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Tras el arresto que sufrió la tarde de ayer en Cuernavaca, el ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, logró que un Juez de Control y Juicios Orales le concediera el beneficio de arraigo domiciliario.

 

En entrevista Vera aseguró que el arresto que sufrió fue arbitrario, pues “indicaron a la gente que estaba que me llevaban con un juez de control, entiendo que esa era la instrucción, pero acabé en el reclusorio de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec”.de en el municipio de”. Relató que al llegar al penal, le negaron la llamada telefónica a la que tenía derecho, por lo que no pudo hablar ni con sus abogados.

 

“Me parece que es una manera autoritaria en que ha procedido el gobernador de manera sistemática, inventándome delitos, ya llevo nueve, intentaron meter algunas ante la PGR por tráfico de órganos, pagando a testigos, a la líder sindical… ahora estoy con arraigo domiciliario, estoy con la custodia de la policía hasta que el juez determine lo procedente”, añadió el ex rector de la UAEM.

 

Por su parte la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción del Estado, informaron que tras cumplimentar la orden de aprehensión en contra del ex rector, “con estricto apego a derecho y salvaguardando sus garantías individuales”, Alejandro Vera fue trasladado a las instalaciones del Centro de Reinserción Social “Morelos”, siendo la Policía de Investigación Criminal, la que procedió a la detención.

 

Con información de El Financiero / Foto: Archivo APO

La Fiscalía de Nayarit confirmó el hallazgo de 33 cuerpos en tres fosas clandestinas que se encontraron en el municipio de Xalisco.

 

Las fosas comenzaron a ser localizadas desde el sábado pasado, cuando integrantes del Colectivo Familias Unidas en busca de desaparecidos, recibieron una llamada anónima en la que se indicó la existencia de cuerpos enterrados en predios de la comunidad El Pantanal.

 

Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía estatal, quienes comenzaron con la búsqueda de los restos, lo que permitió que se encontraran la segunda y tercer fosa en los sembradíos de caña y plátano.

 

De acuerdo a los reportes oficiales, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en donde se les realizará los estudios correspondientes para lograr su identificación. Versiones señalan que los cuerpos fueron enterrados hace seis meses.

 

 

Por su parte el gobierno del Estado emitió un comunicado de prensa en el que indicó que los crímenes se produjeron meses o años antes de que la actual administración asumiera el control, por lo que hizo un llamado a las autoridades federales para garantizar la seguridad de los nayaritas.

 

“En torno a los recientes hallazgos de cadáveres y osamentas en depósitos bajo tierra, que el trabajo de autoridades locales y la participación de ciudadanos, a través de la denuncia anónima al 089 han hecho posibles, demanda también de las instancias federales un mayor compromiso para que se investiguen a fondo estos delitos, que se habrían cometido muchos meses o incluso años atrás, pero que no deben quedar impunes”, indicó el texto del gobierno estatal.

 

Con información de Medios / Foto: Twitter

Dámaso López Serrano, mejor conocido como “El Mini Lic”, se declaró culpable de ser el líder del “Cártel de Sinaloa”, además de dos cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

 

Luego de aceptar su culpabilidad, tendrá que esperar una condena por parte de la corte, la cual de acuerdo a las leyes del país vecino, podría ser de al menos 10 años de cárcel. Se espera que la condena sea impuesta en julio próximo.

 

Recordemos que el hijo de Damaso López Nuñez, “El Licenciado”, y considerado el brazo derecho de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, se entregó a las autoridades estadounidenses el pasado 27 de julio en Calexico, California, considerándose la “rendición de mayor rango de un cártel mexicano” en la historia.

 

En su primera comparecencia ante el juez en agosto, López Serrano se había declarado no culpable de los delitos de importación y distribución de al menos 500 gramos de metanfetaminas, cinco kilogramos de cocaína y un kilo de heroína; sin embargo sus abogados solicitaron una nueva audiencia para cambiar su declaración tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, del cual no se dieron mayores detalles.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

Tal como lo indicara el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se confirmó que el priísta Manlio Fabio Beltrones solicitó a una juez federal un amparo contra cualquier orden de aprehensión proveniente de dicho gobierno, como parte de las investigaciones que se siguen por los presuntos desvíos a las campañas del tricolor en 2016.

 

María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, admitió a trámite el juicio de garantías, en el cual Beltrones también solicitó evitar que la Fiscalía de Chihuahua le impida el acceso a la carpeta de investigación que llegue a realizarse en su contra.

 

Antonio Collado, abogado del ex presidente del PRI, habló en entrevista radiofónica, en la que aseguró que “quieren involucrar a Manlio Fabio Beltrones, quien solicitó un amparo contra una posible orden de aprehensión y que no pase lo que pasó con Alejandro, que fue aprehendido sin citatorio, además de que se le informe si hay alguna investigación en su contra”.

 

 

Recordemos que el pasado mes de diciembre, Beltrones negó cualquier relación o participación en el supuesto desvío. Incluso cuestionó que éste existiera, pues dijo “el gobernador Javier Corral y el Fiscal del Estado de  Chihuahua, han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con  testigos protegidos que aportan declaraciones a modo, para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando  beneficios en la temporada electoral”.

 

Aseguró también que “el Fiscal de Chihuahua ha vulnerado el proceso al filtrar supuestos de investigación que causan daño moral y vulneran la integridad de quienes  son indebidamente mencionados en la investigación de referencia”.

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE), informó sobre el asesinato del diputado local, el perredista Saúl Galindo, quien fue privado de la vida en el Municipio de Tomatlán.

 

 

“La FGE ha iniciado las investigaciones para dar con los responsables en torno a la agresión que sufrió el Dip. Saúl Galindo, en el mpio. de Tomatlán”, indicó la dependencia a través de sus redes sociales, y añadió que no “tolerará este tipo de actos y buscaremos castigar a los causantes”.

 

Se detalló que el Fiscal General Raúl Sánchez Jiménez, se trasladó al lugar de los hechos para dar inicio a las investigaciones.

 

De acuerdo a los primeros reportes, Galindo fue agredido a balazos cuando viajaba a bordo de su camioneta por la Carretera Federal 200, y aunque no perdió la vida al instante, falleció mientras era trasladado al hospital de Tomatlán.

 

Por su parte el Gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, indicó que instruyó al titular de la Fiscalía, para dar seguimiento puntual al asesinato del legislador. La dirigencia nacional del PRD, indicó que “condena el asesinato de nuestro compañero (…) exigimos el pronto esclarecimiento de los hechos y castigo a quienes resulten culpables”.

 

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, informó que un hombre fue vinculado a proceso, luego de acreditar su probable participación en el intento de asalto que sufrió Adolfo Lagos, directivo de IZZI el pasado 19 de noviembre, en la autopista México-Tulancingo.

 

 

 

Se trata de José Alberto, de 26 años de edad y originario de San Felipe Teotitlán, en el municipio de Nopaltepec, quien fue detenido el pasado 20 de diciembre por parte de Agentes de Investigación.

 

La autoridad indicó que el imputado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba, autoridad que lo vinculó a proceso por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y robó con violencia en grado de tentativa.

 

Los titulares de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acordaron acciones y estrategias conjuntas inmediatas para combatir los delitos de alto impacto, como robo a casa-habitación, robo a negocio, robo a cuentahabientes y robo a transporte público en ambas entidades, particularmente en las zonas limítrofes entre éstas.

 

 

Los titulares de las dependencias, Edmundo Garrido Osorio, y Alejandro Gómez Sánchez, respectivamente, acompañados por sus equipos de trabajo, y con la presencia de representantes de las Secretarías de Seguridad Pública de las dos entidades, se reunieron en la sede de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, para intercambiar puntos de vista y determinar las labores de inteligencia y de campo a desarrollar en lo inmediato.

 

Entre los acuerdos alcanzados destacan:

  • Intercambio de información y de bases de datos que permita ubicar a posibles delincuentes en el Estado de México y en la capital del país.
  • La realización de operativos simultáneos en zonas específicas, para evitar el “efecto cucaracha” que permite a los delincuentes pasar o huir de una entidad a otra
  • La realización de operativos conjuntos en las zonas limítrofes
  • Abordar la problemática y establecer los mecanismos, estrategias y acciones de combate a la delincuencia desde una perspectiva integral.
  • Permitir el ingreso de elementos de una entidad a otra durante la persecución de delincuentes sorprendidos en flagrancia
  • Establecer objetivos y programas específicos para desarticular bandas completas en corto tiempo

 

Luego de que la tarde de ayer se reportara la muerte de Gumaro Pérez, en Acayucan Veracruz, la Fiscalía General del estado emitió esta tarde un comunicado en el que aseguró que “como resultado de las primeras diligencias realizadas (…) se detectó nula actividad periodística de quien se identifica como Gumaro P.A., y quien fuera privado de la vida el pasado 19 de diciembre”.

 

La dependencia aseguró que la pérdida de cualquier vida “es lamentable”, por lo que la investigación continuará su curso hasta esclarecer en su totalidad los hechos; no obstante, es preciso aclaró que no existe testimonio alguno de que el fallecido se dedicara al periodismo.

 

“Lo anterior deriva de que en la actualidad no trabajaba para medio de comunicación alguno, ni como reportero, ni como periodista, ni como fotógrafo, lo cual es confirmado por su cónyuge; así como por los medios El Golfo Pacífico, Diario de Acayucan, Liberal de Coatzacoalcos y Voz del Sur, en los cuales alguna vez colaboró, aunado a que un portal de su autoría fue dado de baja desde hace algunos meses”, añade la instancia.

 

 

 

 

Mientras la Fiscalía estatal aclara la profesión de Gumaro, el gobierno de Estados Unidos condenó hoy el asesinato. “Una vez más expresamos firmemente nuestro compromiso con defender la protección de los periodistas y su papel vital en las sociedades abiertas”, manifestó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, en su cuenta institucional de Twitter, en la que calificó a  Pérez de “valiente periodista”.

 

 

 

En un mensaje de su red social, la embajadora de dicho país en México, Roberta Jacobson, calificó de “cobardes asesinos” a quienes dispararon contra el supuesto reportero cuando este se encontraba en un evento navideño en la escuela de su hijo.

 

Los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás emitieron esta tarde un pronunciamiento sobre las declaraciones del Coordinador Parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien aseguró que se encuentra trabajando en una Ley para la Fiscalía General de la República y que en los siguientes días harán los nombramientos de los titulares de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

 

“La Ley referida, sería la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que en caso de aprobarse, vendría acompañada de la declaratoria de entrada en vigor de la Fiscalía. Con ello se dejaría de lado la posición de la Sociedad Civil en el sentido de que es necesario reformar integralmente primero el artículo 102 de la Constitución para sentar las bases de una Fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político. De la misma manera descartaría, sin mayor debate, el dictamen conjunto que hemos propuesto más de 300 organizaciones y personas agrupadas en el colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, desde el pasado 29 de agosto en el Ángel de la Independencia”, indicaron los colectivos.

 

Señalaron que ante la grave crisis de nuestro sistema de justicia,  que ha llegado al grado de que al frente de la Procuraduría General de la República, hoy esté un encargado de despacho, “hemos sido claros en señalar la necesidad de centrar los esfuerzos en el diseño de la Fiscalía General (lo cual pasa irreductiblemente por la reforma integral al artículo 102 apartado A constitucional) y, después, en las designaciones de quienes deben encabezar las Fiscalías reconocidas por la Constitución”, advirtieron que hacerlo al revés, aleja al país del propósito de contar con las herramientas institucionales adecuadas para combatir eficazmente la impunidad que padecemos las mexicanas y mexicanos.

 

Aseguraron que con ese tipo de declaraciones públicas, los legisladores generan incertidumbre y hacen parecer que existe la intención de aprovechar el clima de confusión y la saturación de la agenda legislativa, para avanzar en una reforma estética al sistema de procuración de justicia.

 

“Claramente, esto no es lo que el país necesita. Tampoco realizar nombramientos alejados de los estándares internacionales para la designación de Altos Funcionarios de Justicia, sin contar con la participación efectiva de la sociedad civil”, remataron.

 

La tarde de este jueves comenzó a circular un video a través de las redes sociales, en el cual se evidenciaba un supuesto secuestro en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida frente al centro comercial Plaza Galerías en Cuernavaca, Morelos.

 

 

 

 

Al hacerse virales dichas imágenes, la Fiscalía General del Estado de Morelos emitió un comunicado en el que aseguró que en la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) estatal, no existe ninguna denuncia por ese supuesto plagio, ni por privación ilegal de la libertad.

 

Añadió que la Fiscalía giró oficios de colaboración a la  Procuraduría General de la República (PGR) para indagar si en dicha dependencia se tiene alguna denuncia o en su caso algún procedimiento que haya derivado en una detención.

 

Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía a que utilice “con responsabilidad” las redes sociales, y que ante cualquier duda se corrobore con información oficial de las instituciones encargadas de la prevención y combate del delito, antes de compartir los mensajes.

 

La fiscalía federal para el distrito sur de Nueva York anunció hoy que un gran jurado amplió de 2 a 22 los cargos contra Sayfullo Saipov, el presunto autor del atentado terrorista que dejó ocho muertos y 12 heridos el 31 de octubre, por los que podría enfrentarse a la pena de muerte.

El gran jurado le acusó de ocho cargos de asesinato y doce de intentos de asesinato en beneficio del crimen organizado, uno de proveer e intentar proveer material de apoyo al grupo terrorista Estado Islámico (EI) y otro de violencia y destrucción de un vehículo de motor, informó la fiscalía en un comunicado.

El inmigrante uzbeko, de 29 años, resultó herido por la policía y arrestado tras el atropello múltiple en el bajo Manhattan, en el que murieron cinco argentinos, y hasta hoy permanece en prisión.

Al día siguiente fue acusado de dos cargos: de proveer recursos y material de apoyo al EI, y de violencia y destrucción del vehículo, que han sido ampliados a 22.

Durante el proceso judicial, las pruebas se envían a un gran jurado, que tiene autoridad para retirar o ampliar los cargos contra un sospechoso de un delito grave, lo que ocurrió en este caso.

El presunto responsable del atentado terrorista, que residía en el vecino estado de Nueva Jersey, llegó a Estados Unidos en marzo de 2010, y comenzó a planificar el atentado hace un año, para después conducir una camioneta que había alquilado para “matar tanta gente como pudiera”.

Presuntamente eligió esa fecha ante la creencia de que causaría un mayor número de víctimas debido al tradicional desfile de Halloween que se desarrolla en Nueva York. Según señalaron las autoridades, el uzbeko salió del vehículo con el que perpetró el atentado gritando “Alá es grande” en árabe y supuestamente quería llevar la bandera del EI, pero desistió para no llamar la atención.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

A través del colectivo #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, cerca de 300 organizaciones civiles y académicas, hicieron un pronunciamiento en que resaltan que “realizar la designación de nuevos titulares en las Fiscalías acéfalas sin haber transformado antes la institución sería un cambio superficial que no logrará hacer frente al flagelo de la impunidad”.
https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/930881760149118977
“Diseñar la nueva Fiscalía General debe ser una prioridad para nuestro Congreso. Del diseño integral de la fiscalía dependen la eficacia de los ministerios públicos y buena parte también de la procuración de justicia en el país, pero también piezas tan importantes como la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y una cada vez más necesaria Fiscalía Especializada en Derechos Humanos”, sostuvieron las organizaciones a través de un comunicado.
Indicaron que abrir la discusión legislativa sobre la Fiscalía General es la antesala para el nombramiento del Procurador General de la República y los Fiscales Especializados en Anticorrupción y Delitos Electorales.
“Sin instituciones funcionales que garanticen la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado, transparencia y rendición de cuentas de la procuración de justicia, no se puede romper con las malas prácticas y vicios institucionales que durante años ha arrastrado la Procuraduría General de la República y que podría heredar la nueva Fiscalía. Por eso consideramos necesario abrir la discusión legislativa del 102 Constitucional y después nombrar a los fiscales”.
La discusión de la nueva Fiscalía General es un asunto urgente y muy necesario para fortalecer nuestro Estado de Derecho, y tal vez la principal prioridad legislativa una vez aprobado el paquete económico 2018.

Luego de que un juez emitiera una orden de aprehensión contra el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez y su esposa María Elena Ávila Guerrero, y se realizaran diversos operativos para lograr cumplimentarla, el Juzgado cuarto de distrito, con sede en Cuernavaca, concedió un amparo al funcionario para impedir que la Fiscalía Anticorrupción estatal lo detenga.

 

El amparo es emitido en respuesta a la carpeta de investigación contra Vera Jiménez y su esposa en donde se les acusa de enriquecimiento ilícito, pues se detalla que sus ingresos no corresponden al patrimonio que han forjado en los últimos cinco años que lleva al frente de la UAEM, en específico a lo concerniente a las propiedades adquiridas en dicho periodo.

 

De acuerdo a lo resuelto por el fiscal Juan Salazar Núñez, se concede la suspensión provisional de la orden de aprehensión, sin embargo se detalla que el rector comparecerá ante un juzgado oral para enfrentar la acusación que se le formula, aunque su presencia no implicará su detención.

 

Con información de El Universal / Foto: Archivo APO

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó a la juez Carmen Lamela que emita una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el ex presidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont.

 

La orden solicitada incluye también la detención de los cuatro ex consejeros que no acudieron hoy a comparecer ante el órgano de justicia, quien desde el martes pasado les citó con el fin de dar curso a la investigación que se les sigue por delitos de rebelión, sedición y malversación.

 

El Ministerio Público señaló que “constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso” por lo que se procedió a solicitar dicha orden de detención.

 

Criticaron la petición de Puigdemont sobre su “intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Meritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia”, sin embargo resaltan que esa medida no “ofrece dato alguno sobre su paradero actual”, por lo que el fiscal solicitó que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al saber que han viajado a ese país.

 

Con información de EFE / FOTO: Archivo APO

La Fiscalía General de España presentó cargos este lunes contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y todo su gabinete, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros diputados regionales por rebelión, sedición y malversación por impulsar un proceso independentista.

 

El Ministerio Público solicitó una fianza conjunta de 6,2 millones de euros para todos los imputados y, en su caso, “embargo de bienes” por sus posibles “responsabilidades pecuniarias”.

 

El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, ordenó el viernespasado el cese de Puigdemont y todo su equipo de gobierno, disolvió el Parlamento regional y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre amparado en el artículo 155 de la Constitución.

 

La decisión se tomó, con autorización del Senado, justo después de que el Parlamento catalán aprobara en votación secreta una resolución cuyo preámbulo declaraba un “Estado independiente en forma de república”.

 

En ambos casos, la Fiscalía demanda que los imputados sean citados urgentemente a declarar con vistas a una “eventual solicitud de medidas cautelares”. En caso de incomparecencia, se pide la detención “inmediata”.

 

El fiscal general responsabiliza a los anteriores miembros del gobierno catalán de decisiones y actos que han producido una “crisis institucional” que culminó con la “declaración unilateral de independencia” por parte del Parlamento catalán con un “total desprecio” a la Constitución española.

 

El delito de rebelión está penado en España con entre 15 y 25 años de prisión para los jefes o instigadores, y hasta 30 si se han esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia. La Fiscalía también los acusa de malversación por el “uso ilegal de fondos públicos” para permitir el referéndum.

 

Con información de EFE / Foto: Archivo APO

Un juez envió a juicio al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su entonces vicepresidenta Roxana Baldetti acusados de supuesta corrupción.

 

La decisión del juez Miguel Ángel Gálvez ocurre dos años y medio después de que la Fiscalía y la Comisión  Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hicieran pública una investigación sobre una estructura integrada por los exmandatarios, funcionarios, empresarios y particulares involucrados en una supuesta defraudación aduanera por varios millones de dólares.

 

La fiscalía acusa a Pérez Molina y a Baldetti, quienes gobernaron Guatemala entre 2012 y 2015, de ser los líderes de la estructura denominada “La Línea” que a través de sobornos y comisiones pagadas en las principales aduanas del país defraudaran al Estado.

 

Tanto Pérez Molina como Baldetti han negado los cargos y responsabilizado a la fiscal general Thelma Aldana y al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, de “inventar” un caso sin pruebas contra ambos.

 

 

Con información de AP / Foto: Twitter