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El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Esta decisión preserva la democracia y división de poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”, expresó Córdova Vianello a través de su cuenta de  Twitter.

Por su parte el consejo Ciro Murayama, indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad restablece el Estado de Derecho; afirmó que el Instituto estará listo para organizar las elecciones en Baja California en 2021, junto con las otras 14 que renovarán las gubernaturas.

Jaime Rivera, consejero del INE, también avaló la decisión del máximo tribunal del país y afirmó que se fortalecen dos pilares del sistema democrático: la certeza y la legalidad.

Recordemos que este lunes, los 11 ministros de la Corte afirmaron que la reforma que promovía la ampliación del mandato de Bonilla, fue un fraude a la Constitución, que vulneró los principios de certeza jurídica y electoral.

Con dicha decisión, el mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California sólo será de dos años, tal y como lo decidieron los ciudadanos en las urnas.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por unanimidad, el proyecto del ministro Fernando Franco, que declara como inconstitucional la llamada ‘Ley Bonilla’, por la que el gobernador de Baja California extendería su mandato por 5 años.

El proyecto del ministro Franco reconocía las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diversos partidos políticos y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); al haber sido adoptado, Bonilla solo estará al frente del gobierno de Baja California por dos años.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sostuvo que la ‘Ley Bonilla’ resulta a todas luces inconstitucional.

«La pregunta inequívoca que se presenta ante nosotros es, pues, si resulta constitucional la ampliación del período para el cual fue electo el gobernador de Baja California, a través de una reforma a la Constitución Local aprobada con posterioridad a la culminación del proceso electoral. La respuesta es a todas luces negativa», indicó.

Apuntó que el Congreso local perpetuó un fraude a la Constitución; y llamó a que se respete el resultado de la elección, pues es la voluntad popular la que está ahí expresada.

«Es un gran fraude a la Constitución y al sistema democrático. El congreso de Baja California alteró los resultados de un proceso electoral concluido al decretar, por ley, que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco», dijo el ministro presidente.

Incluso los ministros afines al gobierno federal, como Yasmín Esquivel, reconocieron que aceptar la ampliación de mandato podría abrir la puerta a para futuros «caprichos» que atenten contra la Constitución.

«Esto daría pauta a caprichos e intereses de todo tipo, de aquellos que desean vulnerar la Constitución. Ningún poder puede extralimitarse en sus facultades. Legalidad sí, siempre y cuando se respete la voluntad popular”, dijo la ministra nombrada en este gobierno.

Margarita Ríos-Farjat, excolaboradora del gobierno federal, y ahora ministra de la Corte, dijo que la Ley Bonilla no sólo contraviene principios constitucionales, sino que pone en evidencia la falta de compromiso con la Constitución de Baja California y la Constitución federal. «Se debe preservar la confianza en los procesos, en el voto, la confianza en la democracia».

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes en análisis a la llamada ‘Ley Bonilla’, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto, e hizo un llamado a los ministros a anular la ley, pues dijo, es claramente inconstitucional.

A través de un comunicado, la Confederación dijo que aunque es un tema que surge en Baja California, tiene un impacto a nivel nacional debido a que tendrá repercusiones en los cimientos de la Constitución, específicamente en el principio básico de respeto al voto popular.

«Es de tal grado la relevancia de dicho fallo (…) que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México».

La Coparmex consideró que con la Ley Bonilla al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

Recordó que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático; además de que hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional, que indica que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. 

«Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la ‘Ley Bonilla'».

El ex candidato del PRD a la gubernatura de Baja California, Jaime Martínez Veloz y la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) de dicho partido, presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los presuntos «moches» que han cometido funcionarios de primer nivel del actual gobierno de Baja California, encabezado por el morenista Jaime Bonilla.

Martínez Veloz explicó que en el estado se han repetido actos de corrupción, mismos que se han denunciado oportunamente y existen evidencias sobre el uso de 28 millones de pesos que fueron utilizados para favorecer contratos a distintos empresarios, “es por eso que acudimos a la FGR para que intervenga y dé certidumbre a la ciudadanía y a los empresarios del estado”.

Acompañado de los dirigentes nacionales Ángel Ávila, Camerino Márquez y la dirigente estatal Brenda Villena, agregó que “los moches empezaron a producirse a partir de la detención del chofer de la ex Secretaria del Bienestar Social, que portaba la cantidad de cuatro millones 700 mil pesos y, a partir de ahí, empiezan a aparecer una serie de declaraciones por parte de funcionarios, exfuncionarios y empresarios que señalan que hubo al menos 28 millones de pesos que le fueron solicitados a distintos empresarios a cambio de favorecerlos con contratos cuando llegara a ocupar su cargo”, acusó.

El ex candidato del PRD detalló que dichos recursos fueron utilizados en una asociación llamada “voluntariado de Jaime Bonilla” y de acuerdo con declaraciones de la Secretaria del Bienestar, parte de esos recursos fueron destinados para distribuir mochilas y promover la figura y la imagen del ya gobernador electo.

En ese sentido, Ángel Ávila señaló que Jaime Bonilla es un personaje nocivo para la vida pública del país, pues a menos de un mes de tomar protesta como gobernador se destapan ese desvío de recursos por parte de funcionarios de primer nivel, “ya renunció la Secretaria del Bienestar y el Oficial Mayor, por tanto esas acciones deben ser investigadas de manera inmediata”, subrayó.

Precisó que la decisión de acudir a la FGR es porque las autoridades locales no van a resolver conforme a derecho, pues hace unos días nombraron al nuevo Fiscal de Baja California que es nada menos que el compadre de Jaime Bonilla, por tanto, no hay confianza en las autoridades del estado resuelvan a favor de la legalidad.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) calificó como inconstitucional la llamada #LeyBonilla, con la que se amplió de 2 a 5 años el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California.

El TEPJF indicó que con la #LeyBonilla se violan los principios constitucionales de certeza, de no reelección, así como el derecho a votar y ser votado. Adicional señaló que se aparta de la regularidad constitucional.

Los magistrados incluyeron su determinación en un escrito de opinión que dirigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien lleva a cabo el análisis de los recursos de inconstitucionalidad contra la #LeyBonilla.

Entre los puntos que destacaron los magistrados para determinar como inconstitucional la ley, es que se vulneró el principio de certeza garantizado en los artículos 105 y 116 de la Constitución, que enuncia la prohibición a realizar modificaciones sustanciales a las leyes electorales 90 días previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones.

“El Decreto impugnado se publicó el 17 octubre de 2019, mientras que el proceso electoral en el Estado de Baja California inició el 9 de septiembre de 2018 y concluyó el 7 de octubre del año siguiente, es decir, la reforma entró en vigor una vez concluido el proceso electoral, de ahí que no se cumple con la temporalidad mínima de 90 previos al inicio de la etapa de preparación de las elecciones”, detallaron los magistrados.

Fue el ministro de la Suprema Corte, José Fernando Franco González Salas, quien solicitó al Tribunal Electoral una opinión técnica sobre la constitucionalidad o no de la Ley, con el fin de contribuir al análisis que realizan.

Finalmente, el Tribunal aclaró que las opiniones emitidas respecto a temas con contenido electoral no son vinculantes, aunque aportan “elementos adicionales para el estudio de las instituciones pertenecientes a la materia electoral, con la finalidad de orientar el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad de las normas impugnadas”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la que busca dar certeza jurídica al proceso electoral efectuado en el estado de Baja California el pasado 2 de junio.

La Acción de Inconstitucionalidad presentada por el Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, en representación del Instituto, pretende que la SCJN declare inconstitucional el Decreto número 351 aprobado por el Congreso de Baja California el pasado 11 de septiembre, mediante el cual se modifica el mandato para el cual fue electo el candidato Jaime Bonilla, pasando de dos a cinco años.

El INE argumentó ante la Suprema Corte que el decreto publicado el pasado 17 de octubre de 2019 contraviene la Constitución Federal, ya que dicho ordenamiento pretende dar efecto retroactivo a una norma expedida con posterioridad a que se realizara el proceso electoral local en Baja California.

En el segundo recurso legal interpuesto por el INE en relación al proceso electoral en Baja California, ya que el pasado 24 de octubre interpuso una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar que se aclarara el periodo del próximo gobierno.

El INE recordó que la Constitución expresamente, en su artículo 105, que: “las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse, por lo menos, noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y, durante el mismo, no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

En la Acción de Inconstitucionalidad, el INE expuso que la reforma efectuada por el Congreso de Baja California para ampliar el periodo de gestión del gobernador electo, de dos a cinco años, pone en riesgo la certeza jurídica establecida en el artículo 41 Constitucional, ya que dicha modificación, posterior al proceso electoral, cambió las reglas sobre las cuales la ciudadanía y los diversos actores políticos de la entidad participaron en los comicios del pasado 2 de junio.

Jaime Bonilla asumió como nuevo gobernador de Baja California en el primer minuto de este viernes, envuelto en la polémica por la llamada #LeyBonilla, que le permitirá, hasta ahora, gobernar por cinco años y no por dos, que fue el periodo por el cual la gente lo eligió el pasado 2 de julio.

Desde la noche de este jueves, los más de 100 invitados comenzaron a llegar al Congreso estatal, donde Bonilla arribó para rendir protesta como mandatario estatal. Indicó que no le iba a dar a su antecesor ni un minuto más en el poder, por lo que decidió hacer el acto protocolario lo antes posible.

Entre los invitados estuvieron familiares del morenista, integrantes de su gabinete y funcionarios, entre los que destacó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Llamó la atención que el gobernador saliente, Francisco Vega de Lamadrid no acudió al acto protocolario, ni envió a representante alguno. Medios locales reportaron que según colaboradores del gobierno estatal, el panista no recibió la acreditación correspondiente para ingresar al Congreso.

Luego de rendir protesta, Bonilla se dirigió al edificio estatal, aunque se detuvo para pronunciar unas palabras. Ahí dijo que se acababa el tiempo de corrupción del panismo en Baja California, quien gobernó por 30 años el estado.

Bonilla indicó que su gobierno no será de ocurrencias, por lo que en un mes se sabrá si está funcionando o no; en relación a la polémica por la #LeyBonilla, el morenista dijo que si la autoridad resuelve que su mandato durará cinco años, se someterá a la revocación del mandato.

Dijo a sus adversarios que se «despreocupen» pues no busca perpetuarse en el poder. Refirió que el «pueblo pone y el pueblo quita».

Bonilla inicia su gobierno con seis impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siendo esta última quien tendrá que resolver si su mandato será por cinco años, o se respetarán los dos años que marcó la convocatoria emitida por la autoridad electoral.

El gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, indicó que acatará el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las reformas aprobadas por el Congreso estatal que amplían su mandato de dos a cinco años.

El morenista culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de equivocarse y querer engañar a la gente, al presentar una convocatoria que no corresponde a la elección que él se inscribió, y consideró que nada tienen que ver las autoridades electorales en este proceso.

«Está muy clarito en los documentos», dijo al señalar que cuando se registró fue para un periodo de cinco años y no dos, además de que no reconoce más que la última convocatoria emitida por las autoridades electorales para gobernar un quinquenio.

Acusó que el INE ha sido el provocador del problema sobre la confusión de la duración. «Nunca publicó lo que ellos decían que era la nueva ley, nunca sacaron una convocatoria y ahora salen defendiéndose», expuso el gobernador electo.

Sostuvo que nadie se está «brincando las trancas para nada», y defendió que lo que hacían era «sellar» el proceso, aunque reconoció que cuando ya esté publicada la ley, se tendrá la oportunidad de impugnarla a través de cualquier acción.

Bonilla se calificó como un demócrata, e indicó que es moral y jurídicamente correcta su defensa de gobernar la entidad cinco años; consideró que con ello no afecta la imagen su partido Morena ni al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Bonilla Valdez dijo que si el período del ejercicio de gobierno en el estado fuera de dos años, no se habría registrado, pero que de palabra le dijeron cuando hizo este trámite que era de un quinquenio y reiteró que en el documento no se indica un periodo.

Además, consideró que las consecuencias de gobernar dos años serían terribles y catastróficas para los bajacalifornianos pues sería tener un «mini gobierno» de transición, pues “truena a un estado que de por sí está quebrado, pues al primer año estaría en puerta de nueva elección.

Afirmó que para él este proceso ya terminó una vez que se publique la ley y “ya vendrán los afectados a impugnarla, pero nada tienen que hacer las autoridades electorales, las cuales provocaron todo el problema.

Bonilla Valdez culpó a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y al Partido Acción Nacional (PAN) de estar detrás de este conflicto.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció que el próximo 27 de octubre clausurarán de manera simbólica la sede del Congreso de Baja California para exigir que publiquen la llamada #LeyBonilla, y dejen de responder a los «intereses mezquinos» de Jaime Bonilla y de Morena.

Indicó que dicha decisión se toma con el fin de defender la democracia, mediante resistencia civil y legal.

Explicaron que junto con organizaciones ciudadanas se manifestarán de manera pacífica para acusar “que el Congreso de Baja California está capturado políticamente por intereses económicos y trasnacionales. El PRD va a encabezar la lucha ciudadana, el llamado es a una resistencia civil y pacífica”.

Asimismo, rechazó los resultados de la consulta “patito” y sin representatividad que se realizó el pasado domingo en la entidad para justificar “a modo” la ampliación del período de gobierno de dos a cinco años.

Indicó que se llevó a cabo con escasa participación y con supuestas mesas de votación encabezadas por militantes de Morena y pagados por ese partido, para tratar de generar un supuesto consenso de ampliación de mandato. Acusó que todo es una estrategia de Morena, de su presidenta Yeidckol Polevnsky y tolerada incluso por el propio presidente de la República.

Reiteró que ya tienen tiene lista una acción de inconstitucionalidad, misma que una vez que sea publicada la reforma, acudirán a las instancias legales necesarias para «echarla abajo”.

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el cómputo estatal, la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Baja California y la constancia de mayoría, para Jaime Bonilla Valdez, por un periodo de sólo de dos años.

La resolución del Tribunal llega en respuesta a las impugnaciones que presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Transformemos.

Sin embargo, las magistradas y los magistrados consideraron infundadas, las impugnaciones del PRD que consideraban que Bonilla Valdez era inelegible por supuestamente incumplir los requisitos de nacionalidad y residencia.

También calificaron como infundado el recurso del partido local Transformemos en el que expuso conceptos de invalidez de la votación recibida en diversas casillas con la pretensión de que se efectuara un ajuste en el cómputo de los resultados.

Finalmente, la resolución de hoy avala un periodo para la gubernatura de dos años, como señala la Constitución local.

El período permanece así, pues la impugnación que presentó el candidato de Morena, respecto al periodo de mandato, fue desistida por el propio actor y ratificada por mayoría de votos por esta Sala Superior, luego de un recurso presentado por MC.

Este jueves el Congreso de Baja California aprobó que se lleve a cabo una consulta ciudadana sobre la ampliación del mandato del próximo gobernador del estado, Jaime Bonilla.

Como lo anunció la víspera Catalino Zavala, presidente del Congreso de Baja California, fue presentada ante el Pleno la iniciativa enviada a la Junta de Coordinación Política, para someter a consulta ciudadana la ampliación, de dos a cinco años, del periodo del próximo mandatario estatal bajacaliforniano.

Lo anterior, añadió, con el único fin de que sean los propios ciudadanos, a través de una consulta ciudadana, quienes decidan sobre este tema.

Explicó que “los integrantes de esta XXIII Legislatura Estatal respetamos y reconocemos la legitimidad y legalidad de las determinaciones de los diputados que nos antecedieron en el encargo, quienes tomaron distintas y diversas decisiones en su carácter de representantes del pueblo de Baja California”.

La iniciativa aprobada contempla la creación de una comisión legislativa especial, con carácter transitorio, que conocerá específicamente de los hechos o asuntos relacionados con la consulta ciudadana.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que analiza el contenido de un escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad.

“Tomando en consideración la naturaleza y características particulares del acto que se aduce vulnera derechos humanos, la CNDH ponderará la factibilidad de su actuación, en particular sobre una acción de inconstitucionalidad, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, una vez que cuente con todos los elementos necesarios para tal efecto”, indicó la Comisión.

Señaló que la reforma constitucional aún no se publica, por lo que todavía no es vigente.

Indicó que se dará la atención y el seguimiento necesario que sea procedente al escrito que le fue presentado y, en su oportunidad, previo estudio y análisis del caso, tomará la determinación que en derecho proceda sobre la promoción del recurso constitucional correspondiente.

Al respecto, la diputada Eva María Vázquez Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California, no convocará a la sesión pública en la cual se podría promulgar la reforma, por lo que será la siguiente legislatura, que inicia el 1 de agosto, la que realice dicha tarea.

Al acompañar a la legisladora, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios Córdova, informó sobre la decisión de su legisladora pese a la presión que está ejerciendo Morena.

Dijo que “en todo caso sea la próxima legislatura, que empieza el 1 de agosto, quien termine esta sucia labor, nosotros no nos vamos a prestar a hacer el trabajo sucio”, declaró el líder panista.

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) analizará la reforma que realizó el Congreso de Baja California que extiende el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, a fin de ver qué participación tendrá en el asunto la Cámara de Diputados.

“En la Cámara de Diputados vamos a tener una reunión la Junta de Coordinación Política para ver a la Cámara de Diputados, como institución, qué le corresponde, qué participación puede tener en este asunto, si es el caso”, indicó Mario Delgado.

Sostuvo que habrá que revisar, con cuidado la reforma y ver sobre todo su constitucionalidad y que no sea un caso que atente contra la democracia.

El morenista indicó que la polémica que ha causado la reforma se debe a que pudo haber aprobada antes de la elección, ya que las leyes en general no deben de tener un beneficiario directo; en este caso, reconoció, el gobernador electo es el beneficiario de la ampliación de periodo, lo cual pone en duda por qué se hizo esta reforma.

Aclaró que la modificación a la Constitución estatal “fue respaldada por un partido que no es Morena”, pues lo hizo “una mayoría de Acción Nacional”.

En el caso de los legisladores de Morena que apoyaron la reforma, puntualizó que será el partido quien decidirá sobre ellos, y “seguramente tendrá que ser la Comisión de Honor y Justicia del partido” quien intervenga.

Luego de la polémica que ha desatado la decisión del Congreso local de Baja California de ampliar el mandato de Jaime Bonilla de dos a cinco años, se da a conocer una encuesta sobre dicha acción.

La más reciente encuesta de Refirma señala que 54% de los encuestados está en contra de que el mandato de Bonilla sea de cinco años, cuando en las elecciones votaron por un periodo de dos. 41% apoya dicho cambio.

57% de los consultados consideran que la decisión de los legisladores de ampliar el periodo es una medida antidemocrática. Solo 35% la considera como una medida democrática.

Al considerar el planteamiento que ha hecho Morena para avalar dicho cambio, sobre que se ahorrarán recursos al no tener una elección en un corto tiempo, 67% de los encuestados indicaron que es mejor respetara la ley. 31% apoya la medida para ahorrar recursos.

Tal como lo han indicado las voces que critican la decisión del Congreso local, 55% cree que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe rechazar el cambio. 41% indicó que debe avalarlo.

54% de los bajacalifornianos coincidieron en que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe mantenerse al margen de la situación. 43% señaló que el mandatario debe intervenir.

Finalmente, 41% de los ciudadanos confían en que Jaime Bonilla será un buen gobernador, 25% indicó que será un mal mandatario local.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo indicó que debido a la ampliación de mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, el Poder Legislativo analiza proponer la desaparición de poderes en Baja California.

De llevarse a cabo esta acción, la Cámara alta tendría que designar a un «titular del Poder Ejecutivo provisional», que deberá convocar a elecciones conforme a la Constitución de la entidad afectada.

La Constitución establece: «»El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes y, en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas».

Sobre el tema de la reforma que amplia el mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla el presidente, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que ya existen denuncias presentadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esta decisión y que será este el que decida la legalidad de la iniciativa.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se sumó a los llamados a los legisladores locales de Baja California, para dar marcha atrás a la reforma que permite la ampliación del mandato del próximo gobernador, Jaime Bonilla.

A través de un comunicado, el CCE pidió a los legisladores y al actual gobierno estatal a respectar la Constitución local, que señala de manera clara, el periodo por el que fue elegida la próxima administración.

«Los legisladores tienen la obligación de respetar la voluntad de los bajacalifornianos, que votaron de manera libre e informada por un candidato para un periodo de dos años», indicó el CCE.

Enfatizaron que en caso de que se perpetre dicho cambio, sentaría un preocupante precedente jurídico y político en la demoracia mexicana, además de que vulneraría el Estado de Derecho del estado y del país.

Por su parte la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lamentó la reforma aprobada por el Congreso local, pues indicó que en lo que hace al desarrollo de la democracia, Baja California pone el mal ejemplo al cambiar su Constitución para extender el periodo del gobernador.

El presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, recodó que el Poder Judicial Federal ha impedido en dos ocasiones que el gobernador electo vulnerara la Constitución del estado y manipulara el proceso electoral.

El 26 de febrero, somo superdelegado federal, a petición de Morena, el Tribunal Electoral del estado resuelve ampliar la gestión estatal a cinco años, aunque un mes después, el Tribunal Federal revirtió el fallo.

El 8 de mayo, como candidato a gobernador, el Tribunal local vuelve a resolver que el periodo del próximo gobernador será de cinco años, esto a petición de Bonilla. 20 días después, el Tribunal Federal vuelve a echar atrás la resolución.

Ante el tercer intento, el presidente de Coparmex sostuvo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que tendrá la responsabilidad de frenar la ambición del morenista. «Vencerá la legalidad», señaló.