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Senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones que hizo el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), e incluso un senador de Morena, Germán Martínez, presentaron su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento los senadores manifestaron que la acción de inconstitucionalidad es entre otros motivos porque atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpio y transición energética de los que México es parte.

Además, señalan que los cambios violan los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.

Apuntan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales como el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat) de los que México forma parte.

Apuntaron que, además, socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y se contrapone al espíritu de lo establecido la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.

Dijeron que la contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía).

Recordemos que la Ley Eléctrica de AMLO se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo, pero tras varias medidas cautelares que empresas perjudicadas presentaron, un juez federal decidió suspenderla de manera indefinida.

El gobierno ha justificado dicha ley al indicar que se busca “rescatar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del supuesto “saqueo” de las privadas y extranjeras. El principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar siempre primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE

El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, otorgó las primeras suspensiones definitivas contra la entrada en vigor de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente López Obrador.

Con estas suspensiones, tres en total correspondientes a los juicios de amparo con número de expediente 118, 119 y 120/2021, se pone un freno a la intención del gobierno federal de cambiar las reglas del juego a favor de la CFE.

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“La suspensión definitiva que se concede es para el efecto de que se suspendan todas las consecuencias derivadas del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno”, se lee en el documento.

Recordemos que debido a los amparos que otorgó Gómez Fierro un día después de que se publicara la Ley en el Diario Oficial de la Federación, López Obrador solicitó al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, investigar el proceder del juzgador, al señalar que éste respondía a intereses particulares.

Al respecto, esta mañana AMLO dijo que la disputa deberá ser resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reveló que incluso grandes empresas, como Bimbo y Wal-Mart se han amparado contra la ley.

“Vamos a que resuelva la Suprema Corte”, dijo López Obrador, y añadió que “seguramente” el tema llegará al máximo tribunal.

Y es que la nueva LIE establece que las centrales de la CFE, incluyendo las que usan combustóleo y carbón, despacharán primero su energía a la red, además de que la empresa no estará obligada a comprarla a través de subastas, que habían beneficiado a generadoras solares y eólicas, muchas de ellas con capital extranjero.

También se podrán revisar viejos contratos con Productores Independientes de Energía (PIE), entre los que se encuentran la española Iberdrola, mientras que el regulador del sector energético, la CRE, podrá revisar y revocar permisos de autoabasto, un esquema del que el gobierno alega se ha abusado en detrimento de CFE.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si el Poder Judicial determina que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, enviará una propuesta de reforma constitucional al Congreso, pues dijo, no se puede ser cómplice de robos y atracos que afecten a los que menos tienen.

“Estoy seguro que no es anticonstitucional la reforma, pero si lo determina el juez, el ministro de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, señaló.

La diferencia entre la propuesta que hizo, que se aprobó y que ha dado paso a los amparos, y la que adelantó hoy que podría presentar, es que la nueva se trataría de un cambio a la Constitución, lo que implicaría que Morena y aliados mantengan la mayoría en el Congreso.

“Entonces que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones porque por eso ellos (quienes apoyan los amparos) están apostando a que no tengamos mayoría, para seguir manteniendo privilegios”, refirió López Obrador.

Recordemos que dos jueces han concedido cerca de 30 amparos o suspensiones provisionales contra la reforma que AMLO impulsó a la Ley de la Industria Eléctrica.

En un intento de matizar sus declaraciones, el mandatario indicó que su gobierno respetará las decisiones que tomé el Poder Judicial, pues hay autonomía e independencia de los poderes. Enfatizó que “estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de derecho”.

El presidente también se lanzó en contra de dos mineras canadienses, que dijo, operan en el país de forma ilegal. Incluso advirtió con retirarles las concesiones si no corrigen su funcionamiento.

“Ojalá nos ayude el Gobierno de Canadá, de lo contrario vamos a actuar legalmente”, expresó el mandatario al señalar a la mina de Cosalá (Sonora), operada por la canadiense Americas Gold And Silver, donde los trabajadores escogieron a un sindicato “pero como no es del agrado de la empresa, esta no quiere iniciar actividades”; la otra mina señalada es la de Tayolitita (Durango), de la canadiense First Majestic, que dijo AMLO, “no quiere pagar impuestos” y está buscando instancias internacionales para evitarlo.

“No se vaya a entender como una amenaza o advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión y no van a faltar empresas que quieran, de acuerdo la ley, llevar a cabo los trabajos en la mina”, dijo López Obrador.

Así, el mandatario hizo un llamado a las autoridades canadienses para que ayuden con dichas empresas y hagan lo mismo que en Canadá, que paguen impuestos, que traten bien a los trabajadores y que protejan el medioambiente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que pedirá investigar a los jueces que han otorgado amparos para suspender la reforma eléctrica, pues los acusa de estar “al servicio” de las empresas y responder a intereses particulares.

“Vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares”, dijo AMLO.

Las declaraciones de López Obrador ocurren un día después de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendió los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos otorgados a las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El presidente cuestionó que la suspensión ocurra apenas días después de promulgarse su reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Estos jueces se crearon, surgen, cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares, extranjeras, no para proteger y defender el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo”, cuestionó AMLO.

Aunque el mandatario había dicho en un inicio que las empresas “estaban en todo su derecho” de impugnar la ley, ahora criticó los recursos legales que ya se han presentado, y que son los primeros de una oleada de amparos que se prevé sean interpuestos.

El mandatario insistió en que es necesario revisar los contratos que los productores independientes de energía realizaron con el gobierno; dijo que os dueños de las empresas extranjeras y algunos mexicanos están muy molestos con la reforma eléctrica, pues estaban acostumbrados a abusar vendiendo cara la energía eléctrica y recibiendo subsidio.

Tras las suspensiones provisionales, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.

El presidente remató asegurando que no busca revertir la reforma que abrió el sector energético a la iniciativa privada en 2013. “No estamos cancelando la reforma energética, estamos procurando quitarle a esa reforma las aristas más filosas”, manifestó.