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El Gobierno Federal determinó por “causa de utilidad pública” la expropiación de cerca de 150 hectáreas y 261,000 metros cuadrados que notificó ayer mediante seis decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para obras de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.

Las expropiaciones serán cinco en terrenos en el municipio de Bacalar y una más en el de Othon P. Blanco, ambos en Quintana Roo, pero la superficie expropiada también abarca el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, y en Escárcega, Campeche.

En la edición vespertina el DOF de ayer se publicaron los seis decretos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por los que se expropian distintas superficies del sureste del país para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a cargo del proyecto del Tren Maya.

La Sedatu apuntó, en todos los casos, que las expropiaciones se realizan “por causa de utilidad pública” y en estas se incluyen construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos.

En el aviso se apuntó que con motivo de la entrada en vigor del decreto, Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, “deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho”.

Esto, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN).

El Tren Maya es uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuyo plan es construir más de 1,500 kilómetros de vía férrea en cinco estados del sureste del país: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Desde el inicio de su construcción, activistas han obtenido amparos y han exigido al Gobierno suspender obras en distintos tramos señalando la tala de miles de árboles, la contaminación de ríos subterráneos, afectaciones a cenotes y daños al patrimonio natural y arqueológico.

López Obrador, quien ha lleva cabo distintas expropiaciones para este megaproyecto en los últimos meses, ha reiterado en distintas ocasiones que el Tren Maya iniciará actividades en diciembre de 2023.

Luego de la toma del tramo ferroviario de Ferrosur, el gobierno federal ha venido haciendo declaratorias de causa de utilidad pública de diversos terrenos para obras como el Tren Suburbano y el Tren Maya.

El más reciente caso se dio este jueves, cuando la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que dirige Román Meyer Falcón, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva “declaratoria” de causa de utilidad pública relativa 51 inmuebles de propiedad privada en municipios de Yucatán y Quintana Roo.

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Estos terrenos, que equivalen a 242,627.34 metros cuadrados, serán destinados para la construcción de obras de infraestructura pública relacionadas con el Tren Maya.

En la exposición de motivos, la SEDATU recuerda que “las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización”, explicando que la Ley de Expropiación establece como causa de utilidad pública la “construcción de obras de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos que requieran de bienes inmuebles y sus mejoras, derivada de concesión, de contrato o de cualquier acto jurídico celebrado en términos de las disposiciones legales aplicables”.
Apunta que en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se indica que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio.
Recordemos que el Tren Maya recorrerá mil 525 kilómetros, y pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
” Conforme al Dictamen Técnico elaborado por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., los inmuebles que se señalan en la presente Declaratoria son apropiados e idóneos para la construcción y el funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya, por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del Tramo 4″, se lee en el decreto publicado en el DOF.

Los terreros que se expropian se ubican de la siguiente forma:

  • En Yucatán, e el municipio Sudzal, hay cinco inmuebles; en el municipio Kantunil, dos; en el municipio Tinum, seis; en el municipio Uayma, cuatro; en el municipio Valladolid, 27 y en el municipio Chemax, dos.
  • En Quintana Roo se contemplan inmuebles en dos municipios: Lázaro Cárdenas, con tres y Puerto Morelos con dos.

De acuerdo con el diario REFORMA, por medio de diversos decretos, la 4T ha ocupado más de 2 mil hectáreas de terrenos, inmuebles o parcelas de privados para la construcción del Tren Maya.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, afirmó que la reforma eléctrica que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no pretende expropiaciones tal como los detractores de la 4T han acusado, por lo que no se les pagará indemnización a los productores de energía privados.

“No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie, porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada, nada más les decimos ustedes se quedan en esta parte”, apuntó la funcionaria.

Nahle, quien participó en la reunión plenaria de los senadores de Morena, recordó que la reforma eléctrica plantea que un máximo del 46% del mercado se les va a dar a los privados que ya operan en México. “Una participación muy importante para que ellos ahí, en un libre mercado justo, justo, participen entre ellos”, aseveró.

Nahle retomó el discurso del presidente López Obrador, y recordó que en 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produjeran su electricidad.

Sin embargo, afirmó, esto decayó en una práctica ilegal, creando un mercado paralelo donde los permisionarios simularon tener socios y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal, lo cual apuntó “es una actividad ilegal”.

Además, Nahle sostuvo que las sociedades de autoabasto no cubren el costo real del transporte de la energía, mejor conocido como porteo, se interconectan en la red creando inestabilidad en el sistema, captando incentivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La funcionaria recalcó que la reforma tiene el objetivo de fortalecer a la CFE, y aseguró que “conviene a los mexicanos”. Asimismo, rechazó que la reforma esté en contra de las energías limpias “es un absurdo, es una mentira”.

“Lo que nosotros sí queremos es un adecuado balance energético porque, encontramos un sistema eléctrico y un sistema de combustibles con un desbalance terrible; y lo primero que hace cualquier país es hacer su balance”, precisó.

Además, afirmó que esta reforma no viola el tratado comercial que México tiene con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, pues “el artículo 8 del tratado se reserva el sector energético de México para hacer los cambios constitucionales que se requiera a ello”.

En el marco de su participación en la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión, el candidato presidencial de Morena-PT-PES, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en caso de ganar la elección del próximo 1 de julio, no habrá expropiaciones ni confiscaciones a los empresarios del país.

El tabasqueño reiteró que habrá respeto absoluto a la libertad de expresión, a la libertad de manifestación de las ideas, y sostuvo que no habrá cancelaciones de ninguna concesión de radio o televisión. “No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria, vamos siempre a proceder de manera legal para que no haya malos entendidos”.

Dio su palabra de que no se reelegirá, pues se considera un demócrata y respetará las libertades y la pluralidad. Dijo que es necesario que haya Estado de Derecho y legalidad, porque eso ha impedido que haya confianza y que se avance en el país.

Recordó que cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México respeto a los medios de información, no tuvo problemas con los medios pues fue respetuoso y así será cuando empiece a actuar como presidente de la República. Indicó que en lo político electoral, la democracia debe ser lo más importante y no el dinero.

Dijo que se deben administrar de forma correcta los tiempos oficiales, pues insistió en que no todo sea política ni avalar el gobierno, y sostuvo que con él la administración federal no se necesitará de propaganda y se informará lo que sea necesario.

Ante los concesionarios de los medios, dijo que si hoy fuesen las elecciones ganaría con 25 puntos de ventaja pues es bastante el número de mexicanos que lo apoyan y lamentó que aún haya quienes busquen crear de manera artificial la polarización el voto para las elecciones del 1 de julio.

 

Desde la semana pasada, el diario El Universal, ha estado revelando información financiera sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del actual presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya y de su familia política, y aunque este a desmentido la información, ahora el diario revela nuevos detalles sobre esta práctica ahora en cuanto a o relacionado con compra y venta de terrenos expropiados por el gobierno estatal.

 

De acuerdo a lo revelado por el diario, las expropiaciones de terrenos de las cuales sacó ventaja el blanquiazul, al permitirles comprar las tierras a costos bajos y después revenderlas en grandes cantidades, se hicieron cuando Francisco Garrido patrón se encontraba al frente del gobierno estatal (2003-2009), periodo en que Anaya fungía como Secretario Particular del Gobernador.

 

La investigación revela que en 1997, el gobierno de Querétaro expropió el predio La Machorra, con el objetivo de construir una carretera, pero al no concretarse el proyecto se le tuvo que dar a las tierras un uso de agostadero; sin embargo fue a finales de junio de 2007, cuando el gobierno emitió un decreto para poder llevar a cabo la enajenación del terreno.

 

En el terreno se construyó un Parque Industrial que constaba de 110 lotes, del cual la empresa Juniserra S de RL de CV, propiedad de los suegros de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco; su esposa, Carolina Martínez Franco; su cuñada, Natalia Martínez Franco y el propio dirigente del PAN (con 42% de participación), adquiró un lote en el cual construyó una nave industrial y dos años después, el 25 de agosto de 2016, vendieron esta propiedad en 53 millones 765 mil 31 pesos, a Manhattan Master Plan Development S de RL, lo que les habría representado una ganancia de más de 43 millones de pesos.

 

Al respecto el líder nacional fijó postura al respecto y acusó al Gobierno Federal de estar detrás de ello. “Otra vez el Gobierno Federal, a través de El Universal, miente para desprestigiarme. Ahora dicen que me beneficié de una expropiación que ocurrió en 1997. En esas fechas yo tenía 17 años, iba en tercero de preparatoria, no militaba en ningún partido ni mucho menos trabajaba en el gobierno”, indicó el dirigente nacional.

Anaya reconoció haber comprado el terreno industrial en cuestión durante 2014, y afirmó que lo hizo a un precio de  “66 dólares por metro cuadrado (precio de mercado) y no se lo compré al gobierno. Se lo compré a una empresa de accionistas extranjeros (estadounidenses) llamada Park Developemet”.

El posible aspirante a la candidatura panista a la presidencia de la República, sostuvo que “hoy demostraré que es el Gobierno Federal quien está detrás de esta campaña de desprestigio y el miércoles presento la demanda contra El Universal por las mentiras de la semana pasada. Estoy seguro de que un juez federal me dará la razón”.

Remató al reafirmar que “aunque me sigan difamando, no cederemos en el tema del Fiscal General que pretenden imponer para garantizarse impunidad”.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Archvio APO