Una jueza estadounidense fijo para octubre próximo el comienzo del proceso de Twitter contra el magnate Elon Musk para forzarlo a comprar la red social en 44,000 millones de dólares.
La jueza Kathaleen St. Jude McCormick accedió a la demanda de Twitter de hacer un juicio rápido y tendrá una duración de cinco días.
Así, falló en contra de Elon Musk, al denegar su pedido de aplazar el juicio solicitado por Twitter. La jueza sentenció que el juicio comience en octubre debido a la “nube de incertidumbre” que pende sobre Twitter.
Recordemos que Twitter quiere obligar al multimillonario a cumplir su promesa de comprar la red social, y quiere que lo haga rápidamente porque dice que la prolongación de la disputa perjudica sus negocios.
Musk, el hombre más rico del mundo, se comprometió a pagar 54.20 dólares por acción de Twitter, pero hace unos días anunció que retiraba su intención de compra.
“Es un intento de sabotaje. Hace todo lo posible por arruinar a Twitter”, dijo William Savitt, el abogado que representa a Twitter en la Corte de Equidad de Delaware ante la jueza Kathaleen St. Jude McCormick.
La audiencia se realizó en forma virtual porque McCormick dijo que dio positivo para el COVID-19.
Pero, ¿qué es lo que está pasando entre Twitter y Elon Musk? En Broojula, Ana Paula Ordorica analiza el tema con Emilio “Pizu” Saldaña, Analista de Tecnologías para la Información.
Luego de la que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) abriera una investigación en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por la presunta comisión de delitos como privación de la libertad, abuso de autoridad y robo en contra dos policías, un juez de control le impuso esta tarde medidas cautelares, entre ellas su suspensión como titular de la demarcación.
La Fiscalía capitalina indicó que hoy formuló la imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la alcaldía Cuauhtémoc, entre ellos la alcaldesa.
Y es que según lo que se ha informado, la perredista supuestamente habría retenido y agredido, física y verbalmente, en las oficinas de la alcaldía a dos mandos de la Policía Auxiliar, luego de una diferencia surgida en el trabajo para reordenar el comercio informal en la colonia Centro.
Aún no rindo declaración, lo haré el próximo jueves 17 de marzo, 8 am; sin embargo, la Jueza consideró necesario imponer algunas "medidas cautelares para los siguientes 3 días":
1.- Firmar asistencia 2-. Pedir autorización para salir del país 3.- Suspensión de actividades pic.twitter.com/9bS7mVl7vS
La jueza que lleva el caso, estableció que Sandra Cuevas no puede salir del país, deberá acudir a firmar cada dos meses en tanto concluya el proceso legal, además de que quedaría suspendida de sus actividades como titular de la Alcaldía..
Antes de conocerse la decisión de la jueza, Cuevas declaró que esperaba “salir bien librada” de la denuncia en su contra, e indicó que solo enfrentaba acusaciones de abuso de autoridad y robo, pues la Fiscalía retiró el cargo de privación ilegal de la libertad. Y es que la alcaldesa indicó que entregó videos en donde se demuestra su inocencia.
La defensa de la alcaldesa, que llegó al poder como abanderada de la coalición Va por la CDMX (PAN-PRI-PRD), solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se reanudará la audiencia el próximo jueves, según indicó la propia Fiscalía.
El jueves, cuando se continúe con la primera audiencia, se podrán anular las medidas cautelares impuestas este lunes, o bien confirmarse. La audiencia de hoy ya había sido diferida en dos ocasiones anteriores.
Cuevas ha dicho en reiteradas ocasiones que las acusaciones de los policías son apoyadas desde la Jefatura de Gobierno, y son parte de un montaje por parte de las autoridades de la Ciudad de México, y de Claudia Sheinbaum, quienes buscan desestabilizar su administración debido a que forma parte de la oposición.
La #FGJCDMXInforma que formuló imputación contra cuatro servidoras y servidores públicos de la @AlcCuauhtemocMx, entre ellos la titular de la demarcación, por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. pic.twitter.com/csaT2wMKpk
Sin embargo, no es la única acusación que la perredista enfrenta. Sandra Cuevas también podría comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso capitalino, debido a que en días pasados lanzó pelotas con billetes de 500 pesos desde el balcón de la alcaldía Cuauhtémoc, lo cual ha sido condenado por los diputados locales.
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de malversación de fondos, será extraditado a nuestro país, luego de que la jueza del caso anunciara que certificaría la solicitud de las autoridades mexicanas.
En una nota que llegó horas después de que finalizara la audiencia de este martes, la jueza indicó que la solicitud cumple con los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, por lo que dio un plazo de 60 días para la entrega del exgobernador.
En lo que la entrega se concreta, Duarte seguirá preso en Miami. Sin embargo, el exgobernador todavía podría apelar la decisión.
Horas antes, al finalizar la audiencia de hoy, la jueza Lauren Fleischer Louis dijo que “no anticipo futuras acciones ante mí”. “Pondré una orden escrita en el expediente judicial tan pronto como pueda para que ustedes puedan emprender los próximos pasos”.
En la audiencia la fiscalía aseguró que existen evidencias de que Duarte cometió los delitos y debe ser extraditado a nuestro país. Su defensa reiteró que son cargos políticos. Morillo, que era “venganza de opositores políticos”, en referencia al sucesor de Duarte, Javier Corral.
“El pedido de extradición detalla la corrupción durante el gobierno de Duarte”, expresó el fiscal Jason Wu al comienzo de su alegato. “El tribunal debe certificar la extradición”.
Duarte, que se desempeñó como gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos. México solicitó su extradición a finales de 2019.
La fiscalía se centró en una serie de testigos reservados que trabajaban en el gobierno de Chihuahua y han asegurado que Duarte les ordenaba desviar fondos públicos para fines personales, como pagar impuestos y tarjetas de crédito. Estos testigos son parte de la causa presentada en México y la justicia estadounidense los considera importantes para probar las acusaciones.
Wu dijo que esos testigos, entre ellos un exsecretario de finanzas de Duarte, identificaron al menos 11 transacciones millonarias en las que el exgobernador les habría ordenado desviar fondos públicos a cuentas privadas que sólo él, familiares o cómplices podían administrar.
“Tenía total responsabilidad de los fondos en disputa”, expresó Wu. “Las transferencias beneficiaban a Duarte. Él tenía el control de los fondos públicos”, dijo tras describir varias de esas transacciones, algunas de ellas destinadas a comprar vacas y otras a empresas y cuentas de su familia.
Su defensa pidió a la jueza que no considerara lo que habían dicho esos testigos porque sus declaraciones habían sido bajo amenazas. “Lo que pedimos al tribunal es que evalúe el método, el proceso con el que el gobierno de México obtuvo las evidencias”, expresó el abogado Juan Morillo. “Cuando el testimonio se consiguió de manera ilegal, no se puede considerar”.
Según la defensa, la vida de Duarte correría peligro si regresa a nuestro país para enfrentar un juicio.
La jueza se limitó a decir que estaba “satisfecha” con los argumentos presentados a favor de la extradición, aunque no indicó cuando resolvería el asunto. “La presentación satisface la causa probable”, expresó Fleischer Louis.
Para los fiscales, las pruebas presentadas por Duarte buscan evitar su extradición y que sea juzgado en Estados Unidos en un “mini juicio”.
Duarte asegura que llegó a Estados Unidos a finales de 2016 en busca de un tratamiento médico tras un accidente en helicóptero. Antes de su detención en julio de 2020, pidió asilo político. El exgobernador asegura que desconocía sus acusaciones cuando llegó y que llevaba una vida pública, sin ocultarse, en el país vecino.
La justicia británica rechazó este miércoles dejar en libertad a Julian Assange, a la espera de que Estados Unidos apele la decisión de no extraditarlo, pese a que sus abogados aseguraron que el fundador de WikiLeaks no huiría a México, que le ofreció asilo.
Dos días después de su primera victoria judicial, cuando invocando el riesgo de suicidio la jueza londinense Vanessa Baraitser decidió no entregarlo a Estados Unidos, Assange vio frustrada su ambición de recuperar la libertad, de la que lleva privado más de ocho años.
“Hay razones para creer que si el señor Assange es puesto en libertad hoy no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación”, afirmó la jueza.
“Es una gran decepción”, reaccionó tras la vista la abogada sudafricana Stella Morris, compañera sentimental del australiano de 49 años, llamando “al departamento de Justicia (estadounidense) a retirar los cargos”.
Por su parte, Kristinn Hrafnsson, editor jefe de WikiLeaks, pidió al presidente saliente Donald Trump y al electo Joe Biden que “consideren el perdón”.
Contra la liberación de Assange, la fiscalía aseguró que este dispone de “recursos” para huir y se refirió a la oferta de asilo hecha por México el lunes pasado.
El abogado del australiano, Edward Fitzgerald, argumentó que se habían malinterpretado las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuya oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso y que en ningún caso abrió las puertas de su embajada en Londres.
Recordemos que en 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en la capital británica vulnerando una libertad bajo fianza impuesta a la espera de examinar su extradición a Suecia, que lo reclamaba por violación, cargos que fueron abandonados desde entonces.
Allí vivió encerrado siete años hasta su espectacular detención por la policía británica en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa. Desde entonces, el australiano se encuentra recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh.
Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de unos 700,000 documentos militares y diplomáticos secretos, anunció que apelará la decisión británica de no extraditarlo. Y hasta que eso ocurra, Assange permanecerá encarcelado.
La que su defensa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, pidió a una jueza de Miami, Florida en Estados Unidos que rechazara el pedido de extradición de su cliente, ya que es reclamado por la justicia de nuestro país por cargos de corrupción en México.
La audiencia fue a través de Zoom debido a la pandemia de Covid-19. Duarte estaba conectado desde la prisión por teléfono, con la ayuda de una intérprete que le traducía del inglés al español.
Al final de la audiencia, la intérprete le dijo a la jueza que el exgobernador quería hablar, pero tras ser consultados por la magistrada, los abogados de Duarte manifestaron que no era oportuno porque no habían preparado con antelación lo que iba a decir.
“Todo lo que diga quedará en los récords”, expresó la jueza Lauren Fleischer Louis, y permitió que el abogado Henry Bell se conectara con su cliente de manera telefónica inmediatamente después de la audiencia. La audiencia terminó y Duarte no habló en público.
“Voy a emitir una resolución tan pronto como pueda”, dijo la magistrada tras escuchar los alegatos de la defensa y la fiscalía sobre la extradición de Duarte. “Ha sido de mucha ayuda escuchar a ambas partes”, aseguró la jueza.
La audiencia fue convocada para abordar un pedido de Duarte con el fin de que se desestime su pedido de extradición. Su defensa alega que el exgobernador llegó a Estados Unidos sin saber que enfrentaba acusaciones en México y que fue arrestado fácilmente porque llevaba una vida pública, sin ocultamientos.
De acuerdo con el abogado Juan Murillo, la fiscalía no ha probado fehacientemente que Duarte era prófugo.
“El gobierno se basa en testigos no identificados no accesibles”, expresó el defensor en sus alegatos, y dijo que Duarte y sus familiares estaban dispuestos a atestiguar para demostrar que no era un fugitivo de la justicia al momento de salir de su país.
Según Murillo, las pruebas que ha presentado el fiscal Jason Wu no dan sustento al pedido de extradición. Cuestiona además la validez que tienen en el proceso dos cartas diplomáticas de la embajada de México en Estados Unidos donde se explica por qué se busca la repatriación de Duarte.
Según la defensa del exgobernador, no sirven porque no tienen firma, pero el gobierno estadounidense alega que ambas misivas representan la posición oficial de México y como documentos diplomáticos no la requieren. “Son comunicaciones oficiales entre el gobierno de Estados Unidos y el de México, a pesar de que la defensa quiera denigrarlas”, dijo Wu sobre las cartas diplomáticas inicializadas y con sello oficial de la embajada.
La fiscalía también ha presentado como prueba la orden emitida por un juez mexicano, alegando que se trata de acusaciones que están vigentes y que las leyes de México no permiten que los acusados sean enjuiciados en ausencia.
Recordemos que la solicitud de extradición fue presentada por el gobierno de nuestro país a finales de 2019.
Duarte permanece detenido en una prisión federal de Miami desde julio pasado. Está acusado de peculado y asociación delictuosa para malversar millones de dólares de fondos públicos durante su gestión en el gobierno estatal de Chihuahua.
El expriísta vive en Miami desde 2017 y ha pedido asilo en Estados Unidos, rechaza las acusaciones y asegura que hay motivaciones políticas detrás de su caso.
Una jueza federal de Nueva York aceptó esta mañana el pedido del gobierno estadounidense de desestimar los cargos que enfrentaba el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, para permitir que México lo investigue y eventualmente lo acuse.
En una breve audiencia, la jueza de Brooklyn Carol Bagley Amon quiso primero confirmar que la decisión proviene del propio fiscal general estadounidense, William Barr.
La jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Carol Bagley Amon, aceptó la petición del Gobierno de EE.UU. para desestimar los cargos en contra del general Salvador Cienfuegos y ponerlo a disposición del @GobiernoMX para su investigación en nuestro país.
“Esta decisión (…) es un asunto de política exterior, no tengo razones para dudar de la determinación del gobierno de que las autoridades judiciales mexicanas sinceramente desean avanzar en una investigación y posible procesamiento del acusado”, dijo Bagley Amon en presencia de Cienfuegos.
Cienfuegos Zepeda aceptó el acuerdo, que establece que será trasladado a México escoltado por alguaciles estadounidenses.
La jueza no especificó una fecha concreta para el traslado, aunque dijo que el gobierno deberá informar a la corte de cuando Cienfuegos sea entregado a México.
El dictamen señala que se trata de una “absolución con reservas”, lo que indica que la corte estadounidense podría en un futuro presentar nuevos cargos contra el exsecretario mexicano si lo considera oportuno.
“Sí, estoy de acuerdo”, dijo Cienfuegos en la audiencia, celebrada en persona y transmitida en línea debido a la pandemia de coronavirus.
En su pedido a la jueza para que desestime los cargos, el fiscal interino del distrito este de Nueva York, Seth DuCharme, dijo que “importantes y sensibles consideraciones de política exterior pesan más que el interés del gobierno en buscar el procesamiento del acusado”.
Recordemos que ayer en un comunicado conjunto, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, y su homólogo mexicano, Alejandro Gertz Manero, dijeron que la decisión de desestimar los cargos fue adoptada “en el interés de demostrar nuestro frente unido contra toda forma de criminalidad”, y que Cienfuegos será “investigado, y si es apropiado, inculpado bajo la ley mexicana”.
Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard aseguró esta mañana que la decisión estadounidense de liberar a Cienfuegos no es “el camino a la impunidad” sino ·un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México.
La Fiscalía de Brooklyn acusaba al general de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero por ayudar al cartel H-2 “a traficar miles de kilos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos, incluida la ciudad de Nueva York” entre 2015 y 2017, a cambio de millonarios sobornos.
El diario The Washington Post señaló que el cambio de rumbo puede obedecer a una supuesta amenaza de México para limitar el rol de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, en nuestro país.
El Senado de Estados Unidos, dominado por los republicanos, confirmó este lunes a la jueza conservadora que el presidente Donald Trump propuso para la Suprema Corte.
La confirmación aseguran diversos analistas, es una victoria para el mandatario a ocho días de las elecciones del 3 de noviembre.
El Senado votó por 52 votos a favor y 48 en contra la nominación de la jueza Amy Coney Barrett que llega a consolidar la mayoría que tienen los conservadores en el máximo tribunal, con una composición de seis contra tres.
La propuesta de Trump surgió luego del fallecimiento de Ruth Bader Ginsburg. La llegada de Coney Barrett dará pie a una nueva etapa de fallos sobre temas como el aborto, la Ley de Cuidado de Salud Asequible e incluso su propia elección.
Barrett, de 48 años, llega a ocupar el nombramiento vitalicio como la 115ª jueza de la Corte.
Los demócratas no pudieron detener el proceso, que lleva al tercer juez nominado por Trump a la Suprema Corte.
Con la confirmación de Barrett asegurada, se esperaba que Trump lo celebrara con un acto de juramentación en La Casa Blanca. El juez Clarence Thomas tomará el juramento, dijo un alto funcionario de La Casa Blanca.
La magistrada podría participar en su primera audiencia a partir del 2 de noviembre, la víspera de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, teóricamente actuará en caso de que se examinen posibles apelaciones contra los resultados de la votación.
La jueza ultraconservadora Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, compareció ante el Senado, donde fue cuestionada principalmente por los legisladores demócratas.
Y aunque se contuvo y no mostró muestras de exaltación, analistas refieren que no ofreció ningún indicio de cómo fallaría en caso de llegar a la Corte en casos importantes como el aborto o el futuro del Obamacare.
“Los jueces no pueden levantarse un día y decir: tengo una agenda, me gustan las armas, odio las armas; me gusta el aborto, odio el aborto. Y simplemente andar por ahí como una reina e imponer su voluntad al mundo”, dijo con cierta ironía Barrett durante el segundo día de audiencias en el comité judicial del Senado.
Barrett, católica, de 48 años y madre de siete hijos, usó frases similares para evadir las preguntas de los demócratas; aseguró una y otra vez que ella no tiene ninguna agenda política y que su objetivo es apegarse a la Constitución para decidir cada caso por separado.
Además, enfatizó que “no se ha comprometido” con la Casa Blanca a fallar de ninguna forma en polémicos casos, como el de la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama (2009-2017) que evaluará la Corte en las próximas semanas.
Ante sus respuestas, los senadores demócratas, que están en minoría en el Senado y saben que no pueden frenar la confirmación de la jueza, están usando las audiencias para recordar a los estadounidenses lo que está en juego en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.
Los demócratas se están esforzando en retratar a Barrett como una jueza extremadamente conservadora y muchos pusieron hoy el foco en el derecho al aborto.
La senadora Dianne Feinstein, de 87 años y que durante su vida ha roto varias barreras de género, preguntó repetidamente a Barrett sobre sus ideas acerca del caso “Roe v. Wade”, que legalizó el aborto en 1973 y le recordó lo que ocurría cuando ese procedimiento era ilegal en Estados Unidos.
“Como una estudiante universitaria en la década de 1950, vi lo que le pasaba a aquellas mujeres jóvenes que quedaban embarazadas en un momento en el que el aborto no era legal en este país. Yo fui a (la universidad de) Stanford y vi los viajes a México, vi cómo mujeres muy jóvenes intentaban hacerse daño. Eso es realmente preocupante”, manifestó Feinstein.
Barret rechazó expresar su visión acerca del caso y dijo que no dará “un pulgar hacia arriba o hacia abajo” para respaldar o rechazar ningún asunto, incluido el aborto.
En varias ocasiones, la magistrada insistió en que será perfectamente capaz de separar sus decisiones judiciales de su religión.
“Tengo una vida repleta de personas que han tomado decisiones diferentes, y nunca he intentado, en mi vida personal, imponerles mis decisiones. Lo mismo ocurre en mi ámbito profesional”, aseveró Barrett.
Durante las audiencias para confirmarla como jueza de la Suprema Corte, Barrett tuvo que enfrentarse a numerosas preguntas sobre sus creencias y su pertenencia al grupo religioso People of Praise.
Ese grupo tiene menos de 2,000 miembros y sus miembros creen en “profecías y curaciones divinas”, según el diario The New York Times.
Hoy, Barrett dijo a los senadores que, cuando aceptó la nominación de Trump para el Supremo, sabía que su fe sería “caricaturizada” y su familia sufriría ataques; pero decidió seguir adelante porque quiere “servir a su país”.
Al respecto, los republicanos han acusado repetidamente a los demócratas de atacar la fe de Barrett, aunque en realidad ninguno ha aludido a sus creencias religiosas.
El objetivo de los republicanos es desacreditar a los demócratas y retratarles como un grupo de radicales, al mismo tiempo que buscan presentar a Barrett como una jueza extremadamente calificada.
En un momento de la audiencia, el senador John Cornyn, republicano por Texas, le pidió a la magistrada que sostuviera su libreta a la vista de todos con el objetivo de mostrar que estaba en blanco y que estaba hablando de memoria, haciendo referencia a casos legales sin ningún tipo de ayuda.
Los republicanos quieren confirmar a Barrett en el pleno del Senado el 22 de octubre, por lo que en caso de avanzar estaría en funciones antes de las elecciones del 3 de noviembre.
Rosario Robles, ex funcionaria federal, y quien se encuentra recluida en Santa Martha Acatitla desde agosto del año pasado, obtuvo una suspensión definitiva contra su prisión preventiva.
“La suspensión definitiva ya la obtuvimos. La obtuvimos en la audiencia del 23, que fue publicada el día 24 (de septiembre). Nos dan entonces una suspensión en dos términos: nos dicen que, por lo que es a la libertad personal, nos dan la suspensión provisional”, informó Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.
Señaló que aún no significa que pueda seguir su proceso en libertad, ya que será una jueza la que determine su situación.
Al otorgar la suspensión, María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, asumió la capacidad de decidir si modifica la medida cautelar actual, una vez que se resuelva de fondo el amparo.
Destacó que la audiencia en la que la jueza decidirá al respecto se llevará a cabo el próximo 9 de octubre, aunque reconoció que podría tomar hasta un mes más.
Recordemos que a la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se le acusa por la ‘omisión’ de informar a su superior jerárquico acerca de una serie de irregularidades que derivaron en un quebranto por 5 mil 73 millones de pesos.
Aunque los delitos que se le imputan no prevén la prisión preventiva oficiosa, el 12 de agosto de 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la vinculó a proceso y ordenó prisión preventiva justificada al alegar riesgo de fuga.
Adicional, la jueza Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal negó conceder a la ex funcionaria, la suspensión definitiva a la impugnación del artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que establece que cuando las personas están enfermas o son de la tercera edad, pueden enfrentar su proceso en libertad cuando tienen 70 años.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este jueves que interpuso una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicios en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que encabeza la jueza María del Rosario Castillo Sánchez.
Mediante un comunicado, el CJF señaló que recibieron información que amerita una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, alías “El Mochomo”, al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), “El Mochomo” es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Consejo de la Judicatura señaló que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de las juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero enfatizó que toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.
“No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”, dijo el CJF.
Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que aunque se apoyará a las y los servidores públicos del Poder Judicial que son honestos y trabajan por el país., cualquier sospecha de corrupción será investigada.
“Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, remató.
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención de “El Mochomo”, éste quedara en liberad.
“O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables”, expuso AMLO.
La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega, rechazó hoy la solicitud del equipo legal de Emilio Lozoya para citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas al ex presidente Enrique Peña y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Ortega desechó la petición al rechazar la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de la investigación que se sigue por la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados.
La solicitud incluía también al ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa; el ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher; y el ex director de PMI Internacional, filial de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo.
Tras dar por recibido el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y rendido el informe sobre la ampliación de la demanda del 1 julio de 2019, la magistrada dispuso en su resolución: “indíquesele al promovente que no ha lugar a acordar favorablemente su petición”.
Los abogados de Lozoya confiaban que, con esa comparecencia, su defendido pudiera quedar libre de las acusaciones que hay en su contra.
Por su parte el abogado Javier Coello indicó que impugnará la decisión de la juez, pues insistió en que “ha existido una violación flagrante a los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio”.
Pidió que sea un tribunal colegiado quien determine si la resolución de la juzgadora estuvo fundada.
Una jueza federal prohibió a la PGR por tiempo indefinido judicializar la investigación o solicitar una orden de aprehensión en contra de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por el proceso que se le sigue por supuesto enriquecimiento ilícito y cohecho en relación a la brasileña Odebrecht.
Lozoya obtuvo la suspensión definitiva contra la judicialización del caso que lleva a cabo la Subprocuraduría de Delitos Federales, e indicó que estará vigente hasta en tanto no se dicte una sentencia en el juicio de garantías.
La PGR indaga a Lozoya por presuntamente haber cobrado sobornos de 10 millones de dólares a la empresa brasileña y asignarle contratos para la Refinería de Tula.
Por su parte el exfuncionario ha negado las acusaciones que los ejecutivos de Odebrecht han hecho en su contra.
