Si bien la captura de los gobiernos locales puede ocurrir en cualquier momento, los procesos electorales ofrecen la oportunidad perfecta para instaurar o prolongar la autoridad criminal desde el principio de las nuevas administraciones.

Los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales para establecer su autoridad, ya que de este modo acceden a recursos cuantiosos para operar con plena impunidad, diversificar sus actividades, y neutralizar a sus rivales. A esto hay que sumar buscan colaboración de policías locales.

De acuerdo con el Primer reporte de violencia política de Integralia Consultores, existen, el menos, cinco mecanismos a través de los cuales los grupos criminales intervienen en las elecciones:

• Violencia política, que implica amenazas, secuestros, agresiones y asesinatos en contra de funcionarios públicos, precandidatos o candidatos, para obligarlos a cooperar o eliminarlos. Es el mecanismo más visible.
• Financiamiento de campañas, por medio del cual aportan recursos económicos para costear las campañas de sus candidatos.
• Imposición de candidatos, que es el proceso por el cual el crimen organizado tiene injerencia en el proceso de definición de candidatos al interior de los partidos políticos para postular a personas vinculadas con los grupos criminales.
• Movilización o inhibición del voto. Se refiere a la entrega de despensas, dinero en efectivo, así como amenazas o agresiones a la población, para incrementar o disminuir la votación para beneficiar a candidatos vinculados con grupos criminales.
• Intervención en casillas, que no es más que la destrucción de boletas, casillas o instalaciones electorales, así como amenazas y agresiones al personal electoral, para beneficiar a candidatos vinculados a grupos criminales.

Integralia advierte que el crimen organizado intervendrá, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024 por tres motivos: una gran cantidad de grupos criminales en conflicto armado; la proliferación de mercados ilícitos, además del narcotráfico, y la mayor cantidad en la historia de presidencias municipales en disputa.

De acuerdo con Data Cívica, datos recogidos por Integralia, las víctimas de violencia político electoral aumentaron 235.7% de 2018 a 2023. Tan solo en lo que va de 2024, la consultora contabiliza 32 víctimas, de las cuales 7 son aspirantes asesinados, sumando 8 desde el comienzo del proceso electoral.

El reporte añade que se han contabilizado 21 eventos de violencia político-electoral, asociados con 32 víctimas; los homicidios contra funcionarios públicos y aspirantes han sido la manifestación más frecuente.

Así, Integralia señala que se identifican seis entidades con un riesgo muy alto de intervención del crimen en las elecciones: Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, cinco de ellas gobernadas por Morena. También se clasifican nueve entidades con un riesgo alto: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.

En el caso de Jalisco, precisa que es una entidad con riesgo muy alto pues en dicho estado el Cártel Jalisco Nueva  Generación (CJNG) mantiene el control de aproximadamente 80% de los municipios de la entidad, donde administra toda clase de economías a través de jefes de plaza.

En tanto, las fronteras con Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, mantiene disputas, respectivamente, con el Cártel de Sinaloa, La Nueva Familia Michoacana y el Cártel de Santa Rosa Lima.