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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró esta mañana que «no confía» en los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes apenas el pasado 2 de enero eligieron como su primera mujer presidenta a Norma Piña.

“No (confío), quizás en alguno, uno, dos o tres. La mayoría vienen del antiguo régimen y no se atreven a llevar a cabo una reforma de fondo del Poder Judicial», dijo el mandatario en su conferencia matutina.

El mandatario hizo estas declaraciones al ser cuestionado sobre si confía o no en la Corte después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) anunciara que impugnará el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que impulsó su gobierno, al señalar que «dinamita» la democracia y afectará la organización de las elecciones.

El presidente López Obrador insistió, como lo ha venido haciendo, que la Corte «tiene que limpiar de corrupción el Poder Judicial».

«Ayer me hablaban de que la presidenta de la Suprema Corte hablaba de que había que reactivar todo el sistema anticorrupción, pues que empiece por el Poder Judicial, tiene bastante trabajo”, dijo en torno de burla y reclamo.

López Obrador recordó la «campaña» en contra de Yasmín Esquivel, ministra que él propuso en 2019 y que está acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, tema que se destapó en momentos en que buscaba ser presidenta de la Suprema Corte.

AMLO ha reconocido «diferencias» con la ministra Piña, a quien ha señalado de votar «en contra de las iniciativas» que ha impulsado su gobierno.

En este sentido, admitió que no se ha reunido con ella porque no hay «ninguna necesidad, no hay ningún acuerdo a tratar».

Esto llamó la atención pues eran conocidos sus encuentros con el expresidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, cuyo mandato al frente de la Corte finalizó el 31 de diciembre, mismo que el presidente intento prolongar.

López Obrador ha criticado los votos de la Corte en contra de sus iniciativas, como la reforma eléctrica, y que los jueces liberen a delincuentes con el argumento del debido proceso.

«Hay comunicación (del gobierno con Piña) porque independientemente de las diferencias que podamos tener sobre esto de los jueces y este comportamiento, que vamos a seguir señalando, hay trabajo conjunto porque es del interés general, del interés del pueblo», remató AMLO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sigue con cambios en su estructura. El pasado lunes la ministra Norma Piña fue elegida para presidir la Corte; también se eligió al presidente de la Primera Sala, y hoy se eligió al presidente de la Segunda Sala.

La ministra Norma Piña presidió hoy su segunda sesión como presidenta de la Corte, donde  se eligió al Ministro Alberto Pérez Dayán como presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pérez Dayán fue elegido para el periodo 2023-2024, en sustitución de la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien concluyó el cargo en diciembre pasado y quien no concretó su aspiración a encabezar la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal.

El ministro contó con el voto unánime de los integrantes de la Sala, con lo que repite presidencia en la Segunda Sala, luego de que ejerciera dicho cargo en 2016.

Además, la Corte recordó que en la sesión del pasado lunes, los integrantes de la Primera Sala eligieron como presidente de dicha instancia al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para el periodo 2023-2024, en sustitución de la ministra Margarita Ríos Farjat.

Pardo Rebolledo tuvo el apoyo de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Cabe destacar que Arturo Zaldívar no participó en dicha votación pues se encontraba inmerso en el proceso de entrega-recepción de la presidencia.

Al igual que Pérez Dayán, el ministro Pardo Rebolledo ya ha ostentado la presidencia de la Primera Sala. En 2012 fue elegido para un periodo de dos años.

La Primera Sala de la Corte se encarga de resolver las controversias constitucionales en materias Penal y Civil, mientras que la Segunda Sala resuelve los asuntos de materia Laboral y Administrativa.

Arranca bien el año al prevalecer la independencia del Poder Judicial sobre la preferencia del titular del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente López Obrador. Ya decíamos la entrega anterior que hay poca comprensión sobre la división de poderes. Al haber sido electa la Ministra Norma Lucía Piña como la nueva presidenta de la Corte, López Obrador volvió a demostrar que la división de poderes le desagrada profundamente.

Declaró: “Si de los 11 ministros, se cuenta con cuatro se asegura que no declaren inconstitucional una ley […] ¿Qué creen que nos pasó? Que de los cuatro que propuse, dos nos dieron la espalda.”

Así el presidente demostró que cuando manda ternas al Senado para integrar la Corte, lo hace asumiendo que quien resulte electo debe de avalar cualquier iniciativa de su gobierno. No entiende que sus nombramientos los debe hacer pensando en enriquecer la procuración de justicia en el país para todos, no la sumisión a sus designios.

Un gobierno empeñado en acaparar todo se vio acotado. No todo está perdido. Y por ello arrancamos bien el penúltimo año de esta presidencia.

Más allá de que la llegada de la Ministra Norma Lucía Piña significa el triunfo de la primera mujer para presidir la corte, la importancia viene de que ella ha sido una Ministra profesional e independiente. Es un triunfo de género, pero es mucho más un triunfo para el Poder Judicial.

Pocos días antes de la elección por la presidencia de la Corte un grupo de amistades especulábamos sobre las probabilidades que tenía la Ministra Yasmín Esquivel de ganar la presidencia de la Suprema Corte.

En prácticamente cualquier régimen desarrollado la acusación, pruebas y respuesta de la Ministra Esquivel habría merecido una aclaración expedita, incluso previo a la elección por la presidencia de la Corte. Y a partir de la resolución, acciones.

Si la investigación resolvía que la Ministra plagió, el castigo no sería simplemente no ganar la presidencia de la Corte. Significaría la revocación de su título y por ende su expulsión de la Corte. Ni más, ni menos.

Si, por el contrario, la investigación resultara en que todo fue una campaña para tumbar su candidatura a la presidencia, el castigo debiera ser igual de contundente para quienes orquestaron esta campaña en contra de una Ministra que, en ese sentido, sería exonerada como intachable.

Pero con un gobierno que ha buscado arrasar con los contrapesos democráticos, existía la duda sobre si la Ministra Esquivel iba a ganar la presidencia de la Corte a pesar de los señalamientos y sus pruebas.

Hasta ahora, la UNAM ha dicho que hay una coincidencia del 90 por ciento entre ambas tesis. La primera en publicarse un año antes fue la de Édgar Ulises Báez. Aun cuando ya no ganó la presidencia de la Corte la Ministra Yasmín Esquivel, el asunto debe esclarecerse. Si plagió, no puede seguir siendo Ministra.

Un gobernante que ha repetido una y otra vez que en su gobierno no se miente; no se roba y no se traiciona ha decidido por anticipado defender a la acusada de plagio y atacar a quien la señaló, de ser un alcahuete. Así se ha referido el presidente sobre el académico Guillermo Sheridan quien ayer dio una elegante respuesta en estas páginas a este señalamiento presidencial.

Felicidades a la Suprema Corte de Justicia por la elección de Norma Lucía Piña, una Ministra que ha probado su profesionalismo e independencia. Ahora toca cerrar el círculo llegando hasta las últimas consecuencias respecto al posible plagio de la Ministra Esquivel. Si plagió, no puede seguir en la Corte.

Columna completa en El Universal

La dirigencia nacional del PRI felicitó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández por su elección como nueva Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

El PRI, encabezado por Alejandro Moreno, destacó que el hecho de tener a la primera mujer mexicana en ocupar el más alto cargo en el Poder Judicial de la Federación, lo que dijo, es muestra de la madurez que ha alcanzado la democracia en el país.

Señaló que los integrantes del máximo tribunal optaron no sólo por preservar, sino además por fortalecer la independencia de uno de los Poderes de la Unión, lo cual redundará en el fortalecimiento de su labor como garantía de la Constitución y de los derechos humanos. La dirigencia del tricolor expresó que “estamos seguros que su trabajo será determinante para la hicieron del orden constitucional y de las instituciones de nuestro país”.

En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, confió en que los próximos cuatro años serán de un auténtico equilibrio de poderes y de una absoluta defensa de la Constitución.

“Para nadie es un secreto que en los últimos años el máximo tribunal de justicia de nuestro país y el Poder Judicial en su conjunto han vivido un acoso permanente del Presidente de la República. Confiamos en que la nueva Presidencia no cederá ante las presiones que, sin duda, no serán pocas”, detalló.

Cortés Mendoza confió en que la Ministra Norma Piña devolverá a la institución el profesionalismo, la imparcialidad, ecuanimidad y neutralidad política que debe tener: “cualquier indicio de lo contrario será señalado por Acción Nacional. No obstante, las y los ministros también tendrán en el PAN un aliado para hacer eco de las denuncias que hagan ante cualquier tipo de presión. Nada ni nadie puede estar por encima de la ley”, enfatizó.

Cortes Mendoza pidió a la nueva ministra presidenta se asegure de que en ningún caso los actos del Estado vulnerarán los derechos consagrados en la Constitución, y que medie en los conflictos que puedan surgir entre los Poderes.

“Hoy, como nunca antes, México necesita de una Suprema Corte de Justicia fuerte, independiente y autónoma, que no ceda ante las presiones o coqueteos del oficialismo, que sea un contrapeso frente al Ejecutivo y que actúe con oportunidad para evitar cualquier tipo de violación de derechos y garantías. Hoy debemos unirnos todos para poner un freno al autoritarismo”, puntualizó.

Finalmente, el líder del PAN confío en que la nueva presidencia de la SCJN no tolerará la ambición inconstitucional de López Obrador de controlar al Poder Judicial de la Federación y que en contraste de quien concluye, la ministra presidenta recién nombrada sabrá mantener la sana distancia y la constitucional independencia que debe existir entre los Poderes de la Unión.

Finalmente, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados celebró el nombramiento de la ministra Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte.

«Celebramos que sea la primera vez en la historia que una mujer asume dicho cargo y reconocemos la determinación por romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal, tal y como ella lo señaló al asumir el compromiso de representar a las mujeres desde este espacio», indicó el diputado Jorge Álvarez Máynez.

La bancada refrendó la necesidad de seguir fortaleciendo la división de Poderes “y confiamos en que esta nueva Presidencia renueve el compromiso de contar con un Poder Judicial de la Federación honesto e independiente en aras de fortalecer el sistema judicial”.

Esta tarde, en sesión pública, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió como su presidenta para el periodo 2023 – 2026 a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, sucediendo en el cargo al Ministro Arturo Zaldívar, quien concluyó su periodo el pasado 31 de diciembre.

Piña Hernández consiguió los seis votos necesarios después de tres rondas de votación; la Ministra se enfrentó en la última ronda, al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se quedó con cinco votos. Así, fue quien logró el respaldo entre sus compañeros que también buscaban la presidencia: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel y Javier Laynez.

En la primera ronda de votaciones, la ministra Norma Lucía Piña Hernández obtuvo tres votos y el resto de los aspirantes solamente dos votos.

En la segunda ronda, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena alcanzó cuatro sufragios y la ministra Norma Lucía Piña, tres, con lo que ambos pasaron a la tercera ronda y los demás fueron eliminados del proceso.

Al asumir el encargo, la Ministra Piña, primera mujer que preside el Alto Tribunal, manifestó sentirse honrada, comprometida, responsabilizada moralmente a representar al Poder Judicial de la Federación «con convicción y entrega, con pasión y honestidad, como lo he intentado hacer los últimos 34 años de mi vida, al interior de esta gran institución a la que tanto le debo y que tanto quiero».

La nueva presidenta de la Suprema Corte señaló que la responsabilidad que se le encomendó tiene una doble dimensión: representar a los Ministros de la SCJN, Consejeras y Consejeros de la Judicatura Federal, al tiempo que, como primera mujer que preside el Alto Tribunal, implica romper el “techo de cristal” que se había impuesto por la cultura patriarcal.

“Nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres”, sostuvo. «Estoy convencida que sabremos aprovechar la oportunidad que representa todo reto en beneficio del Poder Judicial de la Federación, en beneficio de nuestro país, en beneficio de México”, agregó.

Así, y tal y como se tenía previsto, el Pleno eligió de entre sus miembros al Presidente o Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien a su vez lo es del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Según un análisis del diario Reforma, la Ministra Norma Piña es la integrante de la Corte que menos apoyaron al gobierno del presidente López Obrador, en 18 asuntos que se presentaron entre 2019 y 2022.

Entre los cinco aspirantes a la presidencia, Yasmín Esquivel apoyo 12 de los 18 asuntos, es decir, un 67% de los casos; Javier Laynez apoyo un 28% al igual que Alberto Pérez Dayán, mientras que Alfredo Gutiérrez solo lo hizo en un 22% de los casos. La ahora nueva presidenta solo apoyo 3 de los 18, un 17%.

La tesis con la que obtuvo la licenciatura la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, tiene coincidencias en su contenido por hasta 90% con un trabajo de titulación entregado un año antes, por lo que “resulta evidente la existencia de un plagio”, dijo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Después del análisis de la documentación por el Comité y con base en el alto nivel de coincidencias entre las tesis objeto de revisión, superior al 90 por ciento, resulta evidente la existencia de un plagio”, sostuvo en un comunicado el rector de la UNAM, Enrique Graue.

Recordemos que recientemente se dio a conocer que la tesis que presentó la ministra en 1987, en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, era «similar» a la del egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Báez y con la que se tituló en 1986.

De acuerdo con la Máxima Casa de Estudios, las primeras conclusiones “hacen presumir que la tesis original fue la sustentada en 1986”, escrita por Báez, ante la revisión académica de los contenidos de ambas tesis, sus fechas de publicación, así como los archivos físicos y digitales.

Aunque también señaló que José Báez entregó un testimonio notariado que contiene un escrito “expresando que utilizó varias referencias, textos y partes importantes del contenido de la tesis publicada posteriormente, en 1987”.

La UNAM señaló que seguirá con las investigaciones, ya que, debido a contradicciones, “es necesario recabar información adicional para profundizar en el análisis documental y, de ser el caso, llamar a las partes involucradas”.

Al respecto, la ministra Esquivel también sostuvo que Báez había declarado ante notario público que reconocía y manifestaba expresamente: “de ese trabajo tomé varias referencias y texto” y “pude tomar varias partes importantes del trabajo de ella en el año de 1985 a 1986”.

“Ante estos hechos, se confirma que la autoría original del trabajo es mía”, indicó Esquivel en un pronunciamiento público, en el que también confirmaba que no desistirá de su intento por presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual se definirá este mismo lunes.

El rector de la UNAM señaló que la Universidad llevará a cabo un conjunto de acciones para evitar la repetición de sucesos reprobables como este, es decir, el plagio de tesis.

Graue adelantó que se podrían hacer cambios legales a las normativas universitarias de la casa de estudios y herramientas digitales para detectar irregularidades.

El tema del supuesto plagio de la Ministra ha tomado gran relevancia, pues una de las Ministras que ha levantado la mano para buscar encabezar la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), elección que se llevará a cabo este lunes.

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, rindió su cuarto y último informe anual de labores, en el que destacó haber conseguido acabar con la corrupción y el nepotismo en las instituciones del poder judicial, así como de haber implementado diversas accioens para garantizar la igualdad de género.

«En cuatro años logramos desarticular las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaba en la judicatura», aseguró Zaldívar, en el que estuvo acompañado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Lo consiguió, dijo, mediante la imposición de sanciones ejemplares y la prevención mediante un sistema de denuncias y control del patrimonio de los servidores públicos.

Asimismo, enfatizó que se logró acabar con el nepotismo y del tráfico de influencias, haciendo del mérito «el único mecanismo de ascenso en el poder judicial» y siempre bajo «una perspectiva de igualdad».

Destacó que con la reforma constitucional y legal en materia judicial llevada a cabo el año pasado, permitió el aumento del número de mujeres en la carrera judicial, lo que señaló como su mayor logro.

«La igualdad entre hombres y mujeres es una exigencia básica de la justicia. Es una cuestión de derechos y de dignidad. Vivimos en un mundo en el que las mujeres no gozan de los mismos derechos simplemente por el hecho de ser mujeres», sostuvo el Ministro Presidente.

Durante su mandato, detalló, 273 mujeres fueron nombradas juezas de distrito, lo que supone más del 50% de las designadas desde 1995. También fueron nombradas 812 magistradas, pasando a significar el 24% de los miembros de la carrera.

Otro de los logros que señaló fue la garantía de igualdad de oportunidades y derechos para migrantes, indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad o diversidad sexual.

El mandato de Zaldívar, que llega a su término a finales de mes, ha estado marcado por la defensa de los derechos sociales, entre los que destacaron el fallo que declaró inconstitucional la prohibición del aborto o la despenalización del consumo recreativo de marihuana.

Durante su informe, el presidente de la Suprema Corte reiteró que su prioridad han sido las causas «de los pobres y los oprimidos», pues «no puede haber una sociedad justa si quienes la conforman no tienen igualdad de derechos».

Sin embargo, la gestión de Zaldívar no estuvo alejada de la polémica. El año pasado rechazó la ampliación de su mandato hasta 2024, algo que fue propuesto por los legisladores, tomando el cuenta la supuesta cercanía que el Ministro Presidente guarda con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Zaldívar dijo irse con «la satisfacción del deber cumplido» y remarcó que la justicia social es la deuda pendiente que se tiene con México.

«Entregamos un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano. Que responde con resultados. Que rinde cuentas con datos duros. Que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos, y no con palabras. Con sentencias, y no con discursos», remató.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, abordó y resolvió la controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados, que presentó en contra del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas (FFAA) para llevar a cabo tareas de seguridad pública hasta 2024.

El Pleno de la Corte validó el acuerdo con el respaldo de ocho ministros, el cual fue presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que dispone de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria la actuación de las Fuerzas Armadas.

En primer lugar, se concluyó que el referido Acuerdo no vulnera el principio de división de poderes en relación con el principio de reserva de ley, tal como se había presentado en el recurso presentado por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que en ese momento era presidido por Laura Rojas, diputada del PAN.

Ello en virtud de que el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019, le otorgó una facultad excepcional al Presidente de la República de disponer de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública, facultad cuyo ejercicio no está supeditado a que el Congreso de la Unión ejerza su facultad legislativa en materia de seguridad pública.

El Pleno también resolvió que la participación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública no es una decisión unilateral del Presidente de la República, sino que emana directamente de la Constitución.

Asimismo, el Pleno sostuvo que el Acuerdo se encuentra fundado y motivado, pues cumple con lo establecido en el referido artículo Quinto Transitorio, en cuanto a que la intervención de la Fuerza Armada que contempla está sujeta a una temporalidad de cinco años y reviste el carácter de extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La resolución también señala que el acuerdo respeta los estándares internacionales determinados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Alvarado Espinoza y otros contra México.

A mes y medio de concluir su mandato, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar destacó que su mayor logro fue preservar la independencia del Poder Judicial.

«Se logró preservar a la Corte y se logró preservar al Poder Judicial federal y se lograron conservar las garantías de independencia judicial”, celebró el ministro durante su última conferencia de prensa tras cuatro años al frente del máximo tribunal.

Señaló que dicho triunfo se alcanzó a través del diálogo constructivo con los demás poderes y las fuerzas políticas, sin la necesidad de recurrir a reformas legales para transformar al Poder Judicial por parte de legisladores o el Ejecutivo.

«Teníamos que ser autocríticos, teníamos que dar muestras de una autoreforma y empezar a remontar en nuestra legitimidad y legitimación”, expresó.

Recordó que, en 2019, cuando asumió la presidencia de la Corte, se logró consensuar con la clase política que quería realizar una reforma profunda.

Posteriormente, explicó que se decidió llevar a cabo una reforma judicial que naciera del propio Poder Judicial Federal y que blindara su independencia y su autonomía.

«Esta reforma fue posible, es una reforma muy profunda y es una reforma que es importante por todo lo que tiene, pero que también es importante por todo aquello que se logró procesar para que no se llevará a cabo como reforma atentatoria al Poder Judicial Federal», detalló.

Zaldívar explicó que este esfuerzo fue necesario, toda vez que el Poder Judicial mexicano era visto como «un botín político» por todas las fuerzas políticas, que con sus iniciativas exponían a la Justicia al manejo de criterios políticos y respondiendo a intereses económicos ajenos.

«Esto es muy importante, porque se nos olvida cómo estábamos hace cuatro años y hoy se respira un ambiente en el cual ya no hay realmente riesgos de que se pueda tomar al Poder Judicial», subrayó.

El ministro presidente de la SCJN señaló que incluso se hizo un esfuerzo para erradicar el nepotismo, que era uno de los problemas más grandes del Poder Judicial, ya que se consideraba «parte de una cultura», con jueces con hasta 20 familiares en su tribunal.

En este sentido, dijo que se realizaron «muchísimas readscripciones» para evitar lazos de nepotismo, con el cambio de más de 500 juzgadores.

También reconoció avances en la erradicación de la violencia de género, hostigamiento y acoso sexual con sanciones enérgicas a quienes incurren en estas prácticas y sobre todo con unidades específicas para tender este problema.

Sobre la sucesión al frente de la SCJN, Zaldívar reveló que han levantado la mano siete ministros para el periodo 2023-2027. Detalló que su homóloga Loretta Ortiz Ahlf manifestó que no buscará la presidencia la Corte.

Añadió que sea quien sea el nuevo titular del Poder Judicial, recibirá un sistema judicial renovado, independiente y autónomo.

«Entrego un Poder Judicial renovado, independiente, y autónomo, como se demuestra con las sentencias que se emiten por los jueces, por las juezas, por los magistrados, por las magistradas, y por esta Suprema Corte todos los días», concluyó.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, aseguró que desde siempre México ha sido un país profundamente racista, pero se niega a reconocer esta realidad.

Señaló que desde la época de la conquista, la colonia y todo el periodo de la independencia, «México ha seguido viviendo, creciendo, desarrollándose con un racismo que pretende ser imperceptible, que trata de ser negado, pero cuya realidad es cada día más viva, potente y que nos grita para que volteemos a verla».

Durante la presentación del protocolo para juzgar con perspectiva intercultural: personas, pueblos y comunidades indígenas, Zaldívar expresó: «México es un país racista y clasista, que se niega a reconocer esa realidad».

Además, dijo que más allá de romantizar la cultura indígena, hay que respetarla, cuidarla y, sobre todo, «impedir, con todos los elementos e instrumentos que nos dé el derecho y la política, que sigan siendo discriminados, discriminadas, abusados y abusadas».

Recordó que en México las personas más discriminadas son las niñas y mujeres indígenas, por lo que llamó a no descansar y seguir adelante hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre.

«Tenemos que asumirnos como una nación pluricultural, porque hasta que no lo hagamos, no vamos a poder asumirnos como país, no vamos a poder asumir nuestra identidad y no vamos a poder avanzar para ser la potencia internacional a la cual estamos destinados a ser», expuso.

El protocolo presentado tiene como objetivo dotar a las juezas y jueces de herramientas para poder juzgar de mejor manera el fenómeno intercultural, a partir de los compromisos constitucionales e internacionales, de la Constitución, de los derechos humanos internacionales, de los criterios de la Corte Interamericana y otros organismos internacionales y de la SCJN.

Pasadas las 11 am, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó con la discusión de las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no creía que los ministros de la Corte se «atrevieran» a eliminar la medida, pues dijo, dicha decisión sería completamente violatoria de la Constitución.

El mandatario explicó que la decisión sobre el tema le corresponde directamente al Poder Legislativo y no al Poder Judicial.

«No creo, eh, yo, la verdad, que se atrevan, porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al Legislativo. Y nosotros defendernos para que nos invadan, porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia, sino el supremo poder conservador», lanzó el presidente al ser consultado sobre el tema.

Indicó que en caso de que los ministros resuelvan cancelar la prisión preventiva, el Poder Legislativo tendría que actuar pues se estaría ante una invasión abierta a sus facultades, con lo que no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes.

Sin embargo, y a pesar de sus planteamientos, AMLO pidió esperar a ver cómo resuelven los ministros de la Corte. Confió en que se hará un análisis detenido, por lo que pidió tenerles confianza a los ministros.

El presidente negó que haya hablado con el Ministro Arturo Zaldivar sobre el tema, asegurando que el Ejecutivo es respetuosos de la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía, y del Poder Legislativo.

La semana pasada, en la mañanera del viernes, el subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.

Al explicar que la prisión preventiva oficiosa o automática pretendía proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga, dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, que permite a los presuntos criminales salir en libertad, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.

En ese sentido, advirtió que si se elimina la prisión preventiva, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que 92 mil personas que hoy están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad.

El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se sumó al tema y al hacer  un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos, acusó que ahora el debate no es la prisión preventiva, si no el presidente de la República.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se presenta el informe semanal Cero Impunidad, aunque en esta ocasión se dedicó a hablar de la importancia de mantener la la prisión preventiva oficiosa, de cara a la discusión que hará sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dijo que eliminar la medida podría repercutir en que aumenta la impunidad en el país.

Inicio señalando que entre el 25 de agosto y ayer 1 de septiembre, entre todas las corporaciones policiales, Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, se logró la detención de 9 mil 341 personas, de las cuales 9 mil 039 fueron presentados ante el Ministerio Público al prefigurarse un posible delito.

Explicó que la prisión preventiva oficiosa o automática pretende proteger a la víctima y a su familia de su agresor, pues busca evitar que los presuntos delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o se den a la fuga.

Además, dijo que se evita que los presuntos criminales amenacen y atenten contra testigos durante las diferentes etapas del proceso penal, evita la reincidencia y prevé la comisión de futuros delitos en contra de la sociedad.

Explicó que entre otros delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa o automática, según el artículo 19 de Constitución, están: abuso o violencia sexual contra menores; delincuencia organizada; homicidio doloso; feminicidio; violación; secuestro; trata de personas; robo a casa habitación; la utilización de programas sociales con fines electorales para alterar la voluntad ciudadana; la corrupción como enriquecimiento ilícito; el robo al autotransporte de carga; todos los delitos que tienen que ver con el llamado huachicol; el robo de hidrocarburos; los delitos violentos cometidos con armas de fuego; la portación y utilización de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y aquellos delitos que atenten contra la seguridad de la nación.

Expuso que a prisión preventiva ha sido una figura establecida en la Constitución desde el Constituyente originario de 1917, cuando se contempló para los delitos que merecieran pena privativa de la libertad a los casos con condenas mayores a los cinco años.

«En subsecuentes reformas se mantuvo esta figura estableciendo, por ejemplo, que aplicaría para delitos con una pena cuyo término medio aritmético fuera mayor de cinco años de prisión. En el 85 se incluyó esta figura en diferentes modalidades relativa a diversos delitos. En el 93 se establece que esta figura atendería más que a la duración de la pena por la gravedad del delito, prohibiendo expresamente el beneficio de la libertad bajo caución a quienes fueran presuntos responsables de esos delitos. En la reforma del 2008 se decide mantener la prisión preventiva como una medida cautelar», repasó Mejía Berdeja.

En ese sentido, dijo que hubo reformas posteriores en 2011 y 2019, pero con la finalidad de incrementar los delitos que ameritaran la medida.

Recordó que la reforma se aprobó en el 2008 con 482 votos a favor en la Cámara de Diputados, y con 73 votos a favor en la Cámara de Senadores, y fue ahí cuando dijo que «legisladores de la época» apoyaron la reforma, muchos de ellos quienes hoy la condenan y la rechazan.

Entre los políticos que mencionó están: la hoy gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos; Héctor Larios Córdova, dirigente del PAN; el ex gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur; el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro; Beatriz Pagés; el dirigente sindical, Ricardo Aldana, y el exdirigente del PRI, César Camacho Quiroz.

En la Cámara de Senadores mencionó al hoy dirigente nacional del PAN, Marko Cortés; Santiago Creel Miranda, actual presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; Gustavo Madero, ex dirigente nacional; y el exgobernador Guillermo Padrés. En el caso del PRI mencionó a Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell; el ex candidato presidencial Francisco Labastida Ochoa; Jesús Murillo Karam, exprocurador; y el actual dirigente del tricolor, Alejandro Moreno.

Ricardo Mejía dijo que la prisión preventiva pretende evitar la llamada ‘puerta giratoria’, donde el presunto criminal sale en libertad supuestamente vinculado a un proceso penal, pero finalmente en la libertad de seguir cometiendo ilícitos y vuelve a delinquir, generando un impacto en la sociedad y una sensación de impunidad.

«Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la ‘puerta giratoria’, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos, o también delincuentes de cuello blanco, podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran, gran impunidad», enfarizó el subsecretario.

Finalmente, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, hizo un repaso sobre como los medios de comunicación han abordado el tema en los últimos días, y como lo han hecho a lo largo de los años con otros gobiernos.

«Ahora el debate no es la prisión preventiva, es el presidente de la República. Y esa postura y la política de seguridad del actual gobierno», recriminó el vocero.

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, reaccionó al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer confirmó que su fuero constitucional seguía vigente, además de que desestimó las denuncias y orden de aprehensión que había en su contra.

A través de un video compartido en sus redes sociales, el gobernador dijo que a poco más de un año, la Suprema Corte había dejado claro que siempre tuvo la razón y que en todo momento actuó con estricto apego la verdad.

«La corte revierte la burda persecución política en mi contra y de mi familia, así como reafirma que la soberanía de Tamaulipas no puede ser violentada por una mayoría legislativa facciosa en la Cámara de Diputados», sostuvo el panista.

Afirmó que la resolución de los ministros de la Corte calificaba como ilegal la actuación de los Diputados de Morena en su intento por desaforarlo, y por otro lado, destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerlo «a la mala» como gobernador.

Sostuvo que las denuncias promovidas en su contra fueron fabricadas por Morena, y estaban sustentadas en mentiras. Además, acusó que el proceso de desafuero fue impuesto por el partido en el gobierno para sacar «tajada política» en los procesos electorales del 2021 y 2022.

Recordemos que apenas este año, Tamaulipas renovó gobierno estatal, siendo el candidato de la alianza encabezada por Morena, Américo Villarreal, quien se impuso en la elección, con lo que arrebató al PAN la entidad.

Cabeza de Vaca indicó que el juez de control que lo acusó, en lugar de observar la Constitución, se dejó intimidar y actuó por consigna a pesar de la falta de elementos y de las inconsistencias del proceso.

«La decisión de la Suprema Corte es muy importante porque va más allá de Tamaulipas al hacer valer la Constitución y el federalismo frente a los intereses políticos sectarios», añadió.

Dijo que con la decisión de ayer, el Poder Judicial sienta un precedente que libera de amenazas y sometimiento político a otros gobernadores, pero también a diputados locales, magistrados, así como a fiscales autónomos estatales.

«Reconozco a las instituciones y a la separación de poderes. Agradezco a las y los tamaulipecos que siempre confiaron en mí, en mi honor, en mi historia; en una historia de lucha por defender siempre a Tamaulipas y a su gente. Como se los dije desde el inicio que todo esto empezó: he demostrado mi inocencia, sacudiré mi honra del lodo que por motivaciones electorales han aventado sobre mí y seguiré trabajando con nuevos bríos por mi estado y por México», sostuvo el gobernador.

Finalizó asegurando que él al igual que los tamaulipecos, nunca se doblegará frente al poderoso y mucho menos ante la mentira.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta tarde dos controversias constitucionales promovidas por el Congreso del Estado de Tamaulipas, sobre el fuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como de una orden de aprehensión que se había girado en su contra.

En la primera demanda, el Congreso local impugnó la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia iniciado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del panista; mientras que, en la segunda, impugnó tanto la solicitud de orden de aprehensión realizada por la Fiscalía General de la República (FGR), como la orden respectiva expedida por un juez penal en contra del Titular del Poder Ejecutivo local.

En el primer caso, la Sala de la Suprema Corte reconoció la validez del Dictamen de Declaración de Procedencia referido y estableció que ese pronunciamiento no elimina, por sí mismo, la inmunidad procesal de la que goza el gobernador de dicha entidad federativa, es decir, su fuero constitucional.

En este sentido, el Alto Tribunal consideró que el procedimiento para retirar la inmunidad procesal del Ejecutivo de una entidad federativa es complejo pues en éste interviene la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y posteriormente el congreso de la entidad federativa correspondiente quien, en última instancia, decide si un servidor público estatal puede ser enjuiciado penalmente por la comisión de un delito federal durante el periodo en el que ejerce su cargo.

Así, la Sala resolvió que el efecto de la Declaración de Procedencia que realice la Cámara de Diputados solamente es para ser comunicada a la legislatura local a fin de que ésta determine lo que corresponda conforme a la facultad ya mencionada, sin que ello implique una vulneración a la competencia del Poder Legislativo de Tamaulipas.

Por consiguiente, el Máximo Tribunal declaró infundada la controversia y reconoció la validez del Dictamen citado.

Por otra parte, en relación con la controversia interpuesta para reclamar la solicitud de orden de aprehensión realizada por la FGR, y la orden de aprehensión expedida por un juez penal en contra del García Cabeza de Vaca, la Primera Sala advirtió que estas autoridades no solo desconocieron y vulneraron las facultades del Congreso local al considerar que el Titular del Poder Ejecutivo es susceptible de ser imputado por la comisión de delitos federales; sino que además, se sustituyeron en éste, pues el despliegue de sus facultades en contra del gobernador requiere que previamente se determine que tal funcionario es susceptible de ser procesado penalmente conforme al procedimiento constitucional antes descrito, es decir, el desafuero.

A partir de lo expuesto, la Primera Sala concluyó que tanto la solicitud de orden de aprehensión, como la decisión de emitirla, vulneran una facultad constitucionalmente asignada en favor del Congreso del Estado de Tamaulipas, por lo que declaró su invalidez.

Recordemos que el proceso de desafuero y la orden de aprehensión contra el gobernador del PAN comenzaron en 2021 a solicitud de la Fiscalía General de la República, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal. Posterior, la Cámara de Diputados desaforó al gobernador, sin embargo, el proceso siguió en el Congreso local.

El gobernador era señalado de participar en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos, recursos que provenían de actos de corrupción.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó esta tarde a la Magistrada Lilia Mónica López Benítez como Consejera de la Judicatura Federal, cargo que ocupará por un plazo de cinco años, en sustitución del Magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos.

Si bien López Benítez era señalada como el mejor perfil de los que se postulaban al cargo, pues reunía los requisitos y experiencia, aunque también es identificada como una de las figuras del circulo cercano del ministro presidente Zaldívar.

En sesión pública, la Consejera alcanzó una mayoría calificada de votos emitidos por los integrantes del Pleno de la SCJN, la cual es requerida para acceder al puesto dentro de la instancia encargada de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.

La nueva Consejera, en su comparecencia ante el Pleno del Alto Tribunal, propuso la creación de una unidad para la consolidación de la oralidad federal mercantil; la instauración por parte de la Escuela de Formación Judicial de modelos vanguardistas en la formación y actualización del personal, para resolver con perspectivas que apunten a una igualdad sustantiva, así como a la formación en competencias administrativas; la instrumentación del servicio civil de carrera; el impulso a la paridad de género; la creación de una unidad de planeación de políticas públicas judiciales, así como buscar la cercanía con los titulares de los órganos jurisdiccionales, entre otros aspectos.

López Benítez es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser Profesora de Educación Primaria, por la Escuela Nacional de Maestros. Cuenta con una Maestría en Ciencias Jurídico-Penales, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, por la Universidad Panamericana y Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal, por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Posee además en su currículum múltiples diplomados y cursos, impartidos por diversas instituciones nacionales e internacionales.

La designación se tornó difícil, pues se tuvieron que desahogar tres rondas de votaciones, pues había votos divididos entre dos perfiles: López Benítez, y la magistrada Rosa María Temblador Vidrio, quien era señalada como la pieza que se movía desde Palacio Nacional para el CJF.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto del estado de Nayarit que consideraba a las corridas de toros y a las peleas de gallos como un patrimonio cultural.

La segunda sala del máximo tribunal resolvió por cuatro votos a favor y uno en contra que tales «actividades no son susceptibles de reconocimiento como patrimonio cultural inmaterial» y que los animales no son cosas sino «especies merecedoras de un trato decente», señala el fallo público.

Sin embargo, los ministros aclararon que este criterio no significa que las corridas de toros o las fiestas de gallos deban ser prohibidas, como reclaman organizaciones defensoras de animales.

El fallo judicial fue en respuesta a un recurso de la organización civil Cuenta Conmigo contra un decreto del gobierno estatal emitido en 2018.

Este es un nuevo golpe en contra de las fiestas taurinas. La semana pasada, un juez de la Ciudad de México suspendió de manera indefinida las corridas de toros en la Plaza México, la más grande del mundo con aforo de 50,000 espectadores, luego de que la ONG Justicia Justa presentara un amparo en contra de los reglamentos locales.

En el caso capitalino, este 2 julio se tenía programada la primera pamplonada de la historia en la capital, la cual ha sido suspendida a la espera de que el centro de espectáculos acuda a una instancia superior a impugnar el fallo.

En cinco de 32 estados del país se han prohibido las corridas, una tradición de 500 años en el país.

El debate está latente también en América Latina. En Bogotá y Quito se prohíbe matar al toro en el ruedo, mientras Venezuela ha cancelado algunas corridas y en Perú la justicia rechazó proscribirlas en 2020.