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El pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la madrugada de este jueves, por unanimidad, la validez de los resultados del cómputo estatal en la elección a la gubernatura de Michoacán, y por ende la expedición de la constancia de mayoría otorgada al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia», Alfredo Ramírez Bedolla.

En sesión pública, que luego de varios retrasos inició la noche de ayer, se ratificó la resolución impugnada, en la que si bien se acreditaron diversas irregularidades, los magistrados señalaron que «ni en lo individual ni en su conjunto, son suficientes para declarar la nulidad de la elección de la gubernatura».

No obstante, se determinó anular la elección en cuatro municipios del estado: Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho, que forman parte del Distrito Electoral 22 de la entidad, al acreditarse la injerencia del crimen organizado. Esto fue calificado como una «injerencia focalizada» y no generalizada, por lo que no era motivo para anular la elección como pedían los impugnantes.

Al presentar su proyecto de resolución, el magistrado Indalfer Infante Gonzales destacó que una anulación electoral es una determinación excepcional que sólo puede declararse cuando los hechos que se consideran irregulares están plenamente acreditados.

En la resolución del Tribunal Electoral se incluyó una instrucción al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear una política electoral nacional en la cual, reconociendo la existencia del problema y el peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, se establezcan acciones y protocolos concretos al respecto.

Y como entre las irregularidades se acreditó la violación a la veda electoral por parte de Morena, se determinó dar vista al Instituto Estatal Electoral de Michoacán a fin de que se inicie un procedimiento sancionador por la incidencia de estos hechos.

Tras confirmarse su triunfo, Alfredo Ramírez Bedolla publicó un mensaje en sus redes sociales en donde aseguró que había llegado el momento de  la reconciliación y de olvidar las diferencias. «Con más urgencia que nunca, Michoacán necesita de todas y todos para salir adelante».

Por su parte el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró la validez que emitió el Tribunal Electoral, y sostuvo que en Michoacán ganó la «legalidad y la voluntad popular».

El gobierno estatal de Tamaulipas, que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca,  transfirió 39 millones de pesos de fondos etiquetados para educación y salud a una cuenta en el banco Afirme a nombre de Grupo Publicitario Adar, una empresa inexistente que en sus facturas aportó como domicilio fiscal una humilde casa ubicada en Temixco, Morelos.

Según una nueva investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quien accedió a diversos documentos, la mayor parte del dinero desviado provenía de fondos federales, según consta en facturas, órdenes de pago y cheques.

Al menos 26 millones de pesos fueron para pagar supuesta publicidad institucional del gobierno de Tamaulipas en kioscos, espectaculares y en autobuses de la Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey, así como en el aeropuerto internacional de la capital del país.

El resto del dinero desviado fue por concepto de renta de equipos de sonido, muebles, tarimas y carpas. Ninguno de los servicios pagados fue realizado, determinó una auditoría del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que en 2019 incluyó a Grupo Publicitario Adar en su listado definitivo de simuladoras de operaciones o empresas “fantasma”.

En los documentos obtenidos por MCCI consta que las órdenes de pago a favor de esa empresa fueron firmadas por el director de Comunicación del Gobierno de Tamaulipas, Francisco García Juárez y por quien fuera Secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar.

Este desvío detectado en la investigación de MCCI es diferente de las anteriores acusaciones que han formulado la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra el gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

En febrero del presente año, la Fiscalía había solicitado al Congreso el desafuero del gobernador, por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero. Algunos cargos se derivaron de la acusación formulada en agosto del año pasado por Emilio Lozoya, quien denunció que García Cabeza de Vaca fue parte de un grupo de legisladores que en 2013 recibieron millonarias cantidades aportadas por Odebrecht para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

A las acusaciones se sumó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la cual añadió a los delitos ya señalados el de enriquecimiento ilícito, porque los ingresos declarados por García Cabeza de Vaca son inferiores al valor de 20 propiedades que él y su familia han adquirido en México y Texas, incluido un departamento en Bosques de Santa Fe de 42 millones de pesos, supuestamente comprado mediante la triangulación de fondos de dos empresas “fantasma”.

Investigación completa en MCCI

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este martes su renuncia tras las acusaciones de acoso sexual en su contra, que fueron recabadas y presentadas en un informe presentado por la Fiscalía del estado la semana pasada.

En una rueda de prensa, Cuomo aseguró que asumía «toda la responsabilidad» por sus acciones, y reiteró que ha habido «cambios generacionales o culturales» que no ha sabido entender.

«Asumo toda la responsabilidad por mis acciones (…). En mi mente nunca he cruzado una línea con nadie, pero no me di cuenta de cómo se han redibujado las líneas. Hay cambios generacionales y culturales que simplemente no aprecié completamente y no debería haber excusas», dijo el demócrata.

Sostuvo que una «controversia política» como la que atraviesa consumirá «tiempo y dinero que debería ser utilizado combatiendo la COVID-19», por lo que optaba por «dar un paso a un lado» después de días de críticas. Su renuncia, que se hará efectiva en 14 días.

Cuomo ha dicho que el informe que ha desencadenado su dimisión, en el que se resalta que acosó sexualmente a 11 mujeres en el entorno de trabajo, tiene «problemas serios y defectos», como que las alegaciones más graves «no tienen una base factual creíble», aunque ofreció «disculpas» a las mujeres por «ofenderlas».

«A las 11 mujeres a las que ofendí de verdad, me disculpo profundamente», agregó, admitiendo que ha errado con gestos que consideraba «amistosos», como abrazos y besos, y reivindicando que hay «una diferencia entre la conducta inapropiada que se alega y el acoso sexual que se concluye».

Al final de su mensaje, en el que aseguró a sus tres hijas no haber «faltado al respeto intencionalmente nunca» a ninguna mujer, argumentó que el potencial proceso de destitución que enfrenta supondrá «meses de litigación» en «uno de los tiempos más difíciles para el gobierno desde hace generaciones».

«El Gobierno necesita funcionar, necesita dar resultados. Es una cuestión de vida o muerte. Malgastar energías en esto es la última cosa que debería estar habiendo el Gobierno estatal, y no puede ser», explicó. Agradeció a los neoyorquinos su confianza y destacó lo logrado durante su mandato.

A Cuomo lo relevará la vicegobernadora actual, la demócrata Kathy Hochul, de 62 años, que se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernador de Nueva York.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, ofreció minutos antes una rueda de prensa en la que, igual que el pasado viernes, denunció la falta de objetividad del informe presentado por la Fiscalía General, repasó y restó credibilidad a las alegaciones contenidas y denunció que ha habido omisiones de datos que lo equilibrarían.

Glavin reiteró que la oficina de la fiscal no le ha permitido acceder a las pruebas y transcripciones de las entrevistas realizadas para poder hacer alegaciones dentro de plazo al comité judicial de la Asamblea Legislativa que lo investiga para un posible juicio político, por lo que vaticinó que «no será un proceso justo».

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, acosó sexualmente a varias mujeres y generó un «clima de miedo» dentro de su administración, según una investigación revelada el martes.

«Besos y abrazos no deseados», «toqueteos e insinuaciones sexuales»: una pesquisa independiente de cinco meses concluyó que Cuomo «acosó sexualmente a varias mujeres y, al hacerlo, violó la ley federal y estatal», señaló la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, y agregó que entre las víctimas había «actuales y ex» funcionarias.

El explosivo informe detalla las acusaciones de 11 mujeres que pintan un cuadro «profundamente perturbador pero claro» de un patrón de comportamiento abusivo por parte del gobernador y su personal de alto rango, indicó en rueda de prensa.

James dijo que el caso, que mostraba «un ambiente de trabajo hostil para las mujeres», era «de naturaleza civil» y no estaba claro si Cuomo enfrentaría un proceso penal.

La investigación también descubrió que Cuomo y su equipo cercano tomaron medidas de represalia contra al menos una exempleada por denunciar su supuesta experiencia.

El gobernador negó rápidamente los señalamientos. «Quiero que sepan directamente de mí que nunca toqué a nadie de manera inapropiada ni hice insinuaciones sexuales inapropiadas», afirmó en un discurso televisado, en el que no dio indicios de que estuviera considerando dejar su puesto.

«Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta a la vista del público. Eso no es lo que soy. Y ese no es quien he sido», aseveró, y agregó que había publicado una respuesta a las acusaciones en su sitio web: «Por favor, tómese el tiempo para leer los hechos y decidir por sí mismos».

Durante su mensaje, Cuomo buscó desmentir las acusaciones, señalando que solo trataba de «conectar» con la gente y mostrarles su aprecio.

«Ahora entiendo que hay perspectivas generacionales o culturales que, francamente, no las había apreciado del todo. Y he aprendido de esto», dijo.

Según detalles de la investigación conocidos en la rueda de prensa, una exempleada dijo que el político le metió la mano por debajo de la blusa el año pasado, mientras que una policía contó que le tocó la cintura y la cadera.

«Su conducta fue «no sólo comportamiento afectuoso anticuado, como él y algunos miembros de su personal tendrían, sino acoso sexual ilegal», dijo Anne Clark, una de las abogadas al frente de la investigación. «A todas les resultó perturbadora, humillante, incómoda e inapropiada» su conducta, dijo el otro abogado que lideró la pesquisa, Joon Kim.

Al respecto, La Casa Blanca tachó este martes de «aberrantes» los actos de acoso sexual en los que incurrió presuntamente el gobernador, aunque evitó opinar directamente sobre si el político debería de dimitir.

«No creo que nadie pudiera haber visto esta mañana (el anuncio de la Fiscalía de Nueva York) y no haber considerado aberrantes las acusaciones. A mí por lo menos me lo parecieron», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.

No obstante, la portavoz evitó responder a múltiples preguntas sobre si Biden cree que Cuomo debería dimitir. Lo que sí aclaró Psaki es que Biden no había hablado por teléfono este martes con el gobernador, que pertenece igual que él al Partido Demócrata.

Más tarde, el presidente Joe Biden pidió la renuncia del gobernador Andrew Cuomo. «Creo que debería renunciar», dijo Biden a periodistas en una conferencia de prensa desde La Casa Blanca.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sugirió esta mañana la destitución del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, al indicar que no ha habido «ninguna mejora» en la seguridad del estado desde que asumió el cargo en 2009.

«No es posible, si fuese un gerente de una empresas, con estos resultados ya lo habrían corrido, hablando en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como la seguridad pública», expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Y es que Guanajuato, gobernado por PAN, es el estado más violento del país por los choques entre grupos del narcotráfico, y encabeza la lista de homicidios con 1,545 durante los primeros cinco meses del año.

«Es evidente que no hay buenos resultados. Guanajuato es uno de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleva 12 años el procurador», señaló el mandatario.

López Obrador expresó que ojalá el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, «actúe», pues opinó que el gobierno no puede estar secuestrado por facciones e intereses de grupo ni permitir privilegios.

Puso como ejemplo el caso de Veracruz, cuando fue destituido el fiscal Jorge Winckler, actualmente prófugo de la justicia, hubo «una disminución en los índices delictivos y en particular en homicidios y secuestros».

El presidente denunció que durante los gobiernos anteriores, en lo que llama el «período neoliberal», se nombraban fiscales estatales «para mantenerlos por 12 o 15 años», los cuales se sentían «intocables».

«Todo era: yo voy a dejar el procurador para que cuando yo termine voy a tener quien me cuide y me proteja», reprochó el mandatario.

Recordemos que nuestro país ha registrado los dos años más violentos de su historia en los primeros dos años de López Obrador, con 34,681 víctimas de asesinato en 2019 y 34,554 en 2020. Además, reportó 2,963 homicidios en mayo, el mes más violento en lo que va de 2021.

López Obrador admitió ayer que no podrá «acreditar históricamente» su gobierno si no logra pacificar el país, por lo que anunció reuniones con los 32 gobernadores para revisar el plan de seguridad.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) admitió esta tarde a trámite la demanda que presentó el Congreso de Tamaulipas, por el que impugnó la resolución de la Cámara de Diputados que aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por mayoría de votos, los ministros avalaron el proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Corte pronunciarse sobre la inmunidad constitucional del gobernador.

«Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al Ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto», concluye.

Recordemos que la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, bajo el argumento de que el gobernador goza de fuero y que su competencia no fue invadida por la Cámara de Diputados.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación, en el que sostuvo que el ministro se entrometió y extralimitó al hacer un análisis anticipado de la investigación abierta contra el gobernador de Tamaulipas.

En más sobre Cabeza de Vaca, se informó que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas ordenó mantener, por tiempo indefinido, congeladas las cuentas bancarias del gobernador.

La decisión del juez llegó luego de que concluyera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

«Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera, de 4 de mayo de 2021», resolvió el juez, por lo que liberar la cuentas contravendría disposiciones de orden público, pues el bloqueo deriva de una obligación contraída por México con un gobierno extranjero.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se plantó esta mañana a las afueras de Palacio Nacional, con la intención de ser recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a quien pretendía mostrar «las pruebas» que tiene sobre los vínculos en su región entre el crimen organizado y Morena, tal como ha venido denunciándolo días atrás.

«El presidente López Obrador me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación», apuntó en Twitter el gobernador del PRD.

En sus mensajes publicados en redes sociales, reiteró sus acusaciones sobre que Morena se convirtió en el instrumento del narco. Advirtió que los documentos que llevaba «abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia».

En declaraciones a Radio Fórmula, el gobernador indicó que su intención era entregar la información, que incluía testimonios, fotografías, vídeos y publicaciones de prensa

Sin embargo, cuestionado durante su conferencia de prensa al interior de Palacio Nacional, López Obrador dijo que no recibiría a Aureoles, pues era un asunto que no le correspondía. «Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para esto esta el INE (Instituto Nacional Electoral), el Tribunal Electoral», agregó.

López Obrador indicó que Aureoles acudía a Palacio Nacional para ganar atención mediática aprovechando la conferencia matutina.

En respuesta a sus declaraciones, Aureoles tuiteó que no era un tema electoral el que le quería exponer, sino un tema de seguridad nacional. Le advirtió que «si la información que traigo conmigo cae en las manos incorrectas, pondría en riesgo la vida de las personas».

Recordemos que el pasado 24 de junio, el gobernador de Michoacán anunció que denunciaría ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno de Estados Unidos, la presunta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.

Aureoles acusó al presidente López Obrador de permitir la supuesta operación del crimen organizado para la coacción del voto en favor de candidatos del partido que fundó: Morena.

Ese mismo día, el presidente López Obrador dijo no tener información sobre lo que refería Aureoles, y señaló que «lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo».

Un juez suspendió de manera provisional la orden de captura que se encontraba vigente en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que es acusado de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

«Se decreta la interrupción de la ejecución de cualquier mandato de captura girado en su contra, por lo que el citado agraviado no deberá ser privado de su libertad personal, hasta en tanto se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva», notificó el lunes el juez octavo de distrito de Tamaulipas.

Y es que el pasado 19 de mayo, un juez emitió una orden de captura en contra de García Cabeza de Vaca, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el Instituto Nacional de Migración (INM) lanzó una alerta migratoria para dar con el paradero del gobernador.

Y aunque había señalamientos de que García Cabeza de Vaca estuviera ya en Estados Unidos, ayer reapareció en una reunión de trabajo con su gabinete en la sede del gobierno de Tamaulipas.

Ante el amparo interpuesto por el gobernador, el juez estimó que García Cabeza de Vaca mantiene «la protección o inmunidad procesal penal que la propia Constitución Política del Estado de Tamaulipas le otorga». Para que entre en vigor la suspensión temporal de la orden de captura, el juez fijó una fianza de 100,000 pesos al gobernador.

También convocó a una nueva audiencia para el 7 de junio en la que se decidirá si se suspende la orden de captura de manera definitiva.

La Cámara de Diputados aprobó en días pasados levantar la inmunidad judicial del gobernador para permitir que fuera procesado, pero el Congreso de Tamaulipas votó a favor de mantener su fuero. Sin que la Suprema Corte de Justicia aclarara la situación jurídica en la que quedó García Cabeza de Vaca, la Fiscalía obtuvo la orden de captura de parte de un juez.

El gobernador denunció que dicha orden de captura obedece a «motivos políticos» y que «se tomó en Palacio Nacional», apuntando así al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó que vaya a proponer para un nuevo período al actual gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, quien concluye su periodo en el Banco el 31 de diciembre de este año.

El actual gobernador de Banxico, ha sido señalado por el mandatario por su supuesta cercanía a funcionarios de gobiernos que le precedieron y a los que ha criticado. Díaz de León fue nominado por el entonces presidente Enrique Peña e inició su gestión en diciembre del 2017.

Consultado en su habitual rueda de prensa diaria sobre si propondrá que Díaz de León siga al frente de la institución, el presidente respondió categóricamente que «no».

López Obrador dijo que propondrá a un economista de «mucho prestigio» y con «experiencia en materia económica y financiera» para formar parte de la junta de gobierno de la autoridad monetaria.

«Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral», agregó, sin ofrecer mayores detalles.

Recordemos que ayer López Obrador se lanzó contra el Banco de México por no haber dado al gobierno parte de los recursos de un remanente cambiario del 2020, para ayudar a adquirir vacunas contra el COVID-19, e instó a la entidad a transparentas algunas cuentas.

De acuerdo a la ley, el jefe del Ejecutivo debe enviar al Senado sus nominados para formar parte de la junta de gobierno de la entidad monetaria, que está compuesta por cinco miembros: Irene Espinosa, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath y Galia Borja, además de Díaz de Léon.

Algunos analistas vaticinan que el su sucesor podría ser el actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, o uno de los subgobernadores de Banxico, Gerardo Esquivel o Galia Borja.

Gerardo Esquivel: considerado una de las opciones más probables del presidente, Esquivel es un economista de izquierda con extensos vínculos con el movimiento social de López Obrador y quien actualmente forma parte de la junta de gobierno de Banxico. Fue propuesto por el propio López Obrador para integrarse al banco central.

Galia Borja: exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda que fue nominada también por López Obrador para la junta de gobierno después de haber desempeñado un papel importante en el desarrollo de programas sociales. El agudo sentido de la historia de López Obrador podría motivarlo a nombrar a Borja, también una respetada matemática, como la primera mujer en dirigir Banxico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) solicitó este jueves al Banco de México (Banxico) que detalle qué hace con sus reservas, después de que la institución descartara entregar este año remanentes al gobierno.

«Debemos respetar la autonomía del Banco de México, sin que esto signifique que sean una especie de casta divina. Sí hay una falta de información al pueblo de lo que hace el Banco de México», señaló el mandatario.

López Obrador explicó que el Banxico cuenta con reservas por un total de 190,000 millones de dólares y opinó que sería importante saber «quién maneja esas reservas y cuánto cobran por manejarlas».

El presidente sugirió que los consejeros del Banco de México pudieron destinar una parte del remanente a ayudar para comprar vacunas, aunque señaló que el gobierno no requiere ese dinero.

«Afortunadamente tenemos finanzas públicas sanas y no necesitamos del Banco de México y no le vamos a pedir que nos den de las reservas, si acaso que informen los cómo manejan estos fondos», expresó el presidente.

López Obrador aprovechó el tema para señalar que los consejeros de Banxico no «ven con buenos ojos» a su gobierno y se lanzó en contra del gobernador de la institución, Alejandro Díaz de León, a quien acusó de ser «muy cercano» a gobiernos pasados y a exfuncionarios como José Antonio Meade y a Luis Videgaray, ambos secretarios de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Aun así, dijo que respeta a la junta de gobierno del Banco de México y que seguirá respetando la autonomía de la institución «porque conviene al país».

Recordemos que ayer AMLO criticó al banco central porque tuvo «ganancias» pero «no hubo remanentes», en referencia a los recursos que se entregan anualmente al gobierno federal. «Tendrían ellos que explicar, en términos respetuosos y fraternos, por qué en otros sexenios sí había remanentes y ahora no», reclamó.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en evidente violación a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso, se giró una orden de aprehensión en su contra, a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que se mantiene vigente e intocable el fuero que la ley le otorga.

A través de un posicionamiento público, el mandatario denunció que no se le ha dejado defenderse, pues no se le ha permitido conocer y comparecer a la carpeta de investigación.

El panista sostuvo que la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) demuestra que se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del gobierno federal, y de su partido.

Añadió que todo coincide con que la preferencia electoral de los ciudadanos a favor de Morena va en «franco declive».

«No es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el gobierno. Eso solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional», enfatizó el mandatario estatal.

Adelantó que como lo ha hecho desde que que iniciaron los ataques en su contra, se defenderá de «frente» a las falsas imputaciones, pese a reconocer que el piso no es parejo y que la ley ha quedado «sepultada por el capricho».

Sobre los señalamientos que hizo el gobernador, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que es una cuestión que está tratando la Fiscalía, que recordó, es autónoma; se deslindó de las acciones que se han emprendido.

«Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores. que esa es su doctrina, la hipocresía», sostuvo AMLO.

Al decir que como titular del poder Ejecutivo no puede encubrir a nadie y actuar como tapadera, pidió dar a conocer el oficio que el gobierno de Estados Unidos envió a México solicitando información del gobernador en relación a una investigación que llevan a cabo por el posible delito de lavado de dinero.

Explicó que si no compartía el oficio, los adversarios tendrían elementos para decir que todo se trata de una persecución política, lo cual negó; aunque dijo que si se llegaba a dar el caso de que al gobernador se le detuviera en EUA, cómo iba a quedar México, «como tapadera».

Finalmente, se informó que el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria a nombre de García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía.

«Con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación -aéreos, marítimos o terrestres- del territorio nacional», indicó el INM.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por delitos adicionales a la defraudación fiscal, por el que la Cámara de Diputados aprobó retirarle el fuero el pasado 30 de abril.

Los delitos por los que la FGR solicitó la orden de aprehensión y que un juez le otorgó son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Recordemos que aunque la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del panista por el delito de defraudación fiscal, el congreso de Tamaulipas no respaldó la pérdida del fuero.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, se refirió al hecho como un caso «insólito». «Orden de aprehensión al gobernador de Tamaulipas que el Congreso local decidió mantener indebidamente en el cargo, cuando tuvo que haber nombrado sustituto».

Recordemos que apenas ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió en que Cabeza de Vaca ya no tenía fuero constitucional, y que sería la Fiscalía quien tendría que resolver sobre el tema, esto luego de «enterarse» de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la que desechó la controversia constitucional sobre el fuero del mandatario estatal.

Monreal se refirió a Cabeza de Vaca como «gobernador no localizado», indicando que podría incluso estar ya fuera del país.

El morenista no descartó que Cabeza de Vaca se declarare ‘perseguido político’ y busque mantener el control del gobierno estatal, con apoyo del líder del Congreso, y demás funcionarios de su administración.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que recibió información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sobre «posibles responsabilidades penales» del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y crimen organizado.

En el mismo caso se apuntaron los nombres de Ismael «G», José Manuel «G» y José Ramón «C», hermanos y suegro del gobernador respectivamente.

La FGR indicó que entre las posibles responsabilidades penales de los señalados, y de diversas empresas comerciales, desarrolladoras e industriales, están las «vinculadas con irregularidades bancarias, transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas».

Señaló que debido a que es nueva información a la que tienen acceso, se procederá a integrarla a la carpeta de investigación correspondiente.

La Fiscalía indicó que la investigación se conformará con las diligencias que llevarán a cabo tanto la Fiscalía, como las autoridades respectivas, para establecer con toda precisión las posibles responsabilidades penales que procedan en este caso.

Recordemos que la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó una controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en torno al desafuero de García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado.

Y es que el pasado 30 de abril, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la Fiscalía de desaforar al gobernador panista, acusado de delincuencia organizada, operación de recursos con procedencia ilícita y fraude fiscal.

Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el partido del gobernador tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales han presentado controversias constitucionales para que la Suprema Corte resuelva la disputa de competencias.

Poco después de la controversia, y a través de un video publicado en redes sociales, el gobernador de Tamaulipas calificó su desafuero como un «golpe a la Constitución y a la democracia, pero, sobre todo, al federalismo».

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Horas después de que la Fiscalía revelara la recepción de información por parte de las autoridades estadounidenses, el gobernador utilizó sus redes sociales para indicar que giró instrucciones a su defensa para que acuda a revisar dicha información.

«Soy parte del procedimiento y puedo acceder legalmente a ella sin dilación alguna. Confío en que los elementos servirán para esclarecer mi inocencia», dijo el panista.

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso estatal, donde el PAN, partido del mandatario estatal tiene mayoría, determinó que no procedía la homologación de la declaración de procedencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los legisladores del estado ‘protegieron’ al gobernador.

El Congreso de Tamaulipas indicó el viernes pasado que García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional, debía seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.

«Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo», justificaron los legisladores locales.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá resolver el desafuero del gobernador.

«No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra», dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema..

Tras lo expresado por el mandatario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, consideró de igual forma que el gobernador ya no tiene protección legal. «La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero», afirmó este lunes Sánchez Cordero.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero el caso ha tomado notoriedad debido a que falta poco más de un mes para las elecciones del próximo 6 de junio.

El PAN, principal opositor del gobierno federal, y el propio García Cabeza de Vaca, han insistido en calificar los hechos como una persecución política.

Ayer, el panista publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el certificado fiscal que expidió un notario público con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes, esto ante las acusaciones de la UIF en relación a la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México.

“Ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación a la compra-venta de un departamento en la CDMX”, dijo García Cabeza de Vaca en su mensaje, quien aseguró que declaró y pagó los impuestos correspondientes a dicha transacción.

En el video se observa un documento, mientras una voz explica que, “aquí se muestra el certificado fiscal emitido por el notario público, de la compra-venta del departamento, donde se reporta el pago de los impuestos correspondiente.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, luego de la solicitud que presentara la Fiscalía General de la República (FGR) que lo acusa de supuestos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El debate se extendió por más de seis horas y marcó el cierre del período de sesiones ordinarias. El proceso fue aprobado con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.

«La Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria: ha lugar a proceder en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca», dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. «Comuníquese la presente resolución», se indicó en el texto final.

Con esto, se remite dicha solicitud al Congreso de Tamaulipas, que también deberá analizar y someter a votación el desafuero de García Cabeza de Vaca. A nivel local es el PAN quien tiene mayoría legislativa.

El mandatario estatal fue desaforado únicamente por el delito de defraudación fiscal equiparada, mientras que los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita no fueron acreditados.

Cabeza de Vaca, que culminaría su sexenio el próximo año, ha rechazado los cargos; mientras el PAN y otras organizaciones han llamado al respetar la ley y la Constitución, calificando el proceso como un «abuso de poder».

Frente a una gran pancarta que decía «¡basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia», que levantaron congresistas opositores en medio del salón de debates, el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que la motivación del proceso «no es el combate a la corrupción» sino la «urgencia de incrementar distractores » de cara a las elecciones de junio próximo.

A los cuestionamiento se sumó también la diputada del PAN, Adriana Dávila, quien acusó, sin mostrar pruebas, al mandatario Andrés Manuel López Obrador de haber ordenado la investigación de la Fiscalía, y afirmó que la acción contra García Cabeza de Vaca era una «venganza» del mandatario..

Por su parte, el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, negó los señalamientos de los opositores de que el proceso contra García Cabeza de Vaca respondía a una maniobra del gobierno, e indicó que su grupo parlamentario será recordado por impulsar acciones para hacer frente a un «estado fallido, un narcoestado», en referencia a Tamulipas.

A la discusión en la Cámara de Diputados no acudió García Cabeza de Vaca, mientras que su representación legal, el abogado Alonso Aguilar Zínser, se presentó vía remota, ya que la sesión fue semipresencial.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR investigaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

En un video publicado en sus redes sociales, el gobernador indicó que con la aprobación de su desafuero, Morena consuma un nuevo golpe a la Constitución, a la democracia y al federalismo. «Es a todas luces un linchamiento político y penal orquestado desde el gobierno», dijo el mandatario estatal.

Advirtió que la ley en México vive «días oscuros», pues no parece haber más justicia que la revancha de unos cuantos.

«Sé que mi suerte se decidió hace mucho tiempo; mucho antes de qué se me acusara, justo desde el momento en que alce la voz para defender los intereses de las y los tamaulipecos (…) el odio al adversario, al que piensa diferente, se ha convertido en política pública de este gobierno federal».

«Es claro que cuando hay consigna ninguna prueba o razonamiento jurídico es suficiente para que impere la verdad y la razón. Y es que en este desafuero no es una causa de justicia, sino una venganza política; el uso sucio de las instituciones del gobierno federal», sostuvo el panista.

Señaló concretamente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de ser utilizada para inventar delitos y fabricar culpables que puedan distraer la atención de los malos resultados que ha dado el gobierno federal.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump dijo este jueves que está «100% considerando» presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 y contempla como su posible fórmula a Ron DeSantis, actual gobernador de Florida y uno de sus más férreos aliados.

Durante una entrevista con el canal Fox, el republicano dijo que la idea de una fórmula Trump-DeSantis parece que «encanta».

Trump, que terminó su mandato de cuatro años el pasado 20 de enero, tras ser derrotado en noviembre por el demócrata Joe Biden, ha señalado en varias ocasiones la posibilidad de emprender una campaña para la presidenciales de 2024.

«Estoy estudiando muy seriamente, más que seriamente, pero por razones legales no quiero realmente hablar de eso todavía. Es demasiado pronto», aseguró Trump.

El republicano, que se estableció en Palm Beach, Florida, desde enero pasado, ha recibido a un grupo de políticos en su club Mar-a-Lago en busca de su «bendición» para las elecciones legislativas de 2022, que son por ahora su prioridad, según analistas republicanos.

Trump, que fue el padrino político de DeSantis en las elecciones de 2018, ha sido muy cercano al gobernador. «Ha hecho un gran trabajo como gobernador», expresó este jueves Trump durante la entrevista al cana Fox.

DeSantis es «un amigo mío» y «un gran tipo», dijo Trump a la periodista Maria Bartiromo. «Apoyé a Ron y, después de que lo respaldara, despegó como un cohete», recordó.

DeSantis fue en febrero pasado el anfitrión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Orlando, en la que fue el candidato republicano favorito para las elecciones de 2024 en una encuesta de ese foro.

Entre tanto, Trump y su vicepresidente Mike Pence, que no asistió a la CPAC, se alejaron después de que este se rehusara a ayudarlo en su empeño de revertir los resultados electorales de noviembre pasado, en los que ganó Biden.

En más de Trump, el magnate siguió atacando al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, al decir que los republicanos harían bien en encontrar un nuevo líder si esperan recuperar el Senado en 2022.

«Necesitamos un buen liderazgo. Mitch McConnell no ha hecho un gran trabajo. Creo que deberían cambiar a Mitch McConnell», dijo el expresidente.

Y es que según analistas, la fractura entre Trump y McConnell podría complicar las cosas para los republicanos en su intento de recuperar la mayoría del Senado, ya que los votantes y los legisladores están divididos entre los leales a Trump y al partido tradicional.

McConnell atrajo la ira de Trump al reconocer que el presidente Joe Biden había ganado y al culpar a Trump del mortal ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, después de que el Senado absolvió al expresidente de un cargo de incitación a la insurrección.

Hace menos de un mes, Trump llamó a McConnell «hijo de puta» en una cena para donantes del Comité Nacional Republicano en su club Mar-a-Lago, según un asistente. McConnell no ha respondido a los ataques de Trump y rara vez se refiere al expresidente en público.

Foto: Twitter @MiguelDiazOK1