Human Right Watch (HRW) advirtió este martes que la propuesta de reforma constitucional presentada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en materia electoral, podría socavar “gravemente” la independencia de las autoridades electorales, poniendo en riesgo elecciones libres y justas.
Y es que señaló que la propuesta del presidente eliminaría muchas de las salvaguardas destinadas a preservar la independencia de las dos autoridades electorales a las que se le encarga la tarea de supervisar todas los comicios, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
México: El Congreso debe rechazar modificaciones al sistema electoral https://t.co/L3aATlWpcp
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) December 6, 2022
Se espera que el Congreso, específicamente la Cámara de Diputados, discuta y vote la reforma electoral esta misma semana, aunque si análisis se podría alargar a antes de que finalice el periodo ordinario, que es el próximo 15 de diciembre de 2022.
“Los cambios propuestos por el presidente López Obrador al sistema electoral harían que sea mucho más fácil para cualquier partido en el poder cooptar las instituciones electorales del país para permanecer en el poder”, dijo el investigador sobre México de HRW, Tyler Mattiace.
“Dada la larga historia de gobierno de partido único de México mantenido a través de elecciones cuestionables, es extremadamente problemático que los legisladores consideren una propuesta altamente regresiva que debilitaría la independencia de la autoridad electoral”, agregó Mattiace.
Según la propuesta del López Obrador, se eliminarían todos los institutos electorales estatales y los tribunales electorales estatales, autoridades independientes que administran la mayoría de las elecciones estatales y locales y que hacen cumplir las reglas de campaña además de resolver disputas electorales.
Sus responsabilidades serían transferidas al INE y al TEPJF, que se convertirían en los únicos árbitros de todas las elecciones en el país.
La propuesta también cambiaría la forma en que se nombran a los consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Federal Electoral, eliminando salvaguardas destinadas a asegurar su independencia del gobierno.
Y aunque el presidente ha negado que se busque desaparecer al INE, éste se transformaría al Instituto Nacional Electoral y de Consultas (INEC), dándole mayores atribuciones y nuevas funciones.
La propuesta acortaría y unificaría los mandatos de los integrantes, de modo que todos los presidentes de ambas autoridades electorales fueran designados a la vez, en el mismo proceso, durante cada mandato presidencial de seis años. Actualmente, estos funcionarios cumplen mandatos escalonados de nueve años y son designados en procesos de selección separados por diferentes funcionarios en diferentes años.
“Reducir el número de autoridades responsables de administrar las elecciones y hacer posible nombrar a todos los funcionarios electorales a la vez facilitaría mucho que el gobierno influyera en el proceso de selección, lo que podría socavar la independencia de las autoridades electorales”, añadió Human Right Watch.
Para la ONG, el sistema electoral actual de nuestro país, que incluye “muchas salvaguardas para proteger la independencia de las autoridades electorales”, es el resultado de décadas de reformas que comenzaron con la creación del INE en 1990 y llevaron al fin del gobierno de partido único en el 2000.
Recordó que durante la gran parte del siglo XX, un partido político controlaba casi todas las instituciones públicas de México. El gobierno organizó elecciones periódicas, que en general no se consideraban libres ni justas, y casi siempre mantuvo el poder.
Alertó que la propuesta del presidente también eliminaría el mandato constitucional para que el Instituto Nacional Electoral, en lugar del gobierno, administre el registro electoral así como la lista oficial de votantes registrados.
“La posibilidad de que el registro electoral pueda ser transferido al control del gobierno podría contravenir la legislación mexicana y las normas internacionales de protección de datos personales. Estos estándares prohíben que las organizaciones que tienen información personal, como nombres, fotos y huellas dactilares, compartan esa información sin el permiso expreso de las personas cuyos datos podrían transferirse”, apunta.
Y aunque el propio presidente ya ha dicho que la reforma electoral no pasará, debido a que Morena y aliados no cuentan con los votos suficientes para aprobarla, y la oposición ha rechazado cualquier apoyo a la propuesta, Morena y el gobierno federal ya preparan un ‘Plan B’ con el fin de reformar la Ley Electoral (reforma a las leyes secundarias), y así lograr algunas de las iniciativas planteadas en la reforma constitucional.
