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Human Rights Watch (HRW) condenó este lunes que el secretario de la Defensa Nacional Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, diera su respaldo al proyecto político que encabeza el presidente  Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante un acto público.

«El general Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político. Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra», dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW para las Américas.

Y es que el titular de la Sedena defendió este fin de semana, durante el acto de celebración del aniversario 111 de la Revolución, «la transformación que actualmente vive el país» y la participación que tienen las Fuerzas Armadas.

“El interés nacional está y siempre estará por encima de cualquier otro, o de conjeturas que pudieran hacerse sobre nuestro trabajo, porque las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional tenemos claro que la subordinación al poder civil es norma, responsabilidad y convicción”, manifestó.

Además, llamó a los mexicanos a unirse a la llamada «Cuarta Transformación» de México.

«Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo podremos hacer la realidad, esta realidad que cada día sea más prometedora», dijo Sandoval en su discurso.

En el Zócalo capitalino, ante miles de asistentes y soldados, López Obrador destacó el «nuevo orden social» creado por la Revolución, en la que Francisco I. Madero terminó con la dictadura de tres décadas de Porfirio Díaz. El mandatario considera la Revolución como la «tercera transformación» de México, tras la lucha de Independencia de 1810 y la Guerra de Reforma de 1857.

Desde que el secretario de Defensa Nacional pronunció dichas palabras el pasado sábado, recibió críticas por parte de políticos, académicos y especialistas que calificaron como «muy preocupante» las palabras del general, ya que representa a una institución del Estado que debería ser neutral.

El colectivo Seguridad Sin Guerra, afirmó que las declaraciones de Luis Cresencio Sandoval se dieron en abierta violación a la constitución y a su ley disciplinaria.

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HMR), Kenneth Roth, instó a los presidentes de Estados Unidos y México y al primer ministro de Canadá, a que cesen los «abusos» contra inmigrantes y solicitantes de asilo.

Roth hizo esta petición de cara a la cumbre trilateral que mantendrán este jueves en Washington los líderes de los tres países.

El directivo de HRW denunció que «durante la gestión de los presidentes Biden y López Obrador, Estados Unidos y México han cometido violaciones graves, sistémicas y persistentes de los derechos de migrantes y solicitantes de asilo».

También dijo que Canadá, aunque «se jacta de ser un país que acoge a refugiados y respeta los derechos humanos, el gobierno de Trudeau encarcela a miles de migrantes y solicitantes de asilo cada año».

Por todo ello instó a los tres líderes a aprovechar la cumbre como una «oportunidad para asumir un compromiso conjunto de poner fin a los abusos contra migrantes y solicitantes de asilo, frenar las expulsiones sumarias (…) y asegurar que todas las personas que lleguen a América del Norte huyendo de contextos de violencia y persecución tengan acceso a protección.

Además del asunto migratorio, Roth también abordó el tema de la crisis climática al recordar que «Canadá, México y Estados Unidos contribuyen a la crisis como tres de los principales emisores de gases de efecto invernadero del mundo».

El director de HRW llamó a los líderes a empezar a disminuir la brecha entre las promesas realizadas y las medidas necesarias para cumplir con el objetivo establecido en el Acuerdo de París.

Finalmente, Roth sobre el tema de la pandemia de COVID-19, señaló a AMLO como «una fuente de desinformación respecto al virus» restando gravedad a sus riesgos, negándose a usar cubrebocas y organizando eventos públicos en los peores momentos de la pandemia. El resultado, advirtió Roth, es que nuestro país ha tenido una de las tasas de muerte por COVID-19 más altas del mundo.

Ante esta situación, el director de HRW pidió a Biden y Trudeau a que usen el encuentro de hoy en La Casa Blanca para «alentar al presidente López Obrador a tomar con mayor seriedad los datos científicos».

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió este martes a la Secretaría de Gobernación (Segob) que «brinde protección» a la directora de la agencia estatal de noticias Notimex, Sanjuana Martínez.

«La CDNH hace un llamado al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que reconsidere brindar a Sanjuana Martínez Montemayor, de manera inmediata, las medidas preventivas necesarias y de protección», indicó el organismo en un comunicado.

La directora de Notimex, que se encuentra paralizada desde junio de 2020 por una huelga, está señalada por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de ordenar a periodistas «eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones gubernamentales y funcionarios».

El texto de Washington también cita que «el 12 de mayo (de 2020), Artículo 19 e ITESO, una Universidad Jesuita en Guadalajara (Jalisco), publicó un reporte sobre ataques contra periodistas orquestados por Sanjuana Martínez, directora de Notimex».

La CNDH replicó los argumentos de Martínez al afirmar que, por aplicar la «austeridad republicana» del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien la nombró en 2019, la funcionaria «padeció montajes mediáticos y la emisión de información sesgada y falsa en su contra» por parte del sindicato (SutNotimex).

El organismo también cuestionó a Artículo 19 por negarse a defenderla por ser «periodista de Gobierno» y criticó las presuntas agresiones de Aristegui Noticias, portal de la comunicadora Carmen Aristegui.

Por ello, Martínez informó a la CNDH el 30 de abril que pidió medidas al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Segob.

«Ella sí ha sido atacada y difamada en medios y su familia amenazada en dichas redes. Todo ello fraguado por extrabajadores de Notimex, en su mayoría, que fueron despedidos y posteriormente apoyados por personal directivo de Artículo 19», señala la CNDH en su posicionamiento.

Pese a las acusaciones en su contra, tanto en México como en Estados Unidos, además de la huelga que lleva cerca de un año, el presidente López Obrador ha defendido en reiteradas ocasiones a la funcionaria, a quien calificó la semana pasada como «una periodista honesta y una mujer íntegra».

A finales de marzo, el mandatario criticó a Estados Unidos por mencionar a Martínez en su reporte de derechos humanos y a Artículo 19 por «pertenecer al movimiento conservador».

Sin tomar en cuenta las denuncias de los inconformes, la CNDH dijo que la huelga «ha privado a la población mexicana de un medio de comunicación del Estado, en detrimento del equilibrio y la pluralidad informativa que debe existir en una democracia, pudiendo vulnerar el derecho a la información de la población».

La organización Human Rights Watch (HRW)cuestionó el llamado a brindar protección de la CNDH a Sanjuana Martínez, que afirmó, usa trolls para hostigar a periodistas independientes. «La CNDH solidariza con los abusadores, no con las víctimas. Difícil imaginar algo más ridículo!».

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una «amenaza» para la independencia judicial en el país por su intento de «asalto al a justicia», esto en relación a lo aprobado por Morena en Senado respecto a la reforma al Poder Judicial, y la ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar.

«AMLO amenaza la independencia judicial en México. El jueves senadores del partido oficialista Morena aprobaron un proyecto de ley para extender por dos años el mandato del presidente de la Corte Suprema. El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, viola el Artículo 97 párrafo 4 de la Constitución», señaló Vivanco en una serie de mensajes a través de Twitter.

El responsable de HRW para las Américas indicó que al extenderle el mandato del presidente de la Suprema Corte, López Obrador, quien tiene mayoría en el Senado, se asegura una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura.

Explicó que la situación resulta preocupante pues con 4 votos se pueden tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces. «Con un voto más, AMLO tendría una mayoría calificada de 5 jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces», advirtió.

Recordó que en recientes semanas, AMLO intentó sancionar a un juez por fallar en su contra, en referencia al caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma eléctrica que el propio López Obrador impulsó.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la ampliación del periodo de Zaldívar al frente de la SCJN, que a su vez también implica permanecer al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien también se pronunció al respecto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); expresó su preocupación por el artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobaron los Senadores, pues dijo, al ampliar el mandato del actual presidente de la SCJN y de los Consejeros del CJF, se viola el plazo constitucional que se marca para dichos encargos.

«La CIDH llama a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y la CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos».

El coordinador de proceso parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, también se posicionó al respecto; en un mensaje de Twitter aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte «no podrá transitar» ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente López Obrador.

 

Luego de que fuera publicado el Informe Anual de la organización Human Rights Watch (HRW), el gobierno de México aseguró que garantiza la protección de los derechos humanos en todo el territorio nacional, y rechazaron «todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes».

 

La Secretaría de Gobernación (SEGOB), reconoció que existen desafíos para alcanzar el objetivo de garantizar en su totalidad el respeto a los derechos humanos de los mexicanos  «por diversos factores internos y externos a nuestro país», sin embargo asegura que junto a otras instituciones del gobierno federal, han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos.

 

A través de un comunicado dio respuesta a lo que el informe de HRW puntualizó sobre México.

  • El 16 de enero de 2018 entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyas  disposiciones han incorporado los estándares internacionales más altos.
  • El Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas.
  • Se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas.
  • Por lo que hace al caso de Tlatlaya, se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.

 

Destacó que las instituciones que conforman el gobierno de México han instrumentado políticas públicas que incluyen acuerdos, lineamientos y capacitaciones, para regular el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual se refleja en la reducción de las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y de las recomendaciones emitidas por ésta.

 

«El Estado rechaza y condena tajantemente todo acto de tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en general y en el marco de las investigaciones», se lee en un comunicado conjunto entre SEGOB, PGR y SRE; añade que el gobierno de México «agradece el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo; y reconoce las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos».

La crisis humanitaria en Venezuela ha traspasado a Brasil, señaló hoy un informe de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

 

Miles de venezolanos escapan de una crisis humanitaria que su gobierno niega que exista, y a la cual no está dando una respuesta adecuada, por ello, han decidido migrar a Brasil, en muchos casos entrando a través de la frontera de Venezuela con el estado brasileño de Roraima.

 

Algunos buscan ser acogidos allí como refugiados, otros intentan encontrar trabajo temporario y algunos viajan para obtener asistencia médica que necesitan con urgencia. Se trata de un fenómeno social que está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud de Roraima, que ya estaba saturado, y está colapsando el sistema brasileño de procesamiento de solicitudes de asilo, informó  HRW.

 

“Brasil está intentando atender las necesidades urgentes de los venezolanos que son víctimas de una crisis humanitaria de la cual el gobierno de Maduro es el principal responsable”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

 

Miguel Vivanco destacó que tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla.

 

 

Y es que de acuerdo con fuentes oficiales, más de 12 mil venezolanos han ingresado a Brasil desde 2014, pero esta cifra se ha quintuplicado desde 2014, llegando a 7.150 durante los primeros once meses de 2016.

 

Muchos venezolanos viven en condiciones precarias en las calles y en un centro de acogida en Boa Vista, la capital de Roraima., y pese a ello, los venezolanos aseguran estar mejor en Brasil que en su país natal.

 

Redacción APO /Foto: HRW