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Luego de que la Cámara de Diputados aprobara quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el Congreso estatal, donde el PAN, partido del mandatario estatal tiene mayoría, determinó que no procedía la homologación de la declaración de procedencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los legisladores del estado ‘protegieron’ al gobernador.

El Congreso de Tamaulipas indicó el viernes pasado que García Cabeza de Vaca, en su calidad de gobernador constitucional, debía seguir fungiendo en el cargo público para el que fue electo en 2016, por la voluntad de la mayoría de la ciudadanía de la entidad.

«Según estas disposiciones, cuando se trate de servidores públicos del ámbito local, corresponde en última instancia al Congreso del estado determinar si procede la homologación de la declaración de procedencia realizada por la Cámara y, en su caso, el retiro del fuero, ya que la declaratoria federal tiene un efecto puramente declarativo», justificaron los legisladores locales.

Sobre el tema, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá resolver el desafuero del gobernador.

«No tiene fuero, pero el Congreso de Tamaulipas lo protegió, es un proceso legal, yo creo que va a ser resuelto por la Corte, van a decidir cuál es el procedimiento adecuado, correcto y no nos adelantemos, ni en favor de una opción o de otra», dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema..

Tras lo expresado por el mandatario, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, consideró de igual forma que el gobernador ya no tiene protección legal. «La Cámara de Diputados ya votó la declaración de procedencia, por lo tanto en mi opinión efectivamente ya no tiene fuero», afirmó este lunes Sánchez Cordero.

Desde el año pasado trascendió que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR indagaba al gobernador tras obtener audios telefónicos conseguidos por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Pero el caso ha tomado notoriedad debido a que falta poco más de un mes para las elecciones del próximo 6 de junio.

El PAN, principal opositor del gobierno federal, y el propio García Cabeza de Vaca, han insistido en calificar los hechos como una persecución política.

Ayer, el panista publicó en sus redes sociales un video en el que muestra el certificado fiscal que expidió un notario público con su declaración patrimonial y el pago de los impuestos correspondientes, esto ante las acusaciones de la UIF en relación a la compra-venta de un inmueble en la Ciudad de México.

“Ante las falsas acusaciones por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en relación a la compra-venta de un departamento en la CDMX”, dijo García Cabeza de Vaca en su mensaje, quien aseguró que declaró y pagó los impuestos correspondientes a dicha transacción.

En el video se observa un documento, mientras una voz explica que, “aquí se muestra el certificado fiscal emitido por el notario público, de la compra-venta del departamento, donde se reporta el pago de los impuestos correspondiente.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes, en lo general y en lo particular, las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, en la que se incluye el artículo transitorio que amplía por dos años el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

Los diputados aprobaron la reforma en lo general por 260 votos a favor, 167 en contra y 2 abstenciones, apoyada por el bloque de la Cuarta Transformación (Morena, PT, PES y PVEM). En lo particular fue aprobada con 262 votos a favor, 182 en contra y 7 abstenciones.

El dictamen aprobado señala que la finalidad de los cambios es que en el Poder Judicial de la Federación se comiencen a adoptar políticas internas en la línea de combate a la corrupción y al nepotismo, fortalecimiento de la carrera judicial, capacitación de personal, así como mejoramiento del servicio de defensoría pública, con el objetivo de elevar la calidad de la impartición de justicia y hacerla accesible para todos los mexicanos.

El Artículo Décimo Tercero Transitorio, que es el que ha causado toda la polémica y rechazo, indica que con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de marzo de 2021, la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

El pasado 16 de abril, el presidente López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay «vicios y nepotismo» en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre «íntegro». «Pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores», dijo entonces el mandatario.

Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.

Consideremos que el artículo 97 de la Constitución establece que la presidencia de la SCJN durará cuatro años sin reelección.

«El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no puede guardar silencio frente a una violación patética de la Constitución que lleva su nombre para la historia», dijo en Twitter Porfirio Muñoz Ledo. «Está obligado a deslindarse ya del Ejecutivo que lo declara como un juez a modo e infama a todos los miembros de la corte calificándolos de incompetentes», agregó.

Zaldívar no se ha pronunciado al respecto, aunque el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dijo en un comunicado que el artículo que amplía el mandato del ministro no fue solicitado por el Poder Judicial. El CJF dijo que esperaría a que concluyera el proceso legislativo en la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto.

El ministro presidente llegó a la Suprema Corte en 2009, nombrado por el entonces presidente Felipe Calderón, rival político de López Obrador, pero ahora se ha mostrado cercano al actual presidente, a quien incluso ha acompañado en eventos de obras públicas.

Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rights Watch (HRW) han advertido de riesgos para la independencia del poder judicial en México. Lo mismo han hecho cámaras empresariales y asociaciones de jueces.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los señalamientos que se le han hecho sobre si la intención de ampliar el periodo del ministro presidente de la Suprema Corte es una especie de ensayo para que llegado el momento, mediante un cambio constitucional, él pueda reelegirme y permanecer en el poder.

Dijo que ya tenía conocimiento de lo que indican sus detractores sobre que esto es «un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección. No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse».

Así, AMLO una vez más aseguró que en 2024, cuando termine su mandato, que recordó tendrá una duración de dos meses menos que sus antecesores,  a finales de septiembre se retirará por completo de la actividad política, y se irá a Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir su libro sobre el pensamiento conservador.

Aprovechó para decir que vivirá de la pensión que le corresponde del ISSSTE, por los años que lleva trabajando en el sector público , además de lo que recibirá de la pensión de adulto mayor que por ley se le asignará, «pero nada absolutamente de política».

«Por eso estoy trabajando intensamente, porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24 y estoy seguro de que voy a contribuir, como está sucediendo, con la participación de millones de mexicanos a la transformación de México, estoy seguro de eso».

Sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, López Obrador aseguró que el consejero jurídico de Presidencia sostiene que no dicho cambio no es inconstitucional, por lo que se mantiene en su postura de que es muy importante que continúe Zaldívar al frente, pues «es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte (…) Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial».

Incluso dijo que a quienes le preguntan que si no hay alguien más que pudiera encabezar dicha renovación, su respuesta sería que no, pues la mayoría de los ministros en la Suprema Corte vienen del antiguo régimen.

Al respecto, los diputados de las bancadas de oposición, PAN, PRI, MC y PRD anticiparon que sus grupos parlamentarios votarán en contra de la minuta que recibieron del Senado, mediante el cual se amplía dos años el periodo del ministro presidente de la SCJN. Aseguraron que la modificación es inconstitucional y constituye un golpe contra la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.

La diputada del PAN, Laura Rojas, cuestionó que el proceso legislativo en la Cámara de Senadores se haya realizado por la “puerta de atrás” e incluir una disposición para ampliar el periodo del ministro Zaldívar y otros miembros del Consejo de la Judicatura.

Indicó que las declaraciones del Presidente de la República de que el ministro presidente de la SCJN es afín a su proyecto de nación son muy graves para una república democrática como México.

En tanto, la diputada del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, llamó a cerrar filas y defender con todos los argumentos posibles, pero también con todos los recursos legales a nivel nacional e internacional la independencia del Poder Judicial, el Estado de derecho, la Constitución Política del país.

El director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco, indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es una «amenaza» para la independencia judicial en el país por su intento de «asalto al a justicia», esto en relación a lo aprobado por Morena en Senado respecto a la reforma al Poder Judicial, y la ampliación del periodo del ministro presidente Arturo Zaldívar.

«AMLO amenaza la independencia judicial en México. El jueves senadores del partido oficialista Morena aprobaron un proyecto de ley para extender por dos años el mandato del presidente de la Corte Suprema. El proyecto, que aún debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, viola el Artículo 97 párrafo 4 de la Constitución», señaló Vivanco en una serie de mensajes a través de Twitter.

El responsable de HRW para las Américas indicó que al extenderle el mandato del presidente de la Suprema Corte, López Obrador, quien tiene mayoría en el Senado, se asegura una mayoría de 4 de los 7 miembros del Consejo de la Judicatura.

Explicó que la situación resulta preocupante pues con 4 votos se pueden tomar algunas decisiones trascendentales, tales como aprobar el retiro forzoso de jueces. «Con un voto más, AMLO tendría una mayoría calificada de 5 jueces que le permitirá nombrar, sancionar y remover jueces», advirtió.

Recordó que en recientes semanas, AMLO intentó sancionar a un juez por fallar en su contra, en referencia al caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió la reforma eléctrica que el propio López Obrador impulsó.

Al respecto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su rechazo a la ampliación del periodo de Zaldívar al frente de la SCJN, que a su vez también implica permanecer al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Quien también se pronunció al respecto fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); expresó su preocupación por el artículo transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial que aprobaron los Senadores, pues dijo, al ampliar el mandato del actual presidente de la SCJN y de los Consejeros del CJF, se viola el plazo constitucional que se marca para dichos encargos.

«La CIDH llama a México a garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la SCJN y la CJF se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos».

El coordinador de proceso parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, también se posicionó al respecto; en un mensaje de Twitter aseguró que la ampliación de dos años del ministro presidente de la Suprema Corte «no podrá transitar» ni aunque fuera aprobado por el Poder Legislativo y promulgado por el presidente López Obrador.

 

El Partido Acción Nacional, tanto su dirigencia nacional, la Asociación de Gobernadores (GOAN), la Coordinación Nacional de Alcaldes, la de Diputados Locales, los Grupos Parlamentarios en el Senado y Diputados y la Comisión Política, rechazaron la ampliación de la presidencia de la Suprema Corte Justicia de la Nación, al señalar que es inconstitucional y porque representa un golpe al orden constitucional.

«Es un atropello a las leyes mexicanas, a la Constitución y al propio Estado lo que está ocurriendo en México, pues Morena está utilizando el poder para modificar a su beneficio las legislaciones, sin mirar los intereses del país», detalló el PAN.

Reiteraron la denuncia que ayer hicieran los senadores panistas sobre que Morena, de manera sorpresiva e ilegal, aprobó un artículo que busca que el Ejecutivo controle el Poder Judicial.

«No vamos a tolerar ningún atentado contra las instituciones mexicanas y el equilibrio de poderes. En Acción Nacional le manifestamos a Morena y al gobierno de la República nuestro total rechazo y demandamos que frene sus planes autoritarios y dictatoriales», dijo la dirigencia del partido.

Destacaron que la Constitución establece la permanencia de cuatro años en el cargo y no hay reelección, por lo que por ningún motivo se puede extender el periodo del titular de la SCJN y del CJF en una ley secundaria. Hicieron un llamado a que el Ministro presidente de la Corte, por decoro y legalidad, debería de excusarse, porque involucra un interés personal.

En tanto, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano aseguró que es inadmisible que el Senado aprobara ampliar por dos años la gestión del presidente de la Suprema Corte; acusó que Morena está pisoteando la Constitución.

«Morena y el Presidente están dinamitando la estructura de la democracia republicana y el equilibrio de poderes, y no lo podemos permitir», añadió el líder del partido del Sol Azteca.

Zambrano Grijalva señaló que las advertencias de centralizar el poder en  una sola persona hoy son una realidad.

Acusó que López Obrador está actuando sin máscaras, como un tirano, como un dictador, queriendo acabar con cualquier oposición. Dijo que es evidente que está tratando de desmantelar la democracia para abrir camino a un proyecto personal transexenal y autoritario.

Por parte de Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado rechazó la reforma al Poder Judicial pues dijo, permite la concentración del poder en el presidente de la Judicatura, es decir, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

«Esa concentración del poder en la figura del presidente de la Corte, afecta la independencia de jueces y magistrados, al interior del Poder Judicial, sobre todo, como se ha demostrado en los hechos, frente a un titular del Poder Ejecutivo que interviene en decisiones, no sólo borrando a las secretarías de Estado, sino queriendo intervenir de manera directa en otros poderes», sostuvo Delgado.

Luego de que el Senado aprobara ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, por dos años, como parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, fue la el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) quien se desmarcó de dicho cambio.

«El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal», explicó el CJF en un boletín.

Y es que el artículo transitorio del dictamen, presentado por el senador Raúl Bolaños-Cacho, del PVEM, fue aprobado con 85 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.

«La persona que, a la entrada en vigor de esta reforma, ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, durará en el cargo hasta el 30 de noviembre del 2024», se lee en el artículo.

De esta manera, la presidencia de Zaldívar que tenía que concluir en 2022 su mandata, finalizará en 2024 al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La permanencia de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal también se amplía.

Ante la acción, los senadores de oposición dijeron que en los hechos es «un golpe de Estado al Poder Judicial».

El CJF explicó que los proyectos de leyes que implementen la reforma constitucional del 11 de marzo fueron elaboradas al interior del Poder Judicial de la Federación, cuyo contenido es público desde febrero de 2020.

Aclaró que las iniciativas fueron modificada y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y «gozaron de la aceptación de las y los legisladores».

Indicó que debido a que dicha reforma pasa a la Cámara de Diputados, el artículo transitorio podrá ser eventualmente modificado.

«Nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia», concluyó el CJF.

Al respecto, esta mañana fue cuestionado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien dijo que estaría de acuerdo con ampliar el periodo de Zaldívar, siempre y cuando eso ayude a que se consolide la reforma al Poder Judicial.

«Si esta ley o este ordenamiento lleva ese propósito, que eso es lo que yo tengo de información, que es número determinado de leyes para reformar, yo estoy de acuerdo. Sobre la ampliación del periodo de dos años… se llevó acabo en el Senado, pero si eso garantiza que va a ver la reforma, yo estoy de acuerdo», respondió el mandatario.

Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación de Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados y ministros; urge una reforma al interior del Poder Judicial.

Aprovechó para manifestar su confianza al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a quien calificó como un hombre íntegro.

«Pienso que si se amplió el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores, pero para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura: estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte», reiteró.

Coincidió en que es necesario que se amplíe la permanencia de Zaldívar sobre todo al frente del Consejo de la Judicatura, ya que es el órgano que puede llevar a cabo los cambios que se requieren, pues es quien tiene que ver con las normas para la elección de jueces, magistrados y ministros.

AMLO concluyó asegurando que es una decisión que tomaron los Senadores, y ahora corresponderá a los Diputados discutirla y en su caso aprobarla.

Durante la discusión y aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, se presentó un artículo transitorio por el que se amplió el periodo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo al acuerdo presentado, y aprobado con el apoyo de las bancadas afines a la 4T (Morena-PT-PVEM-PES) el periodo de Zaldívar pasa de 4 a 6 años, mientras que el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años.

El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no hubo ilegalidad alguna en la aprobación de la reserva propuesta por el Partido Verde, aliado de su partido, a quien la oposición acusó de pretender hacer uno uso electoral del tema.

Monreal dijo que los partidos que se dicen en contra del artículo tienen caminos jurisdiccionales, aunque también  también tienen caminos legislativos, pues explicó que el Senado es Cámara de origen, por lo cual los Diputados pueden «enmendar, pueden corregir si ellos lo consideran pertinente y eliminar esta reserva».

“Convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y de la mayoría, para que nos corrijan la plana. No sería la primera ni la última vez que esto sucede”, advirtió el morenista.

Recordemos que Arturo Zaldívar fue electo ministro Presidente de la Suprema Corte el 2 de enero de 2019, cargo que desempeñaría hasta diciembre del próximo año, casi dos años antes de que López Obrador finalizara su mandato. Sin embargo, con la aprobación del articulo incluido en la reforma secundaria, su gestión se extiende hasta 2024, año en que AMLO dejaría el poder.

Los partidos de oposición calificaron de un «albazo, un engaño y un agandalle» la inclusión y aprobación del articulo, orquestado dijeron, desde la bancada de Morena. Aseguraron que la propuesta nunca circuló entre los legisladores.

El senador panista Damián Zepeda denunció el hecho como un golpe de Estado, además de que «están queriendo dominar al Consejo de la Judicatura», toda vez que el artículo 100 de la Constitución marco un periodo de 5 años para los consejeros, señalando que no pueden ser reelectos para un periodo posterior.

Dante Delgado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano pidió al presidente de la SCJN que «por decoro y dignidad» no acepte la «aberración jurídica.

La oposición coincidió en que dicho artículo no se discutió, informó, ni se incluyó en la gaceta, ocasionando «confusión» que llevó a que legisladores del PRI votaran a favor del mismo.

La legislación secundaria deriva de la reforma constitucional que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de marzo de 2021.

El Senado indicó que el objetivo de Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, es erradicar el nepotismo, la corrupción, la discrecionalidad y el hostigamiento sexual, así como garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad, estabilidad, profesionalización y especialización de los servidores públicos de este sector.

Según lo expuesto en el texto, la reforma contempla un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo.

Asimismo, establece sanciones con responsabilidad administrativa a los denominados nombramientos cruzados, estableciéndolos como causal atribuible a las personas que hubieran recibido un nombramiento de base, interino o de confianza, y éstos extiendan nombramientos a los cónyuges, concubinos, convivientes o parejas en relaciones análogas, o a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de la persona que los nombró.

Asimismo, actualiza la responsabilidad administrativa en los casos de acoso sexual en el entorno laboral del Poder Judicial, con lo que se pretende facilitar la sanción de esta conducta.

Senadores de oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones que hizo el Congreso a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Legisladores de Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), e incluso un senador de Morena, Germán Martínez, presentaron su impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el documento los senadores manifestaron que la acción de inconstitucionalidad es entre otros motivos porque atenta en contra de derechos humanos limitando el acceso de las personas a derechos a un medio ambiente sano, así como del Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpio y transición energética de los que México es parte.

Además, señalan que los cambios violan los principios básicos de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna.

Apuntan que atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales como el Tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Tipat) de los que México forma parte.

Apuntaron que, además, socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), y se contrapone al espíritu de lo establecido la reforma constitucional de 2013 en materia de energía y electricidad.

Dijeron que la contradicción entre la LIE y la Constitución precisa violaciones específicas a los artículos constitucionales: 1º, 4º, 6º, 14, 16, 25, 27, 28 así como el décimo transitorio de la reforma constitucional de 2013 (mandato para distribuir competencias entre dependencias federales y órganos reguladores coordinados en materia de energía).

Recordemos que la Ley Eléctrica de AMLO se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de marzo, pero tras varias medidas cautelares que empresas perjudicadas presentaron, un juez federal decidió suspenderla de manera indefinida.

El gobierno ha justificado dicha ley al indicar que se busca «rescatar» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del supuesto «saqueo» de las privadas y extranjeras. El principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar siempre primero las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este miércoles procedente la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra de la política energética del gobierno federal.

“Es procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional”, expuso la secretaria de acuerdos, Jazmín Bonilla.

La Cofece presentó la controversia el año pasado, luego de que la Secretaría de Energía (Sener) emitiera una nueva norma en la que daba al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la CFE, la que según la Comisión, afectaba la competencia en el sector.

Los integrantes de la Segunda Sala avalaron el proyecto que estuvo a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales. El proyecto, que recibió cuatro votos a favor y uno en contra, señala que la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) distorsiona el proceso de competencia en materia energética.

Adicional, precisa que «otorga una ventaja exclusiva e indebida en favor de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que proponga proyectos estratégicos en programas de suma relevancia en el desarrollo del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y que invariablemente inciden en dichos eslabones, siendo que tal previsión no se encuentra prevista para los demás competidores y sin que se justifique tal distinción».

Los ministros coincidieron en que el acuerdo impugnado “obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales» que se encomendaron a la Cofece.

La Suprema Corte SCJN invalidó la disposición 7.1 que establecía que «la seguridad de despacho tiene prelación sobre eficiencia económica». También se invalidó el apartado 5.12 en el que la Sener otorgaba al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la facultad para evaluar la viabilidad de las solicitudes de interconexión de las empresas privadas con base en diversos criterios.

Adicional, revocó la disposición 8.4 con la que el Cenace tenía control sobre la «asignación y despacho» de unidades de central eléctrica. Anuló también el apartado 10.2 que permitía al Cenace a rechazar solicitudes de interconexión de privados por «criterios de suficiencia, seguridad de despacho y eficiencia económica».

La medida 3.8.4. que le daba a la CFE la facultad de «elaboración de los Lineamientos y Criterios de Confiabilidad para la planeación y operación del SEN», también fue eliminada.

Y aunque fueron varios puntos los que se invalidaron, la SCJN validó el punto que permite el «fortalecimiento de la planificación estratégica de CFE» y criterios para nuevos servicios conexos. También le permitió a la Sener imponer a las empresas privadas de energías «intermitentes» cubrir el costo asociado de incrementar los servicios conexos y catalogar a centrales «con fuente de energía limpia intermitente» que «no proveen una cantidad firme de potencia».

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso este miércoles la discusión de una controversia constitucional en contra de la política energética del gobierno federal, que la COFECE señaló de afectar gravemente a las empresas del sector.

La controversia fue enviada a la Corte por la Comisión Federal de Competencia Económica a mediados del año pasado, poco después de que la Secretaría de Energía emitiera una nueva norma en la que da al Estado más poder sobre el sector eléctrico y más presencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La nueva política, que también modifica las reglas sobre quién puede generar electricidad, en qué cantidad y que fija nuevas reglas para las centrales renovables, ya ha sido cuestionada en tribunales locales, que han concedido amparos a empresas para frenar su aplicación.

La disputa se da en medio de una manifiesta intención del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de favorecer a las empresas estatales de energía, la CFE y Pemex, y ha insinuado la posibilidad de revertir la reforma energética que llevó a cabo el gobierno anterior, pues la acusa de abrir por completo el sector a la inversión privada.

Analistas y empresarios están atentos a la discusión de la controversia constitucional en la Corte, pues podría marcar el rumbo a seguir en los próximos años.

El debate en la Corte se da también en medio de una campaña del presidente en contra de los organismos autónomos, como la COFECE o el instituto de transparencia, el INAI, a los que quiere desaparecer, y trasladar funciones al gobierno, pues asegura que son costosos y propician la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplaudió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya avalado la legalidad de la consulta que abre la puerta a enjuiciar a los expresidentes de México, considerando que es un avance «importantísimo» para lograr una verdadera democracia.

«Lo importante es que se resolvió que se consulte al pueblo, que se le pregunte a los mexicanos. Esa es la esencia de la democracia y se apegaron los ministros al espíritu del artículo 39, que el poder emana del pueblo y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Esa es la democracia, no solo representativa sino la democracia participativa», dijo el mandatario.

López Obrador añadió que «nadie se preocupe más de la cuenta», alegando que el pueblo es «sabio» y «va a votar por lo que considere más importante».

El presidente consideró «genérica» y poco clara la pregunta elaborada por los Ministros; dijo que se irá aclarando.

Y es que los Ministros resolvieron modificar la pregunta que se realizará, quedando de la siguiente manera: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

AMLO dijo que de acuerdo a lo que entendía, los ciudadanos que estén a favor de que se haga la investigación sobre el comportamiento de los expresidentes tendrían que votar por el ‘Sí’ y los no están de acuerdo tendrían que votar por el ‘No’.

Recordemos que ayer, Corte rechazó el proyecto que solicitaba declarar inconstitucional la consulta, que fue solicitada al Senado por López Obrador, al considerar que la Constitución establece que se puede «votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia» para el  país, como sería el caso.

El respaldo a la consulta fue por seis de los once Ministros, cinco votaron en contra.

El dirigente nacional, Marko Cortés, aseguró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (AMLO) de avalar la constitucional de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes es muy lamentable, pues resulta una clara estrategia electoral del presidente López Obrador.

“Esta consulta a todas luces es ilegal e inconstitucional y es muy penoso que algunos ministros se presten a las artimañas electorales del Presidente. Además de que con esta decisión se vulneró la autonomía de la Suprema Corte y quedó en evidencia que está sometida a las presiones del Ejecutivo”, acusó el dirigente panista.

Aseguró que si algún expresidente incurrió en algún delito, sin consulta alguna de por medio, se le debe denunciar, y en caso de resultar responsable, juzgarlo como lo marca la ley y la Constitución.

Desde la dirigencia nacional del PAN condenaron las presiones ejercidas por López Obrador hacia el Poder Judicial.

Indicaron que al declarar válida la consulta solicitada por AMLO contra los expresidentes de la República se pone en riesgo los derechos humanos y la división de poderes.

Afirmaron que lo único que busca López Obrador es crear un «circo» para distraernos de los graves problemas que vive el país, como es el alto desempleo, la crisis en salud y uno de los peores momentos en seguridad que ha vivido México durante varias décadas.

Cortés Mendoza convocó a todos los sectores de la sociedad a manifestarse en contra de la decisión de la Suprema Corte y a favor de la defensa de las instituciones y poderes del Estado.

Por su parte el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que la decisión de la SCJN representa un paso trascendental para la construcción de una verdadera democracia.

«Hoy el pueblo de México gana una lucha de décadas, por la que millones lo han entregado todo», afirmó en sus redes sociales, mostrando los nombres de los ministros y cómo ejerció cada uno su voto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la realización de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para investigar y en su caso enjuiciar a los últimos cinco exmandatarios de México.

La propuesta fue aprobada por seis ministros de la Corte. Los ministros que respaldaron la consulta fueron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Luis González Alcántara; Yasmín Esquivel; Margarita Ríos Farjat; Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar.

Los otros cinco ministros, votaron en contra al coincidir en que la propuesta resultaba inconstitucional.

Quienes votaron en contra argumentaron, mayoritariamente, que la persecución de delitos no puede someterse a la voluntad popular. Sin embargo, el resto de los ministros defendieron que es un derecho que los mexicanos puedan expresar una opinión.

Uno de los jueces que apoyó la consulta, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, reconoció que la pregunta era «ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional», por lo que se propuso que la pregunta fuera modificada.

La propuesta de pregunta que obtuvo el respaldo de los ministros fue: ¿Estás de acuerdo o no en que se llevan a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?

López Obrador quiere consultar a los mexicanos si apoyan que se investigue, «y en su caso sancionen», la presunta comisión de delitos por parte de todos los expresidentes mexicanos desde 1988, fecha desde la que, a su juicio, ha habido una «corrupción sistemática» en el país.

El mandatario propuso la consulta para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones intermedias.

Analistas y expertos han criticado que se someta a consulta popular si alguien debe ser llevado o no ante la justicia, pues en un Estado de derecho, argumentan, debería ser la fiscalía la que decida si alguien ha violado la ley y hay indicios para llevarlos ante un Tribunal.

Aunque ha reiterado que en su administración nadie estaría por encima de la ley, AMLO ha defendido hacer «borrón y cuenta nueva» con los expresidentes para no abonar la venganza. Pese a su insistencia en la consulta, adelantó que él votaría que no.

Los expresidentes sobre los que se consultará serán Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundió este jueves el proyecto del ministro Luis María Aguilar sobre la consulta popular solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para decidir si se investiga, y en su caso se enjuicia, a los expresidentes de México.

El proyecto propone declarar inconstitucional la consulta, ya que atenta contra los derechos humanos y sus garantías.

«Esta Suprema Corte considera que el objeto de la consulta popular propuesta es inconstitucional porque su sustancia e implementación, por sí mismas, de celebrarse, tendrían un efecto de restricción de los derechos humanos y sus garantías, pues sujeta a la decisión de las mayorías los derechos de las víctimas u ofendidas por los delitos señalados en la petición y rompe con el sistema de protección de los derechos humanos de todas las personas en México».

La SCJN indicó que tras haber recibido la solicitud de la consulta por parte del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se admitió a trámite, la cual se turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

La Corte indicó que era competente para conocer y resolver la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular.

En un principio, se señaló que dada la relevancia que tienen este tipo de ejercicios, se prevé que, en términos generales, la consulta popular es válida para cualquier tema que sea coherente con el sistema constitucional y democrático

Sin embargo, al analizar la petición del presidente López Obrador, se resolvió que la petición consiste en consultar al pueblo de México si está de acuerdo o no en que las autoridades competentes (Fiscalía General de la República y fiscalías de los estados, Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados, las policías y cualquiera otra que tenga atribuciones), investiguen y, de resultar fundada alguna causa, sancionen penalmente a los expresidentes de México referidos en el escrito de solicitud.

Ante ello, se resolvió que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos, y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad.

En su explicación, la SCJN señala que la consulta se enmarca en una de las materias o supuestos que están prohibidos constitucionalmente para este tipo de ejercicios, consistente en que la consulta popular no puede someter a la voluntad popular decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos humanos ni de sus garantías de protección.

Añade que la consulta es inconstitucional desde su origen pues las obligaciones de las autoridades de investigar, perseguir y sancionar los hechos delictivos no pueden disociarse de los derechos de los que las personas gozan de acceder a la justicia pronta, completa e imparcial, al debido proceso.

En ese sentido, el proyecto afirma que las autoridades se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un expresidente, exfuncionario o cualquier persona que atente contra el Estado de Derecho y contra los derechos humanos particulares de cualquier persona.

Indica además que la consulta es inconstitucional, porque en el hipotético caso en el que se realizara y se obtuviera una respuesta en contra de realizar las investigaciones e imponer las sanciones correspondientes, el efecto sería una especie de perdón o amnistía por todos los presuntos delitos que pudieran haberse cometido, antes, durante y después de las gestiones de los expresidentes.

Advierten que se estaría validando, a través de una consulta popular, que la ciudadanía pudiera conceder un perdón y una absolución a estos delitos.

La Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República confirmó que recibió en total cuatro peticiones de Consulta Popular, a las cuales se les ha dado entrada y el trámite correspondiente.

Tres de ellas están relacionadas al posible enjuiciamiento de los ex presidentes, mientras que una más es sobre un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas.

Eduardo Ramírez, presidente del Senado, informó que, en caso de ser aprobadas, podrían realizarse en el mes de agosto del 2021.

Detalló que las solicitudes recibidas fueron:

  1. Petición del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante de después de sus respectivas gestiones?
  2. Petición de Yeidckol Polevnsky, Secretaria General del CEN de Morena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?
  3. Petición de los ciudadanos Manuel Vázquez Arellano y Norma Ariadna Sánchez Bahena. ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

Sobre las solicitudes, Eduardo Ramírez dijo que corresponde a la SCJN determinar dentro de los 20 días siguientes, la constitucionalidad de la pregunta en la consulta solicitado por AMLO. Si se aprueba por mayoría, se emite la convocatoria respectiva y se ordena al INE su realización.

Sobre la petición de Vázquez Arellano y Sánchez Bahena, indicó que se turnará el expediente al INE para verificar dentro de los 30 días siguientes, el cumplimiento del requisito del 2% de firmas y si este es validado, también se enviará la petición a la SCJN para determinar la constitucionalidad.

Finalmente, la cuarta solicitud fue presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez en representación de diversas Senadoras y Senadores de diferentes grupos parlamentarios.

  • ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atreviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19?

En ete caso será la Comisión de Gobernación y en su caso a las Comisiones que correspondan por la materia, las encargadas de dictaminar. Si es aprobada por la mayoría de ambas Cámaras se envía a la SCJN para que resuelva sobre la constitucionalidad dentro de los 20 días, si fuese procedente el Congreso emitirá la convocatoria y enviará al INE para su realización.

La petición para que se celebre una consulta popular que pregunte a la ciudadanía de México si quiere que se investigue y, en su caso, se presenten cargos contra los expresidentes, llegó esta tarde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que  es quien decidirá si procede o no la convocatoria.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió por la mañana al Senado la petición formal y la cámara alta la turnó de forma de inmediata al máximo tribunal, que decidirá sobre su constitucionalidad.

López Obrador propuso el referéndum para el 6 de junio de 2021, fecha de las elecciones de mitad del sexenio y que son clave para que el presidente mantenga la mayoría en el Congreso.

La consulta podría ser una forma de atraer votantes a las urnas porque los comicios de medio período a menudo tienen una participación baja, pero además podría desviar la atención de los problemas del gobierno actual con la economía y la pandemia de coronavirus al centrar la atención en abusos del pasado.

López Obrador ve la consulta nacional como un mecanismo para concretar sus acusaciones de una «corrupción sistemática» desde 1988, cuando inició la puesta en marcha de programas económicos conservadores y privatizaciones, un periodo que el mandatario califica de «neoliberal o neoporfirista».

En paralelo a la petición de López Obrador, miembros de Morena, llevan un par de semanas recogiendo firmas ya que el trámite para iniciar la petición de la consulta también podía iniciarse si se recaban casi dos millones de rúbricas. El presidente esta mañana que sí las habían logrado recabar.