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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por la administración estatal contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

La admisión de la controversia se da a la par de que cuatro excandidatos presentaron el recurso “Amicus Curiae” ante dicha instancia para impedir se amplíe el periodo de Bonilla.

El ministro José Fernando Franco González Salas otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad, para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

No obstante, el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.

En tanto, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la SCJN el recurso “Amicus Curiae” contra la #LeyBonilla. El exaspirante perredista Jaime Martínez Veloz aclaró que con esa impugnación no se pretende evitar la toma de protesta del gobernador, prevista para el 1 de noviembre, sino que el bando solemne que emita el gobierno estatal se realice en los mismos términos que emitió el Instituto Electoral de Baja California, tal como lo establece la Constitución local.

Acompañado por el exabanderado panista, José Óscar Vega Marín, Martínez Veloz dijo que también estarán a la espera de que los ministros les otorguen una audiencia para presentar lo que a su derecho corresponda. El escrito fue entregado en la Oficialía de Partes de la Corte y está firmado también por los excandidatos Ignacio Anaya, del partido local de Baja California, y Enrique Acosta, del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el próximo 1 de noviembre.

La reforma entrará en vigor este viernes, por lo que las instancias que así lo consideren podrán interponer recursos jurídicos que correspondan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del próximo lunes 21.

Esta mañana, Vega de Lamadrid dio a conocer que hoy quedaría publicada dicha reforma.

“La publicación de la ley me informan que se hará el día de hoy, hoy se publica la ley en el transcurso del día”, señaló en un breve encuentro con los medios.

Recordemos que el mandatario estatal confirmó a #Xacto con Ana Paula Ordorica, que esta misma semana publicaría la ley para poder impugnarla.

 

Luego de la jornada electoral interna de ayer, en la que de acuerdo a los resultados preliminares informados por la dirigencia nacional de su partido, Ivonne Ortega aseguró que fue una contienda inequitativa y con graves irregularidades.

Indicó que dichas prácticas ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido. En ese sentido adelantó, analizará junto a la militancia si impugnará la elección.

Entre las irregularidades cometidas en el desarrollo de la jornada, la exgobernadora señaló:

  • Perdieron representantes electorales, más del 1000, en todo el país, por causas atribuibles al sistema informático a cargo del CEN del PRI.
  • Se impidió el acceso a los representantes de su fórmula a las casillas, mientras que a otro se les expulsó con violencia.
  • Votaron personas que no pertenecen al partido.
  • Hubo relleno y embarazo de urnas, previo y durante la jornada electoral.
  • Se cometió la compra y coacción del voto.
  • Se registró una votación atípica en casillas con participación del 100% de electores.

Ortega insistió en que la cúpula del partido recurrió a las prácticas más deshonestas, por lo que aseguró, ese no es el PRI que quieren los militantes, sino el que luchan por cambiar.

Acusó que al registrarse ‘vicios y trampas’, recibieron miles de denuncias y pruebas de militantes sobre las irregularidades que observaron en todo el país.

Ortega indicó que pese a que Alejandro Moreno se declaró como ganador, aún no hay resultados oficiales, por lo que el pronunciamiento que hizo su contrincante carece de legitimidad.

La priísta dio a conocer que cuenta con todas las pruebas necesarias para impugnar la elección, incluso para anularla. Dijo que “consultaré a los militantes” para saber si procede o no. Adelantó también que no se irá del partido, y por el contrario, seguirá trabajando para que la democracia real llegue al partido.

Al asegurar que fue un proceso en que la cúpula derrochó recursos e incurrió en diversas irregularidades, enfatizó que el PRI de la cúpula “se está agotando”.

Este fin de semana algunos medios de comunicación anunciaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atrajo la impugnación relacionada con la elección de gobernador del estado de Puebla y que, por ello, urgió al Instituto Electoral estatal a rendir un informe y enviar la documentación del recurso que interpuso Miguel Barbosa.

Al respecto, el TEPJF aclaró que no se ha efectuado tal “atracción” de la impugnación estatal que ha sido presentada para cuestionar los resultados y la validez de la elección de gobernador del Estado de Puebla.

Por el contrario, explicó que lo que se recibió en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal, fue un escrito firmado por el representante de Morena en el que se solicitó la intervención del Tribunal para el efecto de que se requiera al Instituto Electoral del Estado de Puebla que remita al Tribunal electoral local “el recurso de inconformidad interpuesto contra la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de gobernador de dicho estado, en virtud de la omisión de ambas autoridades locales de tramitar el referido recurso”.

El Tribunal señaló que como en todas las ocasiones en que un escrito es presentado directamente en la Sala Superior, si en el mismo se precisa la conducta que se estima contraria a Derecho y se indica la autoridad a quien se le atribuye el acto u omisión reclamado, en el mismo acuerdo mediante el cual se turna el asunto a alguna Magistrada o Magistrado se efectúa un requerimiento a dicha autoridad.

Lo anterior, a fin de que proceda a realizar el trámite que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena una vez que una demanda es presentada.

La dirigencia nacional del Partido Encuentro Social (PES) aclaró que ante la información que ha circulado de que se impugnó la elección presidencial en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resultó ganador, dijo que lo que se hizo fue impugnar algunas casillas.

Su dirigente nacional, Hugo Eric Flores, indicó que no se solicitó la nulidad de los comicios, sino que se pidió se anulen las casillas en donde el PES solo tuvo un voto o ninguno.

Reiteró que el triunfo del candidato que el partido apoyó fue “incuestionable. Lo que sí nos deja una duda razonable es la falta de votos a favor de nuestro instituto político en miles de casillas ya sea por voto directo o de la coalición en cualquier de sus modalidades y eso es lo que impugnamos”, precisó.

Detalló que el partido busca que se anulen las casillas que no fueron abiertas por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues es “prácticamente imposible” que no se registraran votos.

Aprovechó para solicitar a las autoridades electorales revisar de manera detallada las impugnaciones presentadas a fin de resolver de manera puntual las exigencias de Encuentro Social.

 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que derivado de los resultados de la jornada electoral del pasado 1 de julio, se registraron 187 recursos de impugnación, los cuales serán enviados al Tribunal Electoral capitalino (TEXCMDX), quien será el encargado de resolverlos.

El Consejero del IECM, Mauricio Huesca Rodríguez, refirió que alrededor de 160 de los recursos de impugnación interpuestos están relacionados con los resultados de la elección de Alcaldías, Concejalías y Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, mientras que 27 corresponden al Acuerdo del Consejo General del Instituto, mediante el cual se llevó a cabo la asignación de diputaciones locales de representación proporcional.

“Los recursos de impugnación son en contra de distritos, principalmente por la elección de Alcaldías y Diputaciones de Mayoría relativa, por cómputos, omisión de entrega de copias certificadas en las que piden recuento de paquetes, entre otros, y 27 de los recursos son en contra del Acuerdo de asignación de diputaciones de representación proporcional, donde lo que están impugnando es esencialmente la fórmula, esto es, si se tiene qué hacer una asignación proporcional pura o no, y si el diseño que debe aplicarse es el de la Constitución General o el de la Constitución de la Ciudad de México”, precisó el Consejero Electoral.

El Instituto señaló que una vez que el TECDMX resuelva los juicios, y en caso de que las y los promoventes no estén conformes con las resoluciones, podrán recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para volver a impugnar, y de ahí, pueden promover juicios de impugnación ante la Sala Superior, para agotar todas las instancias legales previstas en la ley.

 

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), confirmara las cifras del cómputo distrital federal, las cuales no son suficientes para que el Nueva Alianza mantenga su registro, el presidente nacional del partido, Luis Castro Obregón, dio a conocer que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver su permanencia como organismo político.

Indicó que buscarán impugnar la elección de diputados tal como lo prevé el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto debido a que Nueva Alianza detectó irregularidades en el conteo de votos realizado por los escrutadores, referentes a la coalición que conformó con el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México, en varios distritos federales.

El dirigente manifestó su confianza en que se logrará el porcentaje de sufragios requerido en la legislación correspondiente para conservar el registro nacional. Dejó claro que la acción del Instituto Nacional Electoral (INE), al nombrar a un interventor para atender el presunto proceso de liquidación del partido, es de carácter preventivo.

Recalcó que Nueva Alianza es una fuerza social real, apoyada por más de un millón 400 mil ciudadanos, quienes comulgan con la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos de las mujeres, jóvenes y grupos vulnerables, principalmente. “Es un partido que tiene el registro garantizado en 20 entidades, es decir, en un tercio de la República; por lo tanto, “Nueva Alianza no se acaba”, dijo.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”.

El organismo explicó que consideró que la Ley presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

Además señala que la Ley no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto por dicho concepto cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Agregó que la Ley también delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.

Con la impugnación, la CNDH señaló que busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma “clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.

 

Pese a su idea de dar certeza a la elección del próximo 1 de julio, el Partido Acción Nacional (PAN) desistirá de la impugnación que presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la reimpresión de las boletas electorales de la elección presidencial.

La decisión del blanquiazul llegó luego de conocer el informe de Talleres Gráficos, en donde se detalla que una reimpresión comprometería los plazos para tenerlas a tiempo.

A través de un comunicado, Acción Nacional aclaró que en todo momento buscó dar certeza a la elección, y lamentó profundamente que, a su consideración, la boleta para elegir al próximo Presidente de México vaya a generar confusión entre los votantes y, seguramente, incrementar los votos nulos en la elección.

El partido reiteró estar convencido que poner en la boleta a alguien que no está dentro de la competencia lastima la democracia del país, pero entiende el daño mayor que representaría el no tener las boletas a tiempo.

Detalló que la dirigencia nacional ha instruido, a partir de que tuvo conocimiento de la respuesta de Talleres Gráficos de México, a la Coordinación General Jurídica y a la representación del partido ante el INE a desistirse de toda acción legal en el tema, al ser inviable la solicitud de impresión y, principalmente, en el afán de abonar a la certeza de la elección.

 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó confirmar el acuerdo emitido por el Comité de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante el cual se aprobaron las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes para este proceso electoral.

 

El acuerdo fue impugnado por la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, quien argumentó que la distribución de mensajes de los partidos políticos y candidatos independientes en el periodo de campaña violenta el principio de equidad en la contienda, lo cual puede repercutir en el ejercicio de su derecho humano a ser votada.

 

En la demanda, Zavala consideró que para lograr la equidad, los candidatos independientes deberían contar con el mismo número de spots que los candidatos registrados por los partidos políticos nacionales para el mismo cargo público. Asimismo, señaló que la autoridad debería realizar una interpretación desde una perspectiva de derechos humanos, potenciando los derechos de los candidatos independientes, y tomar en cuenta las desigualdades de género a las que se enfrenta como la única mujer candidata a la presidencia.

 

La Sala Superior determinó que no se está frente a una violación a la igualdad de la contienda ni a los derechos de la candidata, pues conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio TEPJF, el modelo de distribución referido no violenta el principio de igualdad o equidad, en tanto que los partidos políticos y los candidatos independientes cumplen finalidades distintas, de ahí que no sea factible su equiparación.

 

La Sala Superior resolvió confirmar el acuerdo impugnado y, con ello, la distribución del tiempo de radio y televisión realizado para las campañas electorales federales.

 

La candidatura al Senado por la vía plurinominal de Napoleón Gómez Urrutia por Morena recibió un nuevo golpe, ya que esta tarde un grupo de sindicatos mineros acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar la intención política del ex líder minero.

 

Con el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Exploración, Explotación y Beneficio de Minas en la República Mexicana; el Sindicato Minero Frente; la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; el Sindicato Minero de la CTM, y la CROC Minera, se presentó un documento en el que indicaron que Gómez Urrutia no reúne los requerimientos legales para ocupar un cargo en el legislativo, pues contraviene lo señalado en el artículo 32 constitucional.

 

En el documento entregado a la oficialía de partes del INE, se detalló que el artículo 32 constitucional señala que quien aspire a cargos legislativos no debe poseer doble nacionalidad.

 

Agustín Acosta Azcón, abogado de los mineros señaló que el ex líder minero tiene nacionalidad canadiense, por lo que no podría aspirar a una posición en el Senado. Adicional argumentó que Gómez Urrutia no reside en territorio nacional desde hace 12 años, y un requisito para estar en una lista plurinominal exige una residencia mínima de seis meses en el país.

 

“La conclusión a la que llega el escrito que entregamos es que la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia es inelegible”, remató el abogado.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

Luego de que el mes pasado anunciara que impugnaría la candidatura de Miguel Ángel Mancera por la vía plurinominal de Acción Nacional, Gustavo Madero informó que desistirá de continuar con el recurso legal, con el fin de no afectar el proyecto de la coalición “Por México al Frente”.

 

 

Fue a través de sus redes sociales que el panista indicó que para no afectar el proyecto del Frente, y en especial la candidatura de Ricardo Anaya, fue que decidió no escalar su impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

 

Madero buscaba que con su petición se  reformara el Articulo 55 de la Constitución, el cual buscaba hacer inelegibles a los Gobernadores en funciones de contender por alguna posición política.

 

Por su parte el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México había asegurado que estaba a favor de que los órganos de justicia del PAN le resolvieran su impugnación al panista, incluso dijo que estaba a favor de que el recurso llegara al Tribunal si era necesario, pues dijo que no quería llegar a una posición legislativa cuestionada. “No me interesa entonces cualquier sombra de cuestionamientos por supuesto que nulifica esto”, había declarado el mandatario local.

 

Tal y como lo había anunciado, esta tarde el ex presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar una impugnación a la candidatura plurinominal del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para ocupar un espacio en el Senado por parte de la bancada de Acción Nacional.

 

 

 

Fue a través de su red social que indicó: “sin ánimo de perjudicar a alguien que respeto, presenté la impugnación por la postulación de @ManceraMiguelMX como candidato a Senador para que el TRIFE dirima su elegibilidad en función de lo establecido en elArt 55 de la #Constitución”.

 

Recordemos que Acción Nacional decidió incluir en su lista de candidatos plurinominales al Senado, a Miguel Ángel Mancera junto a figuras como Josefina Vázquez Mota y el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

 

Según lo argumentado por Madero, el artículo 55 constitucional señala que ningún gobernador electo o jefe de  gobierno puede contender por un cargo de elección popular al concluir su gestión, y además agregó que la decisión de la cúpula del PAN también violenta la ley al inhibir la celebración de Consejos Estatales al interior del partido y de  presionar a declinaciones.

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló esta tarde el aumento del impuesto predial en la Ciudad de México, luego de que la Asamblea Legislativa local realizara un ajuste al valor catastral a finales del año pasado.

 

Con 7 votos  a favor y 2 en contra, el Pleno de la Corte declaró infundada la acción de inconstitucionalidad que diputados de la bancada de Morena promovieron para impugnar los aumentos “descontrolados” que se comenzaron a registrar, habiendo casos en que el incremento fue de hasta en mil 500%.

 

En la resolución se explicó que al modificar la base para el cálculo del valor catastral de los inmuebles de la Ciudad, el Congreso local no violó los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica, irretroactividad de la ley, proporcionalidad y equidad tributaria, tal como lo señalaron los diputados de oposición.

 

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APO

La dirigencia nacional del PRI, indicó que ante los “graves errores de seis consejeros del INE” sobre la resolución de fiscalización a los gastos de campaña de su entonces candidato en Coahuila, acudirán nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la resolución dada.

 

El tricolor indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE), “en una votación dividida de 6 votos contra 5, y de manera inexplicable”, determinó que el entonces candidato de la Coalición Por un Coahuila Seguro, Miguel Ángel Riquelme, no reportó la producción de 84 videos que fueron difundidos en Facebook.

 

El PRI basó su argumentos en lo expuesto por la consejera Claudia Zavala, quien indicó que la investigación que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización dejó “más dudas que certezas”, porque en el expediente no se había respetado el derecho a un debido proceso. Adicional de que coincidieron con el Consejero Marco Antonio Baños, quien indicó que el partido político sí había reportado la existencia de los videos, por lo que era falso que se hubiera omitido reportar su gasto.

 

“Los seis consejeros que integraron la mayoría, en una inexplicable urgencia y sin responder los cuestionamientos de sus compañeros, decidieron resolver el procedimiento, sin siquiera tener claridad sobre los videos que supuestamente se había omitido reportar”, por lo que el PRI indicó que “se considera que la resolución aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es ilegal y arbitraria”, razón por la que será impugnada.

 

 

Siendo hoy el plazo en que vence el plazo de impugnación respecto a los lineamientos que el INE aprobó el pasado 20 de julio concernientes a la “cacha pareja” para todos los partidos y políticos rumbo a la elección del 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que incluso la Presidencia de la República ha presentado su alegado al no estar de acuerdo con lo establecido

 

 

 

“El día de hoy terminará la posibilidad de que se impugne el acuerdo Cancha Pareja y las últimas cifras que tengo es que ha habido 105 impugnaciones en contra de este acuerdo, provenientes de los más distintos actores, desde legisladores, federales y locales, hasta a algunos presidentes municipales, pasando por partidos políticos, medios de comunicación, e incluso las consejerías jurídicas de los estados y de la Presidencia de la República”.

 

El Gobernador Eruviel Ávila;  el coordinador de la bancada de los diputados federales del PRI, César Camacho y la Presidencia de la República  son algunos de los entes que han presentado su recurso de impugnación.

 

Córdova sostuvo que aunque “no guste”, el INE emitirá este mes lineamientos que impedirán un uso electoral de los programas sociales y prohibirán la entrega de tarjetas a los ciudadanos, pues “este año el uso de los programas sociales fue un tema controversial (…) hemos decidido emitir reglas antes que las elecciones comiencen”.

 

El acuerdo establece a partir del próximo 8 de septiembre, fecha en inicia formalmente el proceso electoral de 2018, ningún funcionario o personaje público con aspiraciones a ser candidato pueda hacer proselitismo y contratar propaganda mediante recursos públicos o privados en cualquier medio de difusión.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO