Tag

SCJN

Browsing

Representantes de la coalición «Va por México» acudieron este jueves a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Federal de Revocación de Mandato, que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el fin de ratificar, más que revocar, su permanencia en el poder.

«Defendemos la democracia y el respeto a nuestra constitución, por eso estamos en contra de que esto se convierta en un instrumento de promoción gubernamental», dijo Santiago Creel, legislador del PAN y vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Creel acompañó a los coordinadores parlamentarios; del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, así como a otros liderazgo de los partidos de oposición.

Recordemos que la ley, impulsada por el propio López Obrador, permitirá realizar una votación el próximo año, si se reúnen firmas equivalentes al 3% de la lista nominal de electores, distribuidas en al menos 17 estados. De acuerdo a lo que definió la Suprema Corte, la pregunta que aparecerá en la papeleta de la consulta serpa: «¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?».

Y es que mientras el gobierno federal se refiere a la consulta como un ejercicio democrático inédito, que permitirá que el pueblo defina si AMLO debe permanecer en el cargo, la oposición ha acusado a López Obrador de buscar «ratificarse» y de seguir en «campaña permanente».

La oposición también ha cuestionado el costo de la consulta, que se estima en 3,830 millones de pesos, según el Instituto Nacional Electoral (INE).

«Esto que presentamos hoy es decirle ‘no’ a un gasto excesivo, que el pueblo necesita en otras acciones, y ‘sí’ al apego a la Constitución», comentó Espinosa Cházaro afuera de la sede de la Suprema Corte.

En tanto, el coordinador del PRI, partido que en los últimos días había dejado ver una fractura en la coalición debido a que no han rechazado la reforma energética de López Obrador, dijo que los tres partidos que integran ‘Va por México’ «estamos unidos con la convicción de proteger los intereses de los mexicanos. Ante una ley impuesta, nos hemos unido».

En ese sentido, el coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, indicó que la alianza tiene un poder político para poder frenar reformas constitucionales por los números electorales que les dio la gente, en referencia a que no permitirán que pasen cambios e iniciativas de Morena.

«Lo que se modificó con la Reforma Constitucional anterior, al adicionar una fracción novena del artículo 35, era preguntarle a la gente si quieren que se le revoque el mandato del Presidente, punto. Esa es la disposición constitucional y ninguna Ley secundaria puede ampliar, modificar,  sustraer lo que dice la Constitución. Y con esta Ley de Revocación de Mandato se amplía indebidamente la pregunta», acusó el panista.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este lunes la ley que permite la objeción de conciencia médica por considerarla demasiado abierta y riesgosa para la salud del paciente.

Tras una polémica discusión que se extendió por dos sesiones, 8 de los 11 ministros del pleno de la SCJN votaron por declarar inconstitucional el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, que regulaba este derecho.

La legislación no solo ponía en riesgo a las mujeres que abortan, sino a quienes buscaban vacunas o anticonceptivos, personas trans o pacientes con VIH, entre otras, argumentó la ministra Norma Piña. «Considero que este artículo es violatorio de seguridad jurídica y pone en riesgo los derechos de salud», declaró.

El fallo ocurre una semana después de que la SCJN reconoció como constitucional el derecho a la objeción de conciencia médica, pero de forma individual y con la obligación de que el Estado garantice la protección de la salud de los pacientes, incluso por aborto.

Sin embargo, ahora los ministros respaldaron la impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud que regulaba este derecho.

Recordemos que la reforma de 2018 permitía a médicos y personal sanitario «ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley (de salud)».

Pero la legislación solo matiza que «cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional».

Los ministros advirtieron de riesgos para los pacientes por la interpretación tan abierta del derecho y pronosticaron una judicialización de la atención médica a posteriori, muchas veces cuando el paciente ya esté muerto.

El fallo también ocurre dos semanas después de que la Suprema Corte declaró por primera vez inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió este lunes al Poder Judicial que «agilice» la liberación de presos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves, como demanda su decreto del 25 de agosto.

El mandatario anunció que gestionará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir con la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.

«Se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el fiscal con el propósito que se agilicen los trámites, que se liberen a muchas personas», indicó en su conferencia matutina sin detallar cuántos presos se han beneficiado hasta ahora por dicha medida.

El presidente se refirió al decreto que publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que ordena un Comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados.

El mandatario justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220,000 personas que hay en las cárceles, el 43% no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125,500.

«Quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años, quienes están enfermos, que eso es muy lamentable, personas grandes, enfermos, que deberían ser liberados. Y quienes se ha demostrado que fueron torturados», expuso López Obrador sobre los potenciales beneficiarios.

Recordemos que cerca de veinte gobernadores, incluyendo a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunciaron que se sumarían con un decreto propio que aplicara para delitos de competencia local.

«Ya lo están haciendo gobiernos estatales. Tomó el modelo, la decisión, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, y ya nos ganó, y ya liberó como a 40 detenidos injustamente, y va a liberar a más en los próximos días, según nos informó», indicó el presidente.

Pese a las promesas del mandatario, defensores de derechos humanos y familiares de detenidos han cuestionado la tardanza en la liberación de los reclusos.

Asociaciones también han denunciado que el decreto federal se queda corto porque crea un Comité entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), pero solo pide aplicar las leyes existentes.

López Obrador adjudicó la tardanza a la burocracia del gobierno y del Poder Judicial, por lo que prometió que los titulares de Segob, Adán Augusto López, y de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, presentarán mañana un informe sobre los avances en la materia.

«Hay muchos trámites que nosotros también padecemos, por eso hablé desde el principio que había que levantar al elefante que encontramos echado, un elefante mañoso, reumático», remató.

El Gobierno federal pidió revisar las 432 carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto este año en el país tras el histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra su criminalización.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís, señaló que existen 432 carpetas de investigación abiertas por este delito entre enero y julio pasado en 27 estados del país.

«Las autoridades locales y federales debemos asegurar la no criminalización de las mujeres por el ejercicio de sus derechos sexuales, por lo que deben analizarse todos los casos de personas acusadas por el delito de aborto en todo el país», declaró la funcionaria.

Sus declaraciones se producen después de que la Suprema Corte declarara el martes pasado inconstitucional la penalización del aborto, un precedente histórico que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

Y aunque el fallo de la SCJN solo invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, estado donde se castigada con penas de hasta tres años de prisión por abortar de manera voluntaria, la decisión de los ministros crea un criterio obligatorio para todos los tribunales del país.

Y es que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

La Conavim citó que las entidades con más carpetas abiertas por aborto son Estado de México con 93, Nuevo León con 67 y Ciudad de México con 52, pese a que en la capital existe la interrupción legal del embarazo hasta la duodécima semana de gestación.

«Cabe destacar que estas tres entidades concentran el 49% de las carpetas abiertas en los primeros siete meses de este año», advirtió la comisión, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El organismo también destacó las cifras de Tamaulipas con 28 casos; Querétaro con 22; Baja California y Guanajuato con 18 cada uno; Hidalgo con 15; Veracruz con 14 y Michoacán con 13, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tras el fallo del martes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que el Instituto Federal de Defensoría Pública dispondrá de abogados públicos para defender a las mujeres procesadas por el crimen.

«Ninguna mujer o persona gestante en el país debe enfrentar un proceso penal por ejercer su derecho al aborto, y el Estado mexicano debe garantizar el acceso a la justicia para quienes hoy están en esa situación», coincidió la Conavim.

Foto: Twitter @GIRE_mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves inconstitucional que las legislaciones estatales reconozcan «la vida humana desde la concepción», lo que propiciaba que se criminalizara el aborto.

Por unanimidad, los 11 ministros del Pleno invalidaron la fracción I del Artículo 4 Bis A de la Constitución de Sinaloa que establecía que el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido.

«Debe ser claro que esto trastoca el orden constitucional y los valores de un Estado laico, plural y democrático, e impone a las mujeres y personas gestantes una carga desproporcionada», manifestó el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien elaboró el proyecto.

El fallo ocurre dos días después del histórico fallo en el que se declaró inconstitucional la penalización del aborto, lo que impide encarcelar a las mujeres y personal médico que les ayuden con consentimiento.

En esta ocasión, la Suprema Corte abordó la impugnación que hicieron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y diputados a una reforma de la constitución de Sinaloa en 2018 para que el Estado defienda la vida desde la «concepción».

El debate es relevante porque cerca de 20 estados del país han reformado su constitución para reconocer «la vida humana desde la concepción», modificaciones que no prohíben el aborto, pero crean un ambiente de persecución e incertidumbre, según asociaciones civiles y como reconocieron los ministros.

«La norma impugnada es abiertamente inconstitucional, pues con el pretexto de definir el comienzo de la protección de la vida humana implícitamente lo que están logrando es imponer límites a los derechos humanos de otras personas, en este caso de las mujeres y personas con capacidad de gestar a decidir sobre su propio cuerpo», dijo el ministro Luis María Aguilar.

Aunque el fallo de la Suprema Corte solo invalida la fracción de la constitución de Sinaloa, la decisión tendrá implicaciones a nivel nacional para reformas que también están impugnadas o que puedan impugnarse.

La Suprema Corte ya había abordado otras constituciones locales en este sentido, pero esta es la primera vez que se alcanzan ocho o más votos necesarios para crear jurisprudencia, un precedente que afectará los próximos fallos.

«Los estados no tienen competencia para modificar el concepto de persona para efectos del reconocimiento de la titularidad de derechos humanos en el sistema jurídico mexicano», manifestó la ministra Norma Piña.

Recordemos que el aborto, cuya criminalización es competencia local, solo está despenalizado en cuatro de los 32 estados del país: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz; a esta lista se añadirá Coahuila tras el fallo del martes de la Suprema Corte.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) informó este lunes que suspendió a uno de sus altos directivos, al ser acusado de acoso sexual y violencia de género.

«Por primera vez y demostrando su continuo compromiso con las mujeres y con su política de cero tolerancia y combate al acoso sexual y a la violencia de género, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspende a alto directivo por prácticas de acoso sexual y violencia de género», informó el órgano en un comunicado.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, emitió un acuerdo el pasado 2 de septiembre sobre un nuevo mecanismo para prevenir, atender y erradicar el acoso sexual y cualquier otra forma de violencia sexual y de género hacia dentro del Alto Tribunal, indicó el texto.

Como parte de dicho mecanismo integral, se ordenó la creación de un área dentro de la ya existente Unidad General de Igualdad de Género, que es la encargada de proporcionar atención jurídica, médica y psicológica de primer contacto a las víctimas de acoso y violencia sexual, «dotando un adecuado acompañamiento a las denunciantes de este tipo de conductas indebidas».

«Asimismo, como parte del acuerdo emitido por el ministro presidente, se reordenan y estructuran las facultades de la direcciones competentes de investigar y substanciar conductas posiblemente constitutivas de faltas administrativas, para que los casos de acoso sexual y violencia de género se atiendan de manera sensible, pronta y adecuada», agregó la SCJN.

Este nuevo acuerdo permitió que la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas suspendiera al alto funcionario de la Suprema Corte.

Esta suspensión se da como medida cautelar y en protección a las posibles víctimas de acoso y violencia sexual, «hasta en tanto se concluya el procedimiento correspondiente», puntualizó el texto.

Al respecto, Arturo Zaldívar ocupó sus redes sociales para indicar que la seguridad de las mujeres y el respeto a su dignidad son una prioridad en al Suprema Corte.

En más sobre la SCJN, esta mañana grupos conservadores protestan en contra de un proyecto que se discute sobre la despenalización del aborto en la primera etapa del embarazo.

Y es que el pleno de la SCJN discute un proyecto derivado de una impugnación que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hizo contra el Código Penal de Coahuila en 2017; dicho proyecto pretende declarar inconstitucional la criminalización de las mujeres que abortan y la del personal sanitario que la asiste con consentimiento.

«El vicio de inconstitucionalidad se traduce en que la disposición califica el actuar de la mujer como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto contribuye negativamente al pleno despliegue del derecho a elegir», propone el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

Aunque la decisión del Supremo sólo invalidaría el código penal de Coahuila, si ocho de los 11 ministros del pleno votan por el proyecto, se sentaría un precedente que obligaría a los jueces del resto de los estados a fallar a favor de las mujeres.

También se tiene contemplado otro proyecto que propone declarar inconstitucional la reforma a la Constitución de Sinaloa, que considera que «la vida comienza en la concepción». El órgano judicial considera que «concepción» no es un término jurídico y ha alertado sobre las implicaciones de otorgarle derechos de ciudadanos a los fetos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que no admitió a trámite la controversia que presentó José Luis Vargas, en relación a su destitución como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

«Se requiere a la Sala Superior del TEPJF para que informe quién es la magistrada o el magistrado electoral que actualmente ejerce el cargo de presidenta o presidente de ese Tribunal. Se reserva el acuerdo de diversas solicitudes del magistrado promovente, hasta en tanto se cumpla con lo requerido», señala el acuerdo firmado por el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

La información se conoce luego de la reunión entre Arturo Zaldívar y Vargas Valdez, esta mañana en la sede de la Suprema Corte.

El ministro presidente indicó a través de sus redes sociales que recibió al magistrado del TEPJF, a quien reconoció su disposición para lograr una «salida» a la situación que está viviendo el organismo. «Estoy seguro de que en breve estará superada esta crisis institucional», agregó.

Recordemos que el viernes pasado, en el marco de un mensaje a medios en relación a la reforma judicial, el ministro expresó que el mandato de José Luis Vargas al frente del Tribunal Electoral ya no era «viable», por lo que le pidió hacerse a un lado para resolver la crisis interna.

Horas después, Vargas Valdez emitió un mensaje, también en sus redes sociales, en el que indicó que tras la reunión con Zaldívar, propuso a sus pares reunirse esta tarde de forma urgente para definir una salida jurídica y política a la crisis que enfrenta el Tribunal.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, informó este viernes que no extenderá su mandato hasta 2024, pese a la ampliación que aprobó el Congreso, lo que implicaba extender por dos años su gestión.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la SCJN el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el que fui electo”, señaló el magistrado en una conferencia de prensa.

El ministro presidente aseguró que ayer, durante un encuentro privado que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le informó sobre su decisión.

«Él expresó apoyo y respeto a la decisión que estoy tomando”, afirmó el ministro.

Por la mañana, durante su conferencia de prensa, López Obrador había adelantado que veía “muy difícil” que se aprobara la extensión de mandato de Zaldívar.

“Está muy difícil porque predominan los ministros del antiguo régimen. Es muy difícil, así como aprobaron que aumentara el periodo de los actuales magistrados, porque les convenía, y estaban recibiendo instrucciones, órdenes, en ese sentido”, dijo AMLO.

Zaldívar aseguró durante su mensaje que siempre estará del lado de los derechos humanos, asegurando que su único compromiso “ha sido, es y será» con la Constitución y con los derechos humanos de las personas y por una mejor justicia para la gente.

“Yo no estoy aquí por cargos, puestos y privilegios. Estoy en la Suprema Corte por principios y valores, así lo ha demostrado toda mi carrera. Ahí están mis proyectos, mis sentencias. Siempre del lado de la constitución y de los derechos de las personas”, apuntó.

Recordó que la reforma judicial, presentada por López Obrador e impulsada por él, es la «más trascendental» en los últimos 25 años, pues busca «combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial».

Recordemos que durante la aprobación de la reforma en el Congreso, los legisladores afines a la 4T introdujeron de último momento un polémico artículo transitorio para ampliar la gestión de Arturo Zaldívar «con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial».

Zaldívar aprovechó su encuentro con los medios para agradecer las reiteradas muestras de confianza y apoyo por parte del presidente López Obrador, quien insistió en que debía ser él quien culminara la consolidación de la reforma.

El mensaje del ministro presidente se da horas antes de que el ministro José Fernando Franco González Salas presente formalmente el proyecto en que se abordaría dicha extensión de mandato. «Mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte», remató.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, recibió la tarde de ayer a los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que se revelaron y destituyeron de su encargo al entonces presidente, José Luis Vargas.

Zaldívar se reunió con los magistrados Felipe de la Mata, Indalfer Infante, Janine Otálora, Felipe Fuentes Barrera e Reyes Rodríguez, este último quien fue elegido como nuevo presidente del organismo.

«Sostuvieron un diálogo constructivo con el objetivo de buscar consensos y alternativas para dar salida a la situación que hoy prevalece en el máximo tribunal electoral del país», informó la Suprema Corte en un comunicado.

Tras la sesión pública del pasado miércoles, en donde se le destituyó, Vargas emitió un mensaje en el que indicó que su destitución no procede.

«El ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, y la magistrada y los magistrados del TEPJF coinciden en que el diálogo y la conciliación es la vía para atender la coyuntura que atraviesa el TEPJF anteponiendo siempre el bien de México», añadió la Corte.

Ayer, más tarde de la reunión que sostuvieron los cinco magistrados con el ministro Zaldívar, Vargas Valdez emitió un mensaje a través de sus redes sociales en donde reiteró que convocó a sus pares a una reunión de trabajo para que, a través del diálogo y el consenso, se encontrara una solución a la problemática jurídica e institucional por la que atraviesa el Tribunal.

«Desafortunadamente no hubo respuesta a la convocatoria, con excepción de la Magistrada Mónica Soto Fregoso quien estaba dispuesta a participar en dicha reunión. Al no haber quórum, no fue posible llevarla a cabo. Reitero que la única posibilidad de solucionar las diferencias en un cuerpo colegiado es a través del diálogo. Mantendré siempre esa posibilidad y estaré atento a las posibilidades y los tiempos de mis pares», dijo José Luis Vargas.

Previo a ello, Vargas Valdez presentó ante la Suprema Corte una controversia dentro del Poder Judicial, relativo a la situación por la que atraviesa la Sala Superior, y en la que solicitó definir quién ostenta la presidencia del organismo.

Y es que aunque los problemas al interior del Tribunal viene de tiempo atrás, esta semana se agudizó, y más luego de las polémicas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien pidió que todos los magistrados del TEPJF renunciaran «por dignidad».

«Hay una situación de crisis en el Tribunal Electoral, una descomposición, de ahí la necesidad de reformar tanto el INE (Instituto Nacional Electoral) como el Tribunal Electoral», comentó el presidente en su conferencia de prensa matutina de ayer.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Pidió este lunes al gobierno federal garantizar los tratamientos médicos en el sistema de salud en medio de la escasez de medicinas que ha despertado protestas.

«La asistencia médica y el tratamiento a pacientes del sistema nacional de salud deben garantizarse de forma oportuna, permanente y constante», indicó la Suprema Corte.

La Primera Sala de la SCJN resolvió un amparo de un paciente contra la omisión de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por no entregar «oportunamente» el medicamento que requería.

Así, la Suprema Corte determinó que las autoridades del «Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento».

Y es que el problema de abasto de medicinas en el sector público ha sido una de las principales críticas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el problema se ha agudizado desde 2019 derivado de los recortes presupuestarios y los cambios que la 4T ha implementado en la forma de comprar los fármacos.

Pese a las manifestaciones, tanto físicas como la ocurrida este fin de semana en la Ciudad de México convocada por los familiares de niños con cáncer, así como las expuestas en redes sociales, el gobierno afirmó el pasado martes que había resuelto el problema tras invertir casi 77,000 millones de pesos en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Incluso el secretario de Salud, Jorge Alcocer, minimizó las protestas, mientras que el subsecretario Hugo López-Gatell sugirió que detrás de ellas hay «tendencias golpistas».

La Suprema Corte estableció que el Estado «tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud».

Indicó que las autoridades deben garantizar el derecho a la salud con cuatro ejes: procurar el tratamiento del paciente, garantizar que sea el adecuado, asegurarse de brindar el tratamiento de forma «oportuna, permanente y constante», y proveerlo con los «más altos estándares».

«En aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad», consideró.

La resolución de la Corte se publica después de que la semana pasada un tribunal ordenara denunciar penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) al secretario de Salud, Alcocer, y al ahora exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, por desacato de un amparo para garantizar medicamentos contra el cáncer.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a la interrupción legal del embarazo sin límite temporal en casos de violación, al declarar inconstitucional un artículo del código penal del estado Chiapas que impidió abortar a una menor con parálisis cerebral severa.

La Primera Sala de la Corte concedió un amparo a la demandante quien también enfrentaba «condiciones de pobreza y marginación» y a quien se le negó la posibilidad de abortar en un hospital público.

El director del Hospital General de la ciudad de Tapachula rechazó atender a la víctima por encontrarse fuera del plazo de 90 días después de la concepción, establecido en el artículo 181 del Código Penal estatal, explicó la Suprema Corte.

«La limitación temporal prevista en dicho precepto implica un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida», consideró la Corte.

Determinó además que un juez de distrito de Chiapas, que rechazó inicialmente el amparo, analizó incorrectamente el caso pues no valoró las particularidades de la víctima y no actuó conforme a los lineamientos relacionados con perspectiva de género.

El juez distrital tampoco se pronunció sobre la necesidad de aplicar ajustes razonables al procedimiento, ni tomo en cuenta que al momento de la violación la víctima era menor de edad, alegó la Corte. La Sala concluyó que la negativa de la autoridad sanitaria se tradujo en una serie de violaciones graves a los derechos humanos de la víctima y de su madre.

La Corte ordenó que ambas sean reparadas por el daño sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición.

Aunque la sentencia solo tiene efectos sobre las querellantes y el código penal de Chiapas, los argumentos planteados sirven como referente para futuros amparos por esta misma causa, dependiendo de las circunstancias.

Y es que el aborto por violación está despenalizado en los 32 estados de México pero la mayoría impone un límite temporal de 12 semanas o 90 días para realizarlo. En mayo pasado, el Congreso de Ciudad de México aprobó extender el plazo de 12 a 20 semanas de gestación.

La interrupción legal del embarazo por libre decisión de la mujer solo está permitida en Ciudad de México y en los estados Oaxaca e Hidalgo.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) admitió esta tarde a trámite la demanda que presentó el Congreso de Tamaulipas, por el que impugnó la resolución de la Cámara de Diputados que aprobó el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por mayoría de votos, los ministros avalaron el proyecto a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández para dar la razón a la Fiscalía General de la República (FGR), que pidió a la Corte pronunciarse sobre la inmunidad constitucional del gobernador.

«Es fundado el agravio de la Fiscalía en cuanto a que la improcedencia de la controversia no es ni notoria ni manifiesta, por lo que se revoca el auto recurrido y se ordena al Ministro instructor admitir la demanda de controversia constitucional, salvo que advirtiere un diverso motivo de improcedencia notorio y manifiesto», concluye.

Recordemos que la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas fue desechada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, bajo el argumento de que el gobernador goza de fuero y que su competencia no fue invadida por la Cámara de Diputados.

Al respecto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación, en el que sostuvo que el ministro se entrometió y extralimitó al hacer un análisis anticipado de la investigación abierta contra el gobernador de Tamaulipas.

En más sobre Cabeza de Vaca, se informó que el juez Séptimo de Distrito en Tamaulipas ordenó mantener, por tiempo indefinido, congeladas las cuentas bancarias del gobernador.

La decisión del juez llegó luego de que concluyera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) acreditó que el bloqueo derivó de una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

«Se advierte que el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa, deriva de una solicitud expresa formulada por una autoridad extranjera, de 4 de mayo de 2021», resolvió el juez, por lo que liberar la cuentas contravendría disposiciones de orden público, pues el bloqueo deriva de una obligación contraída por México con un gobierno extranjero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró este martes que aunque respeta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien la tarde de ayer anuló la prohibición del uso lúdico de la marihuana, se analizarán los «efectos» de dicha decisión y en caso de que sean negativos se «actuara» al respecto.

«Vamos a respetar lo que ha decidido (la SCJN) y vamos a evaluar, ver qué efectos tiene, si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país, que no es bueno para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos», sostuvo AMLO.

Y es que la SCJN aprobó un fallo histórico que levanta la prohibición del autoconsumo lúdico de marihuana en nuestro país, aunque dicha decisión no avaló su comercialización.

El presidente señaló que a su llegada al poder en diciembre de 2018, el proceso legislativo sobre el uso y consumo de la marihuana ya estaba en marcha y, reveló que aunque se decidió llevar a cabo una revisión en el gabinete de seguridad, no se logró llegar a un consenso.

«En el gobierno hay opiniones distintas y se decidió no intervenir y esperar a la SCJN que resolviera porque correspondía al Poder Judicial resolver» el asunto, refirió el mandatario.

López Obrador señaló que esta diversidad de opiniones que se dio en el gobierno, se da también en la población, por lo que se deberá «recoger» los sentimientos de la gente «y ver cómo se va desenvolviendo esta medida».

«Si vemos que perjudica, plantearíamos un cambio y buscaría yo, de acuerdo a mis facultades, una iniciativa de ley» para revertir la medida, afirmó AMLO.

El presidente se lanzó contra quienes piensan en el tema como un negocio, o quienes han llegado a plantear  que con su regulación se van a obtener impuestos con los que se fortalecería la hacienda pública; «esto hasta me molesta porque no se puede traficar con la salud del pueblo», subrayó. Puntualizó que es inmoral traficar con al vida de los seres humanos.

Esas fueron las causas, dijo, de que no hubiera ningún acuerdo al interior del gobierno y por eso se respetó la decisión, que le correspondía a la Suprema Corte resolver. Añadió que ahora que la Corte resolvió, la Cofepris se deberá preparar y cumplir con lo que se le ordena legalmente.

Según un informe de Endeavor, México es el segundo productor mundial de cannabis, con hasta 27,000 toneladas anuales, mientras que la Alianza Latinoamericana del Cannabis (Alcan) calcula que la industria medicinal y lúdica de la planta generaría más de 22,000 millones de dólares en cuatro años.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la prohibición del consumo lúdico de marihuana en nuestro país, luego de que el Congreso no lograra aprobar una ley para regular el cannabis recreativo.

La declaración de inconstitucionalidad fue apoyada por ocho de los once magistrados de la Suprema Corte en lo general y por nueve en las especificaciones, con lo que se alcanzó en ambos casos la mayoría calificada suficiente para anular los cinco artículos de la Ley General de Salud que impiden el consumo lúdico.

Y es que el pasado 30 de abril venció por tercera vez el plazo que la Corte había puesto al Congreso para que regulara el consumo lúdico de marihuana en el país, pero los legisladores no alcanzaron ningún acuerdo para legalizarlo en dicho plazo.

Con el levantamiento de la prohibición por parte de la Corte, los mexicanos podrán solicitar permisos para consumir, portar y consumir marihuana a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), organismo de la Secretaría de Salud.

La magistrada Norma Lucía Piña, ponente del proyecto, aclaró que «no se autoriza en ningún caso importar, comerciar o suministrar» marihuana, con lo que no se creará por ahora un mercado de cannabis recreativo. Subrayó que el consumo no podrá afectar a terceros ni llevarse a cabo en espacios públicos ni tampoco frente a menores de edad.

Estas directrices estarán vigentes desde que se publique la declaración de inconstitucionalidad en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y mientras el Congreso no legisle al respecto.

Piña consideró que con esta declaración «se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC (Tetrahidrocannabinol) con fines recreativos respetando el libre desarrollo de la personalidad».

Tras varios amparos de consumidores, la Suprema Corte consideró inconstitucional el consumo recreativo por violar «el libre desarrollo de la personalidad» y ordenó en 2019 a los legisladores regular el consumo recreativo.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados, mismo que regresó de nuevo al Senado, instancia en donde se dejó vencer el plazo definitivo del 30 de abril sin ratificarla.

El dictamen buscaba convertir a México en el tercer país de América en legalizar a nivel nacional la marihuana recreativa, tras Uruguay y Canadá. Permitía portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y preveía un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Sin embargo, asociaciones de consumidores criticaron que el texto seguía criminalizando el consumo al establecer multas a quienes portaran entre 28 y 200 gramos y penas de cárcel a quienes superaran los 200 gramos.

Aunque la sesión de los magistrados fue vía remota, integrantes del Movimiento Cannábico Mexicano se plantaron frente a la Suprema Corte para pedir el fin de la prohibición tras un año y medio acampados ante el Senado.

El colectivo #SeguridadSinGuerra criticó el anunció del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre su intención de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), bajo el argumento de que si queda en manos de otra dependencia, se ‘echará a perder’, tal como ocurrió con la Policía Federal.

Recordaron que cuando López obrador propuso la creación de la Guardia Nacional, no quería una corporación civil, quería una institución militar a cargo de los militares, que permitirán su uso irrestricto en tareas de seguridad pública; sin embargo, destacaron que en ese momento la oposición en el Congreso no lo permitió, y por el contrario, dieron voz a los colectivos de víctimas, y organizaciones que expusieron los riesgos de tener una organización militar a cargo de la seguridad pública.

Destacaron que la Guardia Nacional nació como una corporación de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo cual evitó que tuviera fuero militar.

Señalaron que la reforma de 2019 contempló un plan de desmilitarización para que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, continuaran haciendo labores de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, aunque de forma extraordinaria, acotada, fiscalizada y subordinada al poder civil.

Con el paso de los meses, señalan que López Obrador ha ignorado la Constitución y las obligaciones internacionales, al grado de que hoy la Guardia Nacional está formada en 80% por soldados y marinos, además de que más del 90% de los elementos desplegados en el país no están certificados como policías. Lamentaron que la capacitación, reclutamiento y mando de la Guardia Nacional están a cargo de la Sedena.

Enfatizaron que con el anuncio del pasado martes, López Obrador dejó claro que buscará una reforma constitucional que le permita concretar su plan original: entregar el control de la Guardia Nacional a la Sedena, y con ello la seguridad pública.

Ante sus intenciones, exigieron a AMLO respetar la Constitución, y le recordaron que las leyes no pueden modificarse a discreción bajo una lógica reduccionista de construcción de mayorías, y con ello pasar por encima de los principios y obligaciones internacionales de que la seguridad pública debe estar en manos de civiles.

Pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver a la brevedad las acciones de inconstitucionalidad y las controversias relacionadas con la participación militar en ámbitos que no les corresponden. Acotaron que se debe escuchar la voz de víctimas, organizaciones y expertos.

Finalmente, solicitaron a los líderes de los partidos políticos suscribir una «boleta civil de seguridad» para rechazar cualquier intento de reformar la Constitución. Les exigieron el cumplimiento de lo establecido en la reforma vigente de 2019, que señala un uso acotado de las fuerzas armadas, la construcción de una Guardia Nacional civil, y de cuerpos de seguridad locales civiles.

«Tanto quienes prometieron transformación, como quienes prometieron ser un freno de lo autoritario, tiene la oportunidad de demostrar que no todo eran promesas de campaña. El presidente ha mostrando su desprecio por la constitución, las víctimas y la evidencia».

Advirtieron que si la seguridad pública queda, desde la Constitución, en manos de militares, no habrá retorno en la vía civil: habrá fuero militar, opacidad y cuerpos militares que operen más allá del poder civil.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Nación (SCJN) admitió la consulta extraordinaria presentada por el ministro presidente, Arturo Zaldívar, para analizar y definir si se extiende dos años su periodo en la presidencia.

Zaldívar anunció ayer por la mañana que había presentado por escrito la solicitud de consulta al pleno, y por la tarde ya había sido admitido el trámite que, en condiciones normales, tarda varios días en realizarse.

«Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al Ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, a fin de que formule el proyecto de resolución correspondiente y dé cuenta con éste al propio Pleno», se apuntó en el acuerdo.

Recordemos que Zaldívar anunció que se activó el proceso para que el pleno del organismo analice la ampliación de su mandato; en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Twitter, Zaldívar recordó que el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas al Poder Judicial «más importantes en los últimos 25 años».

Dijo que esta reforma fue posible gracias a un «esfuerzo inédito» de los distintos poderes y recordó que durante el debate en el Congreso se adicionó un artículo que permite prorrogar su periodo actual como titular del Supremo, así como del Consejo de la Judicatura Federal.

«Dicho precepto ha sido altamente cuestionado, pues se ha señalado que puede ser violatorio de los artículos 97 y 100 de la Constitución General, así como de los principios de independencia y autonomía» del Poder Judicial, admitió. Por todo ello consideró que el pleno debe fijar «una postura a la brevedad posible».

Al ser cuestionado este lunes sobre la publicación de Zaldívar, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le reiteró su apoyo y confianza y lo calificó como un hombre «íntegro y honesto».

Afirmó que su permanencia al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura «es la única posibilidad de reformar el Poder Judicial» y de defender los intereses del pueblo y no solo de una minoría. Aclaró que lo de Zaldívar no se trata de una reelección sino de que termine su mandato en el 2024.

Recordemos que originalmente, el periodo de Zaldívar al frente de la Suprema Corte debía terminar en 2022, ya que la presidencia del Poder Judicial tiene un plazo de cuatro años.