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Después de poco más de tres semanas de la segunda vuelta de la elección presidencial, el mandatario de Brasil Jair Bolsonaro atribuyó su derrota a un error de software y exigió a la autoridad electoral que anule los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país.

Tal acción dejaría a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos restantes, y con la reelección, dijo Marcelo de Bessa, el abogado que presentó la solicitud de 33 páginas a nombre del presidente y del Partido Liberal, al que pertenece el ultraderechista.

La autoridad electoral ya ha declarado ganador al rival de Bolsonaro, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, e incluso muchos de los aliados del mandatario han aceptado los resultados.

El líder del Partido Liberal, Valdemar Costa, y un auditor contratado por el partido dijeron a periodistas en Brasilia que su evaluación encontró que todas las máquinas que datan de antes del 2020, casi 280,000 de ellas, o alrededor del 59% del total utilizado el 30 de octubre, carecían de números de identificación individual en los registros internos.

Ninguno de los dos explicó cómo eso podría haber afectado los resultados de las elecciones, pero dijeron que estaban pidiendo a la autoridad electoral que invalide todos los votos emitidos en esas máquinas.

La demanda calificaba el error de software como un «incumplimiento irreparable por mal funcionamiento» que ponía en duda la autenticidad de los resultados.

Al respecto, el titular de la autoridad electoral, Alexandre de Moraes, informó que la impugnación presentada implicaba la posibilidad de que el propio partido de Bolsonaro no saliera bien librado.

De Moraes dijo que el tribunal no consideraría la denuncia a menos que el partido ofreciera un nuevo informe en un plazo de 24 horas que incluyera los resultados de la primera ronda electoral del 2 de octubre, en la que el Partido Liberal obtuvo más escaños en ambas cámaras del Congreso que cualquier otra fuerza política.

Recordemos que la derrota de Bolsonaro por menos de 2 puntos porcentuales frente a Lula el 30 de octubre constituye el resultado electoral más estrecho desde la reinstauración de la democracia en Brasil en 1985.

Aunque el presidente no ha manifestado explícitamente que hubo fraude, se ha rehusado a aceptar su derrota o a felicitar a su oponente, dejando lugar para que sus simpatizantes saquen sus propias conclusiones. Muchos se han estado manifestando incansablemente, asegurando que hubo fraude electoral y exigiendo la intervención de las fuerzas armadas.

Durante más de un año, Bolsonaro insistió en que el sistema de votación electrónica de Brasil se prestaba para el fraude, aunque jamás presentó pruebas. Brasil comenzó a utilizar el sistema de votación electrónica en 1996.

Para su auditoría, el Partido Liberal contrató al Instituto del Voto Legal, un grupo que ha criticado al sistema actual y señala que el uso de máquinas contraviene la ley porque no proporciona un registro digital de cada voto individual.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó esta tarde el análisis de las impugnaciones que la oposición en el Senado y la Cámara de Diputados presentaron en contra de diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, especialmente en contra de la figura de llamados superdelegados.

Por mayoría de seis votos, siendo el definitorio el de la ministra Loretta Ortiz, el Pleno validó los artículos 17 TER y 32, fracción XX, de dicha ley, que prevén el sistema de Delegaciones Estatales de Programas para el Desarrollo, al considerar que los preceptos no resultan violatorios del principio de legalidad y seguridad jurídica al definir las facultades de las Delegaciones en la implementación de los programas de desarrollo.

Recordemos que la figura de los superdelegados fue implementada en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y son aquellos funcionarios que fungen como enlace entre las Secretarías de Estado y los gobiernos estatales para supervisar la implementación de los servicios y programas en las entidades.

El análisis de estas impugnaciones inició la semana pasada; sin embargo, la votación del Pleno quedó empatada, al recibir cinco votos a favor de los ministros Arturo Zaldívar; Yasmín Esquivel Mossa; Ana Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. Mientras que Norma Lucía Piña Hernández; Juan Luis González Alcántara; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis María Aguilar; Jorge Mario Pardo Rebolledo, votaron en contra.

Ante dicha situación, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, solicitó al Pleno esperar el voto de la ministra Ortiz para definir y concluir el asunto. Fue la exlegisladora del PT, partido aliados de Morena, quien esta tarde votó a favor.

Para Ortiz Alhf, la figura de los superdelegados no transgrede el principio constitucional de federalismo, pues el objetivo de los enlaces del gobierno federal y los estados “es eficientar el servicio público al estar adscritos jerárquicamente y orgánicamente a la Secretaría del Bienestar, y a su vez, bajo el mando de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo”.

Una vez validada la figura de los superdelegados, el Pleno declaró infundada la impugnación hecha por el entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien reclamaba la invalidez de diversas disposiciones de la misma ley, al considerar que dicha figura invadía competencias exclusivas del estado, en cuanto a la utilización de los recursos federales.
Los ministros resolvieron que las Delegaciones se circunscriben a la Secretaría de Bienestar, por lo que los planes, programas y acciones para el desarrollo integral que deben coordinar e implementar, así como los programas que ejercen algún beneficio directo a la población que se encargan de supervisar, son los correspondientes al ámbito federal

También se declaró infundada la impugnación del artículo 21, que se había presentado.

La farmacéutica alemana Bayer impugnó la reforma que permite a México comprar medicamentos en el extranjero con licitaciones de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Información del Poder Judicial disponible este miércoles reveló que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México admitió la demanda de amparo de Bayer contra la reforma a la Ley de Adquisiciones.

«Se admite a trámite la demanda de amparo. Incidente de suspensión: conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión», india el fallo con fecha del 18 de junio.

Bayer se mostró inconforme con la reforma promulgada en agosto pasado a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que autoriza al gobierno a adquirir bienes y servicios de salud con organismos intergubernamentales internacionales.

La reforma ha desatado polémica porque el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha justificado su necesidad para resolver el desabastecimiento de medicamentos, en particular de enfermedades como cáncer y VIH, que afronta el sector salud desde el inicio de su sexenio, a finales de 2018.

El mandatario ha denunciado un «sabotaje» de sus adversarios porque él ha combatido la «corrupción» en las compras, al señalar que en el sexenio pasado solo 10 empresas, «ligadas a políticos», concentraban casi 80% de los contratos.

El gobierno de la 4T reveló en su último informe, el 27 de mayo pasado, que ha pagado 43,000 millones de pesos a la UNOPS para comprar 730 claves de medicamentos con una licitación en la que hubo 171 empresas participantes y 144 ganadoras.

Bayer, al igual que otras compañías, han pedido al Poder Judicial declarar inconstitucional la reforma al considerar que viola la competitividad y afecta a los consumidores.

Sin embargo, el juzgado que admitió la demanda rechazó conceder por ahora una suspensión provisional de la ley, al argumentar que el orden público y el interés social prevalecen en relación al interés particular. «Procede negar la suspensión solicitada, dado que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo», indica la resolución.

Antes, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México avaló en abril las compras de medicamentos en la UNOPS, pero solo en situaciones «excepcionales», aunque este fallo está a revisión.

El Juzgado Cuarto fijó para el 28 de junio la audiencia incidental y para 4 de agosto la audiencia constitucional.

Sobre la falta de medicamentos,  la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) aseguró que el ingreso intermitente de sales de principio activo ha ocasionado el desabasto «momentáneo» de algunos medicamentos en nuestro país.

Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm, señaló que la pandemia por COVID-19 ha transformado las dinámicas del mercado, lo cual ha derivado en que el 8% de los insumos ha ocasionado desabastos interminetentes. «El 95% de las sales de principio activo son importadas del exterior, de naciones como la India llegan el 40% de estas sales y al haber una interrupción permea en la producción nacional», dijo.

Agregó que la industria nacional tiene amplios estándares internacionales, lo que se refleja en una producción interna de alrededor de 5,700 millones piezas anuales de medicamentos fabricados en el país.

Aseveró que para hacer frente a los desabastos, la industria ha trabajado en conjunto con laboratorios, distribuidoras y farmacias para realizar monitoreos y determinar dónde faltan medicamentos con el objetivo de reabastecer el inventario gradualmente.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),confirmó este miércoles el acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), relativo a los resultados de la última encuesta abierta para elegir a la nueva dirigencia de Morena.

Y es que luego de que se dieron a conocer los resultados de dicho ejercicio metodológico, el aspirante Porfirio Muñoz Ledo realizó la impugnación al proceso de renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, organizado por el INE.

La Sala Superior confirmó esta tarde que el acuerdo generado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE del pasado 23 de octubre, por el que se tuvieron por recibidos los resultados de la nueva encuesta por traslape de intervalos de confianza para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena.

Las magistradas y los magistrados estimaron ineficaces los argumentos de Porfirio Muñoz Ledo sobre la ausencia de reglas en materia de equidad en la contienda en el proceso de renovación de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y el tema referente a la indebida participación de las mismas casas encuestadoras en la organización de la última encuesta.

Al respecto, se consideró que son temas que la Sala Superior ya había estudiado y atendido previamente en distintos medios de impugnación.

Ante los señalamientos de un presunto uso indebido de recursos públicos en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, además de inequidad en la contienda y una afectación en sus derechos a votar y ser votado, el Tribunal dijo que Muñoz Ledo no acompañó los medios de prueba para respaldar sus afirmaciones

La presidente de México Libre, Margarita Zavala, encabezó este fin de semana la presentación del recurso de impugnación sobre la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) de negar a la organización el derecho de constituirse como nuevo partido político nacional.

La impugnación se presenta, pues la organización asegura que cumplió con todos los requisitos legales que se le solicitaron para obtener su registro.

México Libre señala que en la resolución y determinación, el Consejo General del INE introdujo, de manera arbitraria, un criterio novedoso que no está contemplado en la Constitución general, ni en la legislación electoral, ni tampoco en la normatividad que el propio Instituto emitió a fin de regular el proceso para la constitución de nuevos partidos políticos.

La organización acusó que el criterio utilizado en la resolución impugnada, además de novedoso es cuestionable en su fundamentación y en su existencia misma, ya que se creó y aplicó de manera ad hoc para “Libertad y Responsabilidad Democrática A.C.”.

Aseguran que se vulneró el derecho fundamental de asociación, la garantía de audiencia y los principios de certeza, seguridad jurídica, legalidad y confianza legítima.

La excandidata presencial explicó que “aún sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra y sabiendo que desde Palacio Nacional se persigue a quienes disentimos, fuimos cuidadosos y entregamos cada documento, cumplimos cada requisito, preferimos la transparencia y aquí lo saben”. Aún así, dijo, el INE les negó el registro en medio de una sesión pública llena de incongruencias, confusiones e inconsistencias, por lo que el resultado fue injusto.

Zavala señaló que debido a la presión mediática y política, ilegal y abusiva que el gobierno federal hace sobre las instituciones y sobre los otros Poderes de la Unión, el Consejo del INE no pudo actuar con independencia ni con la imparcialidad debida.

En su mensaje a la militancia, Fausto Barajas, coordinador nacional de México Libre, aseguró que la democracia en el país “está herida por el autoritarismo sin límite de un Presidente vengativo que usa al Estado como instrumento de su rencor”.

Por su parte el expresidente Felipe Calderón denunció las presiones ejercidas en la construcción de México Libre; insistió en que hay una campaña de hostigamiento y persecución política desde la Presidencia de la República.

El también integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional Fundacional de la organización, agradeció al Presidente López Obrador, ”porque con lo burdo de su ataque a México Libre y a mi persona, con lo verdaderamente abusivo que ha sido su comportamiento, con la grave manera que ha violentado las leyes atacando mis derechos y atropellando mis garantías individuales, le ha dado a México Libre una publicidad que no hubiéramos podido pagar con todo el financiamiento que reciben los partidos políticos”.

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) informó que aunque atenderá lo señalado en las resoluciones que un juez otorgó ayer en favor de un grupo de empresas de energía renovable, hará valer los medios de impugnación que la ley le otorga en contra de ellos.

Confirmó que ayer lunes 25 de mayo, fue notificado de seis resoluciones interlocutorias dictadas en los incidentes de suspensión, emitidas por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.

Las resoluciones están vinculadas con diversos juicios de amparo promovidos por las empresas contra el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” y su respectivo “Anexo Único” publicado el pasado 29 de abril.

El CENACE adelantó que argumentará y demostrará ante las autoridades respectivas la falta de competencia del Juez de conocimiento, dado que se trata de un asunto Administrativo y no de Competencia Económica.

Explicó que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra fuera de comercio según lo disponen los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en concordancia con los artículos 15, 16, 107 y 108 párrafo primero, fracciones I y II de la Ley de la Industria Eléctrica, situación que se reconoce por el juzgador en las resoluciones.

Señaló también que el Juez otorgó la suspensión definitiva sin el conocimiento de la situación técnica, lo cual se demuestra al momento de solicitar en dicha resolución que el CENACE está obligado a rendir un informe técnico en el que de manera detallada se le expliquen cuestiones técnicas que refieran a dicha suspensión.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la impugnación en contra de la ratificación de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), por un nuevo periodo de seis años.

Las y los magistrados determinaron que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico para controvertir el acuerdo del INE, a través del cual el Consejo General del INE designó a Jacobo Molina, el pasado 6 de febrero.

Se destacó que las y los promoventes no habían referido la existencia de una afectación a sus derechos político-electorales que ameritara la intervención delTribunal Electoral para analizar la constitucionalidad del Consejo General del INE

Recordemos que cerca de 250 ciudadanos, entre los que destacaban simpatizantes de Morena, impugnaron ante la reelección de Jacobo Molina, pero ni un solo partido político acompañó dicha acción legal.

De esa manera, el Pleno de la Sala Superior declaró fundadas las causales de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables, donde alegaron, precisamente, que los promoventes del juicio no contaban con interés jurídico, lo que motivaba el desechamiento de la demanda y por esa razón la imposibilidad de analizar los argumentos en contra de la supuesta ilegalidad del acto.

La exsecretaria federal en la pasada administración, Rosario Robles, interpuso un nuevo juicio de amparo para apelar la resolución del Tercer Tribunal Unitario en materia Penal, que en diciembre pasado ratificó la medida de prisión preventiva justificada que le impuso el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna.

El recurso de garantías fue admitido a trámite por el magistrado José Alfonso Montalvo Martínez, titular del Primer Tribunal Unitario en materia Penal, quien concedió la suspensión solo para el efecto de que Robles quede a disposición del órgano jurisdiccional.

El magistrado Montalvo Martínez señaló como fecha para la audiencia incidental el próximo 15 de enero a las 12:15 horas.

“Se recibe la demanda de amparo contra los actos que reclama del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito y otras autoridades, se admite, radíquese e intégrese el expediente de amparo 2/2020″, señala el acuerdo.

Además ordena: “Tramítese el presente juicio. Con incidente de suspensión. Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado».

El abogado de la exfuncionaria, Julio Hernández Barros, explicó que con este nuevo amparo buscan que a su cliente se le conceda una medida cautelar distinta a la de la prisión preventiva para seguir su proceso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió la controversia constitucional interpuesta por la administración estatal contra la #LeyBonilla, que amplía el mandato de dos a cinco años del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

La admisión de la controversia se da a la par de que cuatro excandidatos presentaron el recurso «Amicus Curiae» ante dicha instancia para impedir se amplíe el periodo de Bonilla.

El ministro José Fernando Franco González Salas otorgó un plazo de 30 días hábiles al Poder Legislativo de aquella entidad, para que envíe a la corte una copia certificada de los antecedentes legislativos de las normas impugnadas.

No obstante, el ministro negó la suspensión que solicitó el Partido Acción Nacional (PAN), con la que buscaba frenar la toma de protesta de Bonilla Valdez como gobernador de Baja California. Reiteró que la norma impugnada es de tracto sucesivo, es decir, en el transcurso del tiempo sigue produciendo efectos.

En tanto, cuatro de los cinco excandidatos a la gubernatura de Baja California presentaron en la SCJN el recurso «Amicus Curiae» contra la #LeyBonilla. El exaspirante perredista Jaime Martínez Veloz aclaró que con esa impugnación no se pretende evitar la toma de protesta del gobernador, prevista para el 1 de noviembre, sino que el bando solemne que emita el gobierno estatal se realice en los mismos términos que emitió el Instituto Electoral de Baja California, tal como lo establece la Constitución local.

Acompañado por el exabanderado panista, José Óscar Vega Marín, Martínez Veloz dijo que también estarán a la espera de que los ministros les otorguen una audiencia para presentar lo que a su derecho corresponda. El escrito fue entregado en la Oficialía de Partes de la Corte y está firmado también por los excandidatos Ignacio Anaya, del partido local de Baja California, y Enrique Acosta, del Partido Revolucionario institucional (PRI).

Recordemos que el Instituto Nacional Electoral (INE) también presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un recurso legal para que se determine con claridad el periodo de la gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California.

El gobernador Francisco Vega de Lamadrid publicó este jueves en el Periódico Oficial del Estado la reforma avalada por el Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el periodo de Jaime Bonilla Valdez, que iniciará el próximo 1 de noviembre.

La reforma entrará en vigor este viernes, por lo que las instancias que así lo consideren podrán interponer recursos jurídicos que correspondan para impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir del próximo lunes 21.

Esta mañana, Vega de Lamadrid dio a conocer que hoy quedaría publicada dicha reforma.

«La publicación de la ley me informan que se hará el día de hoy, hoy se publica la ley en el transcurso del día», señaló en un breve encuentro con los medios.

Recordemos que el mandatario estatal confirmó a #Xacto con Ana Paula Ordorica, que esta misma semana publicaría la ley para poder impugnarla.

 

Luego de la jornada electoral interna de ayer, en la que de acuerdo a los resultados preliminares informados por la dirigencia nacional de su partido, Ivonne Ortega aseguró que fue una contienda inequitativa y con graves irregularidades.

Indicó que dichas prácticas ponen en entredicho los resultados preliminares y el prestigio del partido. En ese sentido adelantó, analizará junto a la militancia si impugnará la elección.

Entre las irregularidades cometidas en el desarrollo de la jornada, la exgobernadora señaló:

  • Perdieron representantes electorales, más del 1000, en todo el país, por causas atribuibles al sistema informático a cargo del CEN del PRI.
  • Se impidió el acceso a los representantes de su fórmula a las casillas, mientras que a otro se les expulsó con violencia.
  • Votaron personas que no pertenecen al partido.
  • Hubo relleno y embarazo de urnas, previo y durante la jornada electoral.
  • Se cometió la compra y coacción del voto.
  • Se registró una votación atípica en casillas con participación del 100% de electores.

Ortega insistió en que la cúpula del partido recurrió a las prácticas más deshonestas, por lo que aseguró, ese no es el PRI que quieren los militantes, sino el que luchan por cambiar.

Acusó que al registrarse ‘vicios y trampas’, recibieron miles de denuncias y pruebas de militantes sobre las irregularidades que observaron en todo el país.

Ortega indicó que pese a que Alejandro Moreno se declaró como ganador, aún no hay resultados oficiales, por lo que el pronunciamiento que hizo su contrincante carece de legitimidad.

La priísta dio a conocer que cuenta con todas las pruebas necesarias para impugnar la elección, incluso para anularla. Dijo que «consultaré a los militantes» para saber si procede o no. Adelantó también que no se irá del partido, y por el contrario, seguirá trabajando para que la democracia real llegue al partido.

Al asegurar que fue un proceso en que la cúpula derrochó recursos e incurrió en diversas irregularidades, enfatizó que el PRI de la cúpula «se está agotando».

Este fin de semana algunos medios de comunicación anunciaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) atrajo la impugnación relacionada con la elección de gobernador del estado de Puebla y que, por ello, urgió al Instituto Electoral estatal a rendir un informe y enviar la documentación del recurso que interpuso Miguel Barbosa.

Al respecto, el TEPJF aclaró que no se ha efectuado tal “atracción” de la impugnación estatal que ha sido presentada para cuestionar los resultados y la validez de la elección de gobernador del Estado de Puebla.

Por el contrario, explicó que lo que se recibió en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal, fue un escrito firmado por el representante de Morena en el que se solicitó la intervención del Tribunal para el efecto de que se requiera al Instituto Electoral del Estado de Puebla que remita al Tribunal electoral local “el recurso de inconformidad interpuesto contra la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría de la elección de gobernador de dicho estado, en virtud de la omisión de ambas autoridades locales de tramitar el referido recurso”.

El Tribunal señaló que como en todas las ocasiones en que un escrito es presentado directamente en la Sala Superior, si en el mismo se precisa la conducta que se estima contraria a Derecho y se indica la autoridad a quien se le atribuye el acto u omisión reclamado, en el mismo acuerdo mediante el cual se turna el asunto a alguna Magistrada o Magistrado se efectúa un requerimiento a dicha autoridad.

Lo anterior, a fin de que proceda a realizar el trámite que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral ordena una vez que una demanda es presentada.

La dirigencia nacional del Partido Encuentro Social (PES) aclaró que ante la información que ha circulado de que se impugnó la elección presidencial en la que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) resultó ganador, dijo que lo que se hizo fue impugnar algunas casillas.

Su dirigente nacional, Hugo Eric Flores, indicó que no se solicitó la nulidad de los comicios, sino que se pidió se anulen las casillas en donde el PES solo tuvo un voto o ninguno.

Reiteró que el triunfo del candidato que el partido apoyó fue «incuestionable. Lo que sí nos deja una duda razonable es la falta de votos a favor de nuestro instituto político en miles de casillas ya sea por voto directo o de la coalición en cualquier de sus modalidades y eso es lo que impugnamos», precisó.

Detalló que el partido busca que se anulen las casillas que no fueron abiertas por el Instituto Nacional Electoral (INE), pues es «prácticamente imposible» que no se registraran votos.

Aprovechó para solicitar a las autoridades electorales revisar de manera detallada las impugnaciones presentadas a fin de resolver de manera puntual las exigencias de Encuentro Social.

 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que derivado de los resultados de la jornada electoral del pasado 1 de julio, se registraron 187 recursos de impugnación, los cuales serán enviados al Tribunal Electoral capitalino (TEXCMDX), quien será el encargado de resolverlos.

El Consejero del IECM, Mauricio Huesca Rodríguez, refirió que alrededor de 160 de los recursos de impugnación interpuestos están relacionados con los resultados de la elección de Alcaldías, Concejalías y Diputaciones Locales de Mayoría Relativa, mientras que 27 corresponden al Acuerdo del Consejo General del Instituto, mediante el cual se llevó a cabo la asignación de diputaciones locales de representación proporcional.

“Los recursos de impugnación son en contra de distritos, principalmente por la elección de Alcaldías y Diputaciones de Mayoría relativa, por cómputos, omisión de entrega de copias certificadas en las que piden recuento de paquetes, entre otros, y 27 de los recursos son en contra del Acuerdo de asignación de diputaciones de representación proporcional, donde lo que están impugnando es esencialmente la fórmula, esto es, si se tiene qué hacer una asignación proporcional pura o no, y si el diseño que debe aplicarse es el de la Constitución General o el de la Constitución de la Ciudad de México”, precisó el Consejero Electoral.

El Instituto señaló que una vez que el TECDMX resuelva los juicios, y en caso de que las y los promoventes no estén conformes con las resoluciones, podrán recurrir a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para volver a impugnar, y de ahí, pueden promover juicios de impugnación ante la Sala Superior, para agotar todas las instancias legales previstas en la ley.

 

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), confirmara las cifras del cómputo distrital federal, las cuales no son suficientes para que el Nueva Alianza mantenga su registro, el presidente nacional del partido, Luis Castro Obregón, dio a conocer que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver su permanencia como organismo político.

Indicó que buscarán impugnar la elección de diputados tal como lo prevé el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esto debido a que Nueva Alianza detectó irregularidades en el conteo de votos realizado por los escrutadores, referentes a la coalición que conformó con el Partido Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista de México, en varios distritos federales.

El dirigente manifestó su confianza en que se logrará el porcentaje de sufragios requerido en la legislación correspondiente para conservar el registro nacional. Dejó claro que la acción del Instituto Nacional Electoral (INE), al nombrar a un interventor para atender el presunto proceso de liquidación del partido, es de carácter preventivo.

Recalcó que Nueva Alianza es una fuerza social real, apoyada por más de un millón 400 mil ciudadanos, quienes comulgan con la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos de las mujeres, jóvenes y grupos vulnerables, principalmente. «Es un partido que tiene el registro garantizado en 20 entidades, es decir, en un tercio de la República; por lo tanto, “Nueva Alianza no se acaba”, dijo.

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra el Decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social, mejor conocida como la “Ley Chayote”.

El organismo explicó que consideró que la Ley presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación.

Además señala que la Ley no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial y, por tanto, no se garantiza que el gasto por dicho concepto cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Agregó que la Ley también delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial.

Con la impugnación, la CNDH señaló que busca que la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma “clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.