Bravo, frontera entre ambos países, para frenar el paso a los migrantes.

La canciller concluyó esta tarde su visita oficial a Estados Unidos con una reunión con Antony Blinken.

La visita de Bárcena coincide también con la presión que está ejerciendo Estados Unidos para que México haga más en el combate al tráfico de fentanilo, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha negado que ese opioide sintético que se fabrique en nuestro país.

A pesar del rechazo que en repetidas ocasiones ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el jefe de la oficina antidrogas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sostiene que “el fentanilo sí se fabrica en México”.

Sin embargo, Todd Robinson, secretario adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos, reconoció que la cooperación bilateral para frenar su tráfico es “muy buena” aunque todavía puede mejorar.

“Todo lo que hemos visto muestra que, de hecho, el fentanilo sí se está fabricando en México y sabemos que sus precursores químicos vienen de China”, afirmó Robinson en entrevista con la agencia EFE.

“Yo mismo he viajado a México y he visto lo que se fabrica allí, tanto de metanfetaminas como fentanilo. Y estamos trabajando tan duro como podemos con nuestros socios en México para detener el tráfico de dichas sustancias”, señaló.

El fentanilo es un potente opioide sintético cincuenta veces más fuerte que la morfina y causante de la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos, donde el año dejó más de 70,000 personas sin vida por sobredosis.

Según el Gobierno de Joe Biden, los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación producen el fentanilo en laboratorios clandestinos mediante productos químicos y cosméticos que adquieren legalmente de China y luego lo trafican y distribuyen en territorio estadounidense.

El presidente López Obrador ha negado varias veces que se produzca fentanilo en nuestro país, al argumentar que la droga llega directamente desde China a Estados Unidos y que por México pasa solo una pequeña parte.

Pese a estas diferencias, Todd Robinson dijo que la cooperación “es muy buena” tanto a nivel técnico como político, y puso como ejemplo la carta que López Obrador envió en abril a su homólogo chino, Xi Jinping, pidiéndole su “apoyo” en el combate al fentanilo, un gesto que Washington considera “muy positivo”.

“Entonces diría que nuestra cooperación es buena. ¿Puede ser mejor? Siempre puede ser mejor, pero estamos muy contentos de poder trabajar con nuestros colegas mexicanos”, expresó.

Según el diplomático, el Gobierno de Biden quiere que “México haga más para perseguir a los narcotraficantes”, pero también admite su “responsabilidad” para frenar la demanda de drogas en Estados Unidos y desmantelar las redes de narcotráfico dentro de su territorio.

La cooperación con China, en cambio, es más complicada puesto que Pekín ha descartado participar en la coalición global contra el fentanilo que lanzó en julio el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, junto a más de 70 países, México entre ellos.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump insistió este viernes en que los procesos judiciales que tiene actualmente abiertos y las consiguientes imputaciones constituyen en realidad una “interferencia electoral”, y ha apelado al Tribunal Supremo para que interceda en el asunto.

En una publicación en su perfil oficial de Truth Social, Trump acusó al presidente Joe Biden, a quien ha catalogado como su “oponente político”, de estar tratando de golpearle con una serie de juicios que le requieren “grandes cantidades de tiempo y dinero”.

“Los recursos que se habrían destinado a anuncios y mítines, ahora tendrán que gastarse luchando contra estos matones de izquierda radical en numerosos tribunales en todo el país”, manifestó el expresidente, argumentando así que la Justicia estadounidense estaría incurriendo en interferencia electoral.

También recordó que está liderando todas las encuestas, incluso contra ‘Crooked Joe’ (“Joe el deshonesto” en inglés, y en alusión al presidente Biden), aunque dijo, no es un terreno de juego parejo.

“Esto es interferencia electoral, y el Tribunal Supremo debe interceder”, añadió el aspirante a la nominación presidencial republicana.

Un jurado de Washington imputó el martes al expresidente por sus supuestos intentos de revertir el resultado de las elecciones de noviembre de 2020, donde fue vencido por Biden. Tras esto, y después de semanas de discursos provocadores, el 6 de enero se produjo el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump.

Trump anunció en noviembre su candidatura para las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. El magnate lidera las encuestas para representar a los conservadores en la cita electoral, donde podría enfrentarse por segunda ocasión con Biden, que aspira a la reelección.

Se instalará el “espacio internacional multipropósito” acordado con Estados Unidos para atender a migrantes en Tapachula, Chiapas, confirmó este jueves la cancillería.

La nueva secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, visitó este jueves Tapachula, donde recorrió las instalaciones en las que se construirá el primer centro multiservicios para migrantes en medio de récords históricos de solicitudes de asilo en la frontera de nuestro país con Guatemala.

“Venimos a visitar al pueblo de Tapachula, agradecerle por toda su generosidad al recibir a todas las personas que vienen de otra parte del mundo, muy agradecida con eso. Es mi primera gira y estoy contenta de hacerlo al estado de Chiapas, y Tapachula en particular”, declaró la canciller durante su recorrido.

El objetivo principal de Bárcena, quien asumió el cargo el mes pasado, es conocer las necesidades de la zona, para comenzar con la evaluación de la infraestructura existente para después contemplar lo necesario para abrir otros espacios.

Su visita ocurre después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó el martes pasado un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que ese Gobierno acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México.

EUA anunció el viernes pasado que aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a Estados Unidos, un acuerdo tras una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y el presidente López Obrador.

En Tapachula, Bárcena sostuvo que el Gobierno tiene la voluntad de apoyar a los migrantes haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos que Estados Unidos prometió atender.

Sobre las nacionalidades que no califican en el acuerdo, la canciller dijo que hay otras vías, como las visas humanitarias y la aplicación CBP ONE para buscar una cita en Estados Unidos.

Autoridades anunciaron el hallazgo de dos cadáveres en el río Bravo, en una zona donde el gobernador de Texas, Greg Abbott, instaló un muro de boyas alambradas, medida que desató una ola de críticas por el riesgo que implicaba para los migrantes que tratan de ingresar a Estados Unidos a través del río.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que la primera víctima fue hallada atrapada entre las boyas y la segundo a unos cinco kilómetros, “en un hecho separado”.

La SRE aclaró que todavía no había podido identificar a los fallecidos ni determinar la causa de su muerte.

La zona donde fueron encontrados los cuerpos es frecuentemente usada por migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos de forma indocumentada.

“Externamos nuestra preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes que tendrán estas políticas estatales, que van en sentido opuesto a la estrecha colaboración entre nuestro país y Gobierno federal de los Estados Unidos”, afirmó la cancillería que encabeza Alicia Bárcena.

El Gobierno de Texas instaló las barreras de boyas sobre el río el mes pasado y dijo en ese momento que la medida ayudarían a disuadir el cruce ilegal de personas a través de la frontera entre ese estado estadounidense y México.

El mes pasado, autoridades mexicanas informaron que envió dos cartas diplomáticas a Washington diciendo que la polémica barrera violaba un tratado internacional de aguas y que podría invadir territorio nacional.

“Reiteramos la postura del Gobierno de México sobre que la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas es una violación a nuestra soberanía”, señala el comunicado de la SRE.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos también mostró su oposición a las boyas al demandar al Gobierno de Texas el mes pasado, argumentando que la colocación de la barrera representa una amenaza para la navegación y la seguridad pública, además de ser una preocupación de índole humanitario.

A inicios de semana, más de 60 organizaciones enviaron una carta a legisladores del estado texano instándolos a poner fin a “estrategias fronterizas violentas”, anunció en un comunicado la organización Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente fue cuestionado sobre los dos fallecidos.

“Ayer se nos presentó el informe, la Secretaría de Relaciones Exteriores lo está viendo, se está conociendo sobre la nacionalidad hasta ayer y se va a actuar, ya se está demandando el que retiren esas boyas y que es violatorio a nuestra soberanía y también a los derechos humanos ya estamos en eso”, contestó el mandatario.

Sobre si le mandaría un mensaje al gobernador de Texas, López Obrador indicó que “no debería (Abbott) de actuar el así, que es inhumano, que no debería de tratarse así a ninguna persona, no debe de tratarse a nadie, que eso no es de gente buena y que solo siendo buenos podemos ser felices”, remató.

Foto: Twitter @EuniceRendon