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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este lunes que antes de que termine su mandato elaborará una iniciativa de reforma con la que buscará que desaparezcan organismos autónomos pues, consideró, “no sirven para nada”.

“No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluo”, expresó el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

El mandatario se refirió a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), los cuales, aseguró, deben desaparecer.

“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, y es ‘supuestamente autónomos’ porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, aseveró.

Refirió que cada vez que se quiere defender a empresas como Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “sale el Instituto este de la Competencia (Cofece) a defender a los particulares”, lamentó.

Asimismo, dijo que no importa si no aprueban su reforma, pero lo que busca es dejar constancia de que esos organismos “están mal” y no quiere ser cómplice.

“Si no la aprueban lo que quiero es que quede constancia de que eso está mal y no quiero ser cómplice, este año o el año próximo, antes de irme”, enfatizó.

Recordemos que en diversas ocasiones, López Obrador ha dicho que este tipo de organismos son “inútiles” y ha criticado los altos salarios de sus funcionarios.

Un grupo de congresistas demócratas de Estados Unidos presentó este martes un proyecto de ley que busca controlar el tráfico de armas de fuego y municiones a través de la frontera con México.

La iniciativa, titulada ‘Desarmar a los carteles’, instruye al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que “identifique y desmantele las organizaciones criminales transnacionales responsables por la exportación de armas y municiones de Estados Unidos a México”.

El proyecto comprende una ampliación en la recolección y análisis de información acerca de las armas de fuego recuperadas en zonas donde se han cometido crímenes en nuestro país, para identificar a los contrabandistas que operan dentro de Estados Unidos.

“Por años las armas estadounidenses han promovido la violencia, la inestabilidad y la migración forzosa en todo el hemisferio occidental”, afirmó el congresista Joaquín Castro, uno de los promotores de la iniciativa.

“Estados Unidos puede, y debe, hacer más para impedir que las armas que nosotros fabricamos caigan en manos de organizaciones criminales que hacen el contrabando de fentanilo y otras drogas letales hacia Estados Unidos”, añadió Castro.

Por su parte el congresista Dan Goldman sostuvo que “demócratas y republicanos por igual reconocen la amenaza que representan el comercio de fentanilo y el contrabando y tráfico humano”.

Sin embargo, criticó que los republicanos “ignoran que la fuente de poder de los carteles está en los cientos de miles de armas fabricadas en Estados Unidos que salen del país y van a la mano de los carteles”.

El presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que reforma la Ley General de Salud en materia de muerte digna y sin dolor, la cual fue respaldada por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

“Esta iniciativa tiene que ver con un problema serio de salud que hemos detectado a lo largo de estos últimos años y hay estudios muy claros del Comité de Ética y Bioética de la UNAM que nos dejó claro que estaríamos ya en condiciones de transitar a la eutanasia o la muerte digna”, indicó Emmanuel Reyes, diputado de Morena.

El legislador explicó que su propuesta plantea otorgar el derecho a las personas a que decidan sobre el término de su vida en sí mismos, de una manera feliz y tranquila, cuando padezcan una enfermedad terminal.

“Esto no tiene que ser obligatorio, sino más bien tiene que ser un derecho, sobre todo en aquellos pacientes que presenten alguna enfermedad terminal crónica degenerativa y que ya no tengan esperanza de vida. Y si no deciden optar por esta opción, puedan recibir cuidados paliativos o quien decida padecer el dolor de muerte, también se respete”, precisó.

Y es que reconoció que la Ley General de Salud no le da facultades todavía a un profesional de la salud para poder aplicarle la eutanasia a un enfermo que ya no tiene esperanza de vida y solamente se sigue alargando su agonía y dolor.

Apuntó que hay voluntad del PRI, de Movimiento Ciudadano, de Morena, del PVEM y del PRD pues dijo, fueron quienes respaldaron la propuesta; acusó que el PAN no se sumó al proyecto, lo que dijo, “se respeta”.

El diputado de Morena aclaró que, para poder legislar en materia de eutanasia o muerte digna, primero se debe aprobar la legislación para regular la objeción de conciencia, que sigue pendiente en la Cámara de Diputados y que podría discutirse en las siguientes semanas.

Añadió que es fundamental aprobar la ley en materia de objeción de conciencia para poder transitar a la eutanasia, ya que es preciso que haya profesionales de la salud que no tengan restricciones éticas, religiosas o morales para poder aplicarla.

La iniciativa precisa que la eutanasia se podría aplicar solo en casos específicos, que son:

  1. Sufrir una enfermedad terminal.
  2. Sufrir una condición médica irreversible: Condición que, sin producir la muerte inmediata, genere dolor físico o sufrimiento emocional intenso, continuo o crónico.
  3. Estar en agonía: El estado que precede a la muerte que se produce de forma gradual en el que existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, consciencia o capacidad de ingesta con pronóstico de vida de 2 a 3 días.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adelantó que presentará una iniciativa a fin de que las casas encuestadoras apliquen métodos de investigación y transparenten el ingreso de sus recursos y nombres de los clientes que solicitan los trabajo de opinión.

Y es que el legislador aseguró que es preocupante que las empresas realicen encuestas, las publiquen en diarios importantes y, a partir de su difusión, incidan para que la gente no vaya a votar, porque dicen que es muy amplia la distancia entre los candidatos.

El anuncio del priista llega luego de que en las ultimas semanas se dieran a conocer encuestas que dan una amplio ventaja a Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la Presidencia, sobre Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM).

El frente opositor ha acusado una estrategia de Morena de querer incidir en el animo ciudadano con ese tipo de encuestas, pues aseguran que lo que buscan es desalentar la participación al querer hacer creer que la elección ya está resuelta, en este caso a favor de Sheinbaum.

Incluso han señalado que esa fue la estrategia que se ha utilizado en otras elecciones.

Por esta razón, Moreira Valdez dijo que las casas encuestadoras además de registrar la metodología del estudio, deberían dar los nombres de sus clientes recientes, de quienes les pagan.

En ese sentido, dijo que propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé seguimiento a estos ejercicios, contar con un “ranking” para conocer el grado de confiabilidad y cuántas fallan en las mediciones de intención de voto a una elección.

El priista señaló que esto debe ir acompañado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del INE, porque es necesario tener conocimiento de cómo operan económicamente, quiénes pagan sus servicios, ya que, indicó, existe el riesgo de que se trate de “encuestadoras fantasmas”, que no tienen ni trabajadores.

Sostuvo que el ejemplo más reciente en el que se basa para esta iniciativa, es el que ocurrió en las elecciones del Estado de México, donde 23 encuestadoras fallaron en sus porcentajes, donde algunas pronosticaban 15, 20 o más puntos de diferencia y al votar la diferencia fue de 8% entre el primero y segundo lugar.

Al destacar que sólo dos empresas estuvieron cerca de este puntaje, señaló que estos altos márgenes de error son un nuevo fraude electoral, como los ataques cibernéticos y la desinformación que tienen su mayor efecto en las redes sociales.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó llevar a Parlamento Abierto el análisis de la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, que pretende reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas, con lo que su discusión y eventual aprobación se retrasará aún más.

El presidente de la Jucopo, Jorge Romero, apuntó que se pretende abordar el tema con mayor profundidad, ya que “es una reforma que tendría muchísimas implicaciones que todavía no se han previsto en esta iniciativa”; mencionó el impacto presupuestal que implica la propuesta.

El panista recordó que al ser reforma constitucional, se requieren dos terceras partes, por lo cual el oficialismo no podrá sacarla por sí solo. Por ello dijo, se habrá de tener un Parlamento Abierto que permita escuchar todas las voces y no solamente a las voces partidistas.

Al respeto, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el Parlamento Abierto dará las condiciones y la certeza a la iniciativa que busca reducir horas a la jornada laboral, que recordó presentó la diputada de su grupo parlamentario, Susana Prieto Terrazas.

“Yo fui el que propuse que debería de haber la discusión más amplia, deliberativa democrática, que permita la participación de todos los sectores y que se vieran las otras implicaciones que tenía, sobre todo, en lo que se refiere a seguridad social”, indicó el morenista.

Mier Velazco detalló que se integrará un grupo plural de trabajo para que se realicen al menos tres foros de Parlamento Abierto, a fin de que participen organizaciones sindicales de trabajadores, colegios, observatorios del salario, académicos y organizaciones patronales.

“No queremos que haya ningún pretexto para que sea realmente garantizado ese derecho que está considerado por la Organización Mundial de la Salud, un derecho de los trabajadores y que la propia Constitución establece: el derecho al descanso”, añadió.

Señaló que la bancada del PAN pidió como condición para analizar la propuesta que se realizara el Parlamento Abierto, pues busca verificar si se contraviene alguna disposición que tenga que ver con retenciones y aportaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y por lo que se tendría también que modificar la Ley de Seguridad Social.

Mier Velazco rechazó haber recibido presiones por parte del empresariado, como denunciaron organizaciones que defienden la reducción de la jornada laboral.

“Yo estoy a favor de garantizar el descanso de los trabajadores y escuchar las voces de todos”, afirmó.

Finalizó señalando que el primer foro iniciará el siguiente lunes con tres temas sustantivos: seguridad social, la reducción de la jornada versus lo que establece la OMS y su impacto social y económicamente para el país.

La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar quienes que no cumplan con su obligación de votar en elecciones, consultas populares y procesos de revocación de mandato.

El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la Comisión de Reforma Política-Electoral para opinión, adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política, que dice:

“La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión por un año de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal o multa equivalente a diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.

La propuesta sugiere que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto, en caso de ser aprobado, el Congreso deberá hacer las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria correspondiente a la justificación que en derecho se defina para la omisión del sufragio.

En voz de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, se señaló que el ejercicio del voto en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, además de ser un derecho, es también una obligación de las y los ciudadanos del país, según lo establece el artículo 36 fracción III de la Constitución.

“A pesar de que desde hace años se han emprendido diferentes campañas de concientización por parte de las autoridades electorales federales y locales, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales, aún falta mucho por hacer para elevar el porcentaje de electores que acuden a las urnas a cumplir con su obligación de votar”, precisó Pinete Vargas.

La iniciativa precisa que, si bien en la democracia un solo voto de diferencia es suficiente para ganar una elección, los datos en los comicios de 2022 y de 2023 muestran la renuencia de más de la mitad de las y los ciudadanos convocados a las urnas para ejercer lo que se considera en la Constitución como un derecho de la ciudadanía.

Menciona que en la actualidad se tienen contabilizados 27 países en los que, además de considerarse el voto como obligatorio, se cuenta con sanciones aparejadas a su inobservancia.

La diputada del PVEM destacó que el fortalecimiento continuo del régimen democrático en México, de la rendición de cuentas y de los mecanismos para dotar de mayor legitimidad a quienes resultan electos por el voto popular como gobernantes o representantes, transita por combatir el abstencionismo y elevar los niveles de participación ciudadana en las elecciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó la respuesta que la Suprema Corte dio sobre sus sueldos y las acciones que se han llevado a cabo para ajustarse al artículo 127 Constitucional, derivado la consulta

“Era de esperarse una respuesta así, leguleya”, lanzó el mandatario, quien explicó que “es muy claro el artículo 127 de la Constitución”, el cual lo están violando los ministros de la Corte.

Cuestionó qué interpretación se le puede dar a un artículo que, según él, establece con mucha claridad que todos los servidores públicos no pueden percibir una remuneración mayor a la del titular del Ejecutivo.

En ese sentido, y en tono de burla, dijo que su respuesta solo aplicaría si los ministros no fueran servidores públicos. “Que en término estricto alguno no lo son, son servidores privados”, lanzó el mandatario.

Aseguró que los ministros de la Corte ganan de cuatro a cinco veces más que él y volvió a presentar los “40 excesos del Poder Judicial” que en repetidas ocasiones se han expuesto en la conferencia matutina.

El mandatario insistió en que presentará una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se detalle de forma más precisa todo lo relacionado con las remuneraciones en la administración pública, para no dar margen a que los ministros afirmen que “no está clara la Constitución”.

Indicó que mandará la iniciativa de ley al Congreso el próximo año, cuando se integre la próxima legislatura, pues dijo, esperará a ver si su movimiento logra la mayoría calificada que se necesita para reformar la Constitución.

La semana pasada, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, pidió a la SCJN un informe sobre las acciones que ha realizado el máximo tribunal para cumplir con el mandato de que ningún funcionario gane más que el presidente.

“Las percepciones que reciben los ministros de la SCJN no pueden ser diferenciadas ni pueden ser disminuidas por actos provenientes de los otros poderes”, señaló la Corte en su informe.

Sin embargo, la Corte recordó que desde el 8 de enero de 2019, los ministros decidieron reducir su salario un 25%, al hacer uso de su autorregulación bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Aunque detalló que el artículo 94 de la Constitución establece que la remuneración de los juzgadores mexicanos no podrá ser disminuida durante su encargo y el 123 establece el principio de que “a trabajo igual debe corresponder salario igual”.

Además, en la respuesta de la SCJN recordó que determinó desde mayo de 2019 que el articulado que establece que ningún funcionario podía recibir mayor sueldo que el presidente mexicano “carecía de parámetros objetivos”.

“Se declaró la invalidez de diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ya que el Poder Legislativo no estableció parámetros objetivos para fijar remuneraciones que garanticen las características que exige dicho numeral”, indicó.

Además, consideró que esto permite una discrecionalidad con potencial de afectación a la eficacia y calidad de la función pública.

Finalmente, en la respuesta de la Corte también se indicó que no existe un precepto jurídico que permita a la Secretaría de Gobernación a solicitar a la SCJN un informe respecto del cumplimiento de algún artículo constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), insistió este viernes en la militarización de la Guardia Nacional (GN), un cuerpo que nació hace cuatro años con un enfoque civil.

López Obrador prometió que volverá a promover una reforma constitucional para trasladarla a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo que la Corte le echó para atrás.

“Antes de terminar mi mandato, cuando inicie el nuevo Congreso, voy a enviar una nueva reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional siga siendo apoyada, formada y conducida por la Sedena, porque eso es lo mejor para nuestro pueblo, para garantizar la paz y la tranquilidad”, dijo al encabezar el acto de aniversario de la GN en Campo Marte.

Recodemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el pasado 18 de abril la reforma legal de López Obrador que transfería el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, al considerarla inconstitucional.

AMLO creó, con el apoyo de todas las bancadas en el Congreso, la Guardia Nacional en 2019 para sustituir a la extinta Policía Federal. Sin embargo, desde entonces ha recibido críticas por la conducción que ha dado al cuerpo, y su insistencia en virar a que tenga un carácter militar, tanto en el fondo como en la forma.

Además, ha habido críticas a la Guardia Nacional por sus repetidas violaciones de derechos humanos mientras están a cargo de la seguridad pública en todo el país.

El pasado 19 de abril, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional acabaron con la vida de dos personas y un recién nacido de ocho meses en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un tiroteo sin aparente justificación.

“No quiero que con el paso del tiempos se eche a perder esta institución, como sucedió con la Policía Federal al depender de civiles ambiciosos, deshonestos, desleales al pueblo. Quiero que se mantenga la disciplina, la lealtad, la rectitud, la honestidad, y solo se puede garantizar si forma parte de la Sedena”, insistió López Obrador.

Los cuatro años que la Guardia Nacional ha sido desplegada por las calles, subrayó López Obrador, han permitido avanzar para “garantizar la paz y seguridad”.

Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 128,000 efectivos y se espera que se amplié hasta los 160,000 antes de que acabe el gobierno de López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró esta mañana que propondrá una iniciativa de reforma constitucional para reconocer los derechos de los animales y declararlos como seres sintientes.

“Sí, estamos de acuerdo, hay que continuar con el proceso en el Congreso para que se apruebe en el Senado la reforma legal y sí vamos nosotros a presentar una iniciativa para la reforma al artículo 4 (de la Constitución)”, expresó el mandatario al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia matutina.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó una reforma para proteger los derechos de los animales en marzo pasado, la iniciativa quedó estancada en el Senado, que ahora debe esperar al próximo inicio de sesiones en septiembre.

En este contexto, López Obrador prometió una iniciativa propia para modificar el artículo 4 de la Constitución, que entre otras cosas garantiza el derecho al medio ambiente sano, a la salud, a la vivienda y a la cultura.

“Lo puedo asegurar, vamos a esperar el nuevo periodo de sesiones, pero ya vamos a empezar a trabajar”, sostuvo.

La lucha por declarar a los animales como seres sintientes ha crecido en los últimos años, con entidades como Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Durango que ya lo han establecido en sus legislaciones locales.

Se estima que en México siete de cada 10 animales de tipo domésticos sufren de algún tipo de maltrato, con más del 70% de los perros y 60% de los gatos en situación de calle, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la reforma al artículo 4 de la Constitución que enviará López Obrador también establecerá la pensión universal para adultos mayores a partir de los 65 años y un apoyo económico universal para personas con discapacidad.

“Y esto que tiene que ver con el trato humano, respetuoso a los animales, para la reforma en el Artículo 4 a la Constitución”, remarcó el mandatario.

La bancada del PT en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma, a fin de que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos para el cargo a través del voto ciudadano, tal como lo ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“El propósito es establecer en nuestra Carta Magna que los integrantes de uno de los tres poderes públicos, el Judicial, accedan al cargo a través de un proceso electoral en el que la población mexicana, ejerciendo su voto libre, directo y secreto, los elija”, precisó la diputada Araceli Celestino Rosas del PT.

La legisladora explicó que si las y los integrantes del Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo son electos por la población de manera directa, mediante el voto, no existe razón para que los del Poder Judicial lleguen al cargo a través de otro mecanismos.

“No encontramos razón alguna para que el personal de la Suprema Corte no pueda, también, ser electos por el mismo pueblo”, añadió.

Se detalló que las modificaciones proponen que el cargo de ministro dure 6 años, en lugar de 15, como actualmente se establece; asimismo, para que la elección del presidente de la SCJN sea cada dos años y no cada cuatro.

“Tenemos la certeza de que las y los ministros de la Suprema Corte deben ser electos mediante el voto universal, directo, libre y secreto de los ciudadanos, en los términos que se disponga en la Ley Electoral”, sostuvo la petista.

Además, se plantea que para cada uno de los ministros es necesario que exista un suplente, quien sólo podrá ocupar el cargo ante la ausencia temporal o definitiva de la o el propietario.

Agregó que el PT considera fundamental abrir los mecanismos de participación para elegir a los integrantes de los tres Poderes que rigen a la nación, “máxime que la sociedad mexicana está en un proceso continuo de fortalecer el sistema democrático, y esta iniciativa tiene ese propósito”, remató.

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para expedir la Ley de Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, cuyo objeto, indicaron los legisladores, es regular y normar el uso de estas tecnologías con fines gubernamentales, económicos, comerciales, administrativos, comunicacionales y financieros, con apego a la ética y al derecho.

La propuesta, enviada a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, busca establecer lineamientos de políticas públicas en México para la regulación ética del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y la Robótica dentro del territorio nacional.

La iniciativa, firmada por las diputadas y los diputados del PAN, plantea fomentar la creación de Normas Oficiales Mexicanas, basadas en principios éticos, para el buen uso de la IA y la Robótica en beneficio de la sociedad mexicana, siempre respetando los derechos humanos, la paridad entre los géneros, sin discriminación alguna por raza, origen étnico, religión, clase social o posición económica.

Busca crear el Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica como organismo público descentralizado; además, la Red Nacional de Estadística de Uso y Monitoreo de la Inteligencia Artificial y la Robótica y vincula a los organismos autónomos con la regulación de su uso en territorio nacional, y estipula que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía será el centro generador de información sobre el uso de la IA en el país.

En la exposición de motivos, señala que es necesario comenzar a normar esta materia, pues en la actualidad las leyes no abordan a profundidad la regulación de la IA, concepto que gana terreno en todo el mundo, ante lo cual el reto es crear un marco legal y ético para su desarrollo, implementación y utilización.

Considera que la IA implica el uso de algoritmos y modelos matemáticos que procesan grandes cantidades de datos para tomar decisiones; realiza tareas que antes eran reservada a las personas, y su crecimiento “obliga a estar atentos para prevenir y analizar las posibles desventajas directas o indirectas que pueda generar su proliferación”.

La IA, precisa, presenta un acelerado y claro crecimiento en nuestro país sin regulación legal, dejando un vacío entre las leyes y su implementación.

El diputado Ignacio Loyola Vera del PAN recordó que existe una preocupación internacional por la creación de normas y esquemas legales que proporcionen un marco regulatorio prudente y pertinente pues, considerando que es un sistema organizado para imitar la inteligencia humana y concentrar información, “su uso perverso no queda exento”, por lo que su posible utilización facciosa y manipulación constituyen un reto que se debe enfrentar.

La IA no es una moda, apunta la exposición de motivos de la iniciativa, por lo que estima oportuno regularla desde ahora y no esperar que su utilización sea un comportamiento generalizado; “será demasiado tarde”.

El senador de Morena, Alejandro Armenta, insistió en la necesidad de que los integrantes del Poder Judicial de la Federación sean electos de manera directa y en los términos que disponga la ley electoral, pues así serán designados democráticamente y no por una minoría que establezca una justicia de subordinación.

Dijo que las funciones y responsabilidades de los jueces, juezas, magistradas y magistrados es de suma importancia, pues son la base estructural del Estado que se encarga de desarrollar una sociedad justa. “De ahí deriva la imperiosa necesidad de que sus cargos sean asignados mediante elección popular”.

Recordó que el pasado 27 de abril, enlistó en la Gaceta Parlamentaria un proyecto para reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el propósito de que la elección del Poder Judicial sea directa y en los términos que disponga la ley electoral.

“Si el Ejecutivo y el Legislativo son sometidos a consideración popular, lo justo es que también lo sea el Poder Judicial”, subrayó en la iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda.

Y es que recordemos que en línea con lo expuesto desde Palacio Nacional y por diversas voces dentro de Morena, Armenta dijo que la decisión para invalidar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la primera parte del ‘Plan B’, “tiene una implicación política, no una implicación legal”.

Alejandro Armenta subrayó que en los últimos meses se denota una actitud de rechazo, por parte de la Suprema Corte, hacia el trabajo de diputados y senadores, por lo que para los legisladores es un exceso el hecho de querer limitar las funciones que le competen al Poder Legislativo.

Alejandro Armenta planteó que la SCJN no tiene transparencia, pues la rendición de cuentas se hace a través del Consejo de la Judicatura Federal, pero ese órgano regulador, encargado de atender las posibles faltas o abusos de los ministros, tiene como titular a la propia presidencia de la Corte.

De manera sorpresiva, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La iniciativa, inscrita ayer de última hora en la orden del día, fue considerada de urgente y obvia resolución, es decir, se le dispensó de todos los trámites para que pudiera ser discutida y votada, fue avalada en lo general por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se aprobó con 251 votos, 209 en contra y una abstención.

La oposición acusó que la iniciativa de Morena, no la conocían todos los diputados, y “ni siquiera ha sido analizada de manera puntual por los grupos parlamentarios porque no se ha circulado, porque no se ha presentado”, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Jesús Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía.

Fue el legislador quien indicó que la iniciativa que subió al Pleno y fue aprobada, fue una distinta a la que había presentado el jefe del Ejecutivo, la cual confirmó, fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, las cuales aún no sesionan.

De acuerdo a lo informado por la Cámara de Diputados, la iniciativa aprobada recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y que son del dominio directo de la nación.

También regula el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castiga la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.

Además, señala que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el 5% de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.

Y aunque fue una iniciativa distinta a la que envió el presidente López Obrador al Congreso, los diputados de Morena que suscribieron el proyecto de dictamen, señalaron que tiene punto de partida la propuesta que presentó AMLO el mes pasado. Señalaron que la esencia es la misma.

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte del PAN, bancada que votó en contra del dictamen, dijo que aunque la minería es un sector muy importante porque es generador de más de 417 mil empleos directos y dos millones y medio de empleos indirectos; la iniciativa merecía analizarse con tiempo, de “manera responsable”, considerando las voces de todos los involucrados, especialmente de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos.

El diputado Ildefonso Guajardo del PRI reconoció que el proyecto tiene avances, pero “lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento”.

Señaló que el problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración. Enfatizó que si no se corrigen dichos artículos “estamos destinando el futuro del sector al fracaso”.

Legisladores del Partido Verde y del Trabajo, se manifestaron a favor de la iniciativa. Fueron sus votos, juntos a los de Morena, los que lograron la aprobación del dictamen presentado.

El diputado Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, expresó que se violó el proceso legislativo impunemente con una iniciativa presentada de último momento.

Sin embargo, destacó algunas cosas positivas del proyecto, que es garantizar el derecho de consulta a las comunidades cuando se abre una concesión minera, la disponibilidad hídrica, que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años y el establecer planes de regulación, entre otras.

Afirmó que no había manera de votar en contra de la ley, pese a que se violó el proceso legislativo, porque el tamaño del agravio y atraco es mayúsculo; recordó que entre 1988 y 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras que abarcan el 58% del territorio nacional.

La bancada del PRD denunció que la iniciativa presentada era la misma que el Ejecutivo Federal mandó a esta Cámara, “carente y sin sentido; sigue siendo una propuesta absurda y no ha sido construida desde la reflexión y análisis de la problemática nacional”.

Se pretende, dijo, a través de un albazo, cumplir los deseos de quien no escucha a los pequeños mineros.

La diputada Eufrosina Cruz del PRI dijo que el Congreso no es oficialía de partes, sino un Poder autónomo; acusó que se discutió un proyecto del cual no se conocía el contenido. “Se violenta el proceso legislativo. Estas leyes no pueden ser aprobadas al vapor y sin análisis previo”.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada, Pedro Armentía López, quien lamentó la discusión de una iniciativa incorporada de último momento, sin respetar los consensos ni el trabajo de las comisiones. “Puedo apostar que la mayoría desconoce lo que se votará en esta Cámara; es un debate fast track que implica daños irreparables”, dijo.

Incluso en votación económica, se desecharon mociones suspensivas presentadas por el PAN, MC y el PRD, en el sentido de detener el proceso de aprobación de la iniciativa, a efecto de emprender un Parlamento Abierto y de consulta a las comunidades mineras.

El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Los legisladores del PAN en la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que tiene como objeto desaparecer o fusionar 18 instituciones públicas.

La bancada indicó que la propuesta afecta a los adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y tira a la basura avances en materia de combate a la corrupción.

El diputado José Antonio García García de Acción Nacional indicó que “la autollamada 4T se consolida como un gobierno destructor de las instituciones que han costado años de lucha para su creación, las cuales implementan acciones y políticas públicas en favor de diversos sectores vulnerables del país”.

Lamentó que se pretenda desaparecer instituciones como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con lo cual se vulnerará la autonomía e independencia del Sistema, y se correrá el riesgo de que no haya una adecuada transparencia y rendición de cuentas y un verdadero combate eficaz a la corrupción.

“Se trata de una grave regresión el que también se pretenda desaparecer como organismo descentralizado al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), institución encargada de promover y velar los derechos y el desarrollo integral de los adultos mayores, sector poblacional que requiere no se debilite su atención, por el contrario, necesita que se fortalezca”, señaló.

Asimismo, condenó que se busque eliminar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo encargado de establecer las políticas públicas para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida, con lo cual se da la espalda a 6.2 millones de mexicanos que padecen algún tipo de discapacidad.

El diputado refirió que “más que un discurso falso de austeridad y aligerar el gasto presupuestal, la propuesta para desaparecer o fusionar 18 instituciones públicas; se trata de centralizar el control de todas ellas, lo cual es lamentable dado que vivimos en un estado democrático.”

Su compañera de bancada, la diputada Krishna Romero Velázquez, lamentó que el Gobierno Federal le dé la espalda a 31.2 millones de jóvenes mexicanos, los cuales representan el 25% de la población total del país, al proponer la abrogación de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, además de trasladar a dicho organismo público descentralizado sectorizado de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como unidad administrativa, lo cual dijo, refleja la poca o nula importancia que tiene este gobierno por las y los jóvenes.

El presidente López Obrador insiste en seguir reformando la administración pública; pero, qué busca ¿simplificar su operación o centralizar gasto y poder? En Broojula, Ana Paula Ordorica conversa con Paula Villaseñor, Directora de Gobierno Efectivo del IMCO, sobre la iniciativa del Ejecutivo.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para sancionar el abandono y maltrato a las personas mayores.

En su iniciativa, que reformaría diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y del Código Penal Federal, se señala que quien abandone a una persona de la tercera edad, deberá recibir de un mes a cuatro años de prisión o de 180 a 360 días de multa, además de retirarle la tutela de adulto mayor.

El diputado Alan Castellanos Ramírez, de la bancada del PRI, señaló que entre las sanciones también estarían la privación de los derechos de familia, así como el pago en reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.

Argumentó que actualmente las leyes consideran delito el abandono de niños, niñas y adolescentes, así como de las personas que se encuentran enfermas, a pesar de que la edad adulta mayor implica vulnerabilidad; sin embargo, el marco legal permite la impunidad en el abandono de las personas mayores.

Dentro de la iniciativa se indica que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada diez personas mayores han sido víctimas de abandono, maltrato físico y psicológico, e incluso abuso sexual.

De igual modo, se menciona que existen cifras que muestran que en México se estima una prevalencia de entre 8.1% y 18.6% de adultos mayores que sufren algún tipo de maltrato o abuso familiar.

“Las personas adultas mayores constituyen un importante grupo de población, de manera que los objetivos que se logren para estas personas eventualmente representarán beneficios en la sociedad”, concluyó el legislador.

Foto: Reinserta

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió reformas a la Cámara de Diputados para eliminar el organismo público descentralizado, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), por considerarla “atrofiada” e “incapaz de impulsar el desarrollo rural”.

La propuesta del mandatario también busca derogar la ley orgánica de la FND, encargada de apoyar con recursos presupuestales a organizaciones de productores en el medio rural del país.

“Al día de hoy la FND es un organismo atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de la población a través de los créditos al sector”, señaló López Obrador en su iniciativa.

De acuerdo con la exposición de motivos, el objetivo “es eficientar los recursos públicos dirigidos al sector agrícola, rural, forestal y pesquero”. Por ello, impulsa que los recursos de este fondo “se entreguen directamente a las personas beneficiarias, sin intermediarias y sin gastos en infraestructura administrativa innecesaria”.

El documento también expone que a 21 años de su creación, luego de sustituir, en diciembre de 2002, al Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), solo ha otorgado créditos a un número reducido de productores agrícolas, forestales y pesqueros.

Y como ha señalado en otras ocasiones a programas e instituciones, AMLO acusa que la FND ha operado con intermediarios financieros y bajo un “diseño que ignoró mecanismos de cobro eficaces”. Se detalla que en las últimas dos décadas estas ineficiencias han provocado que su cartera vencida ascienda los 26,703 millones de pesos.

Lo anterior, acusó el mandatario, también ha implicado la contratación de despachos y abogados externos para llevar a cabo una cobranza judicial a nivel nacional con un “alto costo y escasa efectividad en la recuperación de los créditos”, entre 28,621 asuntos registrados en cartera vencida de la FND.

El texto menciona que el desequilibro de la Financiera Nacional de Desarrollo se agrava por sus pasivos contraídos con organismos financieros internacionales, los cuales ascienden a 16.509 millones de pesos.

Asimismo, expone que los gastos fijos por servicios de mantenimiento, vigilancia, pago de contribuciones, seguros patrimoniales, y de bienes muebles e inmuebles que deben de efectuarse “independientemente de la eficacia financiera de las agencias de la FND”.

La iniciativa presidencial fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y posible dictaminación.

De ser aprobada en dicha comisión legislativa de la Cámara de Diputados, se procederá a su discusión y posible aprobación ante el pleno de legisladores para ser enviada al Senado, donde continuaría el trámite.