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Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Coahuila, dio a conocer que se cumplimentó la orden de aprehensión en contra del policía estatal Juan Carlos “N” perteneciente a la Agencia de Investigación Criminal, quién disparó contra Marco Tulio, el migrante hondureño asesinado de un balazo durante un
operativo la semana pasada en las inmediaciones de la Casa del Migrante de Saltillo.

Juan Carlos “N” fue arrestado la tarde de ayer, por lo que ya durmió en el penal estatal. Enfrentará cargos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio doloso calificado, debido a que de acuerdo a las investigaciones, el inmigrante era inocente, y no hubo razón o motivo para que el oficial le disparara y lo matara, ya que no estaba armado.

Las investigaciones señalan que hubo uso excesivo de la fuerza letal, que el policía actuó con ventaja y como presunto culpable irá a juicio.

“La víctima de este homicidio es (era) inocente, porque en ningún caso se advierte alguna agresión a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal que participaban en un operativo relacionado con la localización de personas dedicadas a la venta de narcóticos y, en el que se reitera, no hubo participación de elementos de ninguna corporación federal”, se lee en la carpeta del caso.

Las autoridades locales señalaron que la indagatoria está cargo de la Dirección de Delitos de Alto Impacto Cometidos en Agravio de Migrantes. Adicional, personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se encuentran siguiente el caso en el ámbito de su competencia.

Recordemos que el código penal de Coahuila establece condenas de ocho y hasta 60 años de prisión a quienes cometan delitos de alto impacto.

Foto: Casa del Migrante de Saltillo

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre la llamada Estafa Maestra, que se le dijo, implica a 11 extitulares de dependencias de gobierno, y que habría servidor para desviar más de 5 mil millones de pesos.

Se le preguntó si considera instruir a unidades del gobierno tales como el SAT o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que se investigue el flujo que tuvo el dinero, pues hasta ahora solo hay denuncias en contra de lo que sucedió en dos dependencia, Sedesol y Sedatu, que fueron encabezadas por Rosario Robles.

López Obrador respondió enfatizando tres puntos:

  • Cero corrupción y cero impunidad.
  • No solapar actos de corrupción; no somos tapadera.
  • Se está apoyando a la Fiscalía General de la República en todo lo que requiere

En este último punto dijo, es la Fiscalía quien tiene abiertas las investigaciones del caso, por lo que la instrucción precisa que tiene Santiago Nieto, titular de la UIF, es que se integre y entregue toda la información.

Precisó que aunque será la FGR quien se encargará de resolver el caso, en su gobierno no hay impunidad para nadie.

Para eso dijo, la Fiscalía no tiene limitaciones para hacer las investigaciones necesarias, por lo que podrían proceder en contra de otros funcionarios.

“Como se dice en estos casos, lo que resulte de la investigación, sin límites, todos los que puedan estar implicados, se llama a declarar, ese es el procedimiento; y de esa forma van saliendo hipótesis y se siguen las investigaciones para que haya justicia y se tome en cuenta todos los implicados, que no haya protección para nadie”, sostuvo AMLO.

Y es que recordemos que se dio a conocer que La Fiscalía solicitó a un juez una audiencia inicial para vincular a proceso a Rosario Robles, por su presunta participación en la llamada Estafa Maestra.

Los delitos que se le estarían fincando a Robles serían contra la administración pública, por el uso indebido de recursos, derivado de los supuestos desvíos multimillonarios desde las dependencias que dirigió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló esta mañana sobre la investigación que se sigue en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, a quien se le acusa de ser el autor material ya de los sobornos de Odebrecht.

Aclaró que lo que su gobierno está haciendo es ayudar a la fiscalía, entregando la información que les solicita.

Sin embargo, recordó que tal como lo expresó cuando tomó posesión al cargo, en su administración no hay espacio para la persecución, pues no es su “fuerte la venganza”.

Insistió en que lo que propuso fue poner un punto final, y no desatar la persecución a los responsables del saqueo; ver hacia adelante.

Y aunque señaló dejó en claro que su gobierno no iba a promover denuncias contra quienes atentaron contra el país, reiteró que todas las denuncias que estuvieran en curso se han continuado, “que no íbamos nosotros a detener, a parar ninguna denuncia, que no íbamos a actuar como tapaderas”.

Aclaró que el punto final del que habló era para los que habían participado en las pasadas administraciones, no para ellos que ahora están en el gobierno; incluso dijo, en “caso de nosotros ninguna contemplación. Yo voy a seguir insistiendo para que desaparezcan los fueros y que se castigue a cualquier funcionario que cometa delito de corrupción. Esa es la postura”.

Al retomar el caso de Lozoya, dijo que era una investigación que venía de tiempo atrás, al igual que el caso de Juan Collado y de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

La Secretaría de la Función Pública informó esta tarde que abrió, en recientes días, tres expedientes de investigación por presuntos hechos de corrupción que se habrían venido realizando desde administraciones anteriores por parte de servidores públicos de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.

El Órgano Interno de Control (OIC) en Notimex inició las investigaciones por presunto uso indebido de recursos públicos, probable conflicto de interés y posible tráfico de influencias, que habrían sido cometidos por servidores públicos de la agencia informativa.

“En apego a las facultades de investigación y autonomía de gestión que tienen los OICs, los expedientes fueron abiertos a partir de información publicada en distintos medios de comunicación”, informó la SFP.

Añadió que una vez concluida la etapa de rigurosa investigación, el OIC podrá determinar si es posible fincar responsabilidades en contra de los servidores públicos presuntamente involucrados, y será cundo la dependencia esté en posibilidades de dar a conocer los resultados obtenidos.

La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, indicó que dichas investigaciones se siguen en cumplimiento al compromiso del residente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de acabar con la corrupción y la impunidad, así como de transparentar la vida pública.

El anuncio se da, cuando se tiene contemplado que la nueva directora de Notimex, Sanjuana Martinez, acuda a la conferencia de prensa matutina del presidente , para responder sobre los despidos y ajustes que se han hecho en la agencia. Previamente López Obrador anunció que la funcionaria acudiría entre “jueves y viernes”.

Como parte de la conferencia de prensa que encabezó este lunes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer cuales son los casos “sustantivos relevantes” que la dependencia ha identificado.

AYOTZINAPA

Señaló que después de haber conocido la investigación que, al respecto, acaba de culminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República propuso al Presidente de dicha Comisión, apoyarse en dicha investigación, en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta Fiscalía General de la República; reponiendo el procedimiento en todo lo que sea necesario para así recuperar la credibilidad y la justicia en este caso emblemático de corrupción y encubrimiento.

ODEBRECHT

En el que consideró un “caso tan grave para la imagen del país, y para su respetabilidad y confianza”, cuya investigación inició la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2017, Gertz Manero reconoció que hasta la fecha no había dado resultado alguno. Por dicha razón, explicó que la Fiscalía ha tenido que reponer, en buena parte, ese procedimiento, con base en la información recopilada recientemente; y en un plazo que no debe pasar de 60 días, se habrá de empezar a judicializarlo bajo la premisa de una “maquinación delictiva”, en la que pueda aplicarse la normatividad en materia de delincuencia organizada.

TLAHUELILPAN

Respecto a la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, el funcionario indicó que la Fiscalía ha realizado, junto con la Fiscalía estatal, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y se han recibido 84 informes y documentos de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, estableciendo la secuencia cronológica de los hechos, lo que ha permitido identificar, a través de testimonios de los vecinos y otras pruebas, a quienes convocaron a la población al sitio del siniestro, y a quienes, en forma irresponsable, provocaron el incendio correspondiente.

Aclaró que existe todavía un proceso de investigación respecto a los posibles atrasos por parte del personal de Pemex en la atención a la fuga de combustible, ya que hay reconoció, hay una discrepancia notable entre los protocolos de esa empresa, frente a una situación tan grave como la que se vivió.

ESTAFA MAESTRA

Finalmente, sobre la investigación que se abrió por la llamada Estafa Maestra, Gertz Manero recordó que se inició en octubre de 2015, acumulando 21 procedimientos independientes, relacionados con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social y 2 de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de dirigentes de diversas universidades públicas del país.

Detalló que se han obtenido 5 vinculaciones a proceso, y se encuentran pendientes de celebrar audiencias iniciales en 2 de esas 5 carpetas de investigación, respecto a 5 ex servidores públicos de ambas Secretarías.

Dijo que en 2017 y 2018, la PGR inicio 2 carpetas de investigación adicionales; una relacionada con ex servidores públicos de SAGARPA y otras instituciones públicas de educación superior, en las que se obtuvieron 10 vinculaciones a proceso. En una de ellas, existe sentencia condenatoria en contra de un Particular, mediante Procedimiento Abreviado.

“La Fiscalía General de la República está restructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros; por lo cual debió de haberse investigado sobre la obvia premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado y maquinado centralmente desde el poder público”, indicó el funcionario.

Finalizó señalando que la reestructura parte de una perspectiva de delincuencia organizada y de un posible delito de estado, encubierto en su momento posiblemente por diversas instancias públicas como Hacienda, Función Pública, Educación y otras más.

Durante la conferencia de prensa que ofrecieron la noche de ayer autoridades del gobierno federal, el titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, (SCT), Javier Jiménez Espriú, indicó que por el momento no se tienen mayores datos sobre las causas que originaron el desplome del helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

El funcionario detalló como se ha hecho público, la pareja tomó un helicóptero privado  y no de gobierno como se dijo en un inicio, para dirigirse a la Ciudad de México.

Explicó que la Torre de Control del Aeropuerto de Puebla tomó noticia del despegue de la aeronave y diez minutos después se perdió la comunicación; segundos después se escuchó un “extraño ruido” que se supone fue el golpe del helicóptero al momento de caer.

Señaló que tanto el comandante de la Dirección de Aeronáutica Civil de Puebla y el inspector correspondiente  se trasladaron al lugar de los hechos, y a partir de ahí se iniciaron las investigaciones para tener más datos de cuáles fueron las causas del accidente y buscar las pruebas correspondientes.

Al ser cuestionado sobre si estaba descartada la posibilidad de un sabotaje, Jiménez Espriú indicó que “no tenemos más información, no podemos especular de ninguna manera, como dijo el Secretario vamos a ser perfectamente claros y transparentes, vamos a darles todas las pruebas que vayamos encontrando al caso”.

Añadió que no se puede especular de ninguna manera que se trata de otra cosa de lo que aparentemente es hoy, “una falla en el aparato”; enfatizó que tanto el helicóptero como los tripulantes (el comandante y el primero oficial) tenían sus documentos en regla.

 

Uno de los principales líderes del PRD, Jesús Ortega, pidió que las investigaciones que se realicen en torno al fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, incluyan a figuras como el presidente de la República, y el ex candidato de Morena a la gubernatura en la entidad.

Ortega utilizó sus redes sociales para indicar que las investigaciones deben incluir al mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a su “actitud de menosprecio” hacia la gobernadora, ya que acusó que no la reconoció como mandataria estatal.

Adicional dijo que se debe investigar a Miguel Barbosa y a la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, ya que tuvieron un “comportamiento” cuestionable hacia la panista.

El mensaje del ex dirigente nacional del PRD, llega luego de que el presidente López Obrador anunció como un compromiso, investigar las causas del accidente aéreo en el que falleció la gobernadora y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

AMLO se comprometió a “decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia”.

 

La organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo un llamado al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a honrar su palabra, y que su gobierno dé seguimiento a las más de 60 denuncias penales y administrativas que han interpuesto en contra de servidores públicos.

La organización indicó que las denuncias se han presentado en contra de servidores públicos pertenecientes a 19 dependencias centrales y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y diversas empresas privadas por el manejo irregular y desvío de más de 6 mil 700 millones de pesos.

Recodaron que López Obrador ha dicho en repetidas ocasiones que si hay investigaciones abiertas se van a continuar. Subrayaron que de acuerdo a sus declaraciones, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente tiene que resolver.

“Mexicanos Contra la Corrupción solicita al Presidente Electo que, honrando su palabra y en el ámbito de sus facultades, garantice las condiciones necesarias para que el Fiscal General de la República y el Fiscal Anticorrupción, así como la Secretaria de la Función Pública, que entrarán en funciones en unas horas, prosigan con las investigaciones de las denuncias ya presentadas garantizando un verdadero acceso a la justicia y combate a la impunidad”, dijo MCCI.

La organización adelantó que aún y con el cambio de gobierno, seguirá implementando acciones legales en contra de funcionarios públicos y privados que participen en actos y redes de corrupción.

 

Miembros de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) dieron inicio este domingo a las investigaciones del presunto ataque químico cerca de Damasco, que motivó el bombardeo de Estados Unidos contra el régimen sirio.

 

Un equipo de expertos de la OPAQ, con sede en La Haya, llegó a Damasco unas horas después de los bombardeos con el objetivo de indagar sobre lo ocurrido el 7 de abril en Duma, al este de la capital. Las potencias occidentales sostienen que hubo un ataque en el que se emplearon cloro y gas sarín y que mató a decenas de personas.

 

“La misión de investigación llegó ayer (sábado) a Damasco y se prevé que hoy vaya a Duma para iniciar su trabajo” indicó el viceministro sirio de Exteriores, Ayman Susan. “Dejaremos al equipo que haga su trabajo de forma profesional, objetiva, imparcial, y lejos de cualquier presión”, añadió.

 

Se informó que los resultados de la investigación revelarán las alegaciones mentirosas y se podrá saber quien miente respecto del supuesto ataque.

 

Recordemos que misiles estadounidenses, franceses y británicos destruyeron la madrugada del sábado sitios sospechosos de almacenar y desarrollar armas químicas, pero los edificios estaban en gran parte vacío y el trío occidental mostró sus intenciones de volver a la diplomacia.

 

La propia OPAQ había declarado que las reservas de armas químicas del gobierno sirio se habían retirado en 2014, aunque luego confirmaron que en el ataque de 2017 en Jan Sheijun se había empleado gas sarín.

 

Con información de AFP / Foto: Twitter

El PRD indicó que mientras en Perú las investigaciones del caso de soborno en las elecciones por parte de la empresa brasileña Odebrecht siguen avanzando y el presidente peruano Pablo Kuczynski ya presentó su renuncia por su implicación en ese caso, en México no se avanza en las investigaciones que apuntan la participación de varios políticos con la empresa brasileña.

 

El Secretario General del CEN del PRD, Ángel Ávila Romero indicó que en nuestro país ni la PGR ni la FEPADE han exhibido ningún avance y hasta el momento no hay un sólo detenido por este caso, a pesar de que “las investigaciones que se han desarrollado en Brasil demuestran que la campaña del PRI y de su candidato presidencial en 2012 recibieron alrededor de 10 millones de dólares”.

 

Ávila Romero enfatizó que lo anterior demuestra que la impunidad en el país es impresionante. Mientras la PGR acosa al único candidato opositor en esta campaña presidencial, los funcionarios mexicanos involucrados en esta trama de corrupción siguen libres;  recriminó que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no ha sido  detenido.

 

El partido del sol azteca exigió que tanto la FEPADE como la PGR demuestren avance en las investigaciones. Perú, Brasil y otros países han demostrado que cuando se aplica la Ley los responsables son castigados, indicó el dirigente.

Tras la información revelada por Reforma sobre el financiamiento a las campañas de diversos alcaldes de Morelos por parte del Jefe del Cártel de Los Rojos, Santiago Mazari, la Fiscalía General del Estado informó que ya se encuentra en contacto con autoridades federales para esclarecer si existe colusión o protección de funcionarios públicos al grupo delincuencial.

 

Detalló que a finales del año 2017 el Gobierno del Estado exhortó a todos los alcaldes del Estado de Morelos a presentar las denuncias correspondientes a efecto de atender de manera puntual, los casos de extorsión que pudieran estar enfrentando, aunque dijo, ninguno de ellos presentó su denuncia.

 

Señaló que a raíz de la detención de distintos miembros presuntamente relacionados con el grupo delictivo, la Fiscalía General del Estado ha mantenido las líneas de investigación correspondientes, para dar seguimiento al caso.

 

Informó además que mantiene una estrecha colaboración con autoridades federales, para atender de manera puntual las investigaciones y lo que de ellas derive, con la finalidad de dar transparencia a los procesos y puntualizó que  específicamente será con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con quien esté trabajando.

 

La Procuraduría General de la República (PGR) informó que este domingo el candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, se presentó en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

 

Sin embargo la PGR precisó que al estar en sus instalaciones, se le invitó públicamente al aspirante presidencial en repetidas ocasiones, a rendir su declaración ministerial para lo que a derecho conviniera, lo cual afirma, fue rechazado por el candidato.

 

Por su parte, reconoció que Anaya entregó un documento ante la Oficialía de Partes de la Subprocuraduría en cuestión, mismo que recibido.

 

La dependencia reiteró que actúa conforme a la ley, y que lleva a cabo investigaciones en el marco de obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas, esto tras la acusación que el panista hiciera sobre su participación en la guerra sucia que asegura el PRI Gobierno ha emprendido.

 

Foto: Archivo APO

Al participar en el International Women’s Forum, el candidato presidencial del PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, se dijo a favor de que las autoridades continúen con las investigaciones correspondientes a las acusaciones que existen en contra de su rival político, Ricardo Anaya.

 

Meade sostuvo que ninguna cortina de humo es capaz de ocultar las inconsistencias de los políticos. “Uno no puede esconder atrás de ninguna cortina de humo, de ningún tipo, estilos de vida y faltas de consistencia”.

 

“La ambición de poder y la ambición de dinero se ven, se reflejan (…) es más difícil esconderse de inconsistencias entre la forma de vivir y la forma de ser y eso es lo que tendrá que ser investigado”, añadió el ex titular de Hacienda al negar que la Procuraduría General de la República (PGR) esté siendo usada como un instrumento político para atacar al panista.

 

Recordemos que la campaña de la coalición “Por México al Frente” han acusado al PRI Gobierno de utilizar las instituciones del país para golpearlos políticamente, tal como lo hicieron con Josefina Vázquez Mota cuando compitió por la gubernatura del Estado de México.

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO

En conferencia de prensa desde la sede nacional del PRI, su dirigente Enrique Ochoa exigió que continúen las investigaciones en la FEPADE por la posible comisión de delitos electorales del Partido del Trabajo y del ahora dirigente del PAN, Damián Zepeda.

 

Indicó que el pasado 7 de noviembre del año en curso, su partido acudió a la FEPADE a levantar la denuncia en contra del Partido del Trabajo, a quien instó en continuar los trabajos de investigación y rendir cuentas sobre la utilización de recursos de procedencia ilícita en los que participaron los llamados CENDIS.

 

Adicional, hizo un llamado para que se investigue lo que se ha publicado en un portal de noticias el día de ayer, que revela que Damián Zepeda, dirigente del PAN, está involucrado en el desvío de recursos del gobierno de Sonora, del ex gobernador panista Guillermo Padrés, para financiar la campaña para la alcaldía de Hermosillo, alcaldía que por cierto el actual presidente del PAN no ganó y que de acuerdo a lo relatado, los hechos tuvieron lugar durante la gestión de Guillermo Padrés como gobernador de Sonora.

 

Acusó que Damián Zepeda perpetró estos actos delictivos desde que se desempeñaba como diputado federal durante el periodo 2012-2015, precisamente cuando Ricardo Anaya era presidente del PAN.

 

Sobre el caso que apunta a que el priísta Alejandro Gutierrez desvió recursos al tricolor para campañas electorales, Ochoa sostuvo que “el detenido tendrá derecho a la presunción de inocencia y en tanto no se pruebe la comisión de un delito, no se pude de prejuzgar”; añadió que “el caso deberá ser investigado y aclarado plenamente por las autoridades competentes a partir de una única valoración válida que es la presentación de pruebas conforme a derecho”.

Al cumplirse tres años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, el gobierno de la República emitió un comunicado en el que refrendó su compromiso con las víctimas y en el que reiteró que continuará “agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”.

 

Se indicó que la Procuraduría General de la República ha continuado avanzando en las investigaciones y la búsqueda de los 43 estudiantes, proceso en que ha procurado mantener una amplia comunicación con los familiares y representantes, e informa lo siguiente:

  • La PGR se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación que han resultado necesarias, entre las que se encuentran aquellas planteadas por los familiares de las víctimas, las indicadas en su momento por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, así como las relacionadas con las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
  • De las recomendaciones y peticiones (973) que hiciera en su momento el GIEI, puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad.
  • En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la Procuraduría General de la República. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman.
  • Hay más de 120 personas bajo proceso judicial como resultado del trabajo de investigación en torno al caso. 71 de ellas están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes estudiantes. Si bien no se cuenta aún con sentencias, ello se debe principalmente a dos razones sustantivas: 1) los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo; y, 2) no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas. La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible.
  • En atención a las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes, se han venido dilucidando aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de once puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas.
  • De los once puntos o temas de referencia, a la fecha se ha dado cumplimiento a los siguientes:
  1. La situación específica de elementos policiacos municipales que han pedido se proceda contra ellos.
  2. Lo relativo al denominado quinto autobús.
  3. Lo concerniente a la telefonía de los estudiantes desaparecidos.
  4. Los detalles sobre la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala.
  5. El esclarecimiento sobre la identidad de personajes que era imperativo aclarar (El Caminante y El Patrón).
  6. La definición sobre la existencia o no de responsabilidades de elementos policiacos estatales y federales.
  7. La obtención de información mediante una solicitud de asistencia jurídica internacional al gobierno de los Estados Unidos, sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
  • En este proceso de atención al caso, la búsqueda de los estudiantes desaparecidos, que es parte fundamental de las acciones en marcha, como lo contemplan las medidas cautelares de la CIDH, se emprendió con múltiples acciones, en terreno, en instituciones y con uso de tecnología avanzada (Lidar). Actualmente se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas. Este es el ejercicio con empleo de esa tecnología.
  • Toda la información sobre avances y resultados se han hecho del conocimiento de los familiares en las reuniones que periódicamente se sostienen con ellos y sus representantes.
  • Por último, a la CIDH se le mantiene informada mediante la atención a solicitudes de información, así como en las audiencias públicas y privadas que periódicamente son celebradas con ese propósito. Además, se comparte esa y cualquier tipo de información sobre el caso a través de los encuentros con la Comisionada para México y personal técnico de la CIDH en las visitas oficiales y técnicas que se realizan en el marco del Mecanismo de Seguimiento sobre el caso.

 

 

Este lunes se informó sobre la obtencion de un amparo a favor del delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, el cual promovió para detener filtraciones de información sobre la investigación que se sigue en su contra.

 

La Jueza Laura Gutiérrez de Velasco, Séptima de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión que se detalla consistente en “difusión de información relacionada con operativos, detenciones, actuaciones, investigaciones y otras”.

 

El amparo fue rechazado del Juzgado Sexto de Amparo en Materia Penal, en donde fue presentado inicialmente para ser remitido al juzgado administrativo, argumentando incompetencia y en la materia.

 

Según revela el diario Reforma, la medida fue tomada por el morenista luego de que varios medios de comunicación han publicado reportes sobre las investigaciones federales y locales en contra Salgado luego del operativo que se realizó en la demarcación y en donde se abatió a “El Ojos”

 

El instrumento jurídico llega luego de que el diputado Mauricio Toledo anunciara que reunió las 22 firmas que se necesitan para comenzar el trámite de remoción del delegado de sus funciones.

 

 

Con información de Reforma / Foto: Archivo APO