Tag

iniciativa

Browsing

El Pleno del Senado de la República arrancó esta tarde la discusión de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la Cámara de Diputados, la cual aprobó sin modificaciones, y que fue remitida al Senado.

Horas antes, con 23 votos en favor y 20 en contra, las comisiones unidas de Energía; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron sin cambios, en lo general, la minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.

El dictamen fue aprobado por la Comisión de Energía, que preside la senadora Rocío Abreu Artiñano, con ocho votos en favor y siete en contra. En tanto, la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, cuyo presidente es el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, avaló la minuta con ocho votos en pro y siete en contra.

Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, encabezada por la senadora Ana Lilia Rivera, respaldaron el dictamen con siete votos en favor y seis en contra.

La discusión del dictamen se llevó a cabo por más de cuatro horas y participaron los integrantes de las tres comisiones dictaminadoras, donde manifestaron sus respectivas posturas, en favor y en contra, de este proyecto de decreto.

Previamente, al inicio de la reunión, los integrantes de las comisiones desecharon, por mayoría, la propuesta de senadoras y senadores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, para realizar un Parlamento Abierto, a efecto de analizar este tema.

Al presentar el dictamen, la Rocío Abreu dijo que el dictamen se aprobó en comisiones con un «amplio consenso»; sin embargo, solo fue respaldada por Morena y el PT.

Abreu Artiñano afirmó que esta reforma es de gran relevancia para el sector energético del país, pues será pilar de desarrollo, clave de la seguridad nacional y beneficiará a los intereses nacionales; además enfatizó que se garantice el abasto nacional de energía, cumplir con el compromiso, de largo plazo, de no incrementar las tarifas, así como asegurar la confiabilidad, continuidad y calidad del sistema eléctrico nacional, además de proteger la seguridad y soberanía energética.

El senador del PAN, Julen Rementería, consideró que, en la práctica, esta reforma es una “expropiación disfrazada”, además, de que es mentira que con ella la energía será más barata o beneficie a la soberanía de México. Expuso que la CFE no tiene la capacidad para generar por sí sola la energía que requiere el país, por lo que, habrá más apagones.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, afirmó que este proyecto de decreto viola la Constitución, todo el ordenamiento jurídico y varios compromisos internacionales adquiridos por México. “No tengo duda de que significará un retroceso a la salud de los mexicanos, la calidad del medio ambiente y en el uso eficiente de los recursos naturales”.

En el mismo sentido, la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, opinó que esta reforma representa pasado y significa un retroceso total que le robará el futuro a la gente. Vaticinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declarará inconstitucional.

Por el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa aseguró que la reforma viola la Constitución en materia de prohibición de monopolios y libre competencia, ya que da ventaja a un solo competidor. También, dijo que genera obstáculos para muchas empresas que ya firmaron compromisos que tienen que ver con el medio ambiente, lo cual las dejaría totalmente fuera del mercado.

El aspirante a la Presidencia de la República, el panista Ricardo Anaya, aseguró que la iniciativa de reforma a la industria eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envío al Congreso, y que podría estarse votando mañana en la Cámara de Diputados, un «gravísimo error» que perjudicará a los mexicanos directamente.

En un video publicado en sus redes sociales, indicó que hoy en día la energía más barata y más limpia es la que se genera con los rayos del sol, con el viento o con plantas de ciclo combinado; explicó que actualmente la CFE, por ley, tiene que comprar la electricidad más barata para poderla vender a los usuarios domésticos, a los negocios o a las fábricas, lo cual es bueno por el costo que tiene, pero también al ser la más limpia.

.

El excandidato presidencial denunció que la iniciativa de AMLO va contra lo que hoy en día existe, y lo que promueve es generar energía sucia y cara.

Desde la refinería y termoeléctrica de Tula, Hidalgo, el panista indicó que en la refinería se transforma el petróleo en gasolina, quedando un desperdicio llamado combustóleo, del cual el gobierno tiene tanto que ya no saben qué hacer con él, pues ya no tiene donde almacenarlo, y venderlo no es buen negocio como ocurría años atrás.

Indicó que la «brillante idea» del gobierno federal fue apostar por quemar todo el combustóleo que hay, y por eso la reforma que propusieron, pues bajo la ley actual no pueden quemar todo el combustóleo de Pemex porque están obligados a dar preferencia a la energía más barata.

«Es un disparate que te va a afectar por dos razones; primero porque van a contaminar el aire que respiras (…), y segundo, también te va a afectar porque cuesta cinco veces más caro generar la electricidad quemando combustóleo; o una de dos: o te suene la luz o usan los impuestos para subsidiar, lo cual implica que haya menos dinero para servicios como agua, calles, caminos, hospitales, medicinas, becas… de algún lado tienen que tomar ese dinero», denunció Anaya Cortés

Sostuvo que la iniciativa de reforma de AMLO significará retroceder décadas, pues México se quedará con lo peor: con el combustóleo que contamina, con las plantas viejas y con la energía cara. Incluso dijo que los apagones que se vivieron en los últimos días en el país no van ser» nada comparado con lo que puede venir».

Sobre la iniciativa de AMLO, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que la propuesta tiene el potencial de convertir al modelo de la industria eléctrica en un monopolio y de destruir el mecanismo de despacho de energía de las centrales eléctricas que hoy opera el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de manera independiente y que permite que haya competencia entre generadores y, por ende, mejores precios. Advirtió que de aprobarse la iniciativa subirá el costo de la energía eléctrica. L

Afirmó que usar combustibles ineficientes y contaminantes como los que privilegia la reforma, implicará mayores tarifas para los usuarios. Coincidió con Anaya en que el despacho a la energía termoeléctrica producida por la CFE tiene un costo de generación 5 veces mayor a la generación de energía solar o eólica por parte de empresas privadas.

Alertó que con la reforma, la energía solar o eólica sería la tercera en ser despachada, y si el costo no se transfiere de forma directa a los usuarios, se hará de forma indirecta mediante subsidios que serán cubiertos con el pago de impuestos de todos los mexicanos, además que las finanzas de la CFE se verán perjudicadas.

«Uno de los efectos más perniciosos identificados es que detiene la inversión y desalienta la llegada de nuevos proyectos al país, por ende, dejarán de crearse nuevas fuentes de empleo (…) La conclusión es que el gobierno no puede solo, requiere de la colaboración de la inversión privada», dijo la Confederación.

Dijo que sería un despropósito impulsar una reforma que detone litigios y que será impugnada legalmente desde el primer día porque se incumplirían o desconocerían compromisos que el gobierno actual suscribió a través del T-MEC y otros tratados.

Estás con la industria nacional o con los extranjeros. Este es el nuevo falso dilema en el que ha colocado a México el presidente López Obrador. Uno más de entre los falsos dilemas: conmigo o con los corruptos; con la 4T o con Peña Nieto; con la transformación o con el saqueo.

Con su propuesta de Ley de la Industria Eléctrica que ha ordenado a los diputados que aprueben sin modificarle ni una sola coma, el presidente ahora coloca a quienes apoyan esta iniciativa como los preocupados por salvar a la CFE y a quienes la critican como los vende patrias que se inquietan más por las empresas extranjeras que vinieron a saquear a México.

Pero el verdadero dilema en la iniciativa energética del presidente es si se quiere a un México moderno y en crecimiento o uno estancado y con apagones. Así de sencillo. Para que México crezca, necesita más electricidad. Y si crece México, crecerá la demanda de electricidad. Es un círculo virtuoso y hoy la CFE no se está preparando para esto.

Estamos ya en el tercer año de gobierno y la CFE no tiene un solo plan para cubrir la creciente demanda de electricidad. Una demanda que viene del desarrollo. No es lo mismo vivir en los 80s cuando una casa tenía un televisor y un refrigerador conectados a la luz que actualmente cuando además cada integrante de la casa tiene, cuando menos un teléfono móvil que conectar.

La CFE sabe que la demanda viene subiendo. Ya en 2019 la situación de demanda creciente sobre el margen de reserva de la empresa era preocupante. Había apenas un 6 por ciento de margen de reserva. En el 2020, con la pandemia y los confinamientos, la situación dejó de ser tan crítica porque al frenar la industria, cayó la demanda. Esto sí le vino como anillo al dedo a Manuel Bartlett. El año pasado el margen de reserva aumentó para llegar a un 16 por ciento. Pero con la reactivación económica, la demanda está volviendo a crecer y el margen de reserva se verá presionado muy rápido.

Un experto en el sector me comentaba que si la situación permanece como estamos, si la CFE no se arranca con la construcción e inversión en la Red Nacional de Transmisión, que actualmente está sostenida por alfileres, para el año 2023 tendremos apagones recurrentes.

La CFE necesita invertir; necesita construir para poder abastecer la creciente demanda de electricidad. Y ante este panorama que pone en aprietos el flujo de la CFE, encima se ahuyenta las inversiones privadas, tanto nacionales como extranjeras. Pero no solo eso. También se quiere modificar el orden de despacho de energías. Esto es algo que ya se ha dicho hasta el cansancio. De aprobarse la iniciativa presidencial se utilizarían primero energías más caras y sucias y después las limpias, renovables y más económicas. Para poder cubrir con este nuevo orden de despacho solo hay dos opciones: o se incurre en un déficit presupuestal o se tendrían que aumentar los precios de la energía.

Pero AMLO ha dicho que ni va a endeudar más el país ni van a subir los precios de la electricidad.

La iniciativa de Ley que el presidente envió a la Cámara de Diputados ordenando a que los legisladores aprueben sin moverle una sola coma es un sinsentido en donde además, el presidente vuelve a colocar al país en un nuevo falso dilema: buenos o malos; apoyas a la industria nacional o a los voraces extranjeros.

El dilema verdadero es: ¿un México en crecimiento o un México rezagado y con apagones?

 

Columna completa en El Universal

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) envió al Congreso de la Unión una opinión en la que recomienda no aprobar en los términos propuestos la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La COFECE indicó que de aprobarse, podría afectar severamente el proceso de competencia y libre concurrencia en los eslabones de generación y comercialización de energía eléctrica; además de que de entrar en vigor podría traducirse en tarifas finales de suministro eléctrico más altas, que deberán pagar los consumidores y/o el gobierno mediante subsidios.

Puntualizó en que de aprobarse la iniciativa de AMLO, se impediría la competencia en la generación y el suministro de energía eléctrica, pues como está planteada elimina el despacho económico de electricidad, que implica tomar primero la más barata, y establece el siguiente orden de prioridad para despacharla: 1) las hidroeléctricas (que en su mayoría son propiedad de la CFE), 2) las otras plantas de la CFE, 3) las eólicas y solares, y 4) los ciclos combinados privados.

«Este orden otorga ventajas exclusivas injustificadas a las generadoras de CFE, garantizándole la venta de su energía sin que necesariamente sea la más barata. Esto eliminaría la competencia entre generadores mediante la disminución de costos y desmotivaría la instalación de proyectos de generación más eficientes y limpios, en perjuicio de los consumidores y el medio ambiente».

Adicional, señalan que lo propuesto por el mandatario quebranta la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución, las cuales son un insumo indispensable para que pueda existir competencia en la generación y el suministro; y es que recuerda que la iniciativa otorga al CENACE amplia discrecionalidad para negar el acceso a ciertas centrales, en situaciones donde este no debería ser negado por cuestiones técnicas.

Adicional, la COFECE subraya la que la iniciativa permite a CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB) adquirir electricidad sin recurrir a mecanismos competidos que garanticen los mejores precios, lo cual implica que alrededor del 84% de la generación existente tendría derecho a ser adquirida por el principal suministrador del país a través de métodos no competidos. 

Finalmente, señala que lo propuesto por el mandatario permite a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) negar permisos, considerando los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional establecidos por la Secretaría de Energía. La ambigüedad de esta facultad permitiría a la CRE, sin causa justificada, dejar de otorgar permisos y cerrar el mercado de la generación.

La Comisión recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional que van en el mismo sentido que varias de las modificaciones propuestas en la iniciativa.

«En un contexto de recuperación económica, es sumamente importante que las empresas mexicanas tengan acceso barato y eficiente a la electricidad. Igual de importante es que las familias paguen menores tarifas para que su dinero alcance para más. Finalmente, ante la actual presión en el gasto público, es importante mantener bajos los subsidios aplicados a las tarifas eléctricas, de tal forma que el Gobierno cuente con recursos adicionales para apoyar la recuperación de la economía mexicana», remató la COFECE.

El gobierno de Canadá está cada vez más preocupado por el clima de inversión en México y está atento a la iniciativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso sobre la Ley de la Industria Eléctrica,  con la que busca fortalecer el papel del Estado en el sector.

En un comunicado enviado por correo electrónico, la oficina de la ministra de Comercio canadiense, Mary Ng, dijo que había hablado el martes pasado con la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, y enfatizó en que México debe mantener un entorno comercial estable y predecible para las empresas canadienses.

Recordemos que la semana pasada, la Cámara de Comercio de Estados Unidos dijo que la iniciativa de reforma representaba un incumplimiento de los compromisos de México en virtud del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La ministra Ng señaló a Clouthier que Canadá está dando seguimiento al progreso de la iniciativa a la Ley de la Industria Eléctrica, y «expresó su creciente preocupación por el clima de inversión en México», se lee en el comunicado.

La funcionaria canadiense también «destacó la importancia de mantener un entorno empresarial estable y predecible para las empresas canadienses que contribuyen al crecimiento económico de México», según el comunicado.

Cuestionada por la agencia Reuters sobre si pensaba que el proyecto de ley violaba los compromisos de México establecidos en el TMEC, que entró en vigor el 1 de julio del 2020, la oficina de Ng evitó hacer comentarios.

Recordemos que el comercio bilateral de bienes de Canadá con México en 2019 tuvo un valor de 44,000 millones de dólares canadienses, mientras que con Estados Unidos alcanzó 780,000 millones de dólares canadienses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó la iniciativa que el senador de Morena, Ricardo Monreal, presentó para regular las redes sociales; aunque dijo que el legislador estaba en su derecho de presentar la propuesta de reforma.

“Se trata de temas polémicos, yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa», dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

La iniciativa que presentó Monreal, que solo fue en texto ya que indicó que esperaría los comentarios de expertos para poder formalizarla en el Congreso, regularía las redes sociales con más de un millón de usuarios, a las cuales les exigiría tener una autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), e impondría multas de hasta 89,62 millones de pesos si llegaran a «violar la libertad de expresión» al cancelar cuentas.

«No debe haber censura, prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad. Eso sí es importante porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la Estatua de la Libertad», manifestó AMLO. Y es que tanto el presidente como algunos morenistas han cuestionado a Facebook y Twitter por «censurar» a Donald Trump, a quien acusaron de postear mensajes que incitaron a la violencia durante el asalto al Capitolio.

Al indicar que Monreal está en su derecho y libertad de prensar las iniciativas que considere, AMLO señaló que no solo se trata de presentarla, sino que tiene que haber debate y buscar que sean aceptadas las iniciativas y desde luego aprobadas.

Sin embargo, ha sido el propio presidente quien también se ha lanzado contra las redes sociales, en especial contra Twitter, al acusar a su director en México de tener afinidad con la oposición, ya que anteriormente trabajó en proyectos relacionados con el PAN.

El mandatario reiteró que él no acepta la censura y menos cuando proviene de particulares que no representan el interés de los ciudadanos. «Que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas estas, famosas, cuando silenciaron al presidente Trump», manifestó.

Al tema de la iniciativa de Monreal, se suma la iniciativa que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados prepara para modificar el artículo 73 de la Constitución, para que las noticias falsas o “fake news” sean consideradas como un ataque a la seguridad nacional.

De acuerdo con el dictamen, el tema de la seguridad cibernética y la protección de los derechos humanos en el ciberespacio, se ha convertido en un objetivo para los gobiernos, ya que puede afectar los derechos de los cibernautas en cuestiones tales como ciberacoso, ciberbullying, fraudes cibernéticos, acoso sexual, extorsión a las empresas mediante el secuestro, por ejemplo, de su contabilidad, y afectaciones a la seguridad nacional.

Se propone una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que incluya un fuerte marco jurídico; promover buenas prácticas; formar especialistas; colaborar con la iniciativa privada; y vigorizar la ciberdefensa.

«Igualmente, considerando el impacto de las redes sociales, así como que se convirtieron en el medio masivo de información, los ciberataques también se pueden actualizar con las noticias falsas que comprometen, en muchas ocasiones, la toma de decisiones de la sociedad, y no menos importante e incluso potencialmente delicado, la seguridad infantil, por el tipo de información a la que los menores son vulnerables, así como el acoso infantil a través de internet o ciberbullying», se lee en el dictamen presentada por el diputado de Morena, Javier Salinas Narváez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó este martes alguna modificación a su iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió al Congreso la semana pasada, y que asegura busca fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Nada, es muy sencillo lo que se está planteando», sentenció el presidente en su rueda de prensa matutina de Palacio Nacional, donde le cuestionaron si iba a cambiar siquiera una coma del polémico texto.

Recordemos que el principal cambio que implica la iniciativa del mandatario es la modificación en el criterio del despacho eléctrico para priorizar la generación de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

Aunque la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados convocó a un parlamento abierto que iniciará el próximo jueves, en el que empresarios y activistas opinaran sobre la iniciativa, López Obrador adelantó que sus legisladores ya tienen la línea a seguir.

“Que allá se discuta, se debata, los legisladores nuestros surgieron en defensa de un proyecto de transformación y los opositores pues son los defensores del antiguo régimen, así de claro”, manifestó el presidente.

La iniciativa también ordenaría revisar los contratos del gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.

En ese sentido, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió que la reforma es una «expropiación indirecta», mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció un retorno al «monopolio» eléctrico.

Además, la Cámara de Comercio de Estados Unidos (US Chamber of Commerce) ha advertido de una violación al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sin embargo, López Obrador defendió que el capítulo 8 del T-MEC trata sobre el «Reconocimiento de la propiedad, directa, inalienable e imprescindible del Estado mexicano sobre hidrocarburos». Sobre eso, dijo que «a mí no me pagan los empresarios extranjeros, a mí me paga el pueblo de México».

AMLO insistió en su denuncia de que la reforma energética de 2013, que abrió el sector a la inversión privada, se logró porque las empresas «repartieron millones de pesos a los diputados y senadores»; incluso dijo que les van a sacar las cuentas de lo que se han llevado los privados.

Ricardo Monreal presentó el texto de la iniciativa que había anunciado días atrás, que busca regular las redes sociales en nuestro país, otorgándole al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la responsabilidad de garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el ciberespacio.

Mediante un vídeo a través de redes sociales, Monreal señaló que las redes sociales y las plataformas digitales «se han erigido y convertido no sólo en poderosos emporios económicos, sino también poderosos instrumentos de comunicación».

Dijo que por esa razón, el Estado no puede mantenerse ajeno, omiso o indiferente frente a este poderío que, debe de ser regulado por órganos del Estado y contar con límites bien establecidos, conforme a la Constitución y a la ley.

«Creo que ha llegado el momento de hacerlo y por eso el Poder Legislativo debe de instrumentar y crear normas jurídicas que puedan hacer y lograr este propósito», apuntó.

Monreal informó que se reunió con administradores y directivos en México de los prestadores de servicio de las redes sociales más importantes como Facebook y Twitter, con quienes se comprometió a escucharlos para mejorar la iniciativa que presentará en la materia.

Antes de formalizar la iniciativa, el legislador dijo que la publicó en su sitio de internet para que expertos, académicos, especialistas y usuarios de estas plataformas digitales debatan sobre la misma.

«No es una iniciativa que pretenda cercenar, obstaculizar o censurar, como equivocadamente han afirmado algunos comunicadores y gente que no está enterada del propósito principal», dijo. Aclaró que no presentará formalmente la iniciativa hasta después de recibir los comentarios, enriquecerla y mejorarla.

El texto presentado menciona que las personas físicas y morales que se consideren redes sociales relevantes, es decir, que tengan más de un millón de suscriptores, deben ser autorizadas por el IFT para prestar sus servicios. Incluso menciona las multas que habría para quienes incumplan lo dispuesto.

“Las infracciones a lo dispuesto en el capítulo II del Título Sexto de la presente Ley y a las disposiciones que deriven del mismo, se sancionarán por el instituto con una multa por el equivalente a 1 a 1,000,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes en la Ciudad de México”, señala la propuesta. Considerando que la UMA es de 89.62 pesos diarios, según datos del INEGI, las multas irían de los 89.62 pesos hasta los 89 millones 620 mil pesos.

Las redes sociales relevantes deberán contar con un departamento que atienda las quejas de los usuarios, y será el IFT quien vigile y de seguimiento a dichas quejas, tarea que hasta ahora correspondían a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Se indica que si bien las redes sociales podrán, mediante un mecanismo interno, suspender una cuenta o perfil, eliminar un contenido o cancelar en forma definitiva la cuenta, los términos y condiciones para que eso ocurra deben ser autorizados por el IFT.

La suspensión de cuentas o perfiles, así como la eliminación de contenidos, serán procedentes sólo si se acredita que el contenido «atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público, se afectan los derechos de los menores de edad, corresponden a mensajes de odio, y se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia.

Monreal recordó que un ente privado también debe de estar sometido a la ley y al derecho para que no viole derechos humanos de usuarios y de quienes hacen uso de estas tecnologías de la información. «No puede un ente privado privarte de tus derechos, ni eliminarte del acceso a la información y el derecho a la expresión, sin ningún recurso de defensa», expuso.

Recordemos que el presidente López Obrador ha sido crítico con las redes sociales, incluyendo la decisión de Facebook de desactivar la cuenta del expresidente estadounidense Donald Trump. Adicional, el mes pasado, antes de aislarse por su contagio de Covid-19, el mandatario señaló directamente a un directivo de Twitter en el país, por su «afinidad» con la oposición, lo que dijo, podría comprometer la neutralidad de la empresa.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña

Sin embargo, un grupo latinoamericano de la industria de internet, que incluye a Facebook y Twitter, dijo que la iniciativa de Monreal crearía barreras comerciales injustificadas en violación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).

«La necesidad de obtener una autorización (…) atenta contra lo establecido en el TMEC (…) poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en EEUU ni en Canadá, generando incertidumbre jurídica y limitando el flujo transfronterizo de datos», dijo ALAI en el comunicado.

Monreal aseguró que la reforma no violaría el T-MEC porque tiene como objetivo regular las plataformas de redes sociales en «lo que se refiere a los contenidos relacionados con libertad de expresión, lo que no significa invadir la esfera de la libertad de comercio que regula el TMEC».

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó de su aislamiento dispuesto a defender la iniciativa que envió al Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica, que prioriza a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los productores privados.

«No les gustó que envié una iniciativa de reforma al sector eléctrico porque se habían apoderado de la industria eléctrica las empresas particulares, comprando, sobornando autoridades corruptas, empresas extranjeras», manifestó el mandatario.

El principal cambio de la reforma es modificar el criterio del despacho eléctrico para priorizar la energía generada en las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

La iniciativa también ordenaría revisar los contratos del gobierno con productores independientes de energía, eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, restringiría los esquemas de autoabastecimiento y cambiaría las reglas de los Certificados de Energías Limpias (CEL) para dárselos a la CFE.

Aunque analistas han advertido que esto impactaría en precios más altos para la industria y consumidores finales, el presidente defendió su propuesta.

“Ahora que enviamos esta iniciativa para que no sigan esos abusos, para que no siga ese saqueo, pues se inconforman, pero tenemos que garantizar el compromiso que hicimos con el pueblo para no aumentar el precio de la luz”, sostuvo.

López Obrador insistió en que la reforma energética de 2013, que abrió el sector energético a la inversión privada, se hizo con base en sobornos de empresas a legisladores. Indicó que es necesario poner orden y acabar con la corrupción; no seguir apostando a destruir a la CFE, y con ello dejarle el negocio a los «traficantes de influencias».

En ese sentido, el presidente aprovechó la mañanera para advertir que, si los partidos afines a su gobierno pierden la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del 6 de junio, los opositores van a querer «seguir manteniendo el régimen de corrupción».

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que la iniciativa preferente que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO9 para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, garantizará «piso parejo», libre competencia y la eliminación del ‘dumping’, por lo que el grupo parlamentario impulsará su aprobación en sus términos.

“En la aprobación de esta iniciativa preferente no habrá lugar a ningún tipo de controversia constitucional, pues todo el proceso se hará con estricto apego a la ley, respetando las inversiones y protegiendo los intereses de la nación y los consumidores», sostuvo el legislador.

Apuntó que no se está haciendo una contrarreforma constitucional, sino modificaciones y reformas a la ley secundaria, a la ley que nació derivada de la reforma del 2013.

Sostuvo que se llevará a cabo un debate sensato y prudente en torno a la iniciativa, donde se podrá revisar uno de los temas que definirán muchas cosas para el futuro del país en materia de soberanía energética y también política.

Mier Velazco subrayó que este tema no se centra en ideologías, sino en la defensa de la libre competencia en condiciones equitativas tanto para las empresas particulares como para las empresas productivas del Estado.

“Creemos en la inversión privada, pero creemos que no podemos mentir a los mexicanos y lo que queremos es que haya reglas parejas, que se respete la libre competencia en condiciones de equidad, que se evite el ‘dumping’, que se evite el subsidio disfrazado y que efectivamente toda esta modernización del sistema eléctrico y de apertura sea en el propósito que inspiró la reforma constitucional, que tengamos energías limpias y un mejor servicio en confiabilidad y en los precios hacia los consumidores”, enfatizó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Advirtió que el Grupo Parlamentario de Morena va a demostrar con argumentos, en el Parlamento Abierto que se abrirán, lo que hicieron en la reforma energética para favorecer intereses particulares de manera «mentirosa, falsa, escondiéndose en recovecos del reglamento».

Explicó que en la reforma energética de 2013 se reconoció el carácter de energía limpia a la producida en hidroeléctricas, nucleoeléctricas y ciclos combinados; sin embargo, dijo que en el reglamento se han aprovechado recovecos para desplazar a las hidroeléctricas, las de ciclo combinado y nucleoeléctricas, y favorecer los contratos que ya tenían en un sistema de cuotas y de cuates para generar un negocio particular atentando contra los intereses de las y los mexicanos.

Mier Velazco sostuvo que su grupo apoyará la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, en sus términos, porque es algo justo para el país. “Ésta es la iniciativa de iniciativas de esta Legislatura”, remató,

La Cámara de Comercio de Estados Unidos calificó este viernes como «profundamente preocupante» la iniciativa de reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó al Congreso a la Ley de la Industia Eléctrica.

La Cámara señaló que dicha iniciativa representa un incumplimiento de los compromisos que nuestro país adquirió bajo el acuerdo comercial que firmaron junto a Canadá, el T-MEC.

La propuesta socavará la confianza de los inversionistas extranjeros mientras México sale de su peor contracción económica desde la Gran Depresión, dijo el vicepresidente senior de la Cámara para América, Neil Herrington, en un comunicado.

«Tales cambios drásticos abrirían la puerta para el restablecimiento de un monopolio en el sector eléctrico y, creemos, contravendrían directamente los compromisos de México bajo el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá», afirmó.

El TMEC, que entró en vigor en julio del año pasado, sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.

Recordemos que la iniciativa, enviada por el presidente con carácter preferente al Congreso el lunes pasado, es el último de una serie de pasos de su gobierno para fortalecer el papel del Estado en el sector energético. La propuesta plantea dar preferencia a la CFE en el suministro de electricidad a la red y eliminar la obligación de la empresa de comprar electricidad mediante subastas.

El presidente ha criticado fuertemente la apertura del sector energético realizada en la administración anterior, diciendo que sesgó la ley y el mercado a favor de empresas privadas.

Además, Neil Herrington dijo que los cambios que contempla la iniciativa de AMLO, aumentarían significativamente el costo de la electricidad y limitarían el acceso a la energía limpia para los ciudadanos de nuestro país.

“Desafortunadamente, esta medida es la última de un patrón de decisiones preocupantes tomadas por el Gobierno de México que han minado la confianza de los inversionistas extranjeros en el país en el preciso momento en que se necesita más que nunca una mayor inversión extranjera directa en México (…) nada resultará más vital para su recuperación que los empleos y el crecimiento que generan los inversores estadounidenses y extranjeros», se añade en el comunicado.

El estadounidense finalizó haciendo un llamado al gobierno mexicano para que retire el proyecto de ley y se comprometa con el sector privado en soluciones tangibles para impulsar la industria energética.

El gobierno federal no pretende expropiar activos de empresas privadas, aseguró la secretaria de Energía, Rocío Nahle, en el marco de la iniciativa que el Congreso discute para modificar la Ley de la Industria Eléctrica que busca favorecer a CFE.

La iniciativa, enviada al Congreso esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca, entre otras cosas, dar acceso preferencial a la energía de CFE en el despacho eléctrico y deja en último lugar la de renovables.

«Todo este ruido de que vamos a expropiar, de que no queremos las energías intermitentes, de que va a costar más cara la electricidad, todo eso no es cierto», aseguró Nahle en entrevista con Radio Fórmula. «Pero bueno, están en su papel de hacer una campaña como la hicieron hace seis años con la reforma energética, que nos dijeron que todo iba a ser maravilloso y hoy nos estamos chocando con una realidad que tenemos que poner orden», añadió.

Nahle y López Obrador han criticado ampliamente la reforma energética realizada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, que profundizó la apertura del sector energético al capital privado, pero que a ojos de la administración actual debilitó a la CFE y a Pemex.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), criticó la propuesta, calificándola como una «expropiación indirecta» que viola acuerdos comerciales internacionales a los que se ha adherido el país.

El organismo hizo una crítica inusualmente fuerte, diciendo que la iniciativa conduciría a precios más altos de la energía y dañaría «irremediablemente» la certeza regulatoria y de contratación.

Nahle dijo que se quiere liberar a la CFE de la «camisa de fuerza» que significa para la empresa tener que comprar electricidad aunque no la necesite y señaló que el regulador energético, la CRE, ha dado permisos de generación que exceden por mucho la demanda.

La secretaria de Goberación, Olga Sánchez Cordero, negó este jueves el regreso de un monopolio del Estado con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso, para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No se está promoviendo el monopolio, no es un monopolio porque está precisamente la iniciativa privada y las empresas privadas dentro de este sector ya están”, manifestó Sánchez Cordero en la rueda de prensa diaria de Palacio Nacional.

La secretaria se refirió a la propuesta que el presidente envió el lunes pasado al Congreso para que el despacho eléctrico priorice a las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre los generadores privados de renovables y por último las de ciclo combinado.

La iniciativa preferente, que debe discutirse en 30 días, también obligará a revisar los contratos ya otorgados, eliminar las subastas eléctricas y restringir el autoabastecimiento.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llamó a esta reforma una «expropiación indirecta» mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió de una «industria eléctrica monopolizada», algo que rechazó la secretaria.

“No es monopolio, es rectoría del Estado y en este momento la rectoría del Estado el presidente ha decidido que sea a través de la CFE y que esta empresa del Estado nos proporciona a los mexicanos la estabilidad, la continuidad y la confiabilidad en el sistema eléctrico», argumentó.

Las declaraciones de la secretaria se producen un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucionales más de 20 disposiciones de la política que la Secretaría de Energía (Sener) emitió el año pasado con lineamientos similares a los de la iniciativa.

Sánchez Cordero, quien fue ministra de la Corte, rechazó que esto afecte el avance de la reforma en el Congreso.

«Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo, que es muy distinto a una ley porque la ley pasa por todo un proceso legislativo y el acuerdo es el del señor presidente de la República, entonces yo creo que tenemos los suficientes asideros convencionales y constitucionales para avanzar», dijo.

La titular de la Secretaría de Gobernación también rechazó que la reforma afecte a los acuerdos comerciales, en particular al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“En el T-MEC se estableció con toda precisión la soberanía energética, el respeto a la soberanía energética de nuestro país y este es un asidero convencional muy importante, algunos se cuestionaban sobre el T-MEC, si violentaba o no”, remató.

Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PRD presentaron, junto a la bancada de Movimiento Ciudadano, una iniciativa para regular el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Laura Rojas, diputada del PAN, explicó que se propone la expedición de una nueva “Ley Federal que regule la Colaboración de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública”, ya que no hay una adecuada regulación de las fuerzas armadas en tarea de seguridad.

Se busca revisar los principios mínimos, condiciones, procedimientos, límites, responsabilidades y sanciones en cuanto a la disposición de los integrantes de la Fuerza Armada permanente.

Recordó que durante la LXIV Legislatura se aprobó la creación de la Guardia Nacional y su permanencia en las tareas de seguridad, por lo que es necesario hacer una ley que “claramente regule todos los procedimientos por los cuales las Fuerzas Armadas van a participar en ese tipo de tareas, así lo ha señalado la CNDH y una serie de especialistas”.

La diputada Verónica Juárez Piña  del PRD destacó que la iniciativa pretende generar un instrumento por el que no sólo se establezcan reglas claras para la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino para que la sociedad civil, la academia, los organismos públicos de derechos humanos establezcan una supervisión constante de las acciones que se implementen, así como un «proceso evaluativo que nos permite saber si estamos caminando en el sentido correcto o debemos reflexionar estas acciones”.

De esta manera, añadió, no sólo se evitarán las violaciones a los derechos humanos, también será más eficiente el proceso de diseño y planificación de las políticas públicas.

“Desde el PRD estamos conscientes de que dejar la problemática de la seguridad a las instituciones policiales en las lamentables circunstancias en las que se encuentran sería irresponsable, no podemos simplemente retirar a las y los militares en tareas, sería un alto costo, por lo que nos parece importante el que podamos contar con instrumentos necesarios para regular, cómo sería su participación”.

El diputado del PRI, René Juárez Cisneros, consideró que esta propuesta de la oposición es clara, precisa, y otorga certidumbre, certeza jurídica, basamento legal, regulación, fronteras, observancia plena y respeto a los derechos humanos, para que las Fuerzas Armadas puedan seguir contribuyendo a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad pública, pero también tengan la confianza y la certidumbre de que están actuando dentro del marco legal.

“Hoy lo que se pretende con esta iniciativa, es precisamente darle esa certeza jurídica, esa regulación necesaria, con plena observancia y respeto a los derechos humanos, para que nuestras Fuerzas Armadas puedan tener ese sustento legal para cumplir con esta tarea que se les ha encomendado, de ayudar a la consolidación de la paz, a través de tareas de seguridad pública”.

Juan Carlos Romero Hicks del PAN sostuvo que cuando la legisladora Laura Rojas presentó una controversia constitucional en torno al acuerdo del Ejecutivo Federal sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Gobierno de la República dijo que harían una propuesta de legislación, la cual no llegó.

“En el camino nosotros fuimos construyendo lo que hoy estamos presentando, porque creemos que hay que llenar ese vacío”, dijo el panista.

La propuesta, detalló, tiene como fin darle certeza a la población y contar con todos los instrumentos viables para que la autoridad local como la federal, puedan estar interviniendo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió este miércoles la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al Congreso, y que ha sido señalada de limitar la generación privada de energías renovables para que el Estado recupere la «rectoría» del sector energético.

«En un sector tan estratégico, de seguridad nacional, como es el suministro de la energía eléctrica, es una rectoría que tiene que estar en el Estado», dijo Sánchez Cordero en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

La ministra en retiro defendió la iniciativa preferente del presidente, la cual restringiría la entrada al despacho eléctrico de la energía generada por las plantas privadas de renovables.

La funcionaria coincidió con el mandatario en la necesidad de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya energía se produce en plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles.

Al respecto, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un posicionamiento en el que señala al gobierno de intentar una «expropiación indirecta», además de contravenir el Acuerdo de París y el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La titular de la Segob respondió que la ley «no significa que no vayan a participar los particulares», pero que será «con ciertas reglas y con ciertos límites» porque el Estado debe garantizar los principios constitucionales de continuidad, confiabilidad y estabilidad en el servicio.

«No podemos tener energías intermitentes, claro, bienvenida la participación privada, y ahí está en la ley la participación de la energía privada, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que ser del Estado», añadió.

La iniciativa, que se presentó con carácter preferente, significa que el Congreso tendrá 30 días naturales para discutir la iniciativa, que argumenta buscar «fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional».

Los cambios contenidos en la iniciativa se suman a la política de seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el argumento de que las renovables son intermitentes y afectan el suministro.

Esta política, que está suspendida por su revisión constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afectaría hasta el 14% del PIB , según el CCE.

Sánchez Cordero dijo que la reforma avanzará en el Congreso y después los inconformes podrán «ejercer su derecho» a impugnarla. Incluso argumentó sobre la necesidad de garantizar la confiabilidad del sistema ante la pandemia de Covid-19 que se vive.

“Solamente la Comisión Federal de Electricidad puede garantizarle al Estado mexicano en esta rectoría del Estado estos tres principios, la confiabilidad en el sistema, imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable, no continuo o no estable en los hospitales», sostuvo.

Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica y solicitó expresamente que sea turnada a la Cámara de Diputados y que su resolución se realice con carácter preferente.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, afirmó que esta iniciativa es consecuente con el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado sobre la planeación y control del Sistema Eléctrico Nacional.

Aclaró que ésta no es una reforma constitucional, sino una modificación para adecuar la Ley de la Industria Eléctrica a una competencia en condiciones de equidad entre los participantes del mercado y terminar con la simulación de precios que favorece la especulación, el dumping y subsidios.

La propuesta plantea eliminar la obligatoriedad de la CFE de comprar electricidad a través de subastas, en las que han participado empresas de energía renovable, así como revisar la rentabilidad para el gobierno de la compra de electricidad a través de contratos con productores independientes.

«Resulta urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia a fin de fortalecer a la (…) CFE para beneficio del interés nacional», señala el documento de la iniciativa.

El proyecto plasma algunas propuestas del mandatario ya anticipadas a los reguladores del sector energético en al menos un par de reuniones el año pasado, en las que planteó una serie de puntos para fortalecer a la CFE y a Pemex.

La iniciativa también plantea cambios en materia de energías limpias, despacho eléctrico, permisos a privados, subastas, y discriminación en favor de CFE y generación fósil, cambios que podrían ocasionar conflictos con lo dispuesto en la Constitución y Tratados, como el T-MEC.

Se indica que los Certificados de Energía Limpia (CELs) amparen generación previa no considerada cuando se establecieron los requisitos, los que permitirían al país alcanzar metas de Ley de Transición Energética; con esto se impediría alcanzar metas de energía limpia.

También permite a la CFE suministro básico adquirir energía, potencia y CELs fuera de subastas, lo cual elevaría el costo del suministro.

La iniciativa también propone «garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación».

Uno de los cambios que más llaman la atención es el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Ahora no ponderaría el uso de energía más barata por nodo, sino que en primer lugar estará la energía de las hidroeléctricas de la CFE, seguida por la que se genera en otras plantas de la estatal, la eólica (de privados) y finalmente los ciclos combinados de la CFE, dejando al último las otras renovables, como la solar solar, de privados.

Adicional, los permisos de generación se sujetarán a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. La CRE también revocará permisos «obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley», y se obligará al gobierno a revisar la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.

El trámite preferente de la iniciativa implica que debe ser analizada, discutida y votada en esta Cámara en un plazo máximo de treinta días naturales, para que sea remitida a la Cámara de Senadores, la que deberá resolverla en un plazo idéntico.

Cargador Cargando...
Logotipo de EAD ¿Tarda demasiado?

Recargar Recargar el documento
| Abrir Abrir en una nueva pestaña