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Agentes de la policía del Capitolio que sufrieron ataques y golpizas durante los disturbios del 6 de enero presentaron una demanda este jueves contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha, a quienes acusaron de incitar a una turba violenta para impedir la certificación del voto presidencial por el Congreso.

La demanda en una corte federal en Washington alega que Trump “trabajó con supremacistas blancos, grupos extremistas violentos y partidarios de su campaña para violar la Ley Ku Klux Klan y cometer actos de terrorismo interno en un intento ilegal por conservar el poder”.

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la Ley presentó la demanda en representación de los siete agentes. Los acusados son el expresidente, la campaña de Trump, Roger Stone, aliado de Trump y miembros de los grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers que estuvieron presentes en el Capitolio y en Washington el 6 de enero.

Legisladores demócratas han entablado dos demandas similares en los últimos meses. Alegan que las acciones de Trump y sus aliados provocaron el violento asalto al Capitolio en que docenas de agentes de policía resultaron heridos, se demoró la certificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden y forzó a los legisladores a salir del recinto “para salvar la vida” cuando irrumpieron en la sede de la democracia estadounidense con garrotes, palos y otras armas.

Un comité de la Cámara baja que está investigando los sucesos de la jornada pidió ayer los documentos a las agencias de inteligencia, policía y otros organismos del gobierno. Han solicitado documentos sobre Trump y su equipo al Archivo Nacional.

El pedido de documentos es apenas el inicio de lo que se prevé será una investigación larga, partidista y rencorosa de cómo la turba pudo penetrar en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral, en el asalto más grave al Congreso en dos siglos.

En una declaración emitida ayer por la noche, Trump acusó al comité de violar “principios legales consagrados de inmunidad”.

“Se defenderá la inmunidad presidencial, no solo en nombre de mi Gobierno y los Patriotas que colaboraron conmigo, sino en nombre de la Presidencia de los Estados Unidos y el futuro de nuestra Nación””, afirmó Trump.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer las investigaciones en trámite, concluidas, así como las que cuenten con sentencias absolutorias o condenatorias firmes contra el expresidente, Enrique Peña Nieto.

El periodo que abarca la resolución emitida por el INAI abarca del 1 de diciembre del 2000 al 29 de enero de 2021.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el Comisionado Oscar Guerra Ford planteó que al tratarse de información relacionada con motivos de interés público procede su publicidad, ya que su difusión contribuye a garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información y favorece la rendición de cuentas.

“El daño que se causaría con la difusión de la existencia o inexistencia de denuncias contra la persona de interés, aun cuando esto reviste de carácter confidencial por ser un dato personal y evidente de la persona identificable, genera un mucho mayor beneficio a la sociedad en general al publicitarlos que resguardarlos”, indicó Guerra Ford.

Enfatizó que la difusión de la información referida generar certeza sobre la gestión de los exservidores públicos de más alto nivel durante su encargo y el esclarecimiento de hechos que, en su caso, podrían ser violaciones graves de derechos humanos o actos de corrupción.

“Si se negara el derecho de acceso a la información se impediría que la sociedad tuviera los elementos informativos necesarios para el debido escrutinio del ejercicio de las actividades de la Fiscalía o Procuraduría, en cuanto a sus facultades e investigadores, así como respecto del desempeño del exservidor público”, aseveró.

Y es que la FGR respondió que no podía dar a conocer la información requerida, argumentando que al afirmar o negar la existencia o inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada o identificable, se estaría atentando contra la intimidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia de la persona.

Por eso, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó su inconformidad con la clasificación de la información requerida a la FGR, antes Procuraduría General de la República (PGR).

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Oscar Guerra Ford advirtió que las investigaciones concluidas mediante sentencias condenatorias irrevocables, contra Enrique Peña Nieto, en el período del 1 de diciembre de 2000 al 29 de enero de 2021, por delitos cometidos con anterioridad al ejercicio de sus funciones o encargos, no actualizan la clasificación del pronunciamiento en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable.

Por otra parte, la clasificación sí resulta procedente en lo que se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas contra Enrique Peña Nieto, que hayan culminado con el no ejercicio de la acción penal, que la investigación se encuentre en trámite, pero ya fue notificada a dicha persona, y aquellas que cuenten con sentencias absolutorias firmes o condenatorias.

Sin embargo, la ponencia determinó que debe prevalecer el derecho de acceso a la información, por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron y los recursos de los que dispuso.

La ponencia concluyó que dar a conocer la información permitirá a la población evaluar el desempeño de las autoridades, y constituye la vía más eficaz para que toda la sociedad conozca la información relacionada con las actividades de investigación de la FGR relacionadas con las averiguaciones e indagatorias en contra de una persona que formó parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo locales y de la Federación, lo cual tiene una evidente trascendencia en la vida pública del país.

El expresidente Donald Trump lanzó una página web para “preservar el magnífico legado” de su Administración y avanzar en la agenda “America First”.

45office.com, que está pensada como una plataforma para que los exseguidores del expresidente republicano puedan estar en contacto dada la clausura de las cuentas de Trump en Twitter y Facebook por incitar a la violencia, es un acto de veneración de su Presidencia.

“A través del compromiso cívico y el activismo público, la Oficina de Donald J. Trump se esforzará por informar, educar e inspirar a los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida mientras buscamos construir un futuro estadounidense verdaderamente grandioso”, señala la web.

Una fotografía tomada el día que asumió la Presidencia, en enero de 2017, en la que se ve a Trump bailando con su esposa Melania en La Casa Blanca es la imagen que uno se encuentra al entrar a la web del hoy expresidente y residente en Palm Beach, Florida.

Se indica que a través de su oficina, el presidente Trump seguirá siendo un “defensor incansable de los hombres y mujeres trabajadores” de Estados Unidos, y de su derecho a vivir con “seguridad, dignidad, prosperidad y paz”.

45office.com presenta a Trump como el artífice del movimiento político más “extraordinario de la Historia”, y resalta que fue el hombre que derrotó al ‘establishment’ de Washington y el primer “outsider” (ajeno a la política) verdadero en llegar a La Casa Blanca.

El acento está puesto en sus logros económicos, en cómo la clase media vio subir sus ingresos “cinco veces más que en la anterior administración” y en la reducción del desempleo “al nivel más bajo en medio siglo”, incluyendo los hispanos, los afroamericanos y los asiáticos.

La política migratoria es otro “fuerte” de Trump que la web resalta. Asegura que Trump logró la frontera “más segura” en la historia de Estados Unidos y firmó una serie de acuerdos históricos con los socios del país en el hemisferio occidental para detener el contrabando, el tráfico y la migración ilegal.

Trump, desde su club Mar-a-Lago en Palm Beach, no ha dejado de acusar al presidente Joe Biden de crear un “desastre” en la frontera con México por haber desmantelado sus políticas.

La nueva web también otorga a Trump el mérito de haber “salvado” un número incontable de vidas a los inicios de la pandemia con el cierre de las fronteras de Estados Unidos para chinos y europeos, el reabastecimiento de unos suministros médicos que estaban “agotados” y las pruebas de Covid-19 y vacunaciones masivas.

La web destaca también la política exterior de Trump por haber puesto a Estados Unidos primero frente a China y otros países y haber logrado un acuerdo de paz en Oriente Medio.

El exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva llamó este miércoles a los brasileños a “no seguir ninguna decisión imbécil” del presidente Jair Bolsonaro, quien es un escéptico sobre las vacunas contra el COVID-19, ya ha matado a casi 270,000 personas en el país.

“Quiero hacer propaganda para que el pueblo brasileño no siga ninguna decisión imbécil del presidente de la República ni del Ministerio de Salud. Vacúnense, vacúnense porque esa es una de las cosas que pueden librarnos del Covid”, dijo Lula en su primera comunicación pública tras la anulación de las condenas judiciales que le impedían ser candidato en las elecciones del próximo año.

El exmandatario anunció que se aplicará la primera dosis de la vacuna la próxima semana y lamentó que “las muertes se estén naturalizando” en Brasil, fuertemente golpeado por la segunda ola de la pandemia.

“Muchas de esas muertes podrían haberse evitado, si tuviésemos un gobierno que hubiese hecho lo elemental”, añadió Lula en el acto en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo. Sus declaraciones fueron replicadas en sus redes sociales.

“Lo primero que tendría que haberse hecho el año pasado era crear un comité de crisis” en participación de científicos, pero “teníamos un presidente que hablaba de cloroquina y de gripecita”, prosiguió, en referencia a declaraciones de Bolsonaro que minimizaban la pandemia y alentaban el uso de medicamentos sin pruebas de eficacia contra la enfermedad.

“Este país no tiene gobierno, no tiene ministro de la Salud, no tiene ministro de Economía” y “por eso está empobrecido”, acusó Lula.

Pese a que la prensa local ya comienza a perfilarlo, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) no anunció si tiene la intención de presentarse en los comicios de octubre de 2022.

Según sondeos, Lula es el político con más posibilidades de impedir la reelección del ultraderechista Bolsonaro, aunque su nombre enfrenta igualmente una fuerte resistencia en sectores de la clase media y en otros partidos de izquierda o centroizquierda.

Lula da Silva afirmó también este miércoles que ha sido “víctima de la mayor mentira jurídica” en 500 años de historia de Brasil. “Estaba seguro de que la verdad vencería y ese día llegó”, afirmó el exmandatario.

Recordemos que el juez del Supremo Edson Fachin anuló el lunes todas las condenas contra el exmandatario por supuesta corrupción, en el ámbito de la operación Lava Jato, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos.

Foto: Twitter @brasildefato

El expresidente francés, Nicolas Sarkozy fue condenado este lunes a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose así en el primer exmandatario de Francia en recibir una pena de este tipo.

No obstante, Sarkozy, de 66 años, no irá a prisión ya que su pena a un año de cárcel en firme puede ser conmutada y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto.

Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, es el segundo exmandatario en ser condenado por la justicia, después de su antecesor y mentor político Jacques Chirac en 2011 por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París. Pero por problemas de salud, Chirac nunca compareció ante la corte.

Sarkozy, que repitió incansablemente durante su juicio que nunca ha cometido “el más mínimo acto de corrupción”, escuchó su sentencia de pie frente al tribunal. El expresidente de derecha y sus abogados no hicieron ninguna declaración al salir de la sala.

El tribunal de París también condenó a la misma pena al exmagistrado, Gilbert Azibert, y al histórico abogado del expresidente, Thierry Herzog. Este último también fue condenado a una inhabilitación profesional de 5 años.

Los jueces dictaminaron que hubo un “pacto de corrupción” entre Sarkozy, Herzog y Azibert. Las penas son inferiores a las que había solicitado la fiscalía: cuatro años de prisión, dos de los cuales firmes, alegando que la imagen presidencial se había visto “afectada” por este caso que tuvo “efectos devastadores”.

Sarkozy fue condenado por haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando éste era juez del Tribunal Supremo. Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el denominado caso Bettencourt.

A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo consiguió.

Durante el juicio, que terminó el 10 de diciembre, la defensa protestó contra un caso basado en “fantasías” e “hipótesis” y pidió la absolución de los acusados.

Retirado de la política desde 2016 pero todavía muy popular en la derecha francesa, Sarkozy tiene varias cuentas pendientes ante la justicia. Está implicado en varios casos, incluidas las sospechas de financiación libia de su campaña de 2007, de la que salió victorioso.

Esta primera condena para Nicolas Sarkozy llega a pocos días de que se enfrente a un segundo juicio el 17 de marzo en el caso “Bygmalion”, relativo a los gastos de su campaña presidencial de 2012.

Foto: Twitter @descifraguerra

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump reapareció este miércoles en televisión, al conceder una entrevista telefónica para hablar del fallecimiento de Rush Limbaugh, en la que insistió en sus acusaciones de que hubo fraude en las pasadas elecciones, además de que criticó al Partido Republicano.

Trump, que se encuentra en su club de golf de Mar-a-Lago, en Florida, intervino telefónicamente en la cadena de televisión Fox News para elogiar la figura de Limbaugh, que lo entrevistó en varias ocasiones.

Dijo que Rush creía que él había ganado la elección presidencial, algo con lo que dijo estar de acuerdo; dijo que su triunfo fue “sustancial”, y que mucha gente lo sintió así también.

“No creo que eso le hubiera pasado a ningún demócrata, hubieras tenido disturbios en todas partes si eso le hubiera pasado a los demócratas, no tenemos el mismo apoyo en ciertos niveles del sistema (del partido) republicano, pero tenemos gente genial entre los republicanos. Rush sentía que habíamos ganado y estaba bastante enfadado sobre eso”, añadió el exmandatario.

Desde que las proyecciones de los medios de comunicación dieron al demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales cuatro días después de su celebración, Trump ha insistido en sus acusaciones de fraude electoral sin aportar pruebas y no llegó a reconocer el triunfo de su rival hasta después de que la Cámara Baja aprobara el 13 de enero la acusación para abrir un juicio político contra él por el asalto al Capitolio.

Y es que minutos antes del asalto, el entonces presidente saliente pronunció un discurso incendiario desde La Casa Blanca donde instó a sus partidarios a marchar hacia al Capitolio para “detener el robo” de las elecciones.

Esa intervención sirvió de base a los demócratas para abrir un juicio contra él en el Senado, bajo el cargo de haber incitado a la insurrección, del que Trump fue absuelto el pasado fin de semana, al no haber votos suficientes para “condenarlo”.

Como Trump ya no es presidente, se hubiera enfrentado a una posible inhabilitación para ejercer cargos públicos en el futuro.

Recordemos que desde el asalto al Capitolio, el exmandatario, que durante su mandato estuvo omnipresente en Twitter, tiene bloqueadas sus cuentas en las principales redes sociales

El equipo legal de Donald Trump urgió este lunes desestimar un caso constitucionalmente defectuoso, y señaló que es “absurdo” responsabilizar a su cliente por el ataque al Capitolio.

Pero los demócratas a cargo de la acusación respondieron afirmando que el magnate es responsable del “más grave crimen constitucional jamás cometido” por un mandatario de Estados Unidos cuando incitó a sus seguidores a asaltar la sede del Congreso el 6 de enero.

La Cámara de Representantes aprobó enjuiciar a Trump por segunda vez el mes pasado por su papel en la incitación a los disturbios en el Congreso; su juicio comienza mañana con la totalidad de senadores en el papel de jurados.

Por cuarta vez en la historia, un presidente estadounidense acusado será juzgado. Dos de estos procesos involucran a Trump, una figura política profundamente dañada que, a pesar de eso, sigue siendo una fuerza importante en el Partido Republicano.

Acusado de “incitación a la insurrección”, es probable que una vez más evite la condena debido al apoyo leal del partido en el Senado, pero sus abogados sostuvieron en su presentación preliminar que la Constitución no otorga a la Cámara Alta jurisdicción para juzgar a un expresidente.

“El Senado debería desestimar estos cargos y absolver al presidente porque claramente esto no es lo que los redactores querían o lo que permite la Constitución”, escribieron sus abogados defensores Bruce Castor, David Schoen y Michael T. van der Veen.

“Satisfacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político es un peligro para la democracia de nuestra República y los derechos que apreciamos”, añadieron los abogados.

La defensa utilizó un lenguaje categórico en su escrito de 78 páginas, diciendo que era “simplemente absurdo” argumentar que Trump de alguna manera invocó a una turba para cometer un crimen violento, y que quienes atacaron el Capitolio el 6 de enero lo hicieron por su propia cuenta.

Los abogados fueron igualmente contundentes al rechazar la viabilidad de juzgar a un expresidente. “Se está pidiendo al Senado que haga algo patentemente ridículo: juzgar a un ciudadano común en un proceso que está diseñado para destituirlo de un cargo que ya no tiene”.

Pero los nueve “gerentes” de la acusación, todos legisladores demócratas de la Cámara Baja y abogados, inmediatamente arremetieron contra esa solicitud, señalando que había una evidencia “abrumadora” de delitos y faltas graves procesables.

“Su incitación a la insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, que causó la disrupción de la transferencia pacífica del poder, es el más grave crimen constitucional jamás cometido”, expusieron en un documento de cinco páginas.

El presidente Joe Biden, que sucedió a Trump el 20 de enero, intervino brevemente al regresar este lunes a La Casa Blanca tras un fin de semana en Delaware, pero se negó a pronunciarse sobre si Trump debería ser declarado culpable o se le debería negar el derecho a ocupar cargos políticos en el futuro. “Dejaremos que el Senado lo resuelva”, dijo Biden.

La portavoz de La Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró después a los periodistas que las opiniones de Biden sobre Trump eran claras y que se enfrentó al presidente en las urnas “porque consideraba que no era apto para el cargo.” “Pero va a dejar que sea el Senado el que vea este procedimiento de destitución”, dijo Psaki.

Los miembros del Senado comenzarán con el procedimiento mañana martes a partir de las 13:00 hora local; se enfrentarán a un territorio desconocido: ningún presidente ha enfrentado un juicio de destitución después de haber dejado el cargo.

Para condenar a Trump se requeriría el voto de más de dos tercios de los senadores, lo que significa que 17 republicanos tendrían que romper filas y unirse a los 50 demócratas, lo que se considera casi imposible.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump anunció la creación de una oficina que, desde Florida, gestionará su agenda y comunicaciones públicas, ahora que abandonó La Casa Blanca.

La “oficina del expresidente”, como se ha bautizado este equipo, será “responsable de gestionar la correspondencia, declaraciones públicas, apariciones y actividades oficiales de Trump”, que ha guardado silencio desde que llegó el pasado 20 de enero a su residencia de Mar-a-Lago.

“El presidente Trump siempre será un campeón para el pueblo estadounidense”, indicó la nueva oficina en su nota, que fue difundida entre los principales medios de comunicación y sus corresponsables.

El exmandatario y su esposa, Melania Trump, abandonaron Washington sin reunirse con Biden ni asistir a su toma de posesión, en un desplante sin precedentes en la historia reciente norteamericana. Tras salir de La Casa Blanca, realizó una parada en la Base Andrews, en Maryland, desde donde pronunció un último discurso.

“Volveremos de alguna manera”, proclamó Trump, quien se ha quedado sin sus medios favoritos: las redes sociales, por el veto de sus cuentas tras el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero.

Trump tiene pendiente un juicio político en el Senado por “incitar a la insurrección”, en relación con el asalto a la sede del Congreso estadounidense por parte de cientos de sus seguidores. Está previsto que el juicio comience en la semana del 8 de febrero.

Ayer, los demócratas llevaron el expediente de juicio político contra Donald Trump al Senado. Los fiscales de la Cámara de Representantes presentaron el único cargo de “incitación a la insurrección” después de hacer el recorrido ceremonial por el Capitolio hasta el Senado.

El senador John Cornyn dijo que si el Congreso empieza a celebrar juicios políticos de exfuncionarios, ¿qué será lo siguiente’: “¿Podríamos volver y juzgar al presidente Obama?”

Además, insinuó que Trump ya ha rendido cuentas. “Una forma de que nuestro sistema te castigue es perdiendo unas elecciones”, declaró.

Este jueves se reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría acusando al expresidente Enrique Peña Nieto (EPN) de “traicionar a la patria”, al estar involucrado en los actos de corrupción relacionados a la constructora brasileña Odebrecht.

Según el diario Reforma, quien accedió a una parte del texto, la FGR señala que el exmandatario jugó un “papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo que puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas generales”.

La Fiscalía indica que durante la administración de Peña Nieto los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo. El priísta habría cometido los ilícitos “utilizando como instrumento” a dos altos cargos que lo acompañaron desde la campaña electoral para llegar a la Presidencia.

Dichos funcionarios serían Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, quien reside ahora en Estados Unidos, y a quien la FGR busca detener, y Emilio Lozoya, director de Pemex durante la administración de Peña, y quien fue detenido en España en febrero pasado y extraditado a México.

Según el texto de la Fiscalía, el expresidente “contaba con su propio aparato de poder criminal, con cuya ayuda implementó una estrategia de cooptación de la voluntad de los legisladores encargados de la aprobación de sus reformas estructurales en materia energética”, aprobada en 2013.

El texto añade que el expresidente gobernó “un estado dentro de un estado” y usaba “su propio aparato de poder criminal” para distribuir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

El delito de cohecho se habría cometido cuando, por supuestas órdenes de Peña Nieto, Videgaray distribuyó “a través de interpósitas personas” 121.5 millones de pesos entre legisladores del Congreso.

Según las declaraciones que Lozoya hizo en su denuncia ante la FGR, los destinatario de dicho dinero habrían sido un legislador del PRI, David Penchyna, y tres del Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle y Ricardo Anaya.

Sobre la intención de la Fiscalía de detener a Videgaray, el presidente López Obrador explicó a principios de noviembre que un juez federal devolvió el documento judicial “porque consideró que no estaba bien integrada la averiguación o la solicitud que se estaba haciendo”.

Videgaray se desempeña actualmente como profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos, donde en septiembre pasado algunos alumnos exigieron su destitución por carecer de “autoridad moral”, pero la institución académica descartó la petición.

Emilio Zebadúa González, ex Oficial Mayor de la Sedatu y la Sedesol, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) acogerse a la figura de testigo protegido, ofreciendo revelar detalles sobre la llamada ‘Estafa Maestra’ y el papel que jugaron su exjefa Rosario Robles y el expresidente Enrique Peña Nieto.

Al solicitar el criterio de oportunidad, el exfuncionario federal busca colaborar con las investigaciones y así evitar pisar prisión.

Zebadúa González ofreció revelar que fue Robles quien le instruyó operar los contratos en Sedatu y Sedesol, que permitieron desviar más de 5 mil millones de pesos, además de que aseguró contar con información que relaciona al expresidente Peña Nieto con las operaciones.

Además de Peña Nieto, el excolaborador de Robles Berlanga también ofreció revelar nombres de otras personas que están relacionadas con la ‘Estafa Maestra’.

Zebadúa estaría detallando cómo se usaron los recursos desviados para financiar las campañas del PRI en diversos estados del país, tales como el Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros.

El Pleno del Senado aprobó en lo general, con 64 votos a favor, el dictamen por el que se determina que la materia de Consulta Popular para enjuiciar expresidentes, presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es procedente y cumple con el requisito de trascendencia nacional.

El aval de los senadores llega luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara la constitucionalidad de la petición de consulta, con una propuesta de pregunta en relación con las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos.

Como se informó, la pregunta fue modificada por la Corte, quedando de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

El documento aprobado por el Senado también emite la convocatoria para que los ciudadanos y ciudadanas emitan su opinión en el proceso de consulta popular.

Se reiteró que la consulta ciudadana se llevará a cabo el próximo domingo 1 de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a 18:00 horas.

Se detalla que la organización, desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de resultados de la Consulta Popular estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la metodología que apruebe, el cual será la única instancia calificadora. El Instituto también definirá los tiempos y forma en que se hará la difusión de la consulta.

Se indica que el propio INE determinará la ubicación de las casillas, considerando lugares de fácil acceso, así como su conformación e integración, los cuales deberán procurar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas con alguna discapacidad.

Al término de la jornada, el Instituto declarará el cierre de ésta y procederá a realizar el escrutinio y cómputo de la participación.

El dictamen fue remitido por la Mesa Directiva del Senado a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.

Al respecto, esta mañana el presidente López Obrador comentó sobre el tema, y dijo que lo que se consiguió en la Corte y ahora en el Senado, fue algo muy importante para el país, al grado de que los “conservadores” siguen enojados por haber logrado la consulta ciudadana.

“Sí fue algo, creo yo, importante. Para empezar, nunca se ha hecho una consulta así, estamos en el terreno de lo inédito y a los presidentes no se les tocaba ni con el pétalo de una rosa, eran intocables, no se podía tocar al intocable. Entonces, sí es algo bueno”.

Rechazó que la consulta vaya a representar un gasto de 8 mil millones de pesos como lo ha denunciado la oposición, e incluso sugirió que se modifique el Artículo 35 constitucional para que la consulta se lleve a cabo el mismo día de la elección intermedia de 2021.

Además dijo que el propio INE, quien estará a cargo de la consulta, podría convocar a voluntarios para reducir los costos, pues aseguró, hay muchos ciudadanos interesados en participar.

“Habría nada más que llegar a un acuerdo para que la consulta se haga, además es lo más lógico, si ya la gente va a ir a votar por diputados, senadores, gobernadores, de una vez ahí se decide sobre la consulta, porque otro día, y volver a montar toda la estructura organizativa… esa es una forma de resolver. La otra es que también no cuesta 8 mil millones de pesos hacer la consulta”, refirió el mandatario.

En la jornada de ayer, el Pleno del Senado determinó improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyos económicos a las personas que perdieron sus trabajos, formales o informales, o disminuyeron sus ingresos con motivo de crisis económicas, como la ocasionada por la actual pandemia de Covid-19.

Con 61 votos en pro, 28 en contra y una abstención, los senadores señalaron que dicho tema involucra el ejercicio del gasto público, el cual no puede someterse a un ejercicio de participación ciudadana.

Precisaron que en el artículo 35 de la Constitución, fracción VIII, apartado 3, se establece que no podrán ser objeto de consulta popular, entre otros temas, los ingresos, gastos y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tr.as las declaraciones que emitió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de las investigaciones que se siguen en Estados Unidos contra el Secretario de Seguridad, Genaro García Luna, Felipe Calderón le recordó que la Justicia no es una asunto de consultas.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario agradeció “la buena intención” de AMLO, quien declaró en la mañana que Calderón no estaba, hasta ahora, sujeto a investigaciones por parte del gobierno de Estados Unidos.

Al respecto, Calderón le recordó a AMLO que la “justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes”, pues AMLO declaró que para que su gobierno abriera una investigación, tendría que ser a partir de una consulta ciudadana que así lo avale.

Calderón respondió: “si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

AMLO dijo que la consulta ciudadana para decidir si se somete a juicio no sólo sería para el caso de Calderón, sino abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, desde Salinas hasta Peña Nieto, pasando por Zedillo y Fox.

López Obrador reiteró que él desde que asumió, dijo que él optaba por ver “hacia adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción”.

Finalmente, Felipe Calderón envió una sugerencia al presidente López Obrador “concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el México moderno. Lo necesitamos ahí”.

Pidió que sus estrategas dejen de distraer a la opinión pública con temas relacionados a él.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, sentenció hoy al expresidente Rafael Correa a ocho años de cárcel por actos de corrupción, asociados al delito de cohecho durante su mandato.

Además de Correa,  la autoridad también señaló a miembros que compusieron su  gabinete. Entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas.

El tribunal también indicó que los acusados perdieron sus derechos políticos por un periodo de 25 años.

El máximo órgano de justicia determinó que Correa aceptó “aportes indebidos” durante su administración, y por parte empresarios que dieron patrocinio a su campaña electoral desde el años 2007 y para “posicionar su movimiento político”.

Las autoridades ecuatorianas, además, informaron que otros cercanos al ex mandatario, también fueron implicados en actos de corrupción y cohecho.

Entre ellos: el exsecretario jurídico Alexis Mera, la exministra María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, el exministro Walter Solís y el exministro Vinicio Alvarado, quienes también fueron definidos como coautores, y sentenciados a la misma condena en prisión.

El juez, Iván León señaló que la víctima del delito es el “Estado” y que el tribunal consideró, tras el análisis de la fiscalía, que se demostró la existencia de una estructura de corrupción en todos los niveles de la administración de Correa.

Rafael Correa de 57 años de edad, expresidente de Ecuador (2007-2017), se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, en donde se asilo luego de que en julio de 2018 una jueza ecuatoriana dispuso una orden de prisión preventiva en su contra.

Tras conocerse la condena, Correa calificó a través de sus redes sociales que todo se trataba de un “caso absolutamente grotesco”, y descalificó la sentencia, pues dijo que proviene de una institución de justicia tomada por poder político, toda vez que el presidente del tribunal es “encargado”

Adicional, lamentó que mientras en el país se tiene a muertos en las calles producto del Covid-19, se haya convocado a audiencia para inhabilitarlo en próximas elecciones, que es el verdadero fin de todo el caso en su contra.

El legislador boliviano Tomás Monasterio solicitó hoy al gobierno de Estados Unidos que investigue internacionalmente al expresidente Evo Morales por el delito de narcotráfico.

Por medio de una carta que el diputado boliviano, integrante del partido Unidad Democrática (UD), entregó directamente en la embajada de Estados Unidos en esta capital, se pidió la investigación por parte de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) a Morales por el delito de narcotráfico, publicó el diario Página Siete.

“Hemos venido a solicitar de manera formal la apertura de una investigación internacional por el delito de narcotráfico contra el expresidente Evo Morales Ayma”, declaró Monasterio a la prensa en las afueras de la misión diplomática estadounidense.

Afirmó que existen antecedentes de sobra para poder entender de que hay fuertes indicios de que Bolivia en los últimos 14 años vivió un narcoestado. “Un narcoestado que fue manejado, protegido en un alto grado de complicidad por las altas esferas del poder político del MAS (Movimiento Al Socialismo)”.

El legislador señaló que no ha pedido el retorno de la DEA (Administración para el Control de Drogas​) al país, sino una investigación a Morales.

En la carta, Monasterio recordó el reciente hallazgo de las autoridades mexicanas de al menos una tonelda de droga en un avión en el que los pilotos eran bolivianos. También destacó que en lo que va de 2020 se han destruido 36 fábricas clandestinas de pasta base en la región de Chapare.

“Creo que hoy ha llegado el tiempo de hacer justicia en Bolivia. Es por eso que hoy nos estamos apersonando para que se pueda llevar adelante una investigación internacional por el delito de narcotráfico y complicidad en contra de Evo Morales y su entorno”, enfatizó Monasterio.

En 2008 la DEA fue expulsada de Bolivia por el gobierno del expresidente Evo Morales. Ese mismo año el exmandatario expulsó al entonces embajador estadounidense Philip Golberg, lo que marcó la ruptura de las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos.

Luego de la renuncia de Morales a la presidencia, el 10 de noviembre de 2019, el gobierno interino de Jeanine Áñez reinició las relaciones diplomáticas con Washington y Walter Serrante tomó posesión como nuevo representante diplomático de Estados Unidos en Bolivia.

El expresidente boliviano Evo Morales reconoció, en una entrevista publicada este viernes en la versión digital del diario alemán Zeit, que “fue un error volver a presentarse” a las elecciones.

Fue una equivocación, agrega Morales según reporta el diario alemán; asumir la propuesta del pueblo y aceptarla en base al fallo del Tribunal Constitucional. “Pero el pueblo lo había decidido y yo acepté su propuesta para una cuarta candidatura en el marco de la Constitución”, justificó Morales.

“Debería haber rechazado la propuesta. Pero ganamos la elección en la primera ronda”, reiteró el expresidente.

Morales, quien se encuentra en el exilio en Argentina, defiende el escrutinio pese a la polémica por la pausa que se presentó en el recuento y el salto que dieron los resultados, colocándole a él en primera posición cuando hasta entonces lideraba el conteo el candidato opositor, Carlos Mesa.

“No hubo fraude. La Organización de Estados Americanos (OEA) incendió Bolivia con su informe electoral”, sentencia el expresidente, que confía en que su partido se imponga en los próximos comicios, previstos para el 3 de mayo, aunque advierte que en esta ocasión sí que “puede haber fraude electoral”.

Adelantó que tiene previsto regresar a Bolivia antes de esas elecciones, para la campaña, a pesar de los riesgos que implica.

Explicó además que dimitió “para evitar la pena de muerte”. “La violencia que siguió, el fascismo y el racismo, no lo esperaba”, remató.

En entrevista con la agencia JDS, Tania Ruiz, pareja sentimental de Enrique Peña Nieto, habló de la relación que sostiene con el exmandatario.

La también modelo compartió algunos secretos de su relación, y aseguró que junto a Peña Nieto comparte no solo eventos públicos o viajes, sino experiencias como el ejercicio e incluso sus rituales de belleza.

“Usamos las mismas cremas, nos encanta hacer deporte, mucho de nuestro tiempo que compartimos es para hacer ejercicio”, declaró Ruiz en un evento en el Club de Banqueros.

 

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Bonito inicio de semana! Acuérdense que el que puede puede y el que no critica. Que esta semana sea muy positiva y bendecida para todos!

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Agregó que está muy agradecida con la vida por tener una pareja como Peña Nieto, pues afirmó que “los dos nos hemos hecho mejores personas, el uno como el otro”.

Expuso que el expresidente es una persona que saca lo mejor de ella, así como ella trato de que siempre esté feliz el político.

“Eso se contagia, es un autoreflejo. Si él está feliz es la misma felicidad que me da a mí”, dijo Ruiz.

La declaraciones de la modelo se han viralizado en redes sociales, pues han sido retomadas por diversos medios de sociales y noticiosos.