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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

«Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México».

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República confirmó que recibió en total cuatro peticiones de Consulta Popular, a las cuales se les ha dado entrada y el trámite correspondiente.

Tres de ellas están relacionadas al posible enjuiciamiento de los ex presidentes, mientras que una más es sobre un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas.

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, informó que, en caso de ser aprobadas, podrían realizarse en el mes de agosto del 2021.

Detalló que las solicitudes recibidas fueron:

  1. Petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
  2. Petición de Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del CEN de Morena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
  3. Petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Sobre las solicitudes, Eduardo Ramírez dijo que corresponde a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, la constitucionalidad de la pregunta en la consulta solicitado por AMLO. Si se aprueba por mayoría, se emite la convocatoria respectiva y se ordena al INE su realización.

Sobre la petición de Vázquez Arellano y Sánchez Bahena, indicó que se turnará el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2% de firmas y si este es validado, también se enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad.

Finalmente, la cuarta solicitud fue presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

  • ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

En ete caso será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.

La petición para que se celebre una consulta popular que pregunte a la ciudadanía de México si quiere que se investigue y, en su caso, se presenten cargos contra los expresidentes, llegó esta tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que  es quien decidirá si procede o no la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió por la mañana al Senado la petición formal y la cámara alta la turnó de forma de inmediata al máximo tribunal, que decidirá sobre su constitucionalidad.

López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones de mitad del sexenio y que son clave para que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una «corrupción sistemática» desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de «neoliberal o neoporfirista».

En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente esta mañana que sí las habían logrado recabar.

Con cuatro votos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este miércoles el proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, por el que buscaba que el Congreso de Veracruz modificará su código penal para despenalizar la interrupción del embarazo bajo cualquier circunstancia.

La discusión y análisis del proyecto causó gran expectativa, pues por primera vez, la Suprema Corte haría que un Congreso estatal despenalizara el aborto, abriendo la puerta a una ruta jurídica pata que se pudiera alcanzar la despenalización en todo el país.

La ministra Margarita Ríos-Farjat explicó que su voto en contra es debido a que hay impedimentos técnicos-jurídicos para entrar al fondo que demanda el caso de amparo.

«No hay remisión legislativa porque la norma sí existe ese es el primero; el segundo es la norma no está impugnada como tal, sino por la vía de su omisión; el resultado de declarar la inconstitucional sin haberse impugnado me parece muy desbordado. Todo esto complica mucho el tercer problema, y es que no existe un mandato específico para legislar en un sentido determinado por mejor y más conveniente que este pudiera ser; este es un problema de técnica jurídica para mí, desafortunadamente esto me impide pronunciarme respecto al fondo del asunto y por tal razón no comparto el proyecto», explicó la ministra.

Añadió que aunque la Corte tiene una encomienda de regularidad constitucional, necesita certeza técnica para que despliegue la encomienda que le corresponde.

El resto de los ministros expusieron criterios parecidos, por lo que indicaron que su voto también era en contra del proyecto.

El ministro González Alcántara Carrancá aseguró que no compartía la determinación de sus compañeros acerca de que el asunto no sea procedente.

«Estimo que la legislación aplicable permite que sean reclamables en amparo omisiones legislativas (…) Considero que la prohibición absoluta de interrumpir el embarazo es contraria al umbral de protección que corresponde a todas las mujeres en su derecho a la salud».

Ahora, el asunto se remitirá a otro ministro o ministra, quien deberá elaborar otro proyecto para discurtirse próximamente.

En nuestro país, solo la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, aunque en todos los estados se autoriza por violación y en casi todos por riesgo a la salud y muerte de la madre.

Recordemos que la Suprema Corte ya ha fallado a favor de los derechos reproductivos de las mujeres al validar en 2008 la interrupción legal del embarazo en Ciudad de México y al validar en 2019 la Norma Oficial Mexicana (NOM) 46, que permite a cualquier víctima de violación abortar sin tener que presentar pruebas.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó este jueves que interpuso una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicios en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, que encabeza la jueza María del Rosario Castillo Sánchez.

Mediante un comunicado, el CJF señaló que recibieron información que amerita una revisión exhaustiva sobre la decisión de Castillo Sánchez de liberar a José Ángel Covarrubias, alías «El Mochomo», al considerar que no había los elementos probatorios para procesarlo por el delito de delincuencia organizada.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), «El Mochomo» es uno de los principales participante en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El Consejo de la Judicatura señaló que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de las juzgadoras y juzgadores en sus resoluciones, pero enfatizó que toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.

«No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal», dijo el CJF.

Al respecto, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que aunque se apoyará a las y los servidores públicos del Poder Judicial que son honestos y trabajan por el país., cualquier sospecha de corrupción será investigada.

«Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción», remató.

En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó que 24 horas después de que el Fiscal Alejandro Gertz Manero informara sobre la detención de «El Mochomo», éste quedara en liberad.

«O sea, no es un asunto de rutina de que un ministerio público consigna y el juez libera (…) nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad y se tienen las pruebas, o sea que hubo dinero de por medio. Entonces, se va a actuar castigando a los responsables», expuso AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció esta mañana que el gobierno presentará denuncias contra algunas empresas energéticas por fraude.

El mandatario aseguró que alista las denuncias contra «los que resulten responsables» de dañar a la Hacienda Pública por contratos «fraudulentos» entregados en administraciones pasadas que obligaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagarle una tarifa a los privados.

Al indicar que primero hablará con los privados, criticó que la opinión pública solo acepte la opinión de los particulares.

«Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia y que estábamos nosotros queriendo regresar al combustóleo para contaminar, ese no es el fondo del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a la nación», dijo AMLO en la  mañanera.

El presidente se refirió a la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que este lunes notificó de la suspensión provisional de la política que la Secretaría de Energía (Sener) publicó el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este acuerdo, como explicó el propio mandatario este martes, pretende que la electricidad de generadores privados de viento y sol no tenga prioridad sobre la de plantas hidroeléctricas y otras fuentes de CFE.

«Como el plan era arruinar a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad, pues las hidroeléctricas están
subutilizadas», insistió López Obrador.

Aunque el presidente dijo que la SCJN otorgó un amparo a las empresas inconformes, en realidad la Suprema Corte concedió esta medida cautelar a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), quien impugnó la semana pasada la política porque «violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución».

«Somos respetuosos de la legalidad, hay en México Estado de derecho, esto también lo digo para que en otras partes, particularmente en España, en Estados Unidos, pues no se piense que se actúa de manera arbitraria», dijo López Obrador.

El presidente indicó que explicará a los empresarios de Estados Unidos y España «por qué están actuando así».  Aun así, adelantó que va «a defender el interés público» ante la Corte, aunque «lleve tiempo», pues se calcula que la SCJN podría tardar hasta un año en determinar la constitucionalidad de la política de Sener.

«Lo que hay es una campaña hablando de que no respetamos acuerdos, pues si ustedes se enteran de que hay un delito o un presunto delito, pues estamos obligados todos a denunciarlo, ¿o ya lo dejamos así? ¿que nos sigan robando?», remató.

El gobernado de Baja California, Jaime Bonilla, aseguró que aunque no está de acuerdo con la decisión que tomaron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respetará el fallo con el que limitan su gobierno a los dos años por lo que originalmente fue electo.

«Siempre dijimos que vamos a respetar la decisión. Votaron como en una democracia, y en una democracia se gana o se pierde. Aquí yo creo que quien pierde es el Estado», dijo Bonilla en un breve encuentro con medios, luego de conocerse la decisión de la Corte.

Bonilla indicó que estaba peleando más tiempo en la gubernatura para que pudiera cumplir con el programa de gobierno que se ha trazado, «no era nada más ser gobernador por serlo, no nos pensamos canonizar ni perpetuar».

El morenista afirmó que con la decisión de la SCJN, se celebrarán elecciones en Baja California en el 2021, por lo que hizo un llamado a quienes aspiren a ser candidatos en Morena, pues dijo, deben «levantar la mano” para que los comiencen a ubicar.

Acusó que hasta ahora ninguno de los ministros de la Suprema Corte ha podido decir qué artículo de la Constitución se violó con la llamada reforma que le permitía extender su mandato por cinco años, por lo que dijo, se «armaron de otros argumentos» para echarla para atrás.

El mandatario local dijo que para que una reforma sea inconstitucional debe haber violado un artículo de la Constitución.

Sobre la petición que la oposición ha hecho de iniciar juicio político en contra de los legisladores que en su momento aprobaron la modificación al artículo octavo de la Constitución del estado que lo beneficiaba, indicó que su gobierno no iniciará ningún procedimiento contra ellos, pues sostuvo que el Congreso local es libre y soberano. «Es una cosa que deben entender en el centro y nunca lo han entendido».

Aprovechó para culpar a la derecha de haber influido en la decisión de los ministros, específicamente a la Coparmex.

«La cúpula de la derecha trabajó arduamente a través de la Coparmex (…) son cúpulas que no estuvieron con el cambio ciudadano, porque todo lo quieren como antes, impunidad, el rico más rico. Hubo intereses políticos obviamente», expresó el gobernador.

Incluso dijo que los ministros se protegieron entre ellos al tomar la decisión unánime. Pidió imaginar a un Ministro votando en contra, «iban a decir automáticamente ‘oye, este ya lo maicearon’, entonces se protegieron ellos».

El presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, saludó esta tarde la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de echar para atrás la llamada Ley Bonilla.

El dirigente partidísta indicó que no podía permitirse una reforma ilegal con la que se violaba la voluntad del pueblo, en referencia a que los bajacalifornianos votaron por Bonilla para un periodo sólo de dos años.

«Esta decisión afirma el respeto al orden jurídico y fortalece la certeza de las instituciones mexicanas», sostuvo Ramírez Cuéllar.

Por su parte el coordinador de los Diputados federales de Morena, Mario Delgado, no dejó pasar la oportunidad de señalar al PAN de ser el partido que avaló, en su mayoría la ‘Ley Bonilla’.

«Llegó a su fin la reforma aprobada por la mayoría panista en el Congreso de Baja California», dijo Delgado. Además dijo, el fallo de la Corte garantiza que hay autonomía real y auténtica división de poderes.

Quien se manifestó al respecto fue el coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, quien indicó que la decisión de los ministros de la Supre Corte garantizaba la legalidad y la división de poderes.

Incluso dijo, que la decisión histórica de la Corte sorprendió a «escépticos y a augures de la subordinación y el caos de la República».

Por su parte el grupo parlamentario del PT  en Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte, pues consideró que la ‘Ley Bonilla’ era «un hecho fraudulento que atentaba contra la certeza electoral y la legalidad jurídica de México».

Coincidieron en que fue una decisión correcta el anular la reforma que permitía a Jaime Bonilla mantenerse en el cargo hasta el 2024 y no sólo por dos años como inicialmente estaba plasmado en la ley, y que fue por como votaron los ciudadanos de Baja California.

Aseguraron que para las y los legisladores que forman parte de la Cuarta Transformación, “la democracia tiene que ser la máxima responsabilidad, pues está en nuestras manos respetar la confianza de quienes nos dieron su voto”.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Olga Sánchez Cordero, celebró la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a la llamada Ley Bonilla.

Aplaudió la decisión de los ministros de determinar inconstitucional la ampliación del mandato del gobierno de Jaime Bonilla. Enfatizaron que al interior de la Segob siempre se «apuntó a ese criterio» (anularla).

La dependencia recordó que en el Senado de la República, el pasado 26 de septiembre, Sánchez Cordero subrayó que desde su punto de vista personal, la llamada “Ley Bonilla” era inconstitucional, señalando que no podría haber intromisión del gobierno federal en un asunto del Congreso local que debería resolver la Suprema Corte.

Sobre la grabación que salió a la luz, efectuada el día de la toma de posesión de Bonilla, donde la también exministra celebraba la ampliación del periodo de mandato de dos a cinco años, la dependencia dijo que lo publicado fue sacado de contexto y que «en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte».

“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional. Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico», aclaró la Segob.

Sánchez Cordero añadió que al haber sido ministra de la Corte, defendió y seguirá defendiendo la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional.

La titular de la política interior del país dijo que es «partidaria y defensora» del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”.

«Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático», remató Sánchez Cordero.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

“Esta decisión preserva la democracia y división de poderes, y hace valer el marco jurídico que le da certeza y legalidad a nuestro sistema electoral”, expresó Córdova Vianello a través de su cuenta de  Twitter.

Por su parte el consejo Ciro Murayama, indicó que la declaratoria de inconstitucionalidad restablece el Estado de Derecho; afirmó que el Instituto estará listo para organizar las elecciones en Baja California en 2021, junto con las otras 14 que renovarán las gubernaturas.

Jaime Rivera, consejero del INE, también avaló la decisión del máximo tribunal del país y afirmó que se fortalecen dos pilares del sistema democrático: la certeza y la legalidad.

Recordemos que este lunes, los 11 ministros de la Corte afirmaron que la reforma que promovía la ampliación del mandato de Bonilla, fue un fraude a la Constitución, que vulneró los principios de certeza jurídica y electoral.

Con dicha decisión, el mandato de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California sólo será de dos años, tal y como lo decidieron los ciudadanos en las urnas.

Luego de que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará este lunes en análisis a la llamada ‘Ley Bonilla’, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se pronunció al respecto, e hizo un llamado a los ministros a anular la ley, pues dijo, es claramente inconstitucional.

A través de un comunicado, la Confederación dijo que aunque es un tema que surge en Baja California, tiene un impacto a nivel nacional debido a que tendrá repercusiones en los cimientos de la Constitución, específicamente en el principio básico de respeto al voto popular.

«Es de tal grado la relevancia de dicho fallo (…) que la SCJN tiene prácticamente en sus manos, el futuro de la democracia en México».

La Coparmex consideró que con la Ley Bonilla al menos se advierten múltiples violaciones de fondo: la del derecho a la seguridad jurídica, principio de legalidad; la irretroactividad de las leyes; y la vulneración de los derechos político-electorales de la ciudadanía en Baja California.

Recordó que permitir al Congreso local modificar el periodo de encargo de un gobernante electo, es contrario a la esencia del sistema democrático; además de que hay una prohibición expresa en el artículo 105 Constitucional, que indica que las leyes electorales no pueden modificarse 90 días antes al inicio del proceso electoral. 

«Esta prohibición expresa se introdujo en 1996, precisamente para evitar el tipo de fraude a la ley que se pretende con la ‘Ley Bonilla'».

Será el próximo lunes cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comience el análisis de las reformas que permiten la ampliación de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California.

El anuncio lo hizo el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien indicó que se comenzarán los trabajos en torno a la llamada ‘Ley Bonilla’

En la sesión del lunes 11 de mayo se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los partidos políticos y la CNDH solicitan la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política de Baja California, publicada en el periódico oficial el 17 de octubre 2019.

La ponencia está a cargo del ministro José Fernando Franco González Salas, y propone declarar inválida la reforma al artículo 8 de Baja California.

La discusión de la «Ley Bonilla» aparece como el primer asunto en la lista que se discutirá en el pleno, que sesiona de manera remota.

De acuerdo al proyecto presentado por el ministro Fernando Franco González Salas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría declarar inconstitucionalidad la llamada ‘Ley Bonilla’.

Recordemos que la ‘Ley Bonilla’ amplió de, 2 a 5 años, el periodo de Jaime Bonilla al frente del gobierno de Baja California, una vez que ya había sido declarado como gobernador electo.

Según lo que se ha informado, el proyecto del ministro Franco indica que la reforma que amplió el periodo de gobierno de Bonilla viola los principios democráticos de la Constitución, ya que fue electo popularmente para gobernar dos años y no cinco.

Para poder invalidar la reforma se necesita el voto de por lo menos ocho ministros de la Suprema Corte. Hasta ahora no hay fecha de cuando se discutirá el tema en el Pleno.

En ese sentido, el Partido Acción Nacional (PAN) confió en que la Suprema Corte actuará con absoluto apego a la Constitución.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, hizo un llamado a que lo ordenado en las urnas por los ciudadanos sea respetado por el bien de México, del Estado de Derecho, de la democracia y del equilibrio de poderes.

«Desde el primer momento el PAN ha dado la batalla para que el gobernador Bonilla no trasgreda la Constitución. Desde diciembre pasado la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció la inconstitucionalidad, ahora solo falta el último paso que recae en la Suprema Corte», dijo la dirigencia nacional de partido.

Debido a la emergencia sanitaria del país por la presencia de Covid-19, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidieron suspender actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020.

El Ministro presidente de la Corte indicó que durante dicho periodo no se celebrarán sesiones, audiencias, ni correrán plazos procesales.

Sin embargo, habrá una guardia para recibir controversias constitucionales urgentes en las que se solicite la suspensión.

«La determinación anterior es consistente con las recomendaciones del Gobierno Federal en materia de sana distancia y se toma con el fin de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, como son los órganos jurisdiccionales», dijo la Corte en un comunicado.

Sobre las medidas que distintos sectores e industrias están tomando en el marco de la epidemia sanitaria, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó que la banca mantendrá toda la gama de servicios a disposición de clientes y usuarios, sucursales, en aplicaciones de banca digital, banca electrónica, cajeros automáticos, tarjetas de crédito y débito en terminales punto de venta, corresponsales bancarios y centros de atención telefónica.

Esto ante la alta afluencia que han tenido las sucursales y uso de cajeros, con el fin de retirar efectivo, pues en redes sociales advierten que los bancos podrían suspender actividades.

Entre las medidas que anunció la banca están que las sucursales contarán con gel antibacterial, esparcimiento de clientes y usuarios en áreas de atención en plataforma, ventanilla y cajeros automáticos y asepsia constante.

Algunas instituciones bancarias como Citibanamex y BBVA informaron que operan sus sucursales con el mínimo de personal debido a las recomendaciones sanitarias.

Los principales actores de la industria automotriz en el país, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPAC), la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), alertaron esta tarde de la intención del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de legalizar vehículos de contrabando apoyado por legisladores locales.

Las asociaciones automotrices recordaron que conforme a la Constitución Política, es facultad privativa de la Federación gravar y fiscalizar las mercancías que se importen o exporten, por lo que en agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Baja California, mediante el cual dicha entidad federativa en materia de vehículos ilegales tiene las siguientes obligaciones: verificar la legal estancia de los vehículos, en caso de no acreditarla tiene facultad para embargarlos y negar el registro estatal a los vehículos que no acrediten la legal estancia.

Además, señalaron que cuando la entidad federativa otorgue documentación o placas a vehículos que no acrediten la legal estancia, será sancionada además de la responsabilidad federal en materia de contrabando, con un descuento de los incentivos o de las participaciones de la entidad.

Al respecto, indicaron que Jaime Bonilla  remitió al Congreso del Estado el 30 de diciembre de 2019 la “Iniciativa de ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California”.

«Mañana el Congreso del Estado de Baja California pretende aprobar el censo de vehículos ilegales a través del pago de $1,000 por trámite e identificación mediante calcomanías, otorgándoles derechos a través de un esquema registral al contrabando que pretende además, dotar al vehículo de placa o placas metálicas y tarjeta de circulación. El censo abarcaría a automóviles, camiones, omnibuses, motocicletas cualquier que fuese su tipo de combustible así como de remolques», señalaron en el comunciado conjunto que emitieron.

Dicha iniciativa pretende legalizar el contrabando de vehículos en Baja California, lo que dijeron, contraviene el marco jurídico federal, por lo que implementar un Instituto como el planteado iría aún más allá de una pretendida regularización, ya que se persigue instituir un mecanismo paralelo que metódicamente será condescendiente con aquellos que violan la ley.

«En el sector automotor hemos visto con beneplácito la actual política de combate a la corrupción, consideramos que es inconsistente apoyar cualquier acción que emane de un acto de ilegalidad, instaurándose así, la oficialización de un perverso incentivo a la impunidad», añadieron.

Solicitaron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, para hacer respetar el Estado de Derecho.

Rematon asegurando que la iniciativa de Bonilla viola los principios constitucionales de igualdad y proporcionalidad en el pago de contribuciones y cumplimiento de obligaciones aduaneras, cuando pretende regular la ilegalidad y el contrabando, al incentivar el incumplimiento de las disposiciones federales (aduaneras) cuando trata de conceder derechos registrales a los vehículos ilegales.

En sesión extraordinaria, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ratificó por unanimidad el criterio que aplica el Instituto para determinar como límite superior de cotización 25 salarios mínimos para el pago de las pensiones, al amparo de la Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997.

Ello, derivado de la Jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicada el viernes 24 de enero en el Semanario Judicial de la Federación, que fija en 10 salarios mínimos la base para cuantificar las pensiones.

Durante la sesión del órgano de dirección tripartita del Seguro Social, el Director Jurídico del IMSS, Antonio Pérez Fonticoba, presentó el proyecto que establece que las direcciones de Incorporación y Recaudación; de Prestaciones Económicas y Sociales; y Administración, llevarán a cabo las acciones normativas y administrativas necesarias para el cumplimiento de este acuerdo.

También se pidió a las direcciones normativas del Instituto Mexicano del Seguro Social que brinden el apoyo necesario para el cumplimiento de los objetivos de este criterio.

Recordemos que el pasado martes, el director General del IMSS, Zoé Robledo, explicó que aunque la Segunda Sala de la SCJN haya dado una resolución en la que determina el tope de 10 salarios mínimos para la pensión de trabajadores, solo aplicaría en el caso específico del amparo y sentencia que se resolvió en la Corte.

Incluso durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el titular del Seguro Social aseguró que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada como ayer encabezó un medio, no hay recálculo, no hay disminución”.

Robledo dijo que el IMSS seguirá calculando las pensiones de las personas que están en el modelo de transición entre las leyes de 1973 y de 1997 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años.