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La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma, a fin de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos para el cargo a través del voto ciudadano, tal como lo ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El propósito es establecer en nuestra Carta Magna que los integrantes de uno de los tres poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana, ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija”, precisó la diputada Araceli Celestino Rosas del PT.

La legisladora explicó que si las y los integrantes del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo son electos por la población de manera directa, mediante el voto, no existe razón para que los del Poder Judicial lleguen al cargo a través de otro mecanismos.

“No encontramos razón alguna para que el personal de la Suprema Corte no pueda, también, ser electos por el mismo pueblo”, añadió.

Se detalló que las modificaciones proponen que el cargo de ministro dure 6 años, en lugar de 15, como actualmente se establece; asimismo, para que la elección del presidente de la SCJN sea cada dos años y no cada cuatro.

“Tenemos la certeza de que las y los ministros de la Suprema Corte deben ser electos mediante el voto universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, en los términos que se disponga en la Ley Electoral”, sostuvo la petista.

Además, se plantea que para cada uno de los ministros es necesario que exista un suplente, quien sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva de la o el propietario.

Agregó que el PT considera fundamental abrir los mecanismos de participación para elegir a los integrantes de los tres Poderes que rigen a la nación, “máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, y esta iniciativa tiene ese propósito”, remató.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, cuyo objeto, indicaron los legisladores, es regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, con apego a la ética y al derecho.

La propuesta, enviada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, busca establecer lineamientos de políticas públicas en México para la regulación ética del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la Robótica dentro del territorio nacional.

La iniciativa, firmada por las diputadas y los diputados del PAN, plantea fomentar la creación de Normas Oficiales Mexicanas, basadas en principios éticos, para el buen uso de la IA y la Robótica en beneficio de la sociedad mexicana, siempre respetando los derechos humanos, la paridad entre los géneros, sin discriminación alguna por raza, origen étnico, religión, clase social o posición económica.

Busca crear el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica como organismo público descentralizado; además, la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica y vincula a los organismos autónomos con la regulación de su uso en territorio nacional, y estipula que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el centro generador de información sobre el uso de la IA en el país.

En la exposición de motivos, señala que es necesario comenzar a normar esta materia, pues en la actualidad las leyes no abordan a profundidad la regulación de la IA, concepto que gana terreno en todo el mundo, ante lo cual el reto es crear un marco legal y ético para su desarrollo, implementación y utilización.

Considera que la IA implica el uso de algoritmos y modelos matemáticos que procesan grandes cantidades de datos para tomar decisiones; realiza tareas que antes eran reservada a las personas, y su crecimiento “obliga a estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que pueda generar su proliferación”.

La IA, precisa, presenta un acelerado y claro crecimiento en nuestro país sin regulación legal, dejando un vacío entre las leyes y su implementación.

El diputado Ignacio Loyola Vera del PAN recordó que existe una preocupación internacional por la creación de normas y esquemas legales que proporcionen un marco regulatorio prudente y pertinente pues, considerando que es un sistema organizado para imitar la inteligencia humana y concentrar información, “su uso perverso no queda exento”, por lo que su posible utilización facciosa y manipulación constituyen un reto que se debe enfrentar.

La IA no es una moda, apunta la exposición de motivos de la iniciativa, por lo que estima oportuno regularla desde ahora y no esperar que su utilización sea un comportamiento generalizado; “será demasiado tarde”.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, insistió en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral, pues así serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.

Dijo que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular”.

Recordó que el pasado 27 de abril, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.

“Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, subrayó en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Y es que recordemos que en línea con lo expuesto desde Palacio Nacional y por diversas voces dentro de Morena, Armenta dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la primera parte del ‘Plan B’, “tiene una implicación política, no una implicación legal”.

Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.

De manera sorpresiva, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La iniciativa, inscrita ayer de última hora en la orden del día, fue considerada de urgente y obvia resolución, es decir, se le dispensó de todos los trámites para que pudiera ser discutida y votada, fue avalada en lo general por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se aprobó con 251 votos, 209 en contra y una abstención.

La oposición acusó que la iniciativa de Morena, no la conocían todos los diputados, y “ni siquiera ha sido analizada de manera puntual por los grupos parlamentarios porque no se ha circulado, porque no se ha presentado”, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Jesús Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía.

Fue el legislador quien indicó que la iniciativa que subió al Pleno y fue aprobada, fue una distinta a la que había presentado el jefe del Ejecutivo, la cual confirmó, fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, las cuales aún no sesionan.

De acuerdo a lo informado por la Cámara de Diputados, la iniciativa aprobada recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y que son del dominio directo de la nación.

También regula el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castiga la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.

Además, señala que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el 5% de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.

Y aunque fue una iniciativa distinta a la que envió el presidente López Obrador al Congreso, los diputados de Morena que suscribieron el proyecto de dictamen, señalaron que tiene punto de partida la propuesta que presentó AMLO el mes pasado. Señalaron que la esencia es la misma.

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte del PAN, bancada que votó en contra del dictamen, dijo que aunque la minería es un sector muy importante porque es generador de más de 417 mil empleos directos y dos millones y medio de empleos indirectos; la iniciativa merecía analizarse con tiempo, de “manera responsable”, considerando las voces de todos los involucrados, especialmente de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos.

El diputado Ildefonso Guajardo del PRI reconoció que el proyecto tiene avances, pero “lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento”.

Señaló que el problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración. Enfatizó que si no se corrigen dichos artículos “estamos destinando el futuro del sector al fracaso”.

Legisladores del Partido Verde y del Trabajo, se manifestaron a favor de la iniciativa. Fueron sus votos, juntos a los de Morena, los que lograron la aprobación del dictamen presentado.

El diputado Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, expresó que se violó el proceso legislativo impunemente con una iniciativa presentada de último momento.

Sin embargo, destacó algunas cosas positivas del proyecto, que es garantizar el derecho de consulta a las comunidades cuando se abre una concesión minera, la disponibilidad hídrica, que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años y el establecer planes de regulación, entre otras.

Afirmó que no había manera de votar en contra de la ley, pese a que se violó el proceso legislativo, porque el tamaño del agravio y atraco es mayúsculo; recordó que entre 1988 y 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras que abarcan el 58% del territorio nacional.

La bancada del PRD denunció que la iniciativa presentada era la misma que el Ejecutivo Federal mandó a esta Cámara, “carente y sin sentido; sigue siendo una propuesta absurda y no ha sido construida desde la reflexión y análisis de la problemática nacional”.

Se pretende, dijo, a través de un albazo, cumplir los deseos de quien no escucha a los pequeños mineros.

La diputada Eufrosina Cruz del PRI dijo que el Congreso no es oficialía de partes, sino un Poder autónomo; acusó que se discutió un proyecto del cual no se conocía el contenido. “Se violenta el proceso legislativo. Estas leyes no pueden ser aprobadas al vapor y sin análisis previo”.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada, Pedro Armentía López, quien lamentó la discusión de una iniciativa incorporada de último momento, sin respetar los consensos ni el trabajo de las comisiones. “Puedo apostar que la mayoría desconoce lo que se votará en esta Cámara; es un debate fast track que implica daños irreparables”, dijo.

Incluso en votación económica, se desecharon mociones suspensivas presentadas por el PAN, MC y el PRD, en el sentido de detener el proceso de aprobación de la iniciativa, a efecto de emprender un Parlamento Abierto y de consulta a las comunidades mineras.

El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Los legisladores del PAN en la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tiene como objeto desaparecer o fusionar 18 instituciones públicas.

La bancada indicó que la propuesta afecta a los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y tira a la basura avances en materia de combate a la corrupción.

El diputado José Antonio García García de Acción Nacional indicó que “la autollamada 4T se consolida como un gobierno destructor de las instituciones que han costado años de lucha para su creación, las cuales implementan acciones y políticas públicas en favor de diversos sectores vulnerables del país”.

Lamentó que se pretenda desaparecer instituciones como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo cual se vulnerará la autonomía e independencia del Sistema, y se correrá el riesgo de que no haya una adecuada transparencia y rendición de cuentas y un verdadero combate eficaz a la corrupción.

“Se trata de una grave regresión el que también se pretenda desaparecer como organismo descentralizado al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), institución encargada de promover y velar los derechos y el desarrollo integral de los adultos mayores, sector poblacional que requiere no se debilite su atención, por el contrario, necesita que se fortalezca”, señaló.

Asimismo, condenó que se busque eliminar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo encargado de establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, con lo cual se da la espalda a 6.2 millones de mexicanos que padecen algún tipo de discapacidad.

El diputado refirió que “más que un discurso falso de austeridad y aligerar el gasto presupuestal, la propuesta para desaparecer o fusionar 18 instituciones públicas; se trata de centralizar el control de todas ellas, lo cual es lamentable dado que vivimos en un estado democrático.”

Su compañera de bancada, la diputada Krishna Romero Velázquez, lamentó que el Gobierno Federal le dé la espalda a 31.2 millones de jóvenes mexicanos, los cuales representan el 25% de la población total del país, al proponer la abrogación de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, además de trasladar a dicho organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como unidad administrativa, lo cual dijo, refleja la poca o nula importancia que tiene este gobierno por las y los jóvenes.

El presidente López Obrador insiste en seguir reformando la administración pública; pero, qué busca ¿simplificar su operación o centralizar gasto y poder? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Paula Villaseñor, Directora de Gobierno Efectivo del IMCO, sobre la iniciativa del Ejecutivo.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar el abandono y maltrato a las personas mayores.

En su iniciativa, que reformaría diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal, se señala que quien abandone a una persona de la tercera edad, deberá recibir de un mes a cuatro años de prisión o de 180 a 360 días de multa, además de retirarle la tutela de adulto mayor.

El diputado Alan Castellanos Ramírez, de la bancada del PRI, señaló que entre las sanciones también estarían la privación de los derechos de familia, así como el pago en reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Argumentó que actualmente las leyes consideran delito el abandono de niños, niñas y adolescentes, así como de las personas que se encuentran enfermas, a pesar de que la edad adulta mayor implica vulnerabilidad; sin embargo, el marco legal permite la impunidad en el abandono de las personas mayores.

Dentro de la iniciativa se indica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores han sido víctimas de abandono, maltrato físico y psicológico, e incluso abuso sexual.

De igual modo, se menciona que existen cifras que muestran que en México se estima una prevalencia de entre 8.1% y 18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

“Las personas adultas mayores constituyen un importante grupo de población, de manera que los objetivos que se logren para estas personas eventualmente representarán beneficios en la sociedad”, concluyó el legislador.

Foto: Reinserta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió reformas a la Cámara de Diputados para eliminar el organismo público descentralizado, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), por considerarla “atrofiada” e “incapaz de impulsar el desarrollo rural”.

La propuesta del mandatario también busca derogar la ley orgánica de la FND, encargada de apoyar con recursos presupuestales a organizaciones de productores en el medio rural del país.

“Al día de hoy la FND es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de la población a través de los créditos al sector”, señaló López Obrador en su iniciativa.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo “es eficientar los recursos públicos dirigidos al sector agrícola, rural, forestal y pesquero”. Por ello, impulsa que los recursos de este fondo “se entreguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarias y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria”.

El documento también expone que a 21 años de su creación, luego de sustituir, en diciembre de 2002, al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), solo ha otorgado créditos a un número reducido de productores agrícolas, forestales y pesqueros.

Y como ha señalado en otras ocasiones a programas e instituciones, AMLO acusa que la FND ha operado con intermediarios financieros y bajo un “diseño que ignoró mecanismos de cobro eficaces”. Se detalla que en las últimas dos décadas estas ineficiencias han provocado que su cartera vencida ascienda los 26,703 millones de pesos.

Lo anterior, acusó el mandatario, también ha implicado la contratación de despachos y abogados externos para llevar a cabo una cobranza judicial a nivel nacional con un “alto costo y escasa efectividad en la recuperación de los créditos”, entre 28,621 asuntos registrados en cartera vencida de la FND.

El texto menciona que el desequilibro de la Financiera Nacional de Desarrollo se agrava por sus pasivos contraídos con organismos financieros internacionales, los cuales ascienden a 16.509 millones de pesos.

Asimismo, expone que los gastos fijos por servicios de mantenimiento, vigilancia, pago de contribuciones, seguros patrimoniales, y de bienes muebles e inmuebles que deben de efectuarse “independientemente de la eficacia financiera de las agencias de la FND”.

La iniciativa presidencial fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y posible dictaminación.

De ser aprobada en dicha comisión legislativa de la Cámara de Diputados, se procederá a su discusión y posible aprobación ante el pleno de legisladores para ser enviada al Senado, donde continuaría el trámite.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, informó que la reunión que se tenía prevista para ayer, donde se discutiría el dictamen a la iniciativa de reforma constitucional en materia de justicia electoral, se pospuso para hoy.

El morenista explicó que la decisión se debió a que los grupos parlamentarios solicitaron más tiempo para revisar los alcances del documento y construir consensos al interior.

Sin embargo, rechazó que haya resistencia de las bancadas por lo que pueda pasar con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y adelantó que si hoy se vota se buscará que se lleve inmediatamente al Pleno.

“Yo no diría que hay resistencia al interior de las bancadas, lo que puedo decir es que en varios grupos parlamentarios necesitan explicar de una manera detallada el alcance de la propuesta de reforma porque se agregaron al texto principal, que proponía establecer criterios jurídicos para que el Tribunal dictara y determinara el perfil de los actos parlamentarios, aquellos que no se consideran de materia electoral, cuestiones que tiene que ver con acciones afirmativas y paridad de género”, indicó el legislador.

Subrayó que no se merma para nadie la posibilidad de impugnar cualquier afectación en materia político-electoral en la Cámara de Diputados o fuera de ella, en los partidos políticos o en cualquier agencia. “Son recursos y la manera de defenderse y plantearla ante los tribunales, eso queda inamovible”, aclaró.

El diputado destacó que en el dictamen se mandata a los partidos políticos a que establezcan sus propias reglas para asegurar el respeto al principio de paridad de género y a las acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables.

Además, enfatizó, se resalta de manera explícita la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de acciones afirmativas y cumplimiento del principio de paridad de género.

“No se le está quitando a nadie nada, sucede que la materia por la cual un asunto como este pueda ir al TEPJF es exclusivamente lo que tiene que ver con asuntos con derechos políticos-electorales, pero no es nada tiene que hacer el Tribunal en paridad de género o en acciones afirmativas o en los otros extensísimo y variados ámbitos de la vida social, por ejemplo, las escuelas, las oficinas de trabajo, las fábricas y tantos otros lugares donde el tema de la paridad de género y la necesidad de impulsar acciones afirmativas debe corresponder a la ley”, aclaró.

El diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, celebró que se haya dado más tiempo para revisar el dictamen, algo que calificó como un “nuevo triunfo de la ciudadanía”.

Se refirió a la propuesta como una “regresiva iniciativa, que fortalece a las dirigencias partidistas y debilita a la militancia”.

El coordinador parlamentario indicó que la iniciativa debilita a las ciudadanas y ciudadanos sin partidos que tienen una legítima aspiración a que los partidos se democraticen, a que la ley se haga valer, y a que las contiendas sean equitativas, que exista un árbitro electoral fuerte, vigilante y que garantice la imparcialidad y la certeza en los procesos electorales.

A diferencia del resto de los partidos que apoyan la iniciativa, Movimiento Ciudadano ha acusado que los dos principales bloques: Morena y Va por México, quieren un Tribunal a modo.

Y es que mucho se ha señalado que la reforma busca limitar las facultades del Tribunal Electoral. Busca modificar los Artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, al indicar que el TEPJF se ha excedido en sus responsabilidades, invadiendo las competencias del poder Legislativo.

En Broojula, Javier Martín, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, conversa con Ana Paula Ordorica sobre esta iniciativa, y sus efectos de cara a la elección presidencial de 2024.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseguró que la iniciativa en materia de aviación civil que se presentó ante el legislativo se podría estar dictaminando la próxima semana, con cambios a su planteamiento original.

Y es que recordemos que la iniciativa que reforma la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca incorporar acciones correspondientes para recuperar la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación, que se perdió en mayo del 2021.

Además, plantea que el Estado cuente con una aerolínea, lo cual ha sido abordado por el presidente en sus conferencias matutinas, y que estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa, así como adicionar el artículo 17 Ter en materia de cabotaje.

Recordemos que el cabotaje permitiría a empresas extranjeras operar vuelos en rutas nacionales, algo que actualmente la ley solo da esta posibilidad a las aerolíneas mexicanas. AMLO ha dicho que el cabotaje serviría para disminuir los precios de los boletos de avión, algo que la industria descarta.

Ignacio Mier explicó que ante los señalamientos que se han hecho a algunos puntos de la iniciativa, específicamente a lo relacionado al cabotaje, se analiza la posibilidad de dictaminar por separado algunos de los elementos de la iniciativa.

Admitió que hay inquietudes respecto a la adición del artículo 17 Ter, por lo que se busca ampliar su revisión a fin de tener un dictamen que no esté sujeto a controversias.

“Para no confrontarnos y tener mayores elementos, el Grupo Parlamentario y la coalición solicitó al secretario de Gobernación que se tenga un periodo de pausa para realizar un proceso de reflexión profunda y de mayor acercamiento a la iniciativa de aviación”, comentó.

Sin embargo, reiteró la necesidad de que México regrese a la categoría 1, por lo que adelantó que, de llegar al acuerdo en la materia, y la nueva aerolínea que operaría el gobierno federal, “podríamos estar dictaminando la próxima semana, porque ya las tres comisiones que tienen conocimiento, hablé con sus presidentes, podrían dictaminar la próxima semana”.

Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para las Américas, Peter Cerdá, estimó que México podría recuperar la categoría 1 por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) en el último trimestre de 2023.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió ayer con 12 legisladores y otros representantes del gobierno estadounidense en Palacio Nacional, confirmó el mandatario a través de Twitter.

López Obrador publicó una fotografía sin dar mayores detalles. “Reunión bilateral con 12 legisladores y representantes del gobierno de EE.UU. Se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficios de nuestros pueblos”, escribió.

Sin embargo, fue el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien dio algunos detalles. Indicó que se analizaron temas relacionados con migración, tráfico de armas y la lucha contra el fentanilo.

“Terminó la reunión con senadores y diputados de los Estados Unidos, muy bien. [email protected] respetuosos de México y su gobierno. Se abordó desde migración, frontera norte, transítsmico. Tráfico de armas y fentanilo hasta integración económica. Cordial y muy buen encuentro”, publicó en la misma red social.

Al salir del Palacio Nacional, Ebrard dijo que, pese a que algunos legisladores impulsan una iniciativa referente a que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intervengan en México contra los cárteles de la droga, la propuesta no cuenta con respaldo necesario.

“Yo no vi ninguna intervención de senadora o senador de Estados Unidos apoyando de ninguna manera lo que habían dicho los dos senadores que, por cierto, hoy no vinieron. Nadie de ellos lo planteó”, apuntó.

Expuso que las y los congresistas de Estados Unidos no apoyan la iniciativa que han planteado los republicanos.

“Al contrario nos dijeron que querían cooperación, colaboración, y  trabajo conjunto”, precisó el canciller.

Ebrard Casaubón añadió que en la reunión coincidieron los legisladores y el gobierno de México, en trabajar de manera conjunta para resolver problemas de narcotráfico, drogas, tráfico de armas, migración, y temas económicos, entre otras cosas.

“Nosotros nos quedamos con la impresión de que hay congresistas que quieren estrechar lazos con México y no están para nada en la posición de lo que escuchamos la semana pasada”, sostuvo.

En su oportunidad,  detalló que el tema de la iniciativa estadounidense,

Y aunque dijo que la iniciativa republicano no se abordó de manera expresa, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, otra de las asistentes al encuentro, dijo que lo que sí hubo fueron coincidencias en respetar la soberanía de ambos países.

“Les dijimos que teníamos que ver la problemática de manera integral, porque finalmente somos aliados, somos vecinos, somos socios, y en algunas de las zonas también somos familia”, concluyó la funcionaria.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados recibió una iniciativa del Ejecutivo Federal que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación.

El documento fue remitido a las comisiones unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, y a las comisiones de Gobernación y Población, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

La iniciativa señala que su finalidad es garantizar el derecho humano a la ciencia reconocido en la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política, a través de una política articulada por el estado mexicano en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, en las que el Estado ejerza la rectoría indispensable para el desarrollo nacional y el bienestar de la población.

Entre los cambios que sugiere la iniciativa de López Obrador, está convertir al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (CONAHCYT).

La iniciativa señala que el director general de dicho Consejo será designado por el Ejecutivo Federal.

Propone que los recursos públicos que destine el gobierno federal al fomento y apoyo de actividades relacionadas, sean entregados sin intermediarios a los becarios, humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores.

Además, busca que la asignación de becas a estudiantes de universidades públicas, en programas de maestría y doctorado orientados a la investigación en todas las áreas de las ciencias y las humanidades, sean universales.

Recordemos que María Elena Álvarez-Buylla, titular de la CONACYT, había propuesto en agosto pasado ‘transformar’ al Consejo, justificando que era necesario darle una visión con Humanidades.

“Este nuevo CONAHCYT, con H, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, quisiéramos que ese fuera el nombre ahora que, esperemos, se apruebe la primera Ley general de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Promovemos el avance riguroso del conocimiento desde nuestro país con compromiso social y ambiental. Fortaleciendo nuestra soberanía”, expresó en una de las conferencias matutinas del presidente.

Hoy en la mañana, López Obrador aseguró que los conservadores están muy molestos por el rescate y transformación que se está llevando a cabo en el CONACYT.

La diputada del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, quien presentó en San Lázaro la iniciativa que buscaba alargar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028, solicitó licencia para separarse de cargo de manera indefinida a partir del próximo lunes 26 de septiembre.

En un breve encuentro con los medios de comunicación, la legisladora señaló que dejaba su escaño para emprender proyectos “importantes” en Durango, y negó que la separación de su cargo obedezca a presiones.

“Yo amo Durango. Durango vive un momento muy importante y yo creo que puedo contribuir desde muchos ámbitos, yo he trabajado en la parte federal en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Soy uno de los perfiles que ha tenido el privilegio de servir en los tres órdenes de gobierno, en lo local, en los tres Poderes del estado, y hay mucho por hacer”, dijo.

Respecto a su iniciativa, que ahora se encuentra en análisis en el Senado, recordó que la reforma constitucional vigente marca la colaboración de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública hasta marzo de 2024, por lo que dijo, es necesario “resolver eso, creo que esto sirve, debe ser una oportunidad en el Senado para precisar cosas que aquí avanzamos y que iban muy bien”.

Asimismo, se pronunció por fortalecer y capacitar a las policías municipales y las estatales, así como a las fiscalías de las entidades federativas; “si las fiscalías y policías no avanzan, el tema de seguridad no avanzará”.

Sobre los comentarios que hiciera esta ayer el presidente, en los que diera a entender que la iniciativa que se presentó era de su autoría, la diputado negó que eso sea así. Dijo que no fue lo que escuchó, y que el contexto en el que se dio la declaración fue muy distinto al que se le dio.

“Yo no conozco al señor Presidente, nunca lo he visto (…) lo están tomando… la república del Twitter, comunica distinto”, contestó al ser cuestionada.

Algunas versiones señalaban que De la Torre Valdez, que era magistrada del Tribunal de Justicia estatal de Durango, podría regresar a su encargo en la entidad, solo que ahora como magistrada presidenta.

Sin embargo, tal como lo reportó El Universal, la diputada confirmó que el motivo por el que solicitó separarse de su escaño es porque formará parte del gabinete de gobierno en el estado de Durango, que recientemente asumió Esteban Villegas.

El diputado Ignacio Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió a la Cámara de Diputados en materia de Guardia Nacional no tiene el carácter de preferente como se anunció.

El morenista subrayó que no hay una modificación de fondo a la corporación de seguridad pública, ya que “la función civil de la Guardia Nacional no se trastoca”.

Para que la iniciativa tuviera el carácter de preferente, tenía que haber sido entregada al Congreso hoy jueves 1 de septiembre, primer día de trabajo del periodo ordinario. Sin embargo, la propuesta se recibió ayer miércoles 31 de agosto.

A pregunta expresa sobre si le dispensarán todos los trámites a la iniciativa presidencial para que sea discutida y votada directamente en el Pleno, el diputado respondió que es una posibilidad porque el Reglamento lo permite, pero no puede asegurar que ello sucederá.

“Nosotros no vamos a violentar ninguno de los apartados establecidos en el Reglamento de la Cámara de las y los diputados”, afirmó.

Comentó que el tema de la Guardia Nacional ha sido debatido “ampliamente” en los medios de comunicación por editorialistas y articulistas; “entonces, qué más deliberación que sea no sólo de manera formal, oficial en la Cámara, en todos los medios se ha publicado. Dejemos que sea una deliberación abierta, franca y directa”.

Explicó que este jueves el Pleno de la Cámara de Diputados aprobará el calendario de sesiones del próximo periodo ordinario, y será en función de eso cómo se le dé desahogo y tratamiento legislativo, conforme al Reglamento, a la iniciativa del Presidente.

En tanto, el diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, fue electo como presidente de la Mesa Directiva para el Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, luego de lograr el respaldo del Pleno, con mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 2 abstenciones.

Luego de rendir protesta, Creel Miranda declaró legalmente instalada la Cámara de Diputados para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.

El panista tomó protesta a las integrantes de la Mesa Directiva. La primera vicepresidencia estará a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena); la segunda vicepresidencia, la ocupará la diputada Noemí Berenice Luna Ayala (PAN) y en la tercera vicepresidencia, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI).

Como secretarias, fueron electas las diputadas: Brenda Espinoza López (Morena), Saraí Núñez Cerón (PAN), Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI), María del Carmen Pinete Vargas (PVEM), Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT), Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz (MC) y María Macarena Chávez Flores (PRD).

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que, independientemente de revisar, analizar y discutir la iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador, el próximo jueves, su bancada dará su voto a favor.

El diputado dijo que se dará su el apoyo sin regateos, toda vez que la propuesta es una medida importante que permitirá pacificar al país de una manera responsable, precisa y efectiva.

El morenista defendió que la estrategia de seguridad del gobierno federal ha tenido éxito, ya que en gran medida se logró reducir los índices de criminalidad a través de dos fórmulas, la primera: generar programas sociales para atender el rezago social y evitar que los jóvenes y niños caigan en las garras del crimen organizado; y segundo, porque ha habido un incremento importante en el salario mínimo, que a su vez genera mayor consumo y fortalecimiento de la economía.

Por lo tanto, resaltó Mier Velazco, es primordial ahora fortalecer a los cuerpos de seguridad y para ello la Guardia Nacional es parte importante.

“Vamos a defender y a discutir y votar la iniciativa que nos envíe Presidente de México, además que dentro del Presupuesto se garantizarán los recursos para este fin”, explicó.

Agregó que casi el 80% de los mexicanos aprueban la Guardia Nacional; “tiene una gran aceptación, tiene 115 mil integrantes, de ellos, más de 80 mil tienen carrera militar, por tanto, ellos merecen tener certeza legal”.

Asimismo, consideró que esta iniciativa presidencial coadyuvará al fortalecimiento de la seguridad en estados y municipios.

Puso como ejemplo a Sinaloa, Zacatecas y Michoacán, donde la presencia de la Guardia Nacional ha permitido reducir los índices delictivos y lograr la paz en dichas entidades, ya que cuentan con muy pocos elementos de la policía estatal para brindar seguridad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer esta mañana que emitirá un acuerdo para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), saltándose así, gracias a las facultades que tiene, el camino legislativo que dicha adscripción requiere.

“Por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Sedena, pero voy a emitir un acuerdo para que, ya por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma”, dijo López Obrador.

Rápidamente el presidente fue cuestionado sobre si dicho acuerdo no sería “brincarse al Legislativo” en un proceso que él mismo había planteado, que era enviar la iniciativa al Congreso.

Sí”, respondió el mandatario, aunque dijo que la iniciativa para la Reforma Constitucional si se presentaría, aunque lo que se busca era la forma de que se pudiera hacer en lo administrativo, pues si la reforma no pasa, por el rechazo de la oposición, se garantizaría que de todas maneras el cambio quede.

“Por si no pasa, de todas maneras, va a quedar así. Lo que quiero es que quede establecido constitucionalmente para que no le den marcha atrás”, explicó”, subrayó López Obrador. Defendió que el gobierno federal utilizará todos los recursos legales a fin de garantizar la operatividad de la Guardia Nacional en las acciones de seguridad y pacificación del país a largo plazo.

Añadió que su administración se enfoca en dar resultados positivos a la población en materia de seguridad, a pesar de los obstáculos de la oposición en el Congreso de la Unión. 

“Si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. (…) Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, (…) todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”, apuntó. 

Recordó que la Guardia Nacional tiene más de 110 mil efectivos en campo, “todos formados, capacitados, distribuidos en el territorio”, e incluso señaló que hay estados de la República en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que están cuidando al pueblo que los policías estatales y municipales.

Adicional, con el objetivo de acelerar los procesos de liberación, el jefe del Ejecutivo propuso reestructurar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender a la brevedad este asunto de justicia. Instruyó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, revisar los casos de personas inocentes que están en prisión de forma injustificada.

El presidente de la Mesa Directiva, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, indicó que la Cámara de Diputados se alista para desahogar el tema en el próximo periodo ordinario de sesiones.

Gutiérrez Luna dijo que, hay un acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en San Lázaro, para sacar adelante este asunto que fue turnado a la Comisión de Energía para emitir el dictamen correspondiente.

Y es que desde la semana pasada, la Comisión Permanente recibió la iniciativa que expide la Ley de los Husos Horarios, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El legislador indicó que el acuerdo para eliminar el horario de verano en el país cuenta con el apoyo de la mayoría de las y los diputados. “Es un horario que entró en vigor hace 26 años con el propósito de generar ahorros de energía, reducir el uso de combustibles y disminuir la emisión de contaminantes”, lo cual no ha ocurrido.

En línea con lo que expuso el presidente y funcionarios del gobierno federal, el diputado explicó que el ahorro con ese horario se ha mantenido por debajo del 1% de la energía consumida cada año y además ha ido decreciendo por los avances tecnológicos y mejoras en la industria que han propiciado un consumo más eficiente.

Refirió que estudios científicos, entre ellos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han señalado que la implementación de horarios estacionales afecta la salud a corto, mediano y largo plazo, sobre todo de niñas, niños y adolescentes causando trastornos de sueño, problemas cardíacos, desequilibrios en el reloj biológico y diferentes alteraciones psicoemocionales.

Gutiérrez Luna refirió que datos del gobierno federal señalan que en mayo pasado se realizó una encuesta en la que 71.4% de la población consultada se pronunció por mantener un solo horario durante todo el año.

“Por estos motivos consideramos viable la eliminación del horario de verano, cuyo uso no se justifica con los pocos ahorros de energía y las múltiples afectaciones a la salud de las y los mexicanos. Sólo se plantea mantenerlo en algunas partes de la frontera norte del país dada la profunda integración laboral, social, cultural y económica con los Estados Unidos”, remató.