De manera sorpresiva, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.

La iniciativa, inscrita ayer de última hora en la orden del día, fue considerada de urgente y obvia resolución, es decir, se le dispensó de todos los trámites para que pudiera ser discutida y votada, fue avalada en lo general por 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención, mientras que en lo particular se aprobó con 251 votos, 209 en contra y una abstención.

La oposición acusó que la iniciativa de Morena, no la conocían todos los diputados, y “ni siquiera ha sido analizada de manera puntual por los grupos parlamentarios porque no se ha circulado, porque no se ha presentado”, dijo el diputado de Movimiento Ciudadano, Manuel Jesús Herrera Vega, secretario de la Comisión de Energía.

Fue el legislador quien indicó que la iniciativa que subió al Pleno y fue aprobada, fue una distinta a la que había presentado el jefe del Ejecutivo, la cual confirmó, fue turnada a las Comisiones Unidas de Energía y de Economía, las cuales aún no sesionan.

De acuerdo a lo informado por la Cámara de Diputados, la iniciativa aprobada recupera la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo y que son del dominio directo de la nación.

También regula el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castiga la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si trascurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua.

Además, señala que no se otorgarán concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas; crea el Programa de Restauración, Cierre y Post-cierre y la Gestión de los Residuos Mineros y Metalúrgicos; prevé el cierre de las minas en casos de riesgo eminente de desequilibrio ecológico, contaminación o repercusiones peligrosas para los ecosistemas y la salud pública y establece una contraprestación a los pueblos y comunidades ubicados en las zonas mineras de al menos el 5% de las utilidades obtenidas por la actividad realizada.

Y aunque fue una iniciativa distinta a la que envió el presidente López Obrador al Congreso, los diputados de Morena que suscribieron el proyecto de dictamen, señalaron que tiene punto de partida la propuesta que presentó AMLO el mes pasado. Señalaron que la esencia es la misma.

La diputada Laura Patricia Contreras Duarte del PAN, bancada que votó en contra del dictamen, dijo que aunque la minería es un sector muy importante porque es generador de más de 417 mil empleos directos y dos millones y medio de empleos indirectos; la iniciativa merecía analizarse con tiempo, de “manera responsable”, considerando las voces de todos los involucrados, especialmente de los trabajadores de las minas, de las comunidades y de los expertos.

El diputado Ildefonso Guajardo del PRI reconoció que el proyecto tiene avances, pero “lamentablemente tiene un defecto central que va a ser que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento”.

Señaló que el problema se encuentra en los artículos 10 y 10 Bis, en donde se le da la responsabilidad al Servicio Geológico Mexicano y la condición monopólica de ser el único encargado de la exploración. Enfatizó que si no se corrigen dichos artículos “estamos destinando el futuro del sector al fracaso”.

Legisladores del Partido Verde y del Trabajo, se manifestaron a favor de la iniciativa. Fueron sus votos, juntos a los de Morena, los que lograron la aprobación del dictamen presentado.

El diputado Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, expresó que se violó el proceso legislativo impunemente con una iniciativa presentada de último momento.

Sin embargo, destacó algunas cosas positivas del proyecto, que es garantizar el derecho de consulta a las comunidades cuando se abre una concesión minera, la disponibilidad hídrica, que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años y el establecer planes de regulación, entre otras.

Afirmó que no había manera de votar en contra de la ley, pese a que se violó el proceso legislativo, porque el tamaño del agravio y atraco es mayúsculo; recordó que entre 1988 y 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras que abarcan el 58% del territorio nacional.

La bancada del PRD denunció que la iniciativa presentada era la misma que el Ejecutivo Federal mandó a esta Cámara, “carente y sin sentido; sigue siendo una propuesta absurda y no ha sido construida desde la reflexión y análisis de la problemática nacional”.

Se pretende, dijo, a través de un albazo, cumplir los deseos de quien no escucha a los pequeños mineros.

La diputada Eufrosina Cruz del PRI dijo que el Congreso no es oficialía de partes, sino un Poder autónomo; acusó que se discutió un proyecto del cual no se conocía el contenido. “Se violenta el proceso legislativo. Estas leyes no pueden ser aprobadas al vapor y sin análisis previo”.

En el mismo sentido se manifestó su compañero de bancada, Pedro Armentía López, quien lamentó la discusión de una iniciativa incorporada de último momento, sin respetar los consensos ni el trabajo de las comisiones. “Puedo apostar que la mayoría desconoce lo que se votará en esta Cámara; es un debate fast track que implica daños irreparables”, dijo.

Incluso en votación económica, se desecharon mociones suspensivas presentadas por el PAN, MC y el PRD, en el sentido de detener el proceso de aprobación de la iniciativa, a efecto de emprender un Parlamento Abierto y de consulta a las comunidades mineras.

El dictamen se turnó a la Cámara de Senadores para su análisis, discusión y eventual aprobación.