Senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones que hizo el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), e incluso un senador de Morena, Germán Martínez, presentaron su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el documento los senadores manifestaron que la acción de inconstitucionalidad es entre otros motivos porque atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpio y transición energética de los que México es parte.
Además, señalan que los cambios violan los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.
Apuntan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales como el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat) de los que México forma parte.
Apuntaron que, además, socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y se contrapone al espíritu de lo establecido la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.
Dijeron que la contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía).
Recordemos que la Ley Eléctrica de AMLO se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo, pero tras varias medidas cautelares que empresas perjudicadas presentaron, un juez federal decidió suspenderla de manera indefinida.
El gobierno ha justificado dicha ley al indicar que se busca “rescatar” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del supuesto “saqueo” de las privadas y extranjeras. El principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar siempre primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE
