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VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

 

La Corte acaba de mandatar al Congreso para que legisle en materia de publicidad gubernamental. En realidad, los diputados justo perdimos la oportunidad de hacerlo en el decreto del Presupuesto de Egresos 2018. El recientemente aprobado conserva un párrafo, que se repite de años anteriores, que supuestamente limita la posibilidad de incrementar durante el año las partidas de publicidad autorizadas, pero que en realidad establece varias exenciones que permiten contarse por montos muy superiores. En realidad se debió haber establecido en el decreto la obligación de no gastar más de los 2,760 millones de pesos autorizados.

La discrecionalidad del gobierno no solamente reside en que puede asignar los contratos a los medios que desee, sino que también puede gastar para ese fin sin mayor restricción. De hecho, el gasto en publicidad del gobierno federal es superior a las propias prerrogativas que el INE asigna de manera anual a los partidos políticos. En el 2016, el monto autorizado para el concepto de gasto presupuestal “3,600 servicios de comunicación social y pública” fue de 3,537 millones de pesos (mdp), pero el reportado como ejercido en la Cuenta Pública llegó a los 9,614 mdp. Para el 2017 se autorizaron 3,119 mdp, pero a septiembre ya se reportaba un gasto por 7,103. Es decir, incluso cuando el gobierno presume de contener el gasto, para lo erogado en comunicación, se aplica lo contrario.

Varios rubros llaman la atención. Uno es el de la Lotería Nacional, institución que desde el año 2014 no tiene asignado presupuesto alguno para publicidad de origen, pero que durante el 2016 recibió ampliaciones presupuestales para alcanzar los 721 mdp. A septiembre del 2017 este monto pasó de cero programado a 400 mdp ejercido. Para el 2018 el presupuesto aprobado en ese rubro a la lotería es de nuevo de cero pesos. Es decir, es a lo largo del año que el gobierno va decidiendo qué hacer y a quién asigna la publicidad de la lotería. Llama también la atención que el gasto aprobado para comunicación en Salud, que en el 2016 fue de 200 mdp, pero el ejercido al final del año alcanzó los 1,496 mdp. Hasta donde recuerdo, no sufrimos de alguna epidemia u otro fenómeno similar que demandará un gasto extraordinario en difusión de esa magnitud. Para el 2017 se aprobaron 103 mdp, pero ya se gastaron a septiembre 1,110 mdp. La explicación seguramente es que, como sí es posible anunciar programas de salud durante la época electoral, pues se incrementa la pauta en dicho periodo para ayudar a los medios que el gobierno decide. Nada como tener una bolsa de ese tamaño para contratar a discreción publicidad en medio de una contienda electoral.

Como sociedad tenemos que cuestionarnos si se requieren más de 200 mdp para publicitar lo que hace la Secretaría de la Defensa, la Marina y la Policía Federal, o si hubiera sido mejor destinarlos al equipamiento de sus cuerpos o a la prevención del delito. Si la Conagua, una de las instituciones con mayores recortes en el gasto de inversión, tiene que destinar a medios 252 mdp. Es el mismo caso de Pemex, que gasta en publicidad 224 mdp. Nadie, por cierto, evalúa el impacto y la pertinencia de este gasto en las políticas de seguridad, agua y energía.

Enrique Peña Nieto prometió en su campaña un mecanismo objetivo y transparente para la contratación de publicidad en medios. El gobierno también se comprometió a controlar el gasto y a destinarlo a los rubros que generen resultados y valor para el ciudadano. Ninguna de las dos cosas sucede cuando se revisa el gasto en publicidad gubernamental. No es sólo evidente que este gasto no contribuye a alcanzar los objetivos de las políticas públicas, sino que incluso no sirve para mejorar la imagen ni del gobierno ni del presidente. El punto es que la discrecionalidad del gobierno federal en los montos y el destino del gasto en publicidad, representa un costo presupuestal inaceptable para la ciudadana y un obstáculo para el libre debate y la competencia electoral democrática. Es simplemente inaceptable.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que el día de hoy es una “jornada de buenas noticias para los derechos humanos en México y el contexto internacional”, esto luego de la  promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, a cargo del Presidente Enrique Peña Nieto.

 

 

 

En el marco de la ceremonia de toma de posesión de la Cuarta Visitadora General de la CNDH, María Eréndira Cruzvillegas Fuentes, y luego de asistir a la promulgación de la Ley referida en la Residencia oficial de Los Pinos, el Ombudsman nacional,  Luis Raúl González Pérez, destacó que este es un logro de la sociedad civil y los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El Presidente de la CNDH resaltó la importancia de la asignación de presupuesto inicial para la implementación de la Ley, y puntualizó que estos recursos deben incrementarse no solo por parte del gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la referida Ley.

El Presidente de este Organismo Nacional señaló que una de las prioridades de la instrumentación de la Ley, será determinar el paradero de las personas desaparecidas, encontrar a los responsables y fincar las responsabilidades a que haya lugar; así como la reparación integral del daño a las víctimas, y conocer la verdad, pues solo así se evitará la
repetición de estos hechos condenables.

Esta mañana, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió en la Residencia Oficial de Los Pinos a familiares de desaparecidos y a representantes de organizaciones y colectivos, para promulgar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

 

Peña Nieto señaló que la desaparición de una persona es una de las experiencias más dolorosas que alguien pueda sufrir, que causan sufrimiento a las víctimas y a sus familiares, y que lastiman a la sociedad, por lo que el Estado tiene la obligación de intervenir para brindar justicia.

 

El mandatario calificó la promulgación de esta Ley como “un paso de gran trascendencia, que brinda herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las víctimas y de sus familiares”, y e indicó que “nunca se había establecido un marco legal ni un conjunto de instituciones públicas dedicadas específicamente a dar una respuesta integral, con todos los instrumentos del Estado, a este grave problema”.

 

Por su parte, las familias de desaparecidos reconocieron el avance que representa esta nueva Ley, resultado de años de trabajo y del compromiso de familiares de víctimas y colectivos de la sociedad civil.

 

Recordemos que la nueva legislación distribuye competencias y establece la forma de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, responsable de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas. Además, establece una Comisión Nacional de Búsqueda, un Consejo Nacional Ciudadano, que será un órgano de consulta y participación integrado por familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como Fiscalías especializadas en los órdenes federal y local.

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa desde abril de 2014 al no expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución en materia de gasto de comunicación social, por lo que determinó que el Congreso tiene hasta el 30 de abril de 2018 para cumplir con lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

 

 

Con 4 votos a favor y uno en contra, se da un “fallo histórico”, en el que la máxima autoridad judicial del país determinó que el amparo interpuesto por la asociación ARTICLE 19 contra la omisión legislativa del Congreso es procedente y que la ausencia de regulación de la publicidad oficial tiene un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de medios comunicación y periodistas, a la vez que se afecta el derecho a la información de la sociedad.

 

“Con esta resolución, la SCJN reconoce que la asignación opaca, discrecional y excesiva del gasto de comunicación social a los medios de comunicación es un medio de control de las líneas editoriales que constituye una forma de censura sutil o indirecta. Al mismo tiempo, amplía las posibilidades del juicio de amparo y le dota de efectividad al permitir que por esta vía se reclame la vulneración de un mandato constitucional expreso de legislar, especial cuando ello se traduce en la vulneración de derechos humanos. El mensaje es claro: ningún órgano político debe estar por encima de la Constitución”, indicó la organización internacional.

 

Señalaron que históricamente, en México los gobiernos han utilizado el dinero público para “promoverse y amordazar a los medios de comunicación críticos. Peor aún, los recursos públicos utilizados para estos fines han sido excesivos” y detallaron que el gobierno federal ha gastado 38 mil millones de pesos en comunicación social desde de 2013 hasta de agosto de 2017.

 

Durante un encuentro con estudiantes de la Universidad Mesoamericana de San Agustín en Mérida, Margarita Zavala aseguró que no se arrepiente de haber abandonado las filas del PAN, pues indicó, mientras la decisión de elegir candidatO en Acción Nacional pasó a “manos de otros”, ella se pone en “manos de los ciudadanos”.

 

 

 

Añadió que prefirió decir no a prácticas como las que se dan en otros partidos, y es que indicó la democracia pareciera estarse “deformando”, pues la elección de los abanderados caerá, en el caso del PRI, en el Presidente, en el Frente Ciudadano es “tres arreglos cupulares”, y en morena, en manos “del propio iluminado”.

 

Reconoció que ha sido difícil hasta ahora el proceso de recolección de firmas, pues uno de los factores que más la han atrasado es la cuestión técnica debido a que la aplicación del INE ha presentado fallas al rechazar aproximadamente el 10% de los apoyos conseguidos. Y aunque indicó que ya ha alcanzado 100 mil firmas, su meta es recaudar un millón.

 

Recriminó que la ley esté hecha para que los independientes no reúnan las firmas que les piden para conseguir un espacio en la boleta, aunque reconoció que de alcanzarlas, será un impulso político que la catapultará en la contienda por Los Pinos.

 

 

Con información de El Universal / Foto: Twitter

VIDAL LLERENAS

EL ECONOMISTA

 

 

 

En la Ley de Ingresos aprobada recientemente en la Cámara de Diputados, básicamente se tomó una decisión de gasto. Me explico: los 43 mil millones de pesos adicionales que se registraron no tienen una fuente real de donde se generen. Se supone que los ingresos se recalculan porque el tipo de cambio será mayor, el precio de petróleo promedio del año será de 48.5 dólares (algo muy poco probable) y mejorará la eficiencia recaudatoria del gobierno. Es decir, se asumen mayores riesgos, al tomar variables en rangos menos conservadores. En realidad, se renuncia a discusión tributaria alguna, y se apuesta a que las estimaciones que envió la Secretaría de Hacienda estuvieran subestimadas. Por cierto, si el dólar y el precio del petróleo van a aumentar, y el impuesto especial a las gasolinas se mantiene, entonces el precio de éstas al público necesariamente va a subir. Es probable que el gobierno decida manipular el impuesto, como lo ha hecho este año, para posponer los incrementos de precios hasta que pasen las elecciones. Como la SHCP puede decidir durante el año como aplica el impuesto a las gasolinas, el Poder Legislativo puede también mandatar qué se hace con el mismo en una ley especial, de carácter anual, como es la Ley de Ingresos.

 

Es interesante preguntarse la razón por lo que dicha ley fue votada por todos los partidos, excepto Morena, en un contexto de alta confrontación política, cuando el nuevo cálculo de ingreso en realidad incrementa la incertidumbre y no se reduce el polémico impuesto a las gasolinas. En realidad los votos de PAN, PRD y MC no eran necesarios para que la ley se aprobara, bastaban el PRI y sus aliados. El punto es que a la hora de los ingresos se establecen compromisos de gasto. El problema es que no se hace por medio de procesos transparentes. Se negocian asignaciones a estados y municipios fuera de los esquemas de transferencia automáticos, basados en indicadores de población y pobreza, para hacerlo de manera discrecional, de acuerdo a la preferencia de los actores políticos. Eso explica en buena medida los problemas de calidad de gasto y corrupción en el gasto subnacional. Se dice que los 43 mmdp van a un fondo de reconstrucción, pero este simplemente no existe. Lo más probable es que una parte de los mismos se destinen a los famosos moches, por eso diputados de todos los colores, supuestos opositores de cepa, aprobaron con tanto entusiasmo la Ley de Ingresos.

 

De hecho lo que se anuncia es que el gobierno relajará la contención de gasto de los primeros meses del próximo año. Lo puede hacer no solamente porque cuenta con un registro de 43 mmdp adicionales, sino también porque el déficit autorizado es 44% superior a la deuda autorizada. Esto, en un contexto en el que el costo financiero de la deuda del país es, en proporción del PIB, similar al que enfrentábamos en los años 90. En general, esta Ley de Ingresos sirve para relajar las restricciones que en materia de déficit y deuda imponen distintas legislaciones a entidades y a la Federación. Los estados pueden, por ejemplo, tomar compromisos respaldados por las aportaciones federales, el ramo 33, sin autorización de sus congresos locales. El punto de la Ley de Ingresos no es sólo establecer lo que se recauda por cada fuente de ingreso, sino darle la vuelta a la legislación regular. Es decir, el gobierno compra márgenes de discrecionalidad y opacidad porque acuerda asignar gasto cuando discute los ingresos.

 

Poco antes de la media noche de ayer, la Comisión de Hacienda y Crédito Público  de la Cámara de Diputados aprobó por 31 votos a favor y tres en contra, el dictamen de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual contempla recursos por cinco billones 279 mil 667 millones de pesos, que significa un incremento de 43 mil 291 millones de pesos, respecto de la propuesta que el Presidente Enrique Peña Nieto enviara semanas atrás.

 

Luego de la aprobación, la presidenta de la comisión, Gina Cruz Blackledge, informó que los dictámenes y sus expedientes serán enviados a la Mesa Directiva para su programación y desahogo en el Pleno, así como las reservas y su votación en lo particular.

 

Entre los cambios que se incorporaron, se detallaron el tipo de cambio, así como el precio del petróleo. “Se ajustó el precio por barril en dos dólares y medio al alza, para pasar de 46 a 48.5 dólares. Además, se determinó un aumento en las expectativas del tipo de cambio de 18.1 a 18.4 pesos por dólar”.

 

Adicional, a propuesta del PRD, se modificó el techo de endeudamiento del gobierno de la Ciudad de México, de 4.5 mil millones de pesos (mdp) a 5 mil 500 mdp. Otro de los puntos alcanzados fue sobre la no acumulación para efectos del ISR de los donativos de personas morales y fideicomisos, para recibir donativos deducibles respecto al tema del sismo.

 

“Debemos ser sensibles y apoyar lo más que podamos a los afectados por el sismo. Habrá personas que reciban apoyos monetarios o físicos para la reconstrucción o reparación de casas habitación, que no provengan de recursos fiscales y tendrían que pagar impuestos por recibir esas ayudas, así también donaciones del extranjero para este tipo de personas”, indicaron los legisladores.

 

 

 

El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, aseguró que así tenga que ser a través de medidas drásticas, la independencia de Cataluña no se va a producir, y aseguró se va a hacer “tomando todas las decisiones que tenga que tomar y en el momento en que sea preciso hacerlo”. Subrayó que ha “intentando que esto se salde con el menor daño posible”, aunque reconoció que el extremismo de quien apoya la separación no ha permitido que así sea.

 

En entrevista con el diaio El País, el gobernante reiteró que “vamos a impedir que se produzca la independencia. Por eso puedo decirle con absoluta franqueza que no se va a producir. Es evidente que tomaremos cualquiera de las decisiones que nos permiten las leyes a la vista de cómo vayan evolucionando los acontecimientos”.

 

Rajoy insistió en que “lo ideal sería que no hubiese que tomar soluciones drásticas, pero para ello tendrían que producirse rectificaciones” y pidió a todos los españoles tener la seguridad de que “esta batalla se va a dar y de que se va a ganar, porque es una batalla justa, es una batalla legal y es lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles y lo que sentimos todos”.

 

Sobre el avance de las pláticas con el gobierno catalán, y las condiciones que han puesto para destrabar el conflicto, Rajoy indicó que “no hay ningún Gobierno en el mundo que esté dispuesto a aceptar hablar sobre la unidad de su país ni sobre la amenaza a la unidad de su país. Bajo chantaje no se puede construir nada (…) no se puede construir nada si no desaparece la amenaza contra la unidad nacional. Ni en España ni en ningún lugar del mundo”, remató.

 

 

 

Con información de El País / Foto: Archivo APO

Tal como lo informara el viernes pasado el titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el día de ayer se publicó en la gaceta oficial el nuevo reglamento de movilidad, en donde entre otros temas, se indica que toda persona o grupo que quiera marchar en las calles de la capital, deberá avisar por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública.

 

 

En el escrito que ahora será requisito entregar, se debe señalar “fecha, horas de inicio y conclusión del desfile, caravana, manifestación, peregrinación o cualquier otro tipo de concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social”.

 

La medida entra en vigor luego de que la Suprema Corte de Justicia avalara en agosto de 2016, la obligación de los manifestantes de avisar a las autoridades su intención de salir a las calles, tras la impugnación que organizaciones sociales hicieran a la Ley de Movilidad de julio de 2014, en donde se introducía tal disposición.

 

Cabe recalcar que la Corte determinó que en caso de no presentarse el aviso correspondiente, las autoridades no podrán prohibir la marcha y con ello el derecho a la libertad de expresión, pero se estaría incumple el objetivo de evitar afectaciones al tránsito y a terceros.

 

 

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

¿Es realmente Hillary Clinton la política enojada que no se ha podido recuperar de la derrota que sufrió frente a Donald Trump? Esa a la figura que se ve en su nuevo libro What Happened (Qué pasó), el cual no ha sido muy bien recibido por la crítica estadounidense. Más allá de lo que el ganador o perdedor de una elección piense sobre los resultados obtenidos, tendríamos que voltear a ver las reglas electorales que rigen las elecciones de los países, pues creemos que si cambiamos las reglas del juego, cambiaremos las actitudes.

 

No te pierdas este análisis en voz de Ana Paula Ordorica

 

 

 

 

 

 

 

Reseña de The New Yorker AQUÍ

 

 

Luego de que el martes pasado fuera anunciado el fin del programa DACA que protegía a más de 800 mil jóvenes dreamers de ser deportados de los Estados Unidos y les brindaba la opción de obtener un permiso de trabajo o estudio, ahora el presidente Trump les manda un mensaje: no hay nada de qué preocuparse.

 

 

 

 

A través de su red sociales el republicano indicó que “para todos aquellos (DACA) que están preocupados por su estado durante el período de 6 meses”, tiempo que se dio al Congreso para legislar al respecto, “no tienen nada de qué preocuparse”, y sostuvo que no habrá ninguna acción en su contra, en referencia a las redadas que se han comenzado a especular.

 

Recordemos que la bancada demócrata en el Senado exigió a su contraparte (republicanos) votar este mismo mes el proyecto de ley que brinde protección permanente a los beneficiarios del DACA, pues aseguraron que “si un proyecto de ley específico del Dream Act no es puesto a voto en septiembre, lo incluiremos en otros proyectos de ley este otoño hasta que se apruebe”, advirtió el líder de los demócratas en Senado, Chuck Schumer

 

Sin embargo dentro de las prioridades legislativas para la bancada republicana emitidas por el líder Mitch McConnell, no se hace mención de una posible ley migratoria.

 

 

 

Con información de Medios / Foto: Archivo APo

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que recibió esta mañana la solicitud de conformación del “Frente Ciudadano por México”, el cual será integrado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

 

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que la autoridad electoral es “una institución abierta a la pluralidad y a las fuerzas políticas”, y que “así como la autoridad recibe a los partidos que conformarán este frente, recibirá también a todo partido o ciudadano que invoque la actuación del INE”.

 

A tres días de que inicie el Proceso Electoral Federal 2017-2018, “el más grande de nuestra historia”, el Consejero Marco Antonio Baños, Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos explicó que el INE, en el marco de sus atribuciones, revisará que la solicitud de conformación del frente cumpla con los requisitos legales establecidos en la normatividad vigente.

 

Señaló que se se presentará un dictamen a la Comisión y, en su caso, al máximo órgano de dirección del Instituto. para dar luz verde a esta conformación.

 

 

 

 

Foto: Twitter

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió al gobierno mexicano reconocer la competencia del Comité de la ONU para recibir y examinar denuncias individuales de las víctimas de violaciones.

 

“Ya han transcurrido ocho años de la ratificación por México de la Convención. Actualmente están registradas más de treinta mil personas desaparecidas en el país. Considerando el dolor existente, y que sigue creciendo, es imperioso que México abra un nuevo camino de justicia para las víctimas de desaparición y refuerce el régimen de protección internacional contra dicho flagelo”, sostuvo Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

 

Jarab sostuvo que como activo promotor de la convención, México debe sumarse a los Estados que ya se benefician de la jurisprudencia del Comité. Mediante el reconocimiento de su competencia, pues aseguró que “el Estado mexicano daría una muestra adicional y concreta de querer atender el crítico problema que padece mediante la cooperación de los organismos internacionales”, además de que daría a las víctimas, un estándar de protección más alto y les permitiría recurrir a una instancia internacional especializada en el reclamo de sus derechos.

 

 

Jan Jarab enfatizó que en nuestro país hay más de 30 mil personas registradas como desaparecidas, por lo que es urgente que el gobierno tome las acciones necesarias para hacerle frente a este problema que “tanto lastima a México”.

 

 

 

Con información de Reforma / Foto: Twitter

Esta mañana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la ley para reducir el financiamiento a los partidos políticos presentada por el diputado independiente, Pedro Kumamoto.

 

 

El dictamen llegó luego de que el PRI y el PVEM presentaran recursos juridicos para impedir que la ley tuviera una alcance nacional, la Suprema Corte la declaró constitucional por lo que entrará en vigor en Jalisco en 2019.

Siete de los magistrados de la Corte respaldaron la ley, mientras que cuatro votaron en contra. Recordemos que el pasado 1 de junio, Kumamoto logró que se aprobara su iniciativa en el Congreso de Jalisco con la que buscaba reducir en 60% el financiamiento a los partidos políticos en la entidad.

 

 

 

 

 

Con información de Milenio / Foto: Archivo APO

Desde que el presidente Donald Trump aprobó el miércoles el proyecto de ley de inmigración propuesto por los senadores Tom Cotton y David Perdue, varios políticos de todas las bancadas lo han condenado. Han acusado el proyecto de ser antidemocrático, no estadounidense y económicamente inadecuado. Muchos han afirmado con bastante seguridad que más inmigrantes son siempre mejores que menos.

 

Esta premisa podría ser muy grande, y en gran medida desinformado. El actual sistema de inmigración necesita desesperadamente una reforma, y un cuidadoso examen de la propuesta demuestra que no sólo va a generar considerables beneficios económicos para el país a largo plazo, sino que también elimina elementos de nuestra política actual que son difíciles de defender.

 

En primer lugar, algunos antecedentes: a pesar de los dramáticos cambios económicos que Estados Unidos experimentó en las últimas décadas, la regulación de la inmigración legal sigue operando bajo un sistema ideado en 1965. Este sistema, que permite a un millón de inmigrantes legales al año y familiares de los residentes actuales, estar sin tener en cuenta los records. Alrededor de dos tercios de todos los inmigrantes legales entran bajo estas preferencias familiares. Sólo alrededor del 15% ingresa bajo las llamadas preferencias de empleo, generalmente otorgadas a personas que son “trabajadores prioritarios” o encarnan otros tipos de habilidades deseables. Las reglas exactas que determinan si un trabajador califica para ser uno de este 15% no son claras a los no iniciados en las complejidades de la ley de inmigración.

 

Aquí es donde entra en juego la propuesta de Cotton-Perdue, también conocida como Ley RAISE. Proponen dos grandes cambios en la política existente. Uno trata de abordar la cuestión de cuántos inmigrantes deben entrar en el país. El otro responde a la pregunta de qué solicitantes deberíamos dejar entrar a través de una reescritura completa de las normas para la inmigración basada en habilidades.

 

Los cambios en las reglas para la inmigración basada en habilidades no deben ser polémicos. De no ser así, la propuesta introduce una transparencia muy necesaria para identificar qué tipos de trabajadores buscamos. El proyecto Cotton-Perdue dividiría los 140,000 visados ​​asignados a las preferencias de empleo, utilizando un sistema de puntos similar al adoptado y utilizado durante varias décadas en otros países, entre ellos Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En términos aproximados, esos sistemas de puntos esencialmente califican a los solicitantes de visa sobre la base de características personales, tales como educación, ocupación y edad; suma los puntos; y con ello conceden una visa de entrada a aquellos que “pasan la prueba”.

 

El proyecto de ley Cotton-Perdue contiene una fórmula extremadamente detallada para conceder puntos. El proyecto de ley da más puntos a aquellos que son jóvenes. Más puntos a aquellos que son proficientes en Inglés, medida por la puntuación en un examen real. Más puntos a aquellos con grados o títulos profesionales en ciencia y tecnología. Y más puntos a aquellos que han ganado premios que señalan la capacidad excepcional en áreas específicas. Una medalla olímpica, por ejemplo, le dará 15 puntos; Un Premio Nobel, 25.

 

En resumen, el proyecto de ley proporciona un marco claro y transparente para determinar qué tipos de trabajadores creemos que son más beneficiosos. Y sospecho que la mayoría de los estadounidenses consideraría el enfoque de Cotton-Perdue como un sentido común. ¿Muchos de nosotros creemos realmente que América se beneficiaría más al dejar entrar a un profesor de sociología de unos 50 años que al dejar entrar a una joven con un título avanzado en ciencias de la computación?

 

¿Y por qué exactamente este tipo de asignación de visa basada en el mérito es algo tan bueno desde una perspectiva económica? A pesar de todo el desacuerdo que los economistas tienen sobre los detalles del impacto económico de la inmigración, hay poco o ningún desacuerdo sobre el hecho de que la inmigración de alta calificación beneficia a los Estados Unidos mucho más que la inmigración de baja cualificación.

 

Los inmigrantes de alta cualificación son más complementarios a la infraestructura productiva existente en los Estados Unidos. Los inmigrantes altamente cualificados pagan más impuestos y reciben menos servicios. Los inmigrantes excepcionales de alta habilidad introducirán conocimientos y habilidades de los que aprenderemos, haciéndonos más productivos y ampliando la frontera de lo que es económicamente posible en nuestro país. Y la inmigración de alta calificación, a diferencia de la inmigración de baja calificación, reducirá, en lugar de aumentar, la desigualdad de ingresos. De hecho, las personas que perderán la mayoría de la propuesta de Cotton-Perdue son los trabajadores de alta calificación en los campos STEM, tanto nativos como extranjeros, que ya están aquí. Ahora tendrán que competir con muchos más trabajadores calificados para los trabajos disponibles.

 

Pero no hay necesidad de creer ninguno de estos argumentos para ver a los profesionales de la inmigración de alta calificación. Ya sea que nos guste o no, ya existe un mercado global para los inmigrantes de alta cualificación, con varios países la adopción de políticas diseñadas para convencer a los inmigrantes potenciales a moverse allí. Basta con ver las políticas que otros países receptores de inmigrantes persiguen. Muchos ya tienen sistemas de puntos para filtrar el grupo de candidatos, o han puesto en práctica otras políticas que hacen lo mismo, como la “tarjeta azul” en la Unión Europea, dando preferencia a los solicitantes de alta cualificación. Todos estos países saben algo que Estados Unidos, en su detrimento, ha ignorado durante varias décadas: la inmigración de alta cualificación es económicamente más rentable.

 

De hecho, la propuesta de Cotton-Perdue es tan pragmática que predice esencialmente su propia desaparición. Dadas las fuertes emociones que permean y dominan el debate sobre inmigración, es poco probable que algo tan lógico, racional y económicamente razonable pueda convertirse en ley.

 

La otra parte de la propuesta de Cotton-Perdue está obligada a ser mucho más controvertida, ya que implica un recorte en el número de inmigrantes legales admitidos a través del sistema de preferencia familiar. En su forma actual, el sistema da derecho a inmigrantes en los Estados Unidos a traer a sus familiares. Este derecho se extiende no sólo a familiares como cónyuges e hijos menores de edad, sino también a miembros adultos de la familia, como los padres y hermanos del inmigrante.

 

Piensa un momento en lo que significa eso. Un inmigrante recién llegado puede eventualmente traer a su hermano. Ese hermano entonces podrá traer a su cónyuge. Pero el cónyuge del hermano eventualmente será capaz de traer a los padres y hermanos del cónyuge del hermano, y así sucesivamente.

 

Es este efecto multiplicador que la propuesta de Cotton-Perdue quiere eliminar al quitar el derecho concedido a los inmigrantes de traer a sus padres, hijos adultos y hermanos. (Aún así, se dará preferencia a los hijos menores y a los cónyuges de inmigrantes). Pero antes de descartar la propuesta, vale la pena preguntarnos: ¿Realmente tiene sentido tener una política que eventualmente garantice un visado de entrada a la red de familiares?

 

Debido al número cada vez mayor de inmigrantes potenciales creados por la política actual, su derogación tendría un gran impacto en el número total de inmigrantes admitidos en el país. En aproximadamente una década, la inmigración legal se reduciría en aproximadamente la mitad, llevando el nivel de inmigración a lo que teníamos en los años ochenta. (El proyecto Cotton-Perdue también suspende la lotería que sortea alrededor de 50.000 visas al año, pero es la derogación de los hermanos y las preferencias de la familia adulta que tendría el mayor impacto numérico).

 

Algunos críticos, como la senadora Lindsey Graham, ya se han opuesto al recorte al afirmar que el país necesita niveles continuos de inmigración de baja calificación. Como dice la narrativa, los inmigrantes hacen trabajos que los nativos no quieren hacer. Sin embargo, muchos reportes de noticias este verano proporcionan evidencia anecdótica de que esta afirmación es absurda. Algunas de las iniciativas de inmigración de Trump han dejado a los empleadores luchando por llenar empleos con trabajadores nativos. ¿Y cómo exactamente se está abordando la escasez de mano de obra? Al ofrecer salarios y condiciones de trabajo más altos. No es que los inmigrantes hagan trabajos que los nativos no quieren hacer. Es que los inmigrantes hacen trabajos que los nativos no quieren hacer con el salario actual.

 

Otros críticos del proyecto Cotton-Perdue piensan que seleccionar a las personas en función de su potencial económico no es lo de lo que los Estados Unidos se trata. Y muchos también sienten que la inmigración siempre es una buena cosa, de modo que más inmigración es siempre mejor que menos.

 

Y, de hecho, los seres humanos son algo más que animales económicos. Los detractores seguramente citarán las líneas “déme sus cansados y pobres” del poema de Emma Lazarus como prueba de que la inmigración a los Estados Unidos no es simplemente sobre lo rico que puede llegar a ser el país. Y esos críticos tienen un punto, un punto con el que simpatizo. Estados Unidos ha sido históricamente excepcional en su generosidad, dando la bienvenida a muchas de las masas acurrucadas con poco potencial económico. Y hay algo acerca de esta generosidad que debería hacer que todos nos sintamos orgullosos de ser estadounidenses.

 

Texto publicado en Politico.com por George J. Borjas

Foto: Archivo APO